Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
NACIONALES
La decisión del gobierno de rescindir el contrato con el astillero español Cardama abrió un nuevo frente político y jurídico en torno a la compra de dos patrulleras oceánicas para la Armada Nacional. El acuerdo había sido firmado en diciembre de 2023, durante la administración anterior, por un monto superior a los 82 millones de euros.
El viernes, el presidente Yamandú Orsi confirmó la decisión que ya había adelantado en octubre pasado, cuando anunció la presentación de una denuncia penal. Ahora, en una conferencia de prensa realizada tras un Consejo de Ministros celebrado en la Torre Ejecutiva, el mandatario informó que el Poder Ejecutivo resolvió dar por terminado el contrato y avanzar en acciones para defender los intereses del Estado.
“Después de recorrer todo este camino para ofrecerle a la empresa la oportunidad, incluso, de resolver y de poder caminar juntos, llegado este momento decidimos iniciar cuatro acciones. La primera: rescindir el contrato de suministro con la empresa Cardama por incumplimientos contractuales graves e iniciar acciones por daños y perjuicios. Segundo: iniciar acciones para recuperar el patrimonio del Estado uruguayo. Tercero: definir responsabilidades institucionales e individuales y tomar las medidas que haya que tomar para ello. Y por último, procurar la adquisición de las patrulleras oceánicas tan necesarias para la defensa de la soberanía nacional”.
El núcleo del planteo del gobierno está en las garantías exigidas para que el contrato entrara en vigor. Según ya habían indicado las autoridades el año pasado y se confirmó en estos meses, la garantía de fiel cumplimiento presentada por Cardama (emitida por la firma inglesa EuroCommerce) era falsa. Recientemente se agregó que la garantía de reembolso no cumplía con lo pactado, ya que el documento presentado no era una póliza válida sino un escrito que detalla “términos y condiciones”.
El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, sostuvo que se trata de incumplimientos graves que habilitan la rescisión unilateral del contrato conforme a la normativa vigente.
“La garantía de fiel cumplimiento es inexistente. La documentación que nos entregaron como garantía de reembolso no tiene ningún valor jurídico. La póliza que presuntamente existe no cumple con lo que establece el contrato. La pregunta que nos hemos hecho estos días es por qué causa, razón, motivo o circunstancia no se agregó la póliza real. Y la única explicación razonable que hemos encontrado –salvo que a alguien se le pueda ocurrir otra, y estoy abierto a escucharla– es que no se agregó porque, como no cumplía con el contrato, no hubiera sido aceptada”.
El viernes, reunido en Consejo de Ministros, el presidente Yamandú Orsi firmó dos resoluciones relativas a la rescisión del contrato entre el Estado uruguayo y Cardama Shipyard.
En la primera, se dispone formalmente la rescisión por incumplimientos graves vinculados a las garantías y se establece el inicio de acciones para reclamar daños y perjuicios. En la segunda, se detallan otros incumplimientos detectados y se encomienda al Ministerio de Defensa iniciar acciones civiles, penales, administrativas y arbitrales para preservar los intereses del Estado.
Más allá de las garantías, el Ejecutivo también cita observaciones técnicas. Informes de la Armada y de la certificadora Bureau Veritas señalaron atrasos en la construcción y dificultades en el suministro de equipos clave, lo que —según el gobierno— compromete los plazos de entrega.
El Poder Ejecutivo sostiene que la empresa no aportó pruebas que desvirtuaran esos señalamientos ni presentó garantías válidas que subsanaran las irregularidades, por lo que entiende que se configuraron incumplimientos graves que habilitan la rescisión unilateral.
Además, el gobierno anunció que ampliará la denuncia penal presentada en octubre por presunto fraude en la constitución de las garantías y que avanzará en distintas vías judiciales para recuperar eventuales perjuicios.
En cuanto al futuro, Orsi aseguró que ya se exploran alternativas para adquirir patrulleras de características similares y reforzar la vigilancia marítima mientras se define el nuevo camino.
Desde España, el propietario del astillero, Mario Cardama, cuestionó la decisión del gobierno uruguayo y afirmó que se actuó “de manera muy incorrecta” al rescindir el contrato.
En declaraciones a varios medios uruguayos, Cardama señaló que la empresa analizará los pasos a seguir con “criterios empresariales” y que no se dejarán “apurar por nadie”. “Más adelante veremos a quién le asistía razón”, expresó, en alusión a un eventual litigio.
La resolución del gobierno también generó fuertes críticas en la oposición y el anuncio de una comisión investigadora en el Parlamento para analizar el proceso que derivó en la rescisión del contrato.
El Directorio del Partido Nacional emitió una declaración en la que rechazó “enfáticamente” la medida y sostuvo que responde a un “objetivo político que tiene el Frente Amplio desde su asunción”, que “solo pretende destruir el legado del gobierno de la Coalición Republicana y el presidente Lacalle Pou”. En la nota los nacionalistas advirtieron además sobre el “riesgo de una demanda multimillonaria” y un eventual “daño a la credibilidad jurídica” del país.
En un posteo en sus redes sociales, el senador Javier García, exministro de Defensa y firmante del contrato en 2023, aseguró que la rescisión “estaba tomada desde el inicio” y que responde a una razón “política”. Sostuvo además que la medida deja al país “sin patrulleras oceánicas” y que “va a costarnos carísimo por la demanda internacional que vendrá”.
