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NACIONALES
La bancada de senadores del Frente Amplio presentó ayer a la oposición una última propuesta para el salvataje de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu), que busca que el proyecto de ley pueda ser aprobado esta semana en las dos cámaras.
La iniciativa se conoció luego que se acordara una nueva prórroga en la definición, que estaba prevista para la sesión de ayer lunes.
En un documento de tres puntos el oficialismo, a través de los senadores Daniel Caggiani y Eduardo Brenta, indicó que, en cuanto a la "contribución pecuniaria" que se le deberá exigir a los pasivos, "se podría acompañar" un esquema que exoneraría de ese aporte a los jubilados con ingresos de hasta $ 39.456.
Para las pasividades comprendidas entre esa cifra y $ 65.760, el tributo se ubicaría en 2%. Para los ingresos superiores a esa cifra, la "contribución" sería de 6,5%. Según la estimación, por esta vía la recaudación prevista sería de US$ 36 millones.
En cuanto a la convergencia entre el régimen actual y el propuesto, el FA "podría aceptar un corrimiento" de las edades de retiro y cambios en las tasas de reemplazo. La fórmula propuesta es fijar la edad de retiro en 61 años para los nacidos en 1969, con un incremento de un año hasta llegar a los 65 años para los nacidos a partir de 1973. En este caso, la recaudación prevista sería de US$ 32 millones.
En lo que refiere al aporte de los profesionales activos, la izquierda está dispuesta a acompañar una "gradualidad" en el ajuste, partiendo de 18,5% y aumentando un punto porcentual por semestre, hasta llegar al proyectado 22,5% en el segundo semestre de 2027. Por este concepto, la recaudación prevista sería de US$ 42 millones. En cuanto al Estado, el aporte previsto sería de US$ 40 millones.
Hablando con la prensa, el senador Caggiani valoró la propuesta y destacó la “flexibilidad” de la bancada oficialista para llegar a un acuerdo.
“Somos de la idea que lo mejor era el proyecto del Poder Ejecutivo. Ahora, entre lo mejor y lo posible, me quedo con lo posible. Tratar de que los activos aporten un poco más, que los pasivos aporten un poco más, en la medida en que seguirán beneficiándose de una jubilación importante”.
Con la premisa de que la definición no puede extenderse más allá del miércoles, fecha límite establecida por el oficialismo, hoy las bancadas de Diputados de los partidos Colorado y Nacional se reunirán, por separado, para analizar la situación. Fuentes partidarias indicaron a El País que, informalmente, en filas nacionalistas va ganando terreno el concepto de que "es preferible algo menos malo que algo peor".
Hablando con la prensa, la senadora Graciela Bianchi le pidió ayer “calma” a los profesionales, que realizaron un paro en rechazo al proyecto del gobierno y afirmó que el acuerdo “está más cerca”.
“Yo lo que les pido a los profesionales –y yo también lo soy– [es] que se calmen, porque esto que estamos demorando es en función de buscar las mejores soluciones”, expresó Bianchi, quien dijo “no entender” el paro de este lunes, impulsado por el Sindicato Médico. “Los que llevaron a la ruina la caja, en general, fueron gente de ese gremio”.
Luego de los encuentros previstos a la interna de cada partido, será el turno de una reunión de todos los legisladores de la coalición republicana. Esto está destinado a "ajustar los números" y poder presentar una nueva contraoferta, unificada, al oficialismo. Entre los blancos se pretende mejorar aún más los guarismos referidos a los aportes que deberán hacer los pasivos. En filas coloradas, se pretende mejorar el régimen de convergencia.
Pase lo que pase, el FA promoverá en el Senado la discusión del proyecto de ley este miércoles. La idea es que, el mismo día, el proyecto pueda ser ratificado por la cámara baja y cobre vigencia en forma inmediata, dada la urgencia de concretar la salida a la crisis de la institución, que este mes, ante la falta de reservas, se dispone a pagar salarios y jubilaciones de forma fraccionada.
OTROS TEMAS QUE SE DESTACAN EN ESTA JORNADA
El precio de la garrafa de supergás de 13 kilos bajó desde hoy $100 y quedó en $1.050. Mientras tanto, la nafta subió $ 0.25 a $ 78,72 por litro y el gasoil ajustó al alza $ 1 hasta $ 48,08 por litro..
