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NACIONALES
El Tribunal de Cuentas resolvió por mayoría, cuatro votos contra tres, observar la renegociación del contrato del proyecto Neptuno impulsada por el gobierno de Yamandú Orsi con el consorcio Aguas de Montevideo. El organismo entendió que los cambios introducidos modifican “sustancialmente” el objeto original del contrato firmado en 2025 para la construcción de una planta en Arazatí, San José, y que eso vulnera los principios de igualdad y concurrencia entre oferentes. De todos modos, el proyecto seguirá adelante.
El plan del gobierno prevé construir una nueva planta potabilizadora en Aguas Corrientes, Canelones, con capacidad de 200.000 metros cúbicos diarios, además de otras obras complementarias para reforzar el abastecimiento en el área metropolitana y la Costa de Oro.
Según la resolución, al trasladar la captación del Río de la Plata al Río Santa Lucía y redefinir tareas de mantenimiento y gestión que ahora pasarían en mayor medida a OSE, se altera el esquema original de responsabilidades. Para la mayoría del tribunal, si esas condiciones hubieran estado desde el inicio, podrían haberse presentado otros oferentes o propuestas diferentes.
La decisión de observar las modificaciones al contrato fue apoyada por los cuatro ministros de la oposición, mientras que los tres ministros del Frente Amplio votaron en contra.
Luego de conocerse el fallo, el presidente de OSE, Pablo Ferreri, afirmó que la decisión del Tribunal no cuestiona la conveniencia técnica, económica ni el interés público del nuevo proyecto. En declaraciones a la prensa, anunció que el directorio resolvió reiterar el gasto y continuar con las obras, previstas para comenzar en abril.
“Nosotros tenemos un mandato claro y lo vamos a cumplir: asegurar el abastecimiento de agua potable en el Área Metropolitana y la Costa de Oro. Hay necesidades urgentes e imprescindibles de avanzar con infraestructuras que nos aseguren esto. Y nosotros no vinimos a prometer o declarar; vinimos a hacer”.
Ferreri sostuvo que la resolución del Tribunal contiene “errores conceptuales” y afirmó que no es correcto que todo el mantenimiento pase a OSE, ya que la planta principal en Aguas Corrientes y la de tratamiento de lodos seguirán a cargo del consorcio privado.
También señaló que la operación siempre estuvo en manos de OSE, salvo la toma de agua bruta, que ahora sí pasará al ente por entender que debía quedar en la órbita pública, en línea con lo que establece la Constitución.
Desde la oposición, varios dirigentes cuestionaron la decisión oficial de seguir adelante pese a la observación del Tribunal.
El senador nacionalista Martín Lema habló de “irresponsabilidad” y sostuvo que se abandonó un proyecto que diversificaba riesgos para entrar en una etapa de incertidumbre. El diputado colorado Gabriel Gurméndez señaló que el fallo confirma los “contratiempos” derivados, a su entender, de una renegociación improvisada.
En la misma línea, el diputado colorado Walter Cervini afirmó que ya había advertido sobre posibles reparos del Tribunal de Cuentas y acusó al gobierno de actuar con capricho en un tema sensible como el abastecimiento de agua potable para la zona metropolitana.
En medio de un clima tenso entre oficialismo y oposición en el Palacio Legislativo, el Frente Amplio (FA) podría lograr hoy que la comisión investigadora que impulsa sobre el caso Cardama fuera la primera en instalarse en el Parlamento.
Para lograr ese objetivo, esta tarde tendrá lugar una sesión extraordinaria del Senado convocada por la coalición de izquierdas, cuando la Coalición Republicana apuntaba a instalar la primera comisión sobre este tema en Diputados.
El Senado, donde el FA tiene mayoría, analizará a partir de las 17.30 el informe de la comisión preinvestigadora que recomienda crear una investigadora a partir de la denuncia presentada por el senador Sebastián Sabini (MPP, FA) sobre el contrato suscrito entre el Estado uruguayo y el astillero español Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas.
La comisión preinvestigadora se instaló el miércoles a las 8:30 y recibió al propio Sabini como miembro denunciante. Desde ese momento comenzó a correr el plazo reglamentario de hasta 48 horas para expedirse. Sin que se agotara ese plazo, ayer los senadores oficialistas Nicolás Viera y Eduardo Brenta sesionaron y aprobaron un informe favorable a la creación de la investigadora, al entender que la denuncia cumple con los requisitos de entidad, seriedad y oportunidad que exige la normativa.
Viera sostuvo que la comisión no debía analizar el fondo del contrato, sino únicamente determinar si correspondía o no abrir una investigación parlamentaria.
“Cumpliendo con lo que establece la ley que reglamenta el artículo 120 de la Constitución y el reglamento del Senado, dentro de las 48 horas desde de la primera citación, lo que hemos hecho es elevar a la presidencia de la Cámara de Senadores nuestro informe recomendando la constitución de una comisión investigadora”.
Brenta, por su parte, afirmó que el caso es “urgente e impostergable”, en un contexto de litigio con la empresa española, y que el Senado tiene la responsabilidad de esclarecer los hechos y eventuales responsabilidades políticas.
