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NACIONALES
La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) presentó una acción de amparo para que se disponga el cese inmediato de las actividades de prospección sísmica en el mar territorial uruguayo. El recurso fue dirigido contra el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Industria y Ancap y, al mismo tiempo, contra cuatro empresas, que en diciembre recibieron la autorización ambiental para llevar adelante proyectos de exploración.
El organismo sostiene que existe un daño ambiental grave e inminente y que la actividad vulnera derechos humanos fundamentales. Afirma que la prospección sísmica genera impactos sobre especies marinas protegidas y ecosistemas sensibles, y que las medidas de mitigación previstas son insuficientes.
Además, la INDDHH entiende que continuar con estos proyectos podría implicar incumplimientos de compromisos internacionales asumidos por Uruguay en materia ambiental. La institución ya había solicitado la suspensión de las autorizaciones ambientales y ahora recurre a la vía judicial para intentar frenar la actividad.
En paralelo, el juez civil de octavo turno, Federico Tobía, se declaró incompetente para analizar una demanda presentada por organizaciones ambientalistas que buscan suspender los contratos firmados por Ancap con empresas petroleras.
El magistrado sostuvo que los contratos forman parte de una política impulsada por el Poder Ejecutivo y que su eventual nulidad debe ser analizada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ya que implicaría revisar actos administrativos que habilitaron esos acuerdos.
Las organizaciones Asamblea Mar Libre de Petroleras Uruguay y la Sociedad para la Conservación de la Biodiversidad de Maldonado anunciaron que apelarán el fallo. Argumentan que los contratos no son actos administrativos y que corresponde a la justicia civil ordinaria pronunciarse sobre su nulidad.
BASF Global Business Services confirmó que ajustará su operativa en Uruguay y puntualizó que la medida forma parte de un proceso de reestructura a nivel mundial. La compañía emplea a unas mil personas en su hub del World Trade Center de Montevideo, desde donde brinda soporte a los negocios de la multinacional química en distintas regiones.
La decisión, que había trascendido en la prensa el martes, fue formalizada ayer en un comunicado. La empresa explicó que el cambio responde al contexto internacional y busca mejorar la competitividad y la eficiencia. En ese marco, concentrará los servicios financieros y de recursos humanos en un nuevo hub en India y trasladará la logística al hub existente en Kuala Lumpur, Malasia.
BASF aclaró que el proceso es global y no una medida específica para Uruguay. Los hubs de Berlín, Kuala Lumpur y Montevideo continuarán operando, aunque en la capital uruguaya habrá reducción de personal, principalmente en las áreas de Finanzas, Recursos Humanos y Logística.
De todos modos, la compañía puntualizó que no habrá despidos inmediatos, que los principales impactos se verán en 2027 y que el plan se implementará de forma gradual hasta 2028. También subrayó que mantendrá su presencia en el país.
El Ministerio de Trabajo recibirá el viernes a representantes de BASF para conocer en detalle el alcance de la reestructura anunciada por la empresa.
El ministro Juan Castillo cuestionó que el gobierno se haya enterado de la decisión a través de la prensa y sostuvo que Uruguay “no merece ser tratado de esa forma”. En declaraciones a Subrayado, recordó además que la cartera impulsa un proyecto de ley para que las empresas informen previamente cuando prevean desvinculaciones masivas.
“Ya terminamos la redacción política con el subsecretario de Trabajo, Hugo Barreto. (El texto) ya está en revisión jurídica. Creo que en pocos días le estaremos entregando al presidente de la República una carpeta con el proyecto”.
Desde el PIT-CNT, su presidente Marcelo Abdala expresó preocupación por la situación y planteó la necesidad de abrir instancias de diálogo para intentar preservar los puestos de trabajo.
Consideró que “no está bien que un trabajador que aporta todo en su tarea se entere de la noche a la mañana que se queda sin empleo” y remarcó que “hay que buscar formas de negociación previa, que muchas veces no se dan”.
El gobierno de Yamandú Orsi volvió a negar a la oposición el acceso a información vinculada al caso Cardama, el astillero español contratado en la administración anterior para construir dos patrulleras oceánicas. El Poder Ejecutivo analiza rescindir el contrato tras denunciar irregularidades en las garantías y en la construcción de las embarcaciones.
