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NACIONALES
El Gobierno de Taiwán expresó hoy su “firme protesta y condena” a la declaración conjunta firmada ayer por el presidente uruguayo Yamandú Orsi y su par chino Xi Jinping, en su reunión de ayer en Beijing. En el documento, los mandatarios afirmaron que Taiwán es una “parte inalienable” del territorio chino.
Según dice el texto, Uruguay reiteró su adhesión al principio de “una sola China”, reconoció al gobierno de la República Popular China como el único representante legítimo del país y expresó su oposición a cualquier forma de independencia de Taiwán.
La cancillería taiwanesa respondió que la isla es un “Estado soberano e independiente” y recordó que China “nunca ha gobernado Taiwán”.
Taiwán acusó a Beijing de difundir información falsa y de ejercer presión diplomática para ampliar su influencia global, e instó al gobierno uruguayo a no respaldar posturas que, según afirmó, “socavan la paz y la estabilidad regional”. China, en tanto, sostiene que Taiwán forma parte de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para lograr la reunificación, en un contexto de creciente presión militar y diplomática sobre la isla.
La referencia a Taiwán incluida en la declaración conjunta firmada por Uruguay y China durante la visita oficial del presidente Yamandú Orsi a Beijing también generó críticas de la oposición y abrió un debate político a nivel local.
Legisladores de los partidos Nacional y Colorado cuestionaron que Uruguay tome posición en un conflicto geopolítico sensible. En un posteo en sus redes sociales, el senador blanco Sergio Botana calificó el pronunciamiento como una “genuflexión impropia de nuestra historia”, mientras que diputados colorados como Juan Martín Jorge y Conrado Rodríguez señalaron en sus redes que es “innecesario” y “una irresponsabilidad” involucrarse en un tema que enfrenta a dos socios comerciales clave para el país.
Desde el oficialismo, el senador frenteamplista Eduardo Brenta respondió que declaraciones similares ya habían sido firmadas por el gobierno anterior, encabezado por Luis Lacalle Pou, durante una visita a China en 2023. En diálogo con La Diaria, Brenta ironizó sobre las críticas opositoras y afirmó que se trata de una postura histórica del Estado uruguayo, no de una novedad del actual gobierno. Por otra parte, cuestionó que la oposición solo hable de ese punto y omita el contexto más amplio de la visita oficial y su agenda comercial.
A todo esto, el presidente Yamandú Orsi cumple este miércoles una nueva jornada de su misión oficial en la República Popular China, con actividades centradas en educación, ciencia, tecnología e inversiones.
Durante la mañana, Orsi visitó la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, donde mantendrá una audiencia con autoridades y brindará una presentación ante estudiantes y docentes. Más tarde, participó en una actividad de Uruguay XXI junto a una empresa china y luego encabezó la firma de una serie de acuerdos en ciencia y tecnología.
A última hora de la tarde la delegación oficial y empresarial parte en tren hacia Shanghái, donde continuará la agenda bilateral.
OTROS TEMAS QUE SE DESTACAN EN EL PANORAMA NACIONAL
La Policía desbarató una banda que excavaba un túnel en la Ciudad Vieja de Montevideo con el objetivo de robar un banco. El operativo se realizó el martes en la esquina de Colón y 25 de Mayo y permitió frustrar lo que, según el Ministerio del Interior, pudo haber sido “el robo del siglo”.
La investigación determinó que el túnel se inició en un local comercial alquilado pero sin actividad, que habría funcionado como centro de operaciones. Desde allí, los delincuentes buscaban avanzar por el alcantarillado para llegar a una sede bancaria de la zona.
El ministro del Interior, Carlos Negro, se hizo presente en el lugar ayer y brindó detalles sobre el origen de la investigación, que se activó por una advertencia llegada de Brasil.
“Esta es una información que surgió a principios del mes de diciembre, en un trabajo conjunto entre la Policía Nacional, la Dirección de Investigaciones, la Agencia Nacional de Inteligencia y otras agencias nacionales de países vecinos. A partir de esa información se puso en conocimiento al presidente de la República y a la Fiscalía competente; se empezó un trabajo de investigación que duró un par de meses y se llegó a determinar que, en este lugar, se estaba construyendo un túnel que tenía como objetivo, muy probablemente, un banco de la zona, en lo que pudo haber sido el robo del siglo”.
