Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
NACIONALES
En la Cámara de Diputados culminó poco después de las siete de esta mañana la interpelación al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, por la decisión del gobierno de descartar el proyecto Neptuno, que había sido impulsado por la administración pasada, y avanzar en un nuevo paquete de obras para reforzar el suministro de agua potable en el área metropolitana.
Luego de 21 horas de debate, la moción que logró la mayoría fue la de Cabildo Abierto con los votos del Frente Amplio. Si bien el texto no manifiesta una satisfacción expresa con las explicaciones del ministro, dice que “habiendo pasado ya interpelaciones a distintos ministros en distintos gobiernos, citaciones a comisiones legislativas, intercambios con fuerzas vivas”, se entiende “prioritario avanzar a la acción y construcción de las soluciones”.
“Compartimos la visión de la fuente de agua inagotable, apoyamos en el pasado en instancias presupuestales la compra del campo para la construcción de la represa de Casupá como obra complementaria”, añade el texto.
Antes había fracasado la moción presentada por el Frente Amplio, que declaraba satisfactorias las explicaciones del ministro, y también la de Identidad Soberana que contó con el respaldo de los partidos Nacional y Colorado, que declaraba insatisfactorias las explicaciones del jerarca.
Recordemos: después de 90 días de negociación con el consorcio Aguas de Montevideo, el Ejecutivo optó por un rediseño: una segunda planta en Aguas Corrientes, otra más chica en el Solís Chico con reserva de agua bruta, el refuerzo de líneas de bombeo de OSE y, en paralelo aunque por fuera de ese contrato, una represa en el arroyo Casupá. Según Presidencia, este esquema asegura el abastecimiento hasta 2045 y supone un ahorro frente al proyecto original.
Durante la interpelación, el miembro interpelante, el colorado Walter Cervini, defendió la planta proyectada en Arazatí, departamento de San José. Recordó que Neptuno ya contaba con habilitación ambiental, que se trataba de una toma alternativa en el Río de la Plata, concebida como “un plan B” ante eventuales problemas y que esa toma se eligió “porque es la quinta cuenca más grande del mundo”, afirmó. También advirtió sobre riesgos de inundación en Aguas Corrientes, donde el gobierno prevé instalar una nueva potabilizadora, y planteó interrogantes referidas a la construcción de una represa en Casupá, que supone la expropiación de más de 3.000 hectáreas, así como la tala de 400 hectáreas de monte nativo.
“Queremos saber cuál es el proyecto nuevo en Casupá: si es un plan integral, como era el plan Neptuno y el posible desarrollo de la segunda etapa de una política de Estado, o si es una obra aislada. ¿El nuevo Casupá conlleva las obras de los arroyos El Campanero y El Soldado, o no? Son cosas que queremos preguntarle al ministro, porque tenemos la duda. No tenemos información exacta, y eso es fundamental para elaborar nuestra opinión sobre los anuncios que el gobierno hace”.
Por su parte, el ministro Ortuño defendió la decisión del gobierno con argumentos técnicos y económicos. Dijo que “el problema de la salinidad en el Río de la Plata está diagnosticado desde hace 55 años” y que las nuevas obras proyectadas permitirán evitar episodios como la crisis hídrica de 2023, cuando Montevideo pasó 73 días sin agua potable.
“Una solución que, además, significa un ahorro significativo de recursos económicos para el Estado. Y lo que importa más para las uruguayas y los uruguayos: garantiza el servicio de abastecimiento de agua potable como servicio público, prestado por nuestra empresa pública OSE, que de esa forma cumplirá con lo dispuesto por la Constitución de la República”.
Luego de varias horas de sesión, sobre las 19.00 del martes, el oficialismo y la oposición aprobaron un cuarto intermedio de 45 minutos para realizar las tradicionales conferencias de prensa.
El coordinador de la bancada de diputados del Frente Amplio (FA), Mariano Tucci, destacó la “contundencia” de la exposición inicial de las autoridades del gobierno y respaldó la cancelación del proyecto Neptuno, que además, dijo, “responde a la defensa de lo que la gente resolvió en las urnas”.
El ministro Ortuño insistió en que las nuevas obras serán “históricas”, evitarán “que se repitan situaciones de falta de agua potable como las de 2023” y significarán un ahorro para el Estado.
Por su parte, el presidente de OSE, Pablo Ferreri, explicó que el Neptuno “implicaba un pago de hasta 48 millones de dólares anuales no previstos en el presupuesto”, y subrayó que la renegociación “permitió bajar costos y encarar un conjunto de obras con un enfoque sistémico para asegurar el abastecimiento del área metropolitana”.
Por el lado de la oposición, se presentaron a la conferencia representantes del Partido Colorado, el Partido Nacional y el Partido Independiente, pero no de Cabildo Abierto.
El diputado Cervini expresó la “preocupación” por la suspensión de “una obra que era posible” -en referencia a Neptuno- y aseguró que “nos quedamos sin una previsión de seguridad para tratar una crisis”, lo que puede afectar a “1.800.000 personas que viven en la zona metropolitana”.
