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NACIONALES
Un grupo de reclusos de la Unidad 25 de máxima seguridad del exComcar inició un ayuno en reclamo por la situación de Luis Fernando Fernández Albín, considerado por la Policía como un preso de alto riesgo. La protesta se extendió a sectores del Penal de Libertad, según informó el diario El País.
Fernández Albín está recluido bajo un régimen especial en la Unidad 1 de Punta de Rieles, con medidas de máxima seguridad como videovigilancia permanente, celdas individuales y controles tecnológicos. Desde el Ministerio del Interior indicaron a El País que la protesta de estos días es una reacción a la desarticulación de la banda criminal que él lideraba. Sostienen que el régimen aplicado a Fernández Albín responde a su perfil y al riesgo de que mantenga vínculos con el crimen organizado desde la cárcel.
En una carta manuscrita dirigida a las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), los reclusos expresaron su “apoyo al compañero” y afirmaron que realizan un ayuno “voluntario y pacífico”, al considerar que “se le vulneran algunos de los derechos” como privado de libertad, según el texto difundido por Montevideo Portal.
En declaraciones a La Diaria, la abogada de Fernández Albín, Paula Gutiérrez, detalló que su defendido permanece aislado, sin contacto con otros reclusos, con una única visita semanal de una hora y sin visitas conyugales, y advirtió sobre los efectos del aislamiento prolongado en la salud mental. La defensa presentó un hábeas corpus, que fue rechazado por la Justicia.
Fernández Albín fue imputado en diciembre de 2025 por narcotráfico, contrabando y lavado de activos, en una causa que permitió incautar más de dos toneladas de cocaína en la zona de Punta Espinillo. Por este caso hay otras ocho personas en prisión.
El ministro del Interior, Carlos Negro, presentó ayer ante las bancadas de senadores y diputados del Frente Amplio un proyecto de ley que transforma el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) en un servicio descentralizado, fuera de la órbita del Ministerio del Interior. La iniciativa crea el Instituto Nacional de Reinserción, con sede en Montevideo, encargado de la gestión del sistema penitenciario y de las políticas de reinserción social.
En la exposición de motivos se señala que el proyecto responde a la crisis estructural del sistema penitenciario, marcada por hacinamiento, malas condiciones edilicias, dificultades para acceder a derechos y programas de tratamiento, y debilidades en las medidas alternativas.
En rueda de prensa, el senador Daniel Caggiani afirmó que existe consenso en la necesidad de dar mayor autonomía al sistema penitenciario y sostuvo que es momento de que el Parlamento avance en una reforma largamente postergada.
“El sistema político se supone que está de acuerdo en que el Instituto Nacional de Rehabilitación debe tener mayores niveles de autonomía, salir de la órbita de funcionamiento del Ministerio del Interior. Los gobiernos han pasado, ninguno lo ha hecho, esperemos que el Parlamento pueda tomar cartas en el asunto y realizarlo”.
El articulado establece que el nuevo instituto será dirigido por un director general, con mandato de cinco años y posibilidad de reelección, acompañado por un secretario general. El personal civil del actual INR será incorporado al nuevo organismo, mientras que los funcionarios del ministerio podrán optar por integrarse o continuar en comisión. El Ministerio del Interior seguirá aportando personal policial hasta que se cree un cuerpo especializado en seguridad penitenciaria.
Desde el oficialismo indicaron a La Diaria que el proyecto será una prioridad legislativa luego del receso parlamentario. El texto será enviado a los sindicatos penitenciarios para su análisis y no se descartan ajustes durante su discusión.
OTROS TEMAS QUE SE DESTACAN
El presidente de la República, Yamandú Orsi, no tiene varicela. El mandatario se sometió a un estudio médico en las últimas horas, luego de confirmarse que el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, contrajo la enfermedad. Los dos integraron la delegación oficial que viajó la semana pasada a China. El análisis confirmó que Orsi ya cursó la varicela anteriormente, que por lo tanto posee anticuerpos y que no presenta un cuadro activo.
El diagnóstico de Olivera fue informado el lunes por la Intendencia de Paysandú, que indicó que los primeros síntomas aparecieron durante el viaje de regreso y que el contagio se habría producido antes de partir a China. El jefe departamental cursa un cuadro leve, cumple aislamiento preventivo en su domicilio y continuará desempeñando sus funciones de forma remota, sin solicitar licencia.
