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NACIONALES
Las principales gremiales del agro manifestaron ayer su “rechazo categórico” a la decisión del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que suspende la exportación de ganado en pie con destino a faena, anunciada el pasado lunes.
Campo Unido, una organización que reúne a la Asociación Rural del Uruguay, la Asociación de Cultivadores de Arroz, la Comisión Nacional de Fomento Rural y las Cooperativas Agrarias Federadas, emitió un comunicado donde señala que la resolución ministerial representa “una muy mala señal para el comercio”, en especial en momentos donde desde el Poder Ejecutivo se ha impulsado con fuerza la apertura de nuevos mercados y la reducción de costos al comercio internacional.
El texto señala: “desde el gobierno se han promovido acciones para facilitar el comercio y dinamizar la economía exportadora. Acompañamos e impulsamos esas medidas”, expresaron, citando las iniciativas recientes del ministro de Economía, Gabriel Oddone. Sin embargo, afirmaron que la restricción adoptada por Ganadería contradice ese camino, y la consideraron “aún más grave” por su impacto en el mercado interno del ganado.
Estas gremiales pedirán una entrevista con el presidente Yamandú Orsi y se reunirán este jueves con el ministro Oddone.
El presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber, dijo que la suspensión de la exportación de ganado en pie “lo único que hace es beneficiar a las grandes empresas” de la industria frigorífica y no será suficiente para solucionar, como se dio a entender desde el ministerio, los problemas de ese sector.
“No estamos de acuerdo en las medidas para revertir eso. Si por pretender defender los puestos de la industria vamos a afectar el precio del ganado, lo que vamos a terminar haciendo es que haya menos ganado. Es algo tan simple como eso. Con respecto a la cantidad de trabajadores que hay en la industria, no es algo que los productores participemos”.
Según Ferber, hoy Uruguay exporta en promedio unos 300.000 animales en pie por año, mientras que la faena ronda entre los 2.200.000 y 2.300.000 bovinos. El gremialista subrayó que si se incrementara la faena interna a 2.500.000, los 200.000 animales adicionales perderían valor, al no existir mercados suficientes para mantener los precios.
El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Luis Alfredo Fratti, puntualizó ayer en conferencia de prensa que lo resuelto es que deberá pedirse autorización para “los nuevos pedidos” de exportación de ganado en pie. Por eso enfatizó que no se trata de una prohibición y aclaró, además, que no afectará ni a los animales que se embarcan con objetivo de mejorar genéticamente los rodeos en los países de destino ni a los de razas lecheras.
“No está suspendida ninguna categoría de exportación de ganado en pie. Debe quedar claro. Los invito a leer claramente el comunicado que dice ‘momentáneamente suspendida’. Momentáneamente suspendida no es prohibir. El idioma español es claro en ese sentido. Aún no hay ninguna categoría de exportación en pie suspendida”.
Al argumentar en favor de la medida, el ministro advirtió que había “algo así como 1.030 obreros en seguro de paro” y seis plantas cerradas porque tienen dificultades para acceder a la materia prima.
Fratti no fue claro, sin embargo, respecto a si la medida era apoyada por el conjunto del gobierno. Cuando El País le preguntó si la decisión contaba con el apoyo del ministro de Economía, Gabriel Oddone, respondió: “No sé, pregúntele al ministro Oddone”. Luego explicó que lo iba “a resolver en conjunto” con el gobierno de Yamandú Orsi.
La medida, afirmó, busca ser una “alerta”:
Reconoció que con esta decisión no se iba a “salvar ninguna industria de las que está parada”. “Si exageramos (con la exportación de ganado en pie) hay alguna otra (industria) que puede entrar en problemas”, afirmó también.
Agregó que la exportación de ganado en pie “llegó para quedarse” y que “no hay ningún cataclismo”.
Pero, al mismo tiempo, consideró que tenía que actuar porque el año pasado fueron exportados en pie 14.621 animales para faena inmediata y en lo que va del año ya se embarcaron 22.711.
El ministro explicó que los interesados en exportar deberán hacer una solicitud que se estudiará individualmente y que será respondida previa consulta con el Ministerio de Economía y el presidente de la República. “Va a ser una decisión del gobierno. Yo puse la alerta”, insistió.
La medida fue cuestionada por la oposición, donde se aseguró que beneficia a los frigoríficos y perjudica a los ganaderos.
El senador colorado Pedro Bordaberry consideró “inentendible que el Ministerio de Ganadería tome medidas que benefician a unos pocos grandes frigoríficos y perjudican a miles de productores; ceden a la presión de los grandes intereses; no es por ahí". Bordaberry anunció que citará a Fratti, quien "deberá rendir cuentas en el Parlamento".
Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, planteó por su parte: "Privarnos de la exportación en pie, y más en un rubro oligopólico como el que hay en nuestro país, es entregar a los productores atados de pies y manos a la industria frigorífica (casi toda de capitales extranjeros)".
Sebastián Da Silva, senador del Partido Nacional, le dijo a El País que "Fratti sigue demostrando que es más amigo de los industriales que de los ganaderos", y que "nadie entiende por qué tomó esta decisión".
Da Silva, que también anunció una convocatoria de Fratti al Parlamento, dijo que esta medida tendrá como corolario un descenso en el precio del novillo.
OTROS TEMAS QUE SE DESTACAN ESTA MAÑANA
El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, aseguró ayer que la decisión de blancos, colorados y el Partido Independiente de no enviar representantes al Diálogo Social constituye un acto de “demasiada soberbia”.
Hablando ayer ante la prensa, Sánchez defendió como “un ejercicio democrático” la instancia mediante la cual el gobierno impulsará cambios en el sistema de protección social.
Con respecto a los principales argumentos de la oposición para no participar de este ámbito, Sánchez dijo que el Poder Ejecutivo está dispuesto a revisar el formato, aunque advirtió que “el diálogo social va más allá de los partidos políticos”.
“Algunos partidos políticos que hoy no quieren participar en el diálogo social ya habían enviado los nombres de sus delegados (…) Seguiremos haciendo esfuerzos para tratar de convencer, porque sentarse a hablar es un componente central de la democracia. Seguiremos haciendo el mayor esfuerzo para que los partidos políticos se sienten a discutir -con las organizaciones sociales y en el marco del diálogo social- cómo construimos una matriz de protección social hacia el futuro. Lo seguiremos intentando. Si el reclamo está relacionado a que los partidos políticos pretenden tener una mayor representación, nosotros estamos dispuestos (a conversar). Si lo hubiesen planteado antes, seguramente eso estaba resuelto”.
Pese a la negativa comunicada esta semana, el Partido Nacional y el Partido Independiente ya le habían informado al Poder Ejecutivo que participarían en el Diálogo Social e, incluso, habían remitido los nombres de sus delegados.
Según El Observador, los blancos habían notificado el pasado 17 de junio que estarían representados por Macarena Rubio, en ese entonces presidenta interina del Directorio. En caso de ausencia, su suplente iba a ser Pilar Simón, diputada suplente y presidenta de la Juventud del Partido Nacional.
El Partido Independiente, en tanto, había consignado la semana pasada que su delegado sería Martín Giorello, magíster en Políticas Públicas. Su suplente sería el contador Luis González Ríos, ex integrante de la Caja de Profesionales y expresidente del Colegio de Contadores del Uruguay.
El senador Pedro Bordaberry fue consultado ayer sobre la resolución del Partido Colorado de no participar en el Diálogo Social. En rueda de prensa, el líder de Vamos Uruguay manifestó: “Yo no participé de la decisión ni me consultaron”.
La decisión colorada había sido anunciada el lunes por el secretario general, Andrés Ojeda, y plasmada en un comunicado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido.
Hablando con la prensa, Bordaberry dio su visión sobre esta decisión.
“A mí siempre me gusta dialogar, eso es lo primero, o sea que cuando se toman esas medidas no me gustan”, expresó Bordaberry. De todos modos, puntualizó: “Después cuando averigüé me dijeron que fue porque resulta que la representación [en el diálogo social] no estaba muy equilibrada, [porque] el Frente Amplio tenía tres y los otros partidos tenían uno cada uno y no llegaban a nada, entonces, evidentemente se convoca a un diálogo donde de antemano se establece una mayoría”.
En este escenario, Cabildo Abierto es el único partido opositor que decidió participar en el Diálogo Social, que comenzará hoy. Identidad Soberana tampoco participará.
El diputado y referente de ese partido, Gustavo Salle dijo que estaba dispuesto a asistir para “escuchar lo que hablaban” los demás partidos, pero, al retirarse blancos, colorados e independientes, se convirtió en “una payasada para la tribuna”.
Hace un mes, entrevistado por Búsqueda, si bien consideró que el “diálogo social” es un “embuste barato”, Salle afirmó que, de todas formas, representaría a su partido en esa instancia. Ahora, hablando con El País, el diputado dijo “cambió de opinión” y no se “va a prestar a ese circo”, en referencia a la convocatoria.
MÁS NOTICIAS DEL PANORAMA NACIONAL
La Asamblea General eligió este martes a Mariana Mota para integrar el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH).
