Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
NACIONALES
El Poder Ejecutivo presentará este domingo al Parlamento el proyecto de Presupuesto Quinquenal, que incluye unos 700 artículos y una exposición de motivos de casi 300 páginas. El presidente Yamandú Orsi reunió ayer al Consejo de Ministros y, tras el encuentro, el titular de Economía, Gabriel Oddone, detalló los lineamientos principales.
Oddone definió el Presupuesto como “audaz”, porque enfrenta restricciones importantes, introduce cambios tributarios y busca dar sustento a las 63 medidas de gobierno comprometidas por el Frente Amplio.
“Las prioridades para este gobierno son el crecimiento, y por lo tanto la inversión, como dos elementos centrales; la reducción de la desigualdad, y por lo tanto el fortalecimiento de la matriz de protección social; y la mejora de la seguridad de los ciudadanos. Los tres ejes del proceso presupuestal están firmemente afincados en estos tres grandes objetivos estratégicos”.
En cifras, se proyecta un incremento de gasto de 140 millones de dólares en 2026, llegando a 240 millones al final del período.
El 40% de esas partidas se destinará a infancia y adolescencia, 12% a seguridad, otro 12% a salud, cerca de 12% a medidas de crecimiento económico y 10% a vulnerabilidad social, además de un rubro “otros” con el 14%.
Oddone explicó que el proyecto se apoya en tres principios: responsabilidad fiscal, transparencia en el manejo de los recursos y eficiencia en el gasto. Reconoció que “las asignaciones extra son modestas”, pero afirmó que el objetivo es que cada ministerio reoriente prioridades internas para cumplir las metas.
Entre las obras previstas figuran la represa de Casupá, la planta potabilizadora adicional en Aguas Corrientes, dos nuevos establecimientos de rehabilitación carcelaria, mejoras en el Hospital Pasteur y la construcción de un Hospital de la Costa en el departamento de Canelones. También se incluyen proyectos viales como el bypass de Tala en ruta 7, la doble vía de ruta 11 y el corredor de carga en ruta 2, además de la creación de una Agencia de Transporte Metropolitano.
El ministro de Economía sostuvo que este presupuesto “tiene como origen la restricción fiscal más elevada de un inicio de período de gobierno desde 1995”. Por eso, dijo, “armar un nuevo marco de convergencia fiscal es el punto central del proyecto”. Ese nuevo marco girará en torno a una regla fiscal diferente: se elimina la que limitaba el gasto y se fija como ancla un tope de deuda de 65% del producto.
“Lo que no va a tener es una meta sobre el tope de gasto, por dos razones: en primer lugar, porque es redundante, no agrega nada e introduce confusión; y además, porque detrás de la regla del tope de gasto hay un componente ideológico y político que este gobierno no comparte. El gasto público no es esencialmente malo. Tiene que estar dentro de los parámetros que permitan manejar la política fiscal, pero no es necesaria la existencia de un tope de gasto para mantener las finanzas públicas equilibradas”.
El presupuesto también apunta a mejorar el resultado fiscal en 1,5 puntos del PIB por año, con la meta de llegar al final del período con “equilibrio presupuestal primario”, es decir, sin considerar los intereses de la deuda pública. Esa mejora, señaló Oddone, se logrará manteniendo el gasto en relación al PIB en su nivel actual y con un aumento “moderado” de los ingresos, asociado tanto a una mayor eficiencia recaudatoria como a algunas modificaciones impositivas previstas.
Precisamente, en el plano tributario, Oddone confirmó la aplicación en Uruguay del impuesto mínimo global a grandes multinacionales, que ya tributan en otras jurisdicciones. También anunció “ajustes técnicos” al Impuesto a la Renta de las Personas Físicas para gravar incrementos de capital mobiliario e inmobiliario generados en el exterior.
