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NACIONALES
La interpelación a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, por el contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas (OPV) para la Armada Nacional, culminó anoche con una declaración que respalda a la jerarca y al Poder Ejecutivo, aprobada solo con los votos del Frente Amplio. Quedaron por el camino las dos mociones que había presentado la oposición.
En su moción, el oficialismo expresó su “respaldo” a Lazo y su “conformidad” con lo expuesto en sala por las autoridades del Ministerio de Defensa, destacando la disposición a brindar información y asumir responsabilidades institucionales. Además, apoyó al presidente Yamandú Orsi en las acciones “para la defensa del Estado uruguayo ante las presuntas maniobras fraudulentas” en torno al contrato con Cardama, y dejó abierta la posibilidad de seguir investigando el proceso de compra.
La oposición, en cambio, promovió dos mociones que no alcanzaron mayoría: una declaraba “insatisfactorias y peligrosas” las respuestas de la ministra y advertía por riesgos para la soberanía, la seguridad y el patrimonio del Estado; la otra proponía crear una comisión especial integrada por senadores del oficialismo y la oposición para acompañar —con carácter de representación parlamentaria— las actuaciones del Estado en relación con Cardama, con el objetivo de “velar por el interés superior del Uruguay”.
El miembro interpelante fue el senador nacionalista Javier García, quien como ministro de Defensa en el gobierno de Luis Lacalle Pou firmó el contrato con Cardama en diciembre de 2023. García abrió su exposición defendiendo la necesidad de que la Armada Nacional cuente con patrulleras oceánicas modernas y sostuvo que el debate de fondo es “la seguridad del Uruguay” frente al crimen organizado. Afirmó que hoy la Armada “no tiene la capacidad” para custodiar el mar territorial y acusó al gobierno de impulsar un “proceso de desmantelamiento” de las Fuerzas Armadas por motivos “ideológicos”.
El senador repasó además los intentos fallidos de adquirir OPV durante los gobiernos frenteamplistas, que calificó como “15 años de turismo de astilleros”. Según dijo, en ese período “los lobbies empresariales y los intereses geopolíticos fueron más fuertes que las decisiones políticas”, y sostuvo que existió “un plan maquiavélicamente pergeñado para destruir esta compra o cualquier compra”
Uno de los tramos más duros de la intervención de García se centró en la garantía de fiel cumplimiento. Afirmó que hubo “fuertes presiones políticas” para impedir que Abitab la constituyera y leyó un correo del astillero que aludía a esas presiones, insinuando que provinieron del oficialismo. Según el senador, el Frente Amplio, entonces en la oposición, “militó para que no hubiera garantía” y actuó deliberadamente para “romper el contrato de las OPV”. También calificó de “típicamente stalinistas” las investigaciones administrativas impulsadas en esta administración y acusó al prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz —a quien llamó “Rasputín”— de operar desde la Torre Ejecutiva con una lógica de persecución política. Por último, solicitó que toda la versión taquigráfica de la sesión sea remitida a Fiscalía.
“Que se conozcan todas las actividades irregulares que hubo: las investigaciones ilegales, las pesquisas, los desvíos al poder, la voluntad política que deja al país sin seguridad en el mar y libre para que nos roben las riquezas. Y que vaya todo a la Fiscalía”.
En su primera respuesta, la ministra Sandra Lazo se centró en la presunta maniobra fraudulenta vinculada a la garantía de fiel cumplimiento de contrato presentada por Cardama y a cargo de Eurocommerce. Señaló que el contrato firmado en diciembre de 2023 obligaba a Cardama a constituir dos garantías en 45 días, pero la empresa acumuló prórrogas durante meses —aceptadas por la administración anterior— hasta presentar un aval de una firma sin trayectoria, posteriormente disuelta por el regulador británico. Lazo recordó que el estudio Delpiazzo, contratado por ese mismo ministerio, había advertido que la garantía no cumplía el contrato, ni en plazo ni en condiciones de ejecución.
La ministra cuestionó que el contrato no exigiera que las garantías a favor del Estado provinieran de entidades solventes y sostuvo que se aceptó “una malísima opción”, sin verificar la idoneidad de Eurocommerce.
“Todas las alarmas que se habían encendido previo a la celebración del contrato, que informaban objetivamente de una empresa con grave riesgo crediticio, con un reducido patrimonio, de una escala significativamente muy inferior al volumen de este contrato —diez veces superior a la facturación anual de la empresa—, recibían ahora una fuerte confirmación derivada de la continua negativa de múltiples entidades financieras que se dedican profesionalmente al otorgamiento de garantías”.
Lazo también se detuvo en el acta notarial presentada junto con la garantía, cuya firma fue denunciada como falsificada en España y sobre la cual un informe jurídico solicitado por el actual gobierno concluyó que las copias eran “absolutamente falsas”. A ello sumó pericias del Ministerio del Interior que indican que la renovación enviada a último momento el 22 de octubre no sería un documento físico escaneado, sino un archivo armado digitalmente. Lazo afirmó que, al no poder ejecutar la garantía, el Estado quedó desprotegido ante el incumplimiento.