En enero, Presidencia ya había declarado “reservada” la información solicitada por el senador colorado Andrés Ojeda sobre la denuncia penal presentada por el gobierno. Ahora, ante un nuevo pedido de Ojeda junto al senador nacionalista Javier García, fue el Ministerio de Defensa el que rechazó entregar datos. Según informa El País, la ministra Sandra Lazo argumentó que se trata de informes reservados que recomendarían la rescisión del contrato.
Frente a la negativa, los dos legisladores anunciaron que acudirán a la Justicia para promover una acción de acceso a la información pública. Ojeda reclamó que el gobierno deje “de esconder todo”, mientras que García sostuvo que hay una “práctica de oscurantismo” en torno a este asunto.
En paralelo a la polémica por el acceso a la información, surgieron cuestionamientos desde Fiscalía sobre la denuncia presentada por el gobierno en el caso Cardama. Según El País, el equipo del fiscal de Delitos Económicos de 1° Turno, Alejandro Machado, tiene reparos sobre la calidad de parte de la documentación aportada por el Ejecutivo a fines de octubre.
Desde la oposición, varios dirigentes blancos y colorados se hicieron eco de esa versión. El senador nacionalista Sebastián Da Silva afirmó que la denuncia tendría “cero valor jurídico”, mientras que el colorado Andrés Ojeda reafirmó la importancia de que el contenido de la denuncia se haga público.
De acuerdo con la postura del equipo fiscal, el gobierno deberá corregir la forma en que presentó algunos documentos, ya que varios no habrían sido debidamente protocolizados ni acompañados de información contextual que respalde su validez como prueba.
OTROS TEMAS QUE SE DESTACAN
El Acuerdo de Asociación Política y Cooperación entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) no será enviado formalmente al Parlamento uruguayo hasta que cuente con la firma de todos los Estados europeos. Según explicaron a La Diaria desde Cancillería, para remitir el tratado completo a consideración legislativa se requiere que el texto esté suscrito por los países de la UE, algo que aún no ocurrió.
El martes, el canciller Mario Lubetkin entregó al Parlamento el llamado Acuerdo Interino de Comercio, es decir, la parte estrictamente comercial del entendimiento. En el Senado ya se conformó una comisión especial que comenzará a analizarlo la próxima semana, con la comparecencia del propio ministro.
Sin embargo, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez señaló que no fue remitido el Acuerdo de Asociación Política y Cooperación, que integra el tratado global. En un posteo en sus redes sociales, Rodríguez adelantó que el próximo martes le preguntará al canciller por qué ocurrió esto.
Los dos acuerdos tienen trámites distintos en Europa: el comercial debe ser aprobado por el Parlamento Europeo, mientras que el político requiere la ratificación de cada uno de los parlamentos nacionales.
En ese marco, persiste la incógnita sobre qué ocurriría si algún país europeo —como Francia, que ha manifestado reparos— decidiera no firmar. Esa situación aún no ha sido aclarada por la Unión Europea.
El Ministerio de Educación y Cultura y la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) firmaron un convenio para fortalecer la búsqueda de detenidos desaparecidos durante la dictadura. El acuerdo habilita el acceso irrestricto a archivos públicos y privados en todo el país, en cumplimiento de la ley 19.822.
El ministro José Carlos Mahía aseguró que la cartera facilitará el acceso a toda la documentación relevante, sin invocar secreto ni reserva, y pondrá a disposición bases de datos digitalizadas y apoyo técnico. El convenio abarca el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional y el Registro Civil, entre otras dependencias.
La presidenta de la INDDHH, Mariana Mota, destacó que el acuerdo permitirá a los investigadores acceder directamente a los archivos, sin depender de solicitudes previas. También valoró el reciente acuerdo con el Ministerio de Defensa, que habilita el acceso irrestricto a archivos militares.
Desde Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos señalaron que el convenio es un paso importante porque agiliza la búsqueda, aunque expresaron preocupación por lo que consideran una falta de señales claras del gobierno para avanzar en el esclarecimiento del paradero de las víctimas.
El intendente de Lavalleja, Daniel Ximénez, afirmó que no renunciará a su actividad privada como cirujano, tras la denuncia presentada ante la Jutep por la edila nacionalista Carol Aviaga. La dirigente cuestiona una presunta incompatibilidad entre su cargo como jefe departamental y su trabajo en la mutualista Camdel, que presta servicios a funcionarios municipales.
En declaraciones a La Diaria, Ximénez sostuvo que como intendente no tiene vínculo directo con la mutualista, porque el convenio se canaliza a través de un fondo de salud creado hace décadas y gestionado por representantes sindicales y técnicos. Señaló además que ya renunció a su cargo en el hospital público por ser incompatible, pero que continuará ejerciendo en el ámbito privado, y atribuyó la denuncia a razones políticas.