La ex jueza, que ya había integrado el organismo entre 2017 y 2022, ocupará la vacante que dejó Wilder Tayler, quien renunció al cargo en marzo por motivos personales.
Mota recibió 75 votos, sobre un total de 123 legisladores presentes en sala, con el respaldo del Frente Amplio, el Partido Independiente y parte del Partido Colorado. La otra candidata, la ex fiscal Gabriela Fossati, obtuvo un único voto, emitido por el senador colorado Gustavo Zubía. Además, 41 parlamentarios votaron en blanco y otros 6 anularon su voto.
La semana pasada ya se habían realizado dos votaciones, pero de las tres candidatas propuestas inicialmente -Mota, Fossati y la abogada Luz Dupetit- ninguna logró alcanzar los dos tercios necesarios. En esta tercera instancia, bastaba con mayoría simple para concretar la designación.
En el oficialismo se destacó la trayectoria de Mota en la Justicia, en particular por su actuación en decenas de causas relacionadas con delitos cometidos durante la dictadura. La senadora Constanza Moreira dijo que Mota tenía un “currículum imbatible”.
“Tiene una expertise gigante en materia de derechos humanos. Fue jueza durante 26 años. Todos la recordamos siendo jueza en lo Penal, por la cantidad de denuncias que recibió y auspició en su juzgado. También fue directora de la institución. Tenía un currículum imbatible.
Desde la oposición, en cambio, hubo cuestionamientos a lo que consideran una visión sesgada o excesivamente centrada en el pasado reciente.
La senadora nacionalista Graciela Bianchi dijo que, desde el punto de vista jurídico e institucional, Mota era “invotable”.
“El otro día, cuando hizo la ponencia (En el Parlamento) fue pésima. Leyó todo el tiempo y en el 90% se refirió a los desaparecidos. La INDDHH tiene otros intereses, además. Me parece que su postura es absolutamente sesgada y sus antecedentes no me permiten respetar su actuación”.
En paralelo, se abrió un nuevo proceso de negociación para cubrir otra vacante en el Consejo Directivo, a raíz la renuncia de Bernardo Legnani. Uno de los nombres que genera consenso entre el Frente Amplio y sectores del Partido Colorado es el del comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit.
El senador colorado Pedro Bordaberry presentó ayer ante la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Diputados una serie de “aportes” al proyecto de ley que regula la eutanasia, que comenzará votarse hoy en ese ámbito.
Bordaberry planteó allí la necesidad de cambiar el artículo 8 del proyecto, relativo a la exención” de “responsabilidad penal, civil y de cualquier otra índole” para los médicos y otros actuantes en este procedimiento.
Ese artículo había sido cuestionado por varias cátedras que habían concurrido al Parlamento a opinar sobre el proyecto.
Hoy comenzarán a votar los 13 artículos del proyecto de ley. Está previsto que la iniciativa, sin mayores cambios, cuente con el apoyo de los tres integrantes del Frente Amplio y la diputada colorada Nibia Reisch, que pertenece al sector de Bordaberry.
El diputado frentista Federico Preve le dijo a El País que el oficialismo no tiene previsto cambiar el artículo 8. “Nuestro planteo es que son visiones filosóficas y jurídicas distintas. El paradigma nuestro está basado en el derecho humano, en la dignidad al final de la vida, la autonomía y la libertad de decisión”, señaló.
“Bordaberry””, dijo Preve, “ plantea exclusivamente la despenalización, y nosotros consideramos que hay que eximir de pena porque es un derecho humano a considerar, y su proyecto lo sigue considerando un delito”.
Está previsto que el proyecto llegue al Plenario de la Cámara de Diputados el próximo 5 de agosto.
El senador nacionalista Martín Lema, opinó ayer que, “desde el punto de vista personal”, ve “más conveniente” que Álvaro Delgado, flamante presidente del Directorio del Partido Nacional, renuncie a su banca en el Senado.
Hablando con la prensa ayer Lema, que integra el mismo sector que Delgado (Aire Fresco), fue consultado por la decisión del senador de “compatibilizar” sus tareas en el Parlamento con la conducción partidaria. Lema sostuvo que la renuncia de Delgado al Senado podría “destrabar diferentes circunstancias y cualquier tipo de malentendido”, y, además, serviría para que “la conducción” estuviera “despejada” de “intercambios que no ayudan”.
“Ya dio garantías de que no iría a recibir dos sueldos. Entiendo que sería más conveniente, sin ninguna duda, para todas las partes, una renuncia”.