Respecto a la posibilidad de rescindir el contrato, Lazo afirmó que “al día de hoy, no está decidida”. De todos modos, indicó que la renovación enviada por Cardama minutos antes del anuncio oficial de la denuncia —con los mismos sellos y firmas del documento original, pese a la disolución de Eurocommerce— refuerza las sospechas de fraude. Concluyó que la gestión previa de las garantías fue “difícil de hacer peor” y que el actual gobierno actúa para resguardar los intereses del país.
Cuando la discusión pasó al resto de los legisladores, la senadora frenteamplista Bettiana Díaz buscó recentrar el debate. Señaló que ningún partido del sistema político cuestiona el rol de las Fuerzas Armadas y que el punto central no es la pertinencia de adquirir OPV, sino “cómo se gestionó el proceso de compra, qué controles se aplicaron y cuáles fallaron”.
También rechazó la afirmación de García sobre supuestas “tareas de inteligencia” realizadas por enviados del Ministerio de Defensa en Vigo y advirtió que hablar de espionaje es extremadamente grave porque también constituye delito ante la Justicia Militar. Cuestionó, además, la acusación de “presiones políticas” sobre Abitab y recordó que el Banco de Seguros del Estado —presidido por el oficialismo durante el período anterior— también rechazó dos veces avalar la operación.
Desde el Partido Colorado, el senador Pedro Bordaberry coincidió en que el país necesita patrulleras oceánicas y sostuvo que el contrato con Cardama “es un contrato bien hecho”, en el que intervino un estudio jurídico de prestigio. Sin embargo, apuntó que la garantía es el elemento más problemático: reconoció que es “sospechosa”, pero recordó que desde el punto de vista legal es un contrato accesorio y que su invalidez no habilita automáticamente a rescindir el contrato principal. Añadió que el Estado ya pagó basándose en ese aval, tanto en el gobierno anterior como en el actual, por lo que “todos somos responsables”, dijo.
Bordaberry alertó que, si Uruguay no logra probar que Cardama participó directamente en una eventual maniobra fraudulenta, el país podría exponerse a juicios y condenas internacionales. Criticó que el gobierno haya ido “derecho a los bifes” al anunciar la intención de rescindir, lo que —sugirió— podría permitir a la empresa argumentar que perdió crédito ante proveedores por efecto de esa señal pública.
Al caer la tarde, durante un cuarto intermedio, oficialismo y oposición dieron sus lecturas en conferencias de prensa.
El senador frenteamplista Daniel Caggiani afirmó que quedaron “satisfechos y preocupados”: satisfechos por las explicaciones de Lazo y preocupados por “las situaciones irregulares” detectadas en la adjudicación directa durante el gobierno anterior. No descartó promover nuevas acciones parlamentarias y definió el caso como “uno de los mayores fraudes de la historia de Uruguay en materia de compras públicas con respecto a la Armada Nacional”.
Lazo, en tanto, manifestó su “asombro” porque esperaba un Senado alineado en la defensa del Estado ante un “gran fraude”, pero observó a parte de la oposición “más preocupada por defender los intereses de un empresario”. Señaló que el gobierno no acusó penalmente a Cardama, sino que constató que “la garantía de fiel cumplimiento no existía”, y reafirmó que las decisiones se toman “en función de los intereses generales del Estado uruguayo”.
Un poco después, Javier García habló junto a legisladores de la oposición. Subrayó que la ministra reconoció en sala que “el contrato está vigente”, algo que, según dijo, demuestra que “el gobierno no tiene rumbo ninguno” en un tema que compromete la seguridad marítima y los recursos públicos. Cuestionó que el oficialismo denuncie una estafa en la garantía mientras —sostuvo— “pagó más de 20 millones de dólares” y mantiene vínculos con la empresa.
En su intervención final en sala, García afirmó que el Ejecutivo da “manotazos de ahogado”, que es “un gobierno que se va a pique” y que “la garantía es la excusa”; a su juicio, la motivación real es “el miedo que le tienen a Luis Lacalle Pou”, de cara a las próximas elecciones nacionales.
Lazo replicó que “inferir que velar por los intereses de nuestro país es una operación política” busca desviar la atención de “un fraude contra el Estado”. Además, aseguró que, tal como dijo días atrás el presidente Yamandú Orsi, “las patrulleras van a estar”.
OTROS TEMAS QUE SE DESTACAN
La Cámara de Diputados completó ayer la aprobación parlamentaria del proyecto que establece el concurso o el sorteo como regla para ingresar a las intendencias. El texto recibió 74 votos del Frente Amplio y el Partido Nacional, mientras que el Partido Colorado, Cabildo Abierto, Identidad Soberana y el Partido Independiente votaron en contra.