Por su parte, el Ministerio de Salud Pública activó los protocolos de vigilancia y control sanitario. La cartera realiza el seguimiento de los contactos dentro de la delegación oficial y del grupo de empresarios, y recordó a la población que ante síntomas como fiebre o erupciones en la piel se debe consultar a un prestador de salud y evitar el contacto con otras personas.
La Mesa Política del Frente Amplio (FA) expresó su satisfacción por el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) que anuló una parte sustancial del decreto 114 de 2021. La resolución dejó sin efecto la cláusula que impedía la instalación de una segunda terminal de contenedores en el Puerto de Montevideo mientras estuviera vigente la concesión a Terminal Cuenca del Plata, cuyo accionista mayoritario es la compañía belga Katoen Natie. El tribunal entendió que esa disposición consagraba un monopolio sin respaldo legal. No obstante, mantuvo firmes el resto del decreto 114 y el decreto 115, que eran impugnados por la empresa Montecon.
Ayer la Mesa Política del FA recibió a la senadora Liliam Kechichian, al exsenador Charles Carrera y al exministro de Transporte y Obras Públicas (2005-2010, 2015-2020) Víctor Rossi, quienes hicieron un informe sobre el tema.
En conferencia de prensa, la senadora Kechichian recordó que desde el inicio el Frente Amplio advirtió que el acuerdo con Katoen Natie era inconstitucional, ilegal e inconveniente. Además, señaló que le informaron a la Mesa Política sobre el tema porque “hay cierta confusión en la comunicación pública del verdadero resultado de la sentencia del TCA”, ya que “ha aparecido un triunfalismo en la oposición que parece no reconocer las decisiones jurídicas que se tomaron”.
“La decisión del Tribunal de los Contencioso Administrativo de anular uno de los puntos contenidos en el acuerdo que hizo el gobierno pasado con Katoen Natie era el corazón de ese acuerdo, que tenía que ver con la actividad monopólica por 60 años. Y eso es lo que queremos rescatar hoy y poner en conocimiento de la ciudadanía”.
Por su parte, el exsenador frenteamplista Charles Carrera sostuvo que, con esta sentencia, “gana el país”, porque el Estado recupera la soberanía para definir su política portuaria y llamar a futuras licitaciones sin consolidar un monopolio privado.
Carrera cuestionó que el acuerdo no haya pasado por el Parlamento, como exige la Constitución para conceder monopolios, y rechazó la celebración del Partido Nacional, al señalar que las inversiones prometidas no llegaron y que el puerto perdió competitividad, movimiento de contenedores y puestos de trabajo. También criticó las condiciones del contrato, en particular la baja garantía de fiel cumplimiento, y afirmó que es falso que el acuerdo haya evitado un juicio millonario contra el Estado.
Desde la oposición, exjerarcas del gobierno anterior también valoraron el fallo y lo interpretaron como un respaldo a la política portuaria aplicada durante la administración de Luis Lacalle Pou. En una conferencia de prensa realizada el miércoles, el exministro de Transporte y Obras Públicas Luis Alberto Heber sostuvo que se trata de una sentencia “rotunda y unánime”, que ratifica que la concesión a Katoen Natie es legítima y no desproporcionada. En la misma línea, otros exintegrantes del gobierno pasado señalaron que el fallo no altera el esquema general de la concesión ni sus condiciones centrales.
Una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo desestimó una nueva demanda presentada por Montecon, en este caso contra una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La empresa había cuestionado la decisión de la cartera de revocar el inicio de una investigación por presuntas prácticas anticompetitivas en el Puerto de Montevideo, vinculadas a la extensión de la concesión de Terminal Cuenca del Plata (TCP).
Según informa El Observador, Montecon había denunciado ante la Comisión de Defensa de la Competencia que la prórroga de la concesión hasta 2081 y el nuevo reglamento de atraque limitaban la competencia y favorecían un monopolio en la operativa de contenedores. Aunque la comisión había considerado pertinente investigar, el MEF revocó esa decisión, lo que motivó la demanda ante el TCA.
En su fallo, el tribunal sostuvo que el planteo de Montecon no refiere a una práctica comercial, sino a la legalidad de actos del Poder Ejecutivo en materia de política portuaria, ámbito que está fuera de la órbita de la comisión. Por ese motivo, el TCA concluyó que la resolución del MEF fue legal y confirmó su validez.
