Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
NACIONALES
En el día de hoy tienen lugar las elecciones para designar autoridades de la Universidad de la República. El voto es obligatorio y hay sanciones estipuladas para quienes no asistan a los comicios.
En esta jornada se elegirá a los miembros de los tres órdenes (estudiantes, egresados y docentes) en la Asamblea General del Claustro (AGC) y en las Asambleas del Claustro de todas las facultades.
En cuanto a los consejos, se elegirá a los representantes de los tres órdenes en las facultades de Artes y de Información y Comunicación. También el orden de egresados y estudiantes del Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales.
Y también se pondrá a votación únicamente el orden de estudiantes en los consejos de las facultades de Agronomía; Arquitectura, Diseño y Urbanismo; Ciencias; Ciencias Económicas y Administración; Enfermería; Humanidades y Ciencias de la Educación; Ingeniería; Medicina; Odontología; Psicología; Química; y Veterinaria.
Estos comicios se desarrollan en todo el país. Básicamente, según consta en la web de la Udelar, los estudiantes votan en sus centros de estudio; los docentes en los lugares donde trabajan; y cada egresado "en el lugar donde reside, en locales dispuestos por la Corte Electoral".
Como es obligatorio ir a votar, hay sanciones para los docentes, estudiantes o egresados que no lo hagan.
"En caso de no votar y no justificarlo, las y los estudiantes serán sancionados con la imposibilidad de rendir exámenes durante dos períodos consecutivos, mientras que docentes, egresados y egresadas deberán pagar una multa de cinco unidades reajustables", dice la Udelar en su sitio web. En pesos uruguayos, la multa es de $ 9.195.
Solo los mayores de 75 años "están exceptuados de la obligatoriedad de emitir sufragio".
La Junta Departamental de Canelones aprobó ayer por 28 en 31 votos el fideicomiso por casi cien millones de dólares para instalar saneamiento en Atlántida, realizar obras viales en los 31 municipios restantes y comprar maquinaria vial.
El endeudamiento solicitado por la intendencia se extiende más allá del período de gobierno, por lo que el oficialismo, que tiene 18 ediles, necesitaba una mayoría especial, o sea, 21 votos afirmativos. Ese requisito se superó ampliamente: sólo hubo tres votos en contra provenientes del Partido Nacional.
La miembro informante y presidenta de la Comisión Permanente, Nathalie Muñiz, dijo en su intervención que el saneamiento de Atlántida es “una obra muy sentida”, que contribuye a “tener un mejor turismo, pudiendo tener una mejor accesibilidad a obras de gran porte que devendrán en trabajo para la población y en mayor calidad de vida para todos los vecinos y las vecinas del departamento”.
El edil nacionalista Agustín Oliver, quien votó a favor, dijo que la propuesta tiene en cuenta “lo que necesita el departamento”.
Su correligionario Marcelo Tamborini aseguró que “hoy no es un día más” y que a partir de esta votación se inicia “una nueva forma de hacer política en el departamento”, en la que “gran parte de la oposición va a estar votando este fideicomiso”. “Entendemos que es impostergable el saneamiento para Atlántida, le va a dar una vida diferente, le va a dar el esplendor que nuestro balneario estrella ha perdido y que tenemos que recuperar”, destacó.
Asimismo, el edil nacionalista Juan Andrés Marteluna dijo que “acompaña lo que es correcto”, y que, de todas formas, la oposición estará “controlando y señalando cuando sea necesario, porque el deber de un edil no es oponerse por costumbre, sino ayudar a contribuir a un mejor Canelones, gobierne quien gobierne”.
Walter Cervini, el diputado colorado de Vamos Uruguay y referente del sector en Canelones, adelantó antes de la aprobación del fideicomiso el acuerdo que se había logrado con el gobierno departamental:
"La intendencia de Canelones incorporó una auditoría externa con llamado a licitación pública para controlar la ejecución de los recursos que fueron propuestos: las obras para el saneamiento de Atlántida, las obras para los 32 municipios en la parte vial y la compra de maquinaria para las micro regiones".
La Justicia dispuso ayer una pena de dos años y cuatro meses de penitenciaría para la funcionaria encargada de pagar sueldos en el Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc). Además, se ordenó decomisar $ 352.471 con destino a la Junta Nacional de Drogas.
