Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
NACIONALES
Fiscalía informó que este martes se realizará la audiencia de formalización del hombre y la mujer arrestados por el atentado a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero. Ayer se llevó a cabo la audiencia de control de detención de ambos sospechosos.
En la madrugada del domingo, Ferrero fue víctima de un ataque en su domicilio, ubicado en la zona de Jacinto Vera, en Montevideo. Dos personas ingresaron al patio trasero de su casa, efectuaron disparos y se presume que también detonaron una granada. No hubo heridos.
Los dos indagados fueron arrestados el mismo domingo, mientras conducían un auto negro que habría dado soporte a quienes ingresaron a la vivienda. En paralelo, la Policía investiga una camioneta blanca hallada incendiada en la zona del arroyo Miguelete, cerca del Cementerio del Norte, donde habrían viajado tres personas: el chofer y los dos que entraron a la casa.
Según la investigación, los atacantes usaron un tablón desde una casa lindera para acceder al patio después de haber recorrido varias azoteas para evadir las cámaras de videovigilancia de la zona, lo que muestra que hubo inteligencia previa en la zona. La Diaria informó que también se analiza el ADN de una colilla de cigarro encontrada en el lugar, mientras el Ejército perita un posible artefacto explosivo hallado en el patio de Ferrero.
El director de comunicaciones de la Fiscalía, Javier Benech, afirmó que “a todas luces no hubo una evaluación correcta del riesgo”, ya que el personal de seguridad apostado en la casa de la fiscal de Corte, que estaba ubicado en una garita al frente de la casa, no detectó a los intrusos que ingresaron por el fondo de la vivienda.
En rueda de prensa este lunes, Benech afirmó que la situación generó gran preocupación entre los fiscales, porque “si llegaron a entrar al fondo de la casa de la fiscal de Corte, sienten que todos son vulnerables”.
“Se trata de un episodio grave, porque ingresaron al domicilio particular de la fiscal de Corte, que es una persona, pero además es la cabeza de la institución que persigue los delitos. Desde ese punto de vista, se han subido algunos escalones y se trata de un episodio muy preocupante”.
Sobre Ferrero, Benech destacó que “es una persona muy fuerte, que ha dedicado su vida a esto, y obviamente va a seguir adelante”. Agregó que la fiscal pidió transmitir su agradecimiento por las muestras de respaldo recibidas tras el atentado.
A raíz del atentado contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero, atribuido a un grupo narco, el presidente Yamandú Orsi exhortó a los partidos políticos a acelerar en el Parlamento el análisis de las modificaciones a la ley de prevención de lavado de activos. Además, anunció el despliegue de operativos específicos en barrios vinculados al caso y la incorporación de nueva tecnología para la investigación.
En la mañana de este lunes, Orsi reunió en Torre Ejecutiva a los ministros del Interior, Carlos Negro, y de Defensa, Sandra Lazo; al director de la Policía Nacional, José Azambuya; a la propia fiscal Ferrero y a otras autoridades. El encuentro estuvo centrado en evaluar el ataque con disparos contra la vivienda de la jerarca, ocurrido en la madrugada del domingo.
Tras la cita, el presidente brindó una conferencia de prensa en la que reiteró su respaldo “claro y firme” a la fiscal y a toda la Fiscalía, y destacó el trabajo policial que ya permitió identificar a algunos responsables. Señaló que se repite un patrón en el accionar del narcotráfico y advirtió que “hay límites que no debemos dejar pasar”.
En términos generales, Orsi dijo que lo que surgió del intercambio es la “necesidad de mayor coordinación”.
“Lo que ha quedado demostrado es que la forma más eficiente y clara para enfrentar al narcotráfico y el crimen organizado necesita de mucha serenidad, tranquilidad y discreción. Y por otro lado, prefiero en estos casos responder con mucho trabajo y quizás bastantes menos declaraciones”.
En horas de la tarde, el presidente Yamandú Orsi y el ministro del Interior, Carlos Negro, recibieron en la Torre Ejecutiva a autoridades de los partidos políticos para evaluar la situación luego del atentado contra la fiscal de Corte.
Asistieron Fernando Pereira y Verónica Piñeiro, por el Frente Amplio; Álvaro Delgado, por el Partido Nacional; Andrés Ojeda, por el Partido Colorado; Pablo Mieres, por el Partido Independiente, y Guido Manini Ríos e Ignacio Curbelo, por Cabildo Abierto.
A excepción de los cabildantes, todos ellos hablaron con la prensa al término de la reunión. Según informó El País, el diputado de Identidad Soberana, Gustavo Salle, dijo que no fue notificado debidamente sobre el encuentro y por eso no participó.
A la salida de la audiencia, el ministro del Interior, Carlos Negro, informó que la investigación por el atentado contra la fiscal de Corte registra avances y llamó a dar una “fuerte respuesta institucional de unidad” frente a cualquier intento de violencia contra personas o instituciones. Además, vinculó los ataques de los narcotraficantes al “trabajo y combate permanente” del Ministerio.
Consultado en rueda de prensa, el jerarca respaldó el pedido del presidente Yamandú Orsi de agilizar el tratamiento del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo para modificar la legislación contra el lavado de activos.
