Foto: Nicolás Celaya / adhocFOTOS
NACIONALES
La comisión especial del Parlamento que analizará la parte comercial del acuerdo Mercosur – Unión Europea (el Acuerdo Interino de Comercio) comenzará a sesionar hoy. Se reunirá a diario y prevé votar el texto antes de fin de mes, en un trámite que los legisladores anticipan ágil y que incluirá la comparecencia de distintos actores. Hoy concurrirán el canciller Mario Lubetkin, la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU), la Asociación Rural (ARU) y la Federación Rural.
El documento fue entregado la semana pasada por el ministro de Relaciones Exteriores, y ese mismo día el Senado creó la comisión bicameral. Está integrada por 15 legisladores, ocho del oficialismo y siete de la oposición, y sesionará desde las 10 de la mañana en la sala Paulina Luisi del anexo del Palacio Legislativo.
El acuerdo solo podrá ser aprobado o rechazado, ya que su contenido no admite modificaciones.
El exministro de Defensa Armando Castaingdebat cuestionó la decisión del Poder Ejecutivo de rescindir el contrato firmado en diciembre de 2023 con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas. Sostuvo que el Partido Nacional está convencido de que Uruguay “va camino a perder 500 millones de dólares” en un eventual juicio.
En entrevista con Doble Click, de FM Del Sol, Castaingdebat afirmó que la medida es “política” y que con el tiempo se verá “quién protegía al país”.
Para el exjerarca, la rescisión forma parte de una estrategia del gobierno de Yamandú Orsi para desacreditar decisiones adoptadas durante la administración anterior.
“Nosotros estamos convencidos de que vamos a un juicio que tenemos todos los boletos sacados para perder. Ojalá que no, porque estos juicios los termina pagando Juan Pueblo. No los paga ni el ministro de Defensa, ni el presidente, ni el prosecretario. Estos juicios, que en Uruguay ya hemos enfrentado, los termina pagando Juan Pueblo a través de impuestos”.
Castaingdebat afirmó además que, según medios especializados de España, Cardama habría contratado al abogado Gonzalo Fernández, quien —según dijo— se reunió en Torre Ejecutiva con autoridades del actual gobierno. En ese encuentro, sostuvo, se habrían planteado al menos tres alternativas para sustituir una de las garantías, la que resultó falsa, presentada por la empresa Eurocommerce.
Por otra parte, el dirigente blanco respondió a las declaraciones del líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, quien pidió que haya responsabilidades penales si hubo irregularidades en la preparación del contrato durante el gobierno anterior. Castaingdebat recordó que el entonces subsecretario de Defensa, Rivera Elgue, también dirigente de CA, participó en la elaboración del contrato y estuvo al tanto del proceso.
El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, fustigó a la oposición por su postura frente a la rescisión del contrato con el astillero Cardama. Dijo que le “llama poderosamente la atención” la coincidencia entre los argumentos del astillero y los del Partido Nacional, y afirmó que “son un calco”.
En entrevista con Desayunos Informales de Canal 12, Díaz sostuvo que el contrato se rescindió por incumplimientos graves en las garantías presentadas y señaló que una era “trucha” y la otra no tenía valor jurídico. En respuesta a declaraciones de Armando Castaingdebat, aseguró que en el expediente no existe ninguna comunicación oficial que pruebe la presentación de una nueva garantía.
También negó que Gonzalo Fernández actuara como abogado de Cardama y afirmó que el propio Fernández aclaró que solo ofrecía “sus buenos oficios”. Según Díaz, no se presentó formalmente ninguna garantía alternativa.
En cuanto a un eventual juicio, sostuvo que el gobierno está “tranquilo” y respaldado por asesoramiento jurídico, y aclaró que cualquier litigio sería en jurisdicción nacional. Además, rechazó que la decisión responda a una intención de destruir el legado del expresidente Luis Lacalle Pou, y afirmó que se basa en criterios jurídicos y no políticos.
“Yo me pregunto: ¿el legado de Lacalle Pou es destruir documentos, aceptar documentos truchos, contratar con empresas insolventes? Con todo respeto, yo no soy blanco pero creo que el legado de Lacalle Pou es mucho más importante”.
Por otra parte, el prosecretario se mostró a favor de crear una comisión investigadora que analice todo el proceso de contratación con Cardama, tal como planteó el Partido Nacional.
Una invitación al intendente de Durazno, Felipe Algorta, para viajar en marzo a Taiwán generó cuestionamientos desde el Frente Amplio. El jerarca del Partido Nacional fue convocado a participar en un congreso sobre ciudades inteligentes en Taipéi, aunque el viaje aún está siendo evaluado y no fue confirmado oficialmente.