En el proceso abreviado, la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de tercer turno obtuvo la condena para Stella Rey a quien se le atribuye, entre otras cosas, la realización de 193 transferencias irregulares. Se le imputaron varios delitos: asociación para delinquir, apropiación indebida y lavado de activos.
Los fiscales Gilberto Rodríguez y Gabriela Gómez investigan una estafa al Fosvoc que tiene varias aristas y ya cuenta con tres condenados.
Rey, era la encargada de abonar sueldos, pero no tenía permitido hacer ningún otro tipo de pagos. Sin embargo, tenía acceso irrestricto a la cuenta del fondo desde la que hizo las 193 transferencias irregulares por un valor total de $ 35.627.581 y US$ 17.500.
La pena que acordó Rey con Fiscalía es no excarcelable ya que supera los dos años de prisión. Sin embargo, durante la audiencia, la condenada explicó su difícil situación familiar. Es hija única, no tiene otras grandes figuras de sustento y a su vez se encarga de cuidar a dos personas vulnerables. Una de ellas por su edad y otra por enfermedad.
Su petición no fue resuelta aún sino que se tratará en las próximas semanas. Su abogado adelantó que tiene documentación para presentar que acredita sus dichos.
En la declaración que brindó meses atrás ante la Fiscalía, Rey había ratificado lo que había dicho anteriormente en cuanto a que esas transferencias —que tuvieron más de una decena de destinatarios— las hacía a pedido de Bruno Bertolio, uno de los condenados en la causa. Bertolio, por su parte, negó eso en su momento y afirmó que actuó a pedido de Laura Alberti, secretaria de Finanzas del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) y el Partido Comunista.
Respecto a la posibilidad de vínculos sindicales o partidarios en el desvío de fondos, el fiscal Gilberto Rodríguez indicó ayer que “hasta ahora no hay evidencias, pero tampoco se descarta nada”.
Añadió que aún falta diligenciar oficios, mantener reuniones con la Policía y con el equipo financiero para reunir más información: “Cualquier respuesta sobre eso sería aventurada”, dijo.
Los nombres de Óscar Andrade y Daniel Diverio, legisladores frenteamplistas que ostentaron el cargo de presidentes del Sunca en el pasado, surgieron asociados al caso cuando fueron mencionados por el ya condenado Bertolio en Fiscalía.
Tanto Diverio como Andrade negaron las acusaciones y se pusieron a disposición de la Fiscalía, que les informó formalmente que no están siendo investigados por ningún delito.
Al ser consultado por las declaraciones de Rey, quien en la audiencia sostuvo que había sido “influenciada” por otras personas, señaló que “son manifestaciones particulares que pueda realizar la imputada”.
El fiscal subrayó que la investigación sigue abierta: “Esta es la segunda etapa del caso. En la primera hubo tres condenas en proceso abreviado, y ahora se suma esta cuarta. La Fiscalía continúa y no se descarta ningún tipo de medidas”.
"Tal como lo solicitó la Fiscalía, en el marco de un proceso abreviado, la imputada reconoció su responsabilidad, como dijo el juez, sobre los hechos, sobre los delitos imputados, sobre la pena solicitada en el marco de un proceso abreviado. Ahora adquiere el carácter y la condición jurídica de condenada".
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se puso en contacto con el presidente Yamandú Orsi, para hablar sobre la intención del gobierno uruguayo de rescindir el contrato con el Astillero Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas.
En un posteo en sus redes sociales, Rueda manifestó haber mantenido una conversación con Orsi para mostrar su interés "por la situación del contrato con el astillero gallego Cardama".
"Le he puesto de manifiesto el enorme prestigio de la construcción naval en Galicia y hemos quedado en mantener un canal de comunicación abierto para conocer de primera mano cualquier novedad sobre la cuestión", añadió Rueda en relación a esta comunicación.
Según El Observador, el diputado del Partido Nacional Gabriel Gianoli, que preside la Comisión de Defensa de la cámara baja, viajó a España "a título personal" para conocer la situación de la construcción de las patrulleras.
