En Perspectiva

Noticias del martes 9 de diciembre de 2025

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Foto: @OSE_Uruguay

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NACIONALES

OSE recibió este lunes ocho propuestas en la etapa de precalificación para la construcción de una represa sobre el arroyo Casupá, una obra clave según el gobierno para reforzar la seguridad hídrica del área metropolitana. Se presentaron la firma china CWE y siete consorcios en formación: CCCC-YREC-Impacto; Sinohydro-Grinor; Rovella-CVC; Espina-Consultora de Riegos; Traxpalco-Berkes-Toniolo Busniello; Teyma-Conconcreto; y CMC-Pietroboni.

El presidente de OSE, Pablo Ferreri, destacó el interés del mercado y recordó que la represa —respaldada por financiamiento del banco CAF— busca aumentar la capacidad de reserva tras los episodios de estrés hídrico de 2022 y 2023.

“En el correr de diciembre y principios de enero estaremos evaluando si estos ocho consorcios cumplen todos los requisitos para el lanzamiento de la licitación, que será en marzo. Esperamos adjudicar esa licitación a fines de 2026 y comenzar a construir la represa a principios de 2027, en una obra que esperamos quede pronta a mediados de 2029 y ahí comience a llenarse la presa”.

La represa de Casupá, junto con otras iniciativas, reemplaza al proyecto Neptuno/Arazatí impulsado por la administración pasada y descartado por el actual gobierno debido a sus altos costos y riesgos de salinidad, entre otros aspectos.


OSE mantiene reuniones con los propietarios de los padrones que serán afectados por la represa y el Ministerio de Ambiente avanza en estudios técnicos y ambientales para garantizar la viabilidad del proyecto.

En total, se abarcarán unas 2.000 hectáreas de 102 padrones pertenecientes a 37 propietarios. Vecinos de la zona han manifestado preocupación por la falta de información. Entre los principales cuestionamientos, denuncian el "desarraigo" de familias rurales y la pérdida irreversible de monte nativo y tierras productivas de alto valor.


El Ministerio del Interior presentó ayer el resumen final de los Encuentros por Seguridad, un proceso que reunió a partidos políticos, organizaciones sociales, academia y sector privado. De allí surgieron 92 propuestas que serán la base del nuevo Plan Nacional de Seguridad Pública que se presentará en marzo de 2026.

Los principales temas quedaron organizados en siete ejes estratégicos: homicidios; violencia de género y contra niños, niñas y adolescentes; control de armas y municiones; narcotráfico; ciberdelitos y fraudes informáticos; sistema de justicia criminal; y prevención del delito y la violencia.

El coordinador del plan, Emiliano Rojido, destacó propuestas como crear comisarías de “contexto crítico” en las zonas más violentas de Montevideo, aplicar un protocolo interinstitucional para heridos de arma de fuego y habilitar una fiscalía penitenciaria.

En violencia de género se planteó fortalecer la respuesta judicial y ampliar la protección a víctimas mediante la expansión nacional de las cámaras Gesell y mayor capacitación de operadores. En narcotráfico, se propuso reforzar la Unidad de Víctimas y Testigos, mejorar controles fronterizos y postales y fortalecer la inteligencia penitenciaria.

Otras iniciativas incluyen avanzar en formación en cibercrimen y forensia digital, crear casas de seguridad para testigos de alto riesgo y establecer una comisión de seguridad público-privada.

El ministro Carlos Negro destacó que fue “un espacio exitoso” y valoró los insumos técnicos y políticos para una estrategia que, aseguró, debe ser continua, basada en evidencia y con indicadores claros. 

Además, resaltó que la gestión ya ofrece señales nítidas de avance.

“Estamos demostrando sobre finales de año que el trabajo ha sido muy fructífero, que los resultados son inocultables, que mantuvimos a la baja todos los delitos y en nada más que nueve meses hemos tenido mejores resultados que en todo el período anterior. Además hemos descabezado a las principales bandas de narcotraficantes y crimen organizado que tiene el país y vamos por más”.


Desde la oposición, en tanto, llegaron cuestionamientos al futuro plan de seguridad. El presidente del Directorio del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, calificó la propuesta como “muy teórica” y sin presupuesto hasta la próxima Rendición de Cuentas. 

En declaraciones a Telemundo durante un evento del sector Aire Fresco, señaló que el gobierno asegura haber bajado los delitos pero todavía no definió su estrategia, y sostuvo que si hubo mejoras, ellas se deben al plan anterior.

“Pero es un plan que se presenta ahora, para el año que viene, que va a tener presupuesto recién a partir de 2027. Nosotros pensábamos que el tema este empezaba el primero de marzo, cuando asumía el gobierno, con toda la fuerza de decir que este es el tema más importante. Es más, habían prometido dos mil policías nuevos. Y hoy sale el ministro a decir que algunas cosas mejoraron. Si mejoraron y no tienen plan, es porque en realidad pasa lo que yo sé que está pasando: están utilizando el plan del gobierno anterior”.

Por su parte, el exministro del Interior Nicolás Martinelli también criticó la presentación. En sus redes sociales, Martinelli escribió que fue “una puesta en escena para la tribuna” y remarcó la ausencia del presidente Orsi y de varios ministros. Dijo que vio al ministro Carlos Negro “muy solo” e incluso sugirió que “le estaban soltando la mano”. Añadió que Negro se retiró antes del cierre del evento, algo que calificó como “curioso”.


La Mesa Política del Frente Amplio (FA) analizó este lunes dos informes jurídicos sobre la situación del senador colorado Andrés Ojeda, quien a fines de octubre pidió, como abogado, el reexamen de una causa ante la Fiscalía. El punto en discusión es si violó el artículo 124 de la Constitución, que prohíbe a los legisladores tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la administración, incluidos los servicios descentralizados, como es la Fiscalía desde 2015. La sanción prevista es la pérdida inmediata de la banca.