Por la misma vía, el presidente del Directorio blanco, Álvaro Delgado, calificó la decisión del gobierno como una “enorme irresponsabilidad” y afirmó que el Uruguay queda expuesto a “un juicio internacional” por “fines exclusivamente políticos”.
En paralelo, el senador nacionalista Martín Lema declaró a El País que el Partido Nacional impulsará una comisión investigadora para indagar el proceso que, a su entender, llevó adelante el gobierno para “boicotear” la compra de las patrulleras. Señaló que es necesario “ir a fondo” y esclarecer los motivos de la decisión.
En esa línea, el diputado nacionalista Gabriel Gianoli dijo a Canal 5 que la investigadora también es necesaria porque varios documentos emitidos por el acual gobierno en relación al contrato con Cardama fueron declarados reservados.
“Nada ha sido informado. Y creo que la ciudadanía y todos merecemos saber a qué nos enfrentamos, porque acá está en juego la plata de la gente. Y es este gobierno el que pagó veinte de los veintiocho millones de euros que se pagó al astillero. Y a mí me interesa saber ahora cómo vamos a recuperar ese dinero, cuando debimos, de buena fe, irnos hasta Vigo, charlar y resolver el problema, cosa que no hicimos”.
Desde el Partido Colorado, el senador Andrés Ojeda cuestionó la falta de información pública sobre los fundamentos jurídicos de la decisión. En sus redes sociales escribió: “Es imposible trabajar sin información, anuncian semejante decisión sin mostrar un solo informe de los tantos que aluden. Si está todo tan claro, por qué esconden tanto?”. Ojeda ya había reclamado acceso a los informes jurídicos y documentación vinculada al caso, que fueron declarados reservados por Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa.
Por su parte, el abogado y diputado colorado Juan Martín Jorge también cuestionó la estrategia adoptada por el gobierno. “Si no hay garantía, ¿a quién le vamos a cobrar?”, escribió en sus redes sociales, y sostuvo que el astillero es “una sociedad insolvente, con patrimonio negativo o insuficiente”. A su entender, la salida debió ser una renegociación del contrato con una nueva garantía, una rebaja del precio y la posibilidad de rescindir ante otro incumplimiento. “Una mala salida del contrato incluso puede hacernos incurrir en responsabilidades millonarias”, advirtió en su mensaje, que fue replicado por el senador Pedro Bordaberry.
Por último, el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, afirmó que el gobierno de Yamandú Orsi “no ha actuado de acuerdo a derecho” en este tema “y se lo van a cobrar en la Justicia”. Además, sostuvo que “se van acumulando errores en todas las áreas en el afán de atacar decisiones del anterior gobierno”.
En tanto, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, escribió en sus redes sociales que, si hubo corrupción en el proceso del contrato, “que los responsables terminen presos”; y si no, que quienes impulsaron la rescisión “asuman sus responsabilidades civiles y penales”. De todos modos, reconoció que la presentación de avales falsos es “gravísima” y reiteró que el país necesita incorporar cuanto antes las patrulleras.
Desde el oficialismo, en tanto, defendieron la decisión del Poder Ejecutivo y rechazaron que se trate de una medida con motivación política. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, escribió en sus redes sociales que el gobierno juró “defender al Estado uruguayo y la soberanía nacional”, y que por eso decidió rescindir el contrato e “iniciar acciones para recuperar el patrimonio uruguayo”.
En la misma línea, el diputado frenteamplista Alejandro Zavala dijo a La Diaria que la rescisión es “una decisión estrictamente jurídica” basada en incumplimientos comprobados. Agregó que, si la oposición impulsa una comisión investigadora, el oficialismo no tendrá inconvenientes en votarla.
También el senador Sebastián Sabini escribió en sus redes sociales: “Nos estafaron y en lugar de defender al país defienden a los estafadores”, expresó, e insistió en que el foco debe estar en las irregularidades detectadas y en la necesidad de proteger los intereses del Estado.
OTROS TEMAS QUE SE DESTACAN ESTA MAÑANA
El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el de Interior suspendieron la aplicación del Proyecto de Inclusión Asistida (PIA), que se implementó como plan piloto durante el gobierno de Luis Lacalle Pou para apoyar a los reclusos que salían de la cárcel. Si bien la evaluación mostró que el programa conseguía reducir la reincidencia en un 25% durante el primer mes de libertad, también evidenció que transcurrido ese tiempo, los liberados volvían a recaer en el delito.
Desde el Mides informaron a El País que se encuentran trabajando en una alternativa que esperan presentar este año.
El exministro del Interior y senador suplente por el Partido Nacional, Nicolás Martinelli, presentó un pedido de informes en mayo del año pasado, en el que consultó si este plan continuaba funcionando y pidió indicar eventualmente qué programa lo sustituiría.
Consultado por El País, el exsecretario de Estado dijo tener "preocupación de que el gobierno hable de políticas de Estado y luego haga lo contrario".
En respuesta, Interior adjuntó un informe de evaluación realizado por académicos de la Universidad de Montevideo en el que se mostraron los resultados del proyecto.