En el procedimiento fueron detenidas nueve personas: cinco en la zona de los hechos y cuatro en El Pinar, que hoy deberán declarar ante Fiscalía. Entre los detenidos hay ciudadanos uruguayos, paraguayos y brasileños, y además hay una persona requerida. En el operativo participaron distintas dependencias policiales, con apoyo de Bomberos y Policía Científica.
La jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera resolverá hoy si prorroga por 180 días las medidas cautelares contra los socios de Conexión Ganadera, tal como solicitará el fiscal de Lavado Enrique Rodríguez. Las medidas actuales vencen el 10 de febrero e incluyen prisión preventiva y domiciliaria.
Para la audiencia serán trasladados Pablo Carrasco, desde la cárcel de Punta de Rieles; Ana Iewdiukow, desde la cárcel de Florida; y Daniela Cabral, que cumple prisión domiciliaria en Punta del Este. Como es habitual, la jueza escuchará a la fiscalía, a las defensas y también a los abogados de las víctimas.
Esta semana un grupo de damnificados cuestionó el avance de la investigación y reclamó que se indague a otros posibles responsables, incluidos familiares, tomadores de ganado, mandos medios y eventuales omisiones de organismos de control estatal. Destacaron que la operativa de la empresa se desarrolló durante años bajo supervisión oficial.
Además, en las próximas semanas habrá nuevas audiencias. El fiscal pidió imputar al empresario Maximiliano Rodríguez, de Pasfer, y citó a declarar a familiares y allegados de los principales imputados. En otro frente, la Fiscalía investiga una denuncia por el hackeo de correos electrónicos del fallecido Gustavo Basso, cuyo contenido fue difundido públicamente y genera discusión sobre su eventual uso en el proceso.
El fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) sobre el régimen portuario del Puerto de Montevideo, conocido este lunes, generó repercusiones empresariales, técnicas y políticas, debido a que anula una cláusula de un decreto aprobado en 2021 que impedía instalar una segunda terminal especializada de contenedores mientras esté vigente la concesión a la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP), hasta 2081.
La sentencia hizo lugar parcialmente al reclamo de la empresa Montecon, que opera en los muelles públicos, y dejó sin efecto la cláusula que —a juicio del TCA— consagraba un monopolio sin respaldo legal y restringía la libre competencia. No obstante, el tribunal mantuvo firmes el resto del Decreto 114 y el reglamento de atraque, al entender que esas disposiciones, que también eran cuestionadas por Montecon, se ajustan a la ley de puertos.
Tras conocerse el dictamen, TCP —integrada por el grupo belga Katoen Natie y la Administración Nacional de Puertos (ANP)— señaló en un comunicado que la resolución confirma la legalidad del marco regulatorio, la concesión otorgada y el régimen operativo actual. Subrayó además que la cláusula anulada no afecta ni el plazo de la concesión ni el funcionamiento de la terminal, y sostuvo que aporta certeza jurídica al sistema portuario.
El fallo provocó una rápida reacción de las autoridades del gobierno anterior.
Está previsto que hoy a las 17.00 brinden una conferencia de prensa el exministro de Transporte Luis Alberto Heber, junto al exsubsecretario Juan José Olaizola, el expresidente de la ANP Juan Curbelo y el exprosecretario de Presidencia Rodrigo Ferrés.
En un adelanto de sus comentarios, Heber manifestó en redes sociales: “Se ha dicho mucho sobre nuestra actuación en la concesión de la terminal especializada de contenedores en el puerto. Se agravió, se insultó, se dijo cualquier cosa del gobierno y de nuestra persona. Finalmente se pronunció el TCA. Mañana hablamos nosotros en conferencia de prensa”.
Desde el Frente Amplio, el exsenador Charles Carrera sostuvo que la decisión del TCA confirma que “se hicieron las cosas mal”. Consultado por La Diaria, afirmó que la cláusula anulada era clave porque alteraba las reglas de juego y observó que su eliminación restablece la libre competencia y la soberanía del Estado en materia portuaria.
En declaraciones al mismo medio, la especialista en logística portuaria Silvia Etchebarne destacó que el fallo devuelve al Estado la posibilidad de licitar y habilitar operativas en los muelles públicos sin depender del consentimiento del concesionario. Señaló que la decisión judicial recupera soberanía regulatoria y abre ahora un desafío en la gestión del puerto, en un contexto de dificultades de competitividad.