La medida se adoptó en un decreto que el presidente Yamandú Orsi dejó firmado antes de viajar a España, y regirá por los meses de julio y agosto.
En rueda de prensa, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, sostuvo ayer que el ajuste del supergás responde al “esfuerzo que está haciendo el gobierno de cara a lo que han sido estos fríos que estamos atravesando” y remarcó que la rebaja de 100 pesos por garrafa se agrega al subsidio de 50% en el costo para los usuarios de la Tarjeta Uruguay Social, Asignaciones Familiares, asistencia a la vejez y asignaciones del Banco de Previsión Social (BPS).
“Es una decisión que creemos que va a alcanzar a más de un millón de hogares”, afirmó la ministra, y acotó que la medida es “general a la ciudadanía y alcanza no sólo a los hogares que son más vulnerables, sino también a la clase media”.
Cardona “invitó” a los presentes en la rueda de prensa a que le digan “en qué momento hubo una rebaja del supergás del tenor de este mes”.
Respecto del aumento en el precio de la nafta y el gasoil, respectivamente, Cardona señaló que “la realidad mundial está complicada”, lo que hace “que tengamos un precio del petróleo que el PPI lo recoge”. No obstante, la ministra resaltó que en la medida en que Ancap refina, “permite tener decisiones que no contemplan de manera inmediata la realidad mundial”, porque la empresa “tiene un stock establecido de petróleo que lo tiene comprado”.
El ingeniero agrónomo Alejandro Henry Rodríguez asumió ayer como nuevo presidente del Instituto Nacional de Colonización (INC).
Henry es productor lechero en Lavalleja, con un reciente pasado gremial como representante ante diferentes institutos por la Comisión Nacional de Fomento Rural.
Su llegada al cargo se produjo luego de la polémica por la compra de la Estancia María Dolores, en Florida, por US$ 32,5 millones, que derivó en el cuestionamiento al titular del organismo, Eduardo Viera, por la incompatibilidad que implicaba su condición de colono.
Hablando ante la prensa, Henry destacó que se trabajará “en el desarrollo de las colonias ya existentes en los diferentes rubros”, confirmó su intención de avanzar en la adquisición del predio cuestionado por la oposición y señaló su deseo de que su antecesor siga vinculado a la gestión.
“Para nosotros era el principal referente. Trataremos de que siga en nuestros equipos, apoyando con su sapiencia y su conocimiento gremial, para hacer un trabajo colectivo”.
Henry recordó que el programa del Frente Amplio prevé incorporar al INC en este período 25.000 hectáreas, por lo que, precisó, después de la adquisición de María Dolores aún restará sumar 20.400 hectáreas. Al respecto, dijo: “si me agarra Oddone, me va a matar”, e insistió en que se debe “cumplir” con lo que indica el programa.
Una semana después de la implementación de la alerta roja social por frío para las personas que viven o pernoctan en la calle, el gobierno dio asistencia en la noche del pasado domingo a 2.772 casos en todo el territorio nacional.
Según el balance publicado ayer por el Sinae (Sistema Nacional de Emergencias), 2.178 personas fueron recibidas en refugios del Mides (1.393 en Montevideo y 785 en el interior) y 594 en los centros de evacuación (509 en Montevideo y 85 en el interior).
En Montevideo, 194 personas pasaron la noche en el Polideportivo de la Escuela Nacional de Policía, 100 en la Plaza de Deportes N°2, 114 en el Palacio Peñarol y 101 en el club Huracán de Paso de la Arena.
Además, el gobierno definió la apertura de un nuevo centro de evacuación, que comenzará a funcionar hoy.
De acuerdo con el informe y con base en datos de los equipos radicados en el área metropolitana encargados de la captación y traslado de personas, hubo un aumento en el número de personas asistidas. El sábado, 2.030 personas fueron trasladadas.
El Ministerio del Interior registró 285 traslados de forma voluntaria a centros de evacuación. En Tacuarembó, en un caso, se aplicó la internación compulsiva, y en Montevideo se dieron ocho detenciones por desacato, en aplicación de la evacuación forzosa.
Por otra parte, ASSE (la Administración de los Servicios de Salud del Estado), la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes y el Ministerio de Desarrollo Social comenzaron a implementar “una estrategia específica de abordaje de detección y tratamiento de enfermedades para aquellas personas que están alojadas en los centros de evacuación”.
