En Perspectiva

Noticias del martes 16 de diciembre de 2025

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Banco Central del Uruguay en Montevideo. Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS

Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS

NACIONALES

La economía uruguaya creció 1,2% en el tercer trimestre en comparación con igual período del año pasado, según el Informe de Cuentas Nacionales difundido ayer por el Banco Central. En términos desestacionalizados, sin embargo, la actividad cayó 0,2% respecto al segundo trimestre.

Si se observa por rubros, en la medición interanual el crecimiento estuvo impulsado principalmente por el comercio y los servicios, mientras que la industria manufacturera, la construcción y el agro mostraron desempeños negativos.

En tanto, el consumo creció 1,9% respecto al mismo trimestre del 2024, y la inversión cayó 8,9% interanual. 

Las exportaciones de bienes y servicios aumentaron 5,2% en el tercer trimestre del año respecto a igual período del año anterior, mientras que las importaciones crecieron 3,0%. 


El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, será interpelado este martes desde las 10 de la mañana por la actuación de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) en el caso del presidente de ASSE, Álvaro Danza. El interpelante será el diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala. Desde la oposición se argumenta que, si bien la Jutep es un servicio descentralizado con independencia técnica, se vincula con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura. Por este mismo asunto ya fue interpelada días atrás la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg.

En una resolución alcanzada por mayoría el 6 de noviembre, el directorio de la Jutep estableció que no existió incompatibilidad entre el cargo de Danza en ASSE y su actividad privada como médico y docente. De todos modos, el jerarca dejó esas tareas para dedicarse de lleno al prestador público de salud.

En declaraciones a Subrayado ayer, Abdala sostuvo que la Jutep incurrió en irregularidades y actuó “con abuso de poder”, pasando por encima de recomendaciones de su propia asesoría letrada. Agregó que hubo una manipulación previa del caso por parte de la mayoría del directorio y habló de responsabilidades “graves y evidentes”.

Según el diputado, la actuación de la Jutep tuvo una finalidad partidaria y generó un problema institucional. Abdala aseguró que el directorio actual no ofrece garantías y sostuvo que la Junta no actuó sola, sino como parte de una operación más amplia del gobierno, algo que, dijo, intentará demostrar durante la sesión de hoy.


El gobierno contrató a una nueva empresa certificadora internacional para evaluar el avance de la construcción de las patrulleras oceánicas que el astillero español Cardama fabrica para la Armada Nacional. Según la información confirmada ayer por la ministra de Defensa, Sandra Lazo, el objetivo es contar con un diagnóstico técnico independiente sobre lo efectivamente construido y su calidad.

La certificadora se sumará al trabajo de dos oficiales de la Armada enviados a Vigo, los capitanes Ismael González y Héctor Cardozo, cuyos informes han sido muy críticos.

Según esos reportes, difundidos por El Observador y Telemundo, la obra presenta retrasos, problemas de estabilidad y navegabilidad, defectos de diseño y avances sin planos aprobados. También se advierten demoras en la entrega de los motores y se cuestiona que las patrulleras se estén construyendo con criterios propios de un buque de carga.

Hasta ahora, la certificadora Lloyd’s Register validó dos hitos del proceso de construcción, lo que habilitó pagos del Estado uruguayo por un total de 28 millones de euros.


El Observador informó que los capitanes Ismael González y Héctor Cardozo solicitaron formalmente ser sometidos a un tribunal de honor en la Armada Nacional, a raíz de las acusaciones del senador Javier García durante la interpelación a la ministra Lazo. 

El legislador los calificó como delegados políticos de la ministra y los acusó de realizar tareas de inteligencia para boicotear el contrato. Esas afirmaciones fueron rechazadas por el oficialismo, que cuestionó la responsabilidad del exministro por sus dichos.


En su última sesión del año, el Directorio del Partido Nacional analizó dos temas centrales: el proceso de autocrítica tras las elecciones y la agenda por los 190 años del partido.

En conferencia de prensa, el presidente del Directorio, Álvaro Delgado, explicó que la autocrítica se basó en un informe elaborado luego de cinco instancias regionales en todo el país, con la participación de más de mil dirigentes y militantes. Dijo que se trató de un proceso “histórico”, que apunta a identificar oportunidades de mejora y a construir un plan de acción política para el período 2026–2029, con énfasis en la comunicación, la cercanía con la gente y la innovación.

Consultado por la derrota electoral, señaló que fue un fenómeno “multicausal” y remarcó que el proceso que se está siguiendo no se trata de buscar culpables.

“Hay que asumir las responsabilidades, que son varias, y yo soy el primero de la fila. Y tengo que hacerlo así, con mucha humildad. Ahora, el primero de una fila de responsabilidades, pero lo que importa más que las responsabilidades son las causas. Porque a mí me importa empezar a volver y volver mejor. Y para ver las causas, corregir cosas que se pueden haber hecho mal: yo hablé de la comunicación de algunos de los temas, en algún diseño de algunas otras cosas, de no comunicar bien algunas acciones de gobierno”.


