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NACIONALES
Legisladores de cuatro partidos de la oposición presentaron este jueves, en el juzgado de la calle Juan Carlos Gómez, una denuncia penal por la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización. El documento lleva la firma de los diputados Gustavo Salle (Identidad Soberana), Juan Martín Jorge (Partido Colorado), Rodrigo Goñi (Partido Nacional) y Gerardo Sotelo (Partido Independiente).
El escrito señala una “aparente comisión” de abuso de funciones, fraude, falsificación ideológica de documento público y conjunción del interés personal y público, y solicita investigar a todas las personas involucradas en la operación. Alega falta de quórum en la resolución, pago por encima de la tasación oficial, informes antedatados y la inhabilitación de dos jerarcas por su condición de colonos, entre otros puntos.
En rueda de prensa ayer, el diputado Jorge sostuvo que la presentación busca “cumplir un deber” de transparencia y resguardar los dineros públicos, aunque aseguró que no era una instancia deseada.
“Pero a veces nos vemos obligados a tener que cumplir esta tarea de control. Todo esto empieza con una compra millonaria, donde hemos encontrado un sinfín de irregularidades, más de 12 violaciones a las normas, desde la Constitución de la República hasta los reglamentos internos de Colonización”.
Consultado sobre la pertinencia de concretar o no la investigadora que había impulsado a nivel parlamentario, Jorge reconoció que la comisión “carece de sentido”, porque se ha “elevado el mecanismo de control” con la denuncia penal.
Salle, por su parte, dijo que los indicios ameritan una investigación, aunque expresó dudas sobre que Fiscalía avance en el caso por involucrar al propio Poder Ejecutivo. Respecto a la conformación de la comisión investigadora, consideró que, aunque no estén los votos requeridos, es un camino necesario, paralelo al del Ministerio Público.
“Que no estén los votos no le quita trascendencia a la investigación legislativa, porque aquí puede haber responsabilidades penales, pero también responsabilidades administrativas y políticas. Entonces, aunque no estén los votos, que se investigue en paralelo a nivel legislativo y a nivel administrativo/fiscal —porque nunca es judicial— lo veo como algo muy positivo”.
Desde Cabildo Abierto, el diputado Álvaro Perrone sostuvo que, ante la presunción de irregularidades, corresponde que la compra de la estancia María Dolores sea analizada por la Justicia. Señaló que su partido no fue invitado a participar de la denuncia, pero consideró que igualmente está representada toda la oposición.
En declaraciones a periodistas ayer, Perrone afirmó que, si el tema ya está en la Justicia, “no tiene mucho sentido” impulsar una comisión investigadora. De todos modos, puntualizó que esa definición se tomará más adelante.
“Cuando se hace una investigadora, lo que se pretende es tener los elementos y después enviar todo a la justicia. En este caso ya se está enviando todo a la justicia, así que veremos cuáles son los avances y en el futuro decidiremos qué hacer con el proceso de la investigadora, que quedó para el martes 9 de diciembre”.
El Partido Independiente resolvió firmar la denuncia penal por la compra de la estancia María Dolores, pese a que en un principio había preferido esperar a la creación de una investigadora parlamentaria.
En declaraciones al semanario Búsqueda, el diputado Gerardo Sotelo explicó que, en ese escenario, la única herramienta disponible era la vía judicial, por lo que acompañó la denuncia.
El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, defendió la compra de la estancia María Dolores y criticó a los partidos que presentaron la denuncia por “judicializar la política”.
En rueda de prensa, Fernando Pereira subrayó que la compra de tierras responde al programa con el que el Frente Amplio ganó las elecciones y afirmó que “todos los informes” confirman que “se cumplió con la ley”. Atribuyó la denuncia a la dificultad de la oposición para aceptar la derrota electoral y sostuvo que “la ira de algunos dirigentes es insoportable” y que “no saben perder”.
“En Uruguay podemos hacer perder el tiempo a la Justicia o dejar que actúe en los temas realmente importantes. El Frente Amplio se comprometió con la ciudadanía a otorgar 25.000 hectáreas de tierra: ya entregó 4.400 y cumplirá con las 25.000. Eso es responderle al pueblo uruguayo. Si la oposición cree que debe presentar una denuncia penal, nada se lo impide. Pero judicializar la política es uno de los peores errores que los partidos pueden cometer, y como lo cometen habitualmente, tampoco me aflige”.
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) inició un sumario a la jueza Beatriz Giordano, de Mercedes, por su actuación en el caso de Andrés Morosini, el hombre que la semana pasada secuestró y mató a sus dos hijos.
Según informaron a Búsqueda fuentes del Poder Judicial, tras recibir y analizar el informe de la jueza, la Corte entendió que existe la posibilidad de que se hayan cometido irregularidades y por eso resolvió iniciar un sumario para profundizar en la investigación. A modo de ejemplo, las fuentes citadas por el semanario indicaron que la jueza no convocó a audiencia para profundizar en la evaluación del caso, tal como está establecido en la ley Nº 19.580 sobre violencia hacia las mujeres basada en género.
Con el sumario, que no implica separación del cargo, se buscará determinar si las medidas fueron las adecuadas ante el riesgo que presentaba la noticia policial.