MÁS NOTICIAS DEL PANORAMA NACIONAL
La Fiscalía Departamental de Maldonado de 5º turno archivó una denuncia por difamación presentada contra el periodista Sebastián Cabrera, del diario El País. La denuncia había sido impulsada por Richard Tesore, responsable de la ONG SOS Rescate Fauna Marina.
Según explicó la Fiscalía, no se configuró el delito de difamación porque no se acreditó la llamada “real malicia”, exigida en estos casos. Además, se consideró que se trata de un hecho de escasa entidad y se indicó que un eventual derecho de respuesta deberá canalizarse por la vía judicial correspondiente.
El caso generó preocupación luego de que el periodista fuera citado por la Policía en dos oportunidades y sin orden fiscal, tras la publicación de la nota. A raíz de estos hechos, la Institución Nacional de Derechos Humanos resolvió actuar de oficio y analizar el caso. También se pronunció la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), que advirtió que este tipo de citaciones puede generar un efecto inhibidor y afectar el ejercicio libre del periodismo.
El Tribunal de Apelaciones de segundo turno rechazó el recurso presentado por la fiscal de Delitos Económicos Sandra Fleitas en la causa que investiga al exsenador Charles Carrera por presuntas irregularidades durante su gestión como director de la secretaría general del Ministerio del Interior, entre 2010 y 2017.
La fiscal había solicitado el arresto domiciliario de Carrera y la prohibición de realizar declaraciones públicas sobre la investigación. Esas medidas ya habían sido rechazadas en primera instancia por la jueza Diovanet Olivera y ahora también fueron descartadas por el Tribunal de Apelaciones.
En la sentencia, consignada por La Diaria, los ministros Daniel Tapié, Ricardo Míguez y Beatriz Larrieu señalaron que las declaraciones públicas de Carrera no violan la reserva de la investigación, ya que la audiencia de formalización es pública. Además, descartaron que exista riesgo de amedrentamiento a denunciantes o testigos, al subrayar que no se denunciaron hechos concretos en ese sentido y que la investigación lleva más de tres años sin incidentes.
El tribunal también sostuvo que prohibirle a un imputado realizar manifestaciones públicas sería vulnerar el derecho a la libertad de expresión. Carrera fue imputado en junio de 2025 por fraude, falsificación ideológica y uso de información privilegiada, aunque en octubre el propio tribunal revocó parcialmente esa imputación, al entender que no estaban dados los requisitos para investigar el delito de falsificación ideológica.
La Cámara de Senadores postergó ayer la votación del presupuesto de la Institución Nacional de Derechos Humanos, luego de que la oposición cuestionara el aumento planteado, que prevé un incremento del 27% en cinco años.
Desde la institución, su presidenta Mariana Mota sostuvo que el refuerzo es necesario para ampliar el plantel de funcionarios y crear nuevas áreas de trabajo, entre ellas una dedicada a la infancia. El Frente Amplio defendió el proyecto y afirmó que buena parte de los recursos se destinarán a la búsqueda de detenidos desaparecidos.
La oposición, en tanto, consideró que el aumento es excesivo en comparación con otros organismos del Estado y adelantó que no lo acompañará. Ante este escenario, el Senado resolvió aplazar la votación para la semana próxima, con la intención de buscar un acuerdo más amplio.
Asumieron ayer los directores sociales de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE): Gustavo Gianre, en representación de los trabajadores, y Jorge Bentancur, por los usuarios. Con estas designaciones, el directorio de ASSE quedó completo con sus cinco integrantes.
Gianre, auxiliar de enfermería y exsecretario general de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, afirmó que asume con el objetivo de fortalecer una salud pública “fuerte y de calidad”, y señaló desafíos en infraestructura, gestión y condiciones laborales.
Bentancur, en tanto, destacó la importancia de la participación social y sostuvo que la salud debe ser entendida como un derecho humano y no como un negocio, con mayor protagonismo de los usuarios desde los territorios.
El presidente de ASSE, Álvaro Danza, valoró la incorporación de ambos representantes y aclaró que la demora en las designaciones respondió a los procedimientos internos de los sectores de trabajadores y usuarios.