Gianoli había planteado que "una delegación de los tres partidos" que la integran "fuera al astillero Cardama para tener certezas, para observar… Lo que hace habitualmente todas las comisiones del parlamento, más tratándose de una obra de esta magnitud".
Pero la propuesta no prosperó, ya que contó con la negativa de los dos integrantes del Frente Amplio.
MÁS NOTICIAS DEL PANORAMA NACIONAL
La conmemoración de la Noche de los Cristales Rotos, que organiza la B’nai Brith y todos los 10 de noviembre reúne a la plana mayor del gobierno y el sistema político, generó molestia en el presidente de la República, Yamandú Orsi, quien no aplaudió —como sí hizo el auditorio— y al finalizar el evento, sin más, se retiró de la sede judía junto con la vicepresidenta Carolina Cosse.
En los discursos de Jorge Tocar, presidente de la B’nai B’rith y del escritor Ruperto Long se solicitó al gobierno que reconsiderara su decisión de poner en pausa la apertura de una oficina de innovación en Jerusalén, una iniciativa que se había iniciado en la administración de Luis Lacalle Pou, en el marco de un acuerdo entre la Agencia Nacional de Investigación Innovación (ANII) y la Universidad Hebrea de Jerusalén.
Tocar centró su discurso en la preocupación de que la comunidad judía en Uruguay ha visto el desarrollo de "señales preocupantes" que contienen "el mismo germen" que llevó a los ataques sufridos en Alemania Nazi de 1938.
Entre ejemplos recientes, mencionó —sin nombrar— el de "una directora nacional de Mides que repite eslóganes que llaman a la desaparición del Estado de Israel", en referencia a Micaela Melgar, titular del Instituto Nacional de Alimentación.
"Le hicieron pasar un mal rato al presidente", según dijo a El País uno de los dirigentes del oficialismo, que consideró "fuera de lugar" lo sucedido. El asunto generó una molestia tal que el gobierno hizo llegar su disconformidad a los organizadores.
El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, indicó que con Orsi se analizó en Torre Ejecutiva lo ocurrido. "En las próximas horas, probablemente, el gobierno haga algún tipo de manifestación en ese sentido", afirmó Díaz, quien evitó dar mayores detalles.
Por otra parte, Roby Schindler, presidente del Comité Central Israelita (CCI), la entidad engloba a 32 instituciones judías, entre las que está la B’nai B’rith, recordó que “cada vez” que la organización que dirige tuvo que plantear algo, “optó por otro camino”, como el de solicitar una audiencia para trasladar los reclamos a las autoridades correspondientes.
En ese sentido, señaló que, si bien “comulga con lo que se dijo en los discursos”, desde el Comité Central Israelita se entiende que “no fue el tiempo ni la forma en que el comité se expresa”.
Schindler dijo a El Observador que el mandatario "siempre ha tenido una actitud muy empática" con la comunidad judía y que "es un ser con ángel" con quien "empatiza" y que "no podría tomar a mal" nada de lo que dijo.
Además señaló que se comunicó con el presidente Yamandú Orsi, a quien transmitió la necesidad de “tratar de unir a las partes y que esto no escale”.
“La Noche de los Cristales Rotos nos tiene que hacer reflexionar”, puntualizó Schindler y dijo que, a partir de lo ocurrido el 7 de octubre de 2023, se están viendo “resabios antisemitas que duelen mucho”.
La secretaria general de la filial Montevideo de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu), Paola López, afirmó que la desafiliación del gremio aplicada este lunes al presidente del Codicen, Pablo Caggiani, está dentro de las normas del sindicato.
"Hay que entenderlo como una incompatibilidad estar en un lugar y en otro y hay cuestiones de mecanismos como suspensión, de presentar una renuncia temporal mientras uno está desarrollando el cargo político y no hay ninguna afectación en ese sentido".
Dijo que cada vez que asume una administración y hay recambios, la organización transita por ese tipo de experiencias ya que algunos de los que participaban del sindicato asumieron cargos públicos.
López encabezó una conferencia de prensa este martes tras el levantamiento de la medida de paro que rigió durante tres días consecutivos y de las movilizaciones realizadas en Torre Ejecutiva y Codicen.
La directora general de Primaria, Gabriela Salsamendi, se reunió ayer con representantes de Ademu y de la escuela 123, donde ocurrieron los episodios de violencia el miércoles de la semana pasada.