La también colorada Elianne Castro cuestionó la forma en que el gobierno utilizó los estudios técnicos y habló de una interpretación “hemipléjica” de los informes sobre la salinidad del Río de la Plata.
En tanto, el nacionalista Juan Martín Rodríguez sostuvo que, tras varias horas de interpelación, el Ejecutivo no había respondido la mayoría de las 47 preguntas planteadas. Señaló que el contenido de la moción que la oposición presentará dependerá de “las respuestas efectivas que realice el gobierno”.
OTROS TEMAS QUE SE DESTACAN
El presidente Yamandú Orsi respaldó al presidente de ASSE, Álvaro Danza, luego de la polémica que se generó al conocerse que el jerarca cumple funciones como médico en policlínicas privadas.
Un informe emitido el lunes en el programa Así Nos Va, de Radio Carve, señaló que Danza trabaja en la Asociación Española y en Médica Uruguaya, donde atiende al menos cinco horas por semana.
Tras la difusión del caso, el Partido Colorado pidió la renuncia del titular de ASSE, por considerar que su accionar “contraviene la normativa vigente sobre incompatibilidades”.
Sin embargo, un análisis jurídico del Ministerio de Salud Pública concluyó que la actividad asistencial de Danza no infringe la Constitución ni la ley de creación de ASSE, ya que no ocupa cargos de dirección ni tiene convenios que impliquen conflicto de interés. Esas conclusiones son similares a las que planteó también el estudio Delpiazzo Abogados, al que Danza consultó antes de asumir el cargo en el prestador público.
Consultado por periodistas este martes, el presidente Orsi sostuvo que “esas cosas se dirimen a nivel jurídico” y consideró que el informe es categórico.
“La compatibilidad o incompatibilidad es un tema de forma que está resuelto, que no tenés más remedio que hacerlo así. A mí me puede parecer algo o me puede parecer otra cosa; ahora, lo que tenés que hacer es pedir un informe de algún estudio jurídico contundente, y además los informes jurídicos del propio Ministerio de Salud Pública”.
Desde la oposición, el diputado nacionalista Amin Niffouri dijo que su partido analiza los informes jurídicos disponibles y solicitará otros más. Adelantó que impulsarán la comparecencia de la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, en la Comisión de Salud de Diputados, y que si las explicaciones no convencen, podrían evaluar una interpelación.
En declaraciones al matutino La Diaria, Niffouri aseguró que para el Partido Nacional hay una incompatibilidad jurídica y ética entre dirigir ASSE y ejercer como médico en mutualistas. Recordó que ASSE atiende a 1,4 millones de usuarios, sostuvo que “no se puede estar part-time al frente del mayor prestador de salud”, y calificó la situación de “disparate”.
El presidente Yamandú Orsi defendió la decisión de pausar el acuerdo entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la Universidad Hebrea de Jerusalén. Explicó que fue un “posicionamiento político en virtud de la realidad actual” de la guerra en Gaza, aunque aclaró que el convenio “no es insatisfactorio” y confió en que podrá retomarse cuando “las aguas bajen”.
Orsi se diferenció del presidente de la ANII, Álvaro Brunini, que cuestionó la iniciativa heredada del gobierno anterior y la definió como un “mal acuerdo”. Para el mandatario, en cambio, este tipo de convenios son “muy positivos”, aunque a veces conviene esperar para darles continuidad en mejores condiciones.
Consultado por la renuncia del exasesor de la ANII en Jerusalén, Salomón Vilensky, quien dejó el cargo en rechazo a la medida e insultó al canciller Mario Lubetkin, Orsi señaló que entiende sus dichos en el marco de su condición de ciudadano israelí. Por otro lado, negó presiones del gobierno de Israel y remarcó que Uruguay actúa como un país soberano, al tiempo que mantiene un “muy buen diálogo” con la embajada israelí en Montevideo.
El Senado convocó a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, para que explique qué criterio se utilizó en la designación de José Luis Elizondo como comandante en jefe de la Armada. Elizondo proviene de la Prefectura, cuando la Ley Orgánica de la Marina reserva el cargo a oficiales del Cuerpo General. El planteo fue realizado por el senador nacionalista Sergio Botana, quien reclamó “definir un criterio único hacia el futuro”.
La citación fue aprobada por todos los partidos. Desde el Frente Amplio se adelantó que la sesión también servirá para discutir otros proyectos de defensa nacional pendientes en la agenda legislativa.
La polémica se agravó después de que tres contralmirantes pidieran el pase a retiro en señal de disconformidad, y la posibilidad de que presenten recursos de amparo. Además, El Observador informó el lunes que 30 oficiales retirados de la Armada firmaron una petición para convocar a una asamblea extraordinaria del Club Naval para expresarse en contra del nombramiento de Elizondo.
Lazo defendió su decisión en la ceremonia de asunción de Elizondo, al señalar que se amparó en el artículo 103 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de 2019, que faculta al Poder Ejecutivo a elegir a cualquier oficial general, y afirmó que Elizondo es “la persona adecuada” para el cargo.