Aviaga, en tanto, afirmó que existe un conflicto de intereses, ya que la intendencia le paga a una institución donde trabaja el intendente, que, al mismo tiempo, es “el principal ordenador de gastos y el que firma las boletas de pago”. Sostuvo que el artículo 289 de la Constitución y el 30 de la Ley Orgánica Municipal establecen límites claros y que el caso debe ser analizado por la Jutep.
Para la edila, este caso “es muy parecido” al de Álvaro Danza, presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), quien fue cuestionado por la oposición por encontrar incompatibilidades entre su cargo público y su actividad privada, a la que finalmente terminó renunciando en noviembre de 2025.
El diputado nacionalista Pablo Abdala pidió la renuncia de la presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ana Ferraris, y cuestionó duramente el funcionamiento del organismo. A su juicio, la Jutep “perdió credibilidad” y actuó al margen de sus propias normas internas.
Abdala sostiene que la presidenta modificó en los hechos el protocolo de tramitación de denuncias sin resolución formal del directorio. Según afirmó en diálogo con El Observador, Ferraris dejó de derivar expedientes a la Asesoría Letrada y dispuso actuaciones por su cuenta, lo que —a su entender— implicó un cambio en las reglas con impacto en casos concretos.
Además, el legislador señaló que el organismo habría brindado información incorrecta en al menos dos pedidos de acceso a la información pública. En esas respuestas, se habría invocado la vigencia de un protocolo que, según Abdala, ya no se estaba aplicando.
El diputado también cuestionó que posteriormente se intentara regularizar la situación mediante la modificación del protocolo y la elaboración de un proyecto de decreto para reglamentar el proceso de denuncias. Desde la oposición dentro del propio organismo, el director Luis Calabria dejó constancia en actas de sus discrepancias y expresó reparos sobre ese proyecto.
La flota oficial volvió a crecer el año pasado y ya son casi 18.500 los vehículos del Estado. En 2025 se registraron 18.480 unidades en el Sistema Computarizado de Contralor Vehicular, el Sisconve. Son 332 más que en 2024, según datos proporcionados por Ancap a través de un pedido de acceso a la información pública presentado por el semanario Búsqueda.
A pesar de ese aumento, el consumo total de combustible bajó. Pasó de 57,6 millones de litros en 2024 a 54,6 millones en 2025, es decir, tres millones menos.
El Sisconve permite monitorear en tiempo real el uso de combustible y los recorridos de los vehículos estatales, aunque no discrimina por tipo de unidad.
La flota más numerosa es la del Ministerio del Interior, con casi 5.000 vehículos. Le siguen UTE y la Intendencia de Montevideo, que también superan el millar. Sin embargo, no todas las intendencias figuran en el sistema, por lo que las casi 18.500 unidades registradas podrían ser una cifra mínima de la flota total del Estado.
La Justicia ordenó la venta inmediata del apartamento del edificio Imperiale, en Punta del Este, donde cumple prisión domiciliaria Daniela Cabral, socia de Conexión Ganadera y viuda de Gustavo Basso, uno de los fundadores de la empresa. El juez de Concurso de 1º Turno, Leonardo Méndez, reiteró así la decisión que ya había adoptado en noviembre y que había quedado en suspenso por recursos presentados por la familia.
El magistrado sostuvo que el inmueble —de más de 150 metros cuadrados y con un valor estimado cercano a los 870 mil dólares— tiene un costo de mantenimiento muy elevado, que ronda los 5.000 dólares mensuales. Por eso entendió que, en el marco del concurso, corresponde su enajenación inmediata para preservar la masa activa y afrontar las deudas.
En su resolución, el juez señaló que los herederos deberán primero pagar a los acreedores antes de acceder a los bienes de la herencia. Indicó además que, si las deudas no se cancelan con fondos propios, será necesario liquidar los bienes. Las medidas cautelares para los imputados fueron prorrogadas hasta agosto y, tras esta decisión, Cabral deberá fijar un nuevo domicilio.
ECONOMÍA Y EMPRESAS
Conaprole anunció que el lunes próximo cerrará en forma definitiva el centro de distribución de Rivera. La cooperativa sostiene que la decisión se toma tras nueve meses de conflicto sindical que, según afirma, impidieron consolidar una operación viable y generaron importantes pérdidas económicas. También señala que el gremio rechazó las cuatro propuestas presentadas por el Ministerio de Trabajo, que la empresa había aceptado.