Asimismo, se modificará el régimen de envíos exprés de compras en el exterior: se aplicará el IVA de 22%, excepto en las operaciones con Estados Unidos, que seguirán amparadas en el acuerdo TIFA. En paralelo, el proyecto prevé sustituir el tope actual de tres compras anuales de hasta 200 dólares cada una, por un máximo de tres compras que en conjunto sumen hasta 800 dólares por persona física.
En la ronda de preguntas de periodistas, ante la consulta sobre si con estas medidas el gobierno estaría incumpliendo su compromiso de no aumentar la carga tributaria, Oddone recordó que “durante toda la campaña” había advertido que “hacer promesas sobre temas impositivos era desaconsejable”. Luego señaló que hubiera preferido no introducir cambios tributarios, pero insistió en que el déficit real —mayor al proyectado por la administración anterior— obliga a tomar medidas.
“¿Ustedes saben cuál era el nivel de déficit fiscal proyectado por la estadística oficial para 2025? Era 2,8%. ¿Saben cuánto va a ser? 4,2 o 4,3%. Por lo tanto, yo me permito afirmar que durante 2024 vivíamos en un espejismo fiscal. Yo mismo vivía en un espejismo fiscal. Yo sabía que el resultado fiscal no iba a ser 2,8 pero nunca pensé que iba a ser 4,2”.
El proyecto será entregado este domingo a las 19 horas a la vicepresidenta Carolina Cosse, aunque ingresará formalmente a Diputados el 1° de setiembre. Oddone y su equipo concurrirán a comisión el viernes 5.
La oposición cuestionó al gobierno tras los dichos del subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, quien dijo que el programa del Frente Amplio es “impagable” en un solo período.
Según informó el semanario Búsqueda, Vallcorba respondió a una pregunta de un militante durante el Día del Comité de Base, el pasado 25 de agosto, y sostuvo que el programa marca “una buena orientación” pero no es posible aplicarlo de forma inmediata, porque “pasás la cuenta y te lleva cinco o seis puntos del PBI”.
Para varios dirigentes opositores, esa afirmación confirma que la coalición de izquierda prometió lo que no podía cumplir.
El senador nacionalista Martín Lema dijo a Subrayado que cuando pidió informes sobre las 63 metas de gobierno, 13 ministerios solicitaron prórroga e Interior no respondió, lo que a su juicio demuestra que el oficialismo presentó una “puesta en escena”.
“El subsecretario de Economía está diciendo que el programa del Frente Amplio no es financiable y no es realizable. Eso es una confesión de que ganaron mintiendo y es un episodio muy triste”.
En una línea similar, el senador colorado Robert Silva habló de una “mentira electoral” del Frente Amplio.
“Desde el Ministerio de Economía se está reconociendo lo que muchos de nosotros dijimos en la campaña electoral: que el Frente Amplio estaba mintiendo para conseguir votos, que estaba prometiendo paraísos terrenales para lograr la adhesión de distintos sectores de la vida nacional, y ahora queda en evidencia”.
El ministro Gabriel Oddone también fue consultado ayer sobre las declaraciones de Vallcorba y, en primer lugar, respondió que la conferencia de prensa en la que estaba era sobre el Presupuesto quinquenal y “no sobre acontecimientos de la discusión política”. De todos modos, afirmó que el Presupuesto “está orientado a cumplir con el marco de las restricciones fiscales”, y que las prioridades del gobierno “por supuesto, están amparadas en el programa de gobierno del FA”.
“Todos los partidos políticos tienen programas, lineamientos, ideas que marcan una orientación estratégica del gobierno y que a la hora del gobierno están amparadas en anclas, iniciativas y prioridades que (en el caso del Frente Amplio) fueron las 63 medidas. Por lo tanto, para este presupuesto, el perímetro son las 63 medidas”.
En la interna del Frente Amplio hubo posturas diversas sobre los dichos de Vallcorba.
El senador socialista Gustavo González precisó que no sabe en qué “contexto” el subsecretario de Economía realizó las afirmaciones, pero estimó que “le va a caer bastante mal a la militancia frenteamplista”.