El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay firmaron un convenio para promover la inserción social de adolescentes a través del cooperativismo.
El acuerdo prevé capacitación, apoyo técnico para crear emprendimientos y prioridad para contratar cooperativas, con el objetivo de acercar a los jóvenes al mundo del trabajo y facilitar su reinserción social.
El presidente del Inisa, Jaime Saavedra, destacó que la iniciativa apunta a generar oportunidades laborales y anunció un acuerdo con el Ministerio de Vivienda para que los jóvenes produzcan uniformes e insumos mediante cooperativas propias.
El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial presentó un llamado a empresas interesadas en la instalación de módulos de emergencia habitacional, con el objetivo de dar respuesta rápida a situaciones de vulnerabilidad en materia de vivienda. La iniciativa forma parte del Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat.
La ministra Tamara Paseyro subrayó que el problema impacta especialmente en la infancia y recordó que el 31% de los niños y niñas menores de seis años vive en situación de pobreza multidimensional, donde la vivienda es un factor clave. Según datos del censo 2023, más de 67 mil hogares presentan al menos una carencia crítica en vivienda, incluyendo techos o paredes precarias y pisos de tierra.
Los módulos permitirán acceder a mejoras básicas —como baños, cocinas o dormitorios— o brindar soluciones completas, según cada caso.
El llamado, que busca combinar rapidez de ejecución, calidad y costos acordes a la emergencia, está disponible en la web de la Corporación Nacional para el Desarrollo hasta el lunes 23 de febrero a las 11 de la mañana.
ECONOMÍA Y EMPRESAS
La Cámara Uruguaya de Turismo manifestó su preocupación por la pérdida de competitividad del sector, a raíz de la fuerte depreciación del dólar frente al peso uruguayo. Según la gremial, se trata de un problema que viene de años y que se aceleró recientemente, afectando al turismo como sector exportador de servicios.
Aunque la temporada de verano muestra una demanda firme en varios destinos, la cámara advirtió que la combinación de altos costos locales y un tipo de cambio en baja está “erosionando los márgenes de rentabilidad” y “encareciendo la oferta uruguaya en dólares”, lo que pone en riesgo inversiones y empleo.
La institución subrayó que el turismo “compite todos los días con otros destinos internacionales” y reclamó una agenda amplia de competitividad. En ese marco, valoró el grupo de trabajo impulsado por el Ministerio de Turismo y reafirmó su disposición a trabajar con las autoridades para “recuperar competitividad y defender el empleo” del sector.
La empresa Wasi, subcontratista de Criba S.A. en la obra del Grupo Cipriani en San Rafael, Punta del Este, rechazó las denuncias de trabajadores peruanos y del sindicato de la construcción por presunto acoso laboral y adeudos salariales, y aseguró que es víctima de una “campaña de difamación”.
En un comunicado, la firma sostuvo que en 36 años de actividad no tuvo reclamos por salarios impagos ni instancias de mediación ante el Ministerio de Trabajo. Sostuvo además que fue falsamente acusada de hechos graves y denunció presiones, amenazas y extorsiones por parte de delegados sindicales durante 2025.
Según la empresa, los trabajadores estaban correctamente registrados y cobraban de acuerdo a su categoría. Consultado por La Diaria, el responsable técnico, Juan Manuel Otero, atribuyó el conflicto a diferencias con delegados por la contratación de mano de obra extranjera y a una interna sindical vinculada a elecciones.
Wasi también negó que hubiera trabajadores “encerrados” y afirmó que no existen irregularidades salariales ni tributarias, algo que —según indicó— quedó claro en una reciente audiencia ante el Ministerio de Trabajo.
El mercado de trabajo cerró el último trimestre de 2025 con una tasa de actividad de 64,6%, una tasa de empleo de 60% y un desempleo del 7,2% a nivel país, de acuerdo a un informe publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
A nivel departamental, el mayor desempleo se registró en Treinta y Tres (13,7%), seguido por Paysandú (9,7%) y Rivera (9,1%), mientras que los menores niveles de desocupación se observaron en San José (2,1%) y Flores (2,6%).