La senadora nacionalista Graciela Bianchi no participó en la reunión de ayer y cuestionó el procedimiento. Sostuvo que la comisión debía utilizar todo el plazo de 48 horas para expedirse y que se enviaron “cientos de hojas” de documentación el jueves por la tarde, lo que —a su entender— le impidió analizarlas en profundidad. Habló de un “desconocimiento del derecho de las minorías” y calificó la convocatoria como incorrecta, mientras el oficialismo replicó que el reglamento habilita a pronunciarse antes del vencimiento del plazo máximo.
En tanto, la comisión preinvestigadora impulsada por la oposición en la Cámara de Diputados para tratar el mismo tema comenzó a trabajar ayer y volverá a reunirse hoy a las 14:00 horas.
La comisión fue impulsada por el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, quien señaló que el objetivo es investigar la rescisión del contrato con Cardama para la compra de las patrulleras oceánicas. Detalló que presentó 13 anexos, entre ellos notas de prensa, documentos oficiales y la versión taquigráfica de la interpelación a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y puntualizó que propuso analizar el proceso desde el año 2004.
“El 25 de agosto de 2004 es la fecha en que la Armada Nacional se expresa a favor —al menos es el primer hito recogido en la documentación— de la necesidad de contar con patrulleras oceánicas para el contralor de nuestro mar territorial”.
Por su parte, el diputado frenteamplista Joaquín Garlo indicó que el oficialismo aún no definió su postura sobre la conformación de otra investigadora parlamentaria y que lo hará en las próximas horas. Remarcó que, pese a lo manifestado por Juan Martín Rodríguez, el planteo en Diputados se limita a la rescisión del contrato con Cardama, mientras que en el Senado el Frente Amplio propuso investigar todo el proceso desde 2014. Además, advirtió que si se crean dos comisiones sobre el mismo tema será necesario evaluar el uso de recursos y las señales institucionales que se transmiten a la ciudadanía.
Se postergó la comparecencia, prevista para hoy, del ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y del directorio del INAU ante la Comisión Permanente del Parlamento. Las autoridades debían informar sobre las recientes muertes de menores bajo tutela del organismo. La citación pasó para el viernes 27 de febrero, lo que generó fuertes cuestionamientos de la oposición.
El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez sostuvo que el cambio no respondió a un pedido de las autoridades, sino a un asunto interno del Senado, que este viernes sesionará para votar la comisión investigadora por el caso Cardama. En la misma línea, el senador Sebastián da Silva acusó al Frente Amplio de priorizar ese tema y no la situación de los menores del INAU.
Desde el oficialismo, el diputado Federico Preve rechazó esas críticas y aseguró que las autoridades concurrirán a dar las explicaciones necesarias. Su correligionaria Ana Olivera planteó buscar una fecha anterior al 27, mientras que el senador colorado Pedro Bordaberry lamentó la falta de acuerdos y cuestionó la “pelea de ver quién llega primero” para conformar la investigadora.
OTROS TEMAS QUE SE DESTACAN
En el contexto de escasez de lluvias que afecta al sur del país, el presidente de OSE, Pablo Ferreri, informó que las reservas de agua para la zona metropolitana se encuentran en un 68% de su capacidad máxima. Señaló que ese nivel permite trabajar con tranquilidad, aunque aseguró que el organismo sigue atento a la evolución de la situación.
El jerarca indicó que OSE coordina acciones con la Dirección Nacional de Aguas y el Instituto de Meteorología, en base a los pronósticos. También destacó que se aplican protocolos y ajustes en la infraestructura para aprovechar mejor el recurso, medidas que fueron diseñadas tras la última sequía.
Ferreri no adelantó posibles decisiones futuras, pero aseguró que se están evaluando distintas alternativas. Además, exhortó a la población a hacer un uso responsable del agua.
La comisión especial del Senado que analiza el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea recibió este jueves a representantes del sector lácteo, que expresaron reparos sobre el impacto del tratado. Comparecieron dirigentes de Conaprole y de la Cámara de la Industria Láctea, en el marco del proceso de ratificación parlamentaria.
El principal foco de preocupación es Brasil, el mayor mercado regional para los lácteos uruguayos. Desde Conaprole advirtieron que existe más riesgo de que productos europeos ingresen al Mercosur —y especialmente a Brasil— que oportunidades reales de colocar producción en Europa. Brasil fue el principal destino de los quesos uruguayos en 2025 y uno de los mayores compradores del sector.
Las gremiales señalaron que Uruguay exporta la mayor parte de su producción y que podría perder espacio tanto en el mercado brasileño como en el interno, ante el ingreso de quesos europeos con mejores condiciones arancelarias. Si bien mantienen una postura aperturista, consideran que el sector puede resultar perjudicado y que será necesario analizar salvaguardas.
En el Senado, legisladores del oficialismo y de la oposición plantearon la necesidad de estudiar esquemas de protección o incluso solicitar alguna asimetría para la industria láctea. Desde Cancillería reconocieron que el acuerdo tendrá impactos diferentes según el sector y se comprometieron a responder nuevas consultas en la próxima comparecencia ante la comisión.