El expediente se había iniciado el 1º de setiembre, cuando la madre de los niños denunció a Morosini por violencia psicológica. Ese mismo día se le impuso prohibición de acercamiento y retiro del hogar, pero no otras medidas cautelares. Días después, Morosini raptó a sus hijos y se arrojó con ellos al arroyo Don Esteban, en Río Negro.
El caso generó conmoción nacional y renovó el debate sobre la aplicación de medidas de protección en situaciones de violencia de género.
El presidente de la SCJ, Jhon Pérez, había dicho ayer de mañana, entrevistado en Desayunos Informales, que en este caso “no hubo tiempo” para accionar antes de que murieran los menores y su padre.
"No tenía antecedentes de violencia doméstica. No había ninguna denuncia hasta ese momento. Tenían 13 años que convivían juntos, así que teóricamente ella lo conocía bien. Había que hacer un montón de evaluaciones que no dieron tiempo"
Pérez aseguró que "se actuó de acuerdo a las circunstancias que había" y dijo que prefería no emitir otra opinión sobre el tema para no "prejuzgar sobre el fondo".
El Ministerio de Vivienda presentó ayer el Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat 2025-2029, que apunta a beneficiar a más de 69 mil hogares con foco en las familias en mayor situación de vulnerabilidad, en particular aquellas con niños en pobreza extrema. El lanzamiento se realizó en la Torre Ejecutiva con la presencia del presidente Yamandú Orsi.
El plan prevé subsidios y garantías de alquiler, mantenimiento y construcción de viviendas, realojos y programas integrales en barrios vulnerables. Entre las novedades se incluyen los proyectos “Crece desde el Pie”, dirigido a familias con recién nacidos en condiciones críticas, “Primera Vivienda” para hogares de ingresos medios y medio bajos, y “Más Barrio” para la transformación urbana en zonas de alta precariedad.
La ministra Tamara Paseyro explicó que la estrategia combina respuestas inmediatas a la emergencia habitacional con soluciones de mediano y largo plazo. Agregó que con un presupuesto anual de 14 mil millones de pesos, se busca garantizar viviendas adecuadas, bien localizadas y conectadas a servicios, en entornos seguros y sostenibles.
“No queremos poner el foco en la cantidad de viviendas que vamos a construir. Lo importante es transmitir que la materialidad de la vivienda es solo una parte. Luego está el hábitat: generar espacios seguros, trabajar con las comunidades y con la población vulnerable. No se trata solo de vivienda, sino de atender de forma integral a esos hogares”.
El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, reconoció que el oficialismo incumplió la promesa de no crear nuevos tributos, al impulsar el llamado “impuesto Temu” que grava con IVA las compras por Internet en el exterior, menos las realizadas en Estados Unidos. Defendió la medida asegurando que cuenta con el respaldo de cámaras empresariales y trabajadores del comercio, y cuestionó al Partido Nacional por oponerse.
En rueda de prensa ayer, Pereira sostuvo que la iniciativa busca proteger al comercio local de una política “muy invasiva” de la plataforma china, y recordó que semanas atrás dirigentes nacionalistas coincidían en que era necesario regular. “Cuando lo propone el Frente Amplio está mal, pero si la discusión es neutra estamos todos de acuerdo”, ironizó.
En cuanto al impuesto mínimo global a multinacionales, planteado en el presupuesto, Pereira apuntó a la oposición y dijo que “los blancos van a tener que explicar cómo prefieren que UPM tribute en Finlandia y no en Uruguay”. Señaló que no implica un aumento fiscal, sino que parte de lo que se pagaba en el exterior se gravará ahora en el país.
El presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, se reunió ayer con las autoridades de la Asociación Rural del Uruguay en el marco de la Expo Prado. El encuentro se realizó un día después de la reunión de la gremial con el presidente Yamandú Orsi y, según Delgado, se abordaron básicamente los mismos temas vinculados al presupuesto quinquenal. El dirigente valoró la instancia como “constructiva”, con diferencias pero también con áreas de acuerdo para apoyar.
En rueda de prensa, Delgado expresó preocupación por la creación de nuevos tributos en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.
“Por ejemplo, hay un impuesto a los fitosanitarios que aparece redactado de manera elíptica y que va a encarecer enormemente los productos utilizados en la agricultura, la horticultura y la granja. También nos plantearon temas vinculados al campo natural y algunas restricciones que el Ministerio de Ganadería quisiera aplicar”.
De todos modos, Delgado destacó puntos de coincidencia con el oficialismo, como la puesta en marcha de un programa nacional de riego y afirmó: “Si el gobierno tiene voluntad de hacer una política de Estado en este tema, que cuente con nosotros”.
Senadores del Partido Nacional reclamaron a los ministros de Ambiente y de Ganadería que recorran la zona donde se proyecta construir la represa de Casupá y escuchen directamente a los vecinos que serán afectados. Advierten que allí no se ha brindado información ni se ha promovido un proceso participativo real.
Martín Lema y Alexandra Inzaurralde firmaron los escritos dirigidos a Edgardo Ortuño y Alfredo Fratti. Los legisladores sostienen que la represa inundará unas 3.000 hectáreas, afectará tierras productivas, más de 400 hectáreas de monte nativo y obligará a familias a abandonar hogares, escuelas y trabajos en la zona de Gaetán, a 30 kilómetros de Casupá.
