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NACIONALES
La ministra de Defensa, Sandra Lazo, informó que el gobierno suspenderá los pagos al astillero español Cardama hasta que exista una resolución judicial. Señaló que sólo se liberarán fondos si se cumplen los hitos contractuales pendientes, como la instalación de los motores de las patrulleras oceánicas (OPV) que la empresa debe construir para la Armada Nacional.
En rueda de prensa ayer, Lazo explicó que Cardama intentó cobrar tras anunciar la colocación de una segunda quilla, pero sostuvo que el gobierno entiende que persisten incumplimientos que deben resolverse antes de avanzar con nuevos pagos.
“Nosotros no estamos dispuestos a dar un paso más en materia de pagos hasta tanto esto, que está en un proceso judicial, se resuelva. Nuestros inspectores están allá, hay una segunda inspección por parte de Bureau Veritas, que es una calificadora de prestigio internacional, que lo que hace es apoyar el trabajo de los representantes del Estado, que son nuestros dos funcionarios que están allá. Ojalá pronto podamos resolver, porque lo que no está en cuestión es que necesitamos estas herramientas. Mientras tanto, seguimos trabajando para obtenerlas y, dentro de esas exploraciones que hacemos, nos interesa saber qué pasa en la región”.
El contrato fue firmado a fines de 2023, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. En octubre de este año, la administración de Yamandú Orsi anunció la intención de rescindirlo y presentó una denuncia penal por presuntas irregularidades en la garantía de fiel cumplimiento.
El diputado Gabriel Gianoli, del Partido Nacional, cuestionó al gobierno por lo que consideró contradicciones en el manejo del contrato para la construcción de las patrulleras oceánicas. En entrevista con Telemundo, afirmó que el Ejecutivo ha dado versiones cambiantes y que desde el inicio existiría una voluntad política de rescindir el vínculo con Cardama.
Gianoli sostuvo que se habla de una posible rescisión por incumplimientos, pero aseguró que hasta ahora no se ha demostrado ninguno, salvo el tema de la garantía, que definió como delicado y aún pendiente. También recordó que integrantes del gobierno llegaron a hablar de “fraude” y “estafa”, lo que —según dijo— genera desconfianza y afecta la credibilidad del país.
El legislador advirtió además que esta indefinición podría derivar en juicios internacionales. Señaló que el contrato sigue vigente, que no hay decisiones claras sobre las OPV y que Uruguay queda expuesto por la falta de definiciones del gobierno.
En Fray Bentos, el juez Claudio de León condenó a nueve militares retirados por torturas, privaciones de libertad, lesiones y abuso de autoridad contra ciudadanos de San Javier, en operativos realizados durante la dictadura, en 1980 y 1984. Las penas van de 11 a 15 años y medio de penitenciaría. En todos los casos, los militares cumplirán prisión domiciliaria hasta que la condena quede firme, ya que la defensa anunció que apelará el fallo.
En la sentencia, el magistrado sostuvo que los hechos quedaron plenamente probados y los calificó como crímenes de lesa humanidad. Además, rechazó los planteos de obediencia debida y afirmó que no existe ningún marco jurídico que pueda legitimar la tortura, ni siquiera en contextos de régimen autoritario.
Los condenados son Óscar Mario Roca, Ivo Morales, Abel Pérez, Héctor Caubarrere, Jorge Soloviy, Daniel Castellá, Rodolfo Costas, Luis Estebenet y Eduardo Saiz.
Entre las víctimas estuvo el médico Vladimir Roslik, asesinado en 1984. Ese caso no pudo ser juzgado en este proceso porque la Suprema Corte de Justicia lo consideró cosa juzgada. La Corte entendió que el expediente ya había sido cerrado bajo el viejo código del proceso, en base a una actuación de la Justicia militar durante la dictadura. En 2014, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de segundo turno ratificó ese criterio, al tomar como antecedente la condena al militar Sergio Caubarrere, que recibió una pena de cuatro meses y 18 días de prisión.
El magistrado también realizó un pedido expreso de disculpas en nombre del Estado uruguayo a las víctimas de los operativos de San Javier de 1980 y 1984, en el marco de las obligaciones internacionales asumidas por el país en cumplimiento de la sentencia impuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Gelman vs. Uruguay.
Luego de nombrarlos a todos, aseguró: “En representación del Estado uruguayo, les pido las más sinceras disculpas por los crímenes cometidos en su contra, los cuales califica como crímenes de lesa humanidad”.
También señaló que el “acto de reconocimiento” busca “contribuir a la reparación integral de las víctimas, a la consecución de la verdad fáctica y a la satisfacción de la dignidad de las víctimas y sus deudos”, para dar “garantías de no repetición”.
La Federación Ancap cuestionó el plan del gobierno para reestructurar el negocio del pórtland, que es deficitario desde hace décadas. El gremio realizó una asamblea en Paysandú y advirtió que la eventual concentración de la producción en Minas podría implicar la pérdida de unos 40 puestos de trabajo en el departamento sanducero, donde el desempleo alcanza el 9,3% de la Población Económicamente Activa.