“La persecución del lavado de activos está en la base de la lucha contra el narcotráfico, porque esto es por plata. Si no tenemos herramientas para hacer el seguimiento y la ruta del dinero, difícilmente podamos combatir eficazmente a los grupos organizados”.
Consultado sobre la custodia de Ferrero, Negro explicó que se aplicaron las normas previstas en el protocolo y acordadas con la fiscal, aunque aclaró que ahora se está reforzando la seguridad de ella y de otros jerarcas. Respecto al pedido que hizo el sindicato de la Guardia Republicana, de que deje el cargo de ministro, Negro dijo que "es una cuestión de ellos" y remarcó que mantienen una mesa de diálogo con todos los gremios.
Desde la oposición, si bien se valoró el “gesto” del presidente Yamandú Orsi al convocar a todos los partidos, se insistió en la necesidad de medidas concretas en materia de seguridad pública. El nacionalista Álvaro Delgado subrayó la “responsabilidad” del gobierno y el “respaldo” de la oposición para esclarecer el hecho “hasta las últimas consecuencias”.
“Esto mañana no puede ser una anécdota, que fue un atentado y que ya pasó y que ahora seguiremos viviendo. Es demasiado importante el mensaje que algunos quisieron dar y tiene que ser muy importante el mensaje de los partidos políticos en Uruguay de que esto no pasará, que el que hace esto las paga”.
Consultado sobre el proyecto de lavado de activos, Delgado afirmó que no resuelve el problema de fondo y que el foco debe estar en la seguridad pública. También dijo que no comparte las declaraciones del ministro Carlos Negro, hace meses, cuando sostuvo que la contra el narcotráfico está “perdida”.
El colorado Andrés Ojeda destacó las “coincidencias” surgidas en el encuentro, aunque admitió “discrepancias” sobre los pasos a seguir.
Ojeda valoró que “nadie salió a generar rédito político” y llamó a “abroquelarse” detrás de Mónica Ferrero. Sobre los cambios a la ley de lavado de activos que impulsa el gobierno, consideró importante la reforma, pero no decisiva.
“No llevemos esta discusión a ley de lavado sí o no y la empantanemos en el Parlamento. Esto es un tema de gestión en el territorio, donde la policía enfrenta al narco de frente. Uruguay tiene una Guardia Republicana que está pronta para enfrentar al narco. Lo que hay que tomar es la decisión política de avanzar contra el narco en los lugares donde está afincado”.
Por su parte, Pablo Mieres calificó el proyecto sobre lavado como “un instrumento” y dijo que existe la “posibilidad” de abordar en la discusión del presupuesto un eventual aumento de la cantidad de fiscalías. Además, aseguró que el Partido Independiente apoyará todas las medidas que apunten a combatir al crimen organizado.
“Lo que puedo decir de parte del Partido Independiente es que nosotros vamos a acompañar las iniciativas que vayan en la línea de un enfrentamiento claro y firme contra el narcotráfico, porque en esto nos va la vida como sociedad. Somos una sociedad que se ha demostrado democrática, con un sistema político particularmente fuerte, pero esas cosas no se ganan para siempre, hay que construirlas todos los días”.
Desde el oficialismo, Fernando Pereira calificó de fundamental la reunión convocada por el presidente Yamandú Orsi y afirmó que demuestra que, en defensa de la democracia y las instituciones, todos los partidos deben estar del mismo lado.
Pereira dijo que el Frente Amplio prioriza el proyecto de Ley de Lavado, pero indicó que también se analizarán "otras herramientas".
“La reunión es una señal muy potente del sistema democrático de que no va a aflojar contra las presiones del narcotráfico y el crimen organizado. Luego habrá muchas posiciones sobre cuál es la mejor manera de combatirlo. Nosotros estamos convencidos de que es siguiendo la ruta del dinero, pero por supuesto no es la única medida. De hecho ya se están tomando medidas para combatir el crimen organizado y también sobre este caso en particular y hay personas detenidas e indagadas”.
La Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de Diputados se reunió el lunes a pedido del legislador del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, en respuesta al atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, y resolvió pasar a sesión permanente.
En la conferencia posterior, todos los partidos condenaron el ataque y expresaron respaldo a las instituciones.
El presidente de la comisión, el nacionalista Pablo Abdala, sostuvo que era necesario “dar una señal” y “alinearse detrás de la institucionalidad agredida”.
“Actuar como conexión con el Poder Ejecutivo, con el Ministerio del Interior, para hacer el seguimiento de la situación; para colaborar, por supuesto, y respaldar en todo lo que sea necesario. Porque entendemos que es menester, como primer paso, el esclarecimiento de los hechos y, por lo tanto, que los responsables de este grave atentado sean identificados y puestos en manos de la Justicia”.
En la misma línea, el frenteamplista Mariano Tucci subrayó que “la síntesis de la jornada tiene que ver con un mensaje de unidad nacional”. Según dijo, pueden existir matices en las políticas públicas contra el crimen organizado, “pero no así en la unidad para sostener el Estado de derecho y el republicanismo”.
El colorado Gabriel Gurméndez calificó lo ocurrido como “un vuelco dramático” en materia de seguridad y propuso ponerse a disposición de Ferrero para escuchar sus necesidades y “fortalecer el combate” contra el narcotráfico.
