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NACIONALES
La Cámara de Diputados completará hoy la aprobación parlamentaria del Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado el 17 de enero en Asunción. El proyecto fue aprobado ayer por unanimidad en el Senado, con 31 votos en 31 presentes.
El tratado prevé una apertura gradual de mercados y la reducción de aranceles para la mayoría de los productos en un plazo de hasta diez años. Entre los sectores destacados figuran la carne, el arroz y la miel, aunque aún resta definir cómo se distribuirán las cuotas dentro del Mercosur.
En la Cámara alta respaldaron el texto el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado. El senador frenteamplista Daniel Caggiani calificó la jornada como “histórica” y señaló que se trata del acuerdo comercial más importante firmado por Uruguay.
Desde la oposición también hubo respaldo. El senador colorado Andrés Ojeda sostuvo que Uruguay “necesita abrirse al mundo” y consideró que el acuerdo es un paso estratégico para el crecimiento. No obstante, varios legisladores advirtieron sobre desafíos para sectores como la lechería y los quesos artesanales.
Tras la aprobación del acuerdo en el Senado, el senador colorado Pedro Bordaberry planteó que, a futuro, los países del Mercosur deberían aspirar a ser “miembros plenos” de la Unión Europea.
En rueda de prensa, Bordaberry se refirió a la importancia estratégica que tendría ese paso y recordó un concepto del contador Enrique Iglesias, primer canciller del Uruguay luego de la restauración democrática, que recomendaba diversificar los vínculos internacionales y evitar dependencias unilaterales.
“Es muy importante, en este mundo donde China se enfrenta con Estados Unidos y muchos terminan optando por uno u otro, que un país del tamaño de Uruguay esté en un club que lo proteja. Y ese club es la Unión Europea. Es el contrapeso del que hablaba Iglesias hace cuarenta años. Ahora hay que aspirar a eso: empezar a caminar con este tratado y, sobre todo, fijarnos una nueva meta”.
La Dirección General Impositiva (DGI) implementó una nueva medida contra la evasión tributaria al publicar una nómina de 63 "deudores contumaces", compuesta por personas físicas y diversas sociedades. Esta acción busca señalar a aquellos contribuyentes que incurrieron en "diversas y repetidas formas de incumplimientos" graves y reiterados en el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
La publicación, realizada en el sitio web de la DGI y que hoy consigna Búsqueda, se basa en las facultades legales de la oficina y señala que la medida forma parte de un esfuerzo por mejorar el cumplimiento tributario, proteger a los contribuyentes cumplidores y combatir la competencia desleal.
Los contribuyentes incluidos en esta lista de morosos y omisos se enfrentarán a "restricciones operativas", como la limitación para imprimir documentación fiscal. Además, los créditos fiscales originados en comprobantes emitidos por ellos no podrán ser deducidos por terceros si carecen de la constancia de "IVA al día", lo que presiona a la regularización para salir de la nómina.
Esta iniciativa está en línea con las acciones prioritarias de la DGI y el Ministerio de Economía para este año, que buscan mejorar la eficiencia recaudatoria y abatir los niveles de evasión, con la expectativa de contribuir a la reducción gradual del déficit fiscal del gobierno.
Algunas muestras del agua de OSE en el sistema metropolitano superaron este año el límite permitido de trihalometanos, compuestos que se forman cuando el cloro reacciona con materia orgánica o bromuros.
El valor aceptable, según la normativa, debe ser menor o igual a uno. Un informe de la empresa, consignado ayer por El País, señala que la mayoría de las mediciones estuvieron dentro de los parámetros, pero en enero y febrero se registraron varios valores por encima del límite, con un máximo de 2,2 en un punto de la red. La empresa lo atribuye a la falta de lluvias, al mayor uso del trasvase de agua en Aguas Corrientes y a un aumento en la dosificación de cloro.
El presidente de OSE, Pablo Ferreri, indicó que estos eventos suelen darse en verano por las altas temperaturas y la mayor cloración. Consultado por Subrayado, aseguró que se prioriza la desinfección del agua y que la situación podría estabilizarse cuando se registren lluvias importantes en la cuenca del río Santa Lucía. Además, insistió en que esto “refuerza la necesidad de contar con la represa de Casupá”.
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca detectó un nuevo caso de gripe aviar en un cisne coscoroba en el departamento de Colonia. La cartera convocó a una conferencia de prensa para este 26 de febrero a las 15 horas en su sede central.
El ministro Alfredo Fratti indicó que el caso está a estudio en la zona de La Estanzuela y advirtió que se trata de un virus que puede propagarse rápidamente. En declaraciones a Subrayado, señaló que el foco podría haberse desplazado desde Rocha y Maldonado hacia el oeste del país.