El proyecto es impulsado por el gobierno de Yamandú Orsi para asegurar el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana. Pero vecinos, productores y legisladores opositores cuestionan eventuales impactos ambientales, sociales y económicos, y exigen que los ministros analicen esos efectos antes de avanzar en la obra.
El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio (FA) recibió este jueves al intendente de Montevideo, Mario Bergara, y a la exintendenta y actual vicepresidenta, Carolina Cosse, para analizar la situación financiera de la comuna y responder a lo que califican como un “relato” de la oposición. La fuerza política defendió la gestión de Cosse, señalando que gobernó en “circunstancias críticas” marcadas por la pandemia, el deterioro social y la falta de apoyo del gobierno nacional.
El FA enumeró programas sociales y de salud implementados en la pasada administración y responsabilizó al Partido Nacional por bloquear el préstamo del BID que hubiera permitido modernizar el sistema de limpieza. Señaló además que el déficit se explica por caída de ingresos, aumento de gastos sociales, crisis hídrica y cambios contables.
Tras el encuentro, Bergara no hizo declaraciones, mientras que la exintendenta defendió su gestión y aseguró que no dejarán que se impongan “argumentos que no son verdad”. Reconoció problemas coyunturales, pero insistió en que la comuna no está endeudada. Cosse también rechazó que el “ahogo financiero” equivalga a solo 2,6% del déficit, afirmando que esa cifra es una interpretación errónea de un edil opositor sobre palabras de la directora de Recursos Financieros, Laura Tabárez.
“Tuvimos al mismo tiempo una situación de pandemia, de crisis de agua de un estado que se retirara, pero la intendencia no se retiró. La intendencia cuidó a la población y avanzó. Al mismo tiempo que tuvimos un ahogamiento financiero que no nos detuvo en la intendencia hizo cosas. Esa fue la evaluación que se hizo ahora en el secretariado”
La Junta Departamental de Montevideo aprobó este jueves habilitar a la Intendencia una línea de crédito por 58 millones de dólares, equivalente a una duodécima parte de su presupuesto. La iniciativa recibió 21 votos a favor —incluidos cuatro de la oposición— y diez en contra.
El edil nacionalista Joaquín Campos reconoció que la medida implica mayor endeudamiento, pero defendió que la administración entrante debe contar con todas las herramientas disponibles. “Amputarle esta posibilidad sería un error”, dijo, aunque advirtió que exigirán “austeridad, ajustes, orden y responsabilidad” en su uso.
Desde el oficialismo, la edila frenteamplista Fátima Vázquez afirmó que la comuna “no está fundida” y aclaró que no se trata de un préstamo nuevo, sino de acceder a una línea de crédito ya vigente. También destacó el respaldo de parte de la oposición a la iniciativa.
El senador colorado Pedro Bordaberry presentó en el Parlamento una serie de propuestas para reforzar el proyecto de Ley Integral contra el Lavado de Activos, con foco en el fútbol profesional. Según advirtió, este ámbito puede transformarse en un canal para el crimen organizado si no se establecen mayores controles.
Entre los aditivos planteados figura incluir a todos los clubes profesionales, asociaciones y federaciones como “sujetos obligados” a reportar operaciones. También se propone crear un registro nacional de transferencias deportivas internacionales bajo control de la Secretaría Nacional del Deporte, con información detallada de cada movimiento de jugadores y pagos asociados.
Bordaberry plantea además la trazabilidad de todos los ingresos y egresos de los clubes, incluidos premios, remuneraciones y aportes, y que todas las operaciones financieras se realicen únicamente por vía bancaria, prohibiendo el efectivo. Con estas medidas, afirmó, Uruguay se alinearía con las exigencias de FIFA y del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAF)I, y daría una señal clara de transparencia en el deporte.
La oposición evalúa una medida de protesta para el próximo martes, cuando el presidente de ASSE, Álvaro Danza, concurra al Parlamento en el marco de la discusión presupuestal. Diputados del Partido Nacional, Colorado e Independiente analizan dejar constancia en actas de su rechazo a que siga al frente del organismo o, incluso, no presentarse a la sesión de la comisión.
Según informó el diario El País, el planteo fue impulsado por Gerardo Sotelo, del Partido Independiente, que inició contactos con otros legisladores para coordinar una acción conjunta. Señalan que Danza incurre en incompatibilidad constitucional al trabajar en mutualistas privadas y ejercer la docencia mientras preside el organismo estatal de salud.
La controversia ya había llevado a los nacionalistas a presentar un informe jurídico que avala esa postura y a reiterar su pedido de renuncia. Pese a las críticas, Danza cuenta con el respaldo del Poder Ejecutivo.
La ministra de Defensa, Sandra Lazo, defendió la reciente presencia en Uruguay de seis militares de la Marina de Estados Unidos y calificó las críticas de la oposición como parte de una “operación política”. En una reunión ayer con la bancada de senadores del Frente Amplio, sostuvo que se trató de un intercambio académico, similar a otros realizados con distintos países, y que no requería la venia del Senado.