Desde Alianza País, el diputado Sebastián Adújar es uno de los que entiende que “ayudaría mucho en poder encausar un poco de paz dentro del partido” que Delgado “tenga una actitud digna de renunciar”.
Hablando con El País, Andújar se refirió a la intención que tiene el senador de reintegrar su salario como legislador: “No sé si está permitido. En todo caso, puede devolver el líquido que cobre, los aportes jubilatorios te los van a seguir pagando. Es medio raro, no es muy claro”.
En el mismo sector, el senador Sebastián Da Silva también se mostró crítico: “Tiene que renunciar por el partido, por él y por (José Luis) Falero, (su suplente) que fue uno de los ministros más importantes del gobierno y no puede estar siendo jornalero”.
El legislador le dijo a El País que le transmitió su postura a Delgado, y que las “cosas tienen que ser sencillas y fáciles de entender”. “No es por él” señaló, en referencia a que diría lo mismo si el presidente del Directorio fuera el líder de su sector, Javier García.
Un grupo de dirigentes del Partido Colorado impulsará una recolección de firmas en rechazo a “toda fórmula electoral que implique comparecer bajo otro lema” que no sea el de la propia fuerza política.
En el documento se plantea el “repudio a la fusión partidaria” con el Partido Nacional y otros partidos de la coalición y “la necesidad de que el Partido Colorado preserve y ejerza su plena autonomía política y electoral a nivel nacional y departamental”.
El texto firmado por el convencional colorado y miembro del Comité Ejecutivo Departamental Flavio Harguindeguy señala: “Somos colorados de todo el país que, organizados y en coordinación, nos hemos unido para expresar nuestro rechazo al rumbo fusionista impulsado por la cúpula partidaria. Defendemos con firmeza la identidad del Partido Colorado, así como su autonomía estructural y electoral”.
Y continúa señalando el texto: “En este marco, rechazamos la comparecencia bajo otro lema y advertimos sobre una interpretación errónea —o deliberadamente sesgada— que sostiene que una candidatura unificada aumentaría las posibilidades de acceso al gobierno, cuando en realidad las reduce, confundiendo al electorado”.
“Hacemos un llamado a la definición y a la defensa del Partido Colorado, que se ve amenazado por su posible absorción dentro de otra estructura, tanto a nivel electoral como en los procesos de toma de decisiones políticas”, señala.
ECONOMÍA Y EMPRESAS
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó ayer el nuevo calendario de licitaciones de deuda doméstica para el segundo semestre del año. La cartera busca aumentar el financiamiento de fuentes domésticas en moneda local, en línea con la reducción de la inflación, y reducir el costo fiscal del acceso a recursos.
El monto base a licitar en el segundo semestre es de US$ 670 millones, pero el MEF podría llegar a adjudicar hasta el doble, unos US$ 1.340 millones.
Según explicaron el ministro de Economía Gabriel Oddone y el Director de Gestión de Deuda, Herman Kamil, y consigna El País, a lo largo del primer semestre las emisiones en el mercado doméstico llegaron a los US$ 961,6 millones. “Fue fondeo importante para Uruguay”, evaluó la cartera. El total emitido en ese lapso (mercado doméstico e internacional) fue de US$ 2.863 millones.
En este segundo semestre, Economía licitará notas en pesos a tasa nominal, la primera con una madurez a dos años y medio y la segunda a cinco años. “Esta es la primera vez que se hace algo así en un calendario”, destacó Kamil, según detalla El País. La nota a cinco años tendrá tres emisiones en el semestre y la de dos años y medio tendrá mensuales, siendo que en algunos meses, se emitirán las dos juntas.
Asimismo, el MEF emitirá una nota en Unidades Indexadas (UI) a cinco años. “Es la primera vez también que hay tres instrumentos a cinco años”, agregó Kamil.
El MEF fundamentó que las instancias en pesos nominales responden a intereses de los inversores que confían más en la inflación descendente, dijo Kamil.
Por su parte, Oddone destacó que la decisión de subir las emisiones en pesos nominales a tasa fija es “propio de economías con inflación más baja”. Y Uruguay entra en ese grupo.
En el mercado local, el dólar tuvo una leve suba ayer, en esta ocasión 0,02%. El interbancario fondo operó en promedio a $40,433.
En lo que va del año 2025, el dólar lleva una baja acumulada de 8,24% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2024).
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $39,25 para la compra y $41,65 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense bajó y cerró ayer en R$ 5,558.
En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial disminuyó y cotizó en AR$ 1.260,00. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) también bajó y cotizó en el entorno de los AR$ 1.330,00.
El Euro disminuyó ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$1,1603.
