Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
Luego de que el Parlamento Europeo resolviera, ayer de mañana, que el acuerdo firmado con el Mercosur debe ser examinado por el Tribunal de Justicia del bloque, el canciller uruguayo Mario Lubetkin afirmó que la medida “no es un congelamiento”, sino, en todo caso, una “postergación de los tiempos de ratificación” para que el texto entre en vigor.
El ministro señaló en una rueda de prensa que ofreció al mediodía que, si bien hacía algunos días tenían la información de que la tendencia iba mal, confiaban en que se iba a ir recuperando. Agregó que, efectivamente, la diferencia fue de diez votos en setecientos y tanto, por lo que la información "no estaba mal".
Asimismo, comentó que Uruguay tiene que seguir adelante y dijo que “estos tropezones” deben dar más fuerzas para que el país sea el primero en ratificar el acuerdo.
"Nosotros hasta que no hablemos con las autoridades de la Unión Europea para entender exactamente en la cabeza de ellos… porque la Unión Europea tiene demasiado mecanismo que a veces se nos escapa a nosotros para ver qué es lo que puede pasar. Si fuéramos a partir de los antecedentes, es que el el Tribunal de Justicia se toma entre 18 y 24 meses para hacer su parecer. Hubo dos casos que fueron muy parecidos temáticamente, Canadá y Singapur, que el Tribunal de Justicia falló absolutamente a favor; por lo tanto nosotros tenemos pocas dudas que finalmente el Tribunal de Justicia ratifique lo que se firmó el sábado, no tengo ninguna duda".
¿Qué pasó ayer en Bruselas?
Con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, los legisladores de la Eurocámara paralizaron el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur al solicitar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJEU) que dictamine si el texto firmado el sábado 17 en Asunción respeta los tratados del bloque europeo.
Las bases jurídicas, tanto del acuerdo de asociación como del acuerdo comercial interino que estaba previsto que se pusieran a consideración del Parlamento Europeo para su ratificación serán ahora objeto de evaluación por la Corte.
“El Parlamento Europeo continuará examinando los textos, a la espera del dictamen del TJUE. Después, deberá decidir si da su aprobación o no al acuerdo”, agregó un comunicado de la Eurocámara.
El Poder Judicial de la Unión Europea no tiene un plazo para producirse. Sin embargo, algunos analistas han planteado la posibilidad de dos años como mínimo, teniendo en cuenta los tiempos promedio del tribunal.
La Comisión Europea puede pedirle al Consejo de la UE, es decir, a los Estados miembros, que aprueben la entrada en vigor provisional del acuerdo comercial sin el pronunciamiento del Parlamento.
Algo similar ocurrió el 9 de enero, cuando salió adelante por mayoría calificada el permiso para que la presidenta del Ejecutivo, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, firmaran el principio de acuerdo alcanzado en diciembre de 2024.
Ignacio García-Bercero, ex alto funcionario del departamento de Comercio de la Comisión Europea, citado por El País de España, dice que “hay una tradición asentada de que los acuerdos comerciales no entren en vigor provisionalmente sin el consentimiento del Parlamento”. Su opinión se basa en que una entrada en vigor sin esperar al Parlamento podría provocar una reacción de rechazo mayor entre los eurodiputados y la incertidumbre para los socios del Mercosur de que eso pueda recurrirse permanentemente ante los tribunales.
Según los cálculos del Centro Europeo para la Política Económica Internacional, los retrasos en la aplicación del pacto cuestan miles de millones de euros en exportaciones.
En los cinco años que han pasado entre la firma del primer principio de acuerdo y el segundo, el costo habría sido de unos 183.000 millones, a razón de 3.000 millones al mes. Una actualización de esa cifra elevaría el costo a 280.000 millones si la entrada en vigor tardara tres años más.
¿Cuáles han sido las reacciones políticas en Europa?
“Basta de demoras. El acuerdo debe aplicarse ahora de forma provisional”, exigió ayer con dureza el canciller alemán, Friedrich Merz, nada más conocerse el resultado de la votación.
“Francia asume decir no cuando es necesario y, a menudo, la historia le da la razón”, celebró el ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, nada más conocerse el resultado de la votación en el Parlamento.
El Partido Popular Europeo, pese a contar con una treintena de miembros díscolos, es partidario decidido de no esperar a la decisión de la Eurocámara.
El eurodiputado sueco Jörgen Warborn, portavoz del grupo en la comisión de Comercio, dijo que el acuerdo debería aplicarse provisionalmente porque puede tardar dos, tres o más años. Nuestros socios ya están muy muy impacientes. Yo, también. No va contra el acuerdo que se aplique provisionalmente”, señaló en la rueda de prensa tras la votación.
La presidenta del grupo de Socialistas y Demócratas, la española Iratxe García, indicó que, aunque el resultado de la votación “no es bueno”, su grupo la “respeta” y “esperará” a que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie para proceder con el proceso de ratificación parlamentaria. Pero dejó la puerta abierta a que se proceda con una decisión política: “Reconocemos que el Consejo y la Comisión tienen ahora las prerrogativas para la aplicación provisional del acuerdo de conformidad con los Tratados”, señaló.