Esto implica la identificación de personas con un diagnóstico de que no estaban recibiendo tratamiento así como la realización de un “tamizaje” de personas que padecen enfermedades infecciosas prevalentes, y de esa forma “lograr la vinculación con el sistema de salud”.
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) extendió hasta mañana, miércoles, el aviso por ola de frío polar para todo el país.
Según la actualización del organismo el pronóstico por temperaturas extremas, que comenzó el domingo, se extenderá un día más de lo previsto.
El Inumet indicó que “el ingreso de masa de aire de origen polar” provocará que las temperaturas mínimas extremas oscilen entre -4 °C y -1 °C, mientras las temperaturas máximas se ubicarán entre 10 °C y 13 °C.
Se espera que mañana el centro del país registre las temperaturas más bajas pronosticadas.
MÁS NOTICIAS DEL PANORAMA NACIONAL
En el Banco de Previsión de Social (BPS) hay hoy unos 58 mil trámites jubilatorios en espera de ser resueltos, de los cuales el 32% tienen más de un año de antigüedad. El organismo anunció ayer una serie de medidas para agilizar estos expedientes.
Los detalles fueron presentados por la presidenta de la institución, Jimena Pardo.
“Estamos hablando de atrasos de prestaciones, jubilaciones, pensiones y otras prestaciones no contributivas”, apuntó. “A raíz de un modelo de atención que se implementó en el período pasado. Esto impacta en las personas y la idea es tomar medidas rápidas para revertir esta situación”.
Entre las medidas dispuestas, se incorporará 12 médicos adicionales, “bajo el régimen de contratación de obra”, para poder “acelerar” las juntas médicas. En ese sentido, otra de las medidas es la reducción de plazos para la evaluación médica, sumado a que en jubilaciones por incapacidad se pueda “sacar trámites redundantes que no estaban aportando valor”.
En cuanto a la jubilación común, habrá un nuevo criterio de análisis inmediato para estos trámites y, según Pardo, para “aquellas personas que ya tienen los requisitos, edad y años de servicio y que no están en actividad hoy”, se pasará a un trámite exprés. Esto consistirá en que “estas personas reciban una liquidación, y si luego tienen que hacer reconocimiento de servicios y agregar años, igualmente se les va a liquidar y después eventualmente se reformará el monto”.
Como otra de las medidas, de acuerdo con Presidencia, el BPS creará equipos de alto rendimiento que se dedicarán a los trámites que tengan especial prioridad, para resolver aquellos que llevan un tiempo prolongado en espera. A su vez, según se indica, habrá una mejora en los trámites de pensiones por vejez e invalidez, para que estos procedimientos sean más comprensibles y se pueda facilitar información a los usuarios.
Además, de acuerdo con Presidencia, se hará un plan piloto para brindar una estimación jubilatoria, cuya proyección estará disponible a partir de agosto en la aplicación Mi Jubilación Estimada. “Hasta ahora el BPS no hacía cálculos a las personas que no querían jubilarse ya: lo que hacían era una cosa que se llamaba jubilación sin cese”, explicó Pardo, y detalló que si la persona está en actividad, cuenta con los requisitos y quiere saber cuál será el monto de la jubilación, “se le va a dar un cálculo proyectado”. Esto, según la jerarca, “va a sacar un cuello de botella en una cantidad de trámites y, cuando la persona efectivamente quiera cesar, allí viene e inicia un trámite de jubilación”.
Según Pardo, el tiempo de espera para la jubilación común tiene un promedio de 201 días, para la pensión por invalidez de 189 días, para la jubilación por incapacidad y subsidio transitorio de 252 días. Por lo tanto, señaló que “la situación es bastante generalizada”.
El Poder Ejecutivo remitió un proyecto de ley al Parlamento con medidas para “mitigar desventajas” en materia comercial que se producen en zonas fronterizas.
La iniciativa había sido anunciada a principios de junio por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.
En la exposición de motivos de la iniciativa se señaló la existencia de una “disparidad significativa en los niveles de precios relativos” con los países limítrofes, algo que puede generar “efectos sustantivos sobre la competitividad, el consumo interno, el empleo, el comercio en zonas de frontera y su correspondiente formalización”.
Según detalla el texto, las acciones previstas tienen “carácter transitorio” y se vinculan a la implementación de “un régimen especial de comercio de frontera, la exoneración de aportes jubilatorios patronales a nuevos empleos, y la reducción del IVA”.