El senador nacionalista Sebastián Da Silva también manifestó preocupación por el impacto del acuerdo Mercosur-Unión Europea en el sector lácteo y anunció que propondrá a su bancada no votar el tratado hasta contar con toda la información.
Durante la interpelación al canciller Mario Lubetkin, Da Silva remarcó que aún no está pronto el estudio de impacto del Banco Interamericano de Desarrollo y cuestionó que la comisión especial del Parlamento esté avanzando sin esos datos. También puso en duda el apuro por convertir a Uruguay en el primer país del Mercosur en ratificar el tratado. El legislador reafirmó luego sus argumentos en rueda de prensa:
“El panorama que hoy dieron es un panorama negro. Lo que más subsidia Europa desde el punto de vista agropecuario es la industria láctea y sus derivados. Y cuando tiene excedentes, hace dumping y lo vende a un acuerdo cuotificado que tiene a Brasil como mercado, que es una aspiradora. Eso creo que iguala todo lo que le vendemos nosotros a Brasil”.
Por su parte, el senador colorado Pedro Bordaberry respaldó la postura de Da Silva y afirmó que falta tiempo e información para analizar el acuerdo. Desde la oposición advirtieron que, si el oficialismo avanza solo con sus votos, el tratado podría aprobarse sin el respaldo de todo el sistema político.
La interpelación al ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, ante la Comisión Permanente del Parlamento, se centró en varios temas, entre ellos, la posición del gobierno uruguayo respecto a la situación en Venezuela, los acuerdos del Mercosur, la misión a China, y la suspensión de visas de inmigración por parte de Estados Unidos. La sesión finalizó sin la votación de mociones, como se había acordado previamente.
El diputado interpelante del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, cuestionó que las declaraciones del gobierno sobre Venezuela habían "venido mutando" y que se habían omitido referencias a la "existencia de un régimen dictatorial preexistente".
Lubetkin sostuvo que la postura del gobierno es "muy clara", reafirmando que no reconocen a Nicolás Maduro como presidente debido a la falta de claridad en los resultados electorales de 2024 y que la solución pasa por "elecciones libres, democráticas, con garantías a todos los niveles".
Sobre la reciente misión a China, Lubetkin aseguró que los objetivos se lograron con la firma de 46 acuerdos y memorandos, aunque el diputado Rodríguez expresó preocupación por una supuesta "lógica muy sumisa" hacia China, especialmente por la adhesión a la frase de que "Taiwán forma parte inalienable del territorio chino".
Otros asuntos abordados incluyeron el Mercosur-Unión Europea y Mercosur-Singapur. Respecto a este último, hubo críticas a la Cancillería por una demora de cuatro meses para depositar el instrumento de ratificación.
Finalmente, Lubetkin se refirió a la suspensión de la emisión de visas de inmigración por parte de Estados Unidos para ciudadanos uruguayos, señalando que las relaciones son "excelentes" y que están trabajando con el Departamento de Estado para que Uruguay salga de esa lista. También expresó la disposición a enviar ayuda humanitaria a Cuba si se resuelve el problema del transporte.
El Congreso de Intendentes acordó rebajar el valor de las multas por exceso de velocidad en los distintos departamentos. El intendente de Paysandú y presidente del Congreso, Nicolás Olivera, señaló que la decisión política ya está tomada y que ahora resta definir cómo se implementará y qué montos se ajustarán.
Olivera sostuvo que en algunos casos las sanciones son demasiado altas y terminan generando más morosidad. Dijo que la multa debe adecuarse a un ingreso medio, porque si una persona no puede pagarla, pierde incentivo para regularizar su situación. De todos modos, remarcó que la mejor forma de no pagar multas es no cometer infracciones.
El tema cobró fuerza esta semana luego de que el miércoles los diputados Sebastián Andújar (Partido Nacional), Conrado Rodríguez (Partido Colorado) y Álvaro Perrone (Cabildo Abierto) presentaran un proyecto de ley que plantea reducir los montos de las multas por exceso de velocidad en las rutas nacionales.
Por su parte, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, planteó que la rebaja puede analizarse junto a incentivos para el pago en plazo, con descuentos mayores para quienes abonen en tiempo y forma. Aclaró además que las multas representan poco más del 2% de los ingresos de la comuna y que no tienen un fin recaudatorio, sino que buscan reducir la siniestralidad y promover el cumplimiento de las normas.
Bergara señaló que en Montevideo la morosidad pasó del 40% al 75% desde que una norma separó el pago de las multas del de la patente, y consideró que ese nivel de incumplimiento no es tolerable.
“Nosotros pensamos que hay mecanismos para bajar los montos y, a la vez, estimular el pago. Por ejemplo, rebajar las multas que se pagan en tiempo y forma. Si se paga en tiempo corto, la rebaja es mayor. Creemos que así la gente puede percibir ese beneficio y logramos reducir sustantivamente un nivel de morosidad que es inaceptable”.
El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial firmó ayer un acuerdo con las intendencias de Montevideo, Canelones y San José para gestionar en forma conjunta el territorio metropolitano. El convenio apunta a coordinar políticas ambientales, demográficas y de infraestructura, y a actualizar la estrategia de ordenamiento territorial del área.