Hasta ahora, los casos confirmados se registraron en aves silvestres en Rocha, Maldonado y Canelones. Las autoridades trabajan para evitar que la enfermedad llegue a los criaderos comerciales y pidieron extremar las medidas de bioseguridad.
MÁS NOTICIAS DEL PANORAMA NACIONAL
La bancada del Partido Nacional en la Cámara de Representantes solicitó la comparecencia urgente del ministro de Trabajo, Juan Castillo, y de la ministra de Industria, Fernanda Cardona, ante la Comisión de Legislación del Trabajo. El planteo busca que el gobierno explique la sucesión de cierres, reestructuras y envíos al seguro de paro que se han producido en los últimos meses.
Los diputados nacionalistas Mario Colman y Fermín Farinha sostienen que las situaciones recientes afectan a más de 2.700 puestos de trabajo directos, sin contar el impacto en proveedores y economías locales. Afirman que no se trata de hechos aislados y mencionan casos como Marfrig en Tarariras, AmBev en Paysandú, el cierre de plantas de Yazaki y la salida del país de Ultimate Kronos Group y Verizon.
También se suman reestructuras en empresas como Sabre, Fenedur, Paycueros y Fricasa, además de miles de trabajadores del sector citrícola bajo un régimen especial de seguro por desempleo. Los legisladores piden conocer qué medidas adoptó el gobierno para mitigar el impacto y qué acciones prevé para evitar nuevos casos.
En paralelo, el Ministerio de Trabajo tiene pronto un proyecto para ratificar el Convenio 158 de la OIT, que obliga a fundamentar los despidos. La iniciativa, impulsada tras los recientes cierres, reabre el debate entre el gobierno, el PIT-CNT y el sector empresarial.
La primera sesión de la comisión especial bicameral que investigará el proceso de compra de las patrulleras oceánicas (OPV) y el contrato con el astillero español Cardama comenzó con dudas y un cruce entre oficialismo y oposición a propósito de quién ejercía la presidencia.
Este cargo corresponde a la oposición, pero ante la ausencia del senador nacionalista José Luis Falero, el Frente Amplio hizo valer su mayoría para que el vicepresidente, el senador Nicolás Viera, condujera la reunión, lo que fue cuestionado por el diputado blanco Pablo Abdala.
Uno de los primeros puntos fue definir los alcances del órgano, ya que no se trata de una comisión investigadora formal, sino de una comisión especial con fines de investigación. El senador Viera destacó que, por unanimidad, se resolvió consultar a los servicios jurídicos del Parlamento para aclarar qué potestades tiene y si los convocados están obligados a comparecer.
“Queremos tener la certeza de que vamos a poder acceder a información reservada, sobre todo del ámbito de la Justicia, que es lo que más nos interesa. Descontamos, porque así nos lo han transmitido diversos jerarcas del gobierno, que hay voluntad del Poder Ejecutivo de enviar toda la información y concurrir a todos los llamados, pero obviamente pueden existir algunas cuestiones jurídicas que complejicen ese proceso. Yo creo que no, pero está bueno poder asesorarnos como corresponde, con las herramientas que tiene el Parlamento”.
La oposición, en tanto, presentó una extensa lista de citaciones que abarca exministros de Defensa y Economía, jerarcas actuales, comandantes de la Armada, asesores militares y autoridades vinculadas al proceso, además del director del astillero Cardama.
Consultado por periodistas, el diputado nacionalista Gabriel Gianoli dijo que no se descarta convocar también a otras figuras políticas, incluidos el presidente Yamandú Orsi y el exmandatario Luis Lacalle Pou.
“Citamos a todos los actores en tres bloques diferentes: de 2010 a 2019, de 2020 a 2024 y luego desde 2025 hasta la rescisión del contrato. Todos los actores institucionales y vinculados al tema para hablar del proceso de construcción de las OPV. Tengamos en cuenta que es un proceso larguísimo que, por distintas situaciones, nunca avanzó, que luego tuvo un comienzo y lamentablemente ocurrió esta rescisión. El Partido Nacional puso a total disposición a todos los actores que estuvieron en el tema”.
En el Palacio Legislativo fueron encontradas 12 cajas con actas secretas del Consejo de Estado que funcionó durante la dictadura, entre 1973 y 1984. El hallazgo se produjo mientras se buscaban documentos de antiguas comisiones investigadoras para digitalizarlos.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Valdomir, informó que se trata de actas de sesiones reservadas del órgano que sustituyó al Parlamento tras el golpe de Estado. Señaló que el material incluye, en principio, destituciones de funcionarios por razones políticas y venias para cargos civiles y ascensos militares.
