Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
NACIONALES
En las elecciones del Casmu, que tuvieron lugar ayer, se impuso por amplia mayoría la lista 1, identificada con la oposición a la gestión actual de la institución. Según dijeron a Búsqueda esta madrugada desde el comando de la agrupación ganadora, El Casmu que Queremos, las diferencias eran “indescontables”.
De esta forma, Domingo Beltramelli será el presidente del tercer prestador privado de salud del país en número de socios hasta 2028.
Aunque todavía faltaba completar el conteo, no se descartaba la posibilidad de que El Casmu que Queremos consiguiera hasta cuatro de los cinco cargos electivos en el directorio.
La nota señala que este resultado supone una verdadera sorpresa, ya que en la previa se barajaba como más probable que Raúl Rodríguez, de Casmu Primero, la lista 1935, presidente desde 2019, fuera electo para un tercer período consecutivo.
Beltramelli se había mostrado crítico con la actual conducción y había señalado que la situación de la mutualista es compleja, que no hay presupuesto, ni flujo de caja proyectado. También señaló que hay grandes deudas con prestamistas.
Las elecciones se dieron en un contexto muy particular. El Ministerio de Salud Pública (MSP) había decidido la intervención del Casmu por un año el 29 de julio de 2024, en la anterior administración, por su crítica situación financiera. La medida fue renovada en el actual gobierno, ley mediante, por un año más.
El último informe de los interventores, elevado el 30 de junio pasado, fue declarado confidencial por las autoridades. Esta decisión fue cuestionada por la oposición interna del Casmu, que sostuvo que los médicos capitalizadores iban a votar sin saber la real situación interna de la institución.
OTROS TEMAS QUE SE DESTACAN EN EL PANORAMA NACIONAL
Luego de la comparecencia del ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, ayer en la Comisión de Presupuesto, legisladores del Partido Nacional y Colorado denunciaron que el artículo 468 del proyecto introduce un “impuesto encubierto” a los productos fitosanitarios, al extender el Imesi con un monto que podría alcanzar las 25 Unidades Indexadas por litro o kilo. Según señalaron, se trata de una carga tributaria que encarece la producción agropecuaria y no tiene un destino claro.
El diputado colorado Walter Cervini dijo que la medida está “lejos de ser una herramienta ambiental y más cerca de la recaudación pura”. En la misma línea, el nacionalista Sebastián Andújar sostuvo que no hay evidencia de que impuestos de este tipo desestimulen el uso de plaguicidas y que, en realidad, “es otra carga fiscal sobre el campo”.
“Este es un impuesto que recae sobre los productores de agroquímicos y que, a su vez, va a caer sobre los productores agrícolas y el consumidor, en los precios de frutas, hortalizas y otros productos agropecuarios que terminará pagando la gente. También nos parece un impuesto desmedido, caro, y además tenemos que sumar que no sabemos cuál va a ser el destino de los fondos que se recauden”.
Ortuño respondió que no se trata de un impuesto recaudatorio sino de un “instrumento económico ambiental”, comparable a las medidas para promover autos eléctricos o reducir el uso de bolsas plásticas. Aclaró que la norma apunta únicamente a plaguicidas de alta peligrosidad, identificados por la Organización Mundial de la Salud, y que su objetivo es desestimular químicos contaminantes que ya generan rechazos en mercados internacionales.
“No va a perjudicar al sector productivo. No está pensado para encarecer el trabajo del sector, sino para promover nuestro mejor acceso a los mercados internacionales, cada vez más exigentes en relación al uso de plaguicidas contaminantes. Ya ha habido experiencias, por ejemplo con naranjas que tuvieron que volver al país por no cumplir estos requerimientos. Por lo tanto, está la apuesta al trabajo conjunto”.
El ministro defendió además que el Presupuesto fortalece la institucionalidad ambiental y prioriza dos áreas: el agua y la gestión de residuos. Destacó la creación de un sistema nacional de información hídrica para anticipar sequías e inundaciones, así como el trabajo con intendencias para avanzar en reciclaje, valorización de desechos y cierre de vertederos a cielo abierto.
En cuanto a infraestructura, Ortuño ratificó que la construcción de la represa de Casupá es “imprescindible” para garantizar reservas de agua dulce al área metropolitana. Dijo que el proceso de evaluación ambiental se hará “con la mayor rigurosidad”, con estudios de OSE, la Dinacea y la Universidad de la República. Desde la oposición, sin embargo, Sebastián Andújar cuestionó la falta de previsiones presupuestales para esa obra y advirtió que las inversiones previstas en cierre de vertederos son menores a las del período anterior.
El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, descartó la propuesta de instalar una toma de agua en Juan Lacaze como alternativa a la represa de Casupá. La iniciativa había sido planteada por la Junta Departamental de Colonia y respaldada por un informe del exgerente de OSE, Arturo Castagnino.
Ortuño explicó que la opción del Río de la Plata aportaría solo 200 mil metros cúbicos diarios, cuando Montevideo y el área metropolitana consumen 600 mil. Además, advirtió que la calidad del agua se vería afectada por la distancia de transporte y que el proyecto tendría un costo mayor al previsto por el gobierno.
Según el ministro, la represa de Casupá y la segunda planta potabilizadora que se prevé construir en Aguas Corrientes garantizarán el abastecimiento total de la población con un costo de 350 millones de dólares, frente a los 400 millones que demandaría la alternativa de Juan Lacaze.
La Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda recibió ayer al Ministerio de Desarrollo Social, encabezado por Gonzalo Civila. El ministro destacó que el Mides fue priorizado en el proyecto presupuestal con medidas como el aumento del 50% en el Bono Crianza, la creación de una canasta de higiene menstrual y más recursos para atender y prevenir la situación de calle. También resaltó un refuerzo para el Instituto Nacional de las Mujeres en la atención a la violencia de género y la trata de personas.
Desde la oposición hubo señales mixtas. La diputada nacionalista Fernanda Auersperg valoró que el Mides conserve un peso similar al del quinquenio anterior y que no llegue con “ánimos refundacionales”. Sin embargo, advirtió que preocupa el crecimiento sostenido de las transferencias monetarias, porque implican más beneficiarios en lugar de menos. Civila respondió que la ampliación es necesaria porque “hay necesidades muy grandes”, y aclaró que los recursos no son solo asistenciales, sino también para propuestas socioeducativas y sociolaborales.
En la misma línea, el diputado blanco Sebastián Andújar sostuvo que su partido votará los artículos del inciso del Mides, incluso con disposición a sumar recursos adicionales. Reconoció que el ministerio concentra el mayor crecimiento en este presupuesto y que las prioridades están bien orientadas, aunque pidió esperar resultados de gestión. Ante estas declaraciones, la diputada frenteamplista Inés Cortés cuestionó lo que calificó como “doble discurso” de la oposición, al apoyar el refuerzo del Mides pero rechazar los nuevos impuestos que permiten financiar esas políticas.
La Universidad de la República (UdelaR) comparecerá este jueves en la Comisión de Presupuestos de Diputados para exponer sobre su solicitud presupuestal y el incremento asignado por el Poder Ejecutivo. Como en anteriores instancias, la insititución adelantó su disconformidad con lo propuesto y la Intergremial Universitaria convocó a una concentración frente al Palacio Legislativo.
La Asociación de Docentes de la Udelar resolvió un paro parcial de 9 a 13 horas para facilitar la participación en la movilización, citada a las 10 en la plaza Primero de Mayo. Los reclamos principales apuntan a mejoras salariales para los sectores más sumergidos, nuevas contrataciones de docentes y funcionarios, y recursos para sostener la expansión en el interior.
En paralelo, a las 17.30 se realizará en el Paraninfo de la Udelar la charla “Redistribución de la riqueza y presupuesto educativo”, con un panel de docentes de distintas facultades. Además, ADUR retomó su convención y analiza nuevas medidas de lucha, incluida la posibilidad de una huelga en las próximas semanas si no hay avances en el Parlamento.
El Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) realizó el martes su Desayuno de Coyuntura, al que asistieron empresarios, políticos y periodistas. Bajo el lema “Un presupuesto frágil. Incertidumbre, cambios de reglas y límites al crecimiento”, el director ejecutivo Agustín Iturralde advirtió sobre la debilidad del proyecto presentado por el gobierno de Yamandú Orsi.
Iturralde cuestionó la modificación de la regla fiscal, que elimina el tope al aumento del gasto y fija un ancla de deuda de 75% del PIB. A su juicio, esto otorga mayor flexibilidad en los primeros años y deja un marco más restrictivo para el próximo gobierno, debilitando la capacidad de reacción ante eventuales shocks externos.
Además, el director del CED expresó dudas sobre las proyecciones oficiales de crecimiento e inversión, que consideró optimistas, y advirtió que la estrategia fiscal se basa casi exclusivamente en más impuestos y en una mayor recaudación de la DGI. Afirmó que “el Presupuesto descansa sobre supuestos optimistas y frágiles”, y señaló que la deuda pública podría aumentar en cinco puntos del PIB, lo que forzaría nuevos ajustes fiscales en el mediano plazo.
El subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, afirmó que el presupuesto presentado el 31 de agosto es “el más austero” de los elaborados por gobiernos del Frente Amplio. Explicó que la restricción responde a un déficit fiscal “de magnitud inédita en un primer año de gobierno”, heredado de la administración anterior, lo que obliga a avanzar con cautela en el cumplimiento de los 63 compromisos programáticos.
El jerarca fue entrevistado ayer en el programa Desayunos Informales, de Canal 12. Sobre las proyecciones, señaló que el Ministerio de Economía estima un crecimiento de 2,4% anual en promedio hasta 2029 y una baja del déficit de 4,1% a 2,6%. Frente a las críticas opositoras por considerarlas “optimistas”, sostuvo que son “realistas y alcanzables”, en línea con el Banco Central, analistas privados y organismos internacionales.
También se refirió a la frase que lanzó en un comité de base del Frente Amplio (FA), el 25 de agosto, cuando dijo que el programa de la coalición de izquierda “es impagable”. Sostuvo que, de haber sabido que sus declaraciones iban a trascender, hubiera sido "un poco más cuidadoso", pero respaldó "el mensaje" que quiso dar. Vallcorba dijo que con su comentario pretendía aclarar que “las bases programáticas no estaban concebidas para ser un programa que se implementa en un período de gobierno”, sino como “una orientación estratégica de mediano plazo, y hace referencia en varias partes a períodos de diez años o más”.
Consultado por la creación del impuesto mínimo complementario para zonas francas, explicó que no se trata de una iniciativa aislada, sino de la adaptación a las nuevas reglas de la OCDE, que obligan a las multinacionales a tributar al menos 15% en cualquier parte del mundo. “Si no lo pagan en Uruguay, lo van a pagar en la casa matriz”, apuntó.