El exsubsecretario de Salud Pública José Luis Satdjian expresó su “preocupación y decepción” por la “fuerte” disminución de la actividad del programa Ni Silencio Ni Tabú, orientado a la atención en salud mental de adolescentes y jóvenes. Según sostuvo, durante 2025 se registró un descenso marcado de las actividades, pese a que a fines de 2024 se había anunciado su ampliación.
De acuerdo a un pedido de informes realizado al INJU por Satdjian y la diputada nacionalista Pilar Simón, en 2024 se realizaron 791 actividades, mientras que en 2025 fueron apenas 41. También bajaron las intervenciones técnicas y la cantidad de participantes, que pasó de más de 26.000 a cerca de 16.000. En varios departamentos, como Artigas, Colonia y Maldonado, las acciones se redujeron drásticamente o directamente desaparecieron.
En declaraciones a Radio Monte Carlo, Satdjian denunció un “boicot” y dijo que espera que el programa vuelva a tener el alcance que tuvo en 2024.
“Es una preocupación que se traduce en una decepción. Creemos que estas herramientas, estos talleres y estas capacitaciones eran una fuente de contención, y mucha gente está necesitando ayuda en salud mental”.
La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) advirtió sobre la circulación de información falsa en redes sociales vinculada al cobro del Bono de Apoyo Económico 2026. El organismo aclaró que no se requiere ninguna inscripción previa para acceder al beneficio.
Según ANEP, los mensajes que circulan por redes y WhatsApp buscan obtener datos personales mediante enlaces engañosos que simulan sitios oficiales, pero no pertenecen al Estado. Recordaron que los dominios oficiales en Uruguay terminan en .gub.uy.
El bono, de 2.500 pesos, se pagará con los mismos criterios del año pasado. En marzo lo recibirán más de 170.000 escolares de escuelas públicas de los quintiles 1, 2 y 3, junto con las asignaciones familiares o a través de redes de cobranza. Cada escuela informará a las familias y se habilitará un buscador en la web de ANEP.
El bono escolar que impulsa el gobierno no se extenderá en 2026 a todos los matriculados en educación inicial y primaria pública, pese a lo anunciado inicialmente. La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) confirmó que la aplicación será gradual y no universal.
El beneficio seguirá limitado a los quintiles 1, 2 y 3, lo que contradice anuncios previos del Ejecutivo y del Frente Amplio, así como lo planteado en el proyecto de Presupuesto de la propia ANEP.
La presidenta interina del Codicen, Elbia Pereira, explicó a El Observador que la decisión responde a un problema de gestión presupuestal. Según el esquema previsto, la cobertura total recién se alcanzará en 2028.
Este lunes comenzaron las obras de vialidad en la calle Yaguarón, en el Centro de Montevideo, en el tramo comprendido entre La Paz y la avenida 18 de Julio. Se trata de un trabajo de pavimentación asfáltica financiado por la Intendencia, con una inversión de 29 millones de pesos, a cargo de la empresa CVC.
Los trabajos principales se realizarán en horario nocturno, entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana, para reducir el impacto en el tránsito. Durante el día, la calle permanecerá habilitada a la circulación, aunque con restricciones de estacionamiento. La obra se desarrollará en dos etapas de unos 15 días cada una: primero entre La Paz y avenida Uruguay, y luego hasta 18 de Julio.
Mientras duren los trabajos nocturnos, habrá desvíos en el transporte colectivo. Las líneas 149 y 522 circularán por Yaguarón, La Paz, Cuareim, Mercedes y Yaguarón, y se suprimirán algunas paradas en el tramo afectado, que serán sustituidas por paradas provisorias.
ECONOMÍA Y EMPRESAS
La Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys) propuso crear un observatorio nacional para analizar el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral. Su presidente, Favio Riverón, advirtió que Uruguay está “atrasado” en regulación y que la situación es “alarmante”, por lo que consideró necesario pasar de las alertas a la acción.
Riverón señaló que la automatización ya está afectando al comercio y los servicios, con pérdida de puestos de trabajo y mayor precarización. En diálogo con La Diaria, recordó que en sectores como los supermercados, la tecnología redujo plantillas sin despidos directos, simplemente dejando de cubrir vacantes. Según un informe del Instituto Cuesta Duarte, entre el 26% y el 38% de los empleos podrían verse expuestos a la IA en los próximos años.
El observatorio buscaría anticipar impactos y proponer respuestas, con participación del Estado, el Parlamento, universidades, empresas y organismos públicos. Desde Fuecys también reclaman avanzar en una regulación ética de la IA y discutir medidas como reconversión laboral, reducción de la jornada y nuevas reglas para las empresas que automatizan.