“Entendemos que, como organismo civil de la dictadura, (el Consejo de Estado) puede tener información que, puesta en un contexto más amplio, tal vez aporte datos sobre violaciones a los derechos humanos que se cometieron en esa época. Y además es una señal: el Parlamento buscó en sus archivos y aporta, no solo para los organismos especializados sino para la población en general, estos documentos, que habían permanecido en secreto y escondidos, y adquieren visibilidad y se ponen a disposición de la gente que quiera consultarlos”.
Valdomir explicó que ahora se realizará un inventario y se garantizará la cadena de custodia antes de avanzar en la digitalización. El objetivo es que los documentos queden a disposición de las investigaciones sobre lo ocurrido en la dictadura.
Por su parte, la presidenta del Senado, Carolina Cosse, destacó que el hallazgo representa un aporte a la transparencia y a la búsqueda de verdad y justicia, en el año en que se cumplen 50 años de los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.
La Junta Departamental de Colonia aprobó un proyecto para derogar una ordenanza de 2004 que regulaba la actividad de los cuidacoches. La moción salió con los 19 votos del Partido Nacional. El Frente Amplio se opuso y la edila colorada Malvina Saret no estuvo presente en la votación.
El edil nacionalista Julio Basanta, impulsor de la iniciativa, sostuvo que la ordenanza era “ilegítima” porque atribuía funciones de seguridad a los cuidadores de vehículos cuando esa tarea corresponde al Ministerio del Interior.
Para Basanta esta norma entraba en colisión con el artículo 361 del Código Penal, que sanciona “las faltas contra la moral y las buenas costumbres”. En el tercer inciso de esta norma sanciona a quienes “solicitaren dinero o cualquier otro bien mediante actitudes coactivas o de acoso u obstaculizando”. Basanta entiende que los cuidacoches “no trabajan ni hacen un servicio”, sino que ejercen “mendicidad activa”: “Realizan acciones (legales o no) para obtener dinero. El 90% (de los conductores) les dan dinero para que no les rayen el auto”.
Por su lado, el edil frenteamplista Emmanuel Martínez dijo, en diálogo con La Diaria, que la medida deja sin sustento a 21 personas y apuntó que en más de dos décadas no hubo reclamos formales contra el sistema. Desde la coalición de izquierda advirtieron que la medida estigmatiza la pobreza y lamentaron que el debate previo haya sido limitado a solo dos intervenciones por bancada.
El fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, tomó declaración ayer a Candelaria Basso y a Guadalupe Carrasco, en la investigación por presunta estafa y lavado vinculada a Conexión Ganadera. Ambas comparecieron en calidad de indagadas, en el marco de las citaciones a familiares de los socios fundadores.
Candelaria Basso fue consultada por su vínculo con la empresa y por distintas operaciones inmobiliarias, entre ellas la compra de padrones en Lavalleja y un inmueble en Punta del Este. También se le preguntó por transferencias millonarias realizadas a su socio tras la muerte de Gustavo Basso y por la adquisición de un apartamento en Montevideo.
Por su parte, Guadalupe Carrasco declaró sobre la compra de un apartamento en 2022, cuando tenía 19 años, y sostuvo que no conoce el funcionamiento de Conexión Ganadera. Además, se indagó sobre la cesión de una estancia familiar que luego fue hipotecada a favor de una sociedad panameña.
En paralelo, damnificados del caso manifestaron preocupación por el avance de la investigación. Señalan que el análisis no debería limitarse al entorno familiar, sino abarcar también a otros actores vinculados a la operativa del fondo.
También advirtieron sobre la falta de recursos para realizar pericias clave, especialmente sobre el material incautado en allanamientos. Entienden que esos informes podrían aportar información relevante para determinar responsabilidades.
Matías Corts, vocero de damnificados de Conexión Ganadera, dijo a La Diaria que, mientras el foco de atención está puesto en las declaraciones de los hijos de los fundadores del fondo ganadero, los damnificados aún esperan respuestas sobre el destino de su inversión.
La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, Fenapes advirtió que no están dadas las condiciones para iniciar las clases el 2 de marzo en los liceos públicos.
Su presidenta, Alejandra Vespa, explicó que el cierre del año lectivo se extendió hasta el 20 de febrero por la reforma curricular, lo que generó demoras en traslados y en la organización de los centros. Muchas familias aún no saben a qué liceo asistirán sus hijos.
El sindicato también alertó sobre retrasos en la elección de horas docentes, sobre todo en Montevideo, Canelones y San José, donde varios grupos podrían comenzar sin profesor asignado.
Desde Fenapes sostienen que más importante que la cantidad de días de clase dictados es que existan condiciones adecuadas y recursos suficientes. Además, reclaman definiciones sobre las horas de apoyo y tutorías para los estudiantes.