El rechazo respondió a los cambios introducidos en el Senado, en particular el artículo que habilita hasta un 4% de contrataciones directas, y que fue incorporado a pedido del Congreso de Intendentes. El diputado colorado Walter Cervini, que en mayo había celebrado que el proyecto permitiría “terminar el ingreso a dedo a las intendencias”, dijo ayer que se sentía “muy amargado” y sostuvo que el texto devuelto por el Senado es “totalmente opuesto” al que se había votado por unanimidad. A su juicio, lo aprobado “perdió transparencia y perdió igualdad de oportunidades para la gente”.
Desde el Partido Nacional y el Frente Amplio defendieron la versión final. El nacionalista Diego Echeverría afirmó que el nuevo texto es “más realista” y mantiene el espíritu de transparencia, mientras que el frenteamplista Fernando Amado lo consideró un “avance sustantivo”.
La Policía de Paysandú desarticuló una presunta red de trata de personas con fines de explotación laboral, tras dos allanamientos realizados el martes en un predio rural y en un inmueble industrial. En el operativo se identificó a 52 trabajadores extranjeros —38 argentinos y 14 peruanos— entre ellos una mujer y un adolescente, que realizaban tareas en condiciones precarias.
La investigación comenzó por una denuncia anónima y está a cargo del fiscal Joaquín Suárez. Este miércoles se tomó declaración en Cámara Gesell a 11 trabajadores peruanos, considerados víctimas en la causa. La Justicia dispuso cierre de fronteras para dos indagados vinculados a la empresa investigada, mientras continúa la recolección de pruebas.
Una persona permanece detenida como presunto captador de las víctimas y su situación se definirá en una audiencia prevista para este jueves. Las autoridades analizan si se trata de un caso aislado o de una estructura más amplia dedicada a captar migrantes indocumentados para explotarlos laboralmente.
La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) realizó este miércoles un paro nacional parcial con movilización en apoyo a los 32 empleados despedidos por Claldy en agosto, de los cuales ocho reclaman su reincorporación. Uno de ellos, Aníbal Apollonia, lleva una semana en huelga de hambre en una carpa ubicada en la Plaza Independencia frente a Torre Ejecutiva.
En la oratoria participaron el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala; el titular de la Confederación de Sindicatos Industriales, Danilo Dárdano; y dirigentes de la FTIL, que reclamaron una solución para los cesados y cuestionaron la negativa de la empresa a reinstalarlos.
Al finalizar, una delegación entregó en Presidencia una carta dirigida al presidente Yamandú Orsi para solicitar una reunión. El trabajador que realiza la huelga de hambre continúa estable y bajo control médico.
El rector de la Universidad de la República (Udelar), Héctor Cancela, afirmó que unos diez estudiantes universitarios se encuentran hoy en situación de calle. Sostuvo que la matrícula ha cambiado y que crece con fuerza la cantidad de jóvenes provenientes de los hogares con menores ingresos.
Entrevistado ayer en el programa 5 Sentidos (Canal 5), Cancela señaló que para muchos estudiantes las becas de alimentación pueden significar la diferencia entre almorzar o asistir a clase sin comer, y calificó la situación como “muy grave”. Indicó además que la Udelar cuenta con becas de alojamiento para atender los casos más urgentes.
El rector añadió que la institución realiza seguimiento a través de las áreas de inclusión y bienestar, y que parte de los recursos disponibles se priorizarán para reforzar ese apoyo social.
ECONOMÍA Y EMPRESAS
El Ministerio de Transporte informó que desde este verano comienza a operar el Abono Extranjero, pensado para vehículos con matrículas de otros países. Por un pago único equivalente a seis peajes, los turistas podrán circular durante 15 días por todas las rutas nacionales. El trámite se realiza en los propios peajes e incluye la colocación de un tag.
Vencido el plazo de 15 días, la cuenta de Telepeaje queda activa para recargas por web, en peajes o en redes de cobranza. Para estadías breves continúa disponible el Pase Turista, que se gestiona online, habilita el cruce durante 24 horas mediante lectura de matrícula y se paga al llegar al destino.
En todos los peajes se puede circular por cualquier carril. Los vehículos con tag acceden a una tarifa menor y pasan automáticamente, mientras que quienes no lo tengan también pueden cruzar sin detenerse: la matrícula se registra y el cobro se envía luego al SUCIVE.
No todos los bancos privados aplicarán el cambio de horario anunciado para el 15 de diciembre. Aunque la banca había comunicado que desde esa fecha atendería de 10 a 14 horas en lugar del actual horario de 13 a 17, tres instituciones finalmente mantendrán la atención vespertina.