González, que es uno de los partidarios de instrumentar un impuesto del 1% al patrimonio al 1% con mayor riqueza del país, dijo también que si hay limitaciones de financiamiento del programa habría que “estudiar” la “cantidad de exoneraciones que hay al capital para ver cuáles se pueden dejar de dar”. A su entender, hay que “buscar todos los instrumentos posibles para poder cumplir con el programa” porque, aunque es “ambicioso”, es lo que se le “dijo a la gente en la campaña.
Por su parte, la senadora del Movimiento de Participación Popular (MPP) Bettiana Díaz reconoció – según consigna El País- que “impagable capaz que es una afirmación demasiado fuerte”, pero argumentó que lo que le pasó al gobierno es que estuvo obligado a “recalendarizar su plan”.
“Las prioridades estaban financiadas, pero en un escenario en el que presumías tener un punto menos de déficit fiscal. Llegaste y la caja estaba prendida fuego, con el presupuesto 2025 en la mayoría de los organismos ya estaba todo tomado porque se había gastado en 2024 sin partidas de refuerzo”, agregó.
Y añadió: “No tienes que abandonar el programa, pero lo que va a ocurrir es que no vas a poder cumplir con la celeridad que pensabas que ibas a hacerlo. Y eso tiene directamente que ver con el estado de situación de las cuentas públicas. Hay ministerios al borde de no poder funcionar, mucho menos de tomar funciones nuevas. Y para hacer esa reestructura no lo podés organizar en el presupuesto o en un año”, insistió y reconoció Díaz.
Sobre la afirmación de Vallcorba en particular, la senadora consideró que desde el gobierno lo que hay que hacer es “cambiar impagable por recalendarizar”.
El secretario de la Presidencia, Alejandro “Pacha” Sánchez, reivindicó ayer durante el Consejo de Ministros que ya están ejecutándose 32 de los 63 compromisos de gobierno.
Según consigna El Observador, en base a los datos de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, el jerarca enfatizó que el “51%” de esas prioridades ya está marcha y que el Presupuesto –con las consiguientes asignaciones de las Rendiciones de Cuentas– va a acelerar la implementación de casi la totalidad de ellas.
OTROS TEMAS QUE SE DESTACAN
El Poder Ejecutivo resolvió ajustar los precios de los combustibles a partir del lunes 1° de setiembre. Habrá una baja en las naftas, pero aumentarán el gasoil y el supergás.
La nafta Súper 95 pasa a costar 78,20 pesos por litro y la Premium 97, 80,61, en ambos casos con una rebaja de medio peso. En cambio, el gasoil 50 S sube a 50,14 pesos y el 10 S a 57,14 pesos, con un incremento de poco más de 2 pesos. El supergás aumenta 7,69 pesos por kilo y la garrafa de 13 kilos pasa de 1.050 a 1.150 pesos.
Según el Ministerio de Industria y Energía, los valores se fijaron en línea con los precios de referencia de la Ursea y forman parte del nuevo esquema de ajustes bimestrales, que busca dar mayor estabilidad y previsibilidad en las tarifas.
Este viernes se realizará el sorteo para los 5.500 cupos correspondientes a la primera edición del programa Uruguay Impulsa. La instancia se desarrollará desde la hora 15 en la sala Enrique Erro del Ministerio de Trabajo, y se transmitirá por el canal de YouTube de la cartera.
El programa registró 162.464 inscripciones en todo el país. Los seleccionados trabajarán durante cuatro meses en tareas asignadas por los gobiernos departamentales, seis horas diarias -o cuatro en el caso de madres con hijos pequeños- y recibirán una prestación de 19.700 pesos por mes, además de cursos de formación.
COFE y el Poder Ejecutivo volvieron a reunirse este jueves en el Ministerio de Trabajo, pero no lograron un acuerdo sobre el presupuesto quinquenal que ingresará al Parlamento el domingo. Fue el tercer encuentro en una semana y, según el presidente del gremio, Martín Pereira, el gobierno cambió su postura a último momento.