En el informe de autocrítica presentado este lunes por Álvaro Delgado, el Partido Nacional admite que, al llegar al gobierno, no logró evitar “ser absorbido por la lógica del Poder Ejecutivo”. Allí se reconoce que el partido fue relegado como actor político autónomo y que también falló en su rol de replicador territorial del discurso.

En materia comunicacional, el documento señala que el “poder de fuego” de los adversarios fue muy fuerte y que no se lo enfrentó con una estrategia suficientemente directa. Se apunta a la falta de un diseño comunicacional liderado por el partido, con vocerías coordinadas, mensajes segmentados y mayor trabajo en las bases.

En la autocrítica se define al gobierno de Luis Lacalle Pou como “valiente” por impulsar reformas de fondo, aunque se admite que no se realizaron todas las que esperaba el electorado coalicionista. Además, se señala que faltó “pedagogía política” para explicar los ritmos de los cambios, condicionados por la pandemia y la sequía.

El informe subraya que durante la campaña el partido no supo “escuchar con la profundidad necesaria” y perdió sintonía con preocupaciones crecientes, como las dificultades de la clase media, la situación de los jubilados y las políticas de frontera. “Nos costó sintetizar el rumbo, narrarlo con claridad y comunicar propuestas concretas”, se afirma, y se advierte que escuchar implica comprender el estado de ánimo del país.

También se reconocen errores de diagnóstico en la campaña, con un uso deficiente del tiempo y del trabajo territorial, una comunicación centrada en medios tradicionales y una innovación que llegó tarde. Sobre la fórmula presidencial, se señala que la elección de Valeria Ripoll buscó ampliar el electorado, pero que el proceso fue mal gestionado, con falta de preparación interna y de escucha, lo que volvió el anuncio sorpresivo dentro del partido.


En la misma sesión, el Directorio abordó el inicio de los festejos por los 190 años del Partido Nacional. Las actividades comenzarán el 2 de enero en Paysandú, en homenaje a Leandro Gómez, y culminarán el 10 de agosto en la Plaza Matriz. Delgado anunció más de 60 actividades en todo el país y destacó la vigencia histórica del partido.

Al evaluar al actual gobierno, Delgado fue crítico y le dio un puntaje de “cuatro sobre diez”. Dijo que el Ejecutivo “desperdició un año” y cuestionó la intención de revisar proyectos de la administración pasada, como el plan de saneamiento para el interior y el proyecto Arazatí, decisiones que calificó de “capricho político-ideológico”. No obstante, valoró el cambio de postura del gobierno respecto al Acuerdo Transpacífico.

También cuestionó la actuación del Poder Ejecutivo en el conflicto con el astillero español Cardama, al advertir que una rescisión sin debido proceso podría generar un juicio internacional y pérdidas millonarias para el país.

Finalmente, Delgado felicitó al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, condenó el atentado antisemita ocurrido en Australia, reclamó una respuesta más firme y rápida del gobierno uruguayo ante este tipo de hechos y reafirmó su rechazo al terrorismo.


La Asamblea General realizó este lunes una sesión extraordinaria para conmemorar los 40 años de la recuperación democrática en Uruguay. Legisladores de todos los partidos destacaron la fortaleza institucional del país y coincidieron en que cuatro décadas de democracia ininterrumpida no son una casualidad, sino el resultado de una construcción colectiva.

En el debate, el senador colorado Robert Silva repasó los gobiernos desde 1985 y subrayó el valor de los partidos políticos y de los acuerdos de largo plazo. Desde el Frente Amplio, Blanca Rodríguez advirtió que la democracia no se agota en el voto y que debe construirse todos los días, frente a amenazas como la desigualdad y los discursos de odio.

A su turno, el senador nacionalista Javier García alertó sobre riesgos actuales como el desencanto social y el avance del crimen organizado. En tanto, el diputado del Partido Independiente Gerardo Sotelo recordó las deudas pendientes del pasado reciente y señaló que la pobreza, la desigualdad y la confianza en las instituciones siguen siendo desafíos centrales.


Antes de la sesión de la Asamblea General, el senador colorado Pedro Bordaberry presentó un proyecto de ley titulado “Reconciliación, Verdad y Nunca Más”, con el objetivo de cerrar de forma institucional las heridas del pasado reciente, a 40 años del retorno democrático.

La iniciativa incluye dos medidas principales: el esclarecimiento definitivo del destino de las personas desaparecidas y la creación de un régimen humanitario de prisión domiciliaria para personas mayores de 75 años condenadas por hechos anteriores a marzo de 1985. Este beneficio sería a pedido del interesado, con autorización judicial, y sin modificar las condenas ni los derechos de las víctimas.

Además, el proyecto crea una Comisión Nacional por la Reconciliación y el Nunca Más, en la órbita de Presidencia, integrada por cinco miembros con pluralidad política, y un Archivo Nacional de la Verdad dentro del Archivo General de la Nación. 

En rueda de prensa, Bordaberry afirmó que se trata de una propuesta orientada a la verdad documentada, la memoria y una reconciliación institucional bajo el compromiso del “Nunca Más”.

