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NACIONALES
El canciller Mario Lubetkin entregó ayer al Senado el texto autenticado del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. El documento, de casi 4.000 páginas y certificado por Paraguay —que ejerce la presidencia pro tempore del bloque—, marca el inicio formal del tratamiento legislativo en nuestro país.
Horas antes, la cámara alta aprobó la creación de una comisión integrada por 15 miembros, ocho del Frente Amplio y siete de la oposición. La integran, entre otros, Daniel Caggiani, Blanca Rodríguez, Andrés Ojeda, Pedro Bordaberry y José Luis Falero. El grupo comenzará a trabajar el martes 17 de febrero y ese mismo día recibirá al canciller.
La senadora Blanca Rodríguez, vicepresidenta en funciones, resaltó en conferencia de prensa que ahora se abre una etapa clave en el Parlamento, con participación de varios sectores.
“En el Senado votamos la creación de una comisión especial para tratar el acuerdo y recibir a diferentes delegaciones que quieren venir a manifestar sus reflexiones e inquietudes en relación a este acuerdo. Comenzamos a trabajar en semana de Carnaval, todos los días. Y comienza un proceso que pretendemos sea profundo y rápido”.
El senador nacionalista José Luis Falero, por su parte, expresó el “apoyo y respaldo” de la oposición al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y manifestó su confianza en que el Parlamento uruguayo sea el primero del bloque en aprobarlo.
“La oposición ha estado siempre acompañando este proceso. Es más, recuerdo cuando se firmó acá mismo, en la sede del Mercosur, este acuerdo con la Unión Europea: participó el entonces presidente electo, Yamandú Orsi, con el entonces presidente, Luis Lacalle Pou. Es un proceso que se viene trabajando desde hace muchos años. Por eso damos la certeza y nos complacemos de poder trabajar rápidamente”.
En tanto, el senador frenteamplista Daniel Caggiani detalló que la intención es aprobar el acuerdo antes de marzo, y puntualizó que el Parlamento solo puede ratificar o rechazar el texto, sin modificarlo.
Uruguay fue el último socio del Mercosur en enviar el texto al Parlamento. La ratificación permitiría avanzar en la aplicación provisional de la parte comercial, mientras la Unión Europea completa su propio proceso de validación.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social citará a BASF Services Americas para conocer los motivos de la reestructura que prepara la empresa y que, según trascendió, implica el despido de entre el 30% y el 40% de sus 1.200 trabajadores en Uruguay.
La directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, dijo a Subrayado que la cartera se enteró de la decisión por la prensa y que ahora buscará información oficial de la compañía.
“No tenemos información en profundidad, pero creo que es parte de las dinámicas que se están dando a nivel mundial en el trabajo. Lo que nos han dicho es que la empresa probablemente cierre sus operativas en Uruguay para instalarse en India, porque allí tiene ventajas competitivas, y que incluso va a retirar la operativa de otros países, que no es solamente un tema con Uruguay”.
Desde la empresa indicaron al diario El País que no se trata de que Uruguay sea caro en forma aislada, sino de un proceso de reorganización internacional. En las próximas horas se espera una comunicación oficial, luego de una instancia interna con el personal para explicar el alcance de la medida.
El presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, Amilcar Perea, afirmó a El País que la situación “no es un tema coyuntural” y advirtió que este tipo de empresas pueden relocalizarse rápidamente en mercados más competitivos. Recordó que BASF ya había manifestado preocupación por el aumento de costos medidos en euros y la caída del dólar.
En tanto, referentes empresariales señalaron a El Observador que el caso se da en un contexto de pérdida de competitividad. Leonardo García, de la Cámara de Industrias, mencionó el tipo de cambio, los costos energéticos y laborales, mientras que Julio César Lestido, de la Cámara de Comercio, insistió en la necesidad de reducir costos y simplificar trámites para sostener la actividad privada.
El senador colorado Robert Silva cuestionó al gobierno por la aplicación parcial del bono escolar en 2026 y afirmó que se trata de “una nueva promesa incumplida” por el Frente Amplio.
El bono es de 2.500 pesos por niño y comenzará a pagarse desde el 3 de marzo. Este año alcanzará a más de 170.000 estudiantes de educación inicial y primaria pública de los quintiles 1, 2 y 3. El plan oficial prevé ampliar la cobertura en 2027 al quintil 4 y llegar a la universalidad en 2028, incorporando también al quintil 5, para que todos los escolares públicos lo cobren al inicio de clases.
Este cronograma no coincide con anuncios previos de integrantes del oficialismo, así como lo planteado en el proyecto de Presupuesto de la propia ANEP, que preveían la universalidad ya para este año. La presidenta interina del Codicen, Elbia Pereira, explicó a El Observador que la aplicación gradual responde a razones de gestión presupuestal.