El socialdemócrata alemán Bernd Lange, presidente de la Comisión de Comercio en la Eurocámara, tachó el resultado de la votación de “absoluta irresponsabilidad”, pero también recordó que los últimos cuatro comisarios de Comercio de la Comisión Europea se habían comprometido con el Parlamento Europeo a que el pacto no entraría en vigor sin su consentimiento.
“No es una decisión que se tenga que tomar con prisas”, tranquilizó, recordando que hay países de Mercosur, como Brasil, en los que el proceso de ratificación puede tardar un año.
OTROS TEMAS QUE SE DESTACAN ESTA MAÑANA
El cambio en el critero de actualización de la Base de Prestación y Contribución (BPC) y sus consecuencias en el aumento de las franjas del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social, generó un nuevo cruce político entre el Frente Amplio y la oposición.
El diputado del Partido Nacional Pablo Abdala dijo que se trata de un nuevo ajuste fiscal a pasividades y salarios”, apuntó el legislador, quien destacó sin embargo que “lo que hizo el gobierno es legal”.
“Evidentemente aquí hay un afán fiscalista y recaudatorio que tiene que ver, y por eso no nos sorprende mucho, con todas las discusiones que estamos procesando, con lo que ya discutimos con relación al aumento de la contribución al FONASA, con el aumento de tarifas, el aumento de la tarifa de OSE que se debatió ayer en el Parlamento de más del doble de la evolución de la inflación”.
En tanto, el diputado del Frente Amplio Gabriel Otero dijo que “es un buen criterio” utilizar la inflación y no la evolución de los salarios para ajustar los cálculos.
“El Índice Medio de Salarios tiene muchas aristas que tienen que ver con negociaciones en los consejos de salarios. El IPC es un dato objetivo, que está en la recuperación salarial”, dijo Otero.
"Que es un criterio que además este va a lograr también incrementar las posibilidades de cumplir con lo que va a hacer la lucha contra la pobreza infantil con más del 40% del presupuesto destinado a la misma, con situaciones vulnerables a lo largo y ancho del país. Entendemos entonces que va de la mano de lo que este gobierno en la gestión económica ha implementado y se comprometió en la preelectoral".
El Partido Comunista realizó ayer un homenaje a los 32 militares cubanos muertos durante la operación de Estados Unidos para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro.
El acto tuvo lugar en la Seccional 20 del PCU y como orador principal al secretario general del partido, el senador Óscar Andrade. Asistieron, entre otros, la exdiputada Ana Olivera; el exintendente de Canelones Marcos Carámbula y su hijo Matías Carámbula, subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca; y el presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales, Danilo Dárdano.
También concurrió la embajadora de Cuba en Uruguay, Lissette Pérez, quien en una breve intervención agradeció las “muestras de afecto” que desde el 3 de enero ha recibido por parte de “muchos uruguayos”.
“Sabemos que estamos en un lugar simbólico y también les agradecemos por eso, esa conexión con sus mártires, en una época también oscura”, manifestó la diplomática.
El paralelismo entre los 32 cubanos caídos en Venezuela y los ocho comunistas uruguayos asesinados el 17 de abril de 1972 en la Seccional 20 del PCU fue explícito cuando tomó el micrófono Andrade.
“Es difícil llegar a la 20 y no conmoverse. Es hablar del heroísmo de nuestros mártires, de esa masacre del Paso Molino, con los compañeros sangrando durante horas en la calle con las ambulancias no pudiendo venir a socorrerlos”, afirmó el secretario general del PCU.
Uruguay reclamó ante lan Organización de Estados Americanos (OEA) la liberación de los presos políticos en Venezuela como una de las condiciones fundamentales para iniciar la transición en ese país.
Hablando ante el Consejo Permanente de la OEA, el embajador uruguayo Edison Lanza señaló que Uruguay aboga por “la apertura de un proceso de transición hacia el restablecimiento pleno de la democracia representativa y participativa, sin presos políticos, conforme a los principios de la Carta Democrática Interamericana”.
Reiteró la posición del gobierno uruguayo de que la situación en Venezuela “debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, a través del diálogo y la negociación”, y que estos procesos “deben ser liderados por las y los venezolanos”.
Este proceso, advirtió el embajador, “debe incluir la pronta liberación de todas las personas injusta y arbitrariamente detenidas por motivos políticos y el restablecimiento del ejercicio de la libertad de opinión y expresión”.
Ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó a la OEA su informe sobre Venezuela y exigió a ese gobierno que se aclare el número de personas detenidas y su paradero, así como que reporte de manera “actualizada y verificable sobre las condiciones de liberación de los presos políticos”.
En el documento confirma la liberación de 143 presos políticos, pero al mismo tiempo señala la continuidad del funcionamiento de centros clandestinos de detención.
MÁS NOTICIAS DEL PANORAMA NACIONAL
La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad expresó su consternación ante una sucesión de fallos de un Tribunal de Apelaciones Penal que resultaron beneficiosos para militares enjuiciados. Considera que con ellos la sala de segunda instancia borra de un “plumazo” la “trabajosa jurisprudencia” protectora de los derechos humanos que se consolidó en el país.