Desde la cartera dijeron a El País que actualmente el PIA no se está implementando, mientras que desde el Mides (en el que actualmente se encuentra la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado) dijeron que, luego de que la evaluación evidenciara "dificultades para alcanzar los efectos esperados", se está trabajando en una nueva alternativa.
Si bien evitaron brindar detalles, aseguraron que se está "trabajando intensamente en una propuesta de mayor magnitud, más eficiente" y que involucra a distintos organismos del Estado. Además, aseguraron que el nuevo plan abarcará a "un número importante de personas liberadas" y que se trata de una "respuesta integral y más completa".
Hasta el momento no hay fecha de presentación, aunque se espera poder hacer el lanzamiento en el transcurso de este año.
Verónica Piñeiro será la nueva directora de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente, luego de que Estela Delgado presentara su renuncia el viernes al ministro Edgardo Ortuño. La designación fue resuelta por el presidente Yamandú Orsi a propuesta del titular de la cartera.
Delgado explicó en una carta que deja el cargo para retomar plenamente su carrera académica en la Universidad de la República. Durante su gestión destacó avances en protección de humedales y fortalecimiento de las áreas protegidas.
Con esta salida, ya son tres los jerarcas que dejaron el Ministerio de Ambiente en lo que va de la actual administración, luego de las renuncias del exsubsecretario Leonardo Herou y de la directora general de Secretaría, Victoria Cross.
El narcotraficante Luis Fernando Fernández Albín levantó la huelga de hambre que había iniciado la semana pasada en reclamo por sus condiciones de reclusión. También dejaron la medida los presos que se habían sumado en otras cárceles en señal de apoyo. Según trascendió, el propio recluso comunicó por escrito a las autoridades el jueves que desistía del ayuno.
Fernández Albín había comenzado la protesta para exigir su traslado desde el sector de máxima seguridad de Punta de Rieles a un régimen más flexible. Está imputado por el tráfico de más de dos toneladas de cocaína y permanece bajo un sistema especial, con estrictos controles, aislamiento y limitaciones en las visitas.
El Ministerio del Interior sostiene que se trata de un recluso de alto riesgo. Su defensa cuestiona el protocolo aplicado y entiende que el aislamiento afecta su salud y vulnera estándares de derechos humanos.
El Ministerio del Interior anunció el viernes una serie de cambios en la cúpula policial, con movimientos en las jefaturas de Salto, Rivera y la Dirección Nacional de Seguridad Rural. Fabián Severo dejará la Jefatura de Policía de Salto para asumir en Rivera. En su lugar, en Salto, estará Ernesto Cossio, quien hasta ahora encabezaba la Seguridad Rural. A su vez, el actual jefe de Rivera, Germán Suárez, pasará a dirigir esa área.
El recambio se da en un contexto de aumento del abigeato. El año pasado se registraron 970 denuncias, lo que implicó un incremento cercano al 12% frente al año anterior. Desde la cartera señalaron que ese escenario influyó en la decisión, aunque también remarcaron que se trata de funcionarios que mantienen la misma jerarquía, ahora en distintos destinos.
El intendente de Canelones, Francisco Legnani, se refirió al proyecto urbanístico El Águila, previsto para la zona de Atlántida. Lo calificó como una propuesta “revolucionaria y transformadora”, aunque aclaró que todavía no fue presentado formalmente ante la Intendencia, pese a la amplia difusión que tuvo en los últimos días.
En declaraciones a Telemundo, Legnani señaló que en los próximos días mantendrán reuniones con los desarrolladores y que recién cuando el proyecto ingrese oficialmente comenzará el análisis técnico y las eventuales autorizaciones. Remarcó que, por ahora, no hay ningún trámite iniciado.
La iniciativa es impulsada por el empresario Kopel Sánchez junto al Estudio Luis E. Lecueder. Se proyecta en un predio de 238 hectáreas en la Costa de Oro, con una inversión estimada de hasta 500 millones de dólares a desarrollarse por etapas durante unos 20 años.
El plan apunta a crear una nueva centralidad urbana en el eje Atlántida–Villa Argentina–Fortín de Santa Rosa, con viviendas, comercios, oficinas, hotelería y espacios públicos, bajo un enfoque de desarrollo mixto y sustentable.
En Montevideo se destrabó el conflicto de los guardavidas y por lo tanto es normal el servicio en las playas de Montevideo durante la semana de Carnaval.
El gremio de trabajadores había realizado el viernes un paro de 24 horas en reclamo de más personal. Tras intercambios con la Intendencia, el intendente Mario Bergara se comprometió a que en marzo ingresen tres trabajadores con contrato anual, que era el principal planteo del sindicato.
Desde Adeom señalaron que no se trataba de un reclamo salarial, sino de cubrir vacantes para reforzar la prevención en playas. Los detalles del acuerdo se terminarán de ajustar esta semana.
La semana pasada (el domingo 8 de febrero) falleció en Montevideo a los 97 años María Eloísa Galarregui, abogada, jueza y una gran comunicadora en radio y televisión, que llegó a integrar el equipo de En Perspectiva.
Galarregui, que llegó a ser presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay, renunció a su cargo como jueza en lo penal durante la dictadura por considerar que “las condiciones no eran las mejores para hacer justicia”.