“Es un proyecto que en estos cuarenta años de democracia que estamos cumpliendo busca, en base a lo que han dicho todos los expresidentes -Sanguinetti, Lacalle Herrera, Jorge Batlle, Tabaré Vázquez, Mujica, Lacalle Pou-, la reconciliación. Atiende dos cosas que todavía no están resueltas. Una es que todavía no se conoce parte de la verdad de lo que sucedió con los desaparecidos, y obviamente hay un reclamo de un sector importante de la sociedad por eso. Y, por otro lado, hay un reclamo de que hay personas de 80 años que están presos en situaciones que no deberían estar”.


En paralelo, el diputado del Partido Nacional Rodrigo Goñi presentó un proyecto de ley que habilita la prisión domiciliaria para personas mayores de 70 años privadas de libertad por hechos ocurridos hace más de 30 años.

La iniciativa establece que el beneficio se otorgará a pedido de parte y con el cumplimiento de esos dos únicos requisitos: la edad y la antigüedad del hecho. Goñi sostuvo que la propuesta tiene un fundamento humanitario y recordó que existen antecedentes similares impulsados por Cabildo Abierto en la legislatura pasada.

Según el legislador, el proyecto no busca reabrir el debate sobre la dictadura, sino inscribirse en la tradición del Derecho Penal uruguayo de aplicar soluciones humanitarias y conciliadoras, priorizando la dignidad de las personas y una mirada de futuro.


MÁS NOTICIAS DEL PANORAMA NACIONAL

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, sostuvo que la exploración de hidrocarburos en aguas uruguayas se realizará con las máximas garantías de protección del ambiente y de la fauna marina. Hablando en rueda de prensa, señaló que el país está “comprometido con la biodiversidad” y que se trata de una etapa con exigencias ambientales más altas que en experiencias anteriores.

Las autorizaciones ambientales previas fueron otorgadas a cuatro empresas —Searcher Geodata, CGG Services, APA Exploration y PGS— que firmaron contratos con Ancap entre 2022 y 2024. 

Ortuño explicó que la prospección sísmica se desarrollará entre 150 y 300 kilómetros de la costa, con amplias distancias entre buques, y que se duplicaron las medidas de protección de la fauna acuática, como ballenas, delfines, lobos marinos o tortugas.

“No se podrá realizar actividad a menos de un kilómetro de presencia de estos animales. En caso de encontrarse, no se podrá iniciar la actividad y, si esta ya se estuviera realizando y apareciera cualquiera de estos animales, se deberá detener y dar tiempo suficiente para su alejamiento. Y, finalmente, aumentamos los controles significativamente: se exige la presencia de cuatro observadores marinos, especialistas en fauna marina, y además habrá vigilancia del Ministerio de Ambiente”. 

El ministro afirmó que el objetivo es conocer si Uruguay cuenta con hidrocarburos, cuyo costo de importación ronda entre 1.200 y 1.600 millones de dólares anuales, y aclaró que, ante un eventual hallazgo, cualquier decisión sobre su explotación deberá surgir de un amplio diálogo nacional, en línea con los compromisos climáticos de Uruguay.


En tanto, la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras entregó ayer más de 21.700 firmas en el Ministerio de Ambiente contra los proyectos de exploración petrolera en el mar uruguayo. El colectivo sostuvo que el gobierno no tiene “licencia social” y realizó movilizaciones en Montevideo y en varios departamentos, especialmente en zonas costeras.

Desde la organización señalaron que las firmas se reunieron en pocos días y con adhesiones de todo el país, lo que, a su entender, refleja un rechazo amplio y transversal a la exploración sísmica autorizada por el Ministerio de Ambiente.

La Asamblea criticó además que, pese a la existencia de una medida cautelar aceptada por la Justicia, el ministerio haya otorgado licencias ambientales a cuatro empresas y anunciado la posible perforación de un pozo exploratorio. Acusó a la cartera de actuar como “garante del extractivismo petrolero” y reclamó que se suspendan todas las actividades hasta que la Justicia se pronuncie sobre la nulidad de los contratos.

Débora Díaz, vocera de la agrupación, dijo a Radio Monte Carlo que la prospección petrolera es contraria a la normativa vigente.

“El ministro Ortuño nos dio un montón de argumentos de por qué habían firmado y de que va a haber protección para que el impacto no sea tan negativo, pero nosotros creemos que estos proyectos petroleros van en contra de nuestra legislación, de los acuerdos internacionales y de nuestro proyecto de país Uruguay Natural”.


El canciller Mario Lubetkin explicó que la Cancillería demoró el domingo su condena al atentado ocurrido ese día en la playa de Bondi, en Sídney, porque manejaba información de que podría haber uruguayos entre las víctimas. El ataque, perpetrado el domingo por dos francotiradores durante una celebración de Janucá, dejó al menos 15 muertos y decenas de heridos, y la lentitud en la emisión del comunicado oficial generó críticas desde la comunidad judía y la oposición.