La comisión resolvió sesionar en forma permanente, enviar notas de solidaridad a Ferrero y a la Asociación de Magistrados Fiscales, y proyectar reuniones con el Poder Judicial, el Ejecutivo, la Jutep y la propia fiscal.
Hubo, sin embargo, voces discordantes. Desde Cabildo Abierto, el diputado Álvaro Perrone sostuvo que “la ciudadanía espera mucho más que señales” y pidió avanzar en un régimen de trabajo que incluya citar a Fiscalía, Poder Judicial y ministerios para analizar penas y presupuesto. Dijo además que si el Ministerio del Interior no puede garantizar la seguridad de jueces y fiscales, “deben hacerlo las Fuerzas Armadas”, y ratificó la propuesta de declarar la emergencia en seguridad.
El diputado Gustavo Salle, líder de Identidad Soberana, fue más allá: reclamó la renuncia del ministro del Interior, Carlos Negro, y del prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz. Definió el episodio como un “atentado-mensaje” propio de la lógica del narcotráfico y advirtió sobre la vulnerabilidad de individualizar la presión criminal en una sola figura del sistema judicial.
Tras el atentado contra la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio (FA) recibió este lunes a la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde.
Al término de la reunión, el presidente del FA, Fernando Pereira, destacó que el país necesita “decisiones de Estado” y valoró la unidad mostrada por los partidos políticos. Reiteró el reclamo de tratar en el Senado el proyecto de ley contra el lavado de activos impulsado por el Ejecutivo y subrayó la importancia de asignar más recursos al Ministerio del Interior.
Pereira afirmó que el gobierno actuó con rapidez y que no puede haber “dos posiciones” frente a este hecho, sino un respaldo común a la institucionalidad. También elogió la labor técnica de la Policía en la investigación y calificó de “fuera de lugar” el pedido de renuncia al ministro Carlos Negro por parte del sindicato de la Guardia Republicana.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó el atentado contra la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, al que calificó como “un hecho de extrema gravedad” que afecta tanto a su integridad como a instituciones clave del Estado de Derecho.
En un comunicado, el organismo expresó su solidaridad con la fiscal, su familia, el gobierno y el pueblo uruguayo, y respaldó la rápida reacción de las autoridades, que ya tienen dos personas detenidas.
“La violencia, la intimidación o las amenazas no podrán doblegar la independencia de la justicia ni el compromiso democrático en las Américas”, advirtió la OEA, que reafirmó su apoyo a Uruguay y subrayó que defender la justicia es también defender la democracia.
ECONOMÍA Y EMPRESAS
El gobierno resolvió introducir cambios en el proyecto de Presupuesto para exceptuar del impuesto mínimo global del 15% a parte de las empresas instaladas en zonas francas. El tributo está destinado a multinacionales con facturación anual superior a 750 millones de euros.
El ministro de Economía, Gabriel Oddone, disertó ayer en un evento organizado por la Fundación Disciplinas Aplicadas al Trabajo (DAT).
Allí informó que la OCDE autorizó a Uruguay a excluir del gravamen a aquellas compañías con beneficios tributarios amparados en el régimen de zona franca.
En cambio, las compañías cuyas casas matrices ya pagan el impuesto en otras jurisdicciones deberán abonarlo en Uruguay, mediante el Impuesto Mínimo Complementario Doméstico que prevé el Presupuesto.
“Estamos logrando que, incluso cuando la jurisdicción donde esté instalada la matriz de la compañía no esté alcanzada por el impuesto global, incluso cuando esa compañía no esté necesariamente pagando el impuesto, la OCDE, en función de ayudar a Uruguay a honrar el compromiso de no cobrar impuestos en las zonas francas, esas compañías no lo van a tener que hacer”.
La medida responde a la preocupación planteada por la Cámara de Zonas Francas, que había advertido que el proyecto original podía desalentar inversiones y poner en riesgo las ya existentes. La gremial sostuvo que no hay presión internacional para la aplicación inmediata del nuevo impuesto, ya que Estados Unidos, China e India no lo implementaron y varios países europeos cuestionan haberlo hecho.
Oddone defendió el tributo como una “alteración neutra” que busca “localizar en Uruguay un impuesto que ya se está pagando en otras jurisdicciones”. Estimó que la recaudación alcanzará unos 350 millones de dólares anuales, equivalente al 80% del incremento de recursos previsto para este período.
El ministro subrayó que la iniciativa es audaz pero coherente con la estrategia del presidente Yamandú Orsi: preservar el clima de negocios y, al mismo tiempo, atraer inversiones. En ese sentido, remarcó que “nadie en el gobierno está introduciendo cambios que alteren ese clima”.
El senador colorado Pedro Bordaberry -que estaba en el evento porque es impulsor de la fundación DAT- celebró la decisión del Poder Ejecutivo y sostuvo que fortalece la seguridad jurídica. Señaló que “la ley de zonas francas establece que no pagan impuestos y que el Estado garantiza que en el futuro tampoco lo harán” y que, por lo tanto, el Ministerio de Economía “va en buen camino al excluir del impuesto a quienes ya están en el régimen”.
La modificación será incorporada hoy en la Comisión de Presupuesto de Diputados, a la que concurrirá una delegación del Ministerio de Economía y Finanzas.