La funcionaria señaló que solucionar la problemática de la violencia en los centros de estudio es un proceso largo que “no se arregla con poner policías”. En ese sentido, manifestó que se trabaja en campañas masivas de comunicación, con el fin de “reconceptualizar los vínculos de convivencia”.
La reunión del martes con los docentes, dijo Salsamendi, “dejó una instancia de escucha”, porque las maestras afectadas por la violencia requieren de instancias “que no estén mediadas solamente por lo sindical”, y sostuvo que, desde Primaria, es preciso “empatizar con la sensación de amenaza que tienen las maestras de la escuela” y “pensar juntas caminos de solución”.
Salsamendi se refirió así a la necesidad de proteger a los niños y a los espacios educativos:
"La violencia no debería traspasar a los espacios que entre todos los uruguayos y las uruguayas tenemos que preservar, los espacios donde están los niños y las niñas. En un país donde nacen cada vez menos niños y niñas, deberíamos poner un cartel de frágil en la frente de cada uno y cuidarlos y comprometernos socialmente".
Respecto a los responsables del ataque en la escuela 132 de Jardines del Hipódromo, desde Fiscalía se informó ayer que la fiscal Patricia Rodríguez, tomó testimonio de varias víctimas que pasaron por el examen forense y solicitó formalmente a la ANEP la entrega de imágenes relevantes para el esclarecimiento de los hechos.
Representantes de la Coordinadora de Sindicatos Policiales plantearon ayer al presidente Yamandú Orsi una serie de necesidades y mejoras laborales para más de 30 mil funcionarios.
Rudeber Buela, vocero de los gremios, explicó que se plantearon en la reunión “medidas subsidiarias que aportan apoyaturas al presupuesto modesto para el salario policial, de los 33.000 funcionarios del Ministerio del Interior”.
“La idea de hoy era tratar de, comprendiendo que evidentemente hay una situación difícil no solo a nivel nacional sino internacional con respecto a la economía del país, poder agregar y aportar herramientas que sabemos pueden llegar a funcionar y a repercutir incluso también en aflojar y mejorar la vida del funcionario, también en la parte de la salud mental”.
En ese sentido, mencionó, por ejemplo, implementación de boleteras para que los funcionarios puedan viajar en los ómnibus, beneficios con las entidades públicas y de la generación y el estudio de un nuevo seguro del Banco de Seguros del Estado, para los policías de todo el país.
Además, reclamaron “un plan de vivienda contundente que ayude a los funcionarios de todo el país a liberar una parte de su salario y a tener la vivienda asegurada y un plan para la posteridad de su familia”.
ECONOMÍA Y EMPRESAS
El Poder Ejecutivo reglamentó la ley que dispone un conjunto de medidas económicas para las zonas fronterizas que entrarán en vigor el 1 de diciembre.
En el decreto el gobierno definió que los beneficios tributarios aplicarán en los pasos de frontera terrestre con Brasil: Bella Unión, Artigas, Rivera, Aceguá, Río Branco y Chuy.
Si bien la ley permite la posibilidad de extender las medidas a las zonas fronterizas con Argentina, en esta oportunidad el Poder Ejecutivo resolvió que se apliquen únicamente en la frontera con Brasil debido a “la disparidad de precios” que existe actualmente con respecto a Uruguay.
El último reporte del observatorio de la Universidad Católica del Uruguay marca una brecha de 66%.
La ley establece tres tipos de medidas: la exoneración de aportes patronales para la contratación de nuevos trabajadores, la reducción de IVA mediante pagos con tarjetas de débito en pequeños comercios, y la instrumentación de un régimen especial mediante el cual las micro, pequeñas y medianas empresas pueden importar determinadas mercaderías exentas de IVA e Imesi.
En el mercado local, el dólar ayer se mantuvo estable. El interbancario fondo operó en promedio a $39,750.
En lo que va del año 2025, el dólar lleva una baja acumulada de 9,79% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2024).
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $38,60 para la compra y $41,00 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense bajó y cerró ayer en R$ 5,273.
En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial disminuyó y cotizó en AR$ 1.413,00. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) subió y cotizó en el entorno de los AR$ 1.440,00.