En declaraciones al periodista Leonardo Sarro ayer, Lubetkin dijo que prefirió esperar la confirmación de que no hubiera compatriotas afectados, algo que finalmente no ocurrió. Reiteró la posición de Uruguay a favor de la solución de dos Estados, Israel y Palestina, y advirtió sobre el avance del odio, el antisemitismo y el racismo, señalando que el desafío es evitar que estos hechos se naturalicen.

Desde la oposición, el presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, sostuvo que el comunicado fue “tardío y poco contundente” y pidió reforzar la seguridad. En cambio, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, defendió la actuación del gobierno y afirmó que el atentado fue condenado como un acto de terrorismo.


La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la Universidad de la República (Udelar) firmaron un acuerdo ayer para crear un laboratorio de tecnologías verdes, que comenzará a operar en 2026 y tendrá como eje el vínculo permanente entre la academia y el sector productivo.

El proyecto, denominado Uruguay GreenTech, funcionará como un laboratorio abierto de innovación. En una primera etapa se desarrollarán dos plataformas de investigación: una en baterías y electromovilidad, y otra en energía solar fotovoltaica.

Desde la ANII y la Udelar señalaron que el objetivo es fortalecer capacidades nacionales, impulsar investigación aplicada y generar oportunidades de desarrollo y negocios vinculados a la transición energética.


Un Tribunal de Apelaciones rechazó el recurso presentado por la familia de Gustavo Basso, fundador de Conexión Ganadera fallecido en noviembre de 2024, que buscaba frenar la venta del apartamento de Punta del Este donde cumple prisión domiciliaria su viuda, Daniela Cabral.

En el fallo, consignado por El País, la Justicia sostuvo que el recurso no era admisible dentro del régimen restringido de apelaciones previsto por la Ley de Concursos. Además, ratificó que el inmueble puede ser vendido porque integra la masa activa del concurso de la herencia de Basso. El juez del concurso, Leonardo Méndez, ya había autorizado la enajenación en subasta privada al entender que se trata de un bien de difícil conservación, debido a los elevados costos fijos que genera.

La sindicatura deberá ahora comunicar esta resolución al juzgado penal. Cabral está imputada por un delito continuado de estafa y cumple arresto domiciliario en ese apartamento. En la causa también están formalizados Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow, imputados por estafa y lavado de activos, quienes permanecen en prisión preventiva a la espera del juicio.


Cuatro personas más fueron condenadas por los desvíos fraudulentos del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc), en una causa que ya suma ocho sentencias de primera instancia. Dos de los nuevos condenados estaban afiliados al Sunca y los otros dos no tenían vínculo con el sindicato. Los montos desviados superan los 16 millones de pesos.

Las penas, dispuestas en un acuerdo en un proceso abreviado, van de 16 a 20 meses de libertad a prueba, por delitos de apropiación indebida y asistencia al lavado de activos. Deberán fijar domicilio, presentarse periódicamente en la seccional y cumplir trabajo comunitario. 

Según la investigación, estas personas recibían transferencias irregulares en sus cuentas y luego giraban el dinero a otros involucrados, a cambio de una compensación.

La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos investiga desvíos por alrededor de un millón de dólares del Fosvoc, un fondo cogestionado por el Sunca y las cámaras empresariales para facilitar el acceso a la vivienda a trabajadores de la construcción. La causa se inició en enero y continúa en curso.

Respecto al destino final de los fondos, la fiscal adscripta Gabriela Gómez señaló en la audiencia   que, si bien la investigación sigue en curso, la hipótesis que maneja la fiscalía es que el dinero "tendría como finalidad la financiación de campañas políticas vinculadas al Partido Comunista o al propio Sunca".


Según consigna El País, el abogado de Fosvoc, Óscar López Goldaracena, se mostró disconforme con el acuerdo y recordó que "se robó dinero de los trabajadores y no se devolvió". Insistió en que solo esta parte de la maniobra reúne 100 mil dólares.

"Nos sorprendió que se solicitara penas de prisión en régimen de libertad de prueba. Es lo mismo que decir, que se puede robar 100 mil dólares y no vas presa ni un día", criticó. Y agregó: "En ningún momento se habló de devolver ese dinero a los trabajadores. En ningún momento se puso en el proceso, en la etapa previa, que se repare" al fondo.

En la audiencia, López Goldaracena afirmó: "Nos quedamos sin saber algunas cosas". Al ser consultado por ello, dijo en rueda de prensa: "Al no haber un juicio oral y público… ¿A dónde fue ese dinero? ¿Cómo se…? Nosotros tuvimos acceso a las declaraciones en Fiscalía de varias de estas personas. Uno dice que lo gastó en el casino, el otro que se lo dio a fulano, mengano".


ECONOMÍA Y EMPRESAS

Un fondo de 1,5 millones de dólares buscará impulsar las ventas al exterior de pequeñas y medianas empresas. La Agencia Nacional de Desarrollo presentó ayer el programa Uruguay al Mundo, que financiará hasta 130 proyectos con apoyos de entre 10.000 y 20.000 dólares. La convocatoria se abrirá en febrero de 2026.

La iniciativa es impulsada por ANDE junto a Uruguay XXI, ANII, LATU, el Ministerio de Industria y Uruguay Innova, y apunta a fortalecer la internacionalización de mipymes y startups. 