Debutó en radio en esa época cuando Néber Araújo la invitó a sumarse como columnista en su programa En Vivo y en directo, en Sarandí. Más tarde, en 1980, en esa misma emisora, dirigió Revista Sarandí en la tarde, junto a María Teresa Villanueva.
Al regreso de la democracia, en 1985, debutó en televisión, cuando condujo en Canal 5 el espacio periodístico l“Apertura”, que iba al mediodía de lunes a viernes y que se mantuvo al aire durante dos temporadas. Luego volvió a la radio con su propio programa, a fines de la década de 1980, en El Espectador.
En 2001 tuvimos el honor de contar con ella en el elenco fundador de La tertulia de En Perspectiva, donde integraba La Mesa de los miércoles, junto a Rodrigo Arocena, Juan Miguel Petit e Ignacio De Posadas.
Fanática de la historieta Mafalda y los dibujos de Quino, con una amplia formación cultural y una memoria difícil de igualar, María Eloisa era también una viajera incansable, pero tenía su lugar en el mundo en el balneario La Pedrera, en Rocha, donde pasaba todos los veranos.
En estos días, luego de su partida, el Institut Pasteur Montevideo le hizo un reconocimiento especial que permitió conocer otra faceta de su personalidad, la de “generosa donante” a esa organización.
En sus redes sociales publicó una serie de fotos de Galarregui de visita en sus instalaciones y detalló los aportes que realizó:
“Gracias a su apoyo, en 2018 fue posible, junto al @bseuruguay, la construcción de cuatro nuevos laboratorios que alojaron a jóvenes científicos y científicas. Esos equipos tuvieron un rol clave durante la pandemia y hoy continúan desarrollando sus carreras en el país.
“Su contribución también permitió la construcción de una sala científica destinada a reuniones de trabajo, intercambio con expertos/as y autoridades, y al vínculo cotidiano de los grupos de investigación, que son instancias centrales para la vida académica.
“Con su apoyo adaptamos el hall de entrada a las necesidades actuales, generando nuevos espacios de encuentro con la sociedad.
Por su generosidad y su mirada comprometida con la ciencia nacional, María Eloísa Galarregui deja una huella perdurable en nuestra institución. QEPD”.
ECONOMÍA Y EMPRESAS
En el puerto de Montevideo, trabajadores de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) llevan adelante desde anoche un paro de 24 horas. La medida fue definida por el sindicato en el marco de la negociación en los Consejos de Salarios.
El dirigente Martín García explicó a Subrayado que el reclamo central es fijar un mínimo de 13 jornales pagos por mes. Actualmente funciona un sistema escalonado, pero el gremio sostiene que en la práctica no se cumple como corresponde y no asegura ingresos suficientes ni acceso pleno a la seguridad social.
Luego de una reunión efectuada el viernes, y ante la falta de señales, resolvieron el paro y advirtieron que las medidas podrían profundizarse si no se abre una instancia real de negociación.
Persiste el conflicto en Conaprole luego del paro nacional de 24 horas realizado el viernes en rechazo al cierre del centro de distribución en Rivera. La empresa advirtió que podría haber faltante de leche y otros productos durante la semana de Carnaval, un período de alta demanda.
En conferencia de prensa el viernes, el presidente de la cooperativa, Gabriel Fernández, sostuvo que el tema “está agotado” tras diez meses de negociación y cuatro propuestas del Ministerio de Trabajo que, según dijo, fueron aceptadas por la empresa y rechazadas por el sindicato. Confirmó que el centro de distribución quedó definitivamente cerrado y que restan seis trabajadores por definir su situación.
El sindicato rechazó esa versión y acusó a la empresa de no generar ámbitos reales de negociación. Aseguró que se mantendrán las guardias necesarias para recibir la leche y evitar pérdidas de materia prima, y negó que exista riesgo de desabastecimiento.
El sábado, una delegación de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) viajó a Rivera para respaldar a los trabajadores. El sindicato de Conaprole convocó a una Asamblea General para el jueves 19 en la que se definirán los próximos pasos.
En el mercado local, el dólar subió el viernes por cuarta jornada consecutiva, en esta ocasión 0,28%. El interbancario fondo operó en promedio a $38,841.
Por tercera semana consecutiva, la divisa estadounidense subió, en esta oportunidad 0,84% frente al peso uruguayo (al comparar la cotización del viernes frente al viernes previo).
En lo que va del año 2026, el dólar lleva una baja acumulada de 0,51% (comparando la cotización del viernes en relación a la última de 2025).
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró el viernes en $ 37,60 para la compra y $ 40,10 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense subió y cerró el viernes en R$ 5,229. En la semana, el dólar bajó 0,10% en el país norteño.
En tanto, en Argentina, el dólar oficial aumentó el viernes y se situó en AR$ 1.399,50 y en la semana bajó 2,27%. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) se mantuvo y cotizó en AR$1.440,00. En la semana, el paralelo subió 0,35%.
El Euro subió el viernes frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$ 1,1874.
OTRAS NOTICIAS
Dos brasileños, de 26 y 22 años, fueron condenados por intentar sacar del país más de un kilo de cocaína a través del Aeropuerto Internacional de Carrasco, informó el Ministerio del Interior.