En materia de actividad y empleo, los valores más altos se dieron en Soriano (actividad 70,7% y empleo 66,2%), Maldonado (69,4% y 65,6%) y Flores (67,3% y 65,5%), mientras que los registros más bajos se concentraron en Rocha (actividad 59,5%), San José (58,3%) y Treinta y Tres (empleo 50,1%). Montevideo se ubicó apenas por encima del promedio nacional (65,5% de actividad y 60,8% de empleo), con un desempleo igual al del total del país.
En cuanto a la informalidad, el 21,7% de los ocupados no está registrado en la seguridad social. Los mayores niveles se dieron en Cerro Largo (44,2%), Rivera (42,3%) y Artigas (41,8%), mientras que los menores se observaron en Flores (10,9%) y Colonia (14,8%). En Montevideo, la informalidad fue del 15%.
En el mercado local, el dólar ayer subió, en esta ocasión 0,11%. El interbancario fondo operó en promedio a $38.566.
En lo que va del año 2026, el dólar lleva una baja acumulada de 1,22% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2025)
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $37,40 para la compra y $39,80 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense bajó y cerró ayer en R$ 5,224.
En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial disminuyó ayer y cotizó en AR$ 1.446,00. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) se mantuvo y cotizó en el entorno de los AR$ 1.450,00.
El Euro subió frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$1,1808.
Los precios del petróleo subieron ayer con los operadores en vilo por las tensiones en Irán, luego del ataque a un petrolero estadounidense frente a las costas del país.
El precio del barril Brent del mar del Norte, para entrega en abril, se situó en 67,33 dólares.
El estadounidense West Texas Intermediate (WTI), para entrega en marzo, cotizó a 63,21 dólares.
OTRAS NOTICIAS
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca advirtió sobre una mortandad masiva de peces en playas de Montevideo, atribuida a cambios abruptos en la salinidad del Río de la Plata.
Técnicos de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) inspeccionaron las playas La Mulata y Playa Verde, donde constataron la presencia de varias especies de peces muertos en avanzado estado de deterioro. Se trata principalmente de especies de agua dulce, como dorado, patí, machete y sábalo.
Según el informe, en coordinación con la Facultad de Ciencias, se registró un cambio “muy abrupto” en la salinidad del río, que pasó de 7,5 a 25 unidades en pocas horas a fines de enero. Desde la Dinara señalaron que el fenómeno puede tener causas múltiples y subrayaron la necesidad de un abordaje “integral y coordinado” entre las instituciones involucradas.
La Policía investiga varias balaceras registradas en la madrugada del martes en la zona de Cerro Norte, en Montevideo.
En uno de los episodios, un hombre resultó herido y fue trasladado al Hospital del Cerro, donde se recupera. La víctima no quiso presentar denuncia.
En otro de los hechos, un camión blindado de la Guardia Republicana fue atacado a balazos y recibió cuatro impactos. Según informó Subrayado, los policías se enfrentaron a tiros con los delincuentes y luego se retiraron del lugar, sin que hubiera efectivos heridos.
En la zona se efectuaron más de veinte disparos y los investigadores trabajan para identificar a los responsables de los ataques.
En Rivera, la Justicia imputó a un joven de 26 años como sospechoso del homicidio de su padre, ocurrido en el paraje Manuel Díaz.
El hecho se produjo en la noche del sábado, tras una discusión entre ambos. Según la investigación, el joven habría golpeado a su padre, de 76 años, quien fue trasladado primero a Minas de Corrales y luego derivado a la capital departamental, pero falleció durante el traslado.
El presunto agresor fue imputado como autor de un delito de homicidio especialmente agravado. La Justicia dispuso prisión preventiva por 180 días mientras continúa la investigación.
INTERNACIONALES
Un avión de combate de Estados Unidos derribó ayer un dron de Irán que se acercó "agresivamente" al portaaviones Abraham Lincoln que se encontraba en el mar Arábigo.
El incidente ocurrió a unos 800 kilómetros de las costas de Irán.
"Un caza F-35C del Abraham Lincoln derribó un dron iraní en defensa propia y para proteger el portaviones y al personal a bordo", dijo el portavoz del Comando Central militar en un comunicado.
El drone Shahed-139 "continuó volando hacia la embarcación a pesar de las medidas de desescalada tomadas por las fuerzas estadounidenses".
Este incidente no altera el compromiso de mantener negociaciones entre el emisario especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y altos funcionarios de Irán, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Esas conversaciones podrían realizarse el 6 de febrero en Turquía.