Búsqueda, que informa hoy sobre el tema, recuerda que en al menos cuatro sentencias recientes el Tribunal tomó decisiones contrarias a la posición de la Fiscalía y de los juzgados de primera instancia y beneficiosas para militares enjuiciados por crímenes cometidos durante la dictadura (1973-1985).
Según manifestó el fiscal especializado, Ricardo Perciballe, en los recursos que presentó contra las decisiones del tribunal, de extenderse el criterio actual de la sede, se volverá “absolutamente simbólica la respuesta del Estado en materia de crímenes de lesa humanidad”.
El Tribunal de Apelaciones Penal de 1er turno cambió parte de su integración recientemente y, de acuerdo con el fiscal, la nueva composición “trajo consigo una modificación radical de su temperamento”. La sala está hoy integrada por Marcelo Malvar, Dolores Sánchez y Graciela Eustachio. Sánchez y Malvar se incorporaron el año pasado, en reemplazo de Alberto Reyes y Sergio Torres.
El fiscal Perciballe enumeró en sus escritos las decisiones del tribunal contrarias a su propia jurisprudencia y a la posición mayoritaria de las restantes sedes de segunda instancia.
Aunque en el Ministerio de Defensa han optado por no hacer declaraciones para no entorpecer las diferentes instancias judiciales que enfrentan al Estado uruguayo con el astillero español Cardama, tiene por delante una fecha límite en tres semanas.
Para el 15 de febrero, el Poder Ejecutivo debería abrir una segunda carta de crédito “por el importe correspondiente al vencimiento de cada hito estimado para ese año natural, que deberá ser aprobada por el constructor”, establece el documento firmado por el exministro Javier García y Mario Cardama.
En principio, desde el Poder Ejecutivo se ha manejado que no hay intención de realizar el último pago de 8.227.000 euros correspondiente a la primera carta de crédito creada en febrero de 2025 por un importe de 28.794.500 euros.
La interpretación que realiza el gobierno es que el incumplimiento por parte del astillero español relativo a la llegada en tiempo y forma de los motores Caterpillar que debería concretarse entre lo que resta de enero y febrero, implica que, de hecho, no existe ninguna obligación.
Para no quedar obligadas a abrir una segunda carta de crédito destinada a cubrir los hitos de 2026 vinculados a la construcción del segundo buque y los restantes del primero, será necesario impulsar los procedimientos legales correspondientes.
De lo contrario, si no se rescinde el contrato ni se adoptan esas medidas, el Estado uruguayo incurriría en incumplimiento.
Estados Unidos reflotó la oferta de un patrullero océanico clase Reliance, dispuesto desde fines de 2022 para ser transferido a la Armada Nacional de nuestro país.
Según El Observador, apenas abrió el 2026, la Embajada de Estados Unidos se comunicó con el ministro interino de Defensa, Joel Rodríguez, para retomar una propuesta planteada desde fines de 2022: la donación de un patrullero oceánico de la clase Reliance.
Estos buques de fines de los ‘60 están al servicio de la Guardia Costera norteamericana y son puestos a disposición de países amigos a través del programa Excess Defense Article.
Rodríguez puso al tanto a Presidencia y desde el Ministerio de Defensa confirmaron, según el medio, que están evaluando la propuesta.
En la cartera observan que, pese a plantearse como una donación, la eventual incorporación de un Reliance trae aparejados los costos de ponerlo a punto, dado que es un instrumento naval que está por ser descartado.
La Universidad de la República pidió al gobierno que abandone oficialmente la definición de antisemitismo propuesta por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto y que abandone la organización de la que es miembro observador.
El Consejo Directivo Central de la Udelar resolvió a finales de diciembre dejar de lado ese concepto y se adhirió a la Declaración de Jerusalén, bajo el argumento de que hace diferencia de las expresiones de odio a los judíos de las críticas al Estado de Israel.
La Udelar señala que la nueva referencia permite “distinguir con claridad las críticas legítimas al accionar del Estado de Israel de las formas de discriminación racial, étnica y religiosa de las que históricamente el antisemitismo ha sido una expresión más”.
Advierte que los ejemplos que acompañan a la definición del IHRA, “llevan a la criminalización de la protesta en la medida en que incluyen la crítica a las políticas del gobierno de Israel dentro de lo que podría considerarse antisemitismo, con los efectos nocivos que esto puede generar en la libertad de expresión”.
De esta manera, la institución responde a “la necesidad de tener herramientas concretas para identificar el antisemitismo y preservar la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión a nivel nacional y en la Udelar en particular”.
La Intendencia de Montevideo modificó su decisión de agregar una nueva bandera especial en las playas capitalinas para advertir cuando hay un nivel elevado de enterococos, bacteria que indica contaminación fecal en el agua.
La medida se adoptó tras el rechazo de los guardavidas de la capital, que plantearon dudas y confusión ante esta propuesta. Señalaron que el hecho de una nueva bandera implicaría estar informando a la gente permanente con el riesgo de descuidar su trabajo de vigilancia y rescate.