La semana pasada, el Ministerio de Industria presentó en el Parlamento un plan para el pórtland con el objetivo de reducir pérdidas, mantener participación en el mercado y preservar el empleo. La estrategia no prevé el cierre de plantas, sino una reconfiguración del proceso productivo. La producción de clínker se concentrará en la planta de Minas, por su mayor capacidad y menores costos. Paysandú seguirá operativa, recibiendo clínker desde Minas para la molienda y la fabricación de cemento destinado al norte del país. El plan incluye inversiones por unos 26 millones de dólares en tres años, enfocadas en seguridad, ambiente y confiabilidad operativa.
En diálogo con El País, el presidente de Fancap, Salvador Sprovieri, cuestionó el plan de Ancap y afirmó que plantea cambios “sin un norte claro” y sin abrir espacios para discutir alternativas que permitan sostener el empleo. El dirigente señaló que el sindicato trabaja en nuevas propuestas de financiamiento, que no impliquen mayor gasto público, y mencionó entre las opciones la creación de un fideicomiso para intentar revertir la situación del negocio del pórtland.
NOTICIAS DEL PANORAMA NACIONAL
El presidente de la República, Yamandú Orsi, afirmó que en la Ley de Urgente Consideración (LUC) aprobada en el gobierno pasado hay disposiciones “aberrantes” que deben ser revisadas. En una entrevista con Gabriel Pereyra en el canal Yunta, Orsi sostuvo que esas normas “sí” deben modificarse y mencionó, entre otros puntos, aspectos vinculados a seguridad y política criminal.
“– Orsi: Las normas se derogan con otras normas. Hay unas cosas aberrantes ahí en la LUC que las debemos… Sí, sí.
– Pereyra: ¿La van…?
– Orsi: Sí, lo tenemos que hacer”.
Orsi también cuestionó las penas por tenencia de pequeñas cantidades de droga y el uso extendido de los procesos abreviados. Dijo que “hay que cambiarlo” y planteó revisar el Código del Proceso Penal en su conjunto, al advertir que el uso excesivo de ese mecanismo contribuyó al aumento de la población carcelaria.
Desde la oposición, el diputado nacionalista Pablo Abdala criticó las declaraciones del presidente Orsi. En rueda de prensa, destacó que la LUC tiene “una dosis de legitimidad” otorgada por la ciudadanía, tanto por su aprobación parlamentaria como por su ratificación en el referéndum de 2022.
“Creo que eso solo justificaría que nos aproximáramos al análisis con una mayor prudencia a la hora de la calificación. Y además creo que hay una nueva contradicción entre el presidente y sus propios ministros o hacia la interna del propio gobierno. Hace muy pocos días, en la última comparecencia a la Comisión de Seguridad y Convivencia, el ministro Negro ratificó la vigencia de las normas de la LUC referidas al tema de la seguridad y, entre otras cosas, mencionó que tenían ese blindaje como consecuencia de la aprobación popular”.
Por otro lado, Abdala admitió que los procesos abreviados pueden ser analizados, pero dijo que le llamó la atención que se plantee su revisión, ya que ese punto no está incluido en el anteproyecto que estudia cambios al Código del Proceso Penal.
El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, aseguró que el nuevo decreto que regula la enseñanza terciaria y universitaria privada fortalece el rol del Estado como garante del sistema y fija un marco claro para asegurar la calidad educativa. La norma fue aprobada por unanimidad el viernes en el Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada y este lunes se presentaron sus lineamientos en conferencia de prensa. El decreto sustituirá al vigente desde 2014, que —según el ministro— había debilitado la capacidad reguladora del Estado.
El texto fue elaborado en un proceso colectivo que incluyó al Ministerio de Educación y Cultura, la Universidad de la República, ANEP, las instituciones privadas y representantes de las universidades. Apunta a dar mayor flexibilidad y trazabilidad a las trayectorias educativas, con reglas claras para el funcionamiento institucional y para modalidades como la educación a distancia.
El decreto regula, entre otros aspectos, el reconocimiento de títulos, la movilidad estudiantil, la apertura de nuevas sedes y las dobles titulaciones. Desde el gobierno se subrayó que la norma busca ordenar el sistema, mejorar la calidad y establecer un rumbo claro en la política educativa.
El departamento de Río Negro enfrenta desde hace varias semanas un brote de sarampión, con 13 casos confirmados. Este lunes, un equipo del Ministerio de Salud Pública, encabezado por la directora general de Salud, Fernanda Nozar, se trasladó a Fray Bentos para trabajar junto a los equipos locales.
El subsecretario de la cartera, Leonel Briozzo, explicó que se aplica una doble estrategia: la vacunación de bloqueo a los contactos y el aislamiento de los pacientes, para evitar la propagación de una enfermedad que puede ser grave.