Según informó El País, durante el control por escáner se detectaron imágenes anómalas en el interior del calzado de los pasajeros. Esto provocó una alerta de la Policía Aérea y llevó a que personal de la Unidad de Vigilancia de Puertos y Aeropuertos (UVPA) de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN) realizarán el procedimiento.
Los hombres se disponían a abordar un vuelo hacia Madrid (España), teniendo como destino final Milán (Italia).
Ante la sospecha, fueron trasladados a la sala de inspecciones, donde se efectuó un registro minucioso de los championes. En el interior del calzado se halló una sustancia que, sometida a análisis primario, dio resultado positivo para cocaína.
La detención se concretó a las 12:20 del sábado.
La policía incautó dos pares de championes con sustancia en su interior, 1,235 kilogramos de cocaína, dos teléfonos celulares y 980 euros en efectivo.
Ambos brasileños fueron condenados como autores penalmente responsables de un delito previsto en los artículos 31 y 37 del Decreto Ley 14.294, en la modalidad de exportación de sustancia en grado de tentativa.
La pena impuesta fue de dos años de penitenciaría.
Al menos cuatro homicidios se registraron el fin de semana en Montevideo y Canelones.
El sábado, en el barrio Reus de Montevideo, un hombre de 38 años fue atacado a balazos mientras circulaba en su camioneta y murió poco después en el Hospital Español.
Ese mismo día, en Villa Aeroparque, Canelones, un hombre de 30 años, sin antecedentes, fue asesinado cuando llegaba a su casa en moto; recibió varios disparos y falleció horas más tarde.
También el sábado, en Las Acacias, Montevideo, un joven de 28 años fue baleado dentro de su vehículo, que terminó incrustado en una vivienda.
Y en la madrugada del viernes, en Plácido Ellauri Norte, Montevideo, otro hombre fue hallado sin vida en la vía pública con cuatro heridas de arma de fuego.
Todos los casos son investigados por Fiscalía y el Departamento de Homicidios.
Además, cinco personas murieron el fin de semana en siniestros de tránsito.
En la madrugada del domingo, tres personas fallecieron tras un despiste y vuelco en la ruta 31, a la altura del kilómetro 21, en el departamento de Salto.
Las víctimas son dos mujeres de 42 y 79 años y un hombre mayor de edad. Otras tres personas, entre ellas una niña de 8 años, resultaron lesionadas y el conductor permanece grave. La familia regresaba del Carnaval de Artigas y las causas del accidente se investigan.
También en la madrugada del domingo, en el balneario Kiyú, en San José, dos personas que viajaban en moto murieron al chocar de frente con un auto en la esquina de Ibirapitá y Coiguá.
El conductor del automóvil dio positivo en la espirometría y quedó a disposición de Fiscalía.
INTERNACIONALES
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó ayer que Estados Unidos no pide a Europa que sea un “vasallo” sino un aliado.
Marco Rubio instó a los europeos a alinearse con la visión de Donald Trump sobre el orden mundial, y abogó por revitalizar las relaciones con una Europa "fuerte".
Durante una visita a Eslovaquia este domingo, Marco Rubio, quiso tranquilizar a sus aliados luego del discurso que realizó el sábado cuando expuso en la Conferencia de Seguridad de Múnich:
"No estamos pidiendo a Europa que sea un vasallo de Estados Unidos. Queremos que sea un socio. Queremos cooperar con nuestros aliados y nuestro mensaje definitivo es que, cuanto más fuerte sea Europa, tanto de manera individual, en términos de países, como de manera colectiva, más fuerte es la OTAN. Es sentido común".
En su intervención en Munich, el secretario de Estado fue mucho menos punzante que el vicepresidente J. D. Vance hace un año en ese mismo foro. Sin embargo, no se apartó de los temas del segundo mandato de Donald Trump. En su mensaje hubo referencias a la "cultura nacional", la "herencia", los "valores cristianos" y el "declive de la civilización occidental". Europa, dijo, tiene que acelerar su gasto de defensa y la construcción de su ejército.
Pocos minutos después de la alocución de Rubio, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la realidad actual ha impuesto a Europa la decisión última de “fomentar su independencia” frente a las amenazas internas y externas a las que se enfrenta. Además, sostuvo que esa independencia “representa la mejor opción para entablar una nueva relación con Estados Unidos”.
Líderes europeos coincidieron en que es conveniente depender menos de Estados Unidos, trabajar más estrechamente juntos en lo militar y proteger firmemente sus propios sistemas de creencias.
Por su parte, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, rechazó declaraciones estadounidenses que denigren al bloque, y celebró el cambio de tono del secretario de Estado en Múnich. "Contrariamente a lo que dirían algunos, Europa no es decadente ni ‘woke’, ni su civilización está amenazada", dijo Kallas en alusión a las críticas del presidente Trump.
Rubio concluye hoy en Hungría su breve gira europea, con una muestra de apoyo al primer ministro Viktor Orbán, en dificultades antes de las elecciones de abril.
Cinco países europeos acusaron este fin de semana a Rusia de "envenenar" en 2024 al opositor Alexéi Navalni en prisión con una "toxina rara" que se encuentra en las ranas dardo de Ecuador.
"Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y los Países Bajos están convencidos de que Alexéi Navalni fue envenenado con una toxina letal", afirmaron los países en una declaración conjunta difundida en la Conferencia de Seguridad de Múnich.
La toxina epibatidina contenida en la piel de las ranas dardo originarias de Ecuador fue hallada en muestras y "muy probablemente causó su muerte", añadieron con motivo del segundo aniversario del fallecimiento del opositor.
Navalni, un férreo crítico del presidente Vladimir Putin, murió en una prisión del Ártico, el 16 de febrero de 2024 mientras cumplía una condena de 19 años de cárcel.
En un comunicado aparte, el Ministerio de Relaciones Exteriores británico dijo que "solo el Estado ruso tenía los medios, un motivo y la oportunidad de utilizar esta toxina letal para atacar a Navalni durante su encarcelamiento en una colonia penal rusa en Siberia".
El Kremlin no se ha pronunciado sobre esta acusación, pero la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia y la embajada de Moscú en Londres rechazaron el informe occidental. Por su parte, Marco Rubio declaró el domingo que no tenía "ninguna" razón para cuestionar la conclusión de cinco países europeos.
En Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu llamó a desmantelar la capacidad de enriquecimiento de uranio de Irán. Netanyahu realizó el planteo ayer, durante un discurso en Jerusalén, antes de las negociaciones de esta semana entre Estados Unidos y Teherán sobre el programa nuclear.
En sus declaraciones ante la Conferencia de Presidentes de Organizaciones Judías Estadounidenses, Netanyahu afirmó que cualquier acuerdo entre Estados Unidos e Irán debe incluir varias condiciones y que la primera es que "todo el material enriquecido debe salir de Irán".
“Si se va a alcanzar un acuerdo, debería tener varios componentes que creemos que son importantes no solo para la seguridad de Israel, sino para la seguridad del mundo. No sólo no deberá haber capacidad de enriquecimiento, sino que también hay que desmantelar el proceso de enriquecimiento, el equipamiento y la infraestructura que permiten enriquecer (a Irán).”
Además, Netanyahu insistió en que se debe resolver el asunto de los misiles balísticos. El primer ministro afirmó que insistió en estas condiciones durante su reunión con el presidente Donald Trump y abogó por que el programa nuclear de Irán sea sujeto a supervisiones estrictas.
El primer ciclo de conversaciones entre Irán y Estados Unidos en febrero estuvo marcado por las amenazas de Washington a Teherán con una acción militar, que incluyó el despliegue de portaaviones en la región, primero como respuesta a la sangrienta represión contra el movimiento de protesta en enero y, después, para presionar a Irán con el fin de alcanzar un acuerdo.
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqhchi, viajó este domingo a Suiza para un segundo ciclo de conversaciones sobre el programa nuclear iraní con Estados Unidos.
China suspenderá todos sus aranceles a las importaciones de los 53 países africanos con los que mantiene relaciones diplomáticas a partir del próximo 1 de mayo, anunció la Presidencia china en un comunicado recogido por la agencia oficial de noticias del país, Xinhua.
"Ante una situación internacional compleja y volátil, China está firmemente comprometida con la salvaguardia de la paz mundial, la promoción del desarrollo común y la construcción de una comunidad de destino común para la humanidad", cita la agencia oficial china sobre el mensaje trasladado por Xi a la Unión Africana.
Actualmente, Pekín ya tiene una política de aranceles cero para las importaciones de una treintena de países africanos, pero ahora ampliará estas condiciones a todos los estados del continente, menos el pequeño reino de Esuatini, que tiene relaciones diplomáticas con la isla de Taiwán, cuya autonomía rechaza China.
África está mirando hacia China y otras partes del mundo con el objetivo de ampliar sus socios comerciales después de las medidas proteccionistas impulsadas por Donald Trump, que supusieron la imposición de aranceles de entre un 10% y un 30% para decenas de países africanos, vigentes desde el pasado 7 de agosto.
El secretario general de la ONU, António Guterres, acogió con satisfacción el anuncio de China, y animó a todos los países desarrollados a adoptar esta medida.
En Venezuela, Delcy Rodríguez profundizó este fin de semana sus cambios en el gobierno al eliminar siete programas sociales y organismos del chavismo, cuatro de ellos creados por el derrocado mandatario Nicolás Maduro.
Según informó la prensa local el domingo, la mandataria encargada decretó el cierre de entes asociados al Ministerio del Despacho de la Presidencia, a cuyo titular cambió el pasado mes para poner al capitán Juan Escalona, quien era miembro del equipo de seguridad de Maduro.
Dentro de los cierres más importantes está el del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), que fue clave en el monitoreo y control de información considerada “estratégica” por el chavismo y que fue denunciado como brazo represivo del régimen.
Además, el decreto elimina tres programas sociales conocidos como "misiones" creados durante el gobierno de Maduro. Los otros dos programas y un ente suprimidos se crearon y potenciaron con el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez.
Las numerosas misiones del chavismo van desde subsidios alimentarios y económicos hasta ayudas en salud, vivienda y educación, pensadas para paliar las necesidades de la población más vulnerable.