La ministra Tamara Paseyro afirmó que se trata de una “decisión política” y subrayó que la vida cotidiana no reconoce límites departamentales. Señaló que no alcanza con promover viviendas si no se articulan con transporte, empleo y servicios, y anunció la creación de un Observatorio Territorial Metropolitano como herramienta para respaldar la planificación.
Desde la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial indicaron que los principales desafíos a abordar serán el crecimiento urbano, el ambiente y la infraestructura. El objetivo es establecer una hoja de ruta común para enfrentar las dinámicas de la región metropolitana con una planificación coordinada.
La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) iniciará excavaciones en el Cementerio del Norte en busca de restos de detenidos desaparecidos en la última dictadura. La presidenta del organismo, Mariana Mota, explicó que la decisión se basa en información recibida y en investigaciones realizadas por el equipo del organismo.
En diálogo con Arriba Gente, de Canal 10, Mota indicó que en Argentina muchos enterramientos clandestinos se realizaron en cementerios y afirmó que Uruguay no escapa a esa modalidad. Aunque todavía no hay fecha definida, adelantó que se solicitó apoyo de equipos de antropología forense argentinos y que ahora se trabaja en la logística y en la delimitación exacta del lugar.
Desde Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Ignacio Errandonea valoró el anuncio y dijo que todo avance en la investigación es positivo. Consultado por La Diaria, apuntó además que el Cementerio del Norte viene siendo mencionado desde hace tiempo como un posible sitio de enterramientos clandestinos.
ECONOMÍA Y EMPRESAS
Otra empresa multinacional anunció un proceso de reestructura global que impacta en su filial de Montevideo. Se trata de la compañía tecnológica Sabre, instalada en Zonamérica. El presidente y CEO, Kurt Ekert, informó a través de un video interno que entre 150 y 200 trabajadores serán despedidos, aunque no se descarta que la cifra aumente en los próximos días.
La firma, dedicada a la industria de viajes, tiene en Uruguay una plantilla que ronda los 900 empleados, algunos en modalidad remota. Según se comunicó, la reestructura no se limitaría al país y parte de la operativa podría trasladarse a India. La empresa ya había concretado un recorte similar en 2023.
Desde la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) señalaron que hasta la tarde de ayer no había una comunicación oficial por parte de la compañía. En la misma línea, la Dirección Nacional de Trabajo indicó que está recabando información sobre la situación y sus posibles efectos.
En diálogo con Subrayado, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, lamentó que este tipo de decisiones se repitan sin anuncios previos y planteó la necesidad de contar con herramientas que obliguen a las empresas a notificar con anticipación cuando adopten medidas que puedan impactar en el empleo.
Sobre ese punto, el semanario Búsqueda informó ayer que el Ministerio de Trabajo envió a Cancillería el proyecto de ley para ratificar el Convenio 158 de la OIT, que establece el derecho al preaviso antes de un despido. El texto pasará luego a Presidencia de la República.
En una decisión similar, la multinacional alemana BASF anunció la semana pasada que trasladará parte de su operación de Global Business Services a un nuevo centro en India, lo que implicará la pérdida de puestos de trabajo en los tres hubs que la compañía tiene actualmente, entre ellos el de Uruguay.
En medio del conflicto generado por el cierre de la planta de distribución de Rivera, el sindicato de Conaprole aceptó la propuesta del Ministerio de Trabajo y las medidas quedarán en cuarto intermedio por 15 días, a la espera de la respuesta de la empresa. La iniciativa prevé instalar una mesa de negociación para abordar los puntos que originaron la disputa y luego retomar la discusión en el Consejo de Salarios.
El dirigente sindical Luis Goichea dijo a Telemundo que si en ese plazo hay avances concretos, las medidas se mantendrán sin efecto. Señaló que uno de los reclamos históricos refiere al régimen de trabajo en el sector de subproductos, donde desde hace años se discute una mejora en los descansos semanales.
La propuesta del ministerio establece 15 días para tratar los temas más urgentes vinculados a leches y subproductos, y un plazo mayor para otros asuntos laborales. El ministro Juan Castillo había señalado que un acuerdo permitiría recomponer el diálogo y convocar rápidamente al Consejo de Salarios.
En paralelo, desde la Cámara de la Industria Láctea advirtieron que el nivel de conflictividad es “delicado” y que algunas empresas están con dificultades para sostener la operativa.
El gerente de la cámara, Ariel Londinsky, sostuvo en rueda de prensa que hay preocupación por eventuales faltantes de productos y por la recolección de leche, y llamó a alcanzar soluciones que permitan trabajar con estabilidad.
HIF Global y la empresa alemana German eFuel One firmaron un acuerdo preliminar para el suministro de 100.000 toneladas anuales de e-Metanol. El combustible provendría de la cartera de proyectos de HIF, incluido el proyecto en Paysandú.
El entendimiento fija las bases para un contrato a largo plazo y apunta a impulsar combustibles limpios, apoyar la descarbonización del transporte y reforzar la seguridad energética en Europa. El e-Metanol contará con certificación bajo estándares internacionales.