Lazo explicó que los marines no participaron en maniobras ni portaron armas, y que en estos casos los visitantes pueden estar en un cuartel, pero sin intervenir en actividades militares. Además, relativizó la falta de información en la web oficial de la cartera, asegurando que “no siempre se colocan todas las actividades”.
Lazo: “Fuimos también a buscar desde el punto de vista de qué había sucedido con intercambios similares y tenemos varios ejemplos de intercambios similares donde no pasando por el parlamento se autorizaba.
Periodista: O sea que en este caso no requería ningún permiso…
Lazo: No, nosotros entendimos que no lo requería. Entendimos que no lo requería. Ahora, no podemos dejar pasar que esta noticia que de alguna manera es errónea, porque así no hubo ningún ejercicio combinado como en otras oportunidades que sí requerirían un tratamiento parlamentario. Esa noticia es bastante entreverada con otras noticias que tienen que ver justamente y nos parece muy muy parecido a una operación de algún tipo de política que no logramos entender”
En contrapartida, senador nacionalista Javier García afirmó que hubo maniobras con participación y asesoramiento de militares extranjeros, lo que según la Constitución requiere aprobación parlamentaria. El exministro de Defensa señaló que “no importa si traen o no armamento” y criticó que la noticia se conociera a través de la embajada estadounidense y no del propio ministerio.
“Aquí hay que hacerse cargo. Ese es el tema, es decir, estos marines que están en Uruguay son los mismos que están en el Caribe y en Venezuela, que han llevado declaraciones del frente amplio en contra en todos los colores. Sin embargo, mientras está en el Caribe en Venezuela declaran, pero cuando están en el Cerro Monte Verde pasan por abajo la mesa. Creo que incluso algún canal de ustedes las las mostró. Cuando hay maniobras militares, obviamente que eso requiere autorización”
Por ese tema, el subsecretario de Defensa, Joel Rodríguez –debido a un viaje oficial de Lazo–, concurrirá el próximo lunes a la Comisión de Defensa, que aprobó convocar a la jerarca ante la moción presentada por el senador Javier García.
Los sindicatos de la educación cuestionan el proyecto de Presupuesto enviado por el Ejecutivo al Parlamento. Según la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay, el plan demuestra que “la educación pública no es prioridad para el Gobierno” y supone un incumplimiento de los compromisos asumidos en campaña.
En un comunicado, los gremios señalaron que el mensaje presupuestal marca una tendencia preocupante, que podría llevar a una menor participación del gasto educativo en el PBI hacia el final del período. Si bien reconocen avances en áreas como alimentación escolar, becas y bonos estudiantiles, advierten que temas sustantivos seguirán postergados. Entre ellos mencionan la falta de fondos para infraestructura, nuevos cargos docentes y multidisciplinarios, expansión universitaria y mejora salarial, sobre todo en sectores más sumergidos.
El Ministerio del Interior presentó “Verificá”, un nuevo servicio para prevenir estafas y frenar la difusión de noticias falsas en redes y medios digitales. El programa fue lanzado ayer en la Expo Prado con la presencia de la subsecretaria Gabriela Valverde.
La iniciativa, a cargo del Centro de Comando Unificado de la Policía, funciona las 24 horas y ofrece canales de atención directa: WhatsApp 098 111 911, el correo [email protected] y las redes sociales oficiales. Un equipo especializado contrasta la información con bancos y organismos públicos y, en caso de detectar reiteración de denuncias, deriva los casos a la unidad correspondiente.
Según explicó la oficial principal María de los Santos, el objetivo es “prevenir este tipo de delitos y brindar información confiable a la población”. Además, se desarrollarán campañas de concientización a través de los canales del Ministerio.
El fiscal especializado en delitos de lavado de activos, Enrique Rodríguez, a cargo de la investigación del caso Conexión Ganadera, rechazó una solicitud del abogado Juan Pablo Decia, representante de unas 200 víctimas. El defensor había pedido mediante un escrito que se sustituyera la prisión domiciliaria por prisión efectiva para las imputadas Daniela Cabral y Ana Iewdiukow, o, en su defecto, que se levantara la medida cautelar para evitar que continuaran descontando días de una eventual condena.
Rodríguez explicó que la fijación del domicilio la decide el juzgado y su control corresponde a la Policía; la Fiscalía no interviene en ese acto. Señaló que solo opinaría si hubiera riesgo para la víctima, peligro de fuga (por ejemplo, domicilio fronterizo) o problemas de monitoreo electrónico. Nada de eso se verificó en este caso, resuelto en audiencia el 17 de julio.
Sobre la denuncia de que una de las imputadas estaría lavando activos por usar un bien presuntamente ligado a la estafa, el fiscal la calificó de infundada: no hay condena y el uso fue autorizado por la jueza, lo que excluye la tipicidad del delito. Además, indicó que el bien fue adquirido en 2012, antes de los hechos investigados.
La Cancillería habilitó el acceso digital a 60 documentos históricos sobre el Plan Cóndor, el operativo de coordinación represiva que funcionó en América Latina durante las dictaduras de los años 70 y 80.
La publicación surge de un trabajo conjunto con el proyecto plancondor.org, sitiosdememoria.uy y el University College London, y busca poner a disposición del público material clave sobre la represión en la región. Los archivos, disponibles en formato PDF en la web oficial del ministerio, incluyen Télex diplomáticos de la época.