En rueda de prensa ayer, Robert Silva señaló que unos 130.000 alumnos de la escuela pública no recibirán el beneficio al inicio de clases, puso en duda la eficacia de la entrega directa de dinero y planteó interrogantes sobre la implementación de la medida.
“Está estudiado que la entrega directa de dinero es de los beneficios que menos le llega a los implicados. Existe evidencia nacional e internacional de ese tema. Yo quiero preguntar si se va a suprimir toda la entrega de útiles escolares, de túnicas, de capas, de botas que en la ANEP dábamos a quienes más lo necesitaban, y en la cantidad que lo dábamos. Primaria hizo un gran esfuerzo en ese sentido. ¿Esto sustituye eso o es complementario? ¿Cómo se va a verificar que efectivamente se beneficie a los niños?”.
Desde el oficialismo, el senador frenteamplista Sebastián Valdomir respondió que no hay ninguna “novedad”. En sus redes sociales indicó que la aplicación gradual ya estaba prevista en la exposición de motivos del proyecto de Presupuesto Quinquenal del Ejecutivo y que así fueron aprobados los créditos en la ley correspondiente, además de que “hubo notas de prensa al respecto” el año pasado.
Uruguay bajó una posición en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, al perder tres puntos respecto al año anterior. Según el informe de Transparencia Internacional, el país obtuvo 73 puntos sobre 100 y quedó en el puesto 17 a nivel mundial.
Con este resultado, Uruguay dejó de ser el país mejor ubicado de las Américas —lugar que había ocupado en 2024— y pasó al segundo puesto, detrás de Canadá, aunque se mantiene como el país con mejor desempeño de América Latina. La medición de 2024, con 76 puntos, había sido la más alta desde que se aplica la metodología actual.
La organización aclaró que la caída no es significativa y recordó que el índice se basa en percepciones, ya que la corrupción pública suele ser difícil de medir.
A nivel global, el ranking de transparencia volvió a ser liderado por Dinamarca, seguida de Finlandia y Singapur. El informe advierte que la corrupción sigue siendo un problema serio en la mayoría de las regiones.
OTROS TEMAS QUE SE DESTACAN
La Cámara de Senadores aprobó ayer el presupuesto de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) con mayoría especial, gracias a los votos del Frente Amplio y de tres senadores del Partido Colorado (Robert Silva, Heber Duque y Tabaré Viera). El Partido Nacional resolvió no acompañar el incremento planteado, pese a que en comisión había tenido un voto favorable (el de Carlos Camy, que en la sesión de ayer pidió licencia y dio paso a su suplente). El proyecto se aprobó finalmente por 20 votos en 31.
En un principio, la INDDHH había pedido un aumento de 27%, monto que la oposición consideró “exorbitante” y no acorde con la realidad presupuestal del Estado. El martes 3 de febrero, el Senado resolvió postergar el tratamiento y devolverlo a comisión. A raíz de esto, la institución hizo una nueva propuesta de incremento del 16,5% y la fundamentó el lunes último en la Comisión de Presupuesto de la Cámara alta.
Ayer en el Plenario, el miembro informante, el senador frenteamplista Sebastián Sabini, destacó que la institución redujo su pedido inicial de aumento de 27% a 16,5%, al eliminar cargos y nuevas contrataciones. La nueva propuesta mantiene la creación de siete cargos para sustituir convenios que ya no existen y conservar las tareas actuales con personal propio.
Sabini sostuvo que era clave aprobar el presupuesto del instituto para garantizar la continuidad de sus funciones, entre ellas la búsqueda de detenidos desaparecidos. Agregó que los fondos permitirán además cubrir compromisos asumidos con organismos internacionales, en áreas como salud mental, discapacidad e infancia.
El debate repitió los argumentos de días anteriores. Desde el Partido Nacional se sostuvo que el presupuesto actual es suficiente y que el aumento resulta excepcional frente a otros organismos. Desde el oficialismo, en cambio, se cuestionó que no se voten recursos para derechos humanos.
La Comisión de Constitución y Legislación del Senado recibió un informe jurídico que recomienda archivar la denuncia contra el senador colorado Andrés Ojeda por una presunta violación del artículo 124 de la Constitución.
El planteo había sido presentado por el convencional colorado Juan Esequiel Ibarra, quien cuestionó una actuación de Ojeda como abogado defensor ante la Fiscalía, al considerar que podía existir una incompatibilidad con su rol como legislador. El artículo 124 prohíbe a los senadores y diputados “tramitar o dirigir asuntos de terceros” ante la Administración.
Tras analizar el caso, la Dirección Jurídica de la Comisión Administrativa del Parlamento concluyó que el denunciante no tenía legitimación para impulsar un proceso que pudiera derivar en la pérdida del cargo legislativo. Según el informe, elaborado por los doctores Germán Rosas y Rosa Giacosa, Ibarra podía informar o peticionar, pero no obligar al Senado a iniciar un procedimiento disciplinario.