El Senado se reunió el martes en sesión extraordinaria y aprobó una moción sobre el entredicho entre Sebastián Da Silva y Nicolás Viera que obligó a suspender la interpelación que estaba en curso. En aquella ocasión Da Silva lanzó insultos homofóbicos contra Viera, luego de que este recordara que el legislador blanco había recomendado varias veces que se invirtiera en Conexión Ganadera.
Viera reconoció que en un momento de su alocución usó expresiones inadecuadas y aseguró que no cree ni le “consta” que Da Silva “pueda ser catalogado como estafador”. De todos modos, subrayó que nada justifica la agresión recibida.
“Sucede que esta vez tocamos fondo. Estábamos viendo como normal el desplazamiento del intercambio ideológico, de la confrontación de pensamientos y las situaciones de forma, al tiempo que ganaron terreno el descrédito personal, los improperios, los insultos y hasta el delito de odio. Y quiero empezar por mí. Reconozco, como lo he hecho de manera pública, que el tono de mis palabras y los términos usados en mi última intervención no fueron los adecuados ni los pertinentes”.
Da Silva, por su parte, pidió disculpas al Senado, a la ciudadanía y al propio Viera. Admitió que su reacción fue inapropiada y dio su palabra de que no volverá a repetirse.
“Los jugadores de rugby, que yo me precio de ser, cuando estamos en la cancha golpeamos fuerte. Pero hay cosas que no podemos hacer, como un tackle al cuello, porque eso lastima. Y creo que lo que hice fue un tackle al cuello, que generó una lastimadura no querida. Y ante eso, le pido disculpas. Uno no está en la vida para que la gente odie a los otros”.
Finalmente, con apoyo del Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado, se aprobó una moción que rechaza todo comportamiento que erosione el respeto mutuo, afirma el valor del diálogo democrático y compromete a preservar un clima parlamentario de convivencia y decoro. La votación fue casi unánime: 29 de los 30 senadores presentes, con la única excepción del colorado Gustavo Zubía.
La bancada de senadores del Frente Amplio pidió aplicar el artículo 115 de la Constitución al nacionalista Sebastián Da Silva, por los insultos homofóbicos que lanzó contra el senador Nicolás Viera.
En una nota dirigida a la presidenta de la Cámara Alta, Carolina Cosse, los legisladores oficialistas solicitaron que la Comisión de Constitución y Legislación analice si corresponde aplicar medidas disciplinarias. Argumentaron que la conducta de Da Silva vulnera el Estatuto del Legislador y constituye “desorden de conducta” pasible de sanción.
El artículo 115 faculta a cada cámara a corregir o incluso suspender a sus miembros por dos tercios de votos. El planteo se tratará en la sesión del 2 de setiembre.
El presidente Yamandú Orsi recibió este martes a su par de Ecuador, Daniel Noboa, en el marco de la gira del mandatario ecuatoriano que incluye, además, a Brasil y Argentina.
Uno de los motivos de la visita de Noboa a Montevideo fue el traspaso a Uruguay de la presidencia temporal del Consenso de Brasilia, un mecanismo implementado en mayo de 2023, con el objetivo de fortalecer los lazos entre los países sudamericanos.
Orsi valoró los “espacios de articulación e intercambio” y llamó a profundizar la relación bilateral y regional. Noboa, por su parte, sostuvo que “la era de las ideologías ya pasó” y planteó la urgencia de atender los problemas de la gente.
En el encuentro se firmaron acuerdos de cooperación en seguridad y defensa. Además, ambos gobiernos destacaron su compromiso con la democracia, los derechos humanos y el multilateralismo. También señalaron la importancia de avanzar en el comercio bilateral —que en 2024 superó los 110 millones de dólares—, con énfasis en servicios logísticos, energías renovables, tecnologías y agroindustria.
El Tribunal de Cuentas resolvió realizar una auditoría a la Intendencia de Montevideo sobre el pago de horas extras en el período 2020-2025, tras un pedido de ediles de la oposición en la Junta Departamental. El senador nacionalista Martín Lema sostuvo que hay un “descontrol de la gestión”, con horas extras “pagadas fuera de la normativa” y sin justificación de las causas.
Desde el Frente Amplio, el presidente de la departamental capitalina, Ricardo Russo, consideró que se trata de una “movida política” vinculada a la estrategia de la oposición a nivel nacional. En diálogo con La Diaria, dijo que la situación se analizará en los próximos días, en el marco de la Rendición de Cuentas y de la movilización del Día del Comité de Base.
El ministro del Tribunal de Cuentas, Miguel Aumento, explicó al mismo medio que la solicitud incluyó más de veinte consultas y que, por su extensión, la auditoría llevará varios meses. Reconoció que algunos ministros dejaron objeciones sobre ciertas preguntas, pero subrayó que el pedido de informes es un derecho constitucional de los ediles.
El gobierno celebró ayer el Día de la Trabajadora Doméstica. En el acto, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, destacó los avances en materia de seguridad social alcanzados desde 2006, aunque reconoció que aún quedan temas pendientes, y subrayó que el compromiso del Poder Ejecutivo es “avanzar cada vez más hacia una justicia social plena”.
Castillo recordó que, antes de la ley aprobada en 2006, el trabajo doméstico estaba invisibilizado y defendió la importancia de seguir reivindicando el 19 de agosto como una jornada de reconocimiento y de derechos para este sector.