Entre ellos se encuentran mensajes que refieren al seguimiento y posterior asesinato de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz en Buenos Aires, así como documentos sobre la persecución de otros exiliados. Se trata de la segunda etapa de difusión de “Archivos emblemáticos del Plan Cóndor”, que ya había liberado diez documentos anteriores.
ECONOMÍA Y EMPRESAS
El Consejo Fiscal Asesor (CFA) presentó su informe semestral, enfocado en el proyecto de Presupuesto 2025-2029, y advirtió que, aunque el plan del gobierno busca corregir el déficit primario, lo hace de forma parcial y con riesgos en su cumplimiento. Señaló que la deuda neta, que en la última década aumentó 25 puntos del PIB, pasaría de 58% en 2024 a 63% en 2029.
El organismo remarcó que la mejora fiscal descansa en una mayor recaudación de 1,5 puntos del PIB, algo sujeto a incertidumbre. Además, la consolidación recién llegaría entre 2027 y 2029, en plena etapa electoral, cuando suelen aumentar las presiones de gasto. A esto se suma la vulnerabilidad de Uruguay frente a factores externos que pueden afectar el crecimiento. Por ello, el CFA recomienda acompañar el plan con recortes de gasto estructural de al menos 0,3% del PIB a partir de 2026.
Sobre la regla fiscal, valoró la fijación de un ancla de deuda en 65% del PIB, pero advirtió que es un nivel elevado respecto a otros países y podría interpretarse como una señal de tolerancia al endeudamiento. Sugirió aplicarla con “gran prudencia” y complementarla con un objetivo de deuda referencial más bajo, para evitar el “efecto imán”, es decir, la tentación de llevar la deuda hasta el tope establecido.
El mercado laboral sigue presentando realidades muy distintas en el interior del país, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística, publicado el jueves. Mientras Soriano muestra los mejores niveles de empleo, Treinta y Tres se ubica en el extremo opuesto con la mayor desocupación, duplicando el promedio nacional.
A nivel país, la tasa de actividad fue de 64,3%, el empleo de 59,5% y el desempleo de 7,3%.
Entre los departamentos, Soriano mostró los mejores indicadores, con 70% de actividad, 66% de empleo y apenas 5,8% de desempleo. En el otro extremo, Treinta y Tres tuvo la menor tasa de empleo, 47%, y la más alta de desempleo: 15,4%. Paysandú y Río Negro también presentaron cifras elevadas de desocupación, por encima del 9%.
Maldonado destacó con altos niveles de actividad y empleo: 68,6% de actividad y 64,3% de empleo, con un desempleo de 6,2%.
Cerro Largo y Rivera, en tanto, registraron las tasas de desempleo más bajas: 3,4% y 5,1%, respectivamente.
En Montevideo, el desempleo promedio se ubicó en 7,3%, aunque con diferencias fuertes según el municipio: en el B (que incluye Centro, Ciudad Vieja, Cordón, entre otros barrios) fue de solo 3,7%, mientras que en el A (Cerro, La Teja, Belvedere, Santa Catalina, Nuevo París, etc.) llegó al 10%.
El informe también midió la informalidad laboral. En el total del país, un 22% de los ocupados no está registrado en la seguridad social. Montevideo tuvo la tasa más baja, con 14,8%, pero en departamentos como Cerro Largo, Artigas, Rivera o Soriano la informalidad supera el 35%.
OTRAS NOTICIAS
Una avioneta Cessna debió aterrizar de emergencia este jueves en la playa de Lomas de Solymar, en Ciudad de la Costa. La maniobra ocurrió poco antes de las 16 horas, luego de que la tripulación reportara fallas en pleno vuelo y emitiera un llamado de auxilio a la Torre de Control de Carrasco.
La Fuerza Aérea informó que se activó el Centro Coordinador de Rescate y que un helicóptero Airbus AS-365 “Dauphin”, que se encontraba en misión cerca de la zona, escoltó al Cessna hasta su descenso en la playa.
El aterrizaje fue seguro: la tripulación resultó ilesa y no hubo daños materiales. Otros medios aéreos quedaron en alerta para una eventual evacuación, pero finalmente no fue necesario intervenir.
La Justicia imputó a tres militares por la violación de una joven de 19 años en Paso Carrasco. Los hombres, de 22, 23 y 26 años, pertenecientes al Batallón de Ingenieros de Combate Nº 6, fueron formalizados por abuso sexual especialmente agravado y enviados a prisión preventiva por 180 días.
El hecho ocurrió el martes en un descampado próximo al polideportivo de la zona, cuando vecinos alertaron a la Policía tras escuchar los gritos de la víctima. Al llegar, efectivos de la seccional 26 y de la Guardia Republicana sorprendieron a los militares junto a la joven, que estaba semidesnuda y golpeada. Fue trasladada de urgencia a un centro asistencial.
La Fiscalía sostiene que hay evidencia sólida y al menos tres testigos del ataque. La ministra de Defensa, Sandra Lazo, calificó el caso como “terrible” y anunció una investigación administrativa paralela a la judicial.