El conflicto se remonta a 2025, cuando la asamblea de productores respaldó el cierre de la Planta 14, que luego fue transformada en centro de distribución a pedido del sindicato. Conaprole afirma que las medidas gremiales continuaron, con paros y trabajo a reglamento, lo que provocó faltantes de productos en el mercado interno y dificultades en plena zafra.
La cooperativa advierte además sobre el riesgo de no poder procesar materia prima, con impacto en toda la cadena láctea y en el precio que reciben los productores. Los trabajadores afectados por el cierre son nueve.
Desde la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole rechazaron la decisión y acusaron a la empresa de no respetar los ámbitos de negociación. Sostienen que la cooperativa toma “de rehén” a la planta de Rivera y que también fue la empresa la que rechazó propuestas del Ministerio. El sindicato evaluará medidas en las próximas horas.
El gobierno otorgó un régimen especial de seguro de desempleo para los trabajadores de la metalúrgica Cla Sienz, que cerró el 30 de enero en la Zona Franca de Colonia. La empresa había anunciado a fines de año que dejaba el país por pérdidas y que concentraría su actividad en España.
Como la firma inició un concurso de acreedores y no podía pagar indemnizaciones, el cierre se adelantó para que los empleados pudieran acceder al Fondo de Insolvencia Patronal.
Según informó La Diaria, el subsidio especial será por hasta un año y cubrirá hasta el 66% del salario promedio. Además, se creó una comisión para acompañar a los extrabajadores y promover su reinserción laboral.
En el mercado local, el dólar ayer subió, en esta ocasión 0,18%. El interbancario fondo operó en promedio a $38.537.
En lo que va del año 2026, el dólar lleva una baja acumulada de 1,29% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2025)
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $37,45 para la compra y $39,85 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense bajó y cerró ayer en R$ 5,184.
En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial disminuyó y cotizó en AR$ 1.400,00. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) subió y cotizó en el entorno de los AR$ 1.435,00.
El Euro bajó frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$1,1880.
Los precios del petróleo cerraron al alza ayer, muestra de la persistente preocupación en el mercado por las tensiones entre Irán y Estados Unidos luego de la reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en abril se situó en 69,40 dólares.
Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en marzo subió un 1,05%, cotizó a 64,63 dólares.
Estas tensiones son vitales para el crudo ya que Irán es uno de los diez principales productores del mundo. Además, por delante de sus costas transita el 20% de la producción global de petróleo, a través del estrecho de Ormuz.
OTRAS NOTICIAS
Tres adolescentes fueron condenados por el homicidio de un hombre de 29 años, ocurrido el 15 de enero en el barrio Marconi, en Montevideo. Los tres fueron detenidos el martes durante un operativo policial desarrollado en esa misma zona de la ciudad.
Dos de los menores fueron considerados autores y deberán cumplir cinco años y tres meses en el Inisa, mientras que el tercero fue condenado como cómplice y estará internado seis meses.
En el mismo operativo fue detenido un joven de 20 años, que ahora fue imputado por dos homicidios muy especialmente agravados, cometidos el 14 de diciembre y el 5 de enero, además de delitos vinculados al porte de armas.
La Justicia dispuso 120 días de prisión preventiva mientras avanza la investigación. Los dos asesinatos también ocurrieron en el barrio Marconi y en uno de los ataques resultó herida una niña de dos años, que logró recuperarse.
INTERNACIONALES
En Caracas, después de una inédita reunión entre la presidenta interina Delcy Rodríguez y el secretario de Energía estadounidense, se dio por finalizado el embargo de Washington al crudo venezolano.
El secretario Chris Wright es el más alto funcionario estadounidense en visitar Venezuela desde la intervención militar el 3 de enero, que terminó en la captura de Nicolás Maduro.
"¡Viva Venezuela y viva Estados Unidos!", dijo Wright al término de una declaración conjunta en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas con Delcy Rodríguez, quien asumió el poder en la Venezuela pos-Maduro.
“Nuestro objetivo es abrir globalmente el petróleo, el gas, la electricidad y otros sectores de la economía”, afirmó Wright. El funcionario estadounidense consideró la nueva etapa como un “punto de inflexión” para Venezuela. “Creo que presenciaremos un giro absolutamente dramático en la trayectoria de esta nación”, expresó.