El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, aseguró que Uruguay es una excepción en el mundo por la forma en que maneja el disenso político y social. “La gente cree en nuestros partidos, capaces de administrar el disenso. Eso no ocurre en América Latina”, afirmó en un desayuno organizado por la fundación Disciplinas Aplicadas al Trabajo (DAT), al que asistió el presidente Yamandú Orsi.
Oddone describió un escenario internacional de cambios profundos, marcado por el fin de una época y el desencanto de la clase media en Estados Unidos y Europa con la globalización. Frente a esa inestabilidad, advirtió que Uruguay, pese a su cohesión social, arrastra una fragilidad: “Hace diez años que crecemos al 1% anual. Tenemos una sociedad cohesionada, pero que excluye entre el 20% y el 25% de la población, sobre todo niños y adolescentes. Eso, si no lo enfrentamos, es una bomba de tiempo”, alertó.
El ministro sostuvo que es necesario invertir más en educación y seguridad, y avanzar en reformas que permitan mayor inclusión social. Señaló que “estamos todos de acuerdo en el qué”, pero apuntó que “el problema es cómo, porque supone tocar intereses”.
Al referirse a la estrategia del gobierno, subrayó que se busca atraer inversión privada como motor de crecimiento, y cerró con un llamado al sector empresarial para ser “más audaces” y “pensar afuera de la caja”.
OTROS TEMAS QUE SE DESTACAN
Los senadores colorados Andrés Ojeda, Robert Silva y Gustavo Zubía presentaron un proyecto de ley que crea un Registro Nacional de Entidades Terroristas Internacionales. La iniciativa busca reforzar la seguridad del país y prevenir la financiación del terrorismo y el lavado de activos, dotando al Estado de una herramienta específica para identificar y actuar frente a organizaciones que representen una amenaza.
El proyecto prevé congelar bienes y activos de los grupos incluidos, bloquear sus transacciones económicas, negar el ingreso o tránsito de sus integrantes por el territorio nacional y dar aviso inmediato a Fiscalía para evaluar eventuales acciones penales. También establece sanciones administrativas para quienes incumplan estas disposiciones. La gestión del registro quedará en manos de un comité interinstitucional que integrarán organismos de seguridad, inteligencia y control financiero.
Ojeda recordó que Uruguay hoy replica únicamente el listado de Naciones Unidas, que no incorpora a organizaciones como Hamás o Hezbolá por el veto de algunos países. El legislador vinculó además la iniciativa con el atentado sufrido por la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, al que calificó como un caso de “narcoterrorismo”.
La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda recibió a las autoridades de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). Su vicepresidente, Alfredo Asti, advirtió que, con los recursos asignados, el organismo podrá funcionar solo hasta los primeros meses de 2026 y que después necesitará refuerzos para cubrir gastos básicos. Explicó que el cálculo del Poder Ejecutivo se basó en la baja ejecución del directorio anterior, pero aseguró que la nueva gestión ya superó ampliamente ese nivel de actividad.
En diálogo con el matutino La Diaria, Asti señaló que faltan unos cuatro millones de pesos por año para el funcionamiento operativo, una cifra que consideró mínima dentro del total del Presupuesto. Indicó que la Jutep tiene fondos para llenar las diez vacantes de personal, pero no para asegurar insumos, equipos y servicios esenciales. Subrayó además que la subestimación presupuestal contrasta con la relevancia que el propio gobierno le reconoce a la Jutep como parte del sistema de lucha contra el crimen organizado, el lavado de activos y los compromisos de gobierno abierto.
En la oposición, el diputado blanco Amin Niffouri sostuvo que los recursos previstos no son consistentes con la promesa electoral de “gobernar con honestidad” y remarcó la disposición de su partido para priorizar partidas adicionales. En tanto, el colorado Gabriel Gurméndez afirmó que el organismo es clave para la transparencia, aunque cuestionó que todavía no estén publicadas en su página web las declaraciones juradas de los jerarcas del poder ejecutivo y parlamentarios, como marca la ley. “Hace meses que gobiernan, y siguen colgadas las declaraciones del periodo anterior”, señaló.
Asti respondió que se trata de una “chicana”, recordó que el plazo legal es de 90 días después de asumir y aseguró que hay un cronograma en marcha para procesar las 1.600 declaraciones pendientes.
La senadora nacionalista Graciela Bianchi acusó al exsenador frenteamplista Charles Carrera de haber inventado sentencias para sustentar su pedido de recusación contra la fiscal Sandra Fleitas, recurso que fue rechazado. En junio pasado, Fleitas imputó a Carrera por fraude, falsificación ideológica y uso de información privilegiada, en el marco de la investigación por el uso irregular del Hospital Policial para beneficiar a un civil.
Según Bianchi, en su escrito Carrera citó fallos inexistentes, atribuidos al Tribunal de Apelaciones y a la Suprema Corte de Justicia. Como esas referencias encajaban de manera perfecta con el caso, los fiscales pidieron precisiones. Carrera terminó reconociendo un error en el entrecomillado de la jurisprudencia y solicitó que esas citas fueran desestimadas.