En San José, un joven de 28 años fue imputado por el presunto asesinato de Carmen Díaz Senattore, de 54 años, cuyo cuerpo apareció en el río San José, en la zona de Paso de los Carros. La mujer estaba desaparecida desde el 29 de agosto.
La investigación incluyó tres allanamientos en distintas viviendas de la ciudad, donde fueron detenidos dos hombres. Uno recuperó la libertad, mientras que el otro quedó a disposición de la Justicia.
El joven de 28 años fue formalizado por un delito de homicidio y deberá cumplir 180 días de prisión preventiva, mientras continúa la investigación fiscal.
La Policía de Montevideo reforzó el patrullaje en Nuevo París y La Teja, a raíz del asesinato del tiktoker y cantante Kevin Almada, conocido como “El Negrito Kevin”. El joven de 22 años fue baleado el miércoles, mientras estaba en la vereda de Antonio Zubillaga y Real.
Un hombre de 36 años, sin antecedentes, se entregó en la seccional 19 y confesó el crimen. Dijo que disparó seis veces tras una discusión y alegó legítima defensa. La fiscal Andrea Naupp deberá determinar si esa versión se sostiene. El detenido permanece a disposición de la Justicia y podría ser imputado este viernes, informó Subrayado.
En paralelo, la Fiscalía investiga otro homicidio en La Teja: el martes, un joven de 19 años murió en un ataque a balazos contra un bar en la esquina de Yapeyú y Ameghino. En el mismo hecho, un hombre de 34 años resultó herido de gravedad.
INTERNACIONALES
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de cárcel por intento de golpe de Estado, en un juicio histórico. Su defensa anunció que apelará la sentencia.
Bolsonaro fue sentenciado ayer en Brasilia por la corte suprema por haber liderado una organización criminal armada que trató de aferrarse al poder tras perder los comicios en 2022 contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La primera sala del Tribunal Supremo decidió, por cuatro votos a uno, que Bolsonaro perpetró cinco delitos, incluidos los de intento de golpe de Estado, intento de abolición democrática del Estado de derecho y liderar una organización criminal.
La trama golpista, que habría incluido un plan para asesinar a Lula, no se habría ejecutado por falta de apoyo de la cúpula militar.
El juez Alexandre De Moraes fue el encargado de leer la sentencia que supone 27 años de cárcel
“Se fija la sentencia final para el acusado Jair Mesías Bolsonaro en 27 años y tres meses de cárcel, siendo 24 años y 9 meses de prisión y dos años y seis meses de detención. Además de 124 días de multa”
La condena se produce a poco más de un año de las elecciones presidenciales.
Bolsonaro, en arresto domiciliario en Brasilia desde agosto por incumplir medidas cautelares, no participó en las audiencias en el tribunal al alegar problemas de salud.
El expresidente está "con la cabeza en alto para enfrentar esta persecución, porque la historia demostrará que estamos del lado correcto", reaccionó frente a la casa de su padre el senador Flávio Bolsonaro.
El parlamentario aseguró que el bolsonarismo actuará con "todas sus fuerzas" para unir el parlamento y conceder una amnistía.
Mayoritaria en el Congreso, la derecha presiona para aprobar un perdón legislativo a cientos de simpatizantes bolsonaristas condenados por el asalto a los poderes en Brasilia del 8 de enero de 2023, que incluya también a su líder.
La corte suprema también condenó a los siete coacusados junto a Bolsonaro, entre ellos exministros y jefes militares, a entre 2 y 26 años de cárcel.
La defensa y la fiscalía tienen ahora "cinco días" para presentar recursos ante la corte cuestionando el fallo.
"La defensa considera que las penas impuestas son absurdamente excesivas" e "interpondrá los recursos oportunos, incluso a nivel internacional", escribió el equipo de abogados de Bolsonaro en un comunicado.
El presidente Donald Trump tachó la condena de Jair Bolsonaro de "muy sorpresiva" y su secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que Estados Unidos "responderá en consecuencia" a la "injusta" sentencia.
Trump ya aplicó aranceles punitivos a productos brasileños bajo el argumento de que existe una caza de brujas contra su aliado.
“Bueno vi ese juicio, lo conozco bastante bien. Es un líder extranjero. Pensaba que había sido un buen presidente de Brasil y es muy sorprendente que eso pudiera pasar. Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo, pero no se salieron con la suya. Pero siempre puedo decir esto: lo conocí como presidente de Brasil, era un buen hombre”
El gobierno de Lula repudió la reacción de Washington.
"Amenazas como la lanzada hoy por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio (…) no intimidarán a nuestra democracia", señaló la cancillería de Brasil.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenó los recientes ataques en Doha y llamó a una "desescalada", mientras Catar aseguró que quería continuar con su papel "diplomático" en favor de la paz en Gaza.
El Consejo expresó "su condena a los recientes ataques en Doha, territorio mediador clave" y ofreció su "apoyo a la soberanía e integridad territorial de Catar".
La declaración requiere la unanimidad de los 15 países miembros, entre ellos Estados Unidos, aliado de Israel.
Los miembros del Consejo expresaron su "solidaridad con Catar" e insistieron en su "papel vital en los esfuerzos de mediación en la región, junto con Egipto y Estados Unidos".