Rodríguez cedió el control del petróleo a Washington e impulsa una amnistía general para la liberación de centenares de presos políticos.
Trump "está apasionadamente comprometido con transformar por completo la relación entre Estados Unidos y Venezuela", señaló el secretario en su declaración conjunta.
Por su parte, el presidente Donald Trump destacó la nueva relación con Venezuela.
“Tenemos un nuevo grupo de personas con el que somos muy cercanos. Nos volvimos muy cercanos y eso se llama Venezuela, de donde estamos tomando en este caso petróleo. Tenemos 50 millones de barriles de petróleo que están siendo transportados ahora mismo hacia Houston para ser refinados y estamos obteniendo energía de todas las fuentes”.
La Agencia Federal del Transporte Aéreo de Rusia anunció la evacuación de sus turistas de Cuba debido al desabastecimiento de combustible en la isla.
El Ministerio de Desarrollo Económico ruso aconsejó a sus ciudadanos que no viajen a Cuba debido a la escasez de combustible.
.“Rossiya Airlines operará únicamente vuelos de regreso desde La Habana y Varadero a Moscú para garantizar la repatriación de los turistas rusos”, comunicó la filial de la aerolínea de bandera rusa Aeroflot.
Varias grandes compañías aéreas rusas informaron que evacuarán a sus ciudadanos del país caribeño, unos 4.000 actualmente.
Entre ella, Nordwind anunció la sus vuelos una vez lleve a cabo la repatriación a los turistas desde las localidades de Varadero, Holguín y Cayo Coco.
Air Canada ya había anunciado esta semana la suspensión de sus vuelos a Cuba, como consecuencia
Rusia es la principal fuente de turistas a la isla después de Canadá.
El embajador de Estados Unidos en La Habana dijo que hay conversaciones entre el gobierno de Cuba y la Casa Blanca para organizar una transición al estilo de la que se hizo en Venezuela con Delcy Rodríguez.
En una entrevista con Noticias Telemundo, Mike Hammer habló sobre los planes de Washington para Cuba.
“– Embajador: Eso se tiene que hacer de la manera que lo estamos haciendo. Yo solo te pongo el ejemplo de Venezuela, ¿qué ha pasado ahí? ¿De dónde salió Delcy Rodríguez y cómo se han movido las cosas? Bueno vamos a ver.
– Periodista: ¿Quién es la Delcy Rodríguez en Cuba?
– Embajador: ya sabes que no te puedo. Buena pregunta, la aprecio, buen periodista”.
El gobierno de Donald Trump aseguró que la incursión por la frontera de un dron de un cártel mexicano obligó al cierre temporal de un aeropuerto en Texas, pero legisladores y reportes de prensa sugirieron que la razón fue el uso inadvertido de un láser antidrones del Pentágono.
La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que el espacio aéreo sobre la ciudad de El Paso, en la frontera sur de Estados Unidos con México, se cerraba por 10 días, por "razones de seguridad", pero levantó la restricción solo horas después del anuncio.
Todas las aerolíneas tuvieron que suspender sus vuelos hacia o desde El Paso, fronteriza con la mexicana Ciudad Juárez.
"Esta decisión innecesaria ha causado caos y confusión en la comunidad de El Paso", criticó el alcalde de esa ciudad, Renard Johnson, en rueda de prensa.
El alcalde aseguró que no hubo coordinación con las autoridades locales, y que ese tipo de decisión "no había ocurrido desde el 11 de setiembre" de 2001, cuando tuvieron lugare los ataques yihadistas en Estados Unidos.
El secretario de Transportes, Sean Duffy, señaló en redes sociales que el regulador de la aviación civil estadounidense (FAA) y el Pentágono "reaccionaron rápidamente para hacer frente a una incursión de drones pertenecientes a un cártel",
Pero la legisladora demócrata Verónica Escobar, cuya jurisdicción electoral incluye El Paso, cuestionó las explicaciones oficiales, y dijo que esa no fue la versión que recibieron en el Congreso.
Más tarde surgieron reportes en medios de comunicación locales de que pruebas del gobierno federal con tecnología antidrones, realizadas en una base aérea contigua al Aeropuerto Internacional de El Paso, fueron el motivo del cierre de toda el área a todos los vuelos civiles.
Citando fuentes gubernamentales, CBS informó que la administración de aviación civil cerró el espacio aéreo en medio de una disputa sobre si era seguro probar esa tecnología tan cerca del aeropuerto.