El principal punto de discrepancia es la regularización de casi seis mil funcionarios que no perciben una partida salarial de unos 1.600 pesos, por haber ingresado al Estado entre enero de 2023 y diciembre de 2024. Pereira sostuvo que ese beneficio formaba parte del acuerdo inicial, pero el Ejecutivo lo retiró de la propuesta.
Ante este escenario, COFE convocó a una asamblea con sus sindicatos para definir los pasos a seguir. El gremio asegura que mantiene la disposición a negociar, aunque subraya que el gobierno planteó que no puede cumplir con lo pactado.
El Frente Amplio (FA) pidió la renuncia de Alfonso Lereté, designado por el Partido Nacional (PN) como director de la Agencia Nacional de Vivienda, por considerar que violó las “inhibiciones constitucionales” al hacer declaraciones políticas en un programa de televisión.
Entrevistado en Desayunos Informales, de canal 12, Lereté opinó sobre la gestión de la Intendencia de Canelones y cuestionó al presidente Yamandú Orsi.
Desde el PN, el presidente del Directorio, Álvaro Delgado, lo respaldó y sostuvo que las incompatibilidades corren recién cuando asuma el cargo, lo que aún no ocurrió.
Para el senador frenteamplista Daniel Caggiani, en cambio, el impedimento rige desde que fue designado oficialmente.
Caggiani advirtió que, si Lereté no dimite, el oficialismo solicitará al Poder Ejecutivo su destitución.
MÁS NOTICIAS DEL PANORAMA NACIONAL
La designación de José Luis Elizondo como nuevo comandante en jefe de la Armada Nacional mantiene convulsionada la interna de la fuerza. A los recursos presentados por los contralmirantes Diego Vizcay y Gustavo Luciani se sumó ahora el de Miguel de Souza, quien comunicó que pedirá pasar a retiro, aunque aún no formalizó el trámite.
Según informó El Observador, estos movimientos obligarán al gobierno a definir en los próximos meses al menos dos ascensos. En el Poder Ejecutivo aclaran que no hay apuro y que incluso podrían postergar las decisiones hasta febrero.
El trasfondo del conflicto es jurídico: los opositores sostienen que la Ley Orgánica de la Marina de 1946 exige que el comandante en jefe provenga del cuerpo general, mientras que Elizondo pertenece a Prefectura. El gobierno, en cambio, se respalda en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de 2019, que permite designar a los comandantes entre los oficiales generales de cada fuerza, una condición que Elizondo ya cumplía al tener el grado de contralmirante.
La controversia se extiende también al ámbito de los retirados. La próxima semana, el Club Naval celebrará una asamblea extraordinaria para evaluar un pronunciamiento crítico sobre la designación, bajo el argumento de que se vulneraron las normas vigentes.
Casi cuatro de cada diez niños, niñas y adolescentes en Uruguay fueron sometidos a algún método violento de disciplina en su hogar durante el último mes, según una encuesta nacional presentada este jueves por Unicef y el Ministerio de Desarrollo Social. El relevamiento fue realizado por Equipos Consultores entre adultos responsables de menores de 2 a 14 años.
Los datos muestran un descenso respecto a 2013, última vez que se había hecho esta consulta pública. Entonces más de la mitad de los niños sufría algún tipo de violencia; hoy la proporción bajó a 39,3 %, unos 222 mil menores. De ellos, un 23 % recibió agresiones psicológicas (las más frecuentes fueron gritos, descalificaciones y en algunos casos insultos). Un 6 % recibió castigos físicos y 10 % ambas formas de violencia.
La encuesta señala además que la violencia atraviesa todos los niveles socioeconómicos, aunque los varones aparecen como los más afectados.
También se reveló que casi dos de cada diez niños viven en hogares donde su madre o cuidadora fue víctima de violencia de género en el último año, y la mitad de ellos estuvo presente durante la agresión.