Uno de los informes fue elaborado por el constitucionalista José Korzeniak y, según adelantó La Diaria, concluye que Ojeda debería perder su escaño; además, sugiere que la Cámara de Senadores puede disponerlo por mayoría simple, mediante una resolución administrativa. El otro informe fue redactado por el constitucionalista Luis Fleitas. 

Según el presidente del FA, Fernando Pereira, ambos estudios son “densos” en el análisis del artículo 124, pero coinciden en un punto central: que Ojeda violó la Constitución.

“Claramente se encuentra que violó la Constitución de la República y que en este artículo queda determinada la pena, que es la pérdida de la banca parlamentaria. Los pasos a seguir es reunirnos con la bancada de senadores para efectivamente tratar el tema en forma conjunta el Senado de la República, la mesa política del Frente Amplio, intercambiar con los diputados y de alguna manera ir construyendo, además de de los informes jurídicos, una posición común respecto a un tema que delicado y que queremos también escuchar la opinión del resto de los partidos. La nuestra parece ser clara en relación a los informes que hemos recibido, pero tampoco nos vamos a precipitar a tomar una decisión política sin conocer la opinión de actores sustanciales de la política como lo son el Senado de la República y la Cámara de Diputados”.

El dirigente aclaró que ahora el oficialismo debe definir “cuál sería el instrumento” para hacer efectiva esa sanción y de qué manera debe actuar la Cámara de Senadores.

La Mesa Política resolvió analizar el tema junto con la bancada de senadores frenteamplistas, que también solicitó sus propios informes jurídicos, y consultar la posición del resto de los partidos. Pereira remarcó que se trata de un asunto “delicado”, que exige decisiones “responsables” y ajustadas a la Constitución. Por eso, insistió en que el FA no se va a “precipitar” y que buscará una salida que combine el cumplimiento estricto de las normas con la tradición republicana que la fuerza política dice defender.


En tanto, el abogado y exdiputado colorado Ope Pasquet cuestionó el informe de José Korzeniak y afirmó que la tesis del constitucionalista es “un disparate” y “peligrosa para la salud democrática”. En un posteo en sus redes sociales, Pasquet indicó que el artículo 124 no especifica qué órgano debe actuar y discrepó con la idea de que el Senado pueda declarar por mayoría simple la pérdida de la banca de un legislador.

Pasquet también rechazó que no sea necesario aplicar el artículo 115, que exige dos tercios para corregir o suspender a un parlamentario. Según advirtió, aceptar la tesis de Korzeniak habilitaría que una mayoría circunstancial expulsara a sus adversarios políticos.

El exlegislador sostuvo que la Suprema Corte de Justicia debería ser la encargada de decidir si hubo violación constitucional y afirmó: “Que sean los jueces, y no los políticos, los que determinen si un dirigente debe perder su cargo. El Poder Judicial es el guardián de la Constitución y la mayor garantía de los derechos de todos”.


La Mesa Política del Frente Amplio (FA) volvió a pronunciarse sobre la situación en Venezuela, en medio de las amenazas militares del presidente estadounidense Donald Trump y de ataques a embarcaciones civiles en el Caribe. En un comunicado divulgado el lunes, la coalición de izquierdas sostuvo que la ofensiva de Washington alcanzó “un nivel de gravedad sin precedentes” y reactivó la lógica de la Doctrina Monroe como mecanismo de dominación en América Latina.

La fuerza política advirtió que el despliegue militar compromete la soberanía de Venezuela y también la de Colombia, y cuestionó que se utilice el argumento antidrogas como justificación. Además, consideró “de extrema gravedad” el cierre del espacio aéreo venezolano y el uso de fuerza letal extraterritorial contra embarcaciones civiles.

En su declaración, el FA reivindicó el diálogo como única vía para resolver conflictos, rechazó cualquier intento de invasión y exigió el retiro inmediato de las tropas estadounidenses. 

La Cancillería uruguaya no se ha pronunciado formalmente, aunque el ministro Mario Lubetkin llamó a preservar la paz en la región.


El Partido Colorado (PC) pidió al gobierno que reactive de inmediato el convenio firmado en el período pasado entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la Universidad Hebrea de Jerusalén, cuya suspensión —afirmó— respondió a circunstancias geopolíticas ajenas al interés nacional. El planteo surge tras una visita de legisladores colorados a Israel, donde se reunieron con autoridades académicas y verificaron el valor estratégico del acuerdo.

En un comunicado emitido ayer, el PC subraya que Israel es una potencia mundial en innovación y que la Universidad Hebrea es un centro de referencia en investigación científica y transferencia tecnológica. Retomar el convenio, señalan, permitiría a investigadores y emprendedores uruguayos acceder a uno de los polos de conocimiento más avanzados del mundo.

El convenio entre la ANII y la Universidad Hebrea de Jerusalén fue suspendido en agosto de este año. El gobierno argumentó que, debido al agravamiento del conflicto en Medio Oriente y a las acciones militares de Israel en Gaza, no era el momento adecuado para mantener vigente ese acuerdo.


MÁS NOTICIAS DEL PANORAMA NACIONAL

Los cambios introducidos en el Senado al proyecto de ley de Presupuesto no fueron acompañados ayer en comisión de la Cámara de Diputados por los legisladores del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente. 

El futuro de esas modificaciones depende de lo que suceda en el plenario de la cámara baja, que sesionará hoy. 

El Partido Nacional definirá esta mañana qué postura tomará en esa votación, luego de recibir planteos como el del Herrerismo que anunció que no acompañará la iniciativa. 