Luego de un 2025 récord, las ventas de vehículos cero kilómetro tuvieron un arranque de año mixto. En enero se comercializaron 5.505 unidades: 1.460 menos que en diciembre de 2025, pero 1.165 más que un año atrás, lo que representa una suba interanual cercana al 27 %.
Según datos de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU), la baja frente a diciembre responde a un factor estacional, ya que el último mes del año suele concentrar más operaciones.
Por segmentos, los automóviles de pasajeros crecieron 37,2 % en la comparación interanual, impulsados principalmente por los SUV, cuyas ventas aumentaron 64,7 %, especialmente los modelos eléctricos.
En el mercado local, el dólar ayer bajó, en esta ocasión 0,39%. El interbancario fondo operó en promedio a $38,364.
En lo que va del año 2026, el dólar lleva una baja acumulada de 1,73% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2025).
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $37,25 para la compra y $39,45 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense bajó y cerró ayer en R$ 5,194.
En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial disminuyó y cotizó en AR$ 1.416,00. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) también bajó y cotizó en el entorno de los AR$ 1.430,00.
El Euro subió ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$1,1914.
El bitcoin atraviesa su peor momento en meses. El precio en tiempo real de la criptomoneda se mueve en los U$S 69.271,57. En los últimos 30 días el Bitcoin tuvo una baja de 23,58% (comparando la cotización de hoy en relación a la misma fecha del mes pasado).
En las últimas semanas, la criptomoneda estuvo por debajo de los U$S 70.000 y llegó a cotizar incluso cerca de los U$S 60.000.
De este modo, acumula un desplome cercano al 45% desde los máximos alcanzados en octubre.
El Bitcoin alcanzó su valor récord el 5 de octubre de 2025, dónde cotizó a U$S 126.198,07, impulsado por la valorización de las acciones estadounidenses y la cautela de los inversionistas sobre la parálisis presupuestaria del gobierno en Estados Unidos.
OTRAS NOTICIAS
Una escribana que vive en Pando, Canelones, fue condenada por múltiples estafas a clientes de esa ciudad y zonas cercanas, con un perjuicio estimado cercano al millón de dólares. Entre las víctimas hay comerciantes, familias y compradores inmobiliarios.
La Justicia la condenó a 24 meses de prisión por delitos de estafa y apropiación indebida. Como ya cumplió seis meses de cárcel, los 18 restantes los cumplirá en régimen de libertad a prueba, con prisión domiciliaria en Santa Rosa y controles policiales.
Además, se informó a la Suprema Corte de Justicia y a la Caja Notarial para su inhabilitación profesional. Los abogados de los damnificados consideraron insuficiente la condena.
INTERNACIONALES
La dirigente opositora venezolana, María Corina Machado, denunció el "secuestro" en su país de uno de sus más estrechos colaboradores, que había sido excarcelado apenas horas antes y exigió elecciones democráticas.
Juan Pablo Guanipa, exparlamentario de 61 años, estuvo en prisión casi nueve meses acusado de conspiración.
Su excarcelación el domingo se sumó a la de otros dirigentes cercanos a Machado, en momentos que se espera que el Parlamento apruebe una amnistía general impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
La fiscalía aseguró que el opositor violó su libertad condicional y pidió su arresto domiciliario.
Pero la oposición y su familia denunciaron "desaparición forzada" a manos de hombres fuertemente armados.
"Es la demostración de que estamos enfrentando no solamente un régimen criminal, sino un régimen que le tiene terror a la verdad, que tiene terror al ciudadano", dijo Machado a periodistas en Washington.
En Venezuela, el ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa fue detenido solo horas después de ser excarcelado porque violó las condiciones de su liberación.
Cabello habló durante la rueda de prensa semanal del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), transmitida por el canal estatal VTV.
“Han salido 897 personas, 897, no había pasado nada. Salieron, se encontraron con su familia hasta que la estupidez ilustrada de algunos políticos creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar el país violando las propias condiciones en las cuales se les está dando libertad. Entonces ya no son 897, sino 896 porque una persona fue detenida nuevamente por violar las conidiciones sobre las cuales fue liberada”.
El Parlamento de Venezuela aplazó una sesión destinada a aprobar en segunda discusión una ley de amnistía que, en teoría, se traducirá en la liberación de todos los presos políticos en medio de fuertes presiones de Washington.