El jerarca aseveró que Río Negro está entre los departamentos con menor tasa de vacunación del país. En ese sentido, Briozzo vinculó el brote a corrientes contrarias a las vacunas y a una comunidad que había optado por no vacunarse.
“Es uno de los problemas centrales que hay en nuestro país, en la región y en el mundo, esta corriente que ha habido en los últimos años en contra de las vacunas, poniendo en duda el conocimiento científico. Y lo que abrió la puerta para este brote, que dentro de todo está controlado, es justamente esto: una comunidad pequeña que había resuelto no vacunarse con una vacuna que es extremadamente segura y efectiva para la prevención de esta afección”.
La comunidad a la que hacía referencia Briozzo se denomina starovery (Viejos Creyentes). Son rusos ortodoxos que se separaron de la Iglesia Ortodoxa Rusa oficial en el siglo XVII y que tienen presencia en distintas partes del mundo. En Uruguay viven en la Colonia Ofir, a 15 kilómetros del pueblo de San Javier.
En diálogo con El País, un vecino de la colonia, Marcos Chuprov, explicó días atrás que no confían en las vacunas. “A nosotros no se nos permite poner cualquier cosa en el cuerpo”, afirmó, y rechazó la posibilidad de vacunarse aun después de confirmados los casos de sarampión.
Chuprov sostuvo que la comunidad opta por medicina natural. “Como estamos sanos no precisamos ninguna vacuna. Capaz que me puede hacer mal”, señaló, en contraste con la posición de las autoridades sanitarias.
El edil del Partido Nacional Rafael Seijas solicitó que el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Leonardo Herou, comparezca de forma urgente ante la Junta Departamental por la contaminación en playas de la capital, luego de que se detectaran niveles de enterococos por encima de los nuevos límites establecidos.
Las playas afectadas son Cerro, Pocitos, Punta Yeguas, Zabala y Del Nacional. Si bien la normativa fue aprobada en noviembre, todavía no obliga a inhabilitar playas porque prevé un período de transición de dos años antes de su aplicación plena. Aun así, Seijas dijo a El Observador que existe una “obligación moral” de informar a la ciudadanía y de utilizar la bandera sanitaria. En paralelo, el edil Juan Ignacio Abdala presentó un pedido de informes sobre posibles intoxicaciones y medidas previstas.
El intendente Mario Bergara reconoció dificultades en “un par de playas”, pero aseguró que no hay riesgo para la salud y afirmó que la bañabilidad en Montevideo se mantiene en buenas condiciones. Además, destacó que la comuna es la única que mide y publica de forma sistemática los niveles de enterococos.
La Intendencia de Canelones y el sindicato Adeom firmaron ayer un convenio de pautas laborales que será enviado a la Junta Departamental junto con el proyecto de presupuesto a fines de este mes. Del acto participaron, entre otros, el intendente Francisco Legnani, el ministro de Trabajo Juan Castillo y el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala.
El acuerdo prevé la presupuestación de más de mil funcionarios durante el actual período de gobierno, alcanzando a trabajadores con más de cinco años de antigüedad. Legnani señaló que se trata de un proceso que no se daba desde 2010.
En materia salarial, el convenio establece ajustes diferenciados: los salarios más altos y los cargos políticos tendrán aumento por IPC, mientras que las franjas más bajas recibirán incrementos por encima de la inflación. Además, se incluye la posibilidad de destinar tierras departamentales para la construcción de viviendas para funcionarios municipales. El texto será analizado ahora por la Junta Departamental junto con el presupuesto quinquenal.
Más de 90 colectivos sociales, ambientales y sindicales difundieron un comunicado en el que expresan su “profunda preocupación y rechazo” a declaraciones recientes del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, sobre la posibilidad de expandir los monocultivos forestales, y a planteos de la Sociedad de Productores Forestales para flexibilizar los estudios de impacto ambiental.
Entre los firmantes hay organizaciones socioambientales históricas, colectivos locales, mujeres rurales y sindicatos. En el texto reclaman un diálogo “urgente, profundo y abierto” sobre el modelo de desarrollo y sostienen que existen alternativas productivas que generen más empleo, arraigo territorial y cuidado del ambiente.
Los colectivos afirman que, después de más de 35 años de expansión forestal, no se ha creado más trabajo. Señalan que, pese a nuevas plantas de celulosa y miles de hectáreas forestadas, el empleo en el sector no creció y alertan sobre altos niveles de informalidad y desigualdad.
También advierten sobre impactos sociales y ambientales: pérdida de campo natural, afectación del agua, uso de agroquímicos y conflictos con comunidades rurales. En ese marco, reclaman mayor control estatal y participación ciudadana, y rechazan avanzar en la forestación con monocultivos.
La jueza de Crimen Organizado, Diovanet Olivera, autorizó levantar el embargo de varios vehículos que eran propiedad de Gustavo Basso, fundador de Conexión Ganadera, para que puedan ser vendidos en remate privado. La medida se basó en los altos costos de mantenimiento, que superan los 73 mil pesos mensuales entre patentes y seguros, y que afectan directamente a los acreedores, quienes además son víctimas en la causa.