Docentes de Tecnología de UTU ocuparon centros en Canelones y Montevideo para frenar la elección de horas, en reclamo por la restitución de las duplas docentes. La medida fue resuelta en asamblea y también alcanza a San José.
El conflicto comenzó cuando la Dirección de UTU dispuso un solo docente por grupo. Los profesores sostienen que, al tratarse de talleres con herramientas, es necesario trabajar en duplas por seguridad y para garantizar una buena enseñanza.
Según el vocero Federico Irigoyen, están en juego unas 500 fuentes laborales en todo el país. Afutu se declaró en conflicto y denuncia un recorte de horas, además de advertir que el Codicen aún no ha resuelto formalmente el cambio acordado para habilitar nuevamente las duplas.
ECONOMÍA Y EMPRESAS
Conaprole aceptó la propuesta del Ministerio de Trabajo para retomar la negociación con el sindicato, pero puso condiciones. La cooperativa exige plena paz laboral, sin medidas gremiales, y garantías de producción que no afecten el precio al productor. La decisión fue respaldada por la Asamblea de los 29, el grupo de tamberos que conduce la empresa.
En una reunión realizada el miércoles, los productores aprobaron avanzar hacia una nueva mesa tripartita con la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole. Sin embargo, advirtieron que no participarán de ámbitos de diálogo si el sindicato retoma medidas que alteren la operativa.
La asamblea también pidió al Poder Ejecutivo que garantice relaciones laborales “sanas y justas”, tras diez meses de conflicto que, según señalaron, provocaron pérdidas importantes. Afirmaron que en febrero las ventas en el mercado interno cayeron 25% y repudiaron la pérdida de materia prima y productos terminados.
El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche, Álvaro Quintans, respaldó la necesidad de una cláusula de paz y señaló que el sector atraviesa una situación delicada, con menos tambos y productores en actividad. Desde el sindicato, en tanto, se aguardan definiciones del Ministerio para iniciar una nueva ronda de negociaciones.
La Suprema Corte de Justicia falló a favor de un chofer de Uber y confirmó la condena contra la empresa. Rechazó el recurso presentado por la compañía y dejó firme el pago de más de 1.600.000 pesos, más multa, intereses y reajustes.
Según informó El Observador, el caso comenzó con una demanda del trabajador que fue rechazada en primera instancia, pero luego el Tribunal de Apelaciones revocó ese fallo y dio la razón al chofer. Uber recurrió ante la Corte, que finalmente ratificó la sentencia, con mayoría y un voto en discordia.
La Justicia entendió que existió una relación laboral y no un simple arrendamiento. El conductor trabajó entre 2017 y 2023 y fue bloqueado de la aplicación tras iniciar un reclamo judicial, lo que se consideró un despido abusivo.
En el mercado local, el dólar ayer se mantuvo prácticamente estable. El interbancario fondo operó en promedio a $38.396.
En lo que va del año 2026, el dólar lleva una baja acumulada de 1,65% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2025)
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $37,20 para la compra y $39,60 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense bajó y cerró ayer en R$ 5,144.
En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió y cotizó en AR$ 1.399,00. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) también aumentó y cotizó en el entorno de los AR$ 1.445,00.
El Euro subió frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$1,1805.
Los precios del petróleo cerraron al alza ayer, en vísperas de una nueva ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán, mientras que los inversores no descartan la posibilidad de una intervención militar estadounidense.
El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en abril, se situó a 70,85 dólares.
Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega el mismo mes, cotizó a 65,42 dólares.
OTRAS NOTICIAS
Quedó habilitada ayer la circulación por una rampa del viaducto de los accesos a Montevideo, que se suma como alternativa para ingresar a la ciudad.
La conexión une el viaducto Alejandro Atchugarry, en la rambla portuaria, con la calle coronel Francisco Tajes. Desde ahora, los vehículos que circulen desde Montevideo hacia el oeste podrán descender por esa rampa y acceder de forma directa a la zona urbana.
La medida apunta a mejorar la conectividad y hacer más fluido y seguro el tránsito en uno de los principales ingresos a la capital.
La Justicia condenó a cinco de los diez detenidos en los allanamientos por tráfico de armas y drogas realizados el lunes en Montevideo y Canelones. Uno fue enviado a prisión por tres años por receptación y otro recibió dos años y cuatro meses por venta de drogas y tráfico de armas. Los otros tres cumplirán libertad a prueba con trabajos comunitarios.
Además, un exfuncionario policial fue imputado por venta de estupefacientes y quedó en prisión preventiva hasta junio, tras quedar registrado en escuchas telefónicas.
INTERNACIONALES
En Cuba la Tropa Guardafrontera abatió ayer a cuatro tripulantes de una lancha rápida procedente de Estados Unidos que no obedeció cuando se le dio el alto en aguas territoriales y abrió fuego contra la embarcación policial.