La Asamblea Nacional sesiona normalmente martes y jueves, pero la secretaria del poder Legislativo informó la suspensión de la audiencia de hoy en la que estaba previsto aprobar la amnistía y confirmó la del jueves, sin adelantar la agenda.
Los diputados votaron la semana pasada a favor de esta histórica ley que abarca las casi tres décadas del chavismo gobernante en el primero de los dos debates reglamentarios.
El gobierno de Rusia acusó a Estados Unidos de aplicar "medidas asfixiantes" contra Cuba, un aliado tradicional de Moscú, en plena crisis energética en la isla caribeña, agravada por las sanciones de Washington.
"La situación en Cuba es realmente crítica", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa diaria.
Cuba enfrenta un grave déficit en materia de energía debido al fin del suministro de petróleo por de Venezuela, ordenado por la Casa Blanca luego de la captura de Nicolás Maduro y ante las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles a los países que le vendan petróleo.
“Las medidas asfixiantes impuestas por Estados Unidos están causando muchas dificultades al país. Estamos estudiando posibles soluciones con nuestros amigos cubanos, al menos para proporcionar la asistencia que podamos", añadió.
Las autoridades cubanas informaron a las aerolíneas que operan en el país de que el suministro de queroseno quedará suspendido durante un mes debido a la crisis energética.
Amnistía Internacional (AI) denunció que en Cuba ha ocurrido una "escalada de detenciones arbitrarias" y expresó su preocupación por el "alarmante estado de salud" de algunos presos políticos en la isla.
"Amnistía Internacional está profundamente preocupada por la escalada de detenciones arbitrarias, vigilancia ilegal y acoso contra familiares de presos de conciencia (…) en Cuba", señaló la organización en un comunicado.
Varias organizaciones de derechos humanos, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la embajada de Estados Unidos en La Habana también denunciaron la detención el viernes en la provincia de Holguín (noreste) de Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, integrantes del proyecto audiovisual independientemente El Tico, con miles de seguidores en la redes.
Medina y Pérez han usado las redes para dar su visión de la realidad que enfrenta la isla, sumida en una profunda crisis económica, y criticar abiertamente al gobierno comunista.
Asimismo, la organización manifestó su preocupación por Maykel Castillo Pérez (Maykel "Osorbo"), coautor de la canción "Patria y Vida", trasladado recientemente de prisión, sin que "se haya informado oportunamente a sus familiares".
Además pidió al gobierno cubano la liberación de "todos los presos de conciencia" y el fin de "las detenciones arbitrarias, la vigilancia ilegal y el acoso" a los opositores y a sus familiares.
En Estados Unidos, Ghislaine Maxwell, expareja y cómplice de Jeffrey Epstein, se negó a responder preguntas del comité del Congreso de Estados Unidos que investiga los vínculos del fallecido delincuente sexual con figuras poderosas, pero dijo estar dispuesta a hacerlo si el presidente Donald Trump la indulta.
La audiencia a puertas cerradas y por videoconferencia con Maxwell, presa en Texas, tuvo lugar en plena tormenta provocada por la reciente publicación de una gran cantidad de documentos del expediente Epstein.
Una ley de transparencia, aprobada en noviembre en el Congreso y promulgada por Trump tras presiones de su propio partido Republicano, obligó al Departamento de Justicia a divulgar todos los documentos en su posesión relacionados con Epstein, hallado muerto en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores.
Epstein, cuya muerte fue considerada un suicidio, había sido condenado en 2008 por solicitar servicios de prostitución a una menor.
En Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer, bajo presión tras la dimisión de su jefe de gabinete y de su director de comunicación, dijo ayer que "no renunciará", luego de que uno de sus copartidarios le pidiera que dejara el cargo debido a los vínculos de su exembajador en Estados Unidos con Jeffrey Epstein.
El gobierno de Starmer está sumido en una crisis tras las últimas revelaciones sobre las relaciones entre Epstein y el exembajador británico en Washington, Peter Mandelson, nombrado por su gobierno.
"Tras haber luchado tan duro por la posibilidad de cambiar nuestro país, no estoy dispuesto a renunciar a mi mandato y a mi responsabilidad", dijo el primer ministro a diputados laboristas en una reunión, donde fue recibido con aplausos.
Sin embargo, crecen las voces dentro de su formación reclamando su alejamiento, y, aparte, el líder del Partido Laborista escocés, Anas Sarwar, pidió su dimisión.
"Hay que poner fin a este tema de distracción, la dirección de Downing Street debe cambiar", declaró Sarwar.