La Armada de México y la Guardia Costera de Estados Unidos incautaron 188 bultos de cocaína en una "operación coordinada" en el océano Pacífico, informó la Secretaría de Marina mexicana.
Este inusual despliegue conjunto ocurre en medio de tensiones entre ambos países tras las advertencias del presidente estadounidense, Donald Trump, de atacar a los cárteles narcotraficantes por tierra y luego de bombardeos de Washington contra lanchas supuestamente utilizadas para el trasiego de drogas en el Caribe.
La operación se realizó "bajo el marco de cooperación bilateral" y "más allá de la Zona Económica Exclusiva", es decir, fuera de las aguas territoriales de México, detalló la Marina mexicana, que no precisó la cantidad de cocaína decomisada.
Durante su reunión de ayer con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el presidente Donald Trump insistió en continuar las negociaciones con Irán. Netanyahu, en cambio, pidió una postura más dura de Washington sobre Teherán.
"No se ha tomado ninguna decisión definitiva, salvo que insistí en que las negociaciones con Irán continuarán para ver si es posible o no llegar a un acuerdo", dijo Trump en sus redes tras recibir a su aliado israelí en la Casa Blanca por más de dos horas. "Mientras sea posible negociar, le indiqué al primer ministro que esa será mi preferencia", añadió.
El líder israelí, que visita por sexta vez Estados Unidos en este segundo mandato del republicano, reclama que las negociaciones incluyan también el programa de misiles de Teherán y no solo el tema nuclear. Según un comunicado de su oficina, Netanyahu reiteró las necesidades de seguridad de Israel en el marco de las negociaciones entre Washington y Teherán.
Horas antes del encuentro, Trump afirmó que evalúa enviar un segundo portaaviones a Oriente Medio para aumentar la presión sobre Teherán.
Ucrania solo celebrará elecciones una vez que obtenga "garantías de seguridad" y "un alto el fuego" con Rusia, afirmó el presidente Volodimir Zelenski.
"Pasaremos a las elecciones cuando estén todas las garantías de seguridad necesarias", dijo Zelenski a periodistas en una rueda de prensa en línea.
"Es muy sencillo de hacer: instaurar un alto el fuego y habrá elecciones", añadió.
Si Rusia está de acuerdo, podría ser posible "poner fin a las hostilidades para el verano", dijo Zelenski.
El diario Financial Times aseguró que Ucrania considera celebrar elecciones presidenciales y un referéndum sobre un potencial acuerdo de paz con Rusia antes de mediados de mayo por presión estadounidense.
Zelenski desmintió que Washington hubiera amenazado con no garantizar su seguridad si Ucrania se negaba a convocar elecciones.
Rusia avisó que replicará con medidas de tipo militar si occidente refuerza su presencia castrense en Groenlandia.
Varios países europeos han enviado pequeños contingentes de tropas a Groenlandia en las últimas semanas, después de que el presidente estadounidense Donald Trump declarara que desea anexionarse la isla ártica.
"Evidentemente, si se da una militarización de Groenlandia y la creación de capacidades militares que apunten a Rusia, responderemos con las medidas adecuadas, incluyendo medidas técnico-militares", dijo el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, en un discurso al Parlamento.
Groenlandia, con unos 57.000 habitantes, es un territorio autónomo de Dinamarca desde hace décadas.
El mes pasado, Trump dio marcha atrás en sus amenazas de apoderarse de Groenlandia tras afirmar que había alcanzado un "acuerdo marco" con el jefe de la OTAN, Mark Rutte, para garantizar una mayor influencia estadounidense.
En Colombia, la fiscalía señaló a una disidencia de la extinta guerrilla FARC como presunta responsable del secuestro por algunas horas de una senadora izquierdista y destacada líder indígena, según un comunicado.
La legisladora Aida Quilcué, integrante del partido del presidente Gustavo Petro, fue raptada luego de que hombres armados interceptaran la camioneta en la que se desplazaba en el departamento del Cauca, donde operan los rebeldes.
Tras unas tres horas y media, los captores la dejaron en libertad al advertir la presencia de un grupo de indígenas que la buscaba.
La Fiscalía afirmó ayer que una de las disidencias de las FARC que no firmó el acuerdo de paz de 2016 "sería la responsable de lo sucedido".
Se trata de una estructura que hace parte del Estado Mayor Central comandado por alias Iván Mordisco, uno de los jefes rebeldes más buscados del país y quien le declaró la guerra al presidente Gustavo Petro.