El Euro aumentó ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$1,1591.
OTRAS NOTICIAS
Tres hinchas de Nacional fueron condenados tras un proceso abreviado y una persona resultó imputada, todas vinculadas al lanzamiento de la bengala náutica en el clásico del Torneo Intermedio del 6 de julio de este año en el Estadio Centenario.
A todos se les imputaron los delitos de asociación para delinquir y estrago, informó la Fiscalía. Las condenas fueron a 13 meses de prisión que se sustituye con libertad a prueba, con las medidas de trabajo comunitario por 8 meses, presentarse una vez por semana a la seccional y el ingreso a la lista de personas prohibidas de ingresar a espectáculos deportivos.
La bengala náutica lanzada desde la tribuna Colombes con dirección a la tribuna Ámsterdam impactó en la ingle de un funcionario policial que estaba trabajando en la América. Debió ser operado y tendrá consecuencias de por vida.
El caso está a cargo de la fiscal Claudia Amoedo.
A la persona cuya investigación se formalizó se le dispuso una medida cautelar de arresto domiciliario total con tobillera por 180 días.
Según surge del audio de la audiencia al que accedió El País, la fiscal indicó que el imputado es parte de un sector de la barra brava de Nacional, llamado "la sub 21″ o "los quemadores".
Durante la indagatoria se logró determinar que la pirotecnia ingresó a través de proveedores de bebidas y comida, a quienes se les pagaba, y de un funcionario de la Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO) que se encargaba de limpieza y mantenimiento a quien también se le pagaba.
El funcionario condenado trabajaba en el Estadio Centenario desde hacía siete años y, según la investigación fiscal, fue quien escondió las bengalas antes de la recorrida policial y después los guió durante la inspección y nunca las mostró. La Fiscalía determinó además que recibió varias transferencias de dinero ese mismo día.
El presidente de CAFO Gonzalo Trabal adelantó que, de cara a los próximos partidos en el Centenario, trabajarán junto al Ministerio del Interior para revisar los procedimientos de control.
Trabal, expresó su “profundo malestar” tras la condena de un funcionario de la institución por haber colaborado en el ingreso de las bengalas al Estadio Centenario durante el clásico del 6 de julio, en el que un policía resultó herido.
"Nosotros somos pocos y no solo eso sino que la característica del personal nuestro es que hace muchísimos años que trabajan acá. Entonces, más duele porque cuando tenés a un funcionario que hace 15, 20 o 25 años que trabaja contigo y te cumple, que pasen estas cosas te sorprende. Ya no es un tema de controles, es un tema que traicionó nuestra confianza, ahora lo tengo que asumir".
INTERNACIONALES
El portaaviones más grande del mundo se incorporó al operativo de Estados Unidos contra el tráfico de drogas procedente de Latinoamérica, que Venezuela insiste tiene como objetivo el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro.
El arribo del "USS Gerald Ford" a la región coincidió con un nuevo despliegue militar de Venezuela para responder a "amenazas imperiales" y la condena de Rusia a los bombardeos de embarcaciones que supuestamente transportan drogas.
El último ataque fue el domingo en el Océano Pacífico. El secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegseth, informó de la muerte de seis personas a bordo de dos embarcaciones.
Ya son 20 las embarcaciones bombardeadas con saldo de al menos 76 muertos.
Estados Unidos desplegó desde setiembre buques de guerra, aviones caza y miles de soldados en el Caribe para estas operaciones contra el narcotráfico presuntamente proveniente de Venezuela y Colombia.
El Comando Sur de las Fuerzas Navales de Estados Unidos afirmó en un comunicado que el "USS Gerald Ford", cuyo despliegue se ordenó hace casi tres semanas, entró en su zona de responsabilidad, que abarca América Latina y el Caribe.
Rusia -rival de Occidente y aliado clave de Maduro- calificó por su parte de "inaceptables" los bombardeos.
En respuesta a Estados Unidos, Venezuela elevó los niveles de alerta militar en el país, del llamado “Plan Independencia 200”, un mecanismo de respuesta al despliegue militar en el Mar Caribe.
La decisión sube la tensión política y militar entre Estados Unidos y Venezuela
El gobierno venezolano informó del "despliegue masivo de medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos".