Además, Jurídica señaló que la Comisión de Constitución puede investigar y asesorar, pero no resolver por sí misma una eventual destitución, que en cualquier caso requiere una votación del plenario con mayorías especiales. Al no haber sido asumida la denuncia por ningún senador, la comisión probablemente resuelva archivar el caso.
El senador nacionalista Martín Lema pidió al intendente de Montevideo, Mario Bergara, que revise el sistema por el cual los inspectores de tránsito reciben una parte del dinero recaudado por multas.
Según la Rendición de Cuentas de la Intendencia de Montevideo, en 2024 los funcionarios cobraron en conjunto más de 170 millones de pesos por participación en sanciones de tránsito, en un año en el que se aplicaron casi 348 mil multas y se recaudaron más de 1.400 millones de pesos.
El régimen permite que los inspectores reciban hasta un 40 % del valor de las multas que aplican, con topes según su grado salarial. En un escrito dirigido al intendente, Lema afirmó que este esquema convierte a las sanciones en un mecanismo recaudatorio y pidió reducir esa participación para destinar esos recursos a obras y mejoras en el tránsito. También propuso revisar el monto de las multas por deuda de patente y reiteró su planteo de que los radares cuenten con señalización anticipada.
En el Caso Conexión Ganadera, la jueza de Crimen Organizado de segundo turno, Diovanet Olivera, rechazó el pedido de dos hijos de Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow para levantar el embargo sobre un apartamento y un garaje en Montevideo, adquiridos en 2022 por unos 326 mil dólares. La magistrada entendió que el dinero utilizado provino de empresas vinculadas a Conexión Ganadera y que los bienes pueden servir para resarcir a los inversores.
En el recurso presentado, Baltasar y Guadalupe Carrasco sostuvieron que el dinero fue un regalo de sus padres y que, como “jóvenes estudiantes”, desconocían la situación financiera de Conexión Ganadera. Argumentaron además que no puede presumirse su responsabilidad solo por el vínculo familiar y que no hay prueba concluyente de que los fondos tuvieran origen ilícito.
Sin embargo, el fiscal Enrique Rodríguez señaló que ambos no son terceros ajenos, sino que están siendo investigados en la causa por estafa y lavado de activos. La jueza consideró acreditada la trazabilidad del dinero desde cuentas de la empresa Hernandarias XIII y sostuvo que el embargo busca asegurar un eventual decomiso. El caso será revisado ahora por el Tribunal de Apelaciones.
Por otro lado, fuentes vinculadas al caso informaron a La Diaria que en las próximas semanas declararán varios familiares y socios en la investigación por Conexión Ganadera. La Fiscalía analiza su eventual responsabilidad penal por la participación en las empresas del grupo y por los mecanismos utilizados para adquirir bienes que están bajo la lupa de la Justicia.
El 18 de febrero declarará Agustina Basso y al día siguiente lo hará su esposo, Alfredo Rava. El 20 están citados Candelaria Basso, Guadalupe Carrasco y Jorge Cunietti, exsocio de la familia. En tanto, el 24 de febrero comparecerán Marcela y Valentín Carrasco.
Todos serán indagados por su posible intervención directa en las sociedades vinculadas al fondo ganadero. Además, Rava y las hijas de Basso son investigados por haber cobrado dinero que el Frigorífico Casablanca adeudaba, presuntamente por fuera del mecanismo establecido en el proceso concursal.
ECONOMÍA Y EMPRESAS
La Dirección Nacional de Migración informó que entre el 20 de diciembre y el 31 de enero ingresaron a Uruguay 1.060.061 personas. La cifra representa una baja de 3,3% respecto al mismo período anterior, cuando habían entrado más de 1.096.000 visitantes.
La mayoría de los ingresos correspondió a argentinos, seguidos por uruguayos no residentes y brasileños. En comparación con la temporada pasada, cayó la llegada de turistas argentinos, mientras que aumentaron los ingresos desde Brasil y también desde Estados Unidos.
En cuanto a los puntos de control, Paysandú encabezó la lista, seguido por Colonia, Fray Bentos y el Aeropuerto de Carrasco. En el mismo período se registraron algo más de un millón de egresos, también por debajo de la medición anterior, con Colonia y Paysandú como principales puntos de salida.
Durante 2025 se registraron 81 millones de transacciones de comercio electrónico en Uruguay, lo que significa un aumento de 18 % frente a 2024, de acuerdo a un informe elaborado por la Cámara de la Economía Digital del Uruguay junto a la consultora Exante.
Las ventas digitales totalizaron 104.830 millones de pesos, unos 2.552 millones de dólares, con un crecimiento interanual de 34 %. El ticket promedio fue de 1.296 pesos, 14 % más que el año anterior.