En rueda de prensa Leonardo Herou, director de Desarrollo Ambiental de la comuna, habló al respecto:
"La bandera va a estar en formato cartel, acompañada de educadores de la intendencia. Lo que importa es que estamos informando a la población como medida de precaución. Cuando tenemos un dato de enterococos, que superaría el límite de la normativa que se aprobó, y va a empezar a aplicar en 2027 pero tomaríamos de referencia ahora. Estaremos informando a la población con un ícono, tipo bandera, que va a estar en la página web. Cualquier persona que ingrese a la web lo va a ver si es que hay un dato de este tipo. En la playa donde se dé esta situación estará la bandera en formato cartel y habrá educadores".
Además el jerarca de la IMM aseguró: "En los 62 días de playa que tuvimos, desde mediados de noviembre a mediados de enero, solamente en cuatro tuvimos niveles de enterococo por encima del límite que se va a implementar en la normativa. Solo cuatro días en seis playas".
La Intendencia de Canelones alcanzó una aprobación de 50% en sus primeros meses de gestión
Según una encuesta de Cifra, las áreas mejor valoradas fueron la recolección de residuos y el alumbrado público, mientras que los principales desafíos para la población canaria están en el área de caminería, calles y pluviales.
Los resultados del estudio se realizó en noviembre, muestran un saldo positivo de 37 puntos, compuesto por 50% de respuestas buenas o muy buenas, 13% de desaprobación y 37% que calificó la gestión como ni buena ni mala o no opinó.
El estudio también se enfocó en áreas específicas de la gestión departamental. La mejor valoración la obtuvieron la recolección de residuos y el alumbrado público, con saldos positivos de 66 y 58 puntos, respectivamente.
En contrapartida, “los principales desafíos” marcados por la población encuestada corresponden a las áreas de caminería, calles y pluviales, que, aunque obtuvieron un saldo positivo se redujo a 9%.
Se consultó sobre la habilitación de aplicaciones de transporte, como Uber, Cabify y otras, el 73% considera que es un asunto muy importante o importante, 19% que no lo es y sólo 8% respondió que no escuchó hablar del tema o prefirió no opinar.
ECONOMÍA Y EMPRESAS
El gobierno aclaró ayer que la nueva metodología utilizada para la fijación de los precios de los combustibles “no contiene objetivos de financiamiento del resultado fiscal”.
La semana pasada se divulgó un estudio realizado por el Centro de Estudios de Políticas Públicas (CEPP) que concluye que entre marzo y diciembre del año pasado hubo “un sobreprecio que llegó a 88 millones de dólares”, producto del “cambio de criterio” que introdujo la actual administración.
El Poder Ejecutivo señala que las principales modificaciones, que se aplicaron por primera vez en julio, consisten en que el ajuste se haga cada dos meses –en lugar de mensualmente– y en considerar para la fijación de los precios “un factor de ajuste” adicional de 1,5 pesos por litro de nafta y gasoil, además del Precio de Paridad de Importación estimado por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua
“La reintroducción del factor de ajuste, previsto en la normativa en el Decreto 201/021 del año 2021, fue necesaria para sostener el subsidio al precio del supergás envasado, que se encontraba sin financiamiento al inicio del gobierno”, se apunta en un comunicado.
Según el gobierno, “la recaudación anual asociada al factor de ajuste” fue de 52 millones de dólares, lo cual supone “un valor equivalente al costo del subsidio al supergás, tal como fue anunciado y previsto en la política definida”.
El arranque de la temporada de verano mostró menos turistas que el año pasado.
La Dirección Nacional de Migración(DNM) dio a conocer los principales datos de ingresos al país desde el 20 de diciembre del año pasado hasta el día 15 de este mes.
Esos números muestran que ingresaron un total de 654.169 personas.
Según El País, si se compara con los ingresos del período del 20 de diciembre de 2024 al 15 de enero de 2025, hay una baja en el ingreso de turistas, ya que en esa ocasión arribaron 677.315 visitantes a Uruguay.
En el período de referencia, las principales nacionalidades de las personas que llegaron al país se dividen de la siguiente manera: argentinos (303.217), uruguayos (203.368), brasileños (61.297), estadounidenses (13.765) y paraguayos (11.867).
Si se compara con el período anterior, también hay una baja de turistas argentinos y brasileños que llegaron a Uruguay, ya que en esa época llegaron 339.953 argentinos y unos 62.712 brasileños.
En el mercado local, el dólar ayer bajó por quinta jornada consecutiva, en esta ocasión de 0,95%, la mayor caída desde junio de 2025. El interbancario fondo operó por debajo de los $38, en promedio a $37,854, el valor más bajo desde marzo de 2024.
En lo que va del año 2026, el dólar lleva una baja acumulada de 3,04% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2025).
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $36,60 para la compra y $39,00 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense bajó y cerró ayer en R$ 5,337.
En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial disminuyó ayer y cotizó en AR$ 1.430,50. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) también bajó y cotizó en el entorno de los AR$ 1.500,00.