Según informó El Observador, la decisión acompañó el planteo del síndico del concurso, Alfredo Ciavattone, y fue respaldada por la Fiscalía de Lavado de Activos, a cargo de Federico Rodríguez, así como por los abogados de las víctimas. El dinero obtenido deberá depositarse en una cuenta del BROU, con autorización de la sede concursal.
La defensa de la familia de Basso se opuso, al sostener que el concurso fue apelado y que, al haber fallecido Basso sin imputación, corresponde la devolución de los bienes. La jueza descartó analizar ese planteo en esta etapa.
En paralelo, el juez de Concurso, Leonardo Méndez, rechazó una recusación de la familia y habilitó que continúe la venta de un apartamento en Punta del Este donde la viuda de Basso, Daniela Cabral, cumple prisión preventiva por estafa. El recurso será elevado al tribunal de apelaciones sin efecto suspensivo (no frena la venta del inmueble).
ECONOMÍA Y EMPRESAS
Comenzó formalmente ayer el Diálogo por una Estrategia Nacional de Desarrollo, un ámbito impulsado por el gobierno que apunta a mejorar la productividad, la competitividad y avanzar hacia una producción sostenible. El proceso es encabezado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con la Agencia Nacional de Desarrollo como secretaría técnica, y cuenta con la participación del PIT-CNT, la Confederación de Cámaras Empresariales y representantes de la academia.
En el primer encuentro, el gobierno presentó un documento borrador con la hoja de ruta del diálogo. El presidente de ANDE, Juan Ignacio Dorrego, dijo a La Diaria que el objetivo es retomar la Estrategia Nacional de Desarrollo 2050, elaborada durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez y que no logró avanzar.
El proceso se organizará en tres ejes: ciencia, tecnología e innovación; cadenas de valor y sectores prioritarios; y desarrollo regional y territorial integrado. Además, habrá dos ejes transversales: empleo de calidad y transiciones verde y digital.
Desde el movimiento sindical, Marcelo Abdala valoró la instancia y planteó la necesidad de avanzar hacia una matriz productiva más sofisticada, con fuerte rol del Estado. En tanto, el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Leonardo Loureiro, destacó el enfoque en productividad y competitividad, y subrayó la importancia de la educación y la innovación para el desarrollo a mediano y largo plazo.
La Cámara de Senadores sesionó de forma extraordinaria este lunes y aprobó por unanimidad la extensión del seguro de desempleo para trabajadores de los frigoríficos Rondatel, Lorsinal y Somicar. Los proyectos, enviados por el Poder Ejecutivo el 17 de diciembre, recibieron respaldo total en el Senado, a diferencia de lo ocurrido en Diputados, donde hubo votos en contra.
Para Rondatel —Frigorífico Rosario— y Lorsinal, ambas empresas del grupo chino Sundiro, la prórroga es retroactiva desde el 1.º de octubre de 2025 hasta el 31 de diciembre. El gobierno indicó que existe un plan para reabrir y reactivar las plantas en menos de un año, con al menos el 70 % de su actividad histórica, y destacó la inversión realizada para no perder mano de obra calificada. En el caso de Somicar, en Salto, el subsidio se extiende hasta el 30 de noviembre de 2025.
El directorio de UTE aprobó un aumento del 5 % en los precios del servicio de carga de vehículos eléctricos en los puntos de carga de acceso público. El ajuste será adicional al aumento tarifario general que se aplicará en enero, cuyo porcentaje aún no fue definido.
Según el informe técnico que acompañó la decisión, el mercado de la movilidad eléctrica atraviesa una etapa de crecimiento sostenido, con más vehículos eléctricos y una expansión de la red de carga. En ese contexto, la empresa sostiene que existen desvíos significativos entre los precios actuales y los costos reales del servicio.
UTE explicó que el ajuste busca avanzar de forma gradual en el alineamiento entre costos y precios, sin afectar de manera sensible el gasto de los usuarios ni la competitividad del vehículo eléctrico. Además, se prevé que durante 2026 se evalúen al menos dos nuevos ajustes para continuar ese proceso.
En el mercado local, el dólar ayer tuvo una leve suba, en esta ocasión 0,07%. El interbancario fondo operó en promedio a $39,07.
En lo que va del año 2025, el dólar lleva una baja acumulada de 11,34% (comparando la cotización del viernes en relación a la última de 2024)
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $37,90 para la compra y $40,30 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense subió y cerró ayer en R$ 5,539.
En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial aumentó y cotizó en AR$ 1.452,00. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) también subió y cotizó en el entorno de los AR$ 1.505,00.
El Euro aumentó ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$1,1753.