El derribo del dron fue el segundo choque entre ambos países en Oriente Medio en un día, después de que las fuerzas iraníes intentaran detener un buque petrolero con bandera estadounidense en el estrecho de Ormuz.
El presidente iraní, Masud Pezeshkian, anunció que encargó al canciller Abás Araqchi la tarea de entablar negociaciones nucleares "equitativas" con Estados Unidos, luego de la advertencia del presidente Donald Trump de que ocurrirán "cosas malas" si no alcanzan un acuerdo.
En Irán, la represión de las manifestaciones contra el gobierno continúa. La televisión estatal reportó el lunes que cuatro ciudadanos extranjeros, cuya nacionalidad no se ha precisado, fueron detenidos por "participación en los disturbios".
En su reunión de ayer en la Casa Blanca, el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, acordaron dejar atrás meses de insultos y amenazas, y explorar "caminos comunes" sobre la lucha contra el narcotráfico.
La recepción a Petro fue discreta, sin que Trump saliera a recibirlo en la puerta, como acostumbra con otros presidentes. Además no hubo declaraciones conjuntas a la prensa en el Despacho Oval. El encuentro previsto de una hora de duración terminó extendiéndose a dos horas.
"La impresión que tengo es positiva", explicó Petro ante la prensa en la embajada colombiana y destacó ambos acordaron trabajar para detener el narcotráfico.
“Aquí nace un camino. O se fortalece, porque nunca ha desaparecido, en realidad. Nace un camino donde gente diferente, regímenes diferentes, maneras de pensar diferentes, poderes diferentes, porque tenemos nosotros un poder, solo que es diferente, se pueden encontrar. No hay necesidad de boxear, no nos golpeamos, no nos arrollamos, nos sonreímos. I like you me dijo él”.
Trump también destacó a los medios el clima de la reunión.
“Nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos exactamente los mejores amigos, pero no me sentí insultado porque nunca lo había conocido. No lo conocía en absoluto y nos llevamos muy bien”.
En Ucrania, el gobierno acusó a Rusia de haber lanzado el ataque "más potente" en lo que va de año contra sus maltrechas instalaciones energéticas, que dejó a cientos de miles de personas sin calefacción bajo un frío extremo, en la víspera de negociaciones por la paz.
Los ataques se llevaron a cabo horas antes de la llegada a Ucrania del secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
"Ataques rusos como los de anoche no demuestran seriedad respecto a la paz", opinó Rutte en un discurso ante el Parlamento ucraniano.
La Casa Blanca declaró que el presidente estadounidense, Donald Trump, no está "sorprendido" por los ataques.
Hoy y mañana Abu Dabi será sede de un segundo ciclo de negociaciones en busca de una salida diplomática, bajo mediación estadounidense.
En Reino Unido, la policía abrió una investigación sobre el exembajador británico en Washington, Peter Mandelson, implicado en nuevos documentos que lo vinculan al difunto criminal sexual estadounidense Jeffrey Epstein, para determinar si filtró información confidencial.
El diplomático, destituido el año pasado como embajador en Estados Unidos por sus vínculos con Epstein, habría recibido varios pagos del fallecido financiero a inicios de los años 2000, según los documentos divulgados por el Departamento de Justicia estadounidense.
La policía anunció la apertura de una investigación por sospechas de "delitos de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público", horas después de que la Cámara de los Lores anunciara que Mandelson dejará su escaño.
Poco antes, el primer ministro británico, el laborista, Keir Starmer había considerado necesario "actuar con rapidez" respecto a Mandelson, añadiendo que había "fallado a su país".
Starmer ordenó además la preparación de una ley para poder retirar a Mandelson su escaño en la Cámara de los Lores, según su portavoz.
La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, anunció este martes que examinaría si Mandelson, excomisario europeo de Comercio, había incumplido normas de conducta.
En Francia, la justicia allanó los locales de la plataforma X y citó a declarar en abril a su propietario, Elon Musk, en el marco de una investigación sobre esta red social.
X tiene abierto un expediente judicial desde inicios de 2025 a raíz de denuncias de diputados sobre el sesgo en sus algoritmos, que podría haber alterado su funcionamiento.
Las denuncias apuntaban a una “reducción de la diversidad de voces y opciones” y a que X se alejaba del objetivo de “garantizar un entorno seguro y respetuoso para todos”.