El e-Metanol se produce a partir de hidrógeno verde y dióxido de carbono reciclado y puede usarse en motores actuales o transformarse en otros combustibles sostenibles. HIF ya produce e-Combustibles en Chile y desarrolla proyectos en varios países, entre ellos Uruguay.
En el mercado local, el dólar ayer tuvo una leve baja, en esta ocasión 0,08%. El interbancario fondo operó en promedio a $38,760.
En lo que va del año 2026, el dólar lleva una baja acumulada de 0,72% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2025)
En los últimos 12 meses el dólar disminuyó 10,12% (comparando la cotización de ayer en relación a la misma fecha del 2025).
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró el jueves en $37,65 para la compra y $40,05 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense bajó y cerró ayer en R$ 5,226.
En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial disminuyó y cotizó en AR$ 1.389,00. Mientras que el dólar paralelo (o Blue) subió y cotizó en el entorno de los AR$ 1.440,00.
El Euro bajó ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$1,1768.
OTRAS NOTICIAS
Un tiroteo en el barrio Flor de Maroñas terminó con una bala perdida que casi provoca una tragedia al ingresar a un apartamento en el segundo piso de un edificio. En ese momento, un hombre se encontraba dentro de la vivienda. El proyectil atravesó la ventana y fue a dar contra un termo que estaba sobre una mesa.
El hombre contó que minutos antes estaba sentado en ese lugar, pero decidió cambiarse de asiento. “Fue un susto, quedamos sin habla. No estaba para mí, nací de vuelta”, relató a Telenoche.
Tras escuchar el estallido del vidrio, la familia llamó a la Policía. Los efectivos constataron que se trataba de una bala perdida y trabajan ahora para determinar desde dónde se efectuó el disparo.
INTERNACIONALES
En Venezuela, el Congreso aprobó ayer una histórica ley de amnistía general que se espera conduzca a la liberación masiva de presos políticos bajo el chavismo gobernante, aunque puede excluir del perdón a opositores clave como la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.
"Hay que saber pedir perdón y hay que saber también recibir perdón", dijo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras promulgar la norma en el palacio presidencial de Miraflores.
“Yo, como profesional del derecho, me siento muy complacida. La ley de amnistía hoy abre una puerta extraordinaria para que Venezuela se reencuentre, para que Venezuela aprenda a convivir democrática y pacíficamente, para que Venezuela se despoje del odio, de la intolerancia, que primen los derechos humanos, que prime el amor, el entendimiento, el reconocimiento. Lo digo yo desde la postura de presidenta encargada chavista: hay que saber pedir perdón y hay que también saber recibir perdón, y ese es el proceso que se abre con esta ley de amnistía”.
La norma, que fue aprobada por unanimidad, comprende hechos cometidos desde 1999, abarcando los 27 años del chavismo, pero solo sería aplicable para acusaciones relacionadas con 13 eventos y coyunturas políticas específicas dentro de ese lapso. Sus críticos argumentaban que la amnistía debe abarcar los 27 años de chavismo y sin excepciones.
Esta ley se enmarca en el "nuevo momento político" anunciado por la presidenta encargada, quien asumió el Ejecutivo tras la captura del presidente Nicolás Maduro por Estados Unidos.
La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, contabiliza 644 detenidos por estos motivos en el país, tras más de 400 excarcelaciones en el marco de un proceso anunciado por el Gobierno encargado el pasado 8 de enero.
El nuevo presidente interino de la República del Perú, José María Balcázar, fue citado por el Poder Judicial para iniciar un juicio oral en su contra por presunta apropiación ilícita.
Balcázar asumió el cargo de jefe de Estado el 18 de febrero de 2026 luego de ser elegido presidente del Congreso en votación interna, y por sucesión constitucional asumió la Presidencia en un contexto de crisis política e inestabilidad institucional.
La citación a juicio oral fue resuelta porque se consideró que el proceso ya cumplió las etapas previas de investigación y control de la acusación, por lo que corresponde avanzar a la fase de juzgamiento formal. El tribunal fijó fechas precisas para la instalación del juicio y estableció obligaciones procesales para las partes.
De acuerdo con el expediente judicial, Balcázar es acusado del presunto delito de apropiación ilícita común en agravio del Colegio de Abogados de Lambayeque.
El juzgado determinó que es competente para conocer el caso conforme a las normas procesales vigentes y que la causa debe ser formalizada a juicio oral para la valoración de los medios probatorios.
En la resolución se detalla que la audiencia de inicio de juicio oral fue programada para el 16 de junio de 2026 a las 10:00 a.m. y que podrá realizarse de manera presencial o virtual, utilizando plataformas como Google Meet si así lo dispone el tribunal.
El texto también indica que la asistencia de Balcázar es obligatoria bajo apercibimiento de que, de no comparecer sin justificación válida, el juzgado podría declararlo reo contumaz, con la apertura para emitir órdenes de captura y continuar el proceso sin su presencia.
En el Reino Unido, el expríncipe Andrés permaneció más de diez horas detenido ayer en una comisaría, donde fue interrogado por sospechas de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, surgidas de sus vínculos con Jeffrey Epstein cuando era representante especial de Reino Unido para el Comercio Internacional.