Blanchi realizó esas afirmaciones en su cuenta de la red social X, donde además publicó documentos vinculados al caso Carrera que, según dijo, obtuvo a partir de un pedido de acceso a la información pública. Allí la Fiscalía advierte sobre el riesgo ético de usar citas falsas, señalando que podían inducir a error en la decisión sobre la recusación. Bianchi subrayó además que el propio abogado de Carrera se desmarcó del escrito, firmado únicamente por el exsenador.
La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) lanzó una campaña nacional de bien público para concientizar sobre la importancia de asistir a clases y el impacto del ausentismo en el futuro educativo. El lema es: “No faltar hoy es una oportunidad para mañana”. La iniciativa es apoyada por Presidencia de la República, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Ceibal y Unicef.
Según datos oficiales, el año pasado los alumnos de educación inicial faltaron en promedio 44 días, mientras que en primaria el promedio de inasistencias fue de 29 días.
El presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, advirtió que faltar con frecuencia no solo afecta el aprendizaje y la socialización, sino también el acceso a otros derechos que el sistema educativo garantiza, como salud, protección social y seguridad.
Los mensajes se difundirán en medios, redes y plataformas digitales, y se complementarán con instancias de trabajo en territorio junto a docentes, familias y estudiantes.
La campaña forma parte de la estrategia “Cuidar los sueños”, que incluye acciones pedagógicas, sistemas de alerta temprana y apoyo socioeconómico a estudiantes y familias vulnerables.
En el mercado local, el dólar ayer bajó, en esta ocasión 0,13%. El interbancario fondo operó en promedio a $39,849.
En lo que va del año 2025, el dólar lleva una baja acumulada de 9,57% (comparando la cotización del viernes en relación a la última de 2024)
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $38,65 para la compra y $41,05 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense bajó y cerró ayer en R$ 5,323.
En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió y cotizó en AR$ 1.360,00. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) bajó y cotizó en el entorno de los AR$ 1.430,00.
El Euro subió ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$1,1731.
El precio en tiempo real de Bitcoin es de U$S 112.920,17. En los últimos 30 días el Bitcoin tuvo una suba de 4,00% (comparando la cotización de hoy en relación a la misma fecha del mes pasado).
El Bitcoin alcanzó su valor récord el 13 de agosto de 2025, dónde cotizó a U$S 124.457,12, impulsado por una legislación favorable y la subida de las acciones en Estados Unidos.
OTRAS NOTICIAS
La Justicia resolvió archivar la denuncia presentada por más de 50 médicos contra Rodrigo Perna, vicepresidente del Sindicato Médico del Uruguay, acusado de difundir nombres y sueldos de funcionarios y asesores del Casmu.
El caso se remonta a julio de 2024, en plena intervención de la mutualista, cuando comenzaron a circular por WhatsApp listados con salarios de médicos, abogados y contadores. Los denunciantes sostenían que esa divulgación perjudicaba a la institución.
Según la resolución fiscal, citada por el matutino La Diaria, Perna entregó su celular y chats, donde quedó en evidencia que la información ya circulaba en varios grupos médicos y era reenviada de forma masiva. Al no encontrarse elementos que configuraran un delito, la causa fue archivada.
La Policía investiga el asesinato de un adolescente de 17 años ocurrido este lunes en Villa Española, Montevideo. El joven fue atacado a balazos por una persona que se desplazaba en bicicleta.
En un primer momento se informó que la víctima era “El Chepe”, el menor condenado en 2024 por promover peleas masivas en shoppings. Sin embargo, Fiscalía aclaró más tarde que no se trata de la misma persona.
INTERNACIONALES
El presidente Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunciaron un acuerdo sobre un plan de paz para Gaza propuesto por el mandatario estadounidense.
El plan de Estados Unidos incluye un alto el fuego permanente en Gaza, la liberación de los rehenes israelíes retenidos en territorio palestino, la liberación por Israel de más de mil prisioneros palestinos, incluso algunos condenados a cadena perpetua; la retirada israelí de ese enclave y detalles sobre el futuro gobierno en la zona sin Hamás.
Se prevé la creación de una entidad provisional de gobierno palestino que estará supervisada por un organismo internacional del que formará parte el ex primer ministro británico Tony Blair y que estará presidida por el propio Trump.
Además menciona que en caso de que Hamás "demore o rechace" la propuesta, todo lo anterior, se implementará en las zonas "libres de terrorismo" que Israel haya transferido a la ISF (Fuerza Internacional de Estabilización).
Trump y el primer ministro israelí ofrecieron una conferencia sin preguntas.
“Para garantizar el éxito de este esfuerzo mi plan exige la creación de un nuevo órgano internacional de supervisión, la Junta de la Paz. Lo llamamos la Junta de la paz. Un nombre hermoso, la Junta de la Paz, que está dirigida, no a petición mía, creanme estoy muy ocupado, pero tenemos que asegurarnos que esto funcione. Los líderes del mundo árabe e Israel y todos los involucrados me pidieron que hiciera esto. Así que estará encabezado por un caballero conocido como el presidente de Estados Unidos Donald Trump”.
Israel dijo aceptar la propuesta de 20 puntos de Trump.