Ayer, el diputado nacionalista Federico Casaretto explicó por qué no votaron en comisión los cambios introducidos en el Senado: 

"Nosotros entendemos que lo que ha venido del Senado en este momento; por ejemplo, modificaciones al tema impositivo donde el Partido Nacional dijo muy claramente que no iba a votar aumento de impuestos. Si nosotros terminamos votando estas modificaciones, estamos terminando de convalidar algo que nosotros no estábamos de acuerdo. Junto con eso está también el sector de la DGI que tiene una especie de Gran Hermano. Está además el tema de retroceso en materia de discapacidad. Está el aumento a 250.000 pesos de sueldo al funcionario del Ministerio del Interior que fue el responsable de todas las pérdidas que está teniendo el Uruguay respecto al error de los pasaportes que todos recordaremos. Entonces, estas cosas han hecho, lamentablemente, retroceder todo un proyecto que había sufrido mejoras sustanciales después del debate en la Cámara de Diputados. Así que eso es lo que ha motivado, no solo nuestra posición, sino también la del Partido Colorado y la del Partido Independiente que también se han opuesto a estas modificaciones".

Pero en filas blancas hay otras posturas. El senador blanco Sergio Botana, de Alianza País, dijo en diálogo con Canal 12 de Melo que le “extrañó bastante que el Herrerismo se ponga en contra de la creación del nuevo aeropuerto de Rocha, el combate a la garrapata, los baños de aspersión, la buena utilización de los fondos de sanidad ganadera”.

“Es feo que el Herrerismo se ponga en contra de que Presidencia de la República dé informes, que es un gran avance de este presupuesto, que se ponga en contra de los diez artículos que conseguimos por el tema de la discapacidad y que se ponga en contra de toda la plata que conseguimos para que la Universidad de la República y la UTEC [Universidad Tecnológica] sigan desarrollando su trabajo en el interior”. 

En tanto, Vamos Uruguay, el sector colorado liderado por Pedro Bordaberry, votará dividido hoy, dado que algunos legisladores acompañan la iniciativa y otros, como Conrado Rodríguez y Gabriel Gurméndez, no.

En diálogo con La Diaria, Rodríguez defendió su negativa porque, en la medida en que se votan todas las modificaciones juntas en un solo acto, sin poderse distinguir los artículos, eso “condiciona”, ya que hay cambios con los que están de acuerdo, pero hay otros con los que no. 


El oficialismo se reunió ayer en el Palacio Legislativo para preparar la interpelación del miércoles a la ministra de Defensa, Sandra Lazo. La convocatoria fue presentada por el senador nacionalista Javier García, quien exige explicaciones sobre la decisión del gobierno de denunciar el contrato firmado en el período pasado con el astillero español Cardama para construir dos patrullas oceánicas para la Armada Nacional.

En el encuentro —del que participaron la bancada de senadores del Frente Amplio, Lazo y el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz— se ajustaron las intervenciones y los contenidos que el oficialismo presentará en sala. Según supo La Diaria, Lazo abrirá con una exposición breve centrada en el hallazgo de la garantía irregular de EuroCommerce y en los fundamentos que llevaron al gobierno a iniciar el camino hacia la rescisión del contrato.

Las fuentes señalaron que uno de los énfasis será “no entrar en el barro”, bajo el argumento de que el oficialismo cuenta con elementos suficientes para sostener que el acuerdo fue inconveniente. También se manejó la posibilidad de presentar avances de la investigación administrativa realizada en el Ministerio de Defensa, aunque aún se evalúa si los procedimientos permiten divulgarlos en esta instancia.

En el Frente Amplio aseguran que la interpelación podría “volver contra García”, ya que fue él quien firmó el contrato con Cardama durante su gestión como ministro de Defensa. Los participantes de la reunión se retiraron sin hacer declaraciones tras casi dos horas de trabajo.


El último reporte de los inspectores de la Armada Nacional que controlan en Vigo la marcha de la construcción de las patrullas oceánicas encargadas a Cardama da cuenta de atrasos y posibles demoras. 

Según el documento fechado el 5 de diciembre al que accedió El Observador, se ensamblaron 16 de los 27 bloques previstos para esta fecha. Los oficiales uruguayos también informaron al Ministerio de Defensa que las empresas subcontratadas han disminuido la cantidad de personal y que no se han colocado nuevos módulos en el buque durante las últimas cuatro semanas. 

A los atrasos en el ensamblaje se suma un cambio en la situación de los motores principales, cuyo suministro se había encargado a Caterpillar. Originalmente listos en fábrica, los inspectores reportaron que "ya no es así", lo que generará nuevas fechas de cumplimiento. La colocación de estos motores en enero de 2026 era el siguiente hito y habilitaba el pago de otro 20% del valor del primer buque. Además, Cardama se niega a proporcionar el acceso a la planificación general del proyecto a los inspectores hasta que no se aclare la decisión del gobierno uruguayo de avanzar hacia la rescisión del contrato.


El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, afirmó que no hay ningún proceso de mediación con el astillero español Cardama y que el gobierno avanza en los actos jurídicos ordenados por el presidente Orsi para resolver el contrato de las dos patrullas oceánicas. 

En entrevista con De no olvidar (Topic Media), explicó que hubo un intento de acercamiento a través del abogado Gonzalo Fernández, mandatado por la empresa, pero “la propuesta no permitió avanzar”. Aun así, dijo que el Ejecutivo sigue “abierto, pero activo”, sin una mediación formal en curso.

Díaz recordó que el gobierno inició en octubre el proceso de rescisión tras comprobar que la garantía presentada por Cardama provenía de EuroCommerce, una firma en liquidación que calificó como “una empresa de papel”. El caso motivó una denuncia penal por presunto fraude, que luego se amplió por una posible falsificación de documentos. El jerarca insistió en que se ejecuta un plan legal para cumplir lo dispuesto por Orsi y “resolver una situación altamente perjudicial para el país”.


La comisión parlamentaria encargada de proponer al nuevo comisionado penitenciario no logró el consenso necesario. Según informó la senadora frenteamplista Bettiana Díaz, el domingo se analizaron todos los perfiles presentados, pero ninguno alcanzó los tres quintos requeridos para ser elevado a la Asamblea General. El cargo está vacante desde setiembre, tras la renuncia de Juan Miguel Petit.