OTROS TEMAS QUE SE DESTACAN
La Corte Electoral comenzó a analizar la situación del intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, luego de que la Justicia lo imputara por siete delitos de corrupción. En su sesión de este miércoles, el organismo resolvió derivar el caso a la Comisión de Asuntos Electorales, que deberá elaborar un informe antes de que el pleno decida si corresponde suspenderle la ciudadanía.
El ministro de la Corte, José Korzeniak, explicó a Búsqueda que la comisión no tiene plazos fijados, pero “no podrá demorarse mucho”. En caso de que se confirme la suspensión, Besozzi perdería la ciudadanía y no podría continuar al frente de la comuna.
El intendente está acusado de peculado, tráfico de influencias, concusión, omisión de denunciar delitos, cohecho simple, abuso de funciones y cohecho calificado, todos delitos con penas de penitenciaría. La definición sobre si la formalización basta para suspender la ciudadanía está en discusión, ya que mientras la Fiscalía y el Tribunal de Apelaciones sostienen que sí, la jueza de la causa y la defensa de Besozzi entienden que solo corresponde tras una condena firme.
La Justicia mantiene la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y la prohibición de salir del país, aunque en julio levantó la restricción que le impedía ingresar a la Intendencia, lo que le permitió reasumir funciones como intendente.
El intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, se reunió ayer con el presidente Yamandú Orsi en la residencia de Suárez y Reyes.
Según fuentes políticas citadas por Subrayado, dialogaron sobre proyectos departamentales como dos terminales portuarias, una con capitales paraguayos y otra con capitales argentinos, que incluiría además una zona franca. También estuvo sobre la mesa la idea de construir un nuevo puente binacional para unir Punta Chaparro en Uruguay con Punta Carbón en Argentina.
El encuentro ocurrió en la antesala de que la Corte Electoral defina si Besozzi debe o no ver suspendida su ciudadanía, lo que pondría en riesgo su continuidad al frente de la Intendencia.
El Senado aprobó este miércoles por unanimidad la designación de Luis Calabria como integrante del directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). La votación, considerada “grave y urgente”, contó con 25 votos en 25 senadores presentes y permitió completar la integración del organismo junto a la presidenta, Ana Ferraris, y el vicepresidente, Alfredo Asti.
Calabria, dirigente del Partido Nacional, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Fue prosecretario del Senado y director general de Secretaría del Ministerio del Interior durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. Renunció a ese cargo tras conocerse que había utilizado el Hospital Policial para una consulta médica, algo que los civiles no tienen permitido. Tiempo después, pasó a un rol de asesor en Presidencia de la República.
Su ingreso a la Jutep lo obligará a dejar de lado la actividad partidaria y, según informó El País, también su participación en los diálogos por seguridad pública convocados por el Ministerio del Interior. Uno de los primeros asuntos que deberá abordar será la situación del presidente de ASSE, Álvaro Danza, acusado por la oposición por presunta violación de la Constitución al trabajar en el ámbito público y privado a la vez.
El Senado aprobó este miércoles el nombramiento de Juan Raúl Ferreira como embajador de Uruguay ante la Santa Sede, con 24 votos a favor y 6 en contra. La venia fue tratada como “grave y urgente” para que el nombramiento esté vigente antes del viaje que el presidente Yamandú Orsi realizará en octubre al Vaticano para reunirse con el papa León XIV.
La decisión estuvo rodeada de críticas de legisladores blancos y colorados. El senador nacionalista Sebastián da Silva calificó la designación como un “favor político” y cuestionó lo que llamó el “fetiche” del oficialismo con el hijo de Wilson Ferreira Aldunate. El colorado Pedro Bordaberry, por su parte, rechazó el nombramiento por considerar que se trata de un nuevo caso de embajador político y no de carrera diplomática.
Ferreira agradeció la confianza del gobierno y señaló que su misión buscará fortalecer los vínculos bilaterales y, al mismo tiempo, proyectar internacionalmente a Uruguay a través del Vaticano. Destacó además que el cargo puede servir como plataforma para contactos multilaterales y para reforzar la presencia del país en temas globales como la paz.
La Comisión de Salud del Senado comenzó el tratamiento del proyecto de ley de eutanasia, ahora denominado de “muerte digna”, y aprobado en Diputados.
En la primera instancia se recibió a tres colectivos: Madrinas por la Vida, Prudencia Uruguay y la Comisión Honoraria de la Discapacidad, que planteó dudas sobre la falta de apoyos alternativos para personas en situación de dependencia.
La presidenta de la comisión, la senadora frenteamplista Patricia Kramer, señaló que se prevén sesiones extraordinarias para atender todas las audiencias. En diálogo con la diaria, dijo que el objetivo es terminar esa etapa en setiembre y pasar al debate del articulado, con la voluntad del Frente Amplio de aprobar la ley antes del ingreso del Presupuesto.
Desde la oposición, el senador colorado Robert Silva respaldó esa idea y confió en que también se sumen votos del Partido Nacional. Recordó que la falta de reglamentación de la ley de cuidados paliativos era uno de los principales argumentos en contra, pero sostuvo que, con ese proceso ya en marcha, se está “en condiciones de aprobar” la ley de muerte digna.