Los precios del oro y de la plata se alzaron ayer y volvieron a marcar récords como activos de refugio ante la incertidumbre por la crisis entre Estados Unidos y Venezuela y la posibilidad de que la Fed vuelva a recortar las tasas de interés por las débiles cifras de empleo y de inflación publicadas la semana pasada en Estados Unidos.
El oro subió el lunes a 4.420,30 dólares la onza y la plata llegó a 69,45 dólares por onza.
El récord anterior del oro fue de 4.381,52 dólares, alcanzado en octubre.
OTRAS NOTICIAS
Un niño de tres años resultó herido de bala ayer en un ataque contra la casa de su abuelo, en el barrio Sayago, en Montevideo. Los disparos fueron realizados desde una moto en la que se desplazaban dos personas. El menor sufrió una herida superficial en un muslo, fue trasladado a un centro asistencial y fue dado de alta, fuera de peligro.
Según informó la Policía, la investigación se enmarca en un conflicto criminal vinculado al entorno familiar del niño. Fuentes policiales indicaron a Telemundo que los padres del chico están privados de libertad por delitos relacionados con el tráfico de drogas.
Por otro lado, la Policía investiga un ataque a balazos contra una vivienda en el barrio Cruz de Carrasco, Montevideo. El hecho ocurrió al mediodía del lunes, en la zona de Camino Agazzi y Monzoni. No se registraron personas heridas.
Según la información primaria, dos hombres que circulaban en una moto efectuaron más de diez disparos contra el muro de una casa y luego se dieron a la fuga. Vecinos del barrio señalaron que este tipo de ataques se ha vuelto frecuente en la zona, y reclamaron mayor presencia policial.
Un joven de 19 años resultó herido de bala en una pierna ayer durante un ataque a tiros en el barrio La Teja. El hecho ocurrió en la zona de Zubillaga y José Castro, minutos después de allanamientos policiales en el área.
Según la información policial, dos personas en moto dispararon en ráfaga y una de las balas alcanzó al joven, que fue trasladado al Hospital del Cerro y está fuera de peligro. La Policía investiga si el ataque estuvo vinculado a los allanamientos previos, en los que se incautaron drogas y armas.
Un delincuente murió este lunes tras intentar rapiñar un local de venta de celulares en el centro de San José de Mayo. El hecho ocurrió en la esquina de General Artigas y 18 de Julio, frente a la sucursal del Banco República.
El rapiñero ingresó armado al comercio y efectuó disparos, que hirieron a una trabajadora de un local lindero en el abdomen y un brazo. La mujer fue operada y se encuentra fuera de peligro.
Policías que estaban de particular en el banco intervinieron y balearon al asaltante, que fue ingresado al CTI y falleció horas después. La Policía investiga las circunstancias del hecho.
INTERNACIONALES
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que lo más "inteligente" que puede hacer su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, es dimitir.
Consultado en su casa de Florida sobre sí con sus operaciones de los últimos meses su gobierno tiene como objetivo derrocar a Maduro, Trump respondió: "Eso depende de él, de lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente por su parte hacerlo".
“Él puede hacer lo que quiera, tenemos una armada masiva formada, la más grande que hemos tenido en el mundo y la mayor de sudamérica. Puede hacer todo lo que quiera, está bien. Lo que sea que quiera, si él quiere hacer algo. Si se muestra duro, será la última vez que pueda jugar duro”.
Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, aseguró que Nicolás Maduro "tiene que salir" del poder.
El presidente Nicolás Maduro aseguró que a Donald Trump "le iría mejor" si "atendiera los temas" de Estados Unidos y no se enfocara tanto en Venezuela.
"Pienso que el presidente Trump lo podría hacer mejor en su país y en el mundo", afirmó en un acto transmitido en televisión estatal.
Estados Unidos ya incautó dos tanqueros cargados con petróleo de Venezuela, que califica las confiscaciones de buques como actos de piratería y un "robo descarado".
Dinamarca anunció ayer que convocará al embajador de Estados Unidos e instó a Washington a respetar su soberanía después de que Donald Trump nombrara un emisario especial para Groenlandia, un territorio autónomo danés que el mandatario republicano quiere anexionar.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump afirma que "necesita" a esa isla estratégicamente situada y rica en recursos naturales para garantizar la seguridad de Estados Unidos.
El presidente estadounidense anunció que designó al gobernador de Luisiana, el republicano Jeff Landry, como emisario especial de Estados Unidos para Groenlandia.
El ministro de Relaciones Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, se mostró "profundamente indignado" por el nombramiento y anunció la convocatoria del embajador de Estados Unidos en ese país como signo de protesta.
En China, el gobierno anunció que impondrá aranceles temporales a algunos productos lácteos de la Unión Europea, una medida que fue rechazada por el bloque.
Los "depósitos arancelarios", que oscilan entre el 21,9% y el 42,7%, entrarán en vigor hoy y afectan a una serie de productos incluidos el queso fresco y procesado, la cuajada, el queso azul y algunos tipos de leche y cremas, informó el Ministerio de Comercio de Pekín en un comunicado.