Díaz explicó que la ley exige un respaldo amplio para garantizar solidez política, algo que aún no se ha logrado, aunque algunos candidatos —como el experto Pablo Galain y el exdirector de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Ariel Sánchez— concitaron más apoyos. Ahora comienza una ronda de negociaciones antes de que la Asamblea General tome una decisión.

La senadora reconoció que la falta de acuerdo resulta contradictoria dado el peso que tuvo el tema penitenciario en la campaña electoral. Advirtió además que la situación refleja problemas de conducción en la oposición y, mientras tanto, recarga de responsabilidades a los equipos técnicos que hoy mantienen el monitoreo del sistema.


La última encuesta de Equipos Consultores muestra un escenario completamente dividido sobre el desempeño del presidente Yamandú Orsi: lo aprueba un 36% y lo desaprueba otro 36%, mientras que ni lo aprueba ni lo desaprueba el 25% y dijo no saber o no querer contestar un 3%. La aprobación se mantiene igual que en la medición anterior, mientras que la desaprobación continúa en ascenso desde el inicio del período, acumulando cuatro puntos más que en la encuesta previa. Aun así, la imagen personal de Orsi sigue ubicada 10 puntos por encima de su evaluación de gestión.

Según el estudio divulgado anoche en Subrayado, las opiniones se distribuyen de forma homogénea en todo el país, pero no así entre los distintos niveles socioeconómicos: Orsi registra saldo negativo entre los sectores medios y altos, y positivo entre los segmentos medio bajos y bajos. En términos políticos, conserva un respaldo amplio dentro de su electorado frenteamplista (+47), mientras enfrenta un fuerte rechazo entre los votantes opositores (-48), donde la desaprobación se ha incrementado de manera sostenida a lo largo del año.

En perspectiva histórica, Orsi se ubica en una posición intermedia al cumplir su primer año de gobierno, con niveles de aprobación similares a los del segundo mandato de Tabaré Vázquez en 2015. La encuesta —realizada entre el 18 de noviembre y el 2 de diciembre, con 1.109 casos y un margen de error de ±2,9%— confirma además un patrón que ya se vio en administraciones frenteamplistas anteriores: la imagen personal del presidente supera con holgura la evaluación de su desempeño.


La Unión de Sindicatos Policiales (USIP) envió una carta abierta al presidente Yamandú Orsi para reclamar que el personal ejecutivo del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) sea incluido en la compensación por insalubridad creada en el presupuesto. La partida, de 20 millones de pesos anuales, abarca a operadores y técnicos, pero excluye a unos 2.500 policías que —según el gremio— trabajan en las mismas condiciones y cumplen tareas similares.

Los sindicatos denuncian una decisión “sin fundamento técnico”, que vulnera el principio de igualdad y puede generar fracturas internas en el INR. El dirigente del SUPU Ricardo González recordó que los policías “sostienen las cárceles día a día” en condiciones difíciles y con fuertes recargos.

La USIP pidió una reunión urgente con Orsi y la revisión de la medida, que además trabó la negociación en el Consejo de Salarios del sector, donde también se discuten sueldos, vivienda y salud mental.


El Banco República inicia hoy la atención presencial, con horario extendido, en sus 130 sucursales para solicitar o renovar los préstamos para pasivos. La campaña, que cumple 20 años, ya superó los 100.000 trámites y el BROU estima que llegará a 140.000 beneficiarios. Este año la tasa tendrá una bonificación adicional y quedará en torno al 20% anual en pesos.

Los préstamos pueden gestionarse por eBROU —con tasa bonificada—, en forma presencial o, para quienes cobran menos de 30.000 pesos nominales, también por teléfono o WhatsApp hasta el 22 de diciembre. En esa modalidad el monto máximo es de 150.000 pesos.

La atención en sucursales será por dígito verificador de la cédula y en fechas escalonadas, tanto para quienes cobran su pasividad en el BROU como para quienes no. La campaña se extiende hasta el 30 de diciembre.


El comunicador y humorista Gaspar Valverde murió este lunes en el sanatorio donde estaba internado en CTI tras sufrir una hemorragia intracraneal. El cuadro fue provocado por un sangrado grave en el espacio entre el cerebro y la membrana que lo recubre, posiblemente originado en un aneurisma.

Valverde, de larga trayectoria en televisión, teatro y streaming, tenía dos hijas de 17 y 14 años junto a la comunicadora Karina Vignola, con quien estuvo casado desde 2011 hasta 2022. La pareja se había conocido a comienzos de los 2000 trabajando en el programa de Omar Gutiérrez.

El artista acumulaba más de tres décadas de trabajo en medios y espectáculos, y su fallecimiento generó un fuerte impacto en el ambiente cultural y televisivo.


ECONOMÍA Y EMPRESAS

El canciller Mario Lubetkin firmó en Doha tres acuerdos de cooperación con Qatar. La suscripción de los documentos tuvo lugar durante el foro internacional que reunió el fin de semana a líderes y especialistas para debatir sobre paz, estabilidad, innovación y desarrollo económico. Lubetkin viajó acompañado por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

Los convenios apuntan a promover inversiones, evitar la doble imposición y fortalecer la cooperación en agricultura y seguridad alimentaria. La Cancillería destacó que estos instrumentos buscan facilitar la llegada de capital qatarí, evitar cargas tributarias duplicadas y abrir nuevas oportunidades de intercambio técnico y comercial.

En declaraciones a MVD Noticias, el ministro subrayó la importancia de estos acuerdos y remarcó que brindar garantías es clave para atraer a “grandes países actores de inversiones” interesados en operar en Uruguay.


El presidente Yamandú Orsi recibió este lunes, junto a los ministros Gabriel Oddone y Alfredo Fratti, a representantes de una empresa francesa que evalúa instalar en Uruguay una planta de cebada y maltería. Según Fratti, la firma está en una etapa de “tanteo” y analiza ubicarse cerca de Montevideo o Nueva Palmira, con el objetivo de exportar a Brasil.