En este sentido, los diputados subrayaban la “falta de claridad” sobre estos cambios y sobre las “decisiones de moderación”, así como “las intervenciones personales de Elon Musk en la gestión de la plataforma”.
Musk afirmó en su cuenta de X que el allanamiento de las oficinas es un "ataque político" y en una publicación aparte agregó que las autoridades francesas deberían centrarse en perseguir a criminales sexuales.
La red social dijo que las acusaciones que sustentan el registro son "infundadas" y declaró que la empresa "niega categóricamente cualquier irregularidad".
Las pesquisas se ampliaron a otros delitos como complicidad en la difusión de pornografía infantil, y al rol de Grok, su asistente de IA, en la difusión de contenidos negacionistas e imágenes falsas de carácter sexual.
México está usando "todas las vías diplomáticas" para reanudar los envíos de petróleo a Cuba luego de que Estados Unidos amenazara con imponer aranceles a los países que suministren crudo a la isla, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sheinbaum aseguró en su habitual rueda de prensa que su gobierno planea enviar "ayuda humanitaria" a Cuba esta semana y busca un acuerdo con Estados Unidos que le permita volver a proveer petróleo a la isla.
La gobernante izquierdista ha evitado reconocer abiertamente la suspensión de los envíos de crudo a Cuba, pese a versiones en ese sentido que circularon en la prensa desde la semana pasada.
El presidente Donald Trump promulgó la ley que puso fin a casi cuatro días de cierre parcial del gobierno federal.
Esto representa "una gran victoria para el pueblo estadounidense", celebró Trump en la Casa Blanca, al firmar el texto emanado del Congreso.
La ley de financiación concluye oficialmente la parálisis presupuestaria vigente desde el sábado en medio de desacuerdos entre republicanos y demócratas sobre la financiación de la policía de inmigración (ICE), después de que dos manifestantes murieran a manos de agentes federales en Mineápolis.
En Venezuela, miles de chavistas se movilizaron para exigir la liberación de Nicolás Maduro, en el día en que se cumplía un mes de su captura en una incursión militar de Estados Unidos.
"¡Llegó la patria, llegó la paz, que Venezuela necesita a Nicolás!", gritaron manifestantes vestidos de rojo, el color del chavismo, durante el recorrido hacia el centro de Caracas.
Más temprano, una concentración de estudiantes universitarios y familiares de presos políticos pidieron celeridad en la aprobación de una ley de amnistía prometida por Rodríguez.
El proyecto por ahora no llegó al Parlamento, que sesionó otros temas el martes.
La concentración en la Universidad Central de Venezuela (UCV) reunió a unas 500 personas y reactivó una movilización silenciada.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que trabaja "intensamente" en una ley de amnistía bajo la presión que Estados Unidos ejerce al país desde hace un mes.
"Una ley de amnistía que permita, todo este período de violencia política, del extremismo, que permita llevar adelante una política nacional", detalló la presidenta venezolana.
Se refirió además a la "conversación franca" que sostuvo con la jefa de la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, quien afirmó más temprano que su gobierno apuesta por una Venezuela "amigable, estable, próspera y democrática".
En Brasil, una corte militar anunció que examinará si el expresidente Jair Bolsonaro y varios generales, condenados por intento de golpe de Estado, deben perder sus rangos en las fuerzas armadas, en un caso inédito.
El exjefe de Estado fue condenado en setiembre pasado por la corte suprema a 27 años de prisión tras ser declarado culpable de conspiración para aferrarse al poder de forma "autoritaria" tras su derrota ante el actual presidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.
Nunca en la historia de Brasil oficiales con altos rangos militares de general o almirante habían sido sometidos a un proceso de retiro de sus galones.
El Supremo Tribunal Militar (STM) debe ahora discutir un pedido de los fiscales militares para declarar "indignos" de mantener sus rangos y beneficios en las fuerzas armadas a Bolsonaro, un capitán retirado del Ejército, y a cuatro altos mandos que fueron también condenados por la tentativa golpista, dijo la presidenta de esa corte, Maria Elizabeth Rocha.
Dos de los jueces del STM deben hacer una evaluación preliminar para determinar el inicio del juicio en el plenario de 15 magistrados (diez militares y cinco civiles), para cuyo inicio no hay plazo previsto.