En Londres, el rey Carlos III expresó su preocupación por las acusaciones que siguen saliendo a la luz sobre su hermano, el expríncipe Andrés, después de que la policía británica afirmara que está examinando reportes de que pudo haber transmitido informaciones confidenciales a Jeffrey Epstein.
La policía regional de Windsor confirmó estar "examinando la información de acuerdo con nuestros procedimientos habituales", según un comunicado.
En un correo electrónico del 30 de noviembre de 2010, al que pudo acceder AFP, Andrew Mountbatten-Windsor, entonces duque de York y en cuya dirección de email aparece como "The Duke", envió al financiero estadounidense informes relativos a visitas a Vietnam, Hong Kong, Shenzhen (China) y Singapur.
El entonces príncipe envió los informes a Epstein cinco minutos después de haberlos recibido de su asistente de la época.
El monarca Carlos III indicó que está "listo para ayudar" en las investigaciones sobre su hermano, si la policía lo solicita, informó el palacio real.
El ejército israelí anunció que mató a cuatro presuntos combatientes palestinos que salían de un túnel y dispararon a soldados en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza.
"Cuatro terroristas armados salieron de un túnel y abrieron fuego en dirección a soldados en la zona de Rafah en el sur de la Franja de Gaza (…) Tras su identificación, las tropas eliminaron a los terroristas", señaló el ejército en un comunicado.
El ejército denunció "una violación flagrante del acuerdo de alto al fuego" entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás, en vigor desde el 10 de octubre.
Los soldados "continúan operando en el sector para localizar y eliminar a todos los terroristas que se encuentren dentro de la red de túneles", añadió el ejército, que precisó que ninguno de sus miembros resultó herido.
El ministerio de Salud de Gaza dijo que seis personas murieron por fuego israelí en incidentes separados al mencionado en Rafah, incluyendo a cuatro personas muertas durante un ataque aéreo contra un apartamento en Ciudad de Gaza.
Dicho ministerio -que funciona bajo la autoridad de Hamás- asegura que, por lo menos, 581 personas han muerto por las fuerzas israelíes desde el inicio del cese al fuego.
El ejército israelí dijo que cuatro de sus soldados murieron durante el mismo periodo.
Muchos combatientes de Hamás están atrapados en túneles de Rafah, bajo una parte del territorio palestino ocupada por el ejército israelí.
La Unión Europea y ocho países musulmanes condenaron las medidas anunciadas por Israel orientadas a aumentar el control sobre Cisjordania ocupada.
Israel comunicó el domingo por la noche que su gabinete de seguridad aprobó una serie de decisiones que "cambian fundamentalmente la realidad jurídica y civil" en Cisjordania, un territorio palestino que Israel ocupa desde 1967.
En un comunicado divulgado ayer, los ministros de Exteriores de Arabia Saudita, Egipto, Turquía, Catar, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia y Pakistán "condenaron firmemente las decisiones y medidas ilegales de Israel destinadas a imponer una soberanía israelí" sobre Cisjordania.
También denunciaron la imposición "de una nueva realidad jurídica y administrativa en la Cisjordania ocupada, acelerando así los intentos de su anexión ilegal y el desplazamiento del pueblo palestino".
En la misma línea, desde Bruselas, la Unión Europea condenó las medidas israelíes, que según dijo un portavoz del bloque constituyen "un nuevo paso en la dirección equivocada".
La reforma incluye la eliminación de regulaciones vigentes desde hace décadas que prohíben a personas judías comprar tierras en Cisjordania, según un comunicado conjunto.
En Irán, el gobierno intensificó la represión interna tras la última oleada de protestas con nuevas detenciones de políticos reformistas, en paralelo con las negociaciones en curso con Estados Unidos sobre su programa nuclear.
Antes de un nuevo ciclo de conversaciones con Estados Unidos, el director de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohamad Eslami, declaró que el país está dispuesto a "diluir" su uranio enriquecido, si Estados Unidos levanta las sanciones.
Desde el domingo fueron arrestadas cinco figuras del campo reformista, incluida Azar Mansuri, su portavoz Javad Emam y el exdiputado Ali Shakuri Rad, según medios iraníes.
Además, el fin de semana Irán aumentó la condena de la nobel de la paz Narges Mohammadi y ayer detuvo a Hosein Karubi, hijo del destacado disidente Mehdi Karubi.
El gobierno iraní califica las protestas como "disturbios" instigados por Estados Unidos e Israel.