OTRAS NOTICIAS
A raíz de un escrito presentado por la organización Patrimonio Activo, la Justicia ordenó la suspensión, de manera cautelar, de la demolición de una casa art decó ubicada en el barrio Parque Rodó, que entre sus peculiaridades tiene vitrales de autoría de Arturo Marchetti, cuya obra también está en el Palacio Legislativo.
En su resolución, la jueza María Alexandra Facal Sosa explicó que la prohibición de no innovar se da mientras se tramita el recurso de amparo que presentó Patrimonio Activo y que se argumenta en "el peligro en la demora, sumado a la irreparabilidad del perjuicio en caso de demolición".
Entre los argumentos de la organización para oponerse a la demolición está que el inmueble se ubica en un área de protección patrimonial y que por esto se requieren permisos especiales. También esgrime que la Constitución establece que el Estado debe salvaguardar “la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño”.
La casa, ubicada en Julio Herrera y Reissig esquina Benito Nardone, es uno de los ejemplares del acervo de arquitectura art decó que guarda la ciudad de Montevideo, además de que constituye parte de un conjunto de similares características que se emplaza en esa misma cuadra.
La Dirección Nacional de Policía Caminera advirtió ayer que el ingreso a Montevideo, en la zona de la rambla y Bulevar Artigas, “permanecerá cortado por tiempo indefinido” a raíz de las consecuencias del accidente ocurrido allí el pasado lunes.
Ese día un camión semiremolque chocó contra un puente provocó la caída de partes de su estructura. El estado del puente está siendo monitoreado por el Ministro de Transporte y Obras Públicas.
En tanto, la senda de salida de Montevideo, a través de la rambla Baltasar Brum, quedó habilitada en la noche del lunes.
Ayer se realizó el sepelio de Joel Rodríguez, el policía de 35 años que fue asesinado el viernes pasado durante una rapiña cerca del Molino de Pérez, en Punta Gorda, Montevideo.
El ministro del Interior Carlos Negro participó del velatorio y sepelio, además de toda la cúpula policial, compañeros, amigos y familiares.
Hasta el momento sigue sin haber detenidos por el caso.
INTERNACIONALES
El Kremlin aseguró ayer que sigue dispuesto a negociar con Ucrania, pero que necesita tiempo para responder a las "serias" declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dio 50 días a Rusia para poner fin al conflicto y prometió armas a Kiev.
El lunes, Donald Trump dio a Rusia un ultimátum de 50 días para poner fin a su ofensiva en Ucrania o enfrentarse a severas sanciones.
También declaró que se enviaría a Ucrania material militar, pagado por los miembros europeos de la OTAN.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, se expresó sobre el tema frente a periodistas e indicó:
"Las declaraciones del presidente Trump son muy serias. Por supuesto, necesitamos tiempo para analizar lo que se ha dicho en Washington y si, o cuándo, el presidente Putin lo considera necesario, comentará".
Y agregó: "Parece que esta decisión tomada en Washington, en los países de la OTAN y directamente en Bruselas será percibida por Kiev no como una señal a favor de la paz, sino como una señal para continuar la guerra"
Dmitri Peskov afirmó que Rusia espera "propuestas de la parte ucraniana" para una tercera ronda de negociaciones, después de dos sesiones infructuosas en Estambul.
"Seguimos dispuestos", declaró durante su sesión informativa diaria-
Sin un acuerdo en un plazo de 50 días, Estados Unidos introducirá "aranceles secundarios", es decir, contra los aliados de Moscú, amenazó el Presidente estadounidense.
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que Ucrania "no debería" atacar Moscú.
Según el Financial Times, Trump habló recientemente con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski sobre los límites que tendría el uso de los misiles estadounidenses.
Preguntado por periodistas en la Casa Blanca este martes Trump contestó: “No debería apuntar a Moscú”.
Bajo presión de Trump, Moscú y Kiev abrieron negociaciones sobre el conflicto bélico iniciado hace más de tres años, pero el único resultado concreto ha sido el canje de prisioneros.
El embajador de Estados Unidos en Israel exigió una investigación sobre la muerte a golpes de un palestinoestadounidense en Cisjordania ocupada la semana pasada, en una inusual presión pública del gobierno del presidente Donald Trump contra su aliado.
Según la Autoridad Palestina, el joven Saif al Din Musalat murió apaleado por colonos israelíes.
"He pedido a Israel que investigue enérgicamente el asesinato de Saif Mussallet, ciudadano estadounidense que estaba visitando a su familia en Sinjil cuando fue golpeado hasta la muerte", escribió en sus redes el embajador Mike Huckabee, quien es partidario de los asentamientos judíos en los territorios palestinos.