Santander, Scotiabank y BBVA seguirán atendiendo de tarde, mientras que Itaú, HSBC, Banque Heritage y Citi sí adoptarán el nuevo esquema matutino. A ellos se sumará Bandes, cuyos funcionarios solicitaron alinearse al cambio pese a no integrar la Asociación de Bancos Privados.
Según fuentes del sector citadas por El País, las instituciones que no modificarán su horario rechazaron las contrapartidas económicas planteadas por AEBU para los funcionarios involucrados, al considerar que esas demandas no se ajustan a la situación del mercado laboral.
En el mercado local, el dólar ayer bajó, en esta ocasión de 0,35. El interbancario fondo operó en promedio a $39,225.
En lo que va del año 2025, el dólar lleva una baja acumulada de 10,99% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2024)
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $39,05 para la compra y $40,45 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense subió y cerró ayer en R$ 5,466.
En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial bajó ayer y cotizó en AR$ 1.437,00. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) también bajó y cotizó en el entorno de los AR$ 1.450,00.
El Euro subió frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$1,1666.
OTRAS NOTICIAS
La Policía detuvo a siete personas en un operativo contra un grupo criminal que comercializaba drogas en Punta del Este y que, según la investigación, era dirigido desde el Comcar por un narcotraficante ya preso. Los procedimientos se realizaron de forma simultánea en Maldonado, Montevideo y Canelones.
La operación, liderada por la Unidad de Inteligencia Penitenciaria y la Fiscalía de Estupefacientes, apunta a desarticular una organización dedicada a la venta de cocaína y drogas sintéticas en el este del país.
Según informó el Ministerio del Interior, la investigación inició luego de la incautación de un celular a una persona privada de libertad, en dónde se constató que coordinaba una red dedicada al acopio, transporte, distribución a consumidores y movimientos de dinero vinculados al tráfico de estupefacientes, contando para ello con colaboradores fuera de la cárcel.
A partir de esto, ayer se realizaron intervenciones simultáneas en domicilios en Montevideo, Ciudad de la Costa, Punta del Este y Punta Ballena.
Tres apartamentos en un edificio de Punta del Este fueron identificados como puntos de acopio y logística, y una vivienda en el balneario Solís.
Se incautaron 237 pastillas/tabletas, 65 gramos de sustancia cristalina, 32 gramos de sustancia blanca, 68 gramos de sustancia vegetal, 3 gramos de sustancia rosada, 52 cartones de LSD, 9 teléfonos celulares, 300 bolsas tipo Ziploc, 1 balanza de precisión, 2 automóviles, 181.890 pesos uruguayos, 7.307 dólares estadounidenses, 200 euros y 620 pesos argentinos.
La jueza penal Isaura Tórtora procesó con prisión al militar retirado Dardo Barrios por el asesinato del militante Horacio Gelós Bonilla, ocurrido en Maldonado en enero de 1976. Barrios fue imputado por homicidio muy especialmente agravado, privación de libertad, abuso de autoridad y lesiones graves.
Según la Fiscalía especializada, Gelós Bonilla fue detenido el 2 de enero de 1976 y murió cuatro días después bajo tortura en el Batallón de Ingenieros 4 de Laguna del Sauce. Testigos ubicaron a Barrios en los interrogatorios y en los tormentos que causaron la muerte del militante, cuyos restos aún no han sido hallados.
Barrios, capturado en Paraguay en 2019 tras años prófugo, ya había sido procesado este año por la muerte bajo tortura de otro militante, Eduardo Mondello, en la misma unidad militar.
La Justicia uruguaya negó la extradición del excura Juan José Sant’Anna, acusado en Bolivia de abusar de unos 30 niños en un internado de Cochabamba y de huir para evitar el juicio. El juez Matías Porciúncula resolvió que, según la normativa uruguaya, la acción penal está prescripta.
El magistrado sostuvo que el delito imputado equivale en Uruguay a atentado violento al pudor, con un plazo de prescripción de diez años que comenzó en 2011, cuando Sant’Anna fue declarado rebelde. Ese plazo venció en 2021 y Bolivia no realizó actuaciones entre entonces y 2025, cuando emitió la alerta roja que permitió su captura.
Según informa El País, como la causa no está vigente en ambos países, el pedido de extradición quedó descartado. La Fiscalía no apeló y Sant’Anna recuperó la libertad, a la espera de la respuesta boliviana.
La Justicia rechazó el pedido de la extitular de Custodia de Valores Mobiliarios, Sara Goldring, para viajar a Estados Unidos entre el 18 y el 27 de enero. La jueza Diovanet Olivera había autorizado el desplazamiento bajo una fianza de 300 mil dólares, pero al no poder cubrirla, la solicitud quedó denegada. Goldring pretendía viajar a Miami para celebrar el cumpleaños de su hijo.
Goldring fue imputada en 2023 por apropiación indebida, tras comprobarse que realizó operaciones a futuro falseando información a sus clientes. Según la investigación, asumió riesgos muy superiores a los autorizados, lo que derivó en pérdidas estimadas en unos 100 millones de dólares.