Las autoridades chinas iniciaron una investigación sobre las subvenciones a estos productos en agosto de 2024, tras recibir un requerimiento de la Asociación de la Industria Láctea de China.
El Ministerio de Comercio de China afirmó este lunes que las conclusiones preliminares muestran una relación entre las subvenciones de la UE y el "perjuicio sustancial" sufrido por la industria láctea nacional.
El portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, declaró sin embargo que el análisis del ejecutivo europeo "es que esta investigación se basa en alegaciones discutibles y pruebas insuficientes”.
En Rusia, un vehículo bomba mató ayer a un alto mando militar en el sur de Moscú, horas después de las conversaciones en Miami sobre un plan para poner fin a la guerra en Ucrania.
Kiev no hizo comentarios sobre la muerte del alto general, pero los investigadores rusos señalaron que estaban indagando si la explosión estaba "relacionada" con los "servicios especiales ucranianos".
Desde el inicio de la ofensiva rusa contra Ucrania en febrero de 2022, Kiev ha sido acusado reiteradamente de ser responsable de ataques contra personalidades y mandos militares en Rusia y en zonas ocupadas por Moscú en la exrepública soviética vecina.
El teniente general Fanil Sarvarov, de 56 años, era el director del departamento de formación operativa del Estado Mayor. Falleció en un barrio residencial del sur de Moscú cuando el artefacto colocado bajo su vehículo explotó.
En Ucrania, al menos dos personas murieron y varias resultaron heridas en ataques rusos con drones y misiles contra el sector energético, que provocaron nuevos cortes de electricidad.
Según el presidente Volodimir Zelenski, 13 regiones ucranianas fueron alcanzadas por una ola de más de 650 drones y 30 misiles, incluida la capital Kiev, donde la alerta antiaérea resonó durante más de cuatro horas.
Una persona murió en la región de Kiev y otra en la de Jmelnitski, en el oeste, y más de una decena resultaron heridas en todo el país, incluidos niños, según el recuento de las autoridades locales.
En tanto, el ejército polaco anunció hoy en redes sociales que su aviación fue puesta en alerta y movilizada en su espacio aéreo de manera preventiva debido a los ataques rusos contra Ucrania.
Zelenski consideró que estos nuevos ataques "envían una señal extremadamente clara sobre las prioridades de Rusia", en el contexto de los actuales esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos para poner fin al conflicto.
En su mensaje diario el lunes, el presidente ucraniano dijo que el martes sería informado sobre los resultados de las conversaciones que tuvieron representantes estadounidenses con negociadores rusos en Florida para discutir el fin de la guerra.
El gobierno de Israel derribó un edificio de cuatro pisos en Jerusalén Este y dejó a decenas de palestinos desamparados, una demolición que según los activistas es la mayor en la zona este año.
La destrucción del edificio "forma parte de una política sistemática destinada a desplazar por la fuerza a los residentes palestinos y vaciar la ciudad de sus habitantes", afirmó en un comunicado la gobernación de Jerusalén, que depende de la Autoridad Palestina.
El edificio estaba situado en la zona de Jerusalén anexada por Israel, en el barrio de Silwan, cerca de la Ciudad Vieja, tenía decenas de apartamentos y albergaba a cerca de 100 personas.
El edificio estaba construido en un terreno privado perteneciente a palestinos, pero tenía una orden de demolición por carecer de un permiso, informaron activistas.
En Estados Unidos, CBS, una de las principales cadenas de televisión, enfrentó críticas tras cancelar a último minuto la emisión de un reportaje sobre la cuestionada megacárcel salvadoreña a la que el presidente Donald Trump envió a migrantes indocumentados.
El mítico programa de CBS News "60 Minutes" tenía previsto emitir el domingo por la noche un extenso reportaje que daba voz a venezolanos expulsados por las autoridades estadounidenses en marzo.
Pero unas horas antes de la , CBS anunció que el segmento saldría al aire "en una próxima emisión".
CBS, adquirida este año por la familia de Larry Ellison, una de las personas más ricas del mundo y un importante donante de Trump, afirmó que el reportaje requería "información adicional".
Sin embargo, según la periodista que supervisó el reportaje, Sharyn Alfonsi, la emisión se canceló por razones políticas.
El presidente Donald Trump anunció ayer el lanzamiento de una nueva clase de buques de guerra que llevará su nombre.
Los barcos serán "los mejores del mundo", dijo el mandatario y precisó que se construirían dos para empezar.
Estimó que la construcción de los dos primeros navíos llevaría "alrededor de dos años y medio", asegurando que esta nueva clase contaría después "rápidamente" con 10 buques y, al término del proyecto, con entre 20 y 25 buques.
"Cada uno de ellos será el mayor buque de guerra en la historia de nuestro país" e incluso "del mundo", y precisó que los navíos estarían equipados con cañones y láseres, y que podrían portar armas hipersónicas y nucleares.