La ministra Fernanda Cardona destacó que se trata de un esfuerzo interinstitucional para generar empleo de calidad, descentralizar oportunidades y ampliar la presencia de empresas uruguayas en el exterior.

Desde ANDE y Uruguay XXI señalaron que las mipymes representan más del 80% de las empresas exportadoras, aunque explican una parte menor del valor total exportado. El programa busca mejorar productividad, capacidades e innovación, facilitar el acceso a nuevos mercados y diversificar riesgos. Podrán postularse empresas de todo el país y de cualquier sector.


ALUR informó que cerró la zafra 2025 de caña de azúcar con una de las mejores productividades de su historia. Con casi 6.900 kilos por hectárea, fue la tercera mejor zafra desde la instalación del complejo en Bella Unión.

En el período se cosecharon casi 6.900 hectáreas y se procesaron unas 472 mil toneladas de caña. 

La producción permitió obtener azúcar refinado, etanol y energía, que incluso generó excedentes volcados a la red de UTE. Además, en agosto se alcanzó un récord de molienda mensual.

Las autoridades de ALUR destacaron el desempeño productivo y subrayaron la necesidad de mejorar eficiencia y sostenibilidad. El presidente de la empresa, Marcelo Sadres, definió a ALUR como una herramienta para el desarrollo y la bioeconomía, y anunció un estudio sobre su impacto económico y social en Bella Unión.


En el mercado local, el dólar ayer bajó por cuarta jornada consecutiva, en esta ocasión 0,42%. El interbancario fondo operó por debajo de los $39 y cotizó en promedio a $38,948.

En lo que va del año 2025, el dólar lleva una baja acumulada de 11,61% (comparando la cotización del viernes en relación a la última de 2024)

En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $37,85 para la compra y $40,25 para la venta. 

En Brasil, la divisa estadounidense bajó y cerró ayer en R$ 5,393. 

En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial disminuyó y cotizó en AR$ 1.438,50. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) subió y cotizó en el entorno de los AR$ 1.480,00.  

El Euro aumentó ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$1,1743.

El precio en tiempo real de Bitcoin es de U$S 85.590,09. En los últimos 30 días el Bitcoin tuvo una baja de 10,50% (comparando la cotización de hoy en relación a la misma fecha del mes pasado).

El Bitcoin alcanzó su valor récord el 5 de octubre de 2025, dónde cotizó a U$S 126.198,07, impulsado por la valorización de las acciones estadounidenses y la cautela de los inversionistas sobre la parálisis presupuestaria del gobierno en Estados Unidos.


OTRAS NOTICIAS

La Policía investiga el homicidio de un hombre de 84 años que fue hallado muerto en su vivienda del barrio La Teja, Montevideo. El cuerpo presentaba múltiples golpes en la cabeza y abundante sangrado.

Los efectivos llegaron tras el aviso de vecinos que notaron una ventana abierta y la puerta trasera forzada. Al ingresar a la casa encontraron a la víctima tendida sobre la cama.

El principal sospechoso es un sobrino de 34 años, con problemas de consumo de drogas, que permanece prófugo. La investigación continúa.


INTERNACIONALES

En Chile, el presidente electo, José Antonio Kast, inició la transición con un encuentro de una hora con el mandatario saliente Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda.

A la salida de la reunión, Kast destacó la necesidad de un gobierno de unidad nacional en los temas prioritarios: seguridad, salud, educación y vivienda.

“Le agradezco al presidente de la República el tiempo, también que tuvimos una conversión personal muy importante y las posibilidades que nos da de ir conociendo cómo funciona el Estado, cuáles son las situaciones más complejas que podemos tener que abordar hacia adelante y cuidar la institucionalidad”.

Por su parte, Boric aseguró que el traspaso de mando será “ordenado y ejemplar".

“Más allá de las diferentes visiones políticas que ambos representamos existe una continuidad del Estado. Una continuidad de sus instituciones, una continuidad del servicio público y del orden democrático”. 


El gobierno de Chile protestó por dichos del presidente de Colombia Gustavo Petro contra el presidente electo José Antonio Kast, a los que calificó de “inaceptables”.

El domingo, ya conocido el resultado del balotaje, Petro, uno de los aliados de Boric en la región, había acusado a Kast de ser "hijo de Hitler".

"Hemos entregado una nota de protesta al embajador de Colombia en Chile para manifestar nuestra molestia por los inaceptables dichos del presidente de Colombia respecto de la elección presidencial en nuestro país", dijo en una declaración a la prensa el canciller Alberto van Klaveren.

Kast, que ha manifestado su admiración por la dictadura de Augusto Pinochet, es el menor de 10 hijos de un matrimonio de alemanes que emigró a Chile y levantó un próspero negocio de embutidos que él heredó.

Investigaciones periodísticas revelaron en 2021 que su padre fue miembro del partido nazi de Adolf Hitler. Pero Kast aclaró que fue un recluta forzado del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial y negó que fuera nazi. 