La compañía planea volúmenes de 200.000 a 300.000 toneladas y estima que el proyecto podría generar unos 80 empleos directos. Entre las dudas aparecen los costos logísticos y los beneficios impositivos. Es una empresa con presencia en 20 países y la inversión sería de varios millones de dólares.

Fratti aclaró que las conversaciones son preliminares. El Ministerio de Ganadería aportará ahora información técnica sobre los suelos a través de Opypa, mientras la firma sigue evaluando si avanza.


Uruguay podría sumar un nuevo proyecto industrial de gran porte en 2027. Un grupo inversor liderado por el empresario Ignacio Genta planea instalar una planta integrada de celulosa y papel tissue en el centro del país, con una inversión estimada en 800 millones de dólares. Según dijo Genta a Forbes Uruguay, la idea es producir 144.000 toneladas anuales de papel a partir de celulosa elaborada en la misma planta, para abastecer al mercado regional y exportar.

El proyecto —presentado a autoridades de los ministerios de Industria y Economía— mantiene bajo reserva la ubicación exacta, pero apunta a instalarse en un predio con acceso a agua y buena logística. La planta incluye dos máquinas de doble ancho y apunta a cubrir una demanda regional que hoy Uruguay no abastece, con Argentina como destino principal. La construcción podría comenzar en 2027 y generar unos 700 empleos directos, además de cientos de puestos en obras.

Si avanza, la facturación por exportaciones podría rondar los 144 millones de dólares anuales, con mercados potenciales en toda la región y también en el Caribe, Centroamérica y Estados Unidos. El gobierno analiza declararlo proyecto de interés nacional, aunque aún resta completar estudios ambientales, de ingeniería y factibilidad antes de tomar una decisión


En el mercado local, el dólar ayer subió, en esta ocasión 0,31%. El interbancario fondo operó en promedio a $39,178.

En lo que va del año 2025, el dólar lleva una baja acumulada de 11,09% (comparando la cotización del viernes en relación a la última de 2024)

En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $38,05 para la compra y $40,45 para la venta. 

En Brasil, la divisa estadounidense subió y cerró ayer en R$ 5,425. 

En tanto, en Argentina, no hubo operativa cambiaria el lunes porque se conmemoró el Día de la Inmaculada Concepción de María. El viernes, el dólar oficial se había situado en AR$ 1.437,00. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) había cotizado en AR$ 1425,00.

El Euro bajó ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$1,1637.

El precio en tiempo real de Bitcoin es de U$S 90.352,29. En los últimos 30 días el Bitcoin tuvo una baja de 11,50% (comparando la cotización de hoy en relación a la misma fecha del mes pasado).

El Bitcoin alcanzó su valor récord el 5 de octubre de 2025, dónde cotizó a U$S 126.198,07, impulsado por la valorización de las acciones estadounidenses y la cautela de los inversionistas sobre la parálisis presupuestaria del gobierno en Estados Unidos.


OTRAS NOTICIAS

La Policía investiga si en Juan Soler, San José, funcionaba un laboratorio clandestino de hachís, algo que sería inédito en Uruguay. En varios allanamientos en San José y Canelones se incautaron miles de plantines de marihuana y materiales para extraer resina con gas butano, un indicio de producción local.

Cuatro personas fueron detenidas, dos uruguayos y dos brasileños, un dato que llamó la atención porque este año ya hubo grandes incautaciones de hachís con destino a Brasil y con brasileños involucrados. Los detenidos afirman que elaboraban aceite de cannabis sin autorización.

El Instituto Técnico Forense analiza ahora el nivel de THC para determinar si se trata de hachís. Según el ministro del Interior, Carlos Negro, es una investigación que se sigue desde hace meses por la posible importación de precursores. El resultado del peritaje definirá la situación de los sospechosos.


Murió ayer el hombre que el domingo asesinó a su expareja, Natalia Barbat, en una estación de servicio de la ruta 8, en Treinta y Tres. La maestra de 45 años llegó al lugar pidiendo ayuda mientras era perseguida por el agresor, que ingresó armado al local y la encerró en una habitación. Cuando la Policía arribó se escucharon dos detonaciones: ella murió en el acto y él quedó gravemente herido tras intentar suicidarse.

El atacante, de 53 años, fue trasladado al hospital y permaneció varias horas internado con custodia policial, hasta que falleció en la mañana del lunes. Tenía antecedentes de violencia doméstica y había usado tobillera electrónica hasta octubre, cuando cesaron las medidas judiciales. Desde entonces no se habían registrado nuevas denuncias.

La Escuela Nº 25, donde trabajaba Barbat, no impartió clases ayer. Este martes, un equipo de Escuelas Disfrutables concurrirá al centro para acompañar el duelo de docentes y alumnos. La Federación Uruguaya de Magisterio y la Asociación de Maestros de Treinta y Tres expresaron su solidaridad con la comunidad educativa. Además, el colectivo feminista Ana Yacobazzo convocó a una movilización ayer en Treinta y Tres para repudiar el femicidio.


INTERNACIONALES

En Honduras, el candidato derechista Nasry Asfura, respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump, encabezaba el recuento de votos de las elecciones presidenciales, horas después de que se reanudara el escrutinio tras permanecer dos días paralizado.

Con un 98% de las actas contabilizadas, Asfura, un empresario de 67 años, sumaba 40,57% de los votos frente a 39,10% del derechista Salvador Nasralla, un presentador de televisión de 72 años y representante del Partido Liberal (PL).

En un distante tercer lugar de la contienda a una vuelta, figura la candidata del gobernante partido Libre, Rixi Moncada.

El escrutinio se había paralizado el viernes, en medio de la expectativa de los contendientes y denuncias de "fraude".

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, publicó en redes que "después de realizarse las acciones técnicas (acompañadas de auditoría externa) los datos ya están actualizándose".

Sin embargo, la proclamación del ganador puede tardar más porque cuando se termine el escrutinio se revisarán más de 2.700 de las 19.000 actas que presentaron "inconsistencias".