El Euro bajó frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$1,1695.
OTRAS NOTICIAS
Esta noche dará inicio formalmente una nueva temporada carnavalera, con la realización del Desfile Inaugural de Carnaval en un tramo de la Avenida 18 de Julio.
El desfile comenzará a las 19.30 y se desarrollará entre la Plaza Independencia y la Plaza Cagancha, donde cada agrupación mostrarán un fragmento del espectáculo que luego llevará al Teatro de Verano.
Los primeros en desfilar serán grupos, bandas y organizaciones fuera de concurso. La apertura estará a cargo de Balelé, una comparsa inclusiva que este año contará con la presencia de la primera dama, la bailarina y también coreógrafa Laura Alonsopérez.
Una vez terminado el evento, el jurado evaluará sus presentaciones y definirá a los ganadores de los primeros grandes premios de este período.
Desde la mañana están previstos cortes en el tránsito en las inmediaciones de la zona del desfile, así como el desvío de las líneas de ómnibus.
INTERNACIONALES
En Davos, donde se realizó el Foro Económico Mundial, el presidente Donald Trump anunció sorpresivamente ayer que logró con la OTAN el marco de un futuro acuerdo sobre Groenlandia y dejó en suspenso su decisión de imponer nuevos aranceles a varios países europeos opuestos a su plan de adquirir este territorio autónomo de Dinamarca.
Tras semanas de amenazas, Trump dijo que durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, concibieron "el marco de un futuro acuerdo" sobre Groenlandia.
"Con base en este entendimiento, no impondré los aranceles que debían entrar en vigor el 1 de febrero", escribió en sus redes el presidente estadounidense.
El mandatario afirmó después a los periodistas que este acuerdo es "fantástico para Estados Unidos" y le da "todo" lo que quería, especialmente en temas de seguridad nacional y de seguridad internacional, y que estará en vigor "para siempre".
“Ahora el acuerdo se va a poner en marcha muy pronto, lo veremos. Ahora está en progreso, pero bastante lejos. Nos da todo lo que necesitamos para conseguirlo”.
Más temprano, en su esperado discurso, Trump descartó por primera vez el uso de la fuerza para tomar Groenlandia y exigió "negociaciones inmediatas" para comprar este territorio autónomo de Dinamarca, un aliado de la OTAN.
"Solo Estados Unidos puede proteger esta gigantesca tierra, este gigantesco pedazo de hielo, desarrollarlo, mejorarlo", afirmó el mandatario.
Dinamarca desea "un diálogo constructivo con sus aliados" sobre su territorio autónomo Groenlandia y la seguridad del Ártico, pero que respete su "integridad territorial", dijo hoy su primera ministra, Mette Frederiksen.
El llamado de la líder danesa se conoció hoy luego del anuncio de ayer del presidente Trump.
En un comunicado Frederiksen afirmó: "Podemos negociar todos los aspectos políticos: seguridad, inversiones, economía. Pero no podemos negociar nuestra soberanía. Me han informado de que no ha sido así".
La primera ministra subrayó que a lo largo de todo el proceso de debate ha "coordinado sus esfuerzos" con el gobierno de Groenlandia, que ha rechazado de manera contundente cualquier dominio estadounidense.
"Hemos mantenido un estrecho diálogo con la OTAN y yo misma he hablado regularmente con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, especialmente antes y después de su reunión con el presidente Trump en Davos", explicó.
"El Reino de Dinamarca desea mantener un diálogo constructivo con sus aliados sobre las formas de reforzar la seguridad en el Ártico, incluida la Cúpula Dorada estadounidense, siempre que se respete nuestra integridad territorial", aseguró en referencia al proyecto estadounidense de un escudo antimisiles.
El presidente Donald Trump afirmó desde el Foro de Davos que el presidente ruso, Vladimir Putin, "aceptó" su invitación a unirse a su "Consejo de Paz", considerado como un organismo que puede rivalizar con la ONU.
"Él fue invitado. Él aceptó", declaró Trump a un grupo de periodistas.
Putin dijo minutos antes que ordenó a su Ministerio de Relaciones Exteriores estudiar la invitación, antes de dar una respuesta.
Este "Consejo de paz" fue concebido por Trump inicialmente para supervisar la reconstrucción de Gaza en la posguerra, pero su estatuto, visto por la AFP, no parece limitar su función al territorio palestino.
Estará presidido por el propio Trump, que también "ejercerá por separado" como representante de Estados Unidos.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu; la presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani; y los ministros de Exteriores de ocho países musulmanes aceptaron junto a una veintena de líderes mundiales la invitación de Trump, entre ellos el mandatario argentino Javier Milei.
El presidente estadounidense, Donald Trump, se reunirá hoy en el Foro de Davos con su par ucraniano Volodimir Zelenski, a quien instó a alcanzar un acuerdo de paz con Rusia.
El dirigente republicano había dicho previamente en su discurso que se iba a reunir con Zelenski, aunque este había indicado que estaba en su país.
El dirigente ucraniano había dejado en el aire su participación en esta reunión de la élite política y económica mundial por los ataques rusos contra la red energética de Kiev, que dejaron miles de edificios sin calefacción en unas temperaturas gélidas.