“Si Hamás acepta su plan señor presidente, el primer paso será una modesta retirada, seguida de la liberación de todos nuestros rehenes en un plazo de 72 horas. El siguiente paso será el establecimiento de un organismo internacional encargado de desarmar completamente a Hamas y desmilitarizar Gaza. Ahora, si este organismo internacional tiene éxito habremos terminado permanentemente la guerra. Pero si Hamás rechaza su plan, señor presidente, o si supuestamente lo aceptan y luego básicamente hacen todo lo posible para contrarrestarlo, entonces Israel terminará el trabajo por sí mismo”.
Tras la presentación del plan para Gaza en la Casa Blanca, Catar y Egipto entregaron el texto a Hamás para que defina si lo acepta o rechaza.
"Los negociadores de Hamás declararon que examinarán de buena fe y darán una respuesta", afirmó a AFP una fuente bajo condición de anonimato.
La Autoridad Palestina, enemistada con Hamás, "recibe favorablemente los esfuerzos" de Trump, mientras que ocho países árabes y musulmanes también acogieron la iniciativa.
Por el contrario la Yihad Islámica, otro de los grupos activos en Gaza y que cuenta con rehenes en su poder, consideró que el plan es "una receta para una agresión".
Egipto, Jordania, Arabia Saudita, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Indonesia y Pakistán aseguraron, en un comunicado conjunto, que aplauden "el papel del presidente estadounidense y sus sinceros esfuerzos por poner fin a la guerra" entre Israel y el grupo islamista Hamás.
Reafirmaron "su voluntad de colaborar de manera positiva y constructiva con Estados Unidos y las partes interesadas para finalizar el acuerdo y garantizar su aplicación".
Varios países europeos respaldaron el plan de Trump para terminar con la guerra entre Israel y Hamás, tras la reunión entre el presidente Donald Trump y el primer ministro Benjamin Netanyahu.
El presidente francés, Emmanuel Macron elogió "el compromiso" de Trump "para poner fin a la guerra en Gaza y lograr la liberación de todos los rehenes". "Espero que Israel se comprometa firmemente sobre esta base. Hamás no tiene más remedio que liberar inmediatamente a todos los rehenes y seguir este plan", escribió en sus redes.
El presidente del Consejo de la Unión Europea, Antonio Costa, instó a todas las partes a "aprovechar este momento para dar una oportunidad genuina a la paz".
El ministro de Relaciones Exteriores alemán, Johann Wadephul, consideró que, "por fin, israelíes y palestinos pueden esperar que esta guerra llegue pronto a su fin".
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo en redes que su país "da la bienvenida a la propuesta de paz" y exigió que "hay que poner punto final a tanto sufrimiento".
El gobierno italiano de Giorgia Meloni calificó el plan de Trump como un "ambicioso proyecto para la estabilización”.
Fuera de la Unión Europea, el primer ministro británico, Keir Starmer, dijo en una nota que "apoya firmemente los esfuerzos (de Trump) para poner fin a los combates, liberar a los rehenes y garantizar la prestación de ayuda humanitaria de emergencia a la población de Gaza".
Líderes demócratas y republicanos mantienen "grandes diferencias" en la negociación para evitar un cierre administrativo del gobierno, según declaraciones de ambas partes un día del límite, tras mantener una reunión con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.
Si antes de la medianoche del martes al miércoles el Congreso no aprueba un proyecto de ley para financiar las operaciones federales, el gobierno cerrará parcialmente y Washington se sumirá en una crisis política.
"Todavía hay grandes diferencias entre nosotros", dijo el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer a los periodistas tras el encuentro.
El gobierno "se dirige a un cierre porque los demócratas no harán lo correcto. Espero que cambien de opinión, pero veremos", dijo el vicepresidente JD Vance a la salida del encuentro.
Un cierre administrativo, conocido como "shutdown", implica el cese de operaciones no esenciales.
Cientos de miles de empleados públicos quedarán temporalmente sin sueldo y se interrumpirá el pago de muchas prestaciones sociales.
El sospechoso de matar al activista estadounidense de derecha Charlie Kirk compareció en una audiencia judicial este lunes en Utah, en la que su defensa pidió más tiempo para revisar la "voluminosa" evidencia.
Kirk, un importante aliado del presidente Donald Trump, fue asesinado de un disparo el 10 de septiembre mientras debatía con estudiantes en una universidad de Utah, en el oeste de Estados Unidos.
Tyler Robinson, de 22 años, se entregó 33 horas después del ataque gracias a la mediación de su familia y fue acusado de homicidio agravado, entre otros cargos, por los que puede ser condenado a muerte si es hallado culpable.
YouTube aceptó pagar 22 millones de dólares al presidente estadounidense Donald Trump, para poner fin a una demanda por la suspensión de su cuenta en esa plataforma de videos después del asalto al Capitolio de 2021, según un documento judicial.
La empresa filial de Google es la última plataforma, después de Meta y X, en sellar un acuerdo judicial con el mandatario republicano.
Las principales redes sociales y web de videos eliminaron las cuentas de Trump después de que sus seguidores atacaran la sede del poder Legislativo, por temor a que promoviera más violencia con afirmaciones falsas de que el demócrata Joe Biden había hecho fraude en las presidenciales de 2020. El republicano de 79 años presentó demandas contra estas empresas por censurar su discurso.