Hall atribuyó el atraso a problemas técnicos de la empresa colombiana que contrataron para el escrutinio. 


El candidato derechista Salvador Nasralla denunció un "robo" en las elecciones presidenciales de Honduras a favor de su rival conservador Nasry Asfura.

Nasralla lanzó su acusación cuando el escrutinio está por concluir y Asfura lo aventaja por poco más de un punto porcentual.

"Esto es un robo", escribió Nasralla en redes, al denunciar una manipulación del sistema informático que, según él, colapsó nuevamente este lunes cuando ingresaban datos que supuestamente lo favorecían. 


Estados Unidos aseguró que "no hay ninguna evidencia creíble" que indique que la elección deba ser anulada, declaró un portavoz del Departamento de Estado norteamericano.

"La voluntad del pueblo hondureño fue un repudio a la gestión del gobierno por parte del partido Libre" declaró un portavoz del Departamento de Estado a la AFP, bajo anonimato.

"Las elecciones fueron monitoreadas de cerca por la OEA, la UE y observadores nacionales", recordó el portavoz.

El partido Libre pidió "la nulidad total" de las elecciones y convocó a "movilizaciones", "protestas" y "paros", a la vez que llamó a los funcionarios gubernamentales a no cooperar con la transición de gobierno. 


El fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, solicitó a la Agencia Técnica de Investigación Criminal y a organismos internacionales, incluida Interpol, ejecutar una orden de captura internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández, quien la semana pasada fue indultado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Informo al pueblo hondureño que he instruido a la ATIC (Agencia Técnica de Investigación Criminal) y también exhorto a los organismos de seguridad del Estado y a nuestros aliados internacionales, como ser la INTERPOL, a ejecutar la orden de captura internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández, acusado por los delitos de lavado de activos y fraude”, dijo Zelaya en un mensaje publicado en sus redes.

La medida, según Zelaya, se produce en el marco del denominado “caso Pandora II”, en el que Hernández está acusado de lavado de activos y fraude.

Trump le concedió días atrás un indulto total e incondicional, lo que lo liberó de una condena de 45 años de prisión por narcotráfico en Nueva York.


OTROS TEMAS INTERNACIONALES

El presidente Donald Trump anunció que llegó a un acuerdo con su homólogo chino, Xi Jinping, para permitir que el gigante estadounidense Nvidia exporte semiconductores de inteligencia artificial avanzada a China.

La resolución marca un cambio significativo en la política estadounidense de exportación de chips de IA avanzada, que el gobierno del antecesor de Trump, Joe Biden, había restringido considerablemente por motivos de seguridad nacional relacionados con las aplicaciones militares chinas.

Trump afirmó haber comunicado a Xi que Washington autorizaría a Nvidia a enviar sus unidades de procesamiento gráfico (GPU) H200 a "clientes aprobados en China y otros países, bajo condiciones que permitan una sólida seguridad nacional".

"¡El presidente Xi respondió positivamente! El 25% se pagará a Estados Unidos", escribió Trump, sin proporcionar más detalles sobre el funcionamiento del mecanismo de pago. 


Los países de la Unión Europea aprobaron un endurecimiento de sus normas migratorias que permitirán la creación de "centros de retorno" fuera del bloque, en un contexto de auge de la derecha y la extrema derecha.

Las medidas, presentadas inicialmente por la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, buscan endurecer el control de las llegadas y las expulsiones de migrantes.

Reunidos ayer en Bruselas, los ministros del Interior de los 27 Estados miembros dieron el primer paso para aprobarlas, pero antes de entrar en vigor deberán ser ratificadas por el Parlamento Europeo.

Además de la apertura de centros fuera de las fronteras de la UE donde se enviaría a los migrantes cuya solicitud de asilo haya sido rechazada, el paquete contempla sanciones más severas contra quienes se nieguen a abandonar el territorio europeo.

A esto se suma la posibilidad de enviar a los migrantes a países que no sean sus naciones de origen, pero que Europa considere "seguros".

Las propuestas desataron la indignación de la izquierda y de las organizaciones que defienden a los exiliados, quienes denuncian que se trata de medidas que vulneran los derechos humanos.

España no cree que los "centros de retorno" sean efectivos, después de varios ensayos fallidos en otros países, mientras que Francia cuestiona la legalidad y eficacia de ciertas propuestas.


En Londres, los principales aliados europeos de Ucrania mostraron su respaldo a Volodimir Zelenski, tras las críticas que recibió de Donald Trump, y expresaron escepticismo sobre detalles del plan estadounidense para terminar la guerra con Rusia.

El presidente ucraniano se reunió durante unas dos horas con los dirigentes de Reino Unido, Alemania y Francia, después que Trump lo acusara de no haber leído la propuesta estadounidense para poner fin al conflicto.

El primer ministro británico, Keir Starmer, recibió en Downing Street al mandatario ucraniano, al canciller alemán, Friedrich Merz, y al presidente francés, Emmanuel Macron, para avanzar hacia el fin de la guerra.

Los aliados de Zelenski se reunieron después de que representantes de Ucrania y Estados Unidos negociaran durante varios días en Miami, sin lograr un avance en las conversaciones.

Antes del inicio de la reunión de este lunes, Merz expresó su escepticismo sobre "algunos detalles" de las propuestas estadounidenses.

"Soy escéptico respecto a algunos detalles que vemos en los documentos procedentes de Estados Unidos, pero debemos debatirlos. Por eso estamos aquí", declaró.

Por su parte, Macron señaló que "el problema principal es lograr una convergencia" entre las posiciones comunes de los aliados europeos, Ucrania y Estados Unidos.


El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó  que el gobierno de Kiev no tiene el derecho "legal" ni "moral" de ceder territorios ucranianos a Rusia, una cuestión central de las negociaciones en curso del plan para terminar el conflicto impulsado por Estados Unidos.