El grupo subrayó que "la liberación de los rehenes, incluidos los asesinados por Hamás, y el fin de la guerra y el sufrimiento en Gaza deben seguir siendo la máxima prioridad".
El primer ministro de Catar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, que había viajado a Nueva York para asistir a esta reunión de emergencia, recibió con satisfacción la declaración de apoyo del Consejo y aseguró "creer plenamente en la mediación".
Hamás acusó a Estados Unidos de ser "cómplice" del ataque aéreo de Israel contra sus negociadores en Doha, la capital de Catar, y aseguró que el objetivo era acabar con las conversaciones para una tregua en Gaza.
"Este crimen fue (…) un asesinato de todo el proceso de negociación", declaró Fawzi Barhum, un responsable del movimiento islamista palestino, en una rueda de prensa en televisión.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que "no habrá Estado palestino", durante la ceremonia de firma de un importante proyecto de colonización en Cisjordania ocupada.
"Cumpliremos nuestra promesa: no habrá Estado palestino, este lugar nos pertenece", declaró Netanyahu durante el acto organizado en Maale Adumim, un asentamiento israelí al este de Jerusalén, y difundido en directo por su oficina.
En Estados Unidos, publicaron nuevas imágenes del sospechoso del asesinato del conservador Charlie Kirk y pidieron colaboración a la población para lograr detenerlo.
Está en marcha una búsqueda contrarreloj del atacante que mató a Charlie Kirk en un evento en la Universidad del Valle de Utah, el FBI difundió imágenes de una persona relevante para la investigación y pidió la colaboración del público para identificarla.
Las autoridades recuperaron un rifle de cerrojo de gran potencia en un área boscosa por donde huyó el atacante, junto con otras pruebas forenses.
El gobernador de Utah, Spencer Cox, dijo que las autoridades “buscarán la pena de muerte” en ese estado, una vez que se encuentre al sospechoso, informó CNN.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió una respuesta no violenta al asesinato de su aliado Charlie Kirk, un activista de derecha asesinado a tiros.
"Él era un defensor de la no violencia. Esa es la forma en que me gustaría que la gente respondiera", dijo Trump a los periodistas.
Trump anunció que otorgará de manera póstuma el más alto honor civil en Estados Unidos al activista de derecha.
Nueva York conmemoró los atentados del 11 de setiembre de 2001, veinticuatro años después del secuestro de cuatro aviones que se cobraron casi 3.000 vidas y cambiaron para siempre a Estados Unidos.
Actos recordatorios se realizaron en la Zona Cero de Manhattan, donde las torres gemelas del World Trade Center fueron destruidas en ataques coordinados que también provocaron el impacto de un avión comercial contra el Pentágono en Washington.
La conmemoración de este año se celebra en un ambiente político tenso tras el asesinato del influencer Charlie Kirk, muy cercano al presidente Donald Trump.
En la tarde del jueves, Trump viajó a Nueva York para asistir a un partido de béisbol en el Yankee Stadium, donde recibió tanto ovaciones como abucheos de la multitud.
El vicepresidente JD Vance, que iba a participar en los eventos en Nueva York, decidió en cambio viajar a Utah para dar el pésame a la familia de Kirk.
Rusia pidió a Polonia que reconsidere su decisión de cerrar su frontera con Bielorrusia, una medida en respuesta a las maniobras militares conjuntas ruso-bielorrusas previstas del 12 al 16 de setiembre.
"Llamamos a Varsovia a reflexionar sobre las consecuencias de medidas tan contraproducentes y a reconsiderar la decisión lo antes posible", declaró en un comunicado la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova.
Los grandes ejercicios militares entre Rusia y Bielorrusia y que deben comenzar hoy, suscitan la preocupación de los países de la OTAN, sobre todo tras la incursión en Polonia de una veintena de drones presuntamente rusos.
El primer ministro polaco Donald Tusk anunció el cierre de la frontera a partir de la medianoche del jueves.
En Francia, los menores de 15 años deberían tener prohibido por completo el uso de las redes sociales, y aquellos de entre 15 y 18 tendrían que enfrentar un "toque de queda digital" nocturno, instó una comisión parlamentaria francesa sobre TikTok.
Estas recomendaciones se presentaron en un informe elaborado por esta comisión, tras meses de testimonios de familias, directivos de redes sociales e "influencers" para analizar el algoritmo de TikTok, una aplicación de videos cortos extremadamente popular entre los jóvenes.
La oficina del presidente Emmanuel Macron ya dijo que quería prohibir su uso a niños y adolescentes, después de que Australia anunciara el año pasado que adoptaría leyes para evitar el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.
El presidente Daniel Noboa encabezó en Guayaquil una marcha pacífica para defender las preguntas de una consulta popular prevista para fin de año en Ecuador, donde organizaciones de trabajadores también protestaron para exigir salud, educación y seguridad al gobierno.
La Corte Constitucional de Ecuador rechazó varias propuestas presidenciales de reformas a la Carta Magna como aplicar la castración química a los violadores, la reapertura de casinos y el juicio político a los magistrados del propio tribunal.
El organismo ya avaló en agosto que sea sometida a referendo la pregunta sobre el restablecimiento de bases militares extranjeras en el país para combatir la violencia del crimen organizado.