El senador del MPP Daniel Caggiani calificó la eventual visita como “incomprensible” y recordó que Uruguay sostiene el principio de “una sola China”, postura reafirmada recientemente por el presidente Yamandú Orsi durante su misión oficial en Beijing. En un posteo en sus redes sociales, indicó además que China es el principal socio comercial del país.
En la misma línea, el presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Valdomir, recordó que en el período pasado el legislador Eduardo Lust desistió de viajar a Taiwán luego de una consulta a Cancillería, que ratificó la política histórica uruguaya desde 1988, cuando se restablecieron relaciones con China.
La relación con Taiwán ha sido motivo de debate en distintas administraciones, aunque todos los gobiernos desde Julio María Sanguinetti hasta Luis Lacalle Pou han mantenido la adhesión al principio de una sola China. Taiwán, que se reivindica como Estado soberano, es reconocido por un número reducido de países y mantiene una situación internacional controvertida frente a Beijing.
El presidente Yamandú Orsi asistió anoche al recital de No Te Va Gustar en la Fortaleza de Santa Teresa, en Rocha, como parte de los festejos por el bicentenario de la liberación de las fortalezas. El espectáculo, gratuito, reunió a unas 20.000 personas, según estimaciones oficiales.
Orsi estuvo acompañado por la ministra de Defensa, Sandra Lazo, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, y el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez.
El mandatario recorrió el predio y se fotografió con asistentes y trabajadores antes del inicio del show principal.
La actividad forma parte del cronograma de la Comisión del Bicentenario 2025–2030, que prevé una serie de eventos culturales y conmemorativos en distintos puntos del país.
OTROS TEMAS QUE SE DESTACAN
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) volvió a observar a Uruguay en su informe anual difundido el viernes 13. La Comisión de Expertos analizó la aplicación de los convenios sobre libertad sindical y negociación colectiva, a partir de planteos de cámaras empresariales y de la Organización Internacional de Empleadores.
En materia de ocupaciones, la OIT tomó nota de la normativa vigente —la LUC y su decreto reglamentario— que permite al Ministerio de Trabajo intimar la desocupación. Las cámaras cuestionan una supuesta “no injerencia” del gobierno, mientras que el Poder Ejecutivo sostiene que ha cumplido la ley y que priorizó la negociación para evitar desalojos.
La observación se mantiene especialmente sobre la ley de negociación colectiva de 2009. El organismo insiste en que Uruguay debería revisarla para garantizar que la negociación sea plenamente libre y voluntaria, en particular en el funcionamiento de los Consejos de Salarios.
En declaraciones que recoge La Diaria, el subsecretario de Trabajo, Hugo Barretto, defendió el modelo y afirmó que no se prevén cambios normativos. En junio Uruguay podría ser convocado a una instancia de diálogo ante la OIT, aunque sin consecuencias económicas directas.
El fiscal de Lavado de Activos Enrique Rodríguez, a cargo del caso Conexión Ganadera, tomará declaración esta semana, como indagados, a los hijos de los socios de la empresa, Pablo Carrasco y Gustavo Basso.
Según publicó ayer El Observador, el Banco Central informó a la fiscalía que Marcela Carrasco —hija de Pablo Carrasco— realizó 85 transferencias entre 2018 y 2025 por casi 16 millones de dólares, desde cuentas en Uruguay hacia el exterior y otros bancos locales. Su nombre ya había tomado estado público en enero, cuando renunció a la dirección ejecutiva de la Fundación Sophia, en medio de cuestionamientos vinculados a la situación judicial de su padre.
En paralelo, el abogado de damnificados, Juan Pablo Decia, denunció transferencias por más de 1.800.000 dólares realizadas entre el 4 de diciembre de 2024 y el 15 de enero de 2025, es decir, después de la muerte de Gustavo Basso y de la cesación de pagos de la empresa. Según el escrito, Agustina Basso y su esposo, Alfredo Rava, movieron fondos hacia cuentas vinculadas a la familia.
La defensa de las víctimas sostiene que esos montos no fueron destinados a pagar a los inversores y pide avanzar en imputaciones por lavado de activos y asociación para delinquir. La fiscalía analiza ahora los informes financieros y los movimientos entre cuentas de empresas y familiares, mientras profundiza la investigación sobre el entramado societario del grupo.
El juez de Crimen Organizado de primer turno, Fernando Isla, extendió hasta junio las medidas cautelares contra los socios de República Ganadera, Nicolás Jasidakis y Mauro Mussio. Ambos seguirán con cierre de fronteras y retención de pasaporte, mientras avanza la investigación que lleva adelante el fiscal de Delitos Económicos, Alejandro Machado.