Asimismo, se deja claro que estas medidas podrán instrumentarse “conjuntamente o en forma individual” en ambas fronteras del país –con Argentina o con Brasil– según “las necesidades coyunturales que surjan”.
La iniciativa prevé el establecimiento de un “procedimiento aduanero simplificado, exonerado de todo tributo y paratributo”, incluidos el IVA y el Imesi. Se espera con estas acciones que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan “importar, enajenar y comercializar ciertos productos” en línea con los términos que establezca el Poder Ejecutivo. Asimismo, se aclara que en pos de promover la “simplicidad, fluidez y evitar costos a la operación aduanera” tampoco se exigirá documentación aduanera vinculada a los organismos de control aplicables a la mercadería que se importa.
Se indica que, en cualquier caso, el Poder Ejecutivo quedará facultado a determinar “el alcance de la zona, estableciendo los límites en que deberán estar instaladas esas empresas para poder acceder a este procedimiento”.
En lo que respecta a la exoneración de aportes jubilatorios patronales a nuevos empleados, el texto expresa que se trata de medidas que buscan promover la “formalización” y “la generación de nuevos puestos de trabajo” en la frontera. En este caso, el alcance territorial de la medida comprende a las empresas que se encuentren en actividad en un radio máximo de 60 kilómetros de los pasos de frontera terrestre.
La disposición indica que se podrá exonerar hasta 75% del aporte patronal jubilatorio al Banco de Previsión Social (BPS) para los nuevos puestos de trabajo dependiente. El proyecto expresa que “la medida se orienta a empresas con actividad en giros relevantes para la dinámica fronteriza”.
A su vez, se aclara que el beneficio será aplicado “exclusivamente” sobre el “incremento neto de empleos respecto al promedio de personal ocupado registrado” en los seis meses previos. Esta consideración “evita la sustitución de personal existente por nuevas contrataciones con exoneración”.
La reducción del IVA va en línea con “estimular la adquisición de bienes de consumo en comercios al por menor que se encuentren ubicados en un radio máximo de 20 kilómetros de los pasos de frontera terrestre”.
Para evitar “la deslocalización inapropiada de las adquisiciones”, se condiciona a que la entrega sea realizada en el propio local comercial.
La iniciativa deja previstas “limitaciones cuantitativas para el acceso al beneficio” tanto por operación como en relación con el conjunto de operaciones mensuales. Para “evitar la superposición de regímenes de reducción del IVA”, también se deja constancia de que “deberá aplicarse la que otorgue un mayor beneficio”.
En cuanto al monto por operación, se establece como tope para la aplicación del beneficio el equivalente a 2.000 unidades indexadas (actualmente algo más de 12.000 pesos). A su vez, mensualmente, se deja constancia de que para el descuento del IVA no se deberá superar las 10.000 unidades indexadas (alrededor de 63.000 pesos).
El abogado Juan Pablo Decia, que representa a inversores damnificados por la quiebra de Conexión Ganadera, cuestionó la tipificación planteada por el fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, a los responsables de la firma.
Rodríguez, según El Observador, buscará imputar al socio fundador de Conexión Ganadera, Pablo Carrasco, por un delito de estafa y lavado de activos, mientras que a su esposa y socia Ana Iewdiukow buscará imputarle un delito de estafa, al igual que a Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso.
En diálogo con La Diaria, Decia dijo que, además de benevolente para con los tres directores de Conexión Ganadera, representan una imputación que no se ajusta, en el caso de Cabral y de Iewdiukow, a las evidencias sólidas que surgen de la carpeta investigativa, en particular de lo que surge de los informes de la Senaclaft [Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo] y de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central.
Según el abogado, “no hay razón para no imputarles lavado de activos a Iewdiukow y Cabral, no hay razón jurídica que sostenga esa diferenciación”, señaló.
Decia planteó que también corresponde pedir la formalización por un delito de apropiación indebida.
Por otra parte, el abogado lamentó que las defensas de los damnificados no hayan sido informadas de la solicitud de formalización que fue declarada reservada por la jueza de Crimen Organizado de primer turno, Diovanet Olivera, para que no trasciendan detalles de los bienes que el fiscal Rodríguez solicitó embargar por considerar que fueron adquiridos como producto de la estafa que pretende imputar, y que podría ponerse a disposición de los afectados.
El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció ayer que, a partir de la segunda quincena de julio, incluirá en el esquema nacional de vacunación dos vacunas contra la enfermedad meningocócica.