"¿Nos planteamos ceder territorios? No tenemos ningún derecho legal para hacerlo, en virtud de la legislación ucraniana, nuestra Constitución y el derecho internacional. Y tampoco tenemos ningún derecho moral", declaró el presidente en una rueda de prensa online. 


En Francia, un estudio para evaluar el impacto a largo plazo en la mortalidad de las vacunas de ARNmensajero contra el covid-19 reveló que las personas vacunadas tenían un 25% menos de riesgo de muerte por cualquier causa en comparación con las no vacunadas.

El trabajo, publicado en «JAMA Network Open», fue dirigido por un equipo de epidemiólogos franceses y es el más extenso hasta la fecha: siguió a 28,7 millones de adultos.

El monitoreo se realizó durante cuatro años a personas de entre 18 y 59. 

Los autores del trabajo ajustaron los factores sociales y de salud, y descubrieron que las personas vacunadas mostraron sistemáticamente una mortalidad entre un 10% y un 40% menor en categorías como el cáncer y las enfermedades cardiovasculares.

La reducción de las infecciones graves llevó a menos complicaciones a largo plazo, como infartos y accidentes cerebrovasculares, y una mejor salud basal entre los vacunados debido a un mayor nivel socioeconómico y acceso a la atención médica. 

En el estudio se incluyó 22,7 millones de personas vacunadas y 5,9 millones de personas no vacunadas. 

Las personas vacunadas tuvieron un riesgo 74% menor de muerte por covid-19 grave y ningún riesgo mayor de mortalidad por cualquier causa durante un seguimiento medio de 45 meses.

Los primeros datos de los primeros seis meses tras la vacunación mostraron una tasa de mortalidad un 29% menor, lo que refuerza el perfil de seguridad inmediato de la vacuna.


El presidente Donald Trump amenazó con imponer nuevos aranceles a los productos de México si ese país no suministra más agua a Estados Unidos en virtud de un acuerdo bilateral de distribución. 

Trump acusó a México de violar un tratado de 1944 según el cual Estados Unidos comparte agua del río Colorado a cambio de agua del río Bravo, que atraviesa la frontera común, de 3.150 kilómetros.

"México sigue violando nuestro tratado integral sobre el agua", escribió Trump en su plataforma Truth Social, al llamar al vecino país a proporcionar más de 200 millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos para finales de año, o enfrentar un arancel adicional de 5% sobre los productos mexicanos.

El tratado obliga a Estados Unidos a enviar cada año 1.850 millones de metros cúbicos de agua del río Colorado (oeste) a México.

A su vez México debe enviar a Estados Unidos 432 millones de metros cúbicos de agua del Río Bravo (este), llamado Río Grande del lado estadounidense.

Pero México está retrasado con su compromiso y acumula un déficit de más de 1.000 millones de metros cúbicos en los últimos cinco años, según Washington. 


El presidente Donald Trump anunció un paquete de ayuda de 12.000 millones de dólares para los agricultores estadounidenses, dirigido a una base de apoyo político clave que se ha visto afectada por las consecuencias de sus políticas comerciales y arancelarias.

Durante una mesa redonda con productores agrícolas en la Casa Blanca, el republicano afirmó que estaba tomando "medidas vitales para proteger y defender a los agricultores estadounidenses".

Trump afirmó que parte del dinero que está recaudando Estados Unidos por aranceles será destinada a los agricultores.

“Lo que estamos haciendo es quedarnos con una parte relativamente pequeña de eso y vamos a proporcionar ayuda económica a los agricultores Y queremos nuestros agricultores. Y como sabes a los agricultores les caigo bien porque se basan en las tendencias de voto, podrías llamarlo tendencia de voto o cualquier otra cosa.Pero son gente estupenda. Son la columna vertebral de nuestro país”.


El expresidente ecuatoriano Lenín Moreno fue llamado a juicio por presuntamente beneficiarse de sobornos, en un caso que salpica a su familia y a un exembajador de China, informó la Fiscalía general.

Moreno, comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para Asuntos de Discapacidad con sede en Paraguay desde 2021, será procesado en ausencia por supuesto cohecho por la justicia de su país, lo que es permitido por la ley nacional.

El exmandatario que también fue vicepresidente del socialista Rafael Correa, participó de una presunta red de corrupción que operó desde 2009 hasta 2018 en torno a la construcción de la mayor central hidroeléctrica de Ecuador

Un magistrado de la suprema Corte Nacional de Justicia llamó a Moreno a juicio como autor directo de ese delito, así como a tres ciudadanos chinos, uno de ellos exembajador en Quito y dos exrepresentantes de la constructora Sinohydro de esa nación.

La esposa, una hija y dos hermanos del exgobernante serán procesados como cómplices. 


En Cuba, el exministro de Economía Alejandro Gil fue condenado en primera instancia a cadena perpetua por espionaje y otros delitos económicos, informó el Tribunal Supremo Popular.

"El Tribunal le impuso la sanción conjunta a cumplir de privación perpetua de libertad", al "considerarlo responsable de los delitos de espionaje" y de "actos en perjuicio de la actividad económica", señaló el  máximo órgano judicial de la isla en un comunicado publicado en su página de internet.

Al igual que sucedió cuando Gil fue imputado a comienzos de noviembre, la corte suprema no precisa en su comunicado para qué país o entidad se llevaron a cabo los actos de espionaje ni ofreció detalles de los delitos económicos.

Durante el proceso, Gil fue encontrado culpable de "cohecho, sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial y violación de los sellos oficiales e infracción de las normas de protección de documentos clasificados.

Gil, de 61 años y quien ocupó la cartera de Economía entre 2018 y 2024, era conocido por su cercanía al presidente Miguel Díaz-Canel. 


El presidente de Argentina, Javier Milei, partió ayer a Noruega para asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

El mandatario regresará a Buenos Aires el jueves 11, según la agenda oficial que divulgó la presidencia.