China negó las acusaciones de Estados Unidos de haber realizado pruebas nucleares secretas, que tachó de "mentira descarada", y acusó a Washington de buscar excusas para reanudar sus propios ensayos.
En la Conferencia de Desarme de la ONU en Ginebra el viernes, Thomas DiNanno, subsecretario estadounidense de Estado para el control de armas, acusó a China de llevar a cabo esas pruebas, incluida una el 22 de junio de 2020, y de prepararse para más ensayos.
"Las acusaciones de Estados Unidos son completamente infundadas y son mentiras descaradas. China se opone firmemente al intento de Estados Unidos de fabricar excusas para reanudar sus propias pruebas nucleares", afirmó la cancillería china en un mensaje a AFP.
El ministerio también instó a Estados Unidos a "poner fin de inmediato a sus acciones irresponsables".
El presunto autor de la tentativa de asesinato de un alto responsable militar ruso en Moscú, detenido en los Emiratos Árabes Unidos, confesó y dijo que fue reclutado por los servicios de seguridad ucranianos.
El general Vladimir Alexéyev fue blanco el viernes de varios disparos y hospitalizado.
Acusado de ser "el ejecutor directo" y detenido en Dubái, Liubomir Korba, nacido en 1960, y su cómplice Viktor Vasin, nacido en 1959 y detenido en Moscú, "reconocieron su culpabilidad", aseguró el FSB en un comunicado.
"Contaron los detalles de los preparativos" de esta tentativa de asesinato cometida "por orden de los Servicios de Seguridad Ucranianos (SBU)", añadió.
Según el comunicado, Korba "fue reclutado por un agente del SBU en agosto de 2025″, con la ayuda de su hijo Liuboch Korba, ciudadano polaco, antes de hacer una formación para disparar en Kiev y ser enviado a Rusia.
En España, sindicatos ferroviarios y el gobierno llegaron a un acuerdo para mejorar el mantenimiento y la seguridad de vías y trenes, tras los dos accidentes que dejaron 47 muertos a mediados de enero y en el primer día de una huelga de tres días que fue desactivada.
"El acuerdo es histórico. Hemos conseguido un hito en la seguridad ferroviaria", explicó un portavoz del sindicato Semaf a AFP tras un encuentro en Madrid entre sindicatos y el ministerio de Transportes del Gobierno de Pedro Sánchez.
"Es un extenso acuerdo que recoge 25 puntos en 10 páginas y que se agrupa en tres pilares: el de las medidas y normativas, el de la inversión en mantenimiento de infraestructuras y el de la dotación de personal necesario para llevarlo a cabo", añadió el portavoz.
De este modo, quedó desactivado un paro que aún debía durar martes y miércoles, y que, en su primer y único día causó retrasos y cientos de cancelaciones que pusieron a prueba la paciencia de cientos de miles de viajeros que ya sufren a diario problemas de la red ferroviaria, principalmente la de corta distancia.
EN LA REGIÓN
En Argentina, la justicia acusó al exfuncionario del gobierno de Javier Milei que dirigía la agencia para la atención de personas con discapacidad de haber cobrado sobornos y desviado fondos del organismo, según documentos judiciales.
La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) fue disuelta en diciembre tras denuncias de corrupción que salpicaron a la hermana del presidente, Karina Milei.
Según una resolución a la que accedió la AFP, un juez federal acusó al exdirector de la Andis, Diego Spagnuolo, por presunto cobro de sobornos, fraude al Estado y asociación ilícita entre 2023 y 2025.
También dispuso el procesamiento de otras 18 personas, entre ellas funcionarios de Andis y privados. A todos les embargó los bienes.
"Se acreditó la existencia de una organización criminal integrada por funcionarios públicos dentro de la Andis y actores privados del sector salud", indicó la resolución, y agregó que "dicha organización se dedicó a desviar recursos públicos a través de compras direccionadas y sobreprecios".
El caso estalló en agosto tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo en los que aseguraba que Karina Milei, secretaria general de la presidencia, recibía un 3% del monto pagado por la agencia para la compra de medicamentos.
Spagnuolo renunció a su cargo días después. El presidente dijo primero que mentía en los audios, aunque luego Spagnuolo arguyó ante la Justicia que los audios fueron manipulados. Sin embargo, la fiscalía mantuvo la acusación en base a otras pruebas.
Los audios no fueron usados como prueba por el fiscal ni por el juez, y no son mencionados en la resolución, que se basa en documentación recabada en allanamientos y declaraciones indagatorias.