A su turno, la presidenta del BPS, Jimena Pardo, señaló que el 99% de quienes realizan estas tareas son mujeres y que la informalidad en el sector duplica la del promedio laboral. Indicó que, si bien falta mejorar salarios y formalización, hoy se han conquistado derechos como seguro de desempleo, licencias, cobertura de salud y cirugías gratuitas en el Hospital de Ojos.
El próximo 22 de agosto partirá desde Montevideo el buque de investigación global Falkor (too), con 37 científicos y técnicos a bordo, para explorar los ecosistemas marinos profundos frente a las costas uruguayas. La expedición se extenderá hasta el 19 de setiembre y está organizada por el Instituto Oceanográfico Schmidt, en coordinación con la Universidad de la República.
El rector Héctor Cancela explicó ayer que se investigará la franja marítima comprendida entre los 200 y los 3.600 metros de profundidad, desde el límite con Brasil hasta el límite con Argentina. El objetivo es ampliar el conocimiento sobre el patrimonio marino nacional, fortalecer la soberanía y promover la conciencia ambiental, con transmisiones en vivo a través del canal de YouTube del Ministerio de Educación y Cultura.
Los científicos uruguayos Alvar Carranza y Leticia Burone lideran el proyecto, que cuenta con la participación de investigadores de 18 instituciones de América y Europa. Ambos destacaron la cooperación internacional como pilar de esta expedición y señalaron que los resultados aportarán insumos valiosos para el cuidado y la protección de los océanos.
ECONOMÍA Y EMPRESAS
El Banco Central del Uruguay (BCU) resolvió reducir -por segunda vez consecutiva- la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 25 puntos básicos, ubicándola en 8,75%. La decisión se tomó luego de que la inflación interanual cayera en julio a 4,53%, situándose prácticamente en el objetivo de las autoridades (4,5%).
El informe publicado luego de la reunión del Comité de Política Monetaria celebrada ayer destaca que las expectativas de inflación a dos años alcanzaron un mínimo histórico de 5,23%, con descensos entre analistas y mercados financieros, mientras que los empresarios se mantienen más cautos, en 6%. El BCU proyecta que la inflación continúe en torno a 4,5% en el horizonte de la política monetaria.
A nivel internacional, persisten riesgos inflacionarios por tensiones comerciales, aunque con un leve repunte en las perspectivas de crecimiento. En este marco, el Comité valoró la consolidación de la inflación y anticipó que, si el escenario doméstico acompaña, continuará el ciclo de reducción de tasas hacia una postura más neutral.
Seis empresas pesqueras, agrupadas en la Cámara de Industrias Pesqueras (CIPU) y la Cámara de Armadores Pesqueros (CAPU), presentaron una demanda contra el Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) y le reclaman 27 millones de dólares por las pérdidas derivadas del paro de casi 80 que llevó a cabo en plena zafra. Tal como prevé el proceso, habrá una instancia de conciliación previa al inicio del juicio civil. La audiencia se fijó para el 3 de setiembre.
Según informó El País, las compañías sostienen que el gremio incurrió en “actos ilícitos” y en un “uso abusivo del derecho a huelga”. Además, señalan pérdidas millonarias: una empresa asegura haber dejado de capturar 5.000 toneladas de pescado, equivalentes a 6 millones de dólares, y otra denuncia pérdidas de 8,5 millones por falta de materia prima en su planta procesadora. Los empresarios entienden que el Suntma, al tener personería jurídica, debe asumir responsabilidad civil por los daños ocasionados.
El conflicto comenzó en mayo, cuando el sindicato reclamó sumar un marinero en los barcos costeros. Ante la falta de respuesta, extendió las medidas a los buques congeladores, lo que paralizó la actividad pesquera y dejó a las empresas sin producción.
El Suntma resolvió el lunes levantar las medidas y los barcos ya están en condiciones de zarpar.
El presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras, Juan Riva Zuccheli, dijo a Subrayado que las tareas se retomarán con los mismos trabajadores que estaban en funciones antes del conflicto.
Agregó que, para cubrir a otros que dejaron sus puestos, se contratará a parte de las personas que se inscribieron en el llamado abierto por la cámara el pasado 8 de agosto.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, lamentó que las cámaras empresariales no se hayan presentado ante la convocatoria de la cartera a una reunión tripartita de negociación luego de la última resolución del sindicato de levantar las medidas.
"Me están criticando hasta ahora porque el Ministerio de Trabajo se está demorando en encontrar una salida al conflicto de la pesca. Cuando convocamos de inmediato porque alguien cede en una parte, nos critican porque fuimos demasiado rápido en convocarlos en una reunión. Es muy difícil de entender así. ¿Cuáles son las reglas de juego? ¿Qué es lo que está atrás de todo esto? ¿A quién le sirve el conflicto? Al gobierno no y seguramente a la sociedad tampoco. Por tanto, en algunos lados nos pegan porque dice que nos demoramos en responder. Siempre este ministerio, al menos desde el primero de marzo, cada vez que alguien nos plantea una reunión, si no se la podemos dar en el mismo día, se la damos para el otro día. Nunca encajonamos una solicitud".