En principio, la incorporación de estos fármacos estaba prevista para el tercer trimestre de este año.
Las vacunas que se incluirán en el esquema serán la conjugada tetravalente Menactra (ACWXY), recomendada para niñas y niños menores de dos años y de entre 11 y 12 años, y la vacuna para serogrupo B Bexsero, para niñas y niños menores de dos años.
Hasta ahora, el costo por cada dosis, dependiendo del prestador, supera los $3.000 y puede costar hasta $ 7.000.
La primera dosis de la vacuna Bexsero se administrará a todos los lactantes nacidos a partir de mayo de 2025, al cumplir dos meses de edad, la segunda a los 4 meses de edad y la dosis de refuerzo a los 15 meses.
Por su parte, la vacuna conjugada ACWXY se suministrará a los niños y adolescentes que a partir de julio cumplan 12 meses de edad y 11 años.
ECONOMÍA Y EMPRESAS
El déficit fiscal global se ubicó en el equivalente al 3,8% del PBI en los 12 meses cerrados a mayo. Esto significó un deterioro en las cuentas públicas de 0,1% respecto al año cerrado en abril.
Si se considera el déficit sin incluir el Banco de Previsión Social, el rojo empeoró de 3,1% del Producto Interno Bruto (PIB) en el año cerrado a abril a 3,5% del PIB en el último dato.
Ese déficit equivale a US$ 2.576 millones.
En la Rendición de Cuentas, el gobierno estimó que el déficit fiscal cerrará este año en 4,1% del PIB, por lo que la proyección del equipo económico es que este indicador continúe deteriorándose.
En el mercado local, el dólar ayer bajó por tercera jornada consecutiva, en esta ocasión 0,97%. El interbancario fondo sigue por debajo de los $40 y operó en promedio a $39,548, su valor más bajo desde junio de 2024.
Siendo junio el sexto mes consecutivo en que baja el dólar, en esta ocasión la divisa estadounidense tuvo una importante caída de 5,11%.
En lo que va del año 2025, el dólar lleva una baja acumulada de 10,25% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2024).
En pizarra del Banco República, el billete cerró ayer en $ 38,60 para la compra y
$ 41,00 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense bajó ayer y se ubicó en R$ 5,457. En el mes de junio, disminuyó 4,41%.
En tanto, en Argentina, el dólar oficial subió ayer y se situó en AR$ 1.205,00. En el mes de junio, aumentó 1,43%. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) también subió y cotizó en AR$ 1215,00. En el mes, aumentó 2,97%.
El Euro subió ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$ 1,1773.
Los precios del petróleo retrocedieron ayer en espera de la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (Opep+) sobre los niveles de producción de sus países miembros.
El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en agosto, cayó un 0,24% a 67,61 dólares.
Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega el mismo mes, cedió 0,63% a 65,11 dólares.
OTRAS NOTICIAS
La Policía investiga un presunto caso de maltrato contra dos niños, de dos y cuatro años de edad, que este fin de semana fueron encontrados solos, encerrados, descalzos y con ropa ligera en una casa en la ciudad de Rivera.
Según la información primaria, la vivienda en la que estaban estaba cerrada con candado. Su madre no estaba presente y su padre estaba trabajando en Montevideo.
Los dos menores fueron trasladados a un centro del INAU, que busca determinar si otro referente familiar puede hacerse cargo de ellos.
Dos reclusos resultaron heridos en un nuevo incidente, registrado ayer, en el módulo 11 de la Cárcel de Santiago Vázquez.
El hecho ocurrió cuando ocho presos rompieron el candado de su celda y se enfrentaron a funcionarios policiales. Estos reclusos fueron derivados al Penal de Libertad.
A mediados de junio cuatro presos murieron asesinados durante un incendio provocado por otros reclusos.
INTERNACIONALES
París y otras quince regiones de Francia están en alerta roja por una ola de calor que en junio ya dejó récords de temperaturas en España y Portugal y dio pie a incendios en Italia y Turquía.
La primera gran ola del calor del verano boreal abrasó numerosos países en la costa norte del mar Mediterráneo, que también registró su récord de temperatura para un mes de junio, según el observatorio Copernicus de la Unión Europea.
En Francia, la agencia meteorológica nacional declaró el máximo nivel de alerta en París y otros quince departamentos por temperaturas que en algunas zonas podrían alcanzar los 41 ºC.