Según informó El Observador, la fiscalía espera un informe clave de la Secretaría Antilavado para definir si formaliza la causa, que investiga presuntas maniobras de estafa y apropiación indebida por más de 80 millones de dólares, con unos 1.500 inversores afectados. Ese documento será determinante para evaluar también un eventual delito de lavado de activos.
En sus declaraciones, los exdirectivos reconocieron un faltante cercano al 40% del ganado y un fuerte desbalance financiero. Sostuvieron que intentaron evitar el concurso hasta último momento, pero desde la fiscalía y las defensas de las víctimas cuestionan que se siguieran captando fondos cuando la situación ya era crítica.
La Intendencia de Montevideo puso en funcionamiento nueve nuevos puntos de fiscalización para vehículos de carga de más de 24 toneladas. La medida quedó operativa el domingo 15 y forma parte de las 16 acciones anunciadas en setiembre de 2025 para mejorar la movilidad, con foco en fiscalización y ordenamiento del tránsito.
El sistema utiliza cámaras para detectar matrículas y verificar si los camiones cuentan con permiso de circulación en la zona correspondiente. En caso de no tenerlo, la situación se deriva al Centro de Gestión de Movilidad, donde inspectores validan la infracción. La normativa exige que estos vehículos gestionen previamente la autorización para cada desplazamiento en áreas restringidas.
Con estas incorporaciones, la capital pasa a tener 23 puntos de control activos. Los nuevos dispositivos están ubicados en arterias clave como Avenida Italia, 8 de Octubre, Agraciada, Bulevar España y Colonia, entre otras, en distintos barrios de Montevideo.
El sector Vamos Uruguay del Partido Colorado en Canelones presentó como “grave y urgente” un planteo en la Junta Departamental por la falta de respuesta de la Intendencia a 45 pedidos de informes realizados desde setiembre de 2025.
Según el documento, el 91% de las solicitudes no fue contestado y en varios casos superan ampliamente el plazo constitucional de 20 días para responder. Desde la bancada señalaron que necesitan esa información para analizar el presupuesto departamental, que actualmente se discute en comisión.
El edil Emiliano Rodríguez afirmó que algunos pedidos están vinculados a la situación financiera de la comuna, incluso después de que el año pasado se votara una línea de crédito. Sostuvo que recurrieron al mecanismo reglamentario ante la reiterada falta de respuesta.
Desde Vamos Uruguay cuestionaron que el Frente Amplio no acompañara el trámite y adelantaron que aguardarán una respuesta del intendente Francisco Legnani antes de evaluar nuevas medidas. Señalan que el acceso a la información es una cuestión de transparencia y de funcionamiento institucional.
ECONOMÍA Y EMPRESAS
El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, realizó la semana pasada una visita oficial al Reino Unido para promover inversiones y fortalecer los lazos comerciales. En una entrevista con Reuters, confirmó que el gobierno analiza emitir un nuevo bono verde en 2027 y avanzar en la desdolarización de la deuda pública. Uruguay ya había realizado la primera operación de este tipo en 2022.
Oddone señaló que este año el país prevé captar unos 6.000 millones de dólares, principalmente a través de deuda. Explicó que la estrategia apunta a emitir cada vez más en pesos uruguayos, con la meta de que aproximadamente la mitad de la deuda esté nominada en moneda local. Reconoció que emitir en pesos puede ser más caro, pero sostuvo que permite reducir la exposición a shocks externos.
El ministro afirmó además que los inversores europeos siguen valorando los bonos vinculados a metas ambientales y que, en el actual contexto internacional, ven al peso como una moneda relativamente estable. Según dijo, avanzar en moneda local da mayor margen de maniobra frente a la volatilidad del dólar y la incertidumbre geopolítica.
Durante la misión oficial también se acordó impulsar un memorando de entendimiento entre Uruguay y el Reino Unido para cooperar en infraestructura, sector aeroespacial e inteligencia artificial. Oddone reiteró además la aspiración de acercar al país a la OCDE y de que Uruguay sea “punta de lanza” dentro del Mercosur, al subrayar la necesidad de una mayor inserción internacional en un contexto global desafiante.
El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) profundizó las medidas gremiales que viene tomando en el marco de la negociación en los Consejos de Salarios y anoche comenzó un paro de 24 horas en dos empresas que operan en el puerto de Montevideo. La paralización comenzó a las 20 horas en Luckymont y a las 23 en Montecon. El sindicato adelantó que habrá nuevos paros en otras empresas y sectores, en forma escalonada, para evitar una paralización total en un mismo día.
El conflicto escaló después de ocho meses de negociación sin avances y ante lo que el sindicato considera una falta de respuesta del Centro de Navegación.
La modalidad de paros por empresa ya había comenzado el domingo a las 23 horas en Terminal Cuenca del Plata, también por 24 horas.