El dinero de los acuerdos sellados por el presidente y las tecnológicas irá destinado a una organización sin ánimo de lucro llamada Trust for the National Mall, que se "dedica a restaurar, preservar y mejorar el National Mall y para apoyar la construcción del salón de baile de la Casa Blanca", según el escrito.
Rusia prevé llamar a filas este año a 135.000 hombres de entre 18 y 30 años, según un decreto firmado el lunes por el presidente Vladimir Putin para la convocatoria de otoño.
El ejército asegura que estos nuevos reclutas no serán enviados a Ucrania, país en el que Rusia lanzó una ofensiva a gran escala en febrero de 2022, sino que realizarán tareas auxiliares dentro del territorio ruso.
El servicio militar en Rusia, que dura un año, es obligatorio. La campaña de reclutamiento se organiza dos veces al año, una en primavera y otra en otoño.
En la campaña de primavera 2025 se reclutaron 160.000 hombres y en la de otoño del año pasado 133.000.
Estos conscriptos se diferencian de los más de 300.000 reservistas movilizados para combatir en Ucrania y que ya cumplieron previamente con su servicio militar.
En Perú, las más recientes protestas contra el gobierno y el congreso dejaron al menos 74 heridos, según reportes oficiales y de organizaciones independientes.
Entre los lesionados hay 26 policías y nueve periodistas.
Las primeras manifestaciones se registraron el 20 y 21 de setiembre y se repitieron el pasado fin de semana.
El movimiento de protesta ha sido liderado por la Generación Z, un colectivo de jóvenes que se ha movilizado contra la clase política.
Los manifestantes -a los que se han sumado transportistas- se han volcado a las calles para repudiar igualmente a la ola de extorsiones del crimen organizado, además de la corrupción y una reforma de pensiones aprobada por el legislativo.
Las protestas han derivado en duros enfrentamientos con las fuerzas del orden en los alrededores de las sedes de los poderes públicos, en el centro de Lima.
El sábado grupos de jóvenes lanzaron piedras, bombas incendiarias y fuegos artificiales contra la policía, que respondió con gases lacrimógenos, observaron periodistas de la AFP.
De acuerdo con un balance del Ministerio del Interior, en los cuatro días de movilizaciones "26 policías" han resultado heridos y se han reportado "múltiples daños a bienes públicos y privados".
Durante el primer fin de semana, la Asociación Nacional de Periodistas de Perú documentó igualmente ataques con perdigones de goma contra nueve reporteros y fotógrafos. Las agresiones provinieron presuntamente de agentes oficiales.
La tensión entre Estados Unidos y el gobierno colombiano se acrecentó, luego de que dos ministros renunciaron a la visa estadounidense y otros dos altos funcionarios fueron informados de que les fue retirado ese documento, al igual que ocurrió con el presidente Gustavo Petro.
La canciller, Rosa Villavicencio, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, informaron que renunciaron al visado estadounidense en apoyo al mandatario, a quien Washington retiró este permiso el viernes por supuestos "actos imprudentes e incendiarios" durante una protesta en Nueva York. En la resolución se destacó que Petro llamó "a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes" e "incitó a la violencia" ante manifestantes propalestinos tras participar en la Asamblea General de la ONU la semana pasada.
El ministro de Minas, Edwin Palma, y la principal asesora del presidente, Angie Rodríguez, aseguraron en tanto que recibieron un correo electrónico en el que Estados Unidos les notificó la cancelación de sus respectivos visados.
"Nos llena de orgullo no tener la visa de un país, cuyo gobierno apoya un genocidio", escribió Petro en sus redes tras conocer las acciones de Estados Unidos contra su gabinete.
Venezuela tiene listo un decreto para declarar un estado de excepción que da poderes especiales al presidente Nicolás Maduro en caso de que Estados Unidos ataque al país petrolero, tras la movilización de sus tropas al Caribe.
Washington desplegó ocho buques de guerra y un submarino de propulsión nuclear como parte de un plan para combatir el narcotráfico en el Caribe, donde asegura que destruyó al menos tres embarcaciones supuestamente cargadas con drogas provenientes de Venezuela con un saldo de 14 fallecidos.
"Ya hoy arrancó el proceso de consulta del decreto constitucional de estado de excepción” para instaurar “un estado de conmoción exterior” (…) “y proteger a nuestro pueblo", dijo Maduro durante su programa de televisión.
Las consultas son para evaluar "los alcances" de este decreto en caso de que Venezuela sea "agredida", añadió el mandatario que presentó la semana pasada el decreto como una propuesta.
El decreto otorga las facultades para tomar militarmente industrias estratégicas para la seguridad nacional y servicios públicos, cerrar las fronteras, desplegar fuerzas de seguridad y activar a los 4,5 millones de milicianos que el chavismo asegura tener
Más temprano, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, mostró una copia del decreto que fuentes gubernamentales explicaron a la AFP que aún no fue firmado por el presidente.
“Lo que hoy hace el gobierno de Estados Unidos, el señor de la guerra Marco Rubio, contra Venezuela es una amenaza que la prohibe la carta de Naciones Unidas. Y si se llegan a atrever a agredir a nuestra patria: decreto de conmoción externa”.