Es algo "nunca visto" en el país, afirmó la ministra de Transición Ecológica, Agnès Pannier-Runacher.
En España, fue enviado a prisión provisional el que fuera número tres del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), tras ser investigado por corrupción en contratos de obra pública.
"El juez del Tribunal Supremo acuerda el ingreso en prisión incondicional y sin fianza para el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán", sospechoso de los delitos de pertenecer a "organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales", dice textualmente la resolución conocida este lunes.
El magistrado actuó "a petición del fiscal anticorrupción", que solicitó la medida ante el "riesgo de fuga y de destrucción de pruebas", agregaron las fuentes.
Un informe de la Guardia Civil conocido hace dos semanas y basado en escuchas telefónicas encontró "consistentes indicios" de que Cerdán formaría parte de una trama que recibía dinero a cambio de concesiones irregulares de obras públicas.
El caso golpea al presidente Pedro Sánchez, que lidera el PSOE, a quien la oposición pide la dimisión.
Sánchez fue consultado sobre el fallo judicial durante una rueda de prensa en Sevilla, donde participaba en una conferencia de la ONU.
“El Partido Socialista actuó de manera contundente desde el primer momento. Se han asumido esas responsabilidades y se ha apartado a Cerdán del Partido Socialista, y ahora es el momento de la Justicia, y es la Justicia quien tiene que dirimir exactamente cuáles son sus responsabilidades y cuáles no”.
En Turquía, la policía disparó por la noche balas de goma y gases lacrimógenos en Estambul para dispersar a una multitud furiosa por la presunta publicación de una caricatura de Mahoma en un medio satírico del país.
Aunque los responsables de la revista Leman niegan que el dibujo corresponda al profeta, el fiscal general de Estambul ordenó el arresto de cuatro de sus trabajadores acusados de denigrar abiertamente los valores religiosos.
"Una copia del dibujo en blanco y negro que circula en redes sociales muestra a dos personajes estrechándose la mano en el cielo sobre una ciudad bombardeada.
"Salam aleikum, soy Mohamed", el nombre de Mahoma en árabe, dice uno. "Aleikum salam, yo soy Musa" (Moisés), responde el otro.
Sin embargo, el redactor en jefe de la revista Leman, Tuncay Akgun, aseguró a la AFP que la imagen se había malinterpretado. “No es en ningún caso una caricatura del profeta Mahoma. En esta obra, es el nombre de un musulmán que fue asesinado en los bombardeos de Israel", argumentó.
El gobierno del presidente Donald Trump demandó a las autoridades de Los Ángeles por sus políticas de protección a inmigrantes, a medida que arrecian las redadas migratorias promovidas por la Casa Blanca.
El Departamento de Justicia calificó de "ilegales" las políticas de Los Ángeles, declarada por sus autoridades demócratas como "ciudad santuario" para inmigrantes, y afirmó que las mismas "interfieren con la aplicación de las leyes de inmigración del gobierno federal".
La demanda, presentada en un tribunal del estado de California, nombra directamente a la alcaldesa de Los Ángeles, la demócrata Karen Bass, así como al presidente del Concejo Municipal, Marqueece Harris-Dawson, y al cuerpo legislativo en pleno.
El Concejo Municipal aprobó una ordenanza que limita la cooperación de las autoridades locales con las federales en la aplicación de las leyes migratorias de Trump.
La ordenanza prohíbe utilizar recursos municipales para ejecutar las directrices federales en materia de migración.
Los Ángeles, donde más de un tercio de la población es inmigrante, se convirtió en el epicentro de la batalla contra la política antiinmigración del presidente Trump.
La tensión aumentó en las calles luego de que Trump pasara por encima del gobernador de California, Gavin Newsom, y ordenara el despliegue de miles de efectivos de la Guardia Nacional y de 700 marines.
El gobierno de Donald Trump acusó a la Universidad de Harvard de permitir el antisemitismo en su campus y amenazó con suprimir "una amplia gama de privilegios federales" si no cumple con la ley para combatirlo.
"Harvard ostenta la lamentable distinción de ser uno de los caldos de cultivo más prominentes y visibles de la discriminación racial", señala una carta dirigida a Alan Garber, el presidente de la prestigiosa institución, por el grupo de trabajo gubernamental creado para combatir el antisemitismo.