La Justicia imputó a una extrabajadora de un hogar del INAU en Rivera por negociar y suministrar drogas a menores internados. La mujer fue enviada a prisión preventiva por 180 días mientras avanza la investigación.
También fueron detenidos otros tres implicados. Dos de ellos aceptaron un juicio abreviado y recibieron condenas de cuatro años de prisión, mientras que un tercero, que ya cumplía pena por otros delitos, fue condenado por negociación de estupefacientes.
La Policía, en tanto, continúa buscando a la pareja de la extrabajadora, señalada como el presunto líder de la banda.
Una docente de la UTU del Buceo, Montevideo, fue denunciada por agredir a un alumno y a su madre durante una reunión para revisar calificaciones. Según la denuncia, el conflicto empezó cuando el estudiante consultó por la baja en su nota final y la docente se alteró, insultó al joven y agredió físicamente a la madre. También se dañó un vidrio en el intercambio.
La profesora admitió ante la Policía que “se salió de sus cabales” y señaló que padece depresión. Una emergencia móvil la trasladó a su prestador de salud, mientras que la madre y el alumno fueron asistidos y dados de alta en el lugar.
UTU derivó el caso a Jurídica y dispuso reabrir la instancia de evaluación del grupo, además de convocar una nueva reunión para revisar las calificaciones.
Los complejos World Trade Center de Montevideo y Punta del Este fueron evacuados este miércoles tras amenazas de bomba recibidas en ambos lugares. En los dos casos se activaron los protocolos de seguridad y se dispuso el desalojo preventivo.
En Punta del Este, Bomberos revisó los 27 pisos del edificio y confirmó que la alerta era falsa. La inspección llevó unos 45 minutos y, descartado el riesgo, se retomó la actividad en la zona.
En Montevideo también se evacuó todo el complejo. La inspección no encontró ningún artefacto y la situación volvió rápidamente a la normalidad.
INTERNACIONALES
La dirigente de la oposición venezolana María Corina Machado, reapareció anoche en público por primera vez en casi un año. Lo hizo en Oslo, la capital de Noruega, horas después de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, a la que no llegó a tiempo y donde estuvo representada por su hija.
Tras un viaje secreto, Machado salió a saludar desde el balcón de su hotel recibiendo una ovación y el canto del himno nacional de Venezuela.
Muchos entonaban canciones tradicionales con el cuatro, un instrumento típico venezolano, y gritaban consignas por una "Venezuela libre".
Fue su primera aparición pública desde enero, cuando participó en una marcha en rechazo a la juramentación de Maduro para un nuevo periodo presidencial.
Más temprano, en el acto de entrega del Nobel, habló su hija, Ana Corina Sosa:
“Mientras espero el momento para abrazarla y besarla después de dos años, pienso en las otras hijas e hijos que no pueden ver a sus madres hoy. Eso es lo que la impulsa y nos impulsa a todos, ella quiere vivir en una Venezuela libre y nunca se rendirá en ese propósito”.
En la ceremonia, el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes dirigió un mensaje al gobernante venezolano.
"Señor Maduro: Debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo", expresó Frydnes, interrumpido por el aplauso del público.
La líder opositora María Corina Machado salió de Venezuela y viajó rumbo a Noruega con el apoyo de Estados Unidos, según trascendió ayer.
La opositora se marchó en un barco que partió de la costa occidental venezolana hacia la isla caribeña de Curazao, de acuerdo a lo que revelaron funcionarios estadounidenses a The Wall Street Journal.
Las especulaciones la han situado en un vehículo diplomático cruzando la frontera con Colombia y hasta escapando en uno de los aviones estadounidenses que aterrizaron en el país para traer inmigrantes venezolanos deportados.
En un mensaje dirigido al comité organizador del Nóbel de la Paz, Machado agradeció a los que la ayudaron a salir de Venezuela rumbo a Oslo.
“Mucha gente arriesgó su vida para que yo pudiera llegar a Oslo. Estoy muy agradecida con ellos”.
La dirigente opositora venezolana María Corina Machado estuvo hoy en una rueda de prensa en Oslo junto al primer ministro noruego, Jonas Gahr Store.
“Les aseguro que tengo muchas esperanzas en que Venezuela será libre de nuevo y volverá a ser un faro de esperanza, oportunidades y democracia donde recibamos no solo a los venezolanos que han tenido que huir del país, sino también a ciudadanos de todo el mundo que puedan encontrar el refugio que Venezuela fue hace décadas”.
Consultada por una eventual invasión de Estados Unidos, Machado aseguró que su país ya ha sido invadido, por agentes rusos, iraníes, Hezbolá y bandas criminales que actúan en connivencia con el “régimen” de Nicolás Maduro. Por tanto, instó a cortar el flujo de financiación que permite sostener el sistema de represión.