El reclamo central es asegurar un mínimo de jornales mensuales. Inicialmente pidió 13 jornales garantizados para acceder a beneficios como el seguro, pero en la última reunión bajó la propuesta a nueve. Según los trabajadores, las empresas rechazaron el planteo y no presentaron una alternativa.
Desde el Supra señalaron que ya informaron al Ministerio de Trabajo y que a partir del miércoles buscarán concretar una reunión. Si hay avances en la negociación, aseguran que no será necesario extender las medidas.
El vicepresidente de la Unión de Exportadores (UEU), Facundo Márquez, dijo a El País que les preocupa la pérdida de rentabilidad en las empresas y afirmó: “Es insostenible y agotador para todos los actores portuarios”.
Márquez señaló que si bien no se perdieron clientes, “se pierde mucho más que el día del paro” ya que afecta la confianza del país en un contexto de situación complicada de la competitividad. “Habrá que empezar a activar mecanismos que impliquen no parar”, dijo y agregó que el gobierno está “lejos” de decretar una posible esencialidad del servicio portuario en este momento pese a que se evaluó durante el conflicto del año pasado.
El ministro de Trabajo, Juan Castillo, convocó para mañana miércoles a las gremiales del sector lácteo, en medio del conflicto por el cierre del centro de distribución de Conaprole en Rivera. La reunión fue solicitada por los productores y se anuncia luego del paro nacional de 24 horas que realizó el sindicato el viernes pasado.
El presidente de la cooperativa, Gabriel Fernández, afirmó que el tema está “agotado” tras varios meses de intercambio y confirmó que la planta quedó cerrada en forma definitiva. Además, advirtió que las medidas sindicales podrían generar demoras en la distribución y eventuales faltantes de leche y otros productos durante la semana de Carnaval.
Desde la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) sostienen que no hubo una negociación real y rechazan que exista riesgo de desabastecimiento. El jueves, el sindicato de Conaprole realizará una asamblea general para definir los próximos pasos, mientras el PIT-CNT llamó a preservar el empleo y garantizar la logística en el norte del país.
En el mercado local, no hubo operativa cambiaria el lunes debido al feriado por Carnaval. El viernes, el interbancario fondo se había operado en promedio a $38,841.
En lo que va del año 2026, el dólar lleva una baja acumulada de 0,51% (comparando la cotización del viernes en relación a la última de 2025)
En pizarra del Banco República, el billete verde había cerrado el viernes en $ 37,60 para la compra y $ 40,10 para la venta.
En Brasil, tampoco hubo operativa cambiaria el lunes. La divisa estadounidense se había ubicado en R$ 5,229 el viernes.
En tanto, en Argentina, no hubo operativa cambiaria el lunes. El viernes, el dólar oficial se había situado en AR$ 1.399,50. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) había cotizado en AR$ 1.440,00.
OTRAS NOTICIAS
La Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias de Objetos Voladores No Identificados, la Cridovni, informó este lunes que las luces vistas en el cielo entre el 13 de enero y el 15 de febrero no eran ovnis, sino satélites en órbita. El organismo depende de la Fuerza Aérea Uruguaya y funciona en la órbita del Ministerio de Defensa.
En ese período se recibieron 25 denuncias desde distintos puntos del país. Los testigos describían luces blancas en movimiento hacia el sur, sureste y suroeste, en muchos casos sobre el Río de la Plata y el océano Atlántico.
Luego de analizar testimonios, fotos y videos, y cruzar la información con registros aeroespaciales, la comisión concluyó que los fenómenos correspondían principalmente al sistema Starlink y a otras plataformas satelitales.
La Policía detuvo al hombre que se había fugado tras el intento de rapiña a una estación de servicio en Colón, Montevideo.
El hecho ocurrió el lunes sobre las seis de la mañana en Garzón y Ruta 102. Uno de los asaltantes ingresó armado al local y al salir fue baleado en la cabeza por un policía retirado que estaba en el lugar. También intervino un efectivo fuera de servicio.
El herido permanece internado con custodia y ahora ambos están a disposición de la Fiscalía.
Un hombre de 45 años fue asesinado a puñaladas en la madrugada de este lunes en el barrio Marconi, Montevideo. El hecho ocurrió sobre las cinco y media de la mañana en la zona de Timbúes y Galvani.
La víctima fue trasladada a un centro de salud con heridas en el abdomen y el tórax, pero falleció poco después.
Por el caso fueron detenidos un hombre de 47 años y una mujer de 43. Según la Policía, cámaras de la zona registraron una riña previa entre la víctima y los ahora indagados. Ambos están a disposición de la Fiscalía.
INTERNACIONALES
Las delegaciones de Rusia y Ucrania ya se encuentran en Ginebra para sostener hoy otra ronda de conversaciones de paz, como parte de la campaña emprendida por Estados Unidos para poner fin a una guerra que dura ya casi cuatro años.