El presidente argentino Javier Milei debió suspender el acto de campaña que tenía previsto en Ushuaia debido a protestas del kirchnerismo y optó por retornar a Buenos Aires.
Según varios medios, las manifestaciones fueron promovidas por funcionarios del gobierno local, a cargo del peronista Gustavo Melella.
Una movilización de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) rechazó la visita del líder de La Libertad Avanza (LLA) a una empresa de electrodomésticos.
Por el otro, grupos opositores intentaron bloquear una caminata por el centro de Ushuaia con la que el mandatario buscaba promocionar a sus candidatos.
Dadas las circunstancias, Milei habló brevemente con un megáfono en la calle, cerca del hotel donde se alojó.
“Bajó la inseguridad, bajó la indigencia, bajó la pobreza. Les pido que no aflojen, esta vez el esfuerzo va a valer la pena. En definitiva, no podemos volver al pasado, no podemos volver atrás. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”.
En Argentina, el gobierno de Javier Milei anunciará hoy un programa de beneficios con descuentos para jubilados y pensionados en los principales supermercados del país.
A un mes de las elecciones y luego de los vetos del mandatario a leyes que buscaban recomponer los ingresos de los jubilados, la medida busca alcanzar a más de 7 millones de beneficiarios, informó La Nación.
Los descuentos serán para todos los jubilados y pensionados, sin importar la categoría en la que se ubiquen sus haberes.
La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Capital Humano, la cartera que encabeza Sandra Pettovello.
Fuentes del gobierno de Milei dijeron al medio que se trata de un “círculo virtuoso sin costo alguno para el Estado”. El costo lo asumen las empresas y los bancos.
El Congreso de Chile aprobó un proyecto de ley que multa hasta con 100 dólares a quienes no voten en las próximas elecciones de noviembre, tras restablecer el sufragio obligatorio ante la baja participación.
La Cámara de Diputados dio luz verde a la iniciativa avalada por el Senado el 10 de septiembre, por una amplía mayoría, luego de un pacto interpartidista.
"Se consiguió un buen acuerdo. Los chilenos van a ser los que elijan a las autoridades y esas autoridades van a tener un respaldo aún mayor", dijo el presidente de la Cámara, el opositor José Miguel Castro, tras la votación transmitida por el canal del legislativo.
La nueva ley entrará a regir en las elecciones generales del 16 de noviembre. Según las encuestas, el ultraconservador José Antonio Kast y la candidata comunista Jeannette Jara encabezan la intención de voto.
En Brasil, ayer el gobernador del Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, visitó por más de tres horas al ex presidente Jair Bolsonaro, que cumple prisión domiciliaria en Brasilia.
Esta fue la primera visita de Tarcísio a Bolsonaro después del juicio en el que el ultraderechista fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por tentativa de golpe de estado. El encuentro, autorizado por el juez Alexandre de Moraes, generó mucha expectativa política, dado que De Freitas es uno de los principales candidatos de la oposición para la elección presidencial de 2026.
Tras la visita, Tarcísio calificó como “triste” la situación del ex mandatario y defendió la aprobación de una amnistía amplia para los involucrados en los actos golpistas del 8 de enero de 2023, con el supuesto objetivo de “pacificar al país”.
El gobernador dijo que muchos de los detenidos “no sabían lo que estaban haciendo”, que ya pasaron suficiente tiempo presos y que ahora deberían tener la oportunidad de retomar su vida.
Sobre su futuro político, dijo que no hablaron sobre candidatura presidencial, y afirmó que él buscará la reelección en São Paulo.
También este lunes, el ministro Edson Fachin asumió la presidencia del Supremo Tribunal Federal, que ocupará hasta 2027.
En su discurso, Fachin hizo un llamado a la “defensa irrestricta de la democracia” y deslizó una indirecta sobre la amnistía, al afirmar que en ningún momento van a “titubear en el control de la constitucionalidad de leyes o enmiendas que enfrenten la Constitución, los derechos fundamentales y el orden democrático”.
Por otro lado, en São Paulo, la jornada de ayer estuvo marcada por una triste noticia: ya son tres las muertes confirmadas por intoxicación con metanol, encontrado en bebidas alcohólicas adulteradas.
Los casos ocurrieron en la capital y en São Bernardo do Campo, y además de las muertes, hay pacientes internados con síntomas como náuseas, visión borrosa y dolores abdominales. Una mujer de 43 años perdió la vista tras consumir caipirinha en un bar del barrio Jardins, uno de los más ricos de la capital paulista.
La Secretaría de Salud lanzó operativos de fiscalización en bares y depósitos para retirar botellas sospechosas, mientras que la Asociación Brasileña de Bares y Restaurantes recomendó suspender de inmediato la venta de productos con sospecha de adulteración.
Mañana será un día clave en la Cámara de Diputados, que tiene previsto votar el proyecto que exime totalmente del pago del Impuesto de Renta a quienes ganen menos de 5 mil reales por mes y de forma parcial a quienes ganen hasta 7.350.
El gobierno de Lula da Silva considera este asunto una de sus prioridades y su aprobación puede ser fundamental desde el punto de vista político. Según afirmó hace algunos días el relator del proyecto, el ex presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, hay unanimidad en la casa para aprobar la medida.
(Marcelo Aguilar, corresponsal en Brasil)