Las tarjetas de crédito se mantuvieron como el medio de pago más utilizado y con mayor gasto por compra. En el último trimestre, entre octubre y diciembre, las ventas superaron los 30.800 millones de pesos en unas 23 millones de operaciones, confirmando un fuerte ritmo de expansión hacia el cierre del año.
En el mercado local, el dólar ayer subió, en esta ocasión 0,27%. El interbancario fondo operó en promedio a $38.469.
En lo que va del año 2026, el dólar lleva una baja acumulada de 1,47% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2025)
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $37,30 para la compra y $39,70 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense subió y cerró ayer en R$ 5,202.
En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial bajó ayer y cotizó en AR$ 1.406,00. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) también disminuyó y cotizó en el entorno de los AR$ 1.425,00.
El Euro bajó frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$1,1891.
OTRAS NOTICIAS
La Policía realizó ayer un megaoperativo en el barrio Marconi, en Montevideo, con 19 allanamientos simultáneos, que terminó con cinco jóvenes detenidos por su presunta vinculación con tres homicidios ocurridos entre diciembre y enero.
Los crímenes investigados son el asesinato de un hombre de 40 años el 14 de diciembre; el de un joven de 22 años el 5 de enero, en un ataque en el que también resultó herida su hija de dos años, que logró recuperarse; y el homicidio de un hombre de 29 años el 15 de enero, acribillado en el patio de una vivienda.
Según la investigación, detrás de los hechos estaría un grupo integrado mayoritariamente por adolescentes. Entre los detenidos hay dos jóvenes de 15 años, dos de 17 y uno de 20. Además, fueron detenidas dos mujeres por desacato y un menor por tener municiones.
La Policía de Canelones investiga un doble homicidio ocurrido en la mañana del martes en el barrio Corfrisa, en la ciudad de Las Piedras.
Las víctimas tenían 39 y 44 años, fueron atacadas en la vía pública y presentaban varios impactos de arma de fuego; uno de ellos recibió al menos una decena de disparos. Los dos tenían antecedentes penales. Se presume que llegaron al lugar en moto, aunque el vehículo no fue encontrado.
Además, un hombre de 37 años fue asesinado a balazos en la noche del lunes en el balneario San Luis, Canelones.
La víctima realizaba reparaciones frente a su casa cuando fue atacada con varios disparos.
Tenía cuatro antecedentes penales.
Ayer se registró un nuevo siniestro laboral fatal. Un trabajador de 51 años murió al ser golpeado en la cabeza por una viga mientras trabajaba en un depósito de una barraca en Las Piedras, Canelones. El hombre construía una estructura de hierro y falleció en el lugar.
Este caso se suma a otros dos ocurridos la semana pasada en Montevideo. En Punta Carretas, un trabajador de 24 años murió tras caer por el ducto de un ascensor. En el Centro, otro joven de 23 años falleció al caer al vacío mientras limpiaba un tanque.
Ante estos episodios, el Sunca realizó un paro parcial nacional y volvió a reclamar mayores controles de seguridad en los lugares de trabajo.
INTERNACIONALES
En Venezuela, los familiares de presos políticos que permanecen recluidos en varias cárceles se concentraron frente a la Asamblea Nacional para reclamar su liberación.
En la movilización dejaron en claro que la ley de amnistía no es suficiente y que no contempla la reparación de las víctimas ni garantías de no repetición. “
Los familiares reclamaron otras vías para garantizar la liberación inmediata de los detenidos, por ejemplo mediante la anulación de procesos judiciales sin necesidad de pasar por solicitudes y revisiones de tribunales, tal como se establece en el proyecto enviado al Parlamento por la presidenta interina Delcy Rodríguez.
Los manifestantes fueron recibidos por el diputado Jorge Arreaza, quien preside el grupo parlamentario que evalúa el proyecto.
En Venezuela, Juan Pablo Guanipa, cercano aliado de la premio Nobel de la Paz María Corina Machado fue llevado ayer a su residencia para cumplir arresto domiciliario luego de que fuera detenido nuevamente el lunes por manifestar y exigir elecciones luego de su excarcelación.
Guanipa, exparlamentario de 61 años, fue liberado el domingo luego de pasar casi nueve meses preso acusado de conspiración.
En las casi 12 horas que estuvo en libertad visitó familiares de presos políticos, recorrió Caracas en una caravana motorizada, gritó consignas frente a la cárcel del Helicoide y exigió nuevas elecciones y fue detenido nuevamente.
El nuevo arresto se produce en momentos en que se espera que el Parlamento apruebe una amnistía general que abarque los 27 años del chavismo en el poder.
El hijo del dirigente, Ramón Guanipa, informó la llegada de su padre a Maracaibo, a unos 700 kilómetros de Caracas donde cumple prisión domiciliaria.
Explicó que no puede declarar a los medios ni usar redes sociales. Tiene además un brazalete electrónico y dos funcionarios lo custodian desde el garaje de la residencia.