Según el relato oficial de La Habana, la patrullera cubana, con cinco tripulantes, se aproximó a la lancha para identificarla. En ese momento, los ocupantes abrieron fuego contra los efectivos cubanos, lo que provocó una respuesta inmediata. Como consecuencia del intercambio, el comandante de la nave cubana resultó herido.
En el tiroteo cuatro de los tripulantes de la lancha murieron y seis más quedaron heridos; todos los lesionados fueron evacuados y recibieron asistencia médica, señala un comunicado oficial.
Desde el Ejecutivo cubano se reiteró la determinación de proteger las aguas territoriales, subrayando que la defensa nacional constituye un pilar esencial para la estabilidad regional.
Horas después, el Gobierno cubano, en otro comunicado, aseguró que los tripulantes de la lancha “tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas”.
También informó de que que todos los heridos son cubanos que residen en Estados Unidos y de que se había incautado de “fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cócteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje”.
Dos de los seis detenidos “son buscados por las autoridades cubanas por su participación en la promoción, planificación, organización, financiación, apoyo o ejecución de actos de terrorismo dentro del territorio cubano o en otros países”, agrega.
El barco no transportaba personal del gobierno de Estados Unidos ni participaba en una operación del gobierno estadounidense, dijo anteriormente el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
En Estados Unidos, James Uthmeier, el Fiscal General de la Florida, solicitó a la Fiscalía Estatal el inicio de una investigación: “No se puede confiar en el gobierno cubano, y haremos todo lo posible para que estos comunistas rindan cuentas”, escribió en sus redes sociales.
Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, abundó en la necesidad de esclarecer lo ocurrido: “Vamos a verificar esto de manera independiente para saber que pasó exactamente aquí”, afirmó.
El gobierno de Estados Unidos suavizó su veto a las exportaciones de petróleo venezolano a Cuba, dándole así un respiro a la isla, golpeada por una grave crisis económica y energética. La Oficina para el Control de los Activos Extranjeros anunció ayer que permitirá la reexportación de ese petróleo siempre que vaya al sector privado de la isla y cumpla ciertas condiciones.
El Departamento de Tesoro estadounidense indicó que iba a permitir "transacciones que apoyen al pueblo cubano", incluido el petróleo venezolano para "uso comercial y humanitario". Para poder acogerse a la medida, las exportaciones tendrían que pasar por empresas privadas y no por el aparato gubernamental o militar del estado comunista.
La resolución de Washington se conoció después de que el sector privado en la isla, principalmente las pequeñas y medianas empresas cubanas, empezaran a importar combustible para autoconsumo tras una reforma legal del gobierno cubano.
Pese a esas entradas de combustible, se mantiene vigente el embargo petrolero de Estados Unidos a Cuba, una política que la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha señalado como contraria al derecho internacional.
Desde Rusia, el gobierno reconoció que aún está estudiando el posible suministro de combustible a la isla, informó Alexandr Nóvak, viceprimer ministro ruso, según la agencia TASS. Nóvak dijo que "se dedica a ello la comisión intergubernamental para el desarrollo de la cooperación económico-comercial entre Rusia y Cuba".
Precisamente, este asunto fue abordado la pasada semana en Moscú por el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, quien se reunió con el presidente ruso, Vladímir Putin, y su colega, Serguéi Lavrov. "Usted sabe nuestra postura al respecto. No aceptamos nada similar", dijo Putin en la reunión en referencia al bloqueo estadounidense.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó que en el encuentro se abordó la ayuda concreta que Moscú puede prestar a La Habana.
Moscú anunció recientemente que está en contacto con las autoridades cubanas y que se prevé el suministro de petróleo al régimen castrista, algo que no ocurre desde el envío de 100.000 toneladas de crudo en febrero de 2025.
México —el país que más está apoyando diplomática y materialmente a Cuba— envió este martes su segundo paquete de ayuda humanitaria para la isla: cerca de 1.200 toneladas de alimentos que está previsto que lleguen a La Habana en cuatro días.
Canadá anunció por su parte una línea de 5,8 millones de dólares para "ampliar el acceso a alimentos y nutrición" en Cuba, que se gestionará a través del Programa Mundial de Alimentos y Unicef, con lo que la ayuda llegará "directamente al pueblo cubano".
Además, los países caribeños, reunidos en la conferencia anual de la Comunidad del Caribe, abogaron por "tomar acción colectiva" para ayudar a Cuba en su actual crisis, recordando los lazos políticos y de cooperación que han mantenido con La Habana.
En Venezuela, renunció el fiscal general Tarek William Saab tras casi una década en el cargo. Durante ese período, defensores de derechos humanos lo acusaron de impartir una justicia de mano dura al servicio del derrocado Nicolás Maduro. Ahora ocupa de forma temporal el cargo de defensor del pueblo.