Trump dijo querer implicarse personalmente en el diseño de los nuevos barcos y se describió como una persona "muy orientada a la estética".
Víctimas del fallecido criminal sexual Jeffrey Epstein, vinculado a élites políticas y de celebridades estadounidenses, denunciaron ayer la publicación parcial de los archivos del caso por parte del Departamento de Justicia.
Un grupo de víctimas del exfinanciero criticó en un comunicado publicado en X que solo una "fracción" de los documentos se haya hecho pública y destacó el tachado "anómalo y extremo" de los elementos publicados el viernes sin "ninguna explicación".
"Se nos dijo que aún hay cientos de miles de páginas de documentos sin publicar", afirmaron en el texto. "Son violaciones claras de una ley inequívoca", agregaron.
"Al mismo tiempo, numerosas identidades de víctimas quedaron sin censura, causando un daño real e inmediato", afirmaron.
El Departamento de Justicia respondió que necesitaba más tiempo para publicar el resto de los archivos.
En El Salvador, organizaciones humanitarias criticaron las sentencias de hasta mil años de prisión contra casi 250 pandilleros, al considerarlas una operación de "propaganda" del presidente Nayib Bukele para mostrar severidad.
La Fiscalía General, afín al gobierno, informó el domingo que 248 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron sentenciados a penas de varios siglos de prisión tras ser culpados de 43 homicidios y 42 desapariciones de personas.
La pena máxima de cárcel en El Salvador es de 60 años, por lo que el descomunal monto de las condenas anunciadas el domingo en la práctica es simbólico.
En Colombia, el presidente Gustavo Petro, declaró ayer al país en emergencia económica por 30 días ante una "inminente crisis fiscal", luego de que el Congreso archivara una reforma tributaria con la que buscaba obtener recursos adicionales para el presupuesto de 2026.
El decreto permitirá al gobierno adoptar impuestos especiales para alcanzar la meta de 41.000 millones de dólares que, según Petro, se necesitan para manejar las finanzas del país el próximo año.
Todavía no se conocen los alcances específicos que tendrá la medida ni los tributos que se implementarán.
La economía colombiana se fortalece y supera las proyecciones de los analistas, que esperan una subida en el PIB de entre 2,6 y 2,7% hacia el final del año.
Pero el gasto público crece de la mano del endeudamiento, sin un aumento sustancial de la recaudación. Entre 2023 y 2024, el déficit fiscal subió 2,5 puntos porcentuales y analistas esperan que el indicador cierre por encima del 7% en 2025.
Según el decreto firmado por Petro, Colombia se encuentra ante una "inminente crisis fiscal" que podría ocasionar "un ajuste drástico" en las finanzas del Estado y afectar el "bienestar de la población".
EN NUESTRA REGIÓN
En Argentina, la expresidenta Cristina Kirchner evoluciona favorablemente en el marco de un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada tras una intervención quirúrgica a la que fue sometida el fin de semana.
La paciente "permanece sin fiebre ni complicaciones hasta el momento", detalló el comunicado del privado Sanatorio Otamendi de la capital argentina, donde continúa internada.
Kirchner, de 72 años, fue hospitalizada de urgencia por fuertes dolores abdominales el sábado, luego de recibir la autorización judicial para el traslado desde su domicilio, donde cumple desde junio una condena de seis años de prisión por corrupción.
Fuera del hospital unas decenas de seguidores se reunieron para demostrar su apoyo a la ex presidenta.
En Argentina, el gobierno presentó formalmente la postulación de Rafael Grossi para la secretaría general de la ONU. Grossi, un diplomático argentino de 64 años, es desde 2019 director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
“En 2026 vamos a jugar dos mundiales, y yo creo que vamos a ganar los dos”, señaló el Grossi.
En un discurso que pronunció en la Cancillería Grossi expuso lo que considera la necesidad de volver a hacer de la ONU un actor clave en las negociaciones internacionales de paz y de reformar el funcionamiento de la organización.
Grossi insistió en la primacía de la ONU como la principal plataforma de multilateralismo, a contracorriente de la tendencia en confiar en espacios como el G7 o los BRICS.
Según Grossi, el balance de la situación actual del organismo multilateral "no es muy positivo". Grossi señaló que "hay un común denominador" en muchos de los conflictos entre países "que es la ausencia de las Naciones Unidas" y consideró que "no tiene por qué ser así".
"Necesitamos unas Naciones Unidas menos declarativas y más activas. Necesitamos unas Naciones Unidas que estén conectadas con los problemas de la gente, y no con la aprobación de espesos documentos", dijo.
Agregó que es imperioso llevar adelante una reforma del organismo: "Tiene que ser una reforma en la que todos sepamos reconocer que hay cosas que están sobrando y que hay cosas que hay que reforzar".