Dos aerolíneas canadienses comunicaron que suspenden sus vuelos con Cuba después de que el gobierno de La Habana anunciara que los aviones no podrán repostar en la isla por falta de combustible, en medio de las medidas de presión de Donald Trump.
Air Transat y WestJet, ambas especializadas en viajes vacacionales, se sumaron a Air Canada, que el lunes informó que cancelaba sus rutas a Cuba.
La economía cubana atraviesa uno de sus peores momentos en seis décadas, agravado por las amenazas del presidente estadounidense contra cualquier país que exporte petróleo a la isla.
Air Transat dijo que cancela todos los vuelos a Cuba hasta al menos el 30 de abril, "ante los rápidos acontecimientos de las últimas horas y el anuncio de las autoridades cubanas de una prevista escasez de combustible de aviación en los aeropuertos de destino".
"Según cómo evolucione la situación, los vuelos a Cuba podrían reanudarse a partir del 1 de mayo de 2026″, añadió.
Por su parte, WestJet anunció "una retirada ordenada de las operaciones en Cuba.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de China, liderado por Wang Yi, reafirmó este martes su apoyo irrestricto hacia Cuba frente a la escasez de combustible que afecta a la economía.
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lin Jian, aseguró en rueda de prensa que China apoya firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía y seguridad nacionales, y se opone a la injerencia extranjera, en relación a la política del estadounidense Donald Trump.
En Alemania, el gobierno desaconsejó todos los viajes no esenciales a Cuba, donde la presión de Washington está provocando el agravamiento de la crisis energética.
"Cuba enfrenta una crisis energética aguda, agravada además por infraestructuras energéticas muy deterioradas", indicó el Ministerio alemán de Exteriores en su aviso.
El país sufre "importantes carencias de energía y combustible que afectan a todos los ámbitos de la vida", incluida la atención médica, añadió.
El boletín desaconseja todos los viajes no esenciales y señala que actualmente los aviones procedentes del extranjero no pueden repostar en Cuba, lo que provoca "importantes restricciones en las operaciones aéreas", y que "varios hoteles ya han sido cerrados".
"El transporte público, el alumbrado público, los semáforos, los cajeros automáticos y los sistemas de comunicación y seguridad ya están gravemente restringidos o podrían fallar", advirtió Alemania.
En Colombia, una senadora indígena estuvo secuestrada por algunas horas en el suroeste del país, en una zona de influencia guerrillera, y, por otro lado, el presidente Gustavo Petro aseguró que intentaron asesinarlo, en un nuevo repunte de la violencia política en plena época electoral.
La senadora Aida Quilcué, de 53 años, fue raptada junto a sus dos escoltas en el departamento del Cauca, una región conflictiva y cocalera controlada por las disidencias de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz de 2016.
Su equipo de trabajo informó en redes que un grupo de indígenas la rescató en una "rápida acción", en un país donde las autoridades de pueblos originarios en ocasiones se enfrentan a los grupos rebeldes.
La camioneta en la que viajaba junto a sus escoltas había sido abandonada en una carretera.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la legisladora y los miembros de su esquema de seguridad "están bien".
A pocos meses de las elecciones legislativas y presidenciales que se celebrarán el 8 de marzo y el 31 de mayo, respectivamente, se acumulan las amenazas contra dirigentes, candidatos y líderes sociales.
Por su parte, Petro informó que escapó de un intento de asesinato, cuando volaba en un helicóptero, que le impidió aterrizar en el departamento caribeño de Córdoba en la noche del lunes.
“Yo tengo que confesar aquí que vengo de dos días no en brazos del amor sino escapandome que me maten. Por eso anoche no pude llegar, dos horas, porque no podía aterrizar donde dije que había que aterrizar pero ni siquiera donde tenía que aterrizar prendieron las luces. En cambio en la mañana no aterricé donde tenía que aterrizar porque temía que el helicóptero le iba a disparar. Con mis hijos también. Entonces hice lo que tenía que hacer, entonces cogimos mar abierto durante cuatro horas y llegué a donde no teníamos que llegar, pero llegué y vengo así”.
NOTICIAS DE ESTADOS UNIDOS
La Casa Blanca reiteró el rechazo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a una anexión de Cisjordania por Israel, después de que el gabinete de seguridad israelí aprobara el domingo una reforma de la administración de este territorio palestino.
Israel anunció el domingo por la noche que su gabinete de seguridad aprobó una serie de decisiones que "cambian fundamentalmente la realidad jurídica y civil" en Cisjordania, un territorio palestino que Israel ocupa desde 1967.
"El presidente Trump ha afirmado claramente que no apoya que Israel anexione Cisjordania", afirmó una portavoz de la Casa Blanca en declaraciones facilitadas a Europa Press.