Saab, que estaba al frente de la fiscalía desde 2017, abogaba por el regreso de Maduro. La Asamblea Nacional de Venezuela recibió una comunicación dirigida a Jorge Rodríguez, jefe del Legislativo, suscrita por Saab, "mediante la cual remite (la) renuncia a su cargo como fiscal general de la república", leyó la secretaria durante una sesión parlamentaria.
Asimismo, la secretaria informó de la renuncia de Alfredo Ruiz al frente de la Defensoría del Pueblo, un ente que tiene como función la promoción de derechos humanos.
En tanto, la Asamblea Nacional votó por funcionarios encargados para sendos puestos, hasta que se nombren los definitivos. Fue así que Saab terminó designado por mayoría calificada como defensor del pueblo encargado, un puesto que ya ocupó antes de estar casi una década a la cabeza del Ministerio Público.
El opositor Enrique Capriles se quejó al término de la sesión parlamentaria: "Es una burla que (…) el responsable de la persecución de la judicialización ahora se pasa para la Defensoría del Pueblo", dijo.
Las renuncias del fiscal general y del defensor del pueblo se dan en medio del proceso de amnistía que fue aprobado el pasado jueves por el Parlamento, lo que permitirá liberaciones de presos políticos desde 1999 hasta la actualidad, aunque la norma solo contempla 13 "hechos" ocurridos en 13 años.
Sin embargo, la presidenta encargada pidió el mismo día de la aprobación de la Ley de Amnistía que la comisión de seguimiento revisara de forma "expedita" aquellos casos que no estén contemplados en la legislación.
En México, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que conversó por teléfono con Donald Trump tras la muerte del poderoso narcotraficante Nemesio Oseguera, alias El Mencho, en un operativo militar realizado el domingo con la colaboración de información por Estados Unidos.
La llamada ocurrió el lunes, detalló Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria, luego de una convulsa jornada en la que el Cártel Jalisco Nueva Generación quemara negocios y bloqueara rutas en 20 de los 32 estados de México en respuesta a la muerte de su líder.
"Me llamó ayer o antier, ¿no? Una llamada de ocho minutos, para preguntarme qué pasa en México, cómo están las cosas. Están bien, pues le platiqué cómo había sido el operativo, que habíamos tenido ayuda en inteligencia por parte del gobierno de los Estados Unidos, que iba muy bien la coordinación. Y ya, bueno, pues muchas gracias, nos vemos, que estés bien. Y fue así la llamada, corta, para ver cómo estaban las cosas en México".
La violencia desatada en distintos puntos del país llevó a Estados Unidos a declarar el mismo domingo una alerta para que sus ciudadanos residentes en México se resguardaran. Esta medida fue levantada ayer, informó la embajada de Estados Unidos en la red social X.
En su discurso sobre el estado de la Unión, el mandatario republicano aseguró la noche del martes que los servicios de inteligencia estadounidenses jugaron un papel decisivo para que el ejército mexicano localizara a Oseguera.
El líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación era hasta ahora el narco más buscado por el gobierno de Estados Unidos, que ofrecía por él una recompensa de 15 millones de dólares.
En relación a este caso, las autoridades mexicanas detuvieron ayer en el estado de Tlaxcala a Isaac Moreno Romero, alias “el Hacha”, señalado como responsable regional del Cártel Jalisco Nueva Generación y vinculado con secuestros, extorsiones, homicidios y tráfico ilegal de combustibles.
En Washington, los demócratas acusaron a la administración de Trump de llevar a cabo "el mayor encubrimiento gubernamental de la historia moderna", después que medios estadounidenses informaran que el gobierno omitió documentos del archivo de Jeffrey Epstein que mencionan al mandatario.
El Departamento de Justicia ha publicado millones de páginas de archivos relacionados con el caso, en virtud de una ley de transparencia promulgada el año pasado. Pero la emisora pública NPR encontró vacíos en los archivos vinculados a una denuncia de agresión sexual presentada en 2019 por una mujer contra Trump.
Los índices y números de serie adjuntos al material de investigación sobre la red de tráfico de Epstein indican que agentes del FBI realizaron cuatro entrevistas con la denunciante, y escribieron resúmenes y notas anexas, según NPR. Pero en la base de datos pública solo aparece un resumen centrado en gran medida en las acusaciones de la mujer contra Epstein.
Los otros tres resúmenes y las notas relacionadas no están disponibles en el sitio web del Departamento de Justicia, según la revisión del sistema de numeración de documentos realizada por NPR. El diario The New York Times y la cadena MS NOW informaron de hallazgos similares.