Este arresto, sin precedentes en la historia de la familia real, coincidió con el 66 cumpleaños de Andrés. El rey Carlos III, hermano de Andrés, expresó que "la justicia debe seguir su curso".
La policía local de Thames Valley informó en un comunicado que "el hombre arrestado fue liberado bajo investigación", sin nombrar al sospechoso, como es costumbre en el país. Más temprano esta autoridad dio cuenta de la detención de "un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público".
Andrés fue acusado de compartir con Jeffrey Epstein información confidencial.
El ex duque de York era representante especial de Reino Unido para el Comercio Internacional entre 2001 y 2011.
Los archivos del caso Epstein publicados recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos parecen sugerir que en 2010 Andrés envió a Jeffrey Epstein informes gubernamentales de sus visitas a Vietnam, Singapur y China.
Los documentos también parecen indicar que el expríncipe envió a Epstein "un informe confidencial" sobre oportunidades de inversión en oro y uranio en Afganistán.
Según la regulación británica, los enviados comerciales tienen el deber de confidencialidad sobre información sensible comercial o política relacionada con sus visitas oficiales.
Según la legislación de Reino Unido, Andrés podía permanecer arrestado 24 horas sin cargos, tras lo cual la policía debía solicitar a los tribunales una prórroga.
Carlos III declaró en un comunicado que en el caso de Andrés se seguirá un "proceso completo, justo y adecuado" y, como estaba previsto, acudió en el centro de Londres a la inauguración de la Semana de la Moda de la capital británica, sin dar más declaraciones.
El comunicado de la policía informó que se realizaron registros en dos direcciones en Inglaterra, en relación con el arresto.
La BBC señaló que una fue en la antigua casa de Andrés, Royal Lodge, en Windsor, al oeste de Londres.
La otra dirección era su residencia desde este mes en la finca privada de Sandringham, propiedad del rey, en Norfolk, al este de Inglaterra, donde tuvo lugar su arresto, según medios británicos.
La mala conducta en el ejercicio de un cargo público conlleva una pena máxima de cadena perpetua, según el Crown Prosecution Service (Fiscalía de la Corona).
En Estados Unidos, el presidente Donald Trump dio un plazo de "10, 15 días máximo" para decidir si es posible un acuerdo con Irán y advirtió que, en caso contrario, "pasarán cosas malas".
"Vamos a lograr un acuerdo o va a ser desafortunado para ellos", dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One rumbo a Georgia para un viaje dedicado a la economía. Consultado sobre el tiempo para que la república islámica alcanzara un acuerdo, Trump respondió "10, 15 días máximo".
El mandatario también se refirió al tema en la reunión inaugural de la "Junta de Paz", su iniciativa para garantizar la estabilidad en Gaza.
“Ahora es el momento de que Irán se una a nosotros en un camino que completará lo que estamos haciendo. Y si se unen, será genial. Si no se unen, también será genial. Pero será un camino muy diferente. No pueden seguir amenazando la estabilidad de toda la región y deben llegar a un acuerdo. Si eso no sucede, no sucede. Pero pasarán cosas malas si no sucede”.
Israel también lanzó una nueva advertencia: "Si los ayatolás cometen un error y nos atacan, recibirán una respuesta que ni pueden siquiera imaginar", advirtió el primer ministro Benjamin Netanyahu.
Aunque tanto Estados Unidos como Irán mostraron su voluntad de continuar el diálogo respecto al acuerdo nuclear, todavía muestran grandes distancias en sus posturas.
Todo acuerdo sobre Gaza debe comenzar con el "cese total" de la "agresión" israelí, aseguró el movimiento islamista palestino Hamás luego de la primera reunión en Washington de la "Junta de Paz" creada por el presidente estadounidense, Donald Trump.
"Cualquier proceso político o acuerdo que se discuta sobre la Franja de Gaza y el futuro de nuestro pueblo palestino debe partir del cese total de la agresión [israelí], del levantamiento del bloqueo y de la garantía de los derechos nacionales legítimos de nuestro pueblo, entre los que destaca su derecho a la libertad y a la autodeterminación", escribió el grupo en un comunicado publicado ayer de noche.
Trump reunió el jueves por primera vez a su "Junta de Paz". Varios países prometieron dinero y soldados para la reconstrucción de la Franja, después de cuatro meses de alto el fuego que Israel y Hamás se acusan de estar incumpliendo.
El grupo islamista reiteró que la comunidad internacional y los países participantes de la "Junta de Paz" deben "tomar medidas concretas" para que Israel "detenga su agresión, abra los puntos de paso, deje entrar la ayuda humanitaria sin restricciones y emprenda inmediatamente la reconstrucción" de Gaza.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, insistió ayer en que la reconstrucción sólo empezará después de que Hamás se desarme. El dirigente no estuvo en Washington en el acto del ente de Trump, y envió en su lugar a su canciller Gideon Saar.
El mandatario estadounidense aseguró que varios países, en su mayoría del Golfo, han prometido más de 7.000 millones de dólares para reconstruir Gaza.
Indonesia asumirá el mando adjunto de la fuerza internacional de estabilización, prevista en el plan de Trump para Gaza, respaldado en noviembre por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El comandante de dicha fuerza será el general estadounidense Jasper Jeffers.