La asamblea de productores de Conaprole resolvió ayer, por unanimidad, el cierre inmediato y definitivo de la planta ubicada en Rivera, que quedará inactiva a partir de este miércoles a las 16 horas. La medida estaba prevista para fines de octubre.
En un comunicado, el máximo órgano de control de la cooperativa señaló que se mantuvo la plantilla y los aumentos salariales de los trabajadores a pesar de la pérdida de productores y de que el precio de la leche se mantiene estancado desde hace tres años. Además, la asamblea cuestionó a la “dirigencia sindical”, a la que acusó de desconocer la realidad de la industria y de poner en riesgo la producción nacional con medidas “irracionales”.
El presidente de la cooperativa, Gabriel Fernández, explicó que la planta arrastraba desde hace años un proceso de deterioro, con una baja del 57% en su producción en los últimos cinco años. En diálogo con Subrayado, agregó que los conflictos sindicales adelantaron el cierre y que los 21 funcionarios afectados pasarán a seguro de paro, aunque la empresa mantiene su compromiso de reubicarlos.
Fernández remarcó que Conaprole sigue “sana y saludable”, pero que las medidas de eficiencia buscan sostener al productor, que es quien atraviesa mayores dificultades.
Desde la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) anunciaron que este miércoles evaluarán posibles acciones gremiales y ofrecerán una conferencia de prensa al mediodía. El jueves, en Rivera, se reunirán con los trabajadores de la planta y con la Comisión de Fronteras de la Cámara de Diputados.
En tanto, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea calificó el cierre como una decisión “insensible e irresponsable” y advirtió que dejará al norte del río Negro sin la última planta de Conaprole. Además, anunció que la distribución de productos desde Rivera se interrumpirá en cuanto se concrete la clausura.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, lamentó la decisión. Consultado por Telenoche, apuntó que las partes venían “negociando hasta último momento, buscando alternativas y un punto de acuerdo”.
En el mercado local, el dólar tuvo una leve suba ayer, en esta ocasión 0,09%. El interbancario fondo operó en promedio a $40,188.
En lo que va del año 2025, el dólar lleva una baja acumulada de 8,80% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2024).
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $38,95 para la compra y $41,35 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense subió y cerró ayer en R$ 5,472.
En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial bajó y cotizó en AR$ 1.292,50. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) subió y cotizó en el entorno de los AR$ 1.340,00.
El Euro bajó ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$1,1646.
OTRAS NOTICIAS
Un cargamento de carne que partió desde Montevideo llegó al puerto de Rotterdam con 45 kilos de cocaína ocultos, según informó la Dirección Nacional de Aduanas. El contenedor había sido escaneado en Uruguay el 17 de julio, sin detectarse irregularidades.
La embarcación zarpó el 20 de julio, hizo escala en Buenos Aires y en Paranaguá, Brasil, y arribó a Holanda el 17 de agosto. Durante una inspección en el puerto europeo, las autoridades hallaron un total de 88 kilos de droga en dos contenedores refrigerados: 45 correspondían al proveniente de Uruguay y 43 al procedente de Argentina.
Aduanas señaló que los contenedores pueden ser manipulados externamente y derivó la información a la Fiscalía para continuar con la investigación.
La investigación por la expedición irregular de libretas de conducir en Cerro Largo sumó este martes nueve detenidos, entre funcionarios y particulares. Los operativos se realizaron en Isidoro Noblía, Aceguá y otras localidades del departamento, aunque también hay implicados de Montevideo y Canelones.
El jefe de Policía de Cerro Largo, Ignacio González, precisó que cuatro de los detenidos son funcionarios municipales y aclaró que no hay autoridades entre ellos. La Fiscalía aguarda la imputación de cinco personas arrestadas el lunes.
En paralelo, el intendente Christian Morel resolvió separar provisoriamente del cargo al director de la Policía Municipal, Favio Freire, exalcalde de Noblía, por haber ocurrido las maniobras durante su gestión. Aunque Freire niega haber tenido conocimiento, permanecerá apartado mientras dure la investigación.
Un hombre asesinó a su hija de 13 años y después se suicidó en una clínica de la ciudad de Maldonado. El hecho ocurrió ayer, cuando la adolescente acudía a una consulta fonoaudiológica y su padre, un coronel retirado de 58 años, ingresó al lugar e intentó llevársela. Ante la negativa de la menor, le disparó varias veces y luego se pegó un tiro en la cabeza.
El hombre fue trasladado a un centro de salud en estado crítico, donde horas más tarde murió. La adolescente falleció en el lugar a causa de las heridas.
La niña estaba bajo cuidado de la expareja de su padre por disposición judicial y en proceso de vinculación con un hogar del INAU. Había sido traída por él desde Uganda, donde habría quedado su madre biológica.
La menor asesinada asistía a la Escuela Nº1 de Maldonado, que permanecerá cerrada durante toda esta jornada. El jueves, el centro reabrirá sus puertas y se compartirán orientaciones del equipo del Programa de Escuelas Disfrutables (PED) de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) sobre cómo explicar a los niños lo ocurrido.