La familia de Musalat dijo que el joven estaba "protegiendo las tierras de su familia de los colonos que intentaban robarlas" y que éstos bloquearon una ambulancia, motivo por el que murió antes de llegar a un hospital.
La inflación de Estados Unidos subió a 2,7% anual en junio, en línea con lo esperado por los analistas, debido al impacto sobre los precios de los aranceles que ha anunciado el presidente Donald Trump, informó el Departamento de Trabajo.
En mayo, el índice de precios al consumidor (IPC) había sido de 2,4% anual.
El alza también se registró en el índice mensual, de 0,3% en junio frente a 0,1% en mayo, especialmente debido a los precios de la energía, algo que era esperado por los analistas.
Trump impuso en abril un arancel generalizado de 10% a prácticamente todos los socios comerciales de Estados Unidos, y además anunció tarifas aduaneras sectoriales al acero, el aluminio y los automóviles.
Los analistas han advertido del efecto que podrían tener esos impuestos aduaneros en la inflación.
Además, en el mes de junio hubo un fuerte aumento en los precios del petróleo, debido al conflicto entre Israel e Irán.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ordenó la retirada de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional de Los Ángeles, la mitad del polémico despliegue en la ciudad, según informó el Pentágono.
El presidente Donald Trump ordenó el mes pasado el despliegue de miles de efectivos de la Guardia Nacional y cientos de marines en Los Ángeles en respuesta a las protestas por las redadas contra inmigrantes indocumentados, una medida a la que se opusieron los líderes de la ciudad y el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom.
"Gracias a nuestras tropas que respondieron a la llamada, la anarquía en Los Ángeles está disminuyendo", dijo el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en un comunicado.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, atribuyó a las protestas pacíficas y a las acciones legales la medida, que calificó de "retirada".
El primer ministro francés, François Bayrou, propuso un plan de ajuste fiscal de 43.800 millones de euros (unos 50.000 millones de dólares) en 2026 para reducir su déficit público y financiar el alza del gasto militar.
Entre las medidas anunciadas figura una reducción del número de funcionarios públicos, la congelación de las pensiones en 2026, una "contribución de solidaridad" por parte de los más ricos y suprimir dos días feriados.
"Esta es nuestra hora de la verdad", aseguró Bayrou, en referencia a las arcas públicas que registraron un déficit público del 5,8% del PIB en 2024 y una deuda de casi el 114% en marzo, la más alta de la UE tras Grecia e Italia.
"Todo el mundo deberá participar en el esfuerzo frente a la magnitud del desafío. Es ilusorio pensar que una categoría u otra pueda cargar sola con el peso", agregó el primer ministro de la segunda economía de la Unión Europea.
El gobierno de Macron debe plasmar ahora estas medidas en un proyecto de presupuestos para 2026, que debe aprobar un Parlamento donde carece de mayoría.
Aunque preveía inicialmente un ahorro de 40.000 millones de euros, Macron urgió el domingo al gobierno a aumentar a un total de 6.700 millones de euros el gasto militar de 2026, de cara a alcanzar los 64.000 millones en 2027.
El presidente de Cuba salió a apagar el escándalo generado por las declaraciones de una ministra que aseguró que en la isla no hay "mendigos" sino que son personas "disfrazadas de mendigos". Tras la polémica, la jerarca renunció al cargo.
Durante una presentación ante una comisión del Parlamento, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, negó el lunes que las personas que hurgan en los contenedores de basura busquen comida y criticó a los limpiaparabrisas callejeros por buscarse "la vida fácil".
"Hemos visto personas aparentemente mendigos; cuando usted les mira las manos, cuando usted les mira las ropas que llevan esas personas, están disfrazadas de mendigos, no son mendigos. En Cuba no hay mendigos", dijo al presentar los programas sociales para atender la pobreza.
Estas declaraciones, emitidas durante una sesión transmitida por la televisión nacional, provocaron indignación entre la población, en momentos que la isla comunista enfrenta una inflación sin precedentes.
El presidente Miguel Díaz-Canel dijo ayer que es "muy cuestionable la falta de sensibilidad en el enfoque de la vulnerabilidad".
Después, durante una sesión del Parlamento, el mandatario dedicó 20 minutos para corregir la plana a la ministra.
“Ninguno de nosotros puede actuar con soberbia, puede actuar con prepotencia, desconectado de las realidades que vivimos. Nosotros tenemos que actuar con sensibilidad”.
Tras las declaraciones del presidente cubano, la ministra cuestionada renunció a su cargo.