Según él, aparte de Indonesia otros cuatro países se han comprometido a enviar tropas para alimentar esa fuerza: Marruecos, Kazajistán, Kosovo y Albania.
Egipto y Jordania están dispuestos a formar un nuevo cuerpo policial, que podría arrancar ya, con unos primeros 2.000 agentes.
El presidente Donald Trump anunció que ordenará a agencias federales que publiquen archivos gubernamentales relacionados con extraterrestres, algo que algunos estadounidenses han pedido por décadas.
"Ante el tremendo interés mostrado, instruiré al secretario de Guerra, y a otros departamentos y agencias relevantes, para que inicien el proceso de identificar y publicar archivos relacionados con vida alienígena, fenómenos aéreos sin identificar y objetos voladores no identificados (OVNI)", escribió Trump en su plataforma Truth Social.
El anuncio llegó horas después de que Trump criticara al expresidente Barack Obama por revelar información "clasificada" en sus recientes declaraciones sobre la existencia de vida extraterrestre durante una entrevista.
El expresidente dijo que “son reales”, casi en tono de broma, en la entrevista que brindó al podcaster Brian Tyler Cohen. "Yo no los he visto. No los tienen retenidos en el Área 51. No hay ninguna instalación subterránea, a menos que exista una enorme conspiración y se lo hayan ocultado al presidente de Estados Unidos", agregó Obama.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que las políticas económicas de China están generando daños fuera de sus fronteras, y pidió una reorientación de Beijing para adoptar un modelo basado en el gasto de consumo interno.
El organismo mostró preocupación por el elevado superávit por cuenta corriente del país, impulsado por un modelo de crecimiento centrado en exportaciones y políticas industriales que, según el informe, producen efectos adversos en socios comerciales y desequilibrios globales.
Priorizar la producción y las ventas externas por sobre el consumo interno deja a China expuesta a riesgos externos y presiona a otros países por la sobrecapacidad exportadora, dice el Fondo.
“La transición a un modelo de crecimiento basado en el consumo debería ser la prioridad general”, afirmaron los directores ejecutivos del FMI en una declaración publicada junto con la revisión anual de la economía china, conocida como consulta del Artículo IV.
El organismo también señaló que parte del superávit se explica por una depreciación real del renminbi (yuan), lo que favorece las exportaciones chinas y limita las importaciones, mientras que la demanda interna se mantiene débil.
Parte del lenguaje utilizado por el FMI retomó cuestionamientos que desde hace años formulan Estados Unidos —bajo distintas administraciones— y otras economías desarrolladas.
En Corea del Sur, el expresidente Yoon Suk Yeol se disculpó hoy, un día después de ser condenado a cadena perpetua, por las "dificultades" causadas por su fallido intento de imponer la ley marcial en 2024.
Ayer, el Tribunal Central del Distrito de Seúl declaró a Yoon culpable de liderar una insurrección en diciembre de 2024 con el objetivo de "paralizar" la Asamblea Nacional.
Aunque el político reconoció que su intento de imponer el régimen militar causó "frustración", reiteró que se trató de una medida tomada "únicamente por el bien de la nación".
"Pido sinceras disculpas al pueblo por la frustración y las dificultades que les he causado, debido a mis propias deficiencias, a pesar de mi determinación de salvar a la nación", precisó el destituido exmandatario en un comunicado difundido el viernes a través de su abogado.
Yoon calificó el veredicto del tribunal como "difícil de aceptar", pero no indicó si apelará.
No está claro cuándo Yoon, de 65 años, podría optar a la libertad condicional, aunque la mayoría de los reclusos que cumplen cadena perpetua suelen poder solicitarla después de 20 años.
El juez Ji Gwi-yeon afirmó que el entonces mandatario envió tropas al edificio del Parlamento en un intento por silenciar a los opositores políticos que habían frustrado sus intentos de gobernar.
EN NUESTRA REGIÓN
En Brasil el gobierno comunicó que prepara un decreto para reglamentar la aplicación de salvaguardas comerciales en los acuerdos firmados por el país, incluido el tratado cerrado el mes pasado entre el Mercosur y la Unión Europea.
La medida apunta a proteger a los productores locales ante aumentos bruscos de importaciones o caídas repentinas de precios derivadas de la apertura comercial.
El anuncio fue realizado por el vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria y Comercio, Geraldo Alckmin, quien ejerce la presidencia en funciones durante el viaje de Lula da Silva a India. Según explicó, el decreto establecerá reglas claras para que los sectores productivos puedan solicitar la activación de salvaguardas frente a competencia desleal o “daño grave”.
El mecanismo permitirá aplicar cuotas de importación, suspender reducciones arancelarias pactadas o restablecer aranceles previos si se comprueba perjuicio a la industria nacional. Además, definirá procedimientos de investigación, plazos y condiciones para su activación.
El instrumento se aplicará tanto a los acuerdos ya vigentes como a los que Brasil negocie en el futuro, incluido el firmado el mes pasado entre el Mercosur y la UE, cuya entrada en vigor depende ahora de la aprobación parlamentaria.