PAIS, el sector del Frente Amplio (FA) que integraba la secretaria de Derechos Humanos, Colette Spinetti, le retiró a la jerarca su apoyo y confianza política, debido a "diferencias sobre algunas decisiones políticas" que tomó en el desempeño de su gestión.
La decisión, adoptada días atrás, se conoció este miércoles.
El secretario general del sector, Miguel Sejas, firmó este lunes una declaración dirigida al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, comunicando la decisión.
Spinetti, mujer trans de extensa trayectoria en el activismo por los derechos del colectivo LGTB, fue la impulsora del evento que se celebró en el auditorio del edificio anexo de Torre Ejecutiva –titulado "Hacia el fortalecimiento de los Derechos Humanos de las personas LGBTIQ+: territorios diversos"– y contó con una performance artística de la drag queen Negrashka Fox que generó críticas.
La performance fue paga, aunque Spinetti prefirió en diálogo con El Observador no especificar el monto y aseguró que se trató de algo "simbólico".
Dentro del sector PAIS, en tanto, apuntaron a El Observador la discrepancia con "gastos excesivos" asociados a reuniones que organiza la Secretaría de Derechos Humanos –por ejemplo en los servicios de catering– y en el "número de viajes y personas" de delegaciones que integran las salidas al interior.
La decisión de retirar la confianza a Spinetti fue previa a la performance artística que generó polémica.
En la declaración que se hizo pública, el sector –que hizo un acuerdo en las pasadas elecciones con el Movimiento de Participación Popular (MPP)– aclara que el nombramiento de Spinetti al frente de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia no fue propuesto por la agrupación.
"Queremos dejar especial constancia que, el nombramiento de la mencionada compañera, a cargo de la Secretaría de DDHH de Presidencia, es una designación que ha sido realizada desde el gobierno en el ejercicio de sus legítimos derechos. Sin perjuicio de ello, nos interesa dejar establecido a título expreso, que nuestro sector, no propuso, ni expresó opinión respecto al cargo que le fuera adjudicado", afirma la carta.
Y agrega que, seis meses después de instalado el gobierno, es "necesario" expresar las "amplias diferencias" que existen entre el sector y Spinetti, en relación a "algunas decisiones políticas tomadas por la compañera, en la gestión que viene llevando adelante".
"Por lo expuesto, queremos dar cuenta que la Prof. Collette Spinetti no nos representa y estamos retirándole nuestro apoyo y confianza política", sostiene el texto.
Por último, reivindica el aporte financiero que los cargos de gobierno deben hacer al Frente Amplio. "Es ética y moralmente una obligación que cada compañero o compañera debe asumir de manera ineludible", afirmaron.
Según supo El Observador, en el sector existe malestar por el incumplimiento de este compromiso de parte de Spinetti.
El diputado colorado, Felipe Schipani, informó que desde su partido plantearán que se convoque al Parlamento a Colette Spinetti.
En sus redes sociales, Schipani comunicó: "A raíz de la información que ha trascendido sobre cuestionamiento a la gestión de Collette Spinetti, vamos a plantear en la bancada del Partido Colorado que se convoque con urgencia a la Secretaria de Derechos Humanos al Parlamento, para que brinde explicaciones. Son muy graves las consideraciones que hace su sector político, que derivaron en su expulsión. Se habla de gastos y contrataciones inapropiadas".
La consultora Factum presentó esta semana una encuesta sobre cómo evalúan los uruguayos la actuación del gobierno y de la oposición. El resultado principal muestra que la mayoría, un 54%, considera que ninguno de los dos está actuando mejor en este período.
Según el estudio, presentado en VTV Noticias, ante la pregunta: "¿A quién está viendo actuar mejor en este período: al gobierno, la oposición o ninguno de los dos?", señaló al gobierno un 31% y a la oposición un 10%, mientras que prefirió no opinar el 6%. Para Factum, estos números reflejan una “prevalencia del dialoguismo” y un bajo apoyo a la confrontación, aunque también evidencian una fuerte disconformidad con la oposición.
Entre votantes del Frente Amplio, cree que el gobierno de Orsi actúa mejor un 60%, pero un tercio no ve diferencias con la oposición. Entre votantes de la Coalición Republicana, destaca a la oposición el 22%, mientras que casi 7 de cada 10 no ven a ninguno de los dos desempeñándose mejor. La encuesta se realizó entre el 21 de julio y el 4 de agosto con 900 entrevistas por teléfono celular en todo el país.
Se presentó oficialmente ayer la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, una organización civil integrada por profesionales de todas las áreas, que busca fortalecer al sector. Entre sus cometidos estarán la creación de los premios nacionales de cine y la designación de las películas que representarán a Uruguay en festivales internacionales.
La ministra interina de Educación y Cultura, Gabriela Verde, destacó que la academia promoverá la industria creativa y ofrecerá a los jóvenes un espacio para mostrar al mundo la identidad uruguaya. A su vez, la presidenta de la Agencia del Cine y el Audiovisual, Gisella Previtali, subrayó que se trata de una herramienta estratégica para consolidar y proyectar al cine nacional.
Al crear una academia de cine, Uruguay se sumó a países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. El vicepresidente de la institución, Jorge Temponi, recordó que el acta fundacional se firmó el 30 de julio y que ya cuenta con 194 socios, comisión directiva y estatutos aprobados.