Estos programas han sido bandera primero de Chávez y luego de su sucesor, Maduro. Pero diversas organizaciones independientes consideran que promueven la opacidad, corrupción y coacción social como parte del aparato represor del Estado.
Esta decisión se suma a los ya numerosos cambios que ha hecho Rodríguez desde que asumió la Presidencia encargada, poco después de la captura de Maduro, y que incluyen nombramientos, modificaciones de los nombres de instituciones, la reforma de una ley petrolera y ahora también el cierre de entes públicos.
En Cuba, el tradicional festival del Habano, que le aporta varios millones de dólares cada año a la isla, fue cancelado en momentos en que el país sufre una grave crisis energética
"El comité organizador del Festival de La Habana anuncia el aplazamiento de su próxima edición", prevista del 24 al 27 de febrero, señala una carta enviada a los participantes, de la cual AFP obtuvo una copia. Aún no se ha anunciado una nueva fecha.
Este festival, que reúne a aficionados y representantes comerciales de todo el mundo, incluye una subasta de puros que genera varios millones de dólares anuales para el gobierno cubano. Se trata de un sector crucial para la economía de la isla, que sufre su peor crisis en tres décadas, agravada ahora por una crisis energética asfixiante.
La semana pasada, Cuba adoptó un paquete de medidas restrictivas para ahorrar electricidad y combustible con el fin de preservar los servicios básicos y sectores clave de la economía, como el tabaco. El turismo, la segunda mayor fuente de divisas después del envío de profesionales de la salud al extranjero, ya se ve gravemente afectado.
Una treintena de hoteles han cerrado para conservar los recursos energéticos del país, y aerolíneas de Canadá y Rusia decidieron la suspensión de sus vuelos debido a la falta de combustible para reabastecer los aviones en la isla.
Cuba dejó de recibir petróleo de su principal aliado Venezuela luego de la caída de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense el 3 de enero.
En Perú, el Congreso debatirá este martes una moción de censura y destitución del presidente interino José Jerí, sobre quien pesan dos investigaciones de la fiscalía por "tráfico de influencias".
Jerí, de 39 años, asumió el poder el 10 octubre luego de que la presidenta Dina Boluarte fuera destituida por el Congreso en un juicio político exprés, en medio de masivas protestas por una ola de extorsiones y asesinatos a sueldo jamás vista en el país.
Jerí enfrenta hasta siete pedidos de censura impulsados por la minoritaria oposición izquierdista y un bloque de partidos de derecha que buscan removerlo por "inconducta funcional y falta de idoneidad" para ejercer el cargo.
Varios medios locales revelaron a inicios de febrero que al menos cinco mujeres profesionales de entre 29 y 38 años obtuvieron órdenes de servicio y contratos en diversas entidades públicas, como el seguro social de salud, los ministerios de Ambiente y Educación y el mismo despacho presidencial, pocos días después de visitar a Jerí.
El Congreso requiere de una mayoría simple —o 66 votos si asisten el total de 130 legisladores— para censurar a Jerí, quien fue designado en octubre como mandatario interino dado que ocupaba la presidencia del Congreso, como señala la Constitución peruana.
En el principal pedido de censura impulsado por la bancada del partido conservador Renovación Popular, los parlamentarios exigen que "Jerí acuda al Congreso y brinde las explicaciones necesarias frente a los serios cuestionamientos sobre su conducta en el ejercicio del cargo".
El mandatario goza de inmunidad durante su mandato y sólo puede enfrentar un eventual proceso penal después de julio, cuando deje el poder. De ser destituido, Perú tendrá su octavo presidente en casi 10 años de crisis política.
En Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo aseguró que el estado de sitio que decretó hace un mes, y que concluye hoy, permitió controlar a las pandillas que en enero asesinaron a once policías y se amotinaron en las cárceles.
El estado de sitio, que fue ratificado por el Congreso, permitió a la Policía y al ejército frenar la escalada que emprendió el Barrio 18, una de las pandillas consideradas por Estados Unidos como organización terrorista.
"En estos 30 días, puedo decirles que la estrategia ha dado resultados contundentes", aseguró Arévalo en cadena nacional de radio y televisión. La medida de fuerza, según el presidente, permitió cortar "los sistemas de comunicación dentro de las cárceles" y "desbaratar" la coordinación que tenían con las maras o pandillas en las calles.
Las autoridades capturaron a 83 pandilleros "de alta peligrosidad" y la policía incautó casi cinco toneladas de cocaína, lo cual figuró como "el decomiso de droga más grande de los últimos 12 años", destacó Arévalo.
También mencionó que durante el estado de sitio redujeron las extorsiones en 33% y se extraditaron siete criminales a Estados Unidos.
Para sostener el combate al crimen organizado, Arévalo adelantó que el martes 17 de febrero decretará "el estado de prevención en todo el país". Según la legislación guatemalteca, el estado de prevención lo decreta el presidente, no requiere la aprobación del Congreso y tiene una vigencia máxima de 15 días.
A diferencia del estado de sitio, bajo el estado de prevención no se pueden hacer capturas sin orden de un juez.
En Brasil, cientos de miles de personas tomaron este sábado las calles de las principales ciudades para celebrar el Carnaval, la fiesta más grande del país, en coloridas y ruidosas comparsas.