En Chile, el presidente electo mostró su interés por “debatir” con sus colegas de México y Brasil, Claudia Sheinbaum y Luiz Inácio Lula da Silva, sobre el apoyo de los gigantes regionales a la candidatura de Michelle Bachelet para dirigir la ONU.
"Sería muy bueno poder encontrarnos, discutir, debatir; que ellos puedan también plantear el porqué se sumaron a esta propuesta de llevar a la expresidenta Bachelet como candidata a la ONU", indicó en declaraciones a los medios el exdiputado.
Kast, que asumirá el poder el próximo 11 de marzo, dijo que invitó a ambos mandatarios a su toma de posesión, a la que ya han confirmado su asistencia una docena de jefes de Estado o de Gobierno.
"Sería muy bueno y positivo poder conversarlo directamente con ellos, pero (Lula y Sheinbaum) no han confirmado aún", agregó el futuro mandatario, quien ha señalado en reiteradas ocasiones que no se pronunciará sobre la postulación hasta que no tome posesión.
El Gobierno chileno formalizó el pasado 2 de febrero la candidatura de Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas para las elecciones de finales de año y anunció que la exgobernante izquierdista cuenta con el apoyo de México y Brasil.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, abordó los "desafíos de la región", como el comercio, la migración y la seguridad, con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante un encuentro que mantuvo durante su visita a Washington, donde también conversó con el ex primer ministro británico Tony Blair.
En su cuenta en redes sociales Peña dio cuenta de sus reuniones, que completaron su agenda en la capital estadounidense, a donde viajó para participar en la reunión inaugural de la Junta de Paz de Trump.
Peña indicó que en su encuentro con Rubio hablaron "de la agenda bilateral entre Paraguay y Estados Unidos, así como los principales desafíos de la región", y anticipó que Washington y Asunción seguirán "consolidando una alianza estratégica basada en la confianza, el diálogo y objetivos compartidos".
Con Blair, dijo el mandatario paraguayo, conversaron "sobre los programas que impulsa la Junta por la Paz”.
Por otro lado, Peña confirmó su participación en la cumbre regional que presidirá Trump el próximo 7 de marzo en Miami. El estadounidense invitó a la cita a los presidentes de Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras y Paraguay, líderes con los que se ha mostrado más afín política y diplomáticamente desde su regreso a la Casa Blanca.
En Argentina anoche se votó en la Cámara de Diputados la ley de modernización laboral, una de las principales reformas estructurales en la agenda de Javier Milei. Para que el gobierno lograra los 135 votos que aprobaron el proyecto fue necesaria una negociación con los sectores aliados del gobierno, que dejó fuera varios de los puntos originales.
El más importante, entre los que quedó sin efecto, fue el del descuento de parte del salario para los casos de licencia por enfermedad, un tema que había generado mucho rechazo y el gobierno finalmente eliminó.
Entre las principales reformas se incluye la rebaja en los aportes patronales para la contratación de empleados, una flexibilización en la contabilización de las horas, y la formación de un fondo que funcionará como un seguro para pagar indemnizaciones por despido.
Diez horas duró el debate, que estuvo salpicado de escándalos, insultos cruzados e intentos de suspensión de la sesión. El peronismo ya adelantó que, si vuelve al poder, derogará inmediatamente la ley.
Para el gobierno es una victoria política, aunque falta el paso formal de la votación en el Senado, para que se proclame la ley.
El debate se produjo en un clima muy tenso. Para empezar, porque otra vez los diputados sesionaron en medio de protestas violentas. En la plaza que está frente al Congreso se manifestaron sindicatos y partidos de izquierda, que se enfrentaron con la policía. Así, entre pedradas, gases lacrimógenos y carros hidrantes, se prolongaron los incidentes que dejaron 16 detenidos.
La central sindical mayoritaria, la CGT, de filiación peronista, había pedido que no se realizaran manifestaciones, y que se repudiara la ley de reforma laboral mediante un paro nacional. Esta vez, a diferencia de lo ocurrido en otras convocatorias, se aseguró de antemano la adhesión del gremio transportista, con lo cual se logró el objetivo de mostrar un bajo nivel de actividad.
En la conferencia de prensa, la cúpula de la CGT estimó en un 90 por ciento el acatamiento al paro, y advirtió que será el punto de partida para un plan de resistencia contra la agenda de reformas de Javier Milei.
Pero no sólo el gobierno fue el destinatario de las advertencias sindicales. También hubo frases duras dirigidas a los peronistas que se aliaron con el oficialismo, en particular a los que responden a los gobernadores provinciales.
El otro motivo que enrareció el clima fue el cierre de FATE, la principal fabricante de neumáticos del país, que alega no estar en condiciones de competir frente a productos importados a los que acusa de recibir subsidios.
Milei, lejos de ver ese cierre como una situación económica, la consideró parte de una conspiración contra su gobierno. Destacó el sugestivo “timing” en el que se produjo el anuncio del cierre, justo en pleno debate por la reforma laboral.
Desde el gobierno se acusó al principal ejecutivo de FATE, Javier Madanes Quintanilla, de promover una desestabilización contra Milei para volver a un plan económico de cierre comercial.
(Fernando Gutiérrez, corresponsal desde Argentina)