En Davos, Trump insistió en que Zelenski y el presidente ruso Vladimir Putin, estaban cerca de un acuerdo para poner fin a la guerra que empezó con la invasión rusa de 2022.
"Creo que ahora se encuentran en un punto en el que pueden ponerse de acuerdo y llegar a un acuerdo. Y si no lo hacen, son estúpidos", afirmó Trump.
En España, dos accidentes ferroviarios ocurridos en 48 horas sembraron dudas sobre la seguridad del servicio de trenes y llevaron al gremio de maquinistas a convocar a una huelga.
Apenas dos días después de la tragedia de Adamuz, con 43 fallecidos, un nuevo accidente ferroviario cobró otra vida en la región de Cataluña, creando dudas sobre el estado de la red que han llevado a los maquinistas a convocar tres días de huelga.
"Los graves accidentes producidos en Adamuz y Gelida", con 43 y 1 muertos respectivamente, son "un punto de inflexión" para exigir "todas las actuaciones necesarias que garanticen la seguridad de la operación ferroviaria", informó el sindicato de maquinistas.
La huelga se llevará adelante los días 9, 10 y 11 de febrero.
"Entendemos el estado de ánimo de los maquinistas y lo respetamos (…), lo que no compartimos es que la huelga general sea la mejor forma de vehicularlas", respondió el ministro de Transportes, Óscar Puente, en conferencia de prensa, expresando su absoluta "confianza en el sistema ferroviario español".
En Irán, medios oficiales informaron que 3.117 personas murieron en las protestas que estallaron a finales de diciembre y que, según activistas, fueron sofocadas con una represión letal.
Un comunicado de la Fundación de Veteranos y Mártires de Irán, citado por la televisión estatal, señaló que 2.427 personas del balance total, entre ellos miembros de las fuerzas de seguridad, se consideran "mártires", según el islam, y las describe como víctimas "inocentes".
Las autoridades de Irán condenaron el movimiento de oposición como un incidente "terrorista" caracterizado por "disturbios" alentados por Estados Unidos.
Sin embargo, grupos de defensa de derechos humanos afirman que miles de manifestantes fueron asesinados por disparos de las fuerzas de seguridad.
La oenegé, Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, afirma que verificó la muerte de 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, pero advirtió que el balance real puede ser mayor y señaló que algunas estimaciones apuntan a que "entre 5.000 y 20.000 manifestantes podrían haber sido asesinados".
La organización especializada en ciberseguridad Netblocks afirma que esta obstrucción de las comunicaciones ya dura más de 300 horas.
En Francia, Marine Le Pen, líder de la extrema derecha, defendió la "buena fe" de su partido en el segundo día del proceso en apelación en París por malversación de fondos europeos, en el que se juega su candidatura a la elección presidencial de 2027.
En marzo, un tribunal de primera instancia la condenó a cinco años de inhabilitación inmediata, una decisión que puso patas arriba el tablero político francés.
Según la condena, Le Pen estuvo en el "corazón" de un "sistema" entre 2004 y 2016 para que los asistentes parlamentarios de su partido en el Parlamento Europeo, pagados por la institución, trabajaran "en realidad" para la formación, algo prohibido.
La política de 57 años, que el martes negó haber puesto en marcha un "sistema" para malversar fondos públicos europeos, dijo ayer, en su segundo día de comparecencia, que si su partido vulneró la ley, fue inintencionado.
"Actuamos totalmente de buena fe", aseveró.
En Perú, el presidente interino José Jerí, dijo que es víctima de un complot para forzar su renuncia, en una comparecencia ante una comisión del Congreso que lo investiga por un presunto tráfico de influencias por una cita encubierta con un empresario chino.
Jerí asumió el poder el 10 de octubre en reemplazo de la destituida Dina Boluarte, en el marco de una prolongada crisis política en la que Perú ha tenido siete mandatarios desde 2016.
La fiscalía abrió el jueves una investigación preliminar después de que la prensa revelara los videos de dos encuentros con un empresario chino.
"Yo no voy a renunciar porque sería admitir que habría cometido un hecho ilícito en esa reunión", de carácter privado, afirmó Jerí.
La fiscalía investiga un supuesto tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses.
En Nicaragua, el gobierno encabezado por el matrimonio Daniel Ortega y Rosario Murillo, excarceló a 38 personas que habían celebrado en redes sociales la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
La ONG Monitoreo Azul y Blanco, que desde el exilio recopila denuncias de violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, registró al menos 71 detenidos entre el 3 y 8 de enero por celebrar o manifestar estar a favor de la captura durante una operación militar estadounidense de Maduro, aliado de Ortega y Murillo.
"Lo que hemos confirmado (…) es que 38 personas de ese grupo fueron excarceladas", dijo la vocera de la ONG, Claudia Pineda, en entrevista con el periódico digital 100% Noticias, también en el exilio.
Pineda, quien no dio mayores detalles de las fechas de las liberaciones, indicó que los excarcelados quedaron bajo un régimen de "reporte y control" en el que deben "informar cada movimiento que van a hacer".