Rocha dijo en rueda de prensa que Bolsonaro "está siendo juzgado por un tribunal de honor" que discutirá si mantiene su rango de capitán pese a la condena por la trama golpista.
De ser condenado, Bolsonaro pasaría a ser un civil y podría tener que abandonar la cárcel de la policía militar en el enorme complejo carcelario de Papuda, en Brasilia, donde permanece recluido desde el mes pasado.
Esa decisión deberá recaer en el juez de la corte suprema a cargo del caso, Alexandre de Moraes, considerado un enemigo del bolsonarismo.
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, llamó a los conservadores en Europa a movilizarse para "influir y ganar", durante un discurso que pronunció ante políticos afines en el Parlamento Europeo en Bruselas.
"No basta con resistir, no basta con denunciar, como algunos hacen infinitamente, y no basta con conservar los espacios. Tenemos que participar, tenemos que influir y ganar", declaró durante un foro sobre la libertad de expresión organizado por grupos conservadores y de ultraderecha.
Kast dijo promover la vida, la familia, la igualdad y la libertad.
Antes de su llegada al poder, Kast visitó en enero al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a quien pidió "colaboración" tras recorrer una megacárcel para pandilleros, símbolo de la lucha contra la delincuencia.
También visitó un muro fronterizo que construye República Dominicana para frenar la migración irregular desde Haití.
En Argentina la medición de la inflación volvió a ser un problema político. En este momento, el gobierno de Javier Milei está recibiendo una ola de críticas por haber suspendido una actualización en la metodología para medir el IPC.
Esto llevó a acusaciones sobre intentos de camuflar la inflación real. No faltaron las comparaciones con la sistemática falsificación estadística que se realizó durante el gobierno de Cristina Kirchner, cuando el Instituto de Estadística medía una cifra que siempre resultaba menor a la mitad de la que calculaban los privados.
La cuestión es que la metodología para medir la inflación excedió por completo el ámbito técnico y se transformó en un debate político. Los economistas, sobre todo los más afines con Milei, afirman que cometió un error, porque ahora puso en riesgo su credibilidad, y justamente en el logro del cual más se precia el presidente.
El cambio de metodología estaba previsto para estrenarse con el IPC de enero. La canasta familiar estaba muy desactualizada, al punto que incluía consumos como telefonía fija y compras de revistas, mientras no tenía en cuenta conexión a internet. Es decir, reflejaba un consumo más de los años 90.
En la nueva canasta, se reflejan los cambios ocurridos en los últimos años, de manera que los servicios pasan a tener mayor ponderación. Por ejemplo, hasta ahora, las tarifas de los servicios públicos tenían una ponderación de 9,4% del presupuesto familiar, y con la nueva canasta pasarían a tener una ponderación de 14,5%.
En sentido contrario, el rubro de alimentos, tradicionalmente el de mayor peso en el presupuesto familiar, se reduciría desde el actual 26,9% a un 22,7%.
Como en este momento están aumentando más rápido los servicios que los bienes, el cambio de canasta supondría automáticamente un salto en el IPC, solamente por un efecto estadístico.
Entonces surgió un diferendo dentro del propio gobierno. El ministro de Economía, Luis Caputo, advirtió que un cambio de metodología en este momento significaría prolongar una saga de siete meses seguidos de inflación al alza.
Y no sólo eso. Hay muchos precios importantes que se indexan con el IPC. Entre ellos las jubilaciones, que conforman más de 40% del gasto público. Y también el techo de la banda de flotación del dólar.
El temor del ministro es que el nuevo IPC terminara gatillando expectativas de inflación al alza. Por eso, dijo que había que postergar el cambio para un momento más tranquilo, cuando el impacto de la suba de tarifas haya pasado. Pero el director del Instituto de Estadística, Marco Lavagna, interpretó que era una intromisión política en una cuestión técnica, y renunció.
A partir de allí comenzó una serie de acusaciones en el sentido de que el gobierno no quiere mostrar la inflación real. Y en el mercado se está hablando sobre la publicación de un IPC paralelo, que los sindicatos tomarán en cuenta a la hora de negociar ajustes salariales, algo similar a lo que ocurría en los tiempos de Cristina Kirchner en el poder.
(Fernando Gutiérrez, corresponsal desde Argentina)