ECONOMÍA Y EMPRESAS
El Poder Ejecutivo autorizó este miércoles la compra de Movistar Uruguay por la multinacional Millicom, cuya marca comercial es Tigo. La resolución fue firmada por el presidente Yamandú Orsi y la ministra de Industria, Fernanda Cardona, luego de que la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) y la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual (Dinatel) dieran su aval y la asesoría jurídica del ministerio no planteara objeciones.
La operación, anunciada en mayo, supone la venta del 100% de Telefónica Móviles de Uruguay por unos 440 millones de dólares. Movistar es el segundo operador móvil del país, con cerca del 29% de los accesos. Telefónica ya había concretado la salida de varios mercados de la región, entre ellos Argentina, Perú y Colombia, como parte de su estrategia de reducir exposición en Hispanoamérica.
Tigo, que opera en América Latina y África, planea aprovechar sinergias con sus filiales en Paraguay y Bolivia, y anunció inversiones en infraestructura, innovación y desarrollo de talento en Uruguay. La compañía, conocida también por adquirir derechos deportivos a través de Tigo Sports en otros países, podría ser un futuro oferente en la licitación que prepara la AUF por la televisación del fútbol local.
Un informe del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES) advierte que en Uruguay se riegan actualmente menos de 100 mil hectáreas y que llevar esa superficie a más de 500 mil podría generar un impacto anual superior a 3.300 millones de dólares, equivalente al 3,5% del PIB, junto con mayores niveles de inversión, empleo y recaudación.
El documento, elaborado después de tres años de trabajo, fue publicado ayer, coincidiendo con el comienzo del trabajo de la Comisión Interministerial para Asuntos de Riego, establecida en el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2025-2029.
En el texto se destaca que el riego eleva los rendimientos de maíz en un 73% y de soja en un 38%, además de permitir un incremento de hasta 150% en la producción lechera por hectárea y mejoras notorias en la producción de carne. También proyecta que la expansión del riego impulsaría un mayor consumo de energía eléctrica por unos 100 millones de dólares al año y una recaudación fiscal adicional de 60 millones de dólares, generados por el aumento de la actividad.
Las principales barreras para avanzar en esta línea, según múltiples conversaciones con actores clave, han sido los altos costos iniciales, la falta de incentivos adecuados, problemas de gobernanza y coordinación, y demoras en la aprobación de proyectos.
El Presupuesto dispone la creación de la Comisión Ejecutiva Interministerial para Asuntos de Riego, que funcionará en la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), bajo la órbita de Presidencia y liderada por el exministro Tabaré Aguerre. Su cometido será coordinar y acelerar proyectos, con medidas como priorizar el riego en la estrategia de UTE, extender beneficios de COMAP a productores que tributan por IMEBA, fortalecer la Ventanilla Única de Inversiones y reglamentar la figura del operador de sistemas de riego.
En el mercado local, el dólar bajó ayer, en esta ocasión de 0,11%. El interbancario fondo operó en promedio a $39,930.
En lo que va del año 2025, el dólar lleva una baja acumulada de 9,39% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2024)
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $38,75 para la compra y $41,15 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense bajó y cerró ayer en R$ 5,301.
En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió ayer y cotizó en AR$ 1.474,50. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) también aumentó y cotizó en el entorno de los AR$ 1.490,00.
El Euro bajó frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$1,1836.
OTRAS NOTICIAS
La Justicia condenó a 12 años de prisión a los militares retirados Carlos Alberto Rossel y Glauco Yannone por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. La sentencia, dictada el lunes 15 de setiembre por la jueza Verónica Pena Molina, los responsabilizó por múltiples delitos de privación de libertad, abuso de autoridad y lesiones graves.
El fallo refiere al secuestro de Lilian Celiberti, Universindo Rodríguez y sus dos hijos pequeños en Porto Alegre, en 1978, en un operativo conjunto de militares uruguayos y brasileños en el marco del Plan Cóndor. Durante su cautiverio, Celiberti y Rodríguez fueron sometidos a torturas y simulacros de fusilamiento en distintos centros militares de Brasil y Uruguay.
La jueza desestimó los recursos presentados por la defensa y afirmó que se trata de crímenes de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles. La sentencia subraya que este tipo de delitos, cometidos por agentes del Estado en el marco del terrorismo de Estado, afectan no solo a las víctimas directas sino “a la humanidad en su conjunto”.
La Suprema Corte de Justicia condenó al médico militar Ramón Rodríguez de Armas a siete años y medio de penitenciaría por su participación en crímenes cometidos durante la dictadura. Fue hallado culpable de privación de libertad, lesiones graves y abuso de autoridad contra detenidos.
Rodríguez de Armas actuaba bajo el nombre operativo “Óscar 5” en el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y fue reconocido por varias víctimas en centros clandestinos como el SID, la casona de Punta Gorda y el 300 Carlos. También fue identificado como el médico que controló el embarazo de María Claudia García, antes de su desaparición, y que participó en torturas en el centro Automotores Orletti en Buenos Aires.
El fallo revocó la absolución inicial dictada en 2023 y amplió la condena establecida por un tribunal de apelaciones. La Corte desestimó los argumentos de la defensa y sostuvo que no se requiere que una persona haya sido detenida legalmente para tipificar el delito de abuso de autoridad contra detenidos. La decisión tuvo un voto en disidencia del ministro Tabaré Sosa, que cuestionó la solidez de las pruebas testimoniales.