El presidente estadounidense, Donald Trump, saludó la victoria de José Antonio Kast en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas, al que calificó de "muy buena persona".

"Me acabo de enterar de que en Chile la persona a la que había apoyado, que no lideraba, acabó ganando bastante fácilmente. Así que espero poder saludarlo de aquí pronto. He escuchado que es una muy buena persona", dijo a periodistas en el Despacho Oval. 


En Australia, el gobierno confirmó que se endurecerá la legislación sobre porte de armas. El anuncio se realizó un día después de que un hombre y su hijo mataran a balazos a 15 personas que celebraban la festividad judía de Janucá en una playa de la ciudad de Sídney.

El ataque, que dejó  42 heridos, conmocionó al país y las autoridades afirmaron que se trató de un acto "terrorista" motivado por el "antisemitismo".

Entre las víctimas mortales se encuentran una niña de diez años, así como un superviviente del Holocausto y un rabino.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, declaró que el ataque contra una multitud estuvo "motivado por la ideología" del grupo yihadista "Estado Islámico".

Albanese, convocó una reunión de los gobernadores de los estados y territorios de Australia en respuesta, y acordó con ellos "fortalecer las leyes sobre armas en todo el país".

En el encuentro se pactó mejorar las verificaciones de antecedentes de los propietarios de armas de fuego, impedir que los extranjeros obtengan licencias y limitar los tipos de armas legales. 


El presidente Donald Trump firmó  un decreto que clasifica el fentanilo, un potente opioide que ha causado una crisis sanitaria en Estados Unidos, como un "arma de destrucción masiva".

"Ninguna bomba causa el daño que esto está haciendo: entre 200.000 y 300.000 personas mueren cada año, que sepamos", aseguró Trump durante un evento en el Despacho Oval.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos unas 48.000 personas murieron por fentanilo el año pasado.

Propulsor de un endurecimiento radical de la política antidrogas estadounidense, Trump firmó al principio de su presidencia un decreto que clasificaba a los cárteles como "organizaciones terroristas".

“Hoy estoy tomando un paso más para proteger a los americanos de la desgracia del fentanilo que está flotando en nuestro país. Con esta orden histórica que firmaré hoy estamos formalizando como un arma de destrucción masiva, que es lo que es. No hay bomba que haga esto”.


El presidente Donald Trump afirmó que el director de cine Rob Reiner y su esposa murieron debido a la "furibunda obsesión" en su contra, lo que desató fuertes críticas de republicanos y demócratas cuando la policía investiga el caso como un homicidio.

Los Reiner murieron "supuestamente a causa de la ira que (el cineasta) provocaba en los demás debido a su grave, persistente e incurable afección mental" anti-trump, afirmó el mandatario en su plataforma Truth Social, en un mensaje que recibió muchas críticas.

El presidente utilizó el término "Trump Derangement Syndrome" (TDS), popularizado por sus partidarios para designar lo que consideran una hostilidad irracional contra el republicano, hasta el punto de ser comparable a una enfermedad mental.

Nick Reiner, el hijo mediano del matrimonio fue detenido en relación con la muerte de sus padres, ocurrida el domingo por la tarde en Los Ángeles, California.

Según ha explicado la policía en rueda de prensa es sospechoso de asesinato y se enfrenta cargos de homicidio. 


En China, el empresario de medios de comunicación de Hong Kong Jimmy Lai fue condenado por atentar contra la seguridad nacional.

Lay, fundador del clausurado periódico prodemocracia Apple Daily, fue declarado culpable de dos cargos de conspiración con agentes extranjeros y uno de publicación sediciosa.

"No nos cabe duda de que (Lai) nunca titubeó en su intención de desestabilizar el gobierno" de China, dijo la jueza de la Alta Corte Esther Toh en un comunicado.

Según los fiscales, Lai promovió dos conspiraciones para pedir a países extranjeros imponer "sanciones o bloqueos" o realizar "actividades hostiles" contra Hong Kong y China. 


Después que se conociera ese veredicto, el gobierno del Reino Unido convocó al embajador chino y pidió la liberación de Jimmy Lai, que tiene pasaporte británico.

Al salir del tribunal Lai gesticuló con la cabeza hacia su esposa Teresa y su hijo Lai Shun-yan, quienes estaban en la galería del público.

Su otro hijo Sebastien Lai instó al Reino Unido a "hacer más" para la liberación de su padre.

La ministra británica de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, declaró ante el Parlamento que convocó al embajador de China en Londres para expresarle su desaprobación "en los términos más enérgicos" por el procesamiento de Jimmy Lai, que afirmó tiene "motivaciones políticas". 


El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que había solicitado a su homólogo chino, Xi Jinping, que considerara la liberación de Jimmy Lai después de que el magnate de los medios de comunicación prodemocracia de Hong Kong fuera condenado por cargos de seguridad nacional.

"Me siento muy mal. Hablé con el presidente Xi al respecto y le pedí que considerara su liberación", declaró Trump a la prensa.


El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el acuerdo para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania está más cerca que nunca, mientras que varios dirigentes europeos propusieron una "fuerza multinacional" para garantizar la paz.