El presidente Donald Trump busca posicionarse como mediador en el conflicto desatado cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, pero las dos rondas de diálogos anteriores mediadas por la Casa Blanca no han dado lugar a ningún avance.
Antes de que empezaran las reuniones, Ucrania acusó a Rusia de socavar los esfuerzos de paz lanzando 29 misiles y 396 drones, en unos ataques que mataron a una persona y dejaron a decenas de miles sin electricidad, según las autoridades.
"El alcance del desprecio de Rusia por los esfuerzos de paz: un ataque masivo con misiles y drones contra Ucrania justo antes de la próxima ronda de negociaciones en Ginebra", escribió el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga, en las redes sociales.
Por su parte, Rusia también denunció ataques nocturnos, y afirmó haber destruido más de 150 drones principalmente en regiones del sur y en la península de Crimea.
El canciller ucraniano volvió a reclamar que los aliados de Ucrania redoblen la presión sobre Rusia, ordenando más sanciones, para que Moscú negocie de buena fe.
Las conversaciones, que según el Kremlin se celebrarán a puerta cerrada y sin presencia de la prensa, se producen tras dos rondas anteriores celebradas este año en Abu Dabi.
"Más le vale a Ucrania sentarse a la mesa, y rápido", dijo el lunes Donald Trump a los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One mientras se dirigía a Washington.
En esta ocasión, el Kremlin ha vuelto a nombrar al nacionalista y exministro de Cultura Vladimir Medinski como su principal negociador.
El equipo de Kiev estará liderado por el exministro de Defensa Rustem Umerov.
Del lado norteamericano se espera al emisario especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y al empresario y yerno de Trump, Jared Kushner, quienes están en Suiza para sostener también negociaciones con Irán sobre su programa nuclear. Los aliados europeos de Ucrania no participan en estas conversaciones.
En Ginebra, se celebra a partir de hoy la segunda ronda de conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear de Teherán. Al respecto, Donald Trump advirtió a Irán sobre "las consecuencias de no alcanzar un acuerdo"
Las negociaciones, mediadas por Omán, se producen tras repetidas amenazas del presidente estadounidense de emprender acciones militares contra Irán: primero por la mortífera represión de ese país contra las protestas antigubernamentales y más recientemente, por su programa nuclear.
“Voy a estar involucrado indirectamente en esas conversaciones, y van a ser muy importantes. Normalmente Irán es un negociador muy duro. Son buenos negociadores… O más bien malos negociadores. Yo diría que son malos negociadores, porque podríamos haber tenido un acuerdo en lugar de enviar los (bombarderos) B-2 para destruir su potencial nuclear. Espero que esta vez sean más razonables. Ellos quieren llegar a un acuerdo”.
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, dijo que la postura de Estados Unidos sobre su programa nuclear se ha vuelto "más realista". Araqchí liderará la delegación iraní frente al equipo estadounidense, formado por el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno de Trump.
Después de la guerra de 12 días entre Irán e Israel en junio, en la que participó EE.UU., Teherán ha insistido en que no aceptará el enriquecimiento cero ni la limitación de su programa de misiles balísticos —una exigencia de Israel— porque eso lo privaría de su capacidad defensiva.
Precisamente el domingo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que busca que Estados Unidos negocie la limitación a 300 kilómetros de alcance de los misiles iraníes para que no lleguen a territorio israelí.
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, advirtió desde Budapest que "no es fácil" alcanzar un acuerdo con Irán porque, según dijo, el país está gobernado por "clérigos chiítas radicales" que toman decisiones en función de la teología, y no por cálculos geopolíticos.
A esta segunda ronda de negociaciones se llega con renovadas amenazas de Trump, que ordenó el envío de su mayor portaaviones, el USS Gerald R. Ford, desde el Caribe a aguas de Medio Oriente, donde ya se encuentra una potente flota estadounidense para presionar a Irán.
En la víspera de las negociaciones, la Guardia Revolucionaria iraní comenzó ayer ejercicios navales en el estratégico estrecho de Ormuz.
Estas maniobras del brazo ideológico del ejército iraní tienen como objetivo preparar a este cuerpo ante "posibles amenazas militares y de seguridad" en el estrecho, informó la televisión estatal.
El “eje central” de este ejercicio, bautizado "Control Inteligente del estrecho de Ormuz", es la “reacción rápida, decisiva y amplia de las fuerzas operativas de la Guardia Revolucionaria frente a conspiraciones contra la seguridad", indicó un alto funcionario militar a la agencia iraní Tasnim.