La Policía encontró este miércoles el cuerpo de un hombre maniatado y amordazado en una vivienda precaria del asentamiento Corfrisa, en Las Piedras, Canelones. El hallazgo se produjo durante un operativo antidrogas en el que también se realizaron allanamientos en casas cercanas.
La fiscal Cecilia Gutiérrez indicó que el cadáver, en avanzado estado de descomposición, estaba sobre una cama junto a casquillos de bala, lo que hace presumir un episodio violento en el lugar. La víctima aún no fue identificada y se espera la autopsia para confirmar si corresponde a un hombre denunciado como desaparecido el martes.
En el procedimiento fueron detenidos un adolescente y tres adultos. Además, en una de las viviendas allanadas se incautaron drogas, y se investiga si también había estupefacientes en la casa donde fue hallado el cuerpo.
INTERNACIONALES
El ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, dijo que su país está en negociaciones con Estados Unidos para ver la manera en la que ambos países se dividirán el territorio de la franja de Gaza después de la guerra con Hamás.
“Hemos invertido mucho dinero en esta guerra”, argumentó Smotrich durante una conferencia en Tel Aviv, de acuerdo con declaraciones recogidas por los medios israelíes.
Y agregó: “Tenemos que ver cómo nos repartimos la tierra en porcentajes. La demolición es el primer paso de la renovación de la ciudad, algo que ya hemos hecho. Ahora solo necesitamos construir”.
Para Smotrich, Gaza es "una bonanza inmobiliaria" que "se paga sola".
El diario El País de España informó que, en concreto, el proyecto busca establecer en la Franja una zona de turismo y tecnología, con el objetivo de desarrollar ciudades impulsadas por inteligencia artificial.
En la ciudad de Gaza, los palestinos huyen a pie, en bicicleta, en vehículos y hasta en coches tirados por burros, blancos de una gran ofensiva del ejército israelí, cuyos bombardeos causaron decenas de muertos en todo el territorio.
Israel anunció el inicio de una gran ofensiva terrestre y aérea sobre esa ciudad con el fin de "eliminar" al movimiento islamista Hamás, cuyo ataque el 7 de octubre de 2023 en suelo israelí desencadenó la guerra en la Franja.
De día y de noche, los palestinos escapan de la mayor urbe del territorio, llevando consigo sus pocas pertenencias apiladas, tras los llamados de las Fuerzas Armadas a la evacuación.
Los militares israelíes anunciaron la apertura de "una ruta de paso temporal a través de la carretera Salah al Din", que atraviesa de norte a sur el centro de la Franja de Gaza.
No obstante, este corredor permanecerá abierto solo hasta el viernes al mediodía.
El ejército prosiguió sus bombardeos en otras zonas del territorio palestino. La Defensa Civil, que opera bajo la autoridad de Hamás, informó de al menos 64 muertos, 41 de ellos en Ciudad de Gaza.
La Reserva Federal de Estados Unidos redujo ayer sus tasas de interés de referencia por primera vez este año, en un cuarto de punto como se esperaba, debido a un mercado laboral más débil.
La Fed redujo la tasa de interés de referencia a 4-4,25% e informó que prevé dos recortes adicionales este año.
Cuando, en rueda de prensa, le consultaron sobre la incorporación al organismo encargado de la política monetaria de un asesor económico clave del presidente Donald Trump, el presidente del banco central estadounidense, Jerome Powell, subrayó que la entidad sigue "firmemente comprometida" con mantener su independencia de la política.
Solo el nuevo gobernador de la Fed Stephen Miran, cuyo nombramiento fue impulsado por el presidente -crítico de la Fed por no recortar las tasas-, votó en contra de la decisión y buscó una reducción mayor de la tasa de interés.
Tasas más bajas abaratan el crédito y fomentan así el consumo y la inversión. Pero por eso mismo también pueden empujar al alza los precios.
El comité monetario del banco central se mostró más optimista sobre el crecimiento de la economía estadounidense, que prevé en 1,6% este año frente al 1,4% que proyectaba en junio.
No hizo cambios en cuanto a sus expectativas de desempleo e inflación.
El presidente estadounidense Donald Trump fue agasajado por la monarquía británica con un suntuoso banquete en el castillo de Windsor, en el primer día de la visita de Estado a Reino Unido, lejos de Londres y de las manifestaciones en su contra.
Trump y su esposa Melania llegaron en helicóptero a Windsor, donde fueron recibidos por el heredero al trono y su esposa, quienes los acompañaron un corto trecho para encontrarse con los reyes que los esperaban.
Salvas de cañón, procesión en carruaje y ceremonia militar marcaron el inicio de esta segunda visita de Estado de Trump, tras la de 2019, en su primer mandato.
Ante unos 160 invitados al inicio del evento, el rey Carlos III elogió lo que denominó el "compromiso personal" de Trump con la búsqueda de la paz en el mundo.
Por su parte, Trump calificó la visita "uno de los mayores honores" de su vida y describió la relación entre Reino Unido y Estados Unidos como "dos notas en un mismo acorde… cada una hermosa por sí sola, pero realmente destinadas a tocar juntas".
Gran admirador de la familia real, Trump rindió homenaje a Carlos III y su "fuerza moral", a su "extraordinario hijo", el príncipe Guillermo, y a su esposa, la princesa Catalina, "tan radiante" y "tan hermosa".
Trump pasó revista a una guardia de honor en el patio del castillo, en una ceremonia militar sin precedentes, con unos 1.300 miembros del ejército británico.