La televisión estatal VTV mostró la movilización de soldados armados con fusiles. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, dijo que 200.000 efectivos participaron en el ejercicio, aunque en ciudades como Caracas no se observó movimiento militar.
Anoche, el presidente Nicolas Maduro promulgó la ley de defensa del comando integral para estar preparados para lucha armada.
“Así que al firmar debe activarse la orden para que los comandos de defensa integral se instruyan, se estructuren y entren al trabajo. Para estar preparados. Si nos tocara como república, como pueblo, ir a la lucha armada para defender esta sagrada herencia de los libertadores y libertadoras estar listos para ganar, para triunfar, por el camino del patriotismo y la valentía”.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó "suspender" el intercambio de inteligencia con agencias de seguridad de Washington como respuesta a los bombardeos contra supuestas lanchas narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico.
Petro calificó los ataques ordenados por su homólogo estadounidense, Donald Trump, como "ejecuciones extrajudiciales".
"Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses", anunció Petro en sus redes.
El mandatario colombiano mantiene una tensa relación con Estados Unidos desde que Trump asumió su segundo periodo presidencial en enero.
En medio de la escalada diplomática, Trump retiró este año a Colombia de la lista de países aliados contra el tráfico de drogas y revocó la visa de Petro y de varios de sus funcionarios.
Francia expresó su "preocupación" por las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe, en el primer día de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G7 en Canadá.
Los jefes de la diplomacia de los países del G7 –Alemania, Gran Bretaña, Canadá. Francia, Italia, Japón y Estados Unidos– iniciaron la cumbre ayer en la ciudad de Niagara-on-the-Lake para discutir temas como la guerra en Ucrania y en Sudán.
El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, criticó las "operaciones militares" en el Caribe, y dijo que es crucial evitar "la inestabilidad causada por posibles escaladas", después de que Venezuela advirtiera que los despliegues de Estados Unidos podrían desencadenar un conflicto total.
"Hemos observado con preocupación las operaciones militares en el Caribe porque ignoran el derecho internacional", dijo Barrot, sin mencionar acciones específicas de Estados Unidos.
OTROS TEMAS EN EL PANORAMA INTERNACIONAL
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atribuyó a los republicanos una "gran victoria" sobre sus rivales demócratas por conseguir que el Senado diera un paso adelante para poner fin al cierre gubernamental más largo de la historia del país.
La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, votará hoy el final del cierre de gobierno.
En un discurso por el Día de los Veteranos, Trump se jactó del hecho de que este avance se lograra gracias a que senadores demócratas rompieron filas y votaron junto a los republicanos a favor de un proyecto de presupuesto para finalizar más de 40 días de "shutdown".
"Enhorabuena… por una gran victoria", dijo Trump al presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, cuando lo vio en la ceremonia para honrar a los antiguos combatientes en el Cementerio Nacional de Arlington.
"Estamos abriendo nuestro país, que nunca debería haber sido cerrado", añadió el presidente, utilizando la terminología habitual para estos casos cuando se producen cierres de servicios públicos por falta de fondos, o su reapertura.
En Ucrania, investigadores acusaron a Timur Mindich, un aliado clave del presidente Volodimir Zelenski, de orquestar una trama de corrupción por cien millones de dólares.
Este último escándalo de corrupción en la industria energética de Ucrania atizó la indignación de la opinión pública por las acusaciones de malversaciones de fondos en un sector muy golpeado por la guerra con Rusia.
Mindich es copropietario del estudio de producción Kvartal 95, fundado a principios de los años 2000 por Zelenski, que antes de lanzarse a la política era un actor de comedia.
"Mindich ejercía el control sobre la acumulación, distribución y legalización del dinero obtenido por medios delictivos en el sector energético de Ucrania", afirmó un letrado de la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO).
El sospechoso utilizó "sus relaciones amistosas con el presidente de Ucrania" en sus actividades delictivas, agregó el fiscal en una audiencia previa al juicio de un procesado por la trama.
La fiscalía anticorrupción acusó además al exministro de Energía, German Galushchenko, de recibir "beneficios personales" de Mindich a cambio del control de los flujos financieros del sector energético.