INTERNACIONALES
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que prefiere esperar los resultados de una reunión bilateral entre sus homólogos de Rusia, Vladimir Putin, y Ucrania, Volodimir Zelensky, antes de formar parte de una cumbre trilateral dirigida a negociar un acuerdo de paz.
Trump afirmó ayer que seguía siendo "optimista" sobre el proceso tras haberse reunido por separado con Putin y Zelenski, pero aceptó que se reunieran sin él para ver qué pasa.
En diálogo con Fox News, Trump habló de sus expectativas sobre un encuentro entre Putin y Zelenski.
“Espero que el presidente Putin sea bueno y si no va a ser una situación difícil. Espero que Zelenski haga lo que tiene que hacer, él tiene que mostrar alguna flexibilidad”.
En tono distendido y durante su intervención en el programa “Fox & Friends” de la cadena Fox News, Trump ironizó respecto a la posibilidad de que un eventual acuerdo de paz en Ucrania aumente sus posibilidades de “alcanzar el cielo”.
“Quiero intentar ir al cielo si es posible. He oído que no voy bien, ¡que estoy en lo más bajo de la jerarquía! Pero si llego a ir al cielo, esta será una de las razones”, declaró el presidente.
El presidente dio su "garantía" de que no se desplegarán tropas terrestres estadounidenses en Ucrania y descartó categóricamente, una vez más, la posibilidad de que Ucrania se una a la OTAN.
Sin embargo, se mostró dispuesto a "ayudarlos con cosas" como el apoyo aéreo.
Tras las conversaciones del lunes con Donald Trump, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, reunieron a unos 30 aliados de Ucrania, conocidos como la "coalición de voluntarios", para consultas virtuales.
Starmer les informó que los equipos de la coalición y funcionarios estadounidenses se reunirían en los próximos días para debatir las garantías de seguridad y "prepararse para el despliegue de una fuerza si cesan las hostilidades", declaró un portavoz de Downing Street.
Los precios del petróleo retrocedieron ante la perspectiva de paz entre Ucrania y Rusia, al día siguiente de una reunión en la Casa Blanca entre el presidente Donald Trump, su par ucraniano Volodimir Zelenski y varios líderes europeos.
El precio del barril de crudo Brent del mar del Norte para entrega en octubre cayó 1,22% a 65,79 dólares.
Su equivalente estadounidense, el crudo West Texas Intermediate para entrega en septiembre bajó 1,69% a 62,35 dólares.
Estados Unidos está dispuesto a usar “todos los elementos de su poder” para detener el flujo de entrada de drogas a través sus fronteras y “llevar a sus responsables ante la Justicia”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Esta fue su respuesta al ser consultada acerca del despliegue de tres buques militares estadounidenses, con cerca de 4.000 soldados a bordo, en aguas cercanas a Venezuela en el Caribe.
Trump firmó en secreto una directiva para el Pentágono que autorizó el uso de la fuerza militar contra los carteles de la droga latinoamericanos que la Administración ha declarado organizaciones terroristas, según reveló The New York Times.
El Departamento de Estado dobló a 50 millones de dólares desde principios de este mes la recompensa que ofrece por datos que permitan la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que acusa de ser un cabecilla del narcotráfico.
La vocera de la Casa Blanca habló del tema en conferencia de prensa.
“Lo que diré respecto a Venezuela es que el presidente Trump ha sido muy claro y consistente. está preparado para usar todos los elementos del poder estadounidense para detener el flujo de drogas en nuestro país y llevar a los responsables a la Justicia. El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cartel del narcotráfico. Y Maduro no es el presidente legítimo. Es el líder fugitivo de ese cartel, contra el que se han presentado cargos en Estados Unidos por tráfico de drogas hacia su territorio”.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu acusó al presidente francés Emmanuel Macron "de alimentar el fuego antisemita" al pedir el reconocimiento internacional del Estado de Palestina. El Poder Ejecutivo francés respondió calificando ese análisis como "erróneo" y "abyecto".
"Lo llamo a reemplazar la debilidad por la acción, la calma por la voluntad, y hacerlo en una fecha clara: el nuevo año judío, el 23 de septiembre de 2025″, reza la carta a Macron firmada por Netanyahu, con fecha de 17 de agosto a la que accedió AFP.
Netanyahu dijo estar "preocupado por el incremento alarmante del antisemitismo en Francia y la falta de acciones decisivas de su gobierno para hacerle frente. En los últimos años, el antisemitismo ha devastado las ciudades francesas".
La presidencia francesa, por su parte, replicó al líder israelí que "el análisis de que la decisión de Francia de reconocer al Estado de Palestina en septiembre explica el aumento de la violencia antisemita en Francia es erróneo, abyecto y no quedará sin respuesta".
Australia criticó duramente al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por calificar como débil al gobernante de ese paí, y sostuvo que ser fuerte es más que "cuántas personas puedes hacer estallar".
La relación entre estos dos aliados tradicionales entró en conflicto desde que Australia anunció la semana pasada que reconocería al Estado palestino.