El gobierno del presidente Donald Trump abrió una investigación a Brasil por sus prácticas comerciales y "ataques" a "las empresas estadounidenses de redes sociales", informó el representante comercial Jamieson Greer.
Trump amenazó la semana pasada a Brasil, gobernado por el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, con aranceles del 50% a las importaciones brasileñas. Lo hizo en parte como castigo por el juicio al exmandatario Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado.
Ayer, Washington fue más allá al cumplir su amenaza de apertura de una investigación sobre Brasil, como prometió hacer en la carta destinada a Lula que anunciaba las nuevas tarifas aduaneras aplicables a partir del 1 de agosto si no se alcanza un acuerdo antes.
"Por orden del presidente Trump, [se] lanzó una investigación bajo la Sección 301 sobre los ataques de Brasil a las empresas estadounidenses de redes sociales”, declaró el representante comercial Greer, citado en un comunicado.
La sección 301 de la ley de comercio de 1974 aborda prácticas extranjeras desleales que afectan al comercio estadounidense.
"Las barreras arancelarias y no arancelarias de Brasil merecen una investigación exhaustiva y, posiblemente, medidas correctivas", añadió Greer.
El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, advirtió que los aranceles del 50% a los productos brasileños anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "podrían encarecer" el costo de vida en el país norteamericano.
Las tarifas, que entrarían en vigor el 1 de agosto, "repercuten también en Estados Unidos ya que podrían encarecer los productos y la economía estadounidense", dijo Alckmin, tras un primer encuentro con el gremio industrial para discutir posibles medidas ante al anuncio de Trump.
En Brasil los fabricantes de maquinaria, los productores de acero, los ganaderos y los cultivadores de café, naranjas y otros rubros agrícolas estarían entre los sectores exportadores más afectados.
Los aranceles "también representan una oportunidad (…) podemos generar oportunidades para más acuerdos comerciales", valoró el vicepresidente tras el encuentro en Brasilia.
Alckmin, sin embargo, reiteró que la prioridad del gobierno y los empresarios es "una negociación" con Washington para revertir los aranceles.
En la mañana, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretó la creación de un comité interministerial para debatir los próximos pasos del gobierno en la crisis con Estados Unidos.
El exasesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, Mike Waltz, defendió el uso de un chat grupal para discutir planes militares, al enfrentar una audiencia en el Senado para ser ratificado como embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas.
Waltz fue destituido de su cargo a principios de mayo, debilitado por las revelaciones de un periodista de la revista The Atlantic que había sido añadido por error a un grupo de discusión sobre inminentes ataques estadounidenses contra los rebeldes hutíes en Yemen.
Este importante fallo de seguridad causó indignación y sacudió a la clase política, aunque la administración Trump trató de restarle importancia al asunto.
Nominado embajador de Estados Unidos ante la ONU, un cargo que requiere la aprobación del Senado, Waltz exigió una reforma profunda de la organización.
También prometió combatir el presunto antisemitismo en la ONU y pidió el desmantelamiento de la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos.
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos acusó a las fuerzas gubernamentales sirias de ejecutar a una veintena de civiles drusos tras entrar en Sweida, donde algunos residentes atemorizados relataron numerosos abusos.
Las fuerzas sirias se desplegaron por la mañana en la ciudad -de mayoría drusa- hasta ahora en manos de combatientes drusos locales, afirmando que querían restablecer la estabilidad después de dos días de enfrentamientos entre grupos drusos y beduinos, que dejaron un centenar de muertos.
Israel, que asegura querer defender a la comunidad drusa, bombardeó a las fuerzas gubernamentales tras su entrada en Sweida (sur).
Siria denunció los ataques y dijo que responsabiliza a Israel de sus "consecuencias".
El OSDH afirmó que las fuerzas gubernamentales "ejecutaron" a 21 civiles drusos el martes, 12 de ellos en el asalto de una casa de huéspedes en la ciudad.
En Brasil la fiscalía pidió a la corte suprema que condene al expresidente Jair Bolsonaro por "asociación criminal armada" y "golpe de Estado", en un proceso que ha detonado una crisis diplomática entre Brasil y Estados Unidos.
Bolsonaro, de 70 años, enfrenta un juicio ante la corte acusado de haber liderado una "organización criminal" para desconocer los resultados de los comicios de octubre de 2022 e impedir la asunción del ahora presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Cuatro meses después del inicio del proceso, la fiscalía reafirmó su tesis de que Bolsonaro, un capitán retirado del Ejército, y siete de sus exsubordinados más cercanos intentaron "garantizar la permanencia autoritaria en el poder mediante intentos de perturbar violentamente el orden democrático", según un documento oficial.