"Una Cisjordania estable mantiene a Israel seguro y va en línea con el objetivo de la Administración de lograr la paz en la región", agregó, sin pronunciarse de forma directa sobre la citada decisión del gabinete de seguridad israelí.
Las medidas fueron anunciadas por el ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, un político de extrema derecha del partido Sionismo Religioso, y por el ministro de Defensa, Israel Katz.
La reforma incluye la eliminación de regulaciones vigentes desde hace décadas que prohíben a personas judías comprar tierras en Cisjordania, según un comunicado conjunto.
A su vez, entre las medidas anunciadas está la transferencia de la autoridad sobre los permisos de construcción para los asentamientos en partes de ciudades palestinas, incluida Hebrón, de los organismos municipales de la Autoridad Palestina a Israel.
En un comunicado divulgado el lunes, los ministros de Exteriores de Arabia Saudita, Egipto, Turquía, Catar, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia y Pakistán "condenaron firmemente las decisiones y medidas ilegales de Israel destinadas a imponer una soberanía israelí" sobre Cisjordania.
También denunciaron la imposición "de una nueva realidad jurídica y administrativa en la Cisjordania ocupada, acelerando así los intentos de su anexión ilegal y el desplazamiento del pueblo palestino".
En la misma línea, desde Bruselas, la Unión Europea condenó las medidas israelíes, que según dijo el lunes un portavoz del bloque constituyen "un nuevo paso en la dirección equivocada".
Un grupo de representantes del ala progresista del Partido Demócrata propuso una resolución legislativa para poner fin a la injerencia de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, lo que se conoce como la Doctrina Monroe.
La resolución, que no tiene vigor de ley, pide sustituir esa política de vigilancia e intervención de Estados Unidos en la región con una política de "Nuevo Buen Vecino" para "fomentar mejores relaciones y una cooperación más profunda y eficaz", señala el texto al que tuvo acceso la AFP.
La llamada Doctrina Monroe, que el presidente estadounidense Donald Trump actualizó en un documento de estrategia militar y diplomacia el año pasado, fue propuesta por James Monroe en 1823, durante su doble mandato en la Casa Blanca (1817-1825).
La resolución propone acabar con el embargo a Cuba, enmendar leyes que permiten al presidente de turno imponer sanciones sin control del Congreso y revisar inmediatamente cualquier tipo de ayuda bilateral si se produce un cambio de gobierno "extraconstitucional" en un país de la región.
En Estados Unidos, los responsables de las agencias migratorias defendieron ante el Congreso la política de Donald Trump en una audiencia tensa con los demócratas, que condenaron la violencia de los agentes federales.
El papel de los agentes migratorios causó revuelo en el país, especialmente tras la muerte de dos manifestantes a manos de agentes federales en Mineápolis.
Ante la comisión de seguridad interior de la Cámara de Representantes, los responsables de las tres agencias del Departamento de Seguridad Nacional defendieron el balance de la administración Trump.
El jefe de la policía fronteriza (CBP), Rodney Scott, destacó que el republicano ha conseguido reducir a mínimos históricos las entradas de migrantes irregulares en Estados Unidos.
Agregó que solo en el último año se llevaron a cabo más de 475.000 expulsiones.
Por su parte, el representante demócrata Tim Kennedy dijo que el gobierno y las agencias demostraron “un desprecio total por la ley y la Constitución".
En Estados Unidos, la defensa de Google afirmó que su filial YouTube no buscó hacer intencionalmente esta plataforma adictiva para los niños, en el segundo día de un juicio que puede marcar un precedente para cientos de casos contra las gigantes tecnológicas.
YouTube "no quiere volver a la gente adicta más de lo que lo estarían a los buenos libros o al aprendizaje de cosas nuevas", explicó el abogado Luis Li en su alegato inicial ante los 12 miembros del jurado en un tribunal civil de Los Ángeles.
El lunes, en la apertura de las audiencias, el abogado de la demandante, Mark Lanier, acusó a Google y a Meta, matriz de Facebook e Instagram, de "volver adictos los cerebros de los niños". "Lo hicieron a propósito", afirmó.
La demanda se centra en las acusaciones de una mujer de 20 años, identificada como Kaley G.M, que sufrió un grave daño mental porque se volvió adicta a las redes sociales cuando era niña.
Esta dependencia le causó depresión, ansiedad y trastornos de la imagen propia.
TikTok y Snapchat debían inicialmente responder por las mismas acusaciones, pero prefirieron llegar a un acuerdo amistoso con la presunta víctima, por un monto confidencial.
Frente a operadores protegidos por la ley estadounidense en cuanto a los contenidos de sus plataformas, los demandantes en este y otros casos cuestionan el diseño de las redes sociales, es decir, el algoritmo y las funciones de personalización que fomentan el visionado compulsivo de contenidos.
En Estados Unidos, el secretario de comercio Howard Lutnick, admitió haber visitado la isla del delincuente sexual Jeffrey Epstein pero negó vínculos cercanos con el millonario.