EN NUESTRA REGIÓN
El presidente Donald Trump invitará a Washington a Delcy Rodríguez, aunque aún no fue definida la fecha del encuentro, informó la Casa Blanca este miércoles.
La presidenta interina será la primera gobernante de Venezuela en viajar a Estados Unidos desde hace más de un cuarto de siglo, si se excluyen las visitas para reuniones de Naciones Unidas en Nueva York.
La invitación muestra la cercanía de Trump con el gobierno interino, tras el bombardeo a Caracas del 3 de enero que llevó a la captura de Nicolás Maduro.
Trump dijo en el Foro de Davos que "los líderes del país han sido muy listos", en referencia a Rodríguez. "Venezuela hará más dinero [con el petróleo] en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados".
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo encarar un proceso de diálogo con Estados Unidos "sin temor alguno”.
"Estamos en un proceso de diálogo, de trabajo con los Estados Unidos, sin temor alguno, a encarar las diferencias, las dificultades, las más sensibles y las menos sensibles, a encararlas por la vía de la diplomacia", indicó Rodríguez durante una reunión con gobernadores y alcaldes.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró que en Venezuela siguen operando "centros de detención clandestinos", a pesar de la liberación de presos políticos.
Esto fue denunciado por la relatora especial para Venezuela del organismo, Gloria Monique de Mees.
"La persistencia de estas instalaciones pone de relieve la naturaleza estructural de las violaciones y la ausencia de una supervisión institucional efectiva" declaró la relatora ante el Consejo Permanente de la OEA.
A pesar de la excarcelación de presos políticos que lleva a cabo el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez, la situación de los derechos humanos en el país es alarmante, según la CIDH, que no ha podido visitar Venezuela desde 2002.
La relatora indicó que según las informaciones en poder de la CIDH, hasta el 19 de enero habían salido de prisión 143 detenidos políticos.
En Venezuela, el chavismo prevé enviar un primer lote de cartas dirigidas al presidente depuesto Nicolás Maduro en una cárcel de Estados Unidos.
El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) organiza la recolección de las misivas, que comenzó el fin de semana pasado.
"Vamos a hacer un despliegue esta semana, y ya a partir del martes deberían estar llevando las cartas", declaró Nahum Fernández, jefe de Gobierno de Caracas, a la AFP. "Tienen que recibir las cartas que le mande el pueblo y tienen que dárselas al presidente".
Fernández indicó que apelarán a una ley federal estadounidense que permite enviar cartas a prisioneros.
En Chile, las autoridades anunciaron la detención de una persona sospechosa de haber provocado un fuego intencionado en el sur del país, donde los graves incendios forestales que azotan la zona desde el sábado causaron la muerte de 21 personas.
“En uno de los incidentes más graves de los ocurridos desde el punto de vista de seguridad”, se pudo establecer “que se habría dado inicio a distintos focos incendiarios utilizando líquidos acelerantes en una plantación de trigo”, señaló el ministro de Seguridad, Luis Cordero. “Se detuvo a la persona que inició estos incendios y se incautaron con él un bidón de cinco litros de combustible”, agregó.
La detención tuvo lugar en la zona de Perquenco, en la región de La Araucanía.
. Entre los objetos encontrados se identificaron “envases plásticos consumidos parcialmente por el fuego, los cuales mantienen líquido acelerante que en primera instancia aparenta su propósito central ser utilizados con la finalidad de generar un incendio”.
Estos incendios forestales han afectado a tres regiones de la zona central de Chile: Ñuble, Biobío y La Araucanía. Los bomberos todavía luchan contra las llamas en las regiones de Biobío y Ñuble.
La cifra de muertos pasó de 20 a 21 respecto al reporte del martes, informó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, en conferencia de prensa.
Además el ministro indicó que aún existen denuncias de personas desaparecidas en las zonas afectadas por los incendios. Las autoridades continúan las labores de búsqueda antes de iniciar la remoción de escombros.
La Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio Médico Legal están revisando áreas donde eventualmente podrían hallarse cuerpos.
En Chile, el presidente electo José Antonio Kast, abrió un frente de disputa con defensores de derechos humanos y organizaciones feministas al conformar un gabinete que incluye a dos exabogados del dictador Augusto Pinochet y una activista antiaborto.
El líder de extrema derecha presentó el martes a los 24 ministros que lo acompañarán desde el 11 de marzo, entre ellos dos exabogados del fallecido dictador en las carteras de Defensa y de Justicia y Derechos Humanos.
También nombró en el Ministerio de la Mujer a Judith Marín, una profesora evangélica antiaborto, de 30 años.
"La designación de dos abogados defensores de Pinochet, es una clara orientación del gobierno electo, de justificar el exterminio y la figura del dictador", dijo a la AFP la diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz.
Kast encargó el Ministerio de Defensa a Fernando Barros, de 68 años, y a Fernando Rabat, de 53, el de Justicia y Derechos Humanos.
Ambos asumieron en causas separadas la defensa de Pinochet.