En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro cuestionó al Comité Noruego por haber galardonado a la líder opositora María Corina Machado con el Nobel de la Paz.
La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, comparó la ceremonia del Nobel de la Paz con un funeral, al ironizar sobre la ausencia en el acto de la galardonada.
“Hoy muy tempranito viendo lo que pasó en Noruega, asistieron a un velorio, porque eso parecía un velorio, era un velorio, un fracaso, fracaso total, el show fracasó, la señora no se presentó”.
En Oslo, capital de Noruega, algunas personas marcharon el martes para rechazar la decisión de otorgar el Premio Nobel de la Paz a la líderes opositora venezolana María Corina Machado.
La manifestación fue ante el Instituto Nobel con el lema “Ningún Premio de la Paz para los belicistas”, argumentando en un comunicado que el galardón se estaba utilizando “para legitimar la intervención militar estadounidense en violación del derecho internacional en América Latina”.
Durante la marcha, los presentes levantaron las pancartas: «No a la ocupación yankee en América Latina», “Respeto a la soberanía de América latina” y «Cada Premio Nobel tiene una etiqueta de precio», entre otras.
Esta percepción se alinea con el rechazo que genera Machado. La dirigente forma parte de una red de apoyo ideológico ligada a Atlas Network, una red influyente que promueve el discurso neoliberal y financió a instituciones venezolanas afines a los valores de Machado, como CEDICE Libertad.
Esta red incluye a partidos políticos como VOX de España, La Libertad Avanza de Milei en Argentina y sectores Republicanos de EE.UU. encabezados por Donald Trump, así como al expresidente brasileño Jair Bolsonaro.
Además, la figura de Machado está asociada al sionismo y al neofascismo regional. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien es acusado de crimenes de guerra por el genocidio en Gaza, ha sido respaldado públicamente por Machado en diversas ocasiones.
Estados Unidos dio un paso más en su presión sobre Venezuela al incautar un petrolero sancionado que era utilizado por Caracas y Teherán, una operación calificada de "robo descarado" por el gobierno de Nicolás Maduro.
"Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un gran petrolero, el más grande jamás incautado, de hecho", dijo el presidente Donald Trump a los periodistas durante un acto en la Casa Blanca.
El buque cisterna fue utilizado durante años por Venezuela e Irán para transportar crudo a pesar de las sanciones internacionales en su contra, según detalló la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, en un mensaje en redes sociales.
La publicación está acompañada de un video en el que se ve a un grupo de militares que descienden de helicópteros y abordan el buque en alta mar.
Artífice de una dura campaña contra el gobierno de Nicolás Maduro desde que volvió a la Casa Blanca, Trump añadió: "asumo que nos quedaremos con el petróleo".
"Venezuela denuncia y repudia enérgicamente lo que constituye un robo descarado y un acto de piratería internacional", reclamó la cancillería venezolana.
El presidente Gustavo Petro "va a meterse en grandes problemas si no espabila", declaró el presidente Donald Trump sobre su homólogo colombiano, quien critica la política de Washington en América Latina.
Interrogado sobre si estaría dispuesto a llamarlo, como ya ha hecho con el líder venezolano Nicolás Maduro, Trump respondió:
“No he pensado mucho sobre él. Ha sido bastante hostil para los Estados Unidos. Él va a tener unos problemas grandes si no avanza. Colombia está produciendo muchas drogas. Tienen fármacos de cocaína y venden directo en Estados Unidos. Así que mejor avanza o será el próximo”.
OTROS TEMAS DEL PANORAMA INTERNACIONAL
Ucrania entregó a Estados Unidos una contrapropuesta al plan para poner fin a la guerra con Rusia, informaron a AFP funcionarios ucranianos.
La propuesta estadounidense inicial incluía ceder a Rusia territorios ucranianos que no ha conquistado. Esa versión fue considerada por Ucrania y sus aliados europeos como muy favorable a Moscú.
El presidente ucraniano Volodimir Zelenski confirmó el martes que el plan fue dividido en tres documentos: un acuerdo marco de 20 puntos, un documento sobre el asunto de las garantías de seguridad y otro sobre la reconstrucción de Ucrania tras la guerra.
Zelenski dijo que tuvo ayer una reunión virtual con el emisario y yerno de Donald Trump, Jared Kushner, el secretario estadounidense del Tesoro Scott Bessent y el presidente de la compañía BlackRock, Larry Fink, para discutir sobre la reconstrucción de Ucrania.
El presidente estadounidense Donald Trump dijo que mantuvo un diálogo en "términos bastante duros" con los líderes de Reino Unido, Alemania y Francia sobre la guerra en Ucrania y advirtió que nuevas conversaciones podrían suponer "una pérdida de tiempo".
"Discutimos sobre Ucrania en términos bastante fuertes", dijo Trump a reporteros cuando le consultaron sobre una conversación telefónica que mantuvo con el primer ministro británico Keir Starmer, el canciller alemán Friedrich Merz y el presidente francés Emmanuel Macron.