También busca "aprovechar de manera inteligente las ventajas geopolíticas de la República Islámica de Irán en el golfo Pérsico y el mar de Omán", dijo la misma fuente. Los medios estatales no informaron de la duración de las maniobras militares.
Políticos iraníes han amenazado repetidamente con bloquear el estrecho, una vía marítima estratégica por la que pasa aproximadamente el 20% del petróleo mundial.
La ONU, la UE y varios países árabes denunciaron ayer el cambio israelí en el registro de tierras en Cisjordania ocupada, que podrán ser catalogadas como "propiedad del Estado", una reforma que, según sus críticos, está orientada a “acelerar la anexión” de este territorio palestino.
Una semana después de aprobar un texto que facilita a colonos israelíes la compra de predios en Cisjordania, el gabinete de seguridad israelí autorizó el domingo el inicio de un proceso de registro de tierras, por primera vez desde la ocupación de 1967.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a Israel "revocar inmediatamente" esta reforma catastral, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina afirmó en redes sociales que "condena enérgicamente" la decisión y que "rechaza cualquier intento de designar tierras de Cisjordania como ‘territorio público’ bajo control de la fuerza de ocupación".
Hace una semana, Israel causó indignación al aprobar una serie de medidas que facilitan a colonos israelíes la compra de tierras, incluida la derogación de una ley que prohibía a los judíos adquirir directamente predios en Cisjordania.
Las medidas también permiten a las autoridades israelíes administrar ciertos sitios religiosos, incluso cuando están en zonas bajo control de la Autoridad Palestina.
La cancillería de la Autoridad Palestina —que administra limitadamente este territorio ocupado— consideró que las nuevas medidas son "legalmente inválidas" y que equivalen al "inicio de facto de un proceso de anexión".
En la misma sintonía se pronunciaron Egipto, Catar y Jordania, quienes calificaron de “ilegales” las medidas tomadas por el gobierno de Israel. El rey Abdalá II de Jordania afirmó que estas buscan imponer una soberanía en territorio palestino para socavar los esfuerzos para restaurar la paz, y que además exacerban el conflicto.
La Unión Europea pidió a Israel que revoque su aprobación del proceso, ya que advirtió que se trata de "una nueva escalada" de medidas destinadas a ampliar el control israelí en Cisjordania ocupada.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí defendió en redes sociales la legalidad de las medidas aprobadas el domingo, y aseguró que buscan "poner orden en los procedimientos de registro de propiedad" y "resolver los litigios jurídicos".
Expertos en anfibios sudamericanos afirmaron que la toxina atribuida a la muerte del disidente ruso Alexéi Navalni probablemente fue una réplica producida en laboratorio y no extraída directamente de la naturaleza.
Según una investigación divulgada el sábado por varios países europeos, el feroz opositor del presidente Vladimir Putin fue "envenenado" con una "toxina rara", la epibatidina, presente en la piel de las ranas dardo de Ecuador.
Científicos consultados por la AFP señalaron que la epibatidina es secretada por la especie conocida como rana dardo. Sin embargo, dijeron que esas ranas producen pequeñas cantidades incapaces de causar la muerte a un ser humano.
"Es más fácil comprarla u obtenerla de los laboratorios que la producen", dijo Andrea Terán, del Centro de Investigación Jambatu de Ecuador. La bióloga añadió que no conoce casos en los que la epibatidina se utilice para "envenenar gente" y que se usa “para investigaciones”.
Las ranas son relativamente fáciles de conseguir, tanto legalmente con permisos como ilegalmente por unos pocos dólares.
Iván Lozano, zootecnista que dirige el centro de conservación Tesoros de Colombia, afirmó que se necesitaría una "enorme cantidad de ranas", que miden entre dos y tres centímetros, para causar la muerte de una persona con epibatidina. Solo "una versión sintética" de laboratorio podría matar a una persona, agregó el científico.
Navalni falleció en prisión el 16 de febrero de 2024, a los 47 años. Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos acusaron a Moscú de haberlo "envenenado", según las conclusiones de una investigación publicada el sábado.
El portavoz del Kremlin calificó este lunes las acusaciones de "sesgadas e infundadas".
En India, comenzó ayer la Cumbre sobre el Impacto de la Inteligencia Artificial (IA), con grandes temas en la agenda, desde las consecuencias para el empleo hasta la seguridad de los niños.
Está prevista la participación de ejecutivos como Sam Altman, de OpenAI, y Sundar Pichai, de Google, además de los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil, y Emmanuel Macron, de Francia.
Aunque la enorme demanda de inteligencia artificial generativa impulsa las ganancias y la cotización de las empresas tecnológicas, crece la preocupación sobre sus consecuencias para la sociedad.