Todos los actos fueron programados a puerta cerrada, lejos de las multitudes y protestas contra la visita. En la tarde del miércoles, unas 5.000 personas, según la policía, se manifestaron en el centro de Londres contra Trump.
En algunas de las pancartas se leía: "Los migrantes son bienvenidos, Trump no es bienvenido" y "No al racismo, no a Trump".
En Estados Unidos, el programa de variedades de Jimmy Kimmel saldrá del aire "indefinidamente", anunció la televisora ABC, luego de que el presentador estadounidense afirmara que parte de la derecha intenta explotar políticamente el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.
El anuncio fue de inmediato celebrado por el presidente Donald Trump, quien lo calificó como una "excelente noticia para Estados Unidos", en medio de su enfrentamiento con los medios estadounidenses y de voces críticas como la de Kimmel.
El papa León XIV envió un mensaje de tranquilidad a los católicos al descartar reformas en la doctrina frente a las mujeres diaconisas, los fieles LGBTQ+ y el matrimonio homosexual, tras la inquietudes que causó su predecesor Francisco en el sector más conservador de la Iglesia.
El pontífice estadounidense de 70 años, quien también tiene la nacionalidad peruana, repasó los retos en una entrevista en el último capítulo del libro "León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI", que saldrá a la venta hoy en Lima.
En ese reportaje, el primero que se publica tras su elección en mayo, León XIV cerró la puerta a eventuales cambios en la agenda más tradicional de la Iglesia católica.
"Me parece muy improbable, ciertamente en un futuro cercano, que la doctrina de la Iglesia cambie en términos de lo que enseña sobre la sexualidad y el matrimonio", afirmó.
León XIV también se alineó con su antecesor respecto del "papel de la mujer en la Iglesia": "Espero seguir los pasos de Francisco, incluyendo la designación de mujeres en algunos roles de liderazgo, en diferentes niveles".
Con relación a la acogida de los fieles LGTBQ+, el obispo de Roma admitió que se trata de un "tema altamente polarizador", pero que no promoverá la polémica, por lo que mantiene la invitación que ya hizo la Iglesia.
El presidente ecuatoriano Daniel Noboa propuso la creación de una Asamblea Constituyente vía consulta popular para redactar una nueva Carta Magna que incluya leyes más implacables contra el narcotráfico y el crimen organizado.
La actual Carta Magna, elaborada por una Constituyente de plenos poderes, está en vigencia desde 2008 tras ser impulsada por el gobierno del exmandatario socialista Rafael Correa.
Noboa intentó varias modificaciones constitucionales que no fueron aceptadas por la Corte Constitucional, paso previo para su consideración.
Venezuela comenzó a realizar ejercicios militares en la isla la Orchila, en el Caribe sur, como respuesta al despliegue de buques ordenado por Estados Unidos en la zona que considera como una "amenaza".
Estados Unidos desplegó ocho buques en el mar Caribe para combatir el narcotráfico y desde inicios de septiembre ha eliminado tres embarcaciones que presuntamente traficaban droga, con un saldo de 14 muertos, según el presidente Donald Trump.
Los ejercicios venezolanos se realizan en un territorio de 43 kilómetros que queda a 97 millas náuticas del estado La Guaira, y cerca de donde Estados Unidos interceptó una embarcación pesquera durante ocho horas el fin de semana.
"Van a haber despliegues de la defensa área con drones artillados, drones de vigilancia, drones submarinos (…) Vamos a implementar acciones de guerra electrónica", dijo el ministro de Defensa, Padrino López, al señalar que Venezuela se defiende ante la "voz amenazante, vulgar" de Estados Unidos.
El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, criticó el último ataque estadounidense contra una embarcación que, según el presidente Donald Trump, transportaba drogas desde Venezuela.
Cabello ofreció una conferencia ante la noticia de la incautación de 3,6 toneladas de cocaína en el estado Falcón, en la costa occidental de Venezuela.
“Nadie sabe en esos barcos que fueron atacados cuánto de droga había, si había drogas. Dicen que en el último había fentanilo, acá están las autoridades de la seguridad del Estado. ¿Acá en Venezuela se había capturado fentanilo alguna vez? ¿Se sabe de la entrada de fentanilo en Venezuela? No, jamás”.
En Argentina, miles de manifestantes celebraron el rechazo de la Cámara de Diputados a los vetos que Javier Milei interpuso a leyes de financiamiento para universidades públicas y el principal hospital pediátrico de Argentina, en un nuevo revés para el presidente.
Las leyes vetadas por Milei a principios de mes prevén actualizar el presupuesto universitario según la inflación desde 2023 y mejorar los salarios de docentes y personal auxiliar. También declaran una emergencia sanitaria que implica asignar fondos sobre todo para el hospital de referencia Garrahan.
En un Congreso donde Milei no tiene mayorías, la cámara baja rechazó ayer ambos vetos. Para que las leyes entren en vigor, la oposición necesita ahora que el Senado también los rechace por una mayoría de dos tercios.
"Tenemos que defender a los estudiantes, a los trabajadores docentes y a los no docentes que han perdido más del 30% del poder adquisitivo", dijo el jefe del bloque del peronismo, Germán Martínez.
Tras conocerse la votación, en la plaza del Congreso, donde tenía lugar una de las mayores concentraciones de los últimos meses, los manifestantes saltaron y se abrazaron cantando con euforia "la patria no se vende".