Tras una investigación, el grupo de trabajo de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos concluyó que la universidad "ha infringido violentamente" la ley que "prohíbe la discriminación por motivos de raza, color y origen nacional".
En el texto se acusa a Harvard de haber sido en algunos casos "deliberadamente indiferente", y en otros "un participante deliberado en el acoso antisemita de estudiantes, profesores y personal judíos".
"Si no se introducen inmediatamente los cambios adecuados, se perderán todos los recursos financieros federales y la relación de Harvard con el gobierno federal seguirá viéndose afectada", amenaza la misiva.
Consultada por la AFP, la institución dijo que Harvard "dista mucho de ser indiferente" al antisemitismo y asegura haber tomado "medidas sustantivas y proactivas" para "combatir la intolerancia, el odio y los prejuicios".
El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un memorando que blinda su política de mano dura hacia Cuba, al mantener la prohibición del turismo a la isla e impedir transacciones financieras con Gaesa, un conglomerado en poder de los militares castristas.
Desde que regresó al poder en enero, el presidente republicano rescindió algunas medidas adoptadas por su predecesor demócrata Joe Biden, quien sacó a Cuba de la lista negra de países patrocinadores del terrorismo para propiciar una liberación de presos políticos.
La declaración de este lunes "restaura y fortalece la robusta política hacia Cuba del primer mandato del presidente", afirma la Casa Blanca.
El gobierno "pone fin a las prácticas económicas que benefician desproporcionadamente al gobierno cubano, a las agencias militares, de inteligencia o de seguridad, en detrimento del pueblo cubano", señala.
Las transacciones financieras directas o indirectas con entidades controladas por el ejército cubano, como Gaesa y sus afiliados, están prohibidas, con excepciones en movimientos que beneficien a Estados Unidos o "apoyen al pueblo cubano".
Además, Trump aplica la prohibición legal del turismo estadounidense a Cuba. Ya estaba prohibido, pero Biden aligeró la política de viajes en algunas categorías.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, calificó el memorándum de "conducta criminal y violatoria de los Derechos Humanos de toda una nación", en un mensaje publicado en sus redes.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que la vicepresidenta Francia Márquez debe explicar su relación con un supuesto complot para sacarlo del poder con ayuda de figuras de la derecha de Estados Unidos.
El medio español El País reveló el domingo una supuesta trama del excanciller Álvaro Leyva, que dejó el cargo a mediados de 2024, para tumbar al presidente con la ayuda de políticos de la derecha colombiana y republicanos de Estados Unidos.
Según los audios en los que se basa el artículo, Leyva se reunió con el congresista republicano Mario Díaz-Balart para "ejercer presión internacional" contra Petro, a quien el excanciller ha acusado repetidamente de ser drogadicto.
Las grabaciones dan a entender que la vicepresidenta Márquez apoyaba los planes del ex canciller.Sin embargo, ella negó su implicación en "conspiraciones" a través de un comunicado difundido horas después de la publicación.
En Ecuador la justicia dictó una nueva condena de 13 años de prisión e inhabilitación de por vida por corrupción contra el exvicepresidente correísta Jorge Glas, quien acumula otras dos penas de 6 y 8 años de cárcel.
"Se impone la pena máxima" de 13 años por peculado, dijo la magistrada Mercedes Caicedo, de la Suprema Corte Nacional de Justicia.
Glas lideraba un comité encargado de encomendar las obras de reconstrucción tras un terremoto en 2016 que afectó a las provincias costeras de Manabí y Esmeraldas.
Caicedo determinó que el exvicepresidente destinó el dinero público a "construcciones inservibles, inutilizadas e innecesarias bajo el nulo respeto a la ley de Solidaridad, pero sobre todo bajo el nulo respeto a las víctimas del terremoto".
La sentencia de primera instancia podrá ser impugnada por Glas, de 55 años, que fue vicepresidente del exmandatario socialista Rafael Correa.
Una jueza estadounidense ordenó a Argentina que entregue el 51% de las acciones de la compañía YPF para saldar parcialmente el pago de 16.100 millones de dólares que beneficia a dos empresas afectadas por la nacionalización de la petrolera en 2012.
La jueza Loretta Preska ordenó la "transferencia del 51% de las acciones Clase D de YPF (…) en satisfacción parcial de la sentencia del tribunal por un importe total de aproximadamente 16.100 millones de dólares, que permanece impagada" a las empresas Petersen Energía y Eton Park, anunció en su orden.