Robert García, el demócrata de mayor rango del Comité de Supervisión, afirmó que los legisladores de su partido "pueden confirmar que el Departamento de Justicia parece haber ocultado ilegalmente entrevistas del FBI con esta sobreviviente".
En respuesta, el Departamento de Justicia emitió un comunicado ayer en el que afirma estar revisando sus archivos sobre Epstein para ver si alguno fue manejado "de forma indebida", pero negó haber cometido irregularidades. En tanto, Trump ha negado repetidamente haber cometido irregularidad alguna y sostiene que la publicación de los archivos Epstein del Departamento de Justicia lo exonera.
El presidente de Irán expresó su optimismo antes del nuevo ciclo de negociaciones con Estados Unidos que tendrá lugar hoy en Ginebra, después de que Donald Trump acusara a Teherán de desarrollar misiles capaces de alcanzar Estados Unidos y de continuar con sus ambiciones nucleares.
Aumentando aún más la presión, Washington anunció nuevas sanciones contra Irán y el vicepresidente JD Vance avisó a Teherán que debería tomarse "en serio" las advertencias. El Departamento del Tesoro informó sobre sanciones contra más de 30 individuos, entidades y buques que, según afirma, facilitan "ventas ilícitas de petróleo iraní", así como la producción de armas en el país.
Con todo, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, se mostró optimista respecto al nuevo ciclo de conversaciones de hoy, bajo la mediación de Omán. "Observamos una perspectiva favorable para las negociaciones", dijo Pezeshkian en un discurso. "Continuamos el proceso bajo la guía del líder supremo, para salir de esta situación de ‘ni guerra ni paz'", sostuvo.
El canciller iraní, Abás Araqchi, y su equipo de negociadores llegaron este miércoles a la ciudad suiza de Ginebra, indicó una fuente diplomática a la AFP.
Durante su discurso sobre el estado de la Unión, Trump afirmó el martes que Irán busca "construir misiles que pronto alcanzarán Estados Unidos" y que sigue adelante con "sus siniestras ambiciones nucleares". Pero el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, tachó estas afirmaciones de "mentiras".
El mayor rango de los misiles iraníes es de 2.000 kilómetros, según las autoridades del país, pero el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos estima que en realidad alcanzan un máximo de unos 3.000 kilómetros, menos de un tercio de la distancia hasta el territorio continental estadounidense.
El presidente estadounidense ha multiplicado las amenazas de atacar Irán en caso de no llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán y ha desplegado un dispositivo militar masivo en Medio Oriente, que incluye los dos portaaviones más grandes de Estados Unidos.
En Francia, la líder ultraderechista Marine Le Pen afirmó ayer que no hará campaña para las próximas elecciones presidenciales si es condenada a llevar tobillera electrónica.
Le Pen fue condenada en marzo por supuestamente poner en marcha un sistema, entre 2004 y 2016, para que asistentes legislativos del partido Agrupación Nacional (RN), pagados por el Parlamento Europeo, trabajaran en realidad para el partido, algo prohibido.
Un tribunal de primera instancia la condenó a cinco años de inhabilitación inmediata, una decisión que agitó el tablero político francés. En una entrevista con BFMTV, Le Pen rechazó la candidatura si no puede competir como el resto de los aspirantes.
“No podemos hacer campaña en estas condiciones. No se puede hacer campaña sin asistir a mítines nocturnos para conocer a los electores, sin salir los fines de semana. Bueno, eso, obviamente, sería otra forma de impedirme ser candidata” en 2027.
El tribunal de apelación de París presentará el 7 de julio la decisión en el caso. La fiscalía pidió condenarla a un año de prisión, que podría cumplir a domicilio con una tobillera electrónica, cinco años de inhabilitación y multa de 100.000 euros (118.000 dólares).
De ser impedida de disputar la presidencia, cedería la candidatura a su delfín, Jordan Bardella.
NUESTRA REGIÓN
En Argentina, la agenda del Senado está cargada con el debate de cuatro proyectos clave esta semana para el gobierno de Javier Milei, algunos de los cuales podrían convertirse en ley, entre ellos el acuerdo UE-Mercosur y la Ley de Modernización Laboral.
El acuerdo UE-Mercosur, aprobado el pasado 12 de febrero en la Cámara de Diputados, será tratado hoy jueves en la cámara alta. Mientras Paraguay, Uruguay y Brasil avanzan en su proceso de ratificación parlamentaria, Argentina podría convertirse en el primer país del bloque en obtener luz verde para el acuerdo.
Mañana viernes será otro día clave en la cámara alta, con el debate final de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo, que reduce la base de cálculo para las indemnizaciones, establece jornadas laborales de hasta 12 horas y limita el derecho a huelga, en un país con una larga tradición de lucha obrera.