Los iraquíes votaron para elegir un nuevo Parlamento en un momento crucial para el país y para la región, unas elecciones seguidas de cerca por Irán y Estados Unidos.
Irak ha gozado de una inusual estabilidad en los últimos años mientras intenta superar décadas de guerra y represión bajo el régimen de Sadam Husein, y los estragos de la invasión liderada por Estados Unidos que lo derrocó.
No obstante, este país de 46 millones de habitantes sufre de infraestructuras y servicios públicos deficientes, además de una corrupción endémica..
La tasa de participación fue de 55% del electorado, una sorpresa ya que muchos observadores temían una afluencia muy baja, tras un llamado de boicot del influyente clérigo chiita Moqtada Sadr.
En el panorama político iraquí no hay nuevos liderazgos y los tradicionales representantes de las comunidades chiitas, sunitas y de los kurdos siguen en primera línea.
En Colombia, el bombardeo más letal ordenado por el gobierno de Gustavo Petro abatió a 19 guerrilleros de las disidencias de las FARC, lideradas por el rebelde más buscado del país, informaron el martes altos mandos militares.
El presidente izquierdista ordenó "el bombardeo y la disolución militar" de esta organización comandada por alias Iván Mordisco tras frustrados intentos de negociar la paz.
El ataque aéreo en el amazónico departamento del Guaviare (sureste) es el séptimo en lo que va de 2025 y el más letal que han realizado las Fuerzas Armadas durante el mandato de Petro, según confirmó una fuente militar a la AFP.
La operación, además, ocurre mientras el mandatario colombiano enfrenta críticas preelectorales y sanciones de Estados Unidos por su supuesta negligencia para enfrentar a las mafias de la cocaína.
El almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, dijo en una rueda de prensa que la operación se hizo en "la madrugada del 10 de noviembre" y dejó "19 terroristas muertos" y tres personas capturadas, entre ellos un hombre herido.
Tres menores de edad en manos de la guerrilla fueron rescatados por las autoridades, que además incautaron abundante material de guerra entre fusiles, granadas, morteros y minas antipersonales.
La ofensiva aérea fue ordenada "ante un ataque inminente" contra los soldados desplegados en tierra en la zona.
En la ciudad de Belém, en Brasil, varias decenas de manifestantes indígenas se enfrentaron con agentes de seguridad de la COP30 al tratar de ingresar al interior del centro de conferencias.
Los indígenas se manifestaban bailando frente al edificio antes de entrar, pero agentes de seguridad los empujaron hacia afuera.
Los agentes colocaron sillas y mesas en la puerta para impedir de nuevo su ingreso.
La seguridad de la COP está a cargo de la ONU en el interior del recinto y de las autoridades locales brasileñas en el exterior.
Maria Clara, una manifestante de la asociación Rede Sustentabilidade de Bahia, explicó a la AFP que la protesta tenía como objetivo alertar sobre la situación de los "pueblos indígenas". "Estas voces son ignoradas", dijo.
La COP30 sobre cambio climático se celebra en esta ciudad amazónica del norte de Brasil entre el 10 y el 21 de noviembre.
En ausencia de Donald Trump en la COP30, el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, se hizo presente en Belém para defender la lucha contra el cambio climático y cuestionar al mandatario.
Estados Unidos, la mayor economía mundial y segundo emisor de gases de efecto invernadero después de China, está ausente por primera vez en una conferencia climática mundial.
Contrariamente a los estudios científicos, Trump considera el calentamiento como la "mayor estafa" de la historia, a la vez que promueve la explotación de los combustibles fósiles.
Newsom, posible candidato a las presidenciales de 2028, tuvo en la COP30 una agenda y una atención a la altura de un gobernante nacional, con reuniones con el presidente de la COP30, el brasileño André Correa do Lago, entre otros.
Y aprovechó la oportunidad para disparar contra su oponente republicano.
"Está redoblando su estupidez", dijo el gobernador. Pero "Trump es temporal", agregó.
En Chile, Jeannette Jara, candidata del bloque de la izquierda, y José Antonio Kast, de la derecha, cerraron sus campañas presidenciales de cara a la elección del próximo domingo 16.
La candidata enfrenta los comicios como primera en las encuestas, que estiman su paso a segunda vuelta, probablemente con Kast.