El Estado argentino tiene 14 días de plazo para transferir el paquete de acciones a una cuenta de custodia global en el Banco de Nueva York Mellon (BNYM), tras lo cual se iniciará el cambio de titularidad para los beneficiarios de la sentencia o a quienes estos designen.
Argentina apelará el fallo, anunció el lunes el presidente argentino, Javier Milei.
"Vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales", escribió Milei en sus redes.
En 2012, Argentina expropió el 51% de las acciones de YPF, parcialmente controlada por el gigante español Repsol.
Dos años más tarde, la petrolera española fue indemnizada con 5.000 millones de dólares para zanjar el litigio, pero no fue el caso de los accionistas minoritarios como Petersen Energía o Eton Park Capital, que en conjunto poseían el 25,4% del capital de YPF.
En 2015 presentaron una demanda alegando que el país no había presentado una oferta pública de adquisición (OPA) como preveía la ley.
El gobierno de Venezuela acusó a Estados Unidos de tener "secuestrados" a 18 niños tras separarlos de sus padres durante los procesos de deportación que ejecuta Washington para expulsar a migrantes de ese país.
Según el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, los pequeños tienen edades entre 1 y 12 años y fueron separados de sus padres, muchos de ellos ya en Venezuela tras ser deportados desde Estados Unidos.
“Hablamos más veces con autoridades de la administración Trump que lo que hablábamos con representantes de Joe Biden, incluido representantes del Departamento de Estado con quien tenemos frecuentes intercambios y siempre le hemos dicho: “devuelvanos a nuestros niños y nuestras niñas”.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió ayer al papa León XIV la ayuda de la iglesia católica para "rescatar" a 18 niños separados de sus padres en Estados Unidos durante los procesos de deportación que ejecuta Washington.
Por otro lado, también en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro insistió en el boicot a WhatsApp al acusar de "espionaje" a esa plataforma, al tiempo que aseguró que su gobierno prepara un sistema alternativo de mensajería.
El 5 de agosto de 2024, tras protestas que dejaron 28 muertos, más de 200 heridos y al menos 2.400 detenidos, Maduro desinstaló WhatsApp de su celular y llamó a sus partidarios a migrar a Telegram y la aplicación china WeChat.
"Yo eliminé WhatsApp de mi vida, chao (adiós) WhatsApp, ¡vete WhatsApp!, no te quiero WhatsApp, vete, porque WhatsApp es un sistema de espionaje", dijo el mandatario durante su programa semanal Con Maduro más.
Pese a los llamados de Maduro para dejar de usarla, WhatsApp no está prohibida ni bloqueada en Venezuela.
En Brasil, el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, definió ayer que el juez Alexandre de Moraes será el relator de la acción del Partido Socialismo y Libertad que cuestiona la decisión del Congreso de tumbar decretos presidenciales sobre el Impuesto sobre Operaciones Financieras (IOF).
El partido presentó una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) en el Supremo, el pasado viernes, solicitando que el proyecto legislativo que previó la anulación de actos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre el aumento del impuesto sea suspendido.
En la petición, el PSOL afirma que el Congreso, al editar el decreto legislativo para tumbar las nuevas reglas del IOF, se extralimitó en la competencia constitucional y violó el principio de separación de poderes.
En la práctica, el PSOL, aliado al PT de Lula da Silva, quiere anular la decisión del Congreso que abrió una nueva crisis con el Palacio de Planalto.
Según la oposición, el gobierno amplió el impuesto para aumentar la recaudación, contrariando la naturaleza extrafiscal del tributo. Este tipo de aumento exige aprobación de una ley, y no apenas la edición de un decreto.
La semana pasada, el gobierno Lula accionó la Abogacía General de la Unión para analizar si la decisión de tumbar el IOF hiere o no la autonomía entre poderes.
El presidente Lula da Silva afirmó este lunes que el camino para hacer el país más justo comienza por la tributación.
"Nosotros queremos hacer de este país un país justo. Y comienza a ser justo por la tributación y después por la repartición", dijo Lula da Silva.
La declaración fue hecha durante la ceremonia de lanzamiento del Plan Safra de la Agricultura Familiar 2025/2026, realizada en el Palacio de Planalto, en Brasilia. El evento estuvo permeado por tensión política, en medio de la posible judicialización tras la derrota del gobierno en el Congreso.
(Marcelo Silva de Sousa, corresponsal en Brasil)