"La gente votó por el cambio y aún así quieren mantener todo igual", dijo Noboa en un discurso ante miles de simpatizantes que ocuparon al menos unas seis cuadras del centro de Guayaquil.
Más tarde en Quito, cientos de manifestantes caminaron hacia el centro histórico de la capital al grito de "fuera Noboa, fuera". Policías en motos los dispersaron.
Venezuela activó una operación militar de "resistencia" ante lo que calificó como una "amenaza" de Estados Unidos por su movilización de tropas al Caribe.
El presidente Nicolás Maduro encabezó la operación Independencia 200 en 284 "frentes de batalla" en todo el país.
El mandatario dijo que la operación fue desplegada en apenas cinco horas.
Ordenó a alcaldes y gobernadores coordinarse con la Fuerza Armada para controlar gradualmente 260 mil calles en 47.000 comunidades del país para "pasar a la lucha armada en el momento que haga falta".
“Y si Venezuela fuera agredida por el imperio norteamericano, activar la lucha armada del pueblo unido de Venezuela en perfecta fusión popular, militar, policial. Pasaríamos a la lucha armada por América, por Venezuela, por Bolívar, por la patria”
El presidente de Bolivia, Luis Arce, rechazó "enérgicamente" dichos "racistas y xenófobos" de una diputada chilena que durante una sesión parlamentaria dijo que los bolivianos sufrían "de una disminución de oxígeno cerebral" que los hacía tontorrones.
La legisladora de oposición María Luisa Cordero descalificó en esos términos la propuesta del candidato presidencial boliviano de centroderecha Rodrigo Paz de nacionalizar los autos de contrabando a su país desde Chile.
Paz es favorito para ganar el balotaje del 19 de octubre.
"Los bolivianos nacieron en el altiplano y por lo tanto tienen disminución del oxígeno
cerebral. (…) Ellos son portadores crónicos desde el nacimiento de una encefalopatía hipóxica", dijo Cordero, psiquiatra de profesión y quien fue expulsada del colegio médico en 2004 por expedir un certificado médico falso.
La diputada agregó que la "bradipsiquia" (lentitud de pensamiento) explicaba la "‘tontorronez’ de los vecinos". "Esto es crónico y no tiene remedio".
El presidente Arce lanzó su protesta en redes sociales: "Su inaceptable intervención es una afrenta al Parlamento, al pueblo chileno y a la ética de la profesión médica”.
En Argentina, el presidente Javier Milei anunció que el próximo lunes presentará, en cadena nacional televisada, el proyecto de presupuesto para el año próximo. Y como ya ratificó que no está dispuesto a ceder en su principio de mantener el superávit fiscal, se espera que anuncie masivos recortes en el gasto público.
En la previa, ya modificó por decreto partidas del presupuesto vigente, que en el resultado final implican una disminución del gasto, algo que implica todo un mensaje político.
Por lo pronto, el presidente confirmó que vetará nuevas leyes que incrementan el gasto sin indicar las fuentes de financiamiento. Entre ellas, la ley para mejorar el financiamiento universitario y para declarar la emergencia en salud pediátrica.
Según el gobierno, estos proyectos implican un costo fiscal de medio punto del PBI, lo cual pondría en riesgo el plan para la baja de la inflación.
Además, les hizo saber a los gobernadores provinciales que, si la semana próxima se aprueba la ley que transfiere a las provincias un fondo del Tesoro para usar en emergencias, también aplicará el veto.
Es una situación que parece contradictoria con el llamamiento al diálogo que hizo Milei a los gobernadores provinciales, que justamente serán los perjudicados por ese veto. De todas formas, ya empezaron las reuniones con los mandatarios más afines a la línea del gobierno.
Los politólogos afirman que, a seis semanas de las elecciones legislativas, no es el mejor momento para que Milei haga alarde de su famosa “motosierra”. Sobre todo, después de haberse conocido nuevos datos que marcan un enfriamiento de la economía y pérdida de puestos de empleo.
Pero el presidente no sólo no abandona la motosierra sino que, en reuniones en la Casa Rosada, como la que tuvo con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, posó para la foto con la motosierra apoyada sobre la mesa.
Hubo también algunas noticias buenas desde la economía, como el mantenimiento de la inflación debajo del 2% mensual, y la baja de tasas de interés en la licitación para renovar deuda del Tesoro.
Los encuestadores siguen marcando que Milei, aunque golpeado por la derrota en Buenos Aires, sigue al frente en los sondeos, con más de 40% en la intención de voto para las legislativas de octubre.
Aunque claro, después de los pronósticos fallidos, la palabra de los encuestadores quedó algo devaluada.
El gobierno, además de negociar con los gobernadores provinciales para mantener equilibradas las cuentas, está mostrando señales de acercamiento hacia el sector de Mauricio Macri, al que había relegado a un segundo plano en el momento del armado de listas de candidatos.
Esas invitaciones a dialogar con el PRO intensifican los rumores sobre eventuales cambios de gabinete para después de las elecciones, con la eventual participación de funcionarios de confianza de Macri en el gobierno de Milei.
(Fernando Gutiérrez, corresponsal en Argentina)