Milei llegará a Oslo el martes y tras asistir a la ceremonia de premiación el miércoles, será recibido por el rey de Noruega Harald V. Luego se reunirá con el primer ministro, Jonas Gahr Store.

"Argentina, del lado de la Libertad y la Democracia, acompañando a @MariaCorinaYA en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Oslo", escribió el canciller argentino, Pablo Quirno, al confirmar la asistencia del mandatario argentino a la premiación.

El viaje de Milei coincide con la asunción el miércoles 10 de los nuevos diputados y senadores en el marco del recambio legislativo argentino de mitad de mandato en el que el oficialismo fortaleció su presencia en el Congreso.


La familia de María Corina Machado y los primeros jefes de Estado llegaron a Oslo en vísperas de la entrega del Nobel de la Paz que reconoce la lucha de la líder opositora venezolana, que confirmó su presencia pese a que vive en la clandestinidad.

La figura, que encarna la oposición al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, está en paradero desconocido y su participación en la ceremonia generaba expectativa.

El Instituto del Nobel confirmó el sábado que Machado participará en la ceremonia en Oslo el miércoles 10 de diciembre y está prevista hoy una conferencia de prensa con la premiada en el Instituto del Nobel.

La madre de Machado afirmó el lunes a AFP desde el aeropuerto de Oslo que espera que su hija acuda a la capital noruega para recoger el premio. 

El Comité Noruego del Nobel anunció el 10 de octubre que le otorgaba el galardón de 2025 a Machado "por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia". 


El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo desconocer detalles sobre el viaje a Oslo de la líder opositora María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, en la clandestinidad desde hace más de un año.

"Con respecto a Oslo, no sé, nosotros de eso no sabemos nada, no participamos en esa subasta, es una subasta, el mejor postor agarre", ironizó al ser consultado sobre informaciones que indican la asistencia de Machado a la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz.

El mismo día de la premiación a Machado el chavismo se manifestará en Caracas. "Aquí lo que te digo es que el 10 tenemos una gran marcha (…) Ese día 10 de diciembre estaremos nosotros marchando y recordando la última proclama del Libertador", anunció Cabello. 


En Bolivia, dos manifestantes murieron por impactos de bala en el marco de una protesta que bloquea el acceso a un botadero de basura en el departamento de Cochabamba, en el centro del país.

Desde hace 12 días, la basura se acumula en la pequeña ciudad de Colcapirhua, de 66.000 habitantes, donde un grupo de manifestantes interrumpe el acceso a un depósito municipal de desechos.

Medios locales informaron que un gremio de campesinos que vive en las proximidades exige la delimitación de las fronteras del basural, pues se verían afectados por su expansión.

En la mañana de ayer se desató un enfrentamiento entre los manifestantes y funcionarios municipales para ingresar al botadero, en el que luego intervino la policía con gases lacrimógenos y efectuó arrestos.

"Tenemos que informarles que hubo dos fallecidos", dijo a la prensa el médico Julio César Orozco, director del hospital que los recibió en Cochabamba.

Los cadáveres son de dos hombres, de 38 y 47 años, y presentan heridas de proyectil de arma de fuego en el tórax, agregó.

Ni la policía ni la fiscalía se han pronunciado sobre las circunstancias que rodearon la muerte de los manifestantes.


En Brasil, la Policía Civil detuvo ayer en San Pablo a uno de los sospechosos del espectacular robo, producido el domingo, a la Biblioteca Mário de Andrade.

Fue un asalto de película: un grupo comando entró a la biblioteca -que es la segunda más grande del país y está en pleno centro-, redujo a un guardia y a unos turistas, y se llevó un botín cultural incalculable. Se robaron 13 obras originales: ocho grabados del francés Henri Matisse y cinco ilustraciones de Cándido Portinari, uno de los pintores más emblemáticos de Brasil.

La respuesta policial fue exprés. Gracias al sistema de cámaras de la ciudad, conocido como "Smart Sampa", las autoridades rastrearon la camioneta de la fuga y el lunes capturaron a uno de los ladrones en el barrio de Mooca. El detenido es Felipe dos Santos Fernandes Quadra, un hombre de 31 años que ya tenía antecedentes por robo y tráfico.

La noticia no fue del todo buena: aunque hay un detenido, las obras de arte todavía no aparecieron y hay un segundo delincuente prófugo. En el sector cultural hay mucha preocupación, porque esta misma biblioteca ya fue robada en 2006 y tardaron 18 años en recuperar aquellas piezas.

Un dato que marca la gravedad del asunto es que la Alcaldía ya pidió la intervención urgente de Interpol para blindar las fronteras, ante el temor de que estas piezas de Matisse y Portinari sean sacadas de Brasil para venderlas en el mercado negro internacional.

Mientras en San Pablo la policía corre para meter presos a los ladrones, en Río de Janeiro el parlamento votó para sacar a un diputado estatal de la cárcel.

El plenario de la Asamblea Legislativa de Río (la ALERJ) decidió revocar la prisión de su propio presidente, el diputado Rodrigo Bacellar.

Bacellar había sido detenido la semana pasada por orden de la Corte Suprema de Brasil, acusado de filtrar información de operativos policiales para avisarle a sus aliados. ¿Y quiénes son esos aliados? Puntualmente un ex diputado conocido como "TH Joias", que está vinculado al Comando Vermelho, la facción narco más grande de Río.

"Tenemos que cortar esos tentáculos, si no este parlamento será contaminado por el crimen organizado. Si no cortamos esos tentáculos… este parlamento será contaminado".

A pesar de las pruebas, los diputados votaron 42 a 21 a favor de soltarlo, cerrando filas para proteger a su líder. El debate en el recinto fue muy tenso, porque varios legisladores denunciaron que con esto el parlamento se rinde ante el crimen organizado.

El juez Alexandre de Moraes debe notificar a la Policía Federal sobre la decisión de soltar al diputado, pero puede imponer medidas cautelares que son prerrogativa exclusiva del juez.

(Marcelo Silva de Sousa, corresponsal desde Brasil)

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