Las optimistas declaraciones se produjeron en el segundo día de conversaciones en Berlín entre el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y emisarios estadounidenses para impulsar los esfuerzos destinados a detener el conflicto.

"Creo que ahora estamos más cerca que nunca", dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca, y agregó que tuvo "conversaciones muy largas y muy buenas" con Zelenski y otros dirigentes, incluidos los de Reino Unido, Francia, Alemania y el secretario general de la OTAN.

Los mandatarios europeos propusieron dirigir una fuerza con el apoyo de Estados Unidos como parte de las "sólidas garantías de seguridad" para Ucrania, con el objetivo de evitar que Rusia viole un acuerdo para poner fin al conflicto.

Zelensk informó de "avances reales" en cuanto a las garantías de seguridad.

Sin embargo, indicó que siguen existiendo diferencias sobre la posible cesión de territorios. 


En Honduras, sigue sin conocerse el ganador oficial de las elecciones presidenciales de hace dos semanas y existe una dura polémica sobre el escrutinio entre los tres principales candidatos.

El candidato que Trump apoyó públicamente, el empresario Nasry Asfura, tiene una muy corta ventaja por delante del derechista Salvador Nasralla, y ambos aparecen muy por delante de la candidata oficialista.

La misión electoral que la Organización de Estados Americanos (OEA) mandó al país centroamericano descartó  fraude en esos comicios, y pidió que las autoridades electorales cierren el escrutinio lo antes posible.

La dilación para entregar los resultados definitivos "no es justificable", declaró el excanciller paraguayo y jefe de la misión, Eladio Loizaga, al leer el reporte.

Ante las acusaciones de fraude, secundadas por la izquierda gobernante, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció el escrutinio de las actas con "inconsistencias", tras un conteo de votos interrumpido varias veces por fallos informáticos. 


En Argentina el gobierno anunció que a partir de enero ajustará las bandas cambiarias según la inflación mensual, a diferencia del régimen de semiflotación instaurado en abril, cuando el equipo del presidente Javier Milei flexibilizó el acceso a divisas extranjeras.

Actualmente, el Banco Central de Argentina no puede intervenir en el tipo de cambio mientras la relación entre el peso y el dólar estadounidense flote entre el techo y piso de las bandas, que aumentan y disminuyen respectivamente al 1% mensual.

"A partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual", dijo el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, en una conferencia de prensa.

El sistema de bandas fue acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril en el marco de un préstamo de 20.000 millones de dólares, de los cuales 14.000 millones ya fueron desembolsados.


La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) señaló ayer al gobierno de Javier Milei de elegirla como "blanco de sus ambiciones políticas", luego de que una senadora oficialista denunciara a dirigentes de la entidad ante la Conmebol por prácticas corruptas.

La senadora Patricia Bullrich acusó este lunes al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y a su tesorero, Pablo Toviggino, ante el tribunal de ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol de presuntas violaciones a sus políticas anticorrupción y antisoborno.

La denuncia, parte de ella compartida por la exministra de Seguridad de Milei en redes sociales, apunta contra supuestos atentados a los "principios de integridad, deber fiduciario, conflicto de intereses, transparencia en las contrataciones, uso adecuado de recursos, y prevención de lavado de activos".

En respuesta al pedido de Bullrich, la AFA publicó un comunicado en el que defiende la gestión de Tapia y Toviggino, señalando que asumieron en 2017 "una institución devastada" y que su gestión "recuperó la posición que (la entidad) ocupaba en el fútbol mundial".

"Todo lo hecho se gestionó a lo largo y a pesar de tres gobiernos distintos. Cada uno, a su manera, eligió a la AFA como blanco de sus ambiciones políticas", afirmó la nota.

La entidad aseguró que tuvo que soportar "constantes amenazas de intervención" por parte del gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) y que la administración de Alberto Fernández (2019-2023) buscó "ungir su propio candidato" contra la voluntad de los clubes.

Y afirmó que el de Milei ha realizado "un ataque coordinado" para obstruir el funcionamiento de la entidad.

La presidencia actual ha intentado "imponer a las Sociedades Anónimas Deportivas, en contra de la libertad que tienen los clubes a través de sus dirigentes para elegir el modelo de Asociaciones Civiles sin fines de lucro", apuntó.

La denuncia de Bullrich tiene lugar una semana después de que la justicia argentina allanara la sede de la asociación campeona del mundo y la de varios clubes a raíz de una investigación por lavado de dinero.

En paralelo, aunque por otra investigación por la supuesta comisión del mismo delito, se registró una casa en el norte de Buenos Aires en busca de información sobre un presunto testaferro del jefe del balompié argentino.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció también a la AFA la semana pasada por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social.

Tapia niega cualquier irregularidad en su gestión.


La opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz, sufrió una fractura vertebral en su viaje clandestino para salir de su país y llegar a Noruega la semana pasada.

Machado, de 58 años, recibió el Premio Nobel de la Paz por su lucha por "una transición justa y pacífica" para recuperar la democracia en Venezuela.