El Congreso de Bolivia aprobó una ley que prohíbe los matrimonios y uniones libres con menores de 18 años, con lo que está en camino a sumarse a la lista de 13 países de América Latina que proscriben esta práctica.
La Cámara de Diputados dio luz verde al proyecto que ya había sido aprobado por el Senado en abril. Ahora pasará a sanción presidencial.
Hasta ahora, las uniones con menores de 18 años se legalizaban con autorización de padres o tutores.
"Esta no es solo una ley, es una promesa de que nuestras adolescentes ya no serán obligadas a casarse, a dejar la escuela o a cargar responsabilidades que no les corresponden", dijo la senadora oficialista Virginia Velasco, promotora de la reforma legal, en una nota de prensa.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo de Bolivia, entre 2014 y 2023 se registraron poco más de 4.800 matrimonios que involucraban a adolescentes de 16 y 17 años.
Además, había 487 casos en los que la esposa era una niña de entre 12 y 15 años.
En Brasil, la Cámara de Diputados, a través de un articulación de su presidente, Hugo Motta, y los sectores de oposición, logró aprobar ayer de noche el carácter de urgencia de la amnistía a los participantes de la asonada del 8 de enero de 2023 en Brasilia, que podría beneficiar al ex presidente Jair Bolsonaro, condenado por el Supremo Tribunal Federal a 27 años de prisión por golpismo.
Esta es una de las prioridades políticas de la ultraderecha y de sus sectores aliados en el Congreso. ¿Qué significa aprobar la urgencia? Básicamente acelerar enormemente el proceso, y evitar que el asunto sea discutido en las comisiones, pasando a ser votado directamente en el pleno de la cámara.
Todavía no está claro cuándo se votará el proyecto final, si Jair Bolsonaro será beneficiado por la medida o no y cuál será el alcance de ésta. Lo que ha trascendido es que se trataría de una reducción de penas y no de un perdón definitivo.
Hugo Motta, presidente de la Cámara de Diputados, justificó la urgencia diciendo lo siguiente: “Brasil precisa de pacificación. No se trata de borrar el pasado, sino permitir que el presente sea reconciliado, y que el futuro se construya sobre bases de diálogo y respeto. Hay asuntos urgentes por delante y Brasil precisa andar”.
“No abrieron ni la discusión, pasaron un tractor para votar la amnistía. Hoy es el día de la vergüenza. Mientras los proyectos que realmente le interesan a la gente duermen plácidamente en los cajones, estamos viendo este espectáculo promovido por un Congreso que vive de espaldas al pueblo brasileño”, afirmó en una transmisión en vivo en redes sociales desde la Cámara, el diputado Guilherme Boulos, de la base aliada del gobierno Lula.
Por su parte, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó en entrevista a la BBC Brasil, que en caso de ser aprobado, vetaría el proyecto de ley de amnistía.
Ya había tensión porque la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Enmienda constitucional, conocido como “PEC da blindagem”, Pec del blindaje en español, que aumenta enormemente la cobertura de eventuales crímenes de legisladores. ¿Por qué? Debido a la normativa determina que para abrir cualquier proceso penal contra un parlamentario es necesaria la autorización previa de la mayoría absoluta del senado o de la cámara, y además, con voto secreto.
En caso de aprobarse definitivamente, la norma reavivaría una norma vigente en la Constitución entre 1988 y 2001. Según un levantamiento del portal G1, en ese período, el Congreso blindó a los diputados en más de 250 pedidos de apertura de investigaciones presentados por el Supremo Tribunal Federal y acató únicamente uno.
Ahora, la propuesta fue aprobada en dos votaciones realizadas en la madrugada del miércoles, la última con el voto favorable de 344 diputados, en su enorme mayoría pertenecientes a la derecha y al denominado “Centrão”, pero también votaron a favor 12 diputados del PT. En contra votaron 133 diputados, en su mayoría del oficialismo y del campo progresista. En sus discursos, estos diputados dijeron que la propuesta profundiza las diferencias de tratamientos entre los legisladores y sus votantes y garantiza la impunidad.
Por su parte, Hugo Motta, afirma que esta es una tentativa de volver al texto original de la constitución de 1988, que se trata de una iniciativa que “garantiza el fortalecimiento del mandato de cada uno de los parlamentarios” y que no es un tema “ni de izquierda ni de derecha”.
La propuesta va al Senado, donde se espera que sufra complicaciones para su aprobación. El presidente de la Comisión de Constitución y Justicia de dicha casa, Otto Alencar, se había posicionado contra la medida a fines de agosto.
En un post en X, afirmó: “El rechazo a la PEC del blindaje está estampado en los ojos sorprendidos del pueblo, pero la Cámara de Diputados se esfuerza en no verlo”. Tras la aprobación en Diputados, dijo que esa propuesta “não passa de jeito nenhum”, de ninguna manera, en el senado.
En ese sentido, en la noche de ayer, el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, envió a la Comisión de Constitución y Justicia la propuesta recibida de diputados, lo que en la práctica retrasa el debate sobre el asunto.
Por último, y siguiendo la noticia que habíamos dado el lunes, sobre los estudios que se realizó Jair Bolsonaro en Brasilia el domingo, el informe médico publicado ayer, concluye que el ex presidente presenta un diagnóstico de cáncer de piel y comenzará a realizar un tratamiento médico.
(Marcelo Aguilar, corresponsal en Brasil)