Además, se refirió a su participación como mediador en la guerra en Ucrania, donde mantuvo diálogos tanto con el presidente ruso, Vladimir Putin, como con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, para asegurar la vigilancia permanente de la central nuclear de Zaporiyia -en manos del Kremlin y atrapada bajo fuego cruzado- y sus esfuerzos por inspeccionar las instalaciones nucleares iraníes a pesar de las amenazas, ambos ejemplos del modo en que el diplomático pretende liderar la ONU.
En Bolivia, trabajadores de varios sectores marcharon este lunes en La Paz para pedir al gobierno centroderechista anular un decreto con el que el presidente, Rodrigo Paz, duplicó el precio de los combustibles.
Los manifestantes caminaron desde El Alto hasta el corazón de La Paz, por calles y avenidas, con gritos y cánticos para rechazar la decisión de la semana pasada del mandatario de eliminar los subsidios a los combustibles.
El gobernante puso fin a la subvención a la gasolina y el diésel que estuvo vigente por más de 20 años, debido a que esta política agotó las reservas estatales de dólares.
"Estamos indignados por el decreto (…) lamentablemente está sacudiendo principalmente al sector obrero y al que vive al día", afirmó a la AFP el dirigente de las cooperativas mineras privadas, Óscar Chavarría.
Los manifestantes colapsaron de manera pacífica las inmediaciones de la sede de gobierno al grito de "¡Fusil, metralla, el pueblo no se calla!".
Los mineros estatales temen que el fin de estos subsidios afecta a las empresas públicas.
"A este paso vamos a tener que ver despidos dentro de lo que son las empresas del Estado", dijo Simón Choque, trabajador de 40 años de la mina Colquiri del departamento de La Paz.
Hilarión Mamani, un indígena quechua de 42 años, también llegó con reclamos a La Paz. No se guarda epítetos contra la medida de paz. "Estamos pidiendo la abrogación del maldito decretazo del gasolinazo".
El presidente cortó la subvención a los combustibles para salir de la peor crisis económica en cuatro décadas, tras dos décadas de presidentes izquierdistas: Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).
Un primer efecto fue un aumento en los precios de los pasajes del transporte público y de los alimentos.
Como parte de las medidas de protesta, este lunes se registraron 16 bloqueos de rutas en toda Bolivia, una mayoría en la región de Cochabamba (centro) y que une el este y el oeste del país, según informe de la Administradora estatal Boliviana de Carreteras.
En Brasil, el general Augusto Heleno, condenado por intento de golpe de Estado para evitar la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2023, se va a su casa. El juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes autorizó el traslado inmediato del ex hombre fuerte de la inteligencia brasileña a prisión domiciliaria.
La decisión fue humanitaria: el exministro, de 78 años, padece Alzheimer y una demencia mixta progresiva e irreversible. Heleno estaba preso en una unidad militar cumpliendo una condena de 21 años por la trama golpista, pero los peritos confirmaron que su deterioro cognitivo y físico -que incluye desorientación y riesgo de caídas- hacía inviable que siguiera en una celda.
Esto no es un "pase libre". La Fiscalía General dio el visto bueno, pero con condiciones. Deberá usar tobillera electrónica las 24 horas; mantiene una prohibición total de visitas (salvo médicos y abogados); y no puede usar teléfono ni redes sociales.
Moraes fue tajante. La decisión no se trata de impunidad, sino de "dignidad humana ante una enfermedad degenerativa". Si el general incumple una sola norma, vuelve directo al régimen cerrado.
En otro de los temas del día, la bolsa de valores se sacudió por culpa de una publicidad de las famosas chancletas de goma brasileñas, las Havaianas. Las acciones de la empresa dueña de la marca se desplomaron ayer y perdieron 200 millones de reales -poco más de 35 millones de dólares- en valor de mercado.
¿La razón? Un boicot masivo de la derecha conservadora. Todo empezó por el spot de fin de año protagonizado por la famosa actriz brasileña Fernanda Torres. En el aviso, ella hace un juego de palabras que detonó la grieta.
Torres dice que no quiere que la gente arranque el 2026 con el "pie derecho" -que es sinónimo de suerte, pero también de la derecha política-, sino con "los dos pies".
La reacción fue instantánea. Políticos bolsonaristas acusaron a la marca de hacer campaña encubierta contra su sector.
El caso más visible fue el de Eduardo Bolsonaro -el hijo del expresidente, que recordemos, en este escenario actual figura como exdiputado destituido por faltas-.
Eduardo subió un video tirando sus chancletas a la basura, diciendo que pensaba que eran un símbolo nacional y que ahora son "de izquierda".
La elección de Torres para protagonizar la campaña también fue blanco de críticas, debido a la proximidad de la actriz con el actual gobierno. Al vencer el Globo de Oro en enero de 2025, Lula da Silva celebró el logro. Y cuatro meses después, la actriz recibió una distinción del gobierno.
La polémica alrededor de las sandalias, en medio de una guerra cultural entre izquierda y derecha, quedó instalada.
(Marcelo Silva de Sousa, corresponsal desde Brasil)