"Tuvimos algunas pequeñas disputas sobre personas y ya veremos cómo acaba todo", señaló.
También agregó que aún no decidió sobre una propuesta de los europeos de realizar nuevas reuniones en Europa el fin de semana, en las que participarían Estados Unidos y Ucrania. "No queremos que sea una pérdida de tiempo".
En Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley sobre la estrategia de defensa del país para 2026, con varias cláusulas destinadas a mantener la presencia militar de ese país en Europa, a contracorriente de las señales que el presidente Donald Trump ha enviado recientemente.
La Ley de Autorización de Defensa Nacional, un texto votado anualmente por el Congreso con cierto consenso entre demócratas y republicanos, determina los ejes en los que, según los legisladores, Estados Unidos debería concentrarse el año siguiente en materia de defensa.
La versión de 2026, de más de 3.000 páginas, prevé un presupuesto global de más de 900.000 millones de dólares, un aumento de 5.000 millones respecto al año anterior.
Fruto de negociaciones de varias semanas entre ambos partidos, el texto fue aprobado en la Cámara de Representantes con 312 votos a favor y solo 112 en contra. Ahora pasa al Senado, que a su vez debería aprobarlo antes de fin de año.
En un comunicado, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, calificó el texto de "piedra angular del programa del presidente Trump de paz mediante la fuerza".
La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) bajó las tasas de interés un cuarto de punto por tercera vez consecutiva por preocupaciones sobre el mercado laboral. La decisión se tomó en una votación dividida.
El nuevo recorte deja las tasas en un rango entre el 3,50% y el 3,75%, en línea con las expectativas del mercado.
El banco central elevó del 1,8% al 2,3% su previsión de crecimiento del PIB estadounidense en 2026.
Asimismo, según sus cálculos, la inflación se situará en el 2,4% y la tasa de desempleo en el 4,4% a finales del año que viene.
La Fed adelantó que prevé también al menos una reducción más de los tipos de interés el próximo año debido a los riesgos que enfrenta el mercado laboral, a pesar de que la inflación sigue lejos de la meta del 2%.
Las previsiones de la Fed para el año próximo podrán cambiar a medida que el gobierno federal publique los datos macroeconómicos que tuvo que cancelar por el cierre parcial o "shutdown".
La Fed también se enfrenta a un año turbulento con la llegada de un nuevo director, tras la finalización del mandato de Jerome Powell en mayo, mientras aumenta la presión de Trump para que el banco central rebaje más las tasas de interés.
Estados Unidos empezará a aplicar aranceles a partir del año que viene contra Nicaragua a causa de sus políticas económicas y comerciales juzgadas "irrazonables", informó la oficina del Representante Comercial.
Esos aranceles progresivos, a partir de enero de 2026, se aplicarán a todos los productos que no entran dentro del Acuerdo de Libre Comercio de Estados Unidos con América Central (CAFTA), explicó la entidad en un comunicado.
"Los aranceles arrancarán con 0% el 1 de enero de 2026 y aumentarán al 10% el 1 de enero de 2027, y al 15% el 1 de enero de 2028. Cualquier tarifa se acumulará con otras, como la Tarifa Recíproca existente del 18%", detalló el texto.
En México, el Senado completó la aprobación parlamentaria de un aumento de aranceles a las importaciones de una docena de países con los cuales México no tiene acuerdos comerciales, encabezados por China.
El proyecto, votado en medio de presiones comerciales de Estados Unidos, fue aprobado con 76 votos a favor y cinco en contra durante una sesión que se prolongó hasta la noche.
Además de China, entre los países afectados destacan Corea del Sur, India, Indonesia, Rusia, Tailandia, Turquía, Taiwán y Brasil.
El martes, los diputados ya habían votado esta propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ahora deberá publicarse en el diario oficial para que los nuevos aranceles entren en vigor el 1 de enero de 2026.
Se modificarán 1.463 fracciones arancelarias de los sectores automotriz, textil, vestido, plástico, electrodomésticos y calzado, entre otros, principalmente a productos chinos.
En Bolivia, el expresidente Luis Arce fue detenido ayer por agentes policiales en La Paz, por un caso de presunta corrupción cuando era ministro del ex mandatario Evo Morales.
El izquierdista de 62 años dejó el poder el 8 de noviembre. Su salida marcó el fin de 20 años de gobiernos socialistas iniciados por Morales y la llegada al poder del centroderechista Rodrigo Paz.
Fuentes de la fiscalía dijeron a la AFP que Arce deberá responder por los presuntos delitos de "incumplimiento de deberes" y "conducta antieconómica".
"Quiero felicitar a los efectivos (…) de la División Anticorrupción (…) por haber aprehendido, cumpliendo una resolución de aprehensión emanada por una autoridad fiscal", al expresidente Arce, dijo el vicepresidente boliviano, Edmand Lara, en un video difundido por medios locales.