Karina Milei no está entre los acusados. Sin embargo, para el juez, las pruebas sugieren que el mecanismo de corrupción en Andis "no se trató de algo encapsulado" y "podría tener otro nivel de complicidades" que debe ser investigado.
"La causa Andis confirma punto por punto lo que denunciamos", señaló a la AFP el abogado Gregorio Dalbón, que fue quien denunció penalmente los presuntos hechos de corrupción en agosto.
"El Gobierno nacional, y en particular quienes tienen responsabilidad política sobre el área, deben dar explicaciones urgentes", añadió Dalbón, que es uno de los abogados de la líder opositora y expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015) en otras causas.
El gobierno disolvió en diciembre la Andis y delegó las funciones de asistencia del organismo al ministerio de Salud.
Desde que asumió Milei, en diciembre de 2023, la Andis ha estado bajo una auditoría que ha permitido detectar decenas de miles de beneficiarios irregulares.
El proceso provocó interrupciones en las prestaciones y quejas de beneficiarios, que protagonizaron numerosas protestas callejeras en reclamo de más fondos para la entidad en el marco de un severo ajuste presupuestario.
En Chile, el presidente Gabriel Boric emplazó a la Unión Demócrata Independiente (UDI) por la falta de avances en la aprobación del proyecto Sala Cuna y apuntó contra el presidente electo, José Antonio Kast.
Boric indicó que la medida de postergar el tratamiento del tema obedece a la intención de no conceder un logro al actual gobierno.
“La UDI todas las semanas inventa una excusa para decir que no va a aprobar Sala Cuna y se lo decimos claramente está impidiendo aprobar Sala Cuna para las mujeres de Chile”, señaló durante una actividad.
Una sala cuna es un establecimiento educativo y de cuidado para bebés y niños pequeños.
El proyecto del gobierno plantea la creación del Fondo de Sala Cuna, de financiamiento mixto entre el Estado y los empleadores.
Uno de los elementos centrales de la norma supone la eliminación de la obligatoriedad de contar con 20 trabajadoras para generar el derecho a sala cuna.
En Brasil, el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, dio el paso formal este lunes al enviar a la Comisión de Constitución y Justicia una propuesta que es realmente ambiciosa: plantea reducir la jornada laboral a un máximo de 36 horas semanales, distribuidas en apenas cuatro días de trabajo.
Esta iniciativa, impulsada originalmente por la diputada Erika Hilton, responde a una presión popular masiva que nació en las redes bajo el movimiento "Vida Além do Trabalho".
Ya juntaron más de un millón y medio de firmas bajo una consigna potente: que el modelo actual es una forma de esclavitud moderna que no deja tiempo para el estudio, el descanso o la familia.
Motta, que es un político que sabe leer muy bien el termómetro de la calle, decidió acelerar el trámite para sintonizar con una demanda que tiene un aroma electoral muy fuerte de cara al 2026.
Por su parte, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ya avisó que quiere ver esto votado este mismo año.
Es más, el ministro Guilherme Boulos confirmó que el Ejecutivo está evaluando enviar un proyecto de ley con régimen de urgencia. ¿Para qué? Básicamente para saltear los tiempos mucho más lentos y burocráticos que requiere una reforma constitucional y darle una respuesta rápida a los trabajadores.
El presidente del Banco Central brasileño, Gabriel Galípolo, enfrió ayer los ánimos de quienes esperaban un festejo anticipado por la baja de los precios. Durante un encuentro con banqueros, afirmó con contundencia que la reciente mejora en los indicadores de inflación no representa bajo ningún concepto una "vuelta de la victoria" para la autoridad monetaria.
Para que entendamos el trasfondo, Brasil viene de un arranque de 2025 muy complicado, donde el fantasma de una inflación desbocada obligó a mantener las tasas de interés por las nubes.
Si bien los datos actuales son más amables, con una inflación acumulada a 12 de meses de 4.26%, a Galípolo le preocupa que el mercado todavía no esté convencido de que los precios van a bajar a los niveles meta a largo plazo.
La palabra clave para el Banco Central ahora es "calibración". Aunque se espera que en marzo empiecen finalmente a bajar la tasa Selic —que hoy está en un pesadísimo 15% anual—, el mensaje de fondo es que no van a soltar el freno hasta que la inflación esté totalmente controlada.
(Marcelo Silva de Sousa, corresponsal desde Brasil)