Netanyahu escaló drásticamente la guerra verbal cuando dio que el primer ministro australiano, Anthony Albanese, es un "político débil que traicionó a Israel".
El ministro australiano del Interior, Tony Burke, replicó que la declaración es propia de un líder frustrado "despotricando".
"La fortaleza no se mide por cuántas personas puedes hacer estallar o cuántos niños puedes dejar hambrientos", declaró Burke a la televisión nacional ABC.
En los años 1950, Australia acogió a judíos que huían del Holocausto.
Israel sigue exigiendo la liberación de "todos los rehenes" secuestrados en Gaza, afirmó un alto funcionario gubernamental de ese país, luego de que Hamás aceptara una nueva propuesta de tregua que prevé el regreso de los cautivos en dos etapas.
Por su parte, mediadores del conflicto entre Israel y Hamás -Egipto, Catar y Estados Unidos- esperan aún una respuesta oficial israelí a la iniciativa.
La nueva propuesta aprobada por Hamás prevé una tregua inicial de 60 días y la liberación de rehenes en dos tandas como antesala a un acuerdo definitivo para terminar con la guerra.
"Estamos en la fase final decisiva contra Hamás y no dejaremos atrás a ningún rehén", sentenció la fuente consultada por AFP.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que pidió una investigación sobre el contenido de los museos de su país, a los que acusa de ser "woke", especialmente en relación con la historia de la esclavitud.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, el mandatario republicano lleva adelante una cruzada contra las instituciones educativas y culturales estadounidenses que según él apoyan la ideología "woke", un término peyorativo de la derecha radical para designar las políticas de fomento de la diversidad.
"Los museos de Washington, pero también de todo el país, son en esencia los últimos vestigios del ‘wokismo'", denunció Trump en su red Truth Social.
"He dado instrucciones a mis fiscales para que revisen (las políticas de) los museos e inicien exactamente el mismo proceso que se ha seguido con las universidades, donde se han logrado enormes avances", agregó el multimillonario conservador.
"Este país no puede ser ‘woke’ porque el ‘WOKISMO’ SE HA TERMINADO", proclamó.
El gobierno de Estados Unidos amplió el alcance de sus aranceles al acero y el aluminio, informó el Departamento de Comercio, en una decisión que impacta a cientos de productos que contienen esos materiales, como sillas para bebés o maquinaria pesada.
La Oficina de Industria y Seguridad informó en una nota que añadió 407 tipos de mercancías a las listas de artículos considerados "productos derivados" del acero y el aluminio.
La nueva disposición entró en vigor el lunes, y la notificación detallando los cambios fue publicada en el Registro Federal.
"La acción de hoy abarca turbinas de viento y sus partes y componentes; grúas móviles, bulldozers y otras maquinarias pesadas; vagones, muebles, compresores y bombas, y cientos de productos más", indicó el Departamento de Comercio.
El gobierno del presidente Donald Trump anunció que al decidir sobre el derecho de una persona a vivir en ese país, se buscará opiniones "antiestadounidenses", incluso en redes sociales.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, encargado de las solicitudes de residencia o ciudadanía, anunció que ampliará la verificación de lo que publican los solicitantes en redes sociales.
"Los beneficios de Estados Unidos no deben otorgarse a quienes desprecian al país y promueven ideologías antiestadounidenses", dijo el portavoz del servicio.
En Colombia, un tribunal de Bogotá ordenó este martes la libertad "inmediata" del expresidente Álvaro Uribe, mientras resuelve su apelación a la histórica condena de 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal.
Uribe recibió en primera instancia la máxima pena posible por intentar sobornar a paramilitares para que lo desvincularan de estos violentos escuadrones antiguerrillas.
Desde el 1 de agosto, está detenido en su casa en el municipio de Rionegro, a unos 30 kilómetros de su natal Medellín.
Pero Uribe apeló la decisión de la justicia que lo convirtió en el primer exgobernante del país condenado penalmente y privado de libertad.
Según el exmandatario, el juicio estuvo politizado y bajo presiones de la izquierda, actualmente en el poder en cabeza del presidente Gustavo Petro.
El Tribunal Superior de Bogotá resolvió que los "criterios" de la jueza de primera instancia para "justificar la necesidad" de la prisión domiciliaria "fueron vagos, indeterminados e imprecisos".
En Perú un fallo del Tribunal Constitucional blindó a la presidenta Dina Boluarte frente a las múltiples investigaciones que enfrentaba en la fiscalía, incluido el escándalo ‘rolexgate’ por relojes de lujo que no declaró entre sus bienes, según un fallo divulgado ayer.
De acuerdo con la corte, las investigaciones quedarán "suspendidas y continuarán con su trámite al concluir el ejercicio del cargo presidencial" después del 28 de julio de 2026, cuando Boluarte concluirá el mandato.
Boluarte presentó en abril una demanda contra el Poder Judicial y el Ministerio Público, para frenar las investigaciones en su contra. Esta resolución se tomó tras el allanamiento a su vivienda y al despacho en el marco de la investigación por el escándalo que se desató cuando la presidenta apareció con relojes y joyas de lujo que no declaró en su lista de bienes.