Por eso, esta cumbre de cinco días se propone definir una "hoja de ruta compartida para la gobernanza y la colaboración global en la IA". Se trata de la cuarta cumbre mundial dedicada a esta tecnología, después de las citas celebradas en Francia, Corea del Sur y el Reino Unido.
En esta edición, considerada la mayor hasta la fecha, el Gobierno indio espera a decenas de miles de visitantes, además de 20 gobernantes y 45 delegaciones ministeriales.
La cumbre "enriquecerá el discurso global sobre diversos aspectos de la IA, como la innovación, la colaboración, el uso responsable y más", escribió en X el primer ministro indio, Narendra Modi.
En esta visita, Macron llega con la agenda centrada en la cooperación en materia de inteligencia artificial y en un posible acuerdo multimillonario para la venta de aviones de combate Dassault Rafale.
Francia busca ampliar su alianza militar con India y durante su viaje se esperan negociaciones sobre un contrato para la venta de 114 de estos aviones de combate franceses adicionales.
Macron y su esposa Brigitte aterrizaron en Bombay, la capital económica de India, en su cuarta visita al país desde que asumió el cargo en 2017. Está previsto que se reúna hoy con Narendra Modi.
La visita se produce tras la confirmación por parte de India la semana pasada de su intención de realizar un importante pedido de aviones Rafale, así como la firma de un histórico acuerdo de libre comercio entre el país asiático y la Unión Europea en enero.
En Perú, el presidente interino, José Jerí, negó cualquier delito durante su gestión y aseguró que puede ejercer el cargo pese a dos investigaciones en su contra, en la víspera de un voto de destitución en el Congreso.
La votación se realizará hoy, en momentos en que Perú se prepara para celebrar elecciones presidenciales y legislativas el 12 de abril. El mandatario rechazó las acusaciones de contrataciones irregulares de personal en el Ejecutivo y defendió la legalidad de los nombramientos.
"Yo no he cometido ningún delito. Cometí el error de haberme puesto una capucha en un horario que a muchas personas le generó mucha suspicacia y dudas. Ese es mi error".
Jerí se refiere a una serie de vídeos de cámaras de seguridad que lo captaron encapuchado, con la aparente intención de no ser reconocido, en un restaurante de comida peruano-china de Zhihua ‘Johnny’ Yang, empresario chino contratista del Estado y de la propia oficina presidencial.
La Fiscalía abrió investigaciones por tráfico de influencias, al presuntamente haber mantenido reuniones semiclandestinas con este y otros empresarios chinos en diciembre y enero.
También salieron a la luz una serie de contrataciones de funcionarias que previamente habían mantenido reuniones en el Palacio de Gobierno de Lima con el mandatario, una de ellas durante toda la noche de Halloween, de acuerdo a los registros oficiales de ingreso y salida de personas de la sede presidencial.
A esto se suma que el Ministerio Público le inició el viernes una nueva investigación preliminar por su presunta intervención en la contratación de nueve mujeres en su gobierno.
El parlamento, controlado por la derecha, se reúne hoy en sesión extraordinaria para debatir una eventual destitución luego de juntar las 78 firmas necesarias para convocar al pleno en período de receso. La moción de censura y destitución acusa a Jerí, de 39 años, de "inconducta funcional y falta de idoneidad" para ejercer el cargo.
Jerí era jefe del Congreso cuando reemplazó a Dina Boluarte en octubre, a quien el legislativo destituyó en medio de masivas protestas por una ola de inseguridad y extorsiones en Lima y otras regiones del país. Su mandato concluye el 28 de julio.
En Argentina, la Confederación General del Trabajo (CGT), principal central sindical del país, llamó a un paro general para el día en que la Cámara de Diputados debata la reforma laboral del presidente Javier Milei, aprobada ya por el Senado.
La confederación que nuclea a los gremios de trabajadores del transporte ya anunció que "acata totalmente la medida" que promete paralizar los servicios de traslado de pasajeros por vía terreste, aérea y fluvial.
La medida de fuerza, la cuarta contra las políticas del gobierno de Milei, se convoca en un contexto de creciente conflictividad social y después de la violenta manifestación del miércoles pasado que dejó decenas de detenidos.
El proyecto, que puede ser debatido por los diputados esta semana o la próxima, reduce indemnizaciones, permite pagos en especies (bienes o servicios), extiende a 12 horas la jornada laboral y limita el derecho a huelga, entre otros puntos.
La CGT considera los cambios de la reforma laboral como "regresivos" y "anticonstitucionales", y prometen llevar la ley a la justicia en caso de que prospere. La huelga que convocan es sin llamado a la movilización.
El gobierno asegura que ayudarán a reducir la informalidad laboral, que alcanza a más del 40% del mercado de trabajo, y a crear empleos al disminuir la carga impositiva al empleador.