"Nuestro gabinete (…) no obedece a imposiciones, ni tampoco a presiones", dijo ayer el mandatario electo en un foro en la Universidad Católica en Santiago.
El gobierno brasileño busca agilizar la validación interna del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur por parte del Congreso Nacional, como forma de mostrar el compromiso de Brasil con la aplicación de este y al mismo tiempo intentar presionar a Europa, según informó Folha de São Paulo.
El acuerdo fue enviado ayer al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por parte del Parlamento Europeo, lo que en la práctica impide que entre en vigor, al menos por ahora. Lo que hará el Tribunal es estudiar la legalidad de los términos del acuerdo.
Según el periódico, el gobierno brasileño espera que en las próximas semanas finalice la revisión del texto en portugués y pueda ser enviado para la evaluación de los legisladores siguiendo los ritos normales de aprobación legislativa, seguramente acelerados por la importancia del asunto.
En otra noticia de carácter interno, el gobierno brasileño anunció la actualización del salario mínimo de los profesores, con un reajuste del 5,4%, lo que representa un aumento de 1,5% por encima de la inflación.
La medida provisoria firmada por Luiz Inácio Lula da Silva este miércoles también establece reglas para el piso salarial de la categoría, garantizando que el porcentaje de reajuste nunca podrá ser menor a la inflación del año anterior.
Por último, y también este miércoles, el presidente brasileño, realizó una llamada telefónica con su par turco, Recep Tayyip Erdoğan para discutir la situación en Gaza y dialogar sobre la invitación que realizó a ambos mandatarios Donald Trump: la entrada en el Consejo de Paz para Gaza, polémica iniciativa de la segunda fase del plan de paz del presidente norteamericano para la región.
Ni el gobierno ni Lula se manifestaron sobre cuál va a ser la respuesta brasileña, mientras analizan los posibles impactos de participar de la iniciativa. Erdogan agradeció a Trump la invitación pero tampoco declaró de forma oficial su adhesión.
(Marcelo Aguilar, corresponsal desde Brasil)
Ayer el presidente argentino, Javier Milei, habló en Davos. Y en comparación con sus anteriores discursos, esta vez estuvo moderado y mucho más diplomático. No tuvo declaraciones polémicas sobre la batalla cultural contra la agenda woke, ni hizo mención explícita a temas de actualidad candente, como Venezuela, Irán o Groenlandia.
En realidad, todas las definiciones al respecto ya las había dado en sus últimas intervenciones internacionales, desde la cumbre del Mercosur hasta la aceptación para formar parte del Consejo de Paz. En todos los casos, confirmó su política de alineamiento con Donald Trump.
A Milei le tocó hablar a continuación de su colega estadounidense, que se llevó el protagonismo.
Esta vez, Milei eligió un tono más propio de la academia, que empezó con la provocativa frase: “Maquiavelo ha muerto”.
Su discurso se centró en que se terminó el tiempo de los políticos cínicos que ven un dilema entre lo moral y lo eficiente, sino que se puede hacer ambas cosas al mismo tiempo aplicando las ideas liberales.
Citó a varios filósofos y teóricos de la economía, como Jenofonte, Adam Smith y su admirado profesor libertario, el español Jesús Huerta de Soto, para argumentar una defensa acérrima de los derechos de propiedad privada.
Pero el hecho de que el discurso de Milei haya tenido contenido teórico no implica que no estuviera enviando un mensaje político, sobre todo al auditorio de inversores, ejecutivos de empresas multinacionales y bancos de inversión.
A ninguno de ellos se les escapa que Argentina tiene el récord de juicios en tribunales internacionales por reestatizaciones compulsivas, ni que el índice de riesgo país argentino sigue encima de 550 puntos, más del doble del promedio latinoamericano. Y eso se explica no sólo por el volumen de su deuda externa, sino sobre todo por el historial de defaults y por la persistencia de regulaciones, como las que siguen rigiendo para el mercado cambiario.
Por eso, el hecho de que Milei haya aclarado que no aplica medidas aperturistas sólo por una cuestión de eficiencia, sino porque cree que es lo moralmente correcto, conlleva el mensaje tácito de que mantendrá reglas de juego estables, sin confiscaciones estatales, sin sorpresas impositivas y sin cepos que impidan el retorno de capitales.
Antes de su discurso, Milei había estado reunido con inversores para dar detalles sobre la economía argentina. Y mostró proyecciones sobre el potencial de exportación petrolero, gasífero y minero, que se triplicará en un lapso de seis años.
Milei buscó diferenciarse de sus colegas europeos, criticados por Trump por su aversión a la explotación de recursos convencionales y por su búsqueda de alternativas como los parques eólicos.
Muy lejos de esa agenda ambientalista, Milei reafirmó que comparte la línea de Trump, dado que el yacimiento de Vaca Muerta aplica la controvertida técnica del fracking. Argentina espera este año alcanzar a Venezuela en el nivel de producción petrolera, y para eso necesita que los empresarios se convenzan de que realmente hubo un cambio político que implique que no haya medidas hostiles ni sorpresas regulatorias para los inversores.
(Fernando Gutiérrez, corresponsal desde Argentina)