Según la fiscalía, las alhajas habrían sido parte de un soborno a cambio de favores políticos.
El gobierno venezolano afirmó que 66 niños permanecen "secuestrados" en Estados Unidos tras ser separados de sus padres previo a su proceso de deportación a Venezuela.
Caracas exige a la administración del presidente estadounidense Donald Trump que los menores sean entregados a autoridades venezolanas para su retorno al país junto a sus familiares.
"Tenemos 66 niños secuestrados en Estados Unidos, es una cifra que cada día sube, es algo muy preocupante", dijo Camila Fabri, presidenta del plan gubernamental Vuelta a la Patria lanzado en 2018 por el presidente Nicolás Maduro para el retorno voluntario de migrantes.
"Es una política cruel e inhumana", dijo Fabri, esposa de Alex Saab, empresario colombiano señalado como "testaferro" del presidente Nicolás Maduro y excarcelado por Estados Unidos en 2023 como resultado de un canje de prisioneros entre Caracas y Washington.
"Los vamos a traer de vuelta a todos los 66 niños", prometió acompañada de un grupo de madres que leyeron una carta dedicada a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump.
El organismo regulador de la competencia en Brasil suspendió una moratoria de grandes empresas que se comprometían a no comprar soja procedente de tierras deforestadas en la Amazonía, una decisión criticada por el ministerio de Ambiente, a tres meses de la COP30 en Belém.
El Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade) anunció la suspensión como una "medida preventiva", al considerar que el acuerdo, vigente desde 2006, "constituye un pacto de no competencia entre empresas que perjudica la exportación de soja".
Con ventas internacionales por 96,8 millones de toneladas entre enero y noviembre de 2024, según estatal la Compañía Nacional de Suministros, Brasil es el mayor exportador mundial de soja.
Una treintena de empresas signatarias del pacto, entre ellas gigantes como la estadounidense Cargill y la francesa Louis Dreyfus, tienen diez días para desvincularse, so pena de fuertes multas.
El ministerio de Ambiente expresó "preocupación" por la suspensión de la moratoria.
El acuerdo ha dejado "resultados innegables para la protección ambiental" y duración en el tiempo indica "la ausencia de elementos que puedan, por sí solos, caracterizar un cartel de compra", argumentó la cartera de Ambiente, en un comunicado.
La Cade decidió abrir un "procedimiento administrativo" contra las empresas del pacto, tras recibir una solicitud de la comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados.
En Argentina hoy empieza una batalla parlamentaria, en la que el presidente Javier Milei tratará de defender su superávit fiscal frente a la ofensiva opositora, que quiere echar abajo el denominado “plan motosierra” sobre el gasto público.
Hasta el momento, el presidente siempre se las había ingeniado para sostener el veto, que sólo puede levantarse con dos tercios de los votos del Congreso. Y las últimas cuentas que sacaron los analistas políticos indican que se está cerca de lograr esa cantidad de votos, por el cambio de postura de los ex aliados que quedaron fuera del acuerdo electoral entre Milei y Mauricio Macri.
En la Cámara de Diputados, la oposición tratará de anular el veto y dejar firme dos leyes, una por la que se cambió la fórmula de actualización de jubilaciones y otra que declaró la emergencia nacional en discapacidad y aumentó las partidas presupuestarias.
El presidente argumentó que si las leyes se sostienen traerán el efecto opuesto al buscado, porque generarán inflación, justo en un momento en el que las jubilaciones acumulan más de un semestre de aumento real continuado.
Según el gobierno, el costo fiscal combinado de todas las reformas que propone la oposición estaría en un 2,5% del PBI, en términos anualizados.
Sin embargo, no solamente es el plano fiscal lo que preocupa a Milei, porque la oposición también quiere avanzar en otro tema que incomoda al presidente: la conformación de una comisión investigadora sobre la estafa de la criptomoneda Libra, que el presidente promovió desde las redes sociales.
Si esa comisión se formara, tendría potestades como para citar a los involucrados en la estafa, incluyendo a Karina Milei, la hermana del presidente y secretaria de la presidencia, que fue quien hizo de nexo con los inversores de la criptomoneda.
Mientras tanto, también habrá actividad en el Senado, donde la oposición busca voltear una serie de decretos presidenciales.
Se trata, sobre todo, de los decretos que recortan el gasto público mediante la eliminación o reducción de organismos de la administración central, como por ejemplo la Dirección Nacional de Vialidad.
El kirchnerismo está a apenas tres votos de distancia de dejar sin efecto esa parte fundamental del plan motosierra, que asegura el superávit fiscal.
Esta avanzada es lo que el gobierno ha denominado “riesgo kuka”, y el propio ministro de economía, Luis Caputo dice que es por ese ruido político que el índice de riesgo país argentino sigue en torno de 700 puntos, cuando él había calculado que a esta altura del año ya habría bajado a 400 puntos.
Esto da la pauta de cuál será el tono del debate en el Congreso, sobre todo después de los anuncios de las listas para las elecciones legislativas de octubre, que mostraron cómo el escenario político se polariza aún más entre Milei y el kirchnerismo.
(Fernando Gutiérrez, corresponsal en Argentina)