Tras obtener luz verde en esa misma cámara el 11 de febrero, el proyecto fue aprobado con modificaciones el 19 de febrero en la Cámara de Diputados, por lo que deberá someterse nuevamente a votación en el Senado para convertirse en ley.
Mientras la mayor central obrera del país, la Central General del Trabajo (CGT) se reúne este miércoles para analizar su plan de acción, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) —integrado por trabajadores del estado, metalúrgicos, aceiteros, aeronáuticos, entre otros gremios— ya confirmó una medida de fuerza que incluye huelga y movilización.
Se debatirá también mañana un nuevo Régimen Penal Juvenil, un proyecto del gobierno de Milei que fue aprobado en la cámara baja el 12 de febrero y que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, además de proponer penas más severas y de cumplimiento efectivo para los delitos graves.
En Paraguay, el presidente Santiago Peña autorizó mediante decreto el despliegue de fuerzas militares para combatir el “crimen organizado transnacional” y el “terrorismo” en la Región Oriental. Esta zona abarca 14 de los 17 departamentos del país. La medida llega luego de que el sábado pasado un grupo de desconocidos secuestrara a un agricultor en un área cercana a la frontera con Brasil.
La decisión era esperada desde que el lunes el Consejo de Defensa de la Nación, que encabeza Peña, acordara incrementar la presencia militar en esta región, que concentra a cerca del 97% de la población y está integrada por 14 departamentos, así como la capital, Asunción.
El texto apunta que "en determinadas zonas" de la Región Oriental no existe presencia de las Fuerzas Armadas en conjunto con la Policía Nacional, un hecho que, advirtió, "estarían aprovechando" los grupos al margen de la ley y "pone a la ciudadanía en permanente peligro".
Por su parte, el ministro de Defensa, Óscar González, dijo entonces a la radio ABC Cardinal que el decreto no confiere más poder a las Fuerzas Armadas y aclaró que el Estado actuará respetando la "naturaleza de empleo", que equivale a combatir las amenazas con armamento acorde a la situación.
En Brasil, tras casi ocho años de una espera que marcó a fuego, la justicia finalmente cerró uno de los capítulos más oscuros de su historia política reciente. La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal en Brasilia condenó ayer por unanimidad a los responsables de planificar el asesinato de la concejal de Río de Janeiro Marielle Franco y de su chofer, Anderson Gomes, en marzo de 2018.
El fallo fue una respuesta contundente al corazón del poder político y las milicias de Río de Janeiro. Los hermanos Domingos Brazão, consejero del Tribunal de Cuentas carioca, y Chiquinho Brazão, ex diputado federal, fueron sentenciados a 76 años y tres meses de prisión cada uno. Se los encontró culpables de ser los autores intelectuales de un atentado que no sólo buscaba eliminar a una figura política en ascenso, sino enviar un mensaje de impunidad.
Para que entendamos el peso de los condenados: estamos hablando de una estructura que el juez Cristiano Zanin calificó como una "red criminal compleja" que capturó áreas del Estado y de la seguridad pública. Junto a los Brazão, también fueron condenados el ex jefe de la Policía Civil de Río, Rivaldo Barbosa —sentenciado a 18 años por obstrucción y corrupción— y otros cómplices que facilitaron la logística del crimen.
Marielle Franco era era una mujer negra, de la favela, socióloga y militante de izquierda que enfrentaba directamente los intereses de las milicias en la apropiación de tierras. Por eso, el relator del caso, Alexandre de Moraes, fue tajante: este fue un crimen movido por la misoginia, el racismo y la discriminación política.
Además de la cárcel, el tribunal impuso una indemnización solidaria de 7 millones de reales —cerca de un millón cuatrocientos mil dólares— que los condenados deberán pagar a las familias de las víctimas y a la sobreviviente del ataque, la asesora Fernanda Chaves.
El clima en el tribunal fue de emoción.
Entre lágrimas, la hermana de Marielle y actual ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco, se abrazó con sus padres al escuchar el voto de la jueza Cármen Lúcia. Lúcia, en un discurso que ya recorrió los portales de noticias e internet en Brasil, en el que cuestionó cuántas muertes más debe tolerar Brasil para que la justicia deje de ser apenas retórica.
"Me pregunto cuántas Marielles permitirá Brasil que sean asesinadas hasta que se resucite la idea de justicia en esta patria de tantas indignidades".
Con este fallo, Brasil intenta limpiar sus instituciones de la sombra de las milicias. Aunque las defensas todavía pueden presentar recursos tras la publicación del acta oficial, el mensaje de la máxima corte fue que el estado de derecho no puede convivir con el sicariato político.
(Marcelo Silva de Sousa, corresponsal desde Brasil)