Un número creciente de legisladores, varios de ellos republicanos, piden que Lutnick renuncie porque durante meses negó sus vínculos con el fallecido financiero.
No obstante, el presidente Donald Trump mantiene su respaldo al secretario, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
"El secretario Lutnick sigue siendo un miembro muy importante del equipo del presidente Trump, y el presidente respalda plenamente al secretario", dijo Leavitt.
La presión aumentó cuando el Departamento de Justicia publicó archivos sobre el caso Epstein que contradicen declaraciones previas, en las que Lutnick afirmó que rompió lazos con el financista hace más de dos décadas.
En Francia, el ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot, anunció que remitió a la justicia "presuntos hechos" que implican a un diplomático mencionado en los archivos Epstein.
Barrot publicó la carta que dirigió a la fiscalía para "señalar los presuntos hechos que implican al señor Fabrice Aidan".
En un mensaje junto a la misiva, el ministro señaló: "Ordeno además una investigación administrativa para contribuir al trabajo de la Justicia y abro un procedimiento disciplinario".
Según una publicación de Radio Francia, entre 2007 y 2017, Aidan "intercambió decenas de correos electrónicos directos y a veces cercanos con Epstein".
En Rusia, el gobierno anunció restricciones en el funcionamiento de la red Telegram, una medida que el fundador de esta mensajería, Pavel Durov, considera un intento de forzar a los usuarios a usar otra plataforma local más fácil de controlar.
"La ley rusa sigue sin aplicarse (…), no se aplica ninguna medida real para combatir el fraude y el uso de la mensajería con fines criminales y terroristas", indicó la Agencia Rusa de Supervisión de las Telecomunicaciones (Roskomnadzor) en un comunicado, citado por las agencias de prensa locales.
Los críticos y activistas de derechos humanos afirman que se trata de un intento del Kremlin de intensificar su control y vigilancia de internet, en medio de una amplia represión contra la disidencia en plena guerra en Ucrania.
Roskomnadzor advirtió que "continuará introduciendo restricciones graduales" en Telegram, que, según afirma, no ha cumplido con la legislación.
Telegram es uno de los dos servicios de mensajería más populares en Rusia, junto con Whatsapp, cuyo funcionamiento está bloqueado casi por completo en el país desde enero por las mismas razones.
El fundador de Telegram acusó a Rusia de intentar "forzar a sus ciudadanos a migrar hacia una aplicación controlada por el Estado, diseñada para la vigilancia y la censura política".
Rusia intentó previamente prohibir Telegram pero fracasó en sus intentos de bloquear el acceso y levantó la prohibición en 2020.
En Ucrania, un ataque ruso en la región de Járkov mató a tres niños pequeños y a un adulto, informó el jefe de la administración militar local.
"Dos niños de un año y una niña de dos años han muerto" en el ataque que alcanzó una residencia en la localidad de Bogodujov, cerca de la frontera rusa.
Un hombre de 34 años murió en la misma casa debido a las heridas que sufrió en el ataque.
EN NUESTRA REGIÓN
Chile lanzó el Latam-GPT, un proyecto que busca que América Latina cuente con su propio modelo de inteligencia artificial, en un sector dominado por grupos estadounidenses. El objetivo es limitar ciertos sesgos observados en los sistemas actuales.
El proyecto es impulsado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile (Cenia), una corporación privada con financiamiento público.
Latam-GPT cuenta con el apoyo de universidades, fundaciones, bibliotecas, entidades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil de países como Chile, Uruguay, Brasil, Colombia, México, Perú, Ecuador o Argentina.
"Gracias a Latam-GPT estamos posicionando a la región como un actor activo y soberano en la economía del futuro. Estamos en la mesa, no somos el menú", celebró el presidente Gabriel Boric, durante la presentación de la iniciativa en el canal Televisión Nacional.
A pesar de su nombre, esta herramienta no es un chat con el que se puede interactuar. Se trata de una gran base de datos entrenada a partir de información de la región, que puede servir para desarrollar aplicaciones tecnológicas.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció esta semana una inversión de mil 1400 millones de reales, equivalentes a 269 millones de dólares, para ampliar la producción de vacunas y sueros.
El plan incluye el desarrollo de tecnologías avanzadas, como vacunas basadas en ARN mensajero (mRNA), y la producción nacional del insumo farmacéutico activo (IFA), clave para reducir la dependencia de importaciones.
Las inversiones anunciadas también contemplan la producción de vacunas contra el virus del papiloma humano, difteria, tétanos y tos ferina.
En San Pablo, el mandatario informó que los recursos se destinarán a la ampliación de la infraestructura y de la capacidad productiva de inmunizantes e insumos farmacéuticos para el Sistema Único de Salud del Instituto Butantan.