Pese a vivir en la clandestinidad desde las elecciones presidenciales de 2024, en las que la oposición denunció fraude y cuestionó la victoria de Nicolás Maduro que le permitió acceder a un tercer mandato, Machado prometió que asistiría a la ceremonia de premiación celebrada en Oslo la semana pasada.

Machado dijo que temió por su vida en el viaje para salir de su país y llegar a Noruega para recibir el Premio Nobel, que combinó un trayecto en barco hasta Curazao y un vuelo en avión privado con escala en Estados Unidos.

"Está confirmada la fractura vertebral", indicó Claudia Macero en alusión a un artículo publicado en el diario noruego Aftenposten.

Según el diario, la fractura se produjo cuando la llevaban en un pequeño barco pesquero.


Venezuela acusó a Trinidad y Tobago de ayudar en el "robo" de un buque cargado con petróleo venezolano que Estados Unidos incautó la semana pasada, en medio de las maniobras militares de Washington en el Caribe, según un comunicado de la vicepresidencia.

Caracas informó que tuvo "conocimiento pleno sobre la participación del gobierno de Trinidad y Tobago en el robo del petróleo venezolano" con "el asalto de un buque que transportaba este producto estratégico de Venezuela" el 10 de diciembre.

"Este acto de piratería constituye una grave violación del derecho internacional y una franca transgresión a los principios de libre navegación y de comercio", agregó el texto publicado en la plataforma de mensajería Telegram de la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Maduro había suspendido en octubre los acuerdos energéticos con Trinidad y Tobago, después de que el archipiélago acogiera un buque de guerra estadounidense para ejercicios militares conjuntos. 


En Bolivia, el presidente Rodrigo Paz, instaló una "comisión de la verdad" para que investigue un presunto desfalco de miles de millones de dólares en el sector de hidrocarburos durante los 20 años de gobiernos socialistas que lo precedieron.

Bajo las administraciones del Movimiento Al Socialismo, que iniciaron con Evo Morales, Bolivia adoptó una fuerte política de subsidios a los combustibles, lo que generó escasez en las reservas estatales de dólares, causante de la peor crisis económica en cuatro décadas.

Paz denunció un "sistema de corrupción" que desvió entre 800 y 1.000 millones de dólares cada año destinados a estas importaciones.

Esta es la primera "de las muchas" comisiones que se conformarán" para investigar la corrupción, señaló Paz.

"Aquellos que nos robaron se tienen que ir a la cárcel. Esto no es venganza, esto es justicia", dijo el presidente.


En Brasil, el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinó ayer que se notifique al Ministerio de Justicia para iniciar formalmente el pedido de extradición del diputado Alexandre Ramagem a los Estados Unidos.

La orden judicial busca que Ramagem cumpla la pena de 16 años, un mes y 15 días de prisión efectiva que se le impuso por su participación en la trama golpista para impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva en 2023. Moraes fue tajante en su despacho: afirmó que el diputado "se evadió del distrito de culpa" para no afrontar la condena definitiva.

Ramagem no es un legislador más. Fue el director de la ABIN, la Agencia Brasileña de Inteligencia, durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Era el hombre de confianza encargado del aparato de espionaje estatal y es, hasta ahora, el único condenado del "núcleo duro" de la intentona golpista que no está tras las rejas.

La Policía Federal reveló ayer detalles de una fuga que parece de película.

Ramagem salió de Brasil de forma clandestina en septiembre, el mismo mes en que la Corte condenó a la cúpula bolsonarista. Cruzó la frontera seca por el estado de Roraima —donde paradójicamente él había sido delegado policial— sin pasar por ningún control migratorio, ingresó a Guyana y desde el aeropuerto de Georgetown voló a Estados Unidos. Ingresó a suelo norteamericano utilizando un pasaporte diplomático que teóricamente debía estar cancelado.

Ahora comienza un complejo trámite burocrático. El Supremo envía la documentación al Ministerio de Justicia, este valida el tratado con Washington y finalmente la Cancillería cursa el pedido. La defensa de Ramagem ya adelantó la estrategia: solicitar asilo político en Estados Unidos, alegando persecución.

En paralelo, la defensa del expresidente Bolsonaro volvió a presentar ayer un pedido de "autorización urgente" ante la Corte para que sea sometido a una cirugía.

Bolsonaro, que está preso en la sede de la Policía Federal desde el 22 de noviembre, padece una hernia inguinal bilateral. Según el escrito presentado por sus abogados, el cuadro clínico evolucionó negativamente debido a crisis recurrentes de hipo, una secuela conocida de la puñalada que sufrió en 2018.

El argumento médico es que estos espasmos aumentan la presión abdominal y generan un riesgo real de "estrangulamiento intestinal", lo que obligaría a una operación de emergencia con riesgos mayores. Si bien Moraes ya había autorizado el ingreso de un médico para una ecografía y ordenó una pericia oficial para dentro de 15 días, la defensa sostiene que no se puede esperar tanto tiempo y exige el traslado inmediato a un hospital.

(Marcelo Silva de Sousa, corresponsal desde Brasil)

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