El país celebrará las elecciones legislativas el 8 de marzo y la primera vuelta presidencial el 31 de mayo.
El principal candidato de la derecha de Colombia declaró a la AFP que en sus primeros 90 días en el cargo implementaría una ofensiva aérea respaldada por Estados Unidos e Israel para doblegar a los carteles de la cocaína.
Hablando en su sede de campaña en Bogotá, Abelardo de la Espriella aseguró que implementaría un "plan de choque" para recuperar el control de las zonas bajo el mando de guerrillas y narcos, con bombardeos y fumigaciones, sin descartar el uso de aviones de guerra estadounidenses.
La idea es "empezar de manera inmediata con los bombardeos a los campamentos narcoterroristas y con la fumigación", dijo el abogado de 47 años.
En Canadá, la policía determinó que una mujer transgénero de 18 años fue la autora del ataque a balazos en un pueblo minero del oeste del país, con saldo de ocho muertos, incluida la madre y el hermano de la atacante.
La atacante fue identificada como Jesse Van Rootselaar, una mujer transgénero con antecedentes de problemas de salud mental.
Esta persona se quitó la vida después de disparar contra su madre y su hermanastro en una vivienda, y luego contra otras seis personas -incluyendo cinco menores- en la escuela secundaria local.
Unas 25 personas también resultaron heridas, algunas de las cuales siguen entre la vida y la muerte.
La policía no ha determinado aún el móvil del ataque.
Esta tragedia es una de las más mortales del país, tras un tiroteo masivo de 2020 en Nueva Escocia que se cobró 22 vidas y condujo a la prohibición de muchas armas de asalto.
Al caer la noche en la localidad canadiense de Tumbler Ridge, cientos de personas se congregaron en la plaza principal para encender velas en memoria de las víctimas.
EN NUESTRA REGIÓN
En Argentina, un grupo de personas lanzó piedras y bombas molotov contra policías antidisturbios frente al Congreso argentino y los uniformados respondieron con gases y camiones hidrantes, cuando miles de manifestantes protestaban contra una reforma laboral que se debate en el Senado.
Los individuos rompieron veredas y lanzaron piedras contra los policías que acordonaban el Congreso en el centro de Buenos Aires, en momentos en que los senadores debaten una ley impulsada por el presidente Javier Milei para flexibilizar la legislación laboral.
En la plaza del Congreso se escucharon decenas de detonaciones de gases y un policía y un manifestante resultaron heridos.
El proyecto de ley reduce indemnizaciones, facilita el despido, limita el derecho a huelga, permite pagos en especie y habilita al empleador a exigir el fraccionamiento de las vacaciones, entre otras propuestas que la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera del país, considera "regresivas".
Representantes de sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos se manifestaban en las inmediaciones con carteles como "Frenemos la reforma laboral de Milei", pero muchos se alejaron de la plaza expulsados por los gases al canto de "Unidad de los trabajadores" y llamando a paro general.
El gobierno confía tener los apoyos suficientes para conseguir el voto de los senadores, y de ser aprobado el proyecto irá a la cámara baja.
En Santa Fe, el gobierno de la provincia anunció que reincorporará a los policías que había separado de la fuerza por rebelarse para reclamar aumentos salariales y mayor atención a problemas de salud mental.
El ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, instó a "quienes hubieran sido objeto de medidas administrativas" a que "tomen el arma, tomen el chaleco y de inmediato se reintegren al servicio ordinario de la policía de Santa Fe"
"Esto va a implicar obviamente que en lo inmediato van a salir de la situación de disponibilidad en la que habían sido preventivamente colocados", añadió.
Tras el anuncio del ministro, frente a la jefatura de policía de Rosario aún continúan las protestas con decenas de agentes policiales que hacen sonar sus sirenas, neumáticos encendidos y caravanas de patrulleros y motos que se acercan entre aplausos a la protesta.
El gobierno había anunciado el martes que 20 uniformados habían sido suspendidos a raíz de la protesta, aunque los manifestantes sostenían que eran más de 60 los sancionados.
En Bolivia, afirman que el expresidente Evo Morales se encuentra en su feudo cocalero en el Chapare, tras semanas de dudas sobre su paradero y mientras enfrenta una orden de detención.
El exmandatario no ha participado en actos públicos ni en su programa radial habitual desde el 8 de enero, cuando un helicóptero sobrevoló la zona del Chapare con funcionarios de la agencia antinarcóticos estadounidense DEA a bordo, en una operación de observación contra el narcotráfico, según el gobierno.