Hasta el próximo miércoles, Brasil se sumerge en su Carnaval, el más famoso y con mayor proyección del mundo.
Desde las cinco de la madrugada empezaron a concentrarse miles de personas en el bloco (comparsa de carnaval) ‘Então, Brilha’, en Belo Horizonte. Temprano también arrancó el centenario ‘Cordão da Bola Preta’ en Río de Janeiro.
Hasta el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, no se quiso perder los festejos y acompañó desde un camarote el popular ‘Galo da Madrugada’, en Recife, junto a la primera dama, Rosângela ‘Janja’ da Silva, y a otras autoridades.
Se trató del primer día completo de Carnaval, la fiesta previa a la Cuaresma que llena las calles de todas las ciudades con gente bebiendo y bailando a sus anchas.
Una escuela de samba abrió ayer el Carnaval de Río de Janeiro con una presentación dedicada al presidente Lula da Silva, lo que desató una polémica con la oposición política, dado que fue considerada propaganda electoral anticipada de cara a las elecciones de octubre, en las que el primer mandatario busca la reelección.
Los desfiles de las 12 principales "escolas" de samba —una feroz competencia con carrozas gigantes, percusión y reinas de samba ligeras de ropa— son el plato fuerte del Carnaval de Rio de Janeiro.
Académicos de Niteroi, la primera en desfilar el domingo, decidió homenajear a Inácio Lula da Silva, la primera vez que un presidente en ejercicio es objeto de un tributo en la famosa avenida del Sambódromo.
Lula presenció el espectáculo desde uno de los palcos VIP junto al alcalde de Rio, Eduardo Paes, mientras que su esposa, Rosangela "Janja" da Silva, que tenía previsto desfilar, finalmente no entró en la avenida.
La puesta en escena de Académicos de Niteroi, con alrededor de tres mil personas, exhibió diferentes escenas de la vida de Lula, desde sus humildes comienzos en el noreste de Brasil hasta momentos clave de su vida política como su tercera toma de posesión, en 2023.
Lula apareció representado en una estatua gigante de estilo metálico y también en fotografías de su vida que se proyectaron en una pantalla gigante, en un "show" que ensalzó sus políticas sociales.
También hubo alusiones a su máximo rival político, Jair Bolsonaro, puesto que el conocido payaso Bozo -como algunos izquierdistas designan al expresidente- apareció entre rejas sobre una carroza y con una tobillera electrónica.
En Argentina, el gobierno pisará el acelerador para tratar de aprobar esta misma semana la ley de modernización laboral que ya tuvo media sanción del Senado. Es una de las principales reformas estructurales en la agenda del presidente Javier Milei, y la intención es que ya sea un hecho consumado cuando el mandatario dé su discurso inaugural del año legislativo, el 1°de marzo.
Pero antes tendrá que sortear algunos obstáculos, como renegociar con los sectores aliados algunos puntos del texto que generaron rechazo por parte de la opinión pública.
El tema que generó más controversia fue uno agregado a último momento, y que ahora está en el centro de todas las críticas. Es el que establece descuentos salariales por licencia de enfermedad.
El argumento oficial es que actualmente se produce un abuso de estas licencias médicas, y que existe una “mafia del certificado trucho”, como la denominó la senadora Patricia Bullrich, principal impulsora del proyecto.
El gobierno alega que se producen todo tipo de situaciones injustas para el empleador, como avisos de enfermedad que resultan incomprobables hasta certificados por estrés que pueden llevar a que una licencia psiquiátrica se extienda muchos meses.
Lo que establece el proyecto es que si alguien se enferma o lesiona en el contexto de su actividad laboral, o se indispone por una situación ajena a su voluntad, se le descontará el 25% de cada día de licencia.
En cambio, si la lesión o enfermedad se produce como consecuencia de una conducta tomada por el empleado, como participar en una actividad recreativa que lo expone a un riesgo, el descuento llega al 50%. El ejemplo que pusieron en el gobierno es que si alguien juega al fútbol un domingo y luego falta el lunes por un esguince, el descuento será la mitad del jornal.
Tras la media sanción del proyecto se generó una polémica enfocada en las personas con enfermedades graves, que puedan suponer una incapacidad por períodos largos. Según el texto original, correspondería un 25% de descuento.
Pero los propios aliados del gobierno en el Congreso, sobre todo sectores del peronismo, dijeron que no avalarían ese punto en la Cámara de Diputados.
Por eso, Bullrich admitió que habrá una revisión, de manera que se continúe pagando el 100% del salario para casos de enfermedades severas, degenerativas, irrecuperables, siempre que se puedan verificar de manera fehaciente.
En el bloque legislativo oficialista ya están trabajando en la nueva redacción de ese punto, con la intención de que esta misma semana se vote en Diputados y vuelva al Senado para su sanción definitiva.
De todas maneras, en el gobierno admiten que dan por sentado que habrá un intento de frenar la reforma por la vía judicial. Y que los más activos en ese sentido no serán los políticos opositores, sino los propios jueces del fuero laboral, que temen un recorte en sus facultades.
La expectativa, entonces, es que la discusión por la reforma laboral llegará hasta la instancia de la Corte Suprema de Justicia.
(Fernando Gutiérrez, corresponsal desde Argentina)