Durante la ceremonia, fueron firmadas órdenes de servicio para la construcción de dos nuevas fábricas y la modernización de otras dos unidades del instituto.
A su vez, la Fundación Butantan destinará cerca de 400 millones de reales adicionales a las obras.
Al destacar la importancia de las inversiones, Lula sostuvo que apoyar al Butantan es ayudar a 215 millones de personas necesitadas.
Además confirmó el inicio de la vacunación contra el dengue en todos los estados, como parte de una campaña dirigida inicialmente a profesionales de la atención primaria de salud.
En Brasil se registró en enero una inflación interanual de 4,44%, una leve alza frente a la medición anterior que lleva al indicador cerca del límite de tolerancia oficial, informó la autoridad estadística.
El Banco Central de Brasil fija el objetivo de la inflación en 3%, con un margen de más o menos 1,5 puntos porcentuales.
La mayor economía latinoamericana cerró el 2025 con una inflación anual de 4,26%, luego de pasar la mayor parte del año fuera de la banda de tolerancia oficial.
La inflación mensual en enero, de su lado, se situó en 0,33%, idéntica a la del mes anterior, según datos del instituto de estadística IBGE.
Los precios influyen en la decisión del Banco Central, que mantiene la tasa de referencia en 15%, su nivel más alto desde julio de 2006 y uno de los más elevados del mundo.
El emisor anticipó una posible "flexibilización" de la tasa a partir de marzo, matizando que el escenario económico aún demanda "cautela".
El presidente Luiz Inacio Lula da Silva, que pretende buscar la reelección en octubre, ha reclamado varias veces que la tasa de interés es demasiado alta.
Los precios subieron en enero principalmente por cuenta de un aumento de 0,60% en el sector de transporte, impactado por un incremento de 2,14% en el valor de los combustibles.
Segmentos como el vestuario y la vivienda registraron en cambio ligeras contracciones.
En Argentina, hoy el Senado empieza a debatir una de las principales reformas estructurales planteadas por el presidente Javier Milei: la modernización laboral, que tiene por objeto lograr la formalización de millones de empleados en negro y cuentapropistas.
El texto del proyecto fue consensuado entre el sector de Milei y los gobernadores provinciales del peronismo. Y llevó una extensa negociación, en la que el presidente aceptó dejar de lado su pretensión de bajar un impuesto cuya recaudación era compartido con las provincias. A cambio, los gobernadores aseguraron su apoyo en el Congreso, y solo quedaría el sector kirchnerista votando en contra.
El gobierno asegura que una consecuencia positiva de la reforma será el fin de la denominada “industria del juicio laboral”, dado que se modifica el mecanismo para las indemnizaciones por despido.
Mientras el proyecto esté debatiéndose en el Senado, los sindicatos de la central CGT se movilizarán a la plaza del Congreso para manifestar su rechazo a la ley. De todas formas, se considera en el ámbito político que se trata de una protesta más bien testimonial, porque originalmente se había planteado la convocatoria a un paro general, que finalmente fue descartado.
En realidad, los artículos que más afectaban a los sindicatos fueron eliminados. Por ejemplo, la eliminación de la cuota que se les descuenta del sueldo a los asalariados, aun cuando no sean afiliados. Este hizo que la voluntad de resistencia a la reforma laboral perdiera fuerza en la CGT.
Para el gobierno, es importante mostrar una victoria política en el Congreso, después de las malas noticias que llegaron desde el plano de la economía. Ayer se dio a conocer el dato de la inflación de enero, y dio un sorpresivo 2,9%, lo que implica que van ocho meses consecutivos de inflación al alza.
Lo irónico de la situación es que, si se hubiera aplicado el nuevo índice que el gobierno dejó en suspenso, se habría registrado un IPC más bajo. De todas maneras, el haber mantenido la vieja metodología de medición la jugará a favor al gobierno en los próximos meses, que es cuando se sentirá el efecto de las subas de tarifas en los servicios públicos. Ese era un rubro que, en el frustrado índice nuevo, iba a ganar mayor ponderación.
Ese mal dato de la inflación de enero opacó un dato importante: la caída del tipo de cambio a su menor valor real en varios meses. Y lo que más celebra el gobierno es que esta baja de la cotización se produzca al mismo tiempo que el Banco Central compra dólares para acumular reservas.
El objetivo del ministro de economía, Luis Caputo, es convencer a los ahorristas para que depositen en el sistema bancario los llamados “dólares del colchón”. Para eso, se aprobó un régimen de presunción de inocencia fiscal, que implica que si alguien hace un depósito en dólares no estará obligado a justificar el origen de ese dinero ni sufrirá sanciones impositivas.
De momento, los economistas se mostraron escépticos, y creen que la inflación en alza provocará un desestímulo para ese blanqueo voluntario de los dólares del colchón.
(Fernando Gutiérrez, corresponsal desde Argentina)