La senadora Patricia Bullrich, al frente de la comisión de Trabajo en el Congreso, se reunió ayer con el Milei en la residencia presidencial de Olivos. Bullrich había adelantado que no permitirían cambios al texto aprobado en el Senado, sin embargo, el domingo admitió que estudian flexibilizar el polémico artículo que reduce a la mitad el salario cuando un trabajador deba ausentarse por enfermedad.
El gobierno intenta evitar que el texto sufra modificaciones que impliquen que la norma regrese al Senado para su aprobación, lo que retrasaría la sanción que Milei quiere conseguir antes de su discurso del 1 de marzo cuando inaugure las sesiones parlamentarias ordinarias.
Fuentes de la CGT precisaron que "como siempre, habrá libertad de acción en cada sindicato". La convocatoria se formalizará el miércoles al mediodía en una conferencia de prensa.
En Chile, el presidente electo, José Antonio Kast, cuestionó la ayuda económica que enviará el gobierno saliente a Cuba, sumida en una profunda crisis económica agravada por las presiones de Estados Unidos.
"No estoy de acuerdo en darle una ayuda económica directa a un gobierno que ha generado una dictadura por más de 60 años y que ha puesto al pueblo cubano en una situación muy desmedrada, inhumana", criticó Kast en una conferencia de prensa en el sur de Chile, tras regresar de sus vacaciones.
La semana pasada, el gobierno de Gabriel Boric anunció que aportaría un millón de dólares para ayudar a la isla a través del Fondo contra el Hambre y la Pobreza de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Unicef.
Kast, que asumirá el poder el 11 de marzo, agregó que "cualquier ayuda humanitaria tiene que pasar, necesariamente, por que se exija democracia, y eso no lo he visto".
Cuba enfrenta una grave crisis energética tras el fin del suministro de petróleo por parte de Venezuela, luego de la caída el pasado 3 de enero de Nicolás Maduro, y ante las amenazas de Washington de imponer aranceles a los países que le vendan petróleo a la isla comunista.
El presidente Donald Trump dijo anoche que Cuba es una "nación fallida" y llamó a La Habana a hacer un acuerdo con Estados Unidos, aunque descartó una operación de cambio de régimen.
Consultado sobre si Estados Unidos derrocaría al gobierno de Cuba, como Washington hizo cuando capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro, Trump dijo: "No creo que eso sea necesario".
A bordo del Air Force One, Trump admitió que la escasez de combustible "es una amenaza humanitaria".
La Habana acusa al mandatario de querer "asfixiar" la economía nacional, que se encuentra sometida a embargo de Estados Unidos desde 1962. Países como México, España y Rusia anunciaron que ayudarán a Cuba.
En Brasil, el Tribunal Superior Electoral iniciará en los próximos días el análisis técnico sobre la posible existencia de propaganda electoral anticipada en el desfile de la escuela de samba Acadêmicos de Niterói.
Luego del paso de la agrupación por la Sapucaí este domingo, la Corte se encuentra bajo presión para determinar si el homenaje al presidente Luiz Inácio Lula da Silva traspasó los límites de la libertad artística para convertirse en un acto de campaña encubierto hacia octubre de 2026.
Si bien el tribunal permitió la realización del desfile la semana pasada, la presidenta del TSE, Cármen Lúcia, fue enfática al aclarar que el proceso sigue abierto y que los involucrados no tienen un ‘salvo-conducto’ frente a posibles abusos.
¿Homenaje o campaña con fondos públicos?
El foco de la controversia está en el uso de recursos públicos para financiar una narrativa que la oposición califica de electoralista.
El partido Novo y otros sectores denunciaron el uso de fondos de la Embratur, la agencia federal de turismo y de la intendencia de Niterói para un desfile que incluyó jingles históricos del PT y referencias directas a la polarización política de 2022.
Tras la presentación del domingo, los denunciantes planean adjuntar nuevas pruebas —videos y audios del desfile en vivo— alegando que hubo pedidos de voto implícitos y una exposición personalizada del mandatario que rompe la paridad de armas entre los candidatos.
Cabe ahora a la Corte analizar si lo que ocurrió el domingo puede ser considerado propaganda irregular.
En Brasil, la ley prohíbe el uso de símbolos partidarios y expresiones que equivalgan a un pedido de voto antes de agosto del año electoral. Si el TSE falla en contra de Lula y la escuela, las sanciones podrían ir desde multas millonarias hasta complicaciones legales para la futura candidatura del presidente.
El desfile de Niterói bajo de la avenida pero subió directamente a los despachos de Brasilia. El veredicto del TSE promete marcar un precedente histórico sobre dónde termina la cultura popular y dónde empieza el proselitismo político financiado por el Estado.
(Marcelo Silva de Sousa, corresponsal desde Brasil)