Partidarios de Morales han expresado temor ante una eventual captura y su posible extradición a Estados Unidos bajo acusaciones de narcotráfico, como pasó con Nicolás Maduro en Venezuela.
Sobre Morales pesa una orden de detención desde 2024 por un caso de trata de una menor, acusación que él rechaza. Desde entonces permanece en el Chapare, resguardado por sus partidarios.
En Brasil, una nueva encuesta de la consultora Quaest divulgada ayer encendió las alarmas en el Planalto y dejó claro que la carrera por la presidencia ya arrancó.
Si bien Luiz Inácio Lula da Silva sigue liderando, los números muestran un síntoma de fatiga: el 49% de los brasileños desaprueba su gestión. En la vereda de enfrente, Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente, se consolida como el principal adversario al actual mandatario para los comicios de octubre. En un eventual balotaje, la diferencia con Lula cayó a solo cinco puntos. Esa distancia estaba en 10 puntos porcentuales en diciembre, en el sondeo anterior.
Este margen permitió que el senador aprovechara para marcar la cancha en sus redes sociales:
"Gracias a todos los que creen en un Brasil de prosperidad", publicó Flavio en X. "Vamos a luchar hasta el fin para que cada brasileño tenga un futuro de bienestar". Es un discurso que apunta directo al bolsillo de una clase media que, según la encuesta, siente que la economía está estancada.
Para entender este fenómeno, hay que ver qué dicen los números sobre la calle.
La encuesta es tajante: el 43% de los brasileños afirma que la situación económica del país empeoró en los últimos 12 meses, una cifra que se mantiene estancada desde enero. Apenas un 24% percibe una mejora, mientras que un 30% siente que las cosas siguen igual. Además, el fantasma de la inflación no da tregua: el 60% notó un aumento en el precio de los alimentos durante el último mes, y un abrumador 64% siente que su poder de compra hoy es menor que hace un año.
Lindbergh Farias, líder del Partido de los Trabajadores de Lula en la Cámara de Diputados, salió al cruce para bajar la euforia bolsonarista. Para Farias, esta aproximación en las encuestas es puramente "coyuntural" y no cambia el fondo de la cuestión.
En un posteo muy duro, el líder petista afirmó:
"Lo que está en juego es derrotar al fascismo. La encuesta muestra que no existe tercera vía: la disputa es directa entre la reconstrucción del país y el mismo proyecto autoritario que atacó las urnas y fletó con el golpe".
Mientras el bolsonarismo intenta instalar una narrativa de "prosperidad y futuro", el PT se planta en la "defensa de las instituciones" y los resultados sociales.
Sin embargo, el dato que debería preocupar al gobierno es que el 57% de los consultados cree que Lula no merece un nuevo mandato. Incluso las expectativas a futuro se están enfriando: el optimismo de que la economía mejorará cayó del 48% en enero al 43% en febrero.
El desafío del oficialismo es transformar esa "defensa de la democracia" en mejoras tangibles en la vida cotidiana.
Con una diferencia que se acorta y una economía que no termina de convencer a todos, Brasil se encamina a un 2026 que, más que una elección, parece un plebiscito sobre el destino mismo del país.
La Policía Federal pidió formalmente apartar al juez del Supremo Tribunal, Dias Toffoli, de una investigación de alto voltaje.
Se trata de una investigación sobre un presunto esquema de corrupción y maniobras fraudulentas vinculadas al Banco Máster, que fue declarado insolvente y liquidada. Ahora la sospecha de la policía es que Daniel Vorcaro, presidente de la entidad con vínculos con altos políticos en la capital, giró sobornos a Toffoli para favorecer los intereses de la entidad en los tribunales, según se desprende de los mensajes.
¿Por qué este pedido ahora? La clave está en el celular de Daniel Vorcaro, dueño del banco. El peritaje, que terminó anoche, reveló estos mensajes que son una verdadera bomba.
La magnitud es tal que los investigadores ya comparan el volumen de información con las delaciones de Odebrecht en los tiempos del Lava Jato.
Desde el despacho de Toffoli la respuesta fue tajante: califican el pedido de la policía como un conjunto de "inventos e inferencias" sin pruebas reales.
La tensión es máxima. Lo que está en juego hoy no es solo un nombre, sino la credibilidad del máximo tribunal de Brasil.
(Marcelo Silva de Sousa, corresponsal desde Brasil)