El cierre de Jara fue en la Plaza de Maipú, en un territorio estratégico para la izquierda.
Jara es la primera comunista, desde 1990, que ha llegado a una elección presidencial en una posición competitiva, y apoyada por un bloque de otros ocho partidos
El republicano Kast decidió cerrar su campaña en un espacio usualmente utilizado para conciertos.
“La tercera es la vencida”, dijo en alusión a su tercer intento por llegar a La Moneda.
Su discurso se centró en las críticas al gobierno de Boric. “Jara es Boric y Boric es Jara. Nada de lo que diga o haga podrá cambiar eso. Es la continuadora de un Gobierno fracasado”, concluyó.
En Argentina, el gobierno empezó a dar a conocer detalles de las reformas que tiene en carpeta, y en particular la del sistema tributario, donde se adelantó que habrá recortes en el pago del impuesto a las Ganancias.
Este impuesto, que se restituyó el año pasado, originalmente se aplicaba sólo a sueldos muy altos, pero se terminó generalizando a los asalariados de clase media.
Ahora, el gobierno, habilitará que se pueda hacer deducciones para aquellos que inviertan en algunos rubros estratégicos, como seguros de capitalización y de retiro, anunció el ministro de Economía, Luis Caputo. Y, de esa manera, la reforma impositiva queda ligada a otro cambio estructural que planea el gobierno: el del sistema jubilatorio, que implica un 35% del gasto público y desde hace tiempo no logra financiarse con los aportes de la seguridad social.
Pero si el tema impositivo está en el centro del debate argentino no es, en realidad, por los anuncios del ministro de economía, sino por una polémica pública en la que se involucraron uno de los principales economistas del peronismo y el propio presidente Javier Milei.
El peronismo está inmerso en un gran debate interno sobre cómo renovar su propuesta para reconquistar a la masa trabajadora que está votando a Milei.
En ese debate, hubo quienes propusieron tomar el ejemplo del Frente Amplio uruguayo, que en su primera gestión de gobierno designó a Danilo Astori, una figura que no despertaba desconfianza en el mercado. En esa búsqueda de quién puede ser el “Astori peronista”, algunos propusieron a Emmanuel Álvarez Agis, que fue viceministro en la segunda gestión de Cristina Kirchner, y a quien los empresarios suelen escuchar con atención.
Alvarez Agis lanzó una propuesta que generó revuelo: dijo que había que eliminar el impuesto al cheque, muy criticado por ser distorsivo y porque castiga al sector formal de la economía. Y dijo que, a modo de compensación, había que castigar el uso del efectivo, para incentivar a la gente a hacer pagos por vía electrónica y, de esa manera, reducir la evasión.
Cuando le pidieron un ejemplo concreto de cómo funcionaría, Alvarez Agis dijo: “si sacás efectivo y marcás en el cajero automático mil pesos, te dan 900”.
El ejército de militantes libertarios tomó un recorte de la entrevista y transformó esa propuesta en tendencia, apostando a que la frase del economista iba a generar críticas.
Pero la verdadera explosión se produjo cuando el propio Milei opinó sobre el tema. Volviendo a su estilo agresivo que había suspendido en la campaña electoral, escribió “Kirchnerista igual a ladrón”.
Luego, en un segundo tuit, publicó el link a un trabajo académico, a modo de refutación de la propuesta de Alvarez Agis, a quien calificó como Álvarez el Chorro, antes conocido como Álvarez el Gil.
“¿Qué diferencia hay entre la propuesta y que un chorro te espere a la salida de un cajero y te robe el 10%?”, argumenta Milei.
Pero la cosa no es tan fácil como parece. Porque, en realidad, algunos funcionarios que hoy integran el gobierno de Milei, como el ministro de desregulación, Federico Sturzenegger, que fue presidente del banco central en la época de Mauricio Macri, había elogiado el modelo sueco, que también castiga el uso de efectivo, como forma de incentivar la economía bancarizada.
El peronismo aparece dividido entre quienes temen que la propuesta sea impopular en el electorado, y otro sector que lo ve como un síntoma de la renovación programática que necesita el partido.
(Fernando Gutiérrez, corresponsal desde Argentina)