El juicio a Bolsonaro movilizó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien el 9 de julio anunció aranceles del 50% a las importaciones de origen brasileño a partir del 1 agosto y citó entre las razones lo que calificó como "una caza de brujas" contra el exmandatario brasileño.
Para la fiscalía, Bolsonaro actuó "de forma sistemática" durante su mandato y tras su derrota frente a Lula en 2022 "para incitar la insurrección y la desestabilización del Estado Democrático de Derecho" y "generar un ambiente propicio para la violencia y el golpe".
"Comprobada" la participación de Bolsonaro en los hechos, el ente público pidió que sea condenado por "organización criminal armada", "tentativa de abolición del estado democrático", "golpe de Estado" y otros delitos, que en suma podrían configurar una pena de más de 40 años de prisión.
En Bolivia, cuando falta un mes para las elecciones, el empresario de centroderecha Samuel Doria Medina es favorito en las encuestas y promete cambiar el modelo económico izquierdista del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).
Doria Medina, de 66 años, uno de los empresarios más ricos del país sudamericano, tiene una intención de voto de 18,7%, según un reciente sondeo de la consultora Ipsos-Ciesmori.
El candidato por la coalición Alianza Unidad dijo en entrevista con la AFP: "Se va a iniciar una nueva etapa en la que lo más importante va a ser recobrar la estabilidad económica y, después, poder hacer una serie de cambios profundos para salir del estatismo y tener una economía capitalista, de mercado, competitiva, abierta al mundo".
La principal preocupación de los bolivianos hoy es la crisis económica, causada por la escasez de dólares y el excesivo gasto público.
En Argentina duró poco la alegría por el dato de inflación de junio. El lunes, el gobierno celebraba que el 1,6% había dejado descolocados nuevamente a los economistas críticos, que preveían un IPC encima del 2%.
Sin embargo, hubo algo que empañó ese dato: al mismo tiempo, se produjo una disparada del tipo de cambio, al mismo tiempo que se desplomaban las tasas de interés en pesos. Eso obligó a la Secretaría de Finanzas a convocar a una licitación de bonos fuera de programa.
El mensaje al mercado era claro: en las semanas previas, había quedado una gran masa de dinero excedente, porque se sacó de circulación una letra que se les ofrecía a los bancos para manejar su exceso de liquidez.
Hablando en plata, eran unos 9 billones de pesos, una masa equivalente a 7 mil millones de dólares. Como los bancos se quedaron sin instrumentos donde invertir ese excedente, se produjo una caída en las tasas de interés en pesos.
Y, como suele ocurrir en esos casos, se exacerbó la compra de dólares. De manera que el tipo de cambio alcanzó su nivel máximo desde que se levantó el cepo, en abril pasado.
A 1.280 pesos por dólar, todavía está lejos del techo de la banda de flotación, que está en 1.440 pesos. Pero al gobierno no le gustó la tendencia que se estaba generando.
Primero, porque un dólar al alza siempre conlleva el riesgo de un contagio a los precios, con lo cual se pondría en riesgo la continuidad del plan anti inflacionario. Pero, además, por un motivo político: en octubre hay elecciones legislativas, y está demostrado que una situación de volatilidad cambiaria en plena campaña siempre perjudica al gobierno de turno.
Así que la estrategia de emergencia consistió en una fuerte intervención sobre el mercado de futuros, de manera de contener las expectativas devaluatorias para los próximos meses.
Y, al mismo tiempo, se les ofreció a los bancos una salida para que esa liquidez indeseada no terminara generando turbulencias. Hoy se concretará la licitación, en la que se espera que el Tesoro se resignará a convalidar una suba de tasas para poder absorber liquidez.
Todo ese movimiento está generando críticas en el mercado, sobre todo porque algunos economistas lo consideran un retroceso. El gobierno se jactaba de haber limpiado el balance del Banco Central al eliminar los pasivos remunerados, que constituían una especie de déficit fiscal camuflado y que inyectaban, todos los meses, más pesos por el pago de intereses.
Y ahora quedó instalada la sospecha de que, para contener la inflación, haya un regreso de esos pasivos bajo un nuevo formato.
En ese clima de inquietud por la economía, el presidente Javier Milei se reunió con la cúpula de las organizaciones rurales, las principales responsables por el ingreso de divisas al país. Milei intentó un acercamiento político, después de las críticas de los productores agrícolas por la pérdida de rentabilidad.
Pero Milei, cuya política fiscal ya está amenazado por la ofensiva opositora en el Congreso, no dio señales de que quiera dar un alivio impositivo al campo.
(Fernando Gutiérrez, corresponsal en Argentina)