Cuando Arce era ministro de Economía del gobierno de Morales, presuntamente autorizó transferencias del tesoro público a cuentas personales de dirigentes campesinos, de acuerdo con la denuncia que motivó la detención.
Argentina colocó bonos por 1.000 millones de dólares en su regreso al mercado de deuda en moneda extranjera tras más de siete años, informó el gobierno, urgido de divisas para afrontar pagos de vencimientos en enero.
El bono en dólares a cuatro años, emitido bajo legislación argentina, paga un cupón de 6,5% anual y se colocó con un rendimiento de 9,26% anual, indicó en un comunicado el ministerio de Economía.
Esto marca "el regreso de Argentina a los mercados voluntarios de deuda en moneda extranjera", destacó el gobierno de Javier Milei.
El ministerio detalló que más de 2.500 inversores realizaron ofertas por más de 1.400 millones de dólares, de los cuales se adjudicaron 1.000 millones.
"Volvimos al mercado", celebró Milei en un mensaje en redes sociales.
El resultado de la licitación refleja "confianza de los inversores", declaró el ministerio, e informó que lo obtenido de la colocación se utilizará para afrontar parte de los vencimientos de deuda de enero, por más de 4.000 millones de dólares.
Además, Argentina negocia un préstamo con bancos por unos 7.000 millones de dólares.
El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que la nueva emisión mejorará el perfil financiero de Argentina y contribuirá a reducir el riesgo país que se mantiene por encima de los 600 puntos porcentuales.
En Brasil, en una decisión de alto impacto político, el juez del Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, resolvió ayer dar marcha atrás parcialmente en su propio fallo y devolvió al Senado la potestad de recibir pedidos de juicio político contra los magistrados de la Corte presentados por cualquier ciudadano.
De esta manera, Mendes suspende la restricción que él mismo había impuesto días atrás y que concentraba esa facultad exclusivamente en la Fiscalía General de la República. El fallo desactiva, por el momento, el conflicto de poderes que amenazaba con paralizar la agenda política de fin de año.
Para entender el alcance de la medida: hasta ayer, existía un "blindaje" judicial que impedía que particulares solicitaran la destitución de un juez del Supremo. Con la nueva resolución, se restablece la normativa vigente y cualquier persona vuelve a estar legitimada para presentar estas denuncias ante el Senado.
Sin embargo, y este es el punto clave, no se trata de una capitulación total del magistrado. Mendes mantuvo firme la exigencia de un quórum agravado para abrir estos procesos. El fallo sostiene que, para iniciar un impeachment contra un juez de la Corte, ya no alcanza con la mayoría simple de los senadores presentes. A partir de ahora, será necesario el voto de dos tercios de la Cámara Alta, es decir, 54 senadores. El argumento del decano de la Corte es que este umbral más alto es indispensable para proteger la independencia judicial frente a mayorías políticas circunstanciales.
Esta resolución responde directamente a un recurso presentado por el propio Senado en la tarde del miércoles. La Cámara Alta había calificado la decisión original como una usurpación de sus competencias constitucionales y exigía su revocación.
En su dictamen, Mendes adoptó un tono conciliador. Elogió la conducción del presidente del Senado, Davi Alcolumbre, destacando que han archivado decenas de pedidos de juicio político sin sustento en los últimos años.
Esta tregua judicial patea el tablero hacia adelante. Mendes retiró el caso de la agenda del plenario virtual, donde debía tratarse esta semana, y solicitó que se discuta en una sesión presencial de la Corte. Esto implica que el debate de fondo sobre las reglas definitivas para juzgar a los magistrados quedará, muy probablemente, para el año 2026. Mientras tanto, en el Congreso, el relator del proyecto de ley sobre este tema, el senador Weverton Rocha, también pidió más tiempo para buscar consensos, enfriando la urgencia de una votación inmediata.
Cambiando de frente, el Comité de Política Monetaria (Copom) decidió mantener la tasa básica de interés, la Selic, congelada en un 15% anual. La decisión fue unánime y refleja un escenario de cautela extrema: el Banco Central apunta a la incertidumbre externa, especialmente por la política económica de Estados Unidos, y a una inflación doméstica que, aunque muestra señales de moderación, sigue instalada por encima de la meta.
El mensaje hacia adelante fue duro. La autoridad monetaria advierte que las expectativas de inflación para 2025 siguen "desancladas" en un 4,4% y que el riesgo fiscal sigue presionando. Por eso, el Copom avisó que mantendrá una política monetaria "significativamente contractiva" por un período prolongado y, en un tono de advertencia al gobierno y al mercado, aseguró que no dudará en retomar el ciclo de suba de tasas si la inflación no cede como esperan.
(Marcelo Silva de Sousa, corresponsal desde Brasil)