En una audiencia por el caso del Grupo Larrarte, la Justicia dictó medidas cautelares contra Marcos Ledesma, pareja del titular de la empresa, Jairo Larrarte, y contra Rafael Vinzia, contador del fondo ganadero. Durante seis meses deberán fijar domicilio, no podrán salir del país y se les retendrá el pasaporte, mientras avanza la investigación del fiscal de Delitos Económicos, Alejandro Machado.
Larrarte ya está imputado por estafa, apropiación indebida y libramiento de cheques sin fondo. Ahora la Fiscalía concentra la pesquisa en un presunto lavado de dinero y espera informes de bancos del exterior y de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central, mientras revisa documentación con apoyo de una contadora designada por la Fiscalía de Corte.
La jueza Marcela Vargas resolvió que Larrarte siga en prisión preventiva hasta el 8 de setiembre. Además, Machado informó que solicitó a Interpol la primera Alerta Plateada en Uruguay, un mecanismo para rastrear y recuperar bienes obtenidos por delitos en el exterior.
Los familiares del exsenador Gustavo Penadés enviaron una carta al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, cuestionando la actuación del Consultorio Jurídico de esa casa de estudios en el caso que involucra al exlegislador.
La misiva apunta directamente a los abogados Juan Raúl Williman y Soledad Suárez, quienes patrocinan a las víctimas en la causa.
Entre los puntos señalados en la carta, los familiares de Penadés dicen que los abogados de la Udelar adoptaron en declaraciones de prensa “un tono sentencioso y prejuzgando públicamente, lo que contribuyó a imponer y fomentar un linchamiento mediático no sólo hacia Gustavo, sino también hacia nuestra familia completa”.
En el texto plantean: “Entendemos el valor y el rol garante que tiene el consultorio jurídico en nuestra sociedad, pero consideramos que su intervención y accionar en nuestro caso particular no sólo atenta contra derechos fundamentales de nuestra familia, sino que atenta con la neutralidad e imparcialidad que deberían caracterizar a tal institución”.
ANCAP informó que continúan las reparaciones en la boya petrolera frente a José Ignacio, ya que los arreglos iniciales no lograron resolver el desperfecto.
En las pruebas de presión realizadas el jueves se detectó una mínima presencia de producto, lo que impide reanudar la descarga de crudo con seguridad. En los próximos días llegarán técnicos extranjeros para sumarse al equipo local y avanzar en una nueva fase de reparación.
Ancap reafirmó su compromiso con la seguridad de las operaciones, la transparencia y la continuidad del servicio de suministro a la población.
La Intendencia de Montevideo comenzó la instalación de 250 papeleras en espacios públicos y avenidas. Cientos de esos dispositivos habían sido retirados durante la gestión de Carolina Cosse, como parte de una estrategia ambiental que buscaba promover la reducción de residuos.
La colocación se hará en dos etapas: en esta primera se incluye Paso Molino, las peatonales Sarandí y Pérez Castellano, 18 de Julio y un tramo de 8 de Octubre. Luego se sumarán el Prado, el Parque Batlle, la plaza César Díaz, la plaza Colón y la avenida Garzón.
La comuna recordó que las papeleras son para residuos pequeños, como servilletas, envoltorios, restos de comida o bolsitas de excremento de mascotas. En cambio, los envases limpios y secos de plástico, papel, cartón o latas deben ir en contenedores para reciclaje.
El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia, Leonardo Herou, destacó que la reposición de papeleras en la avenida 18 de Julio estará acompañada de un plan de comunicación y fiscalización. Explicó que habrá afiches en comercios, diálogo con vecinos y controles permanentes para asegurar su uso correcto y el vaciado cuando sea necesario.
ECONOMÍA Y EMPRESAS
En julio, el mercado laboral mostró una leve mejora respecto a junio. La tasa de desempleo bajó de 7,3 a 6,9 %, mientras que la de empleo subió de 59,5 a 59,8 %. La actividad se mantuvo estable en 64,2 %, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El descenso del desempleo se verificó tanto en Montevideo como en el interior, donde el indicador se ubicó en 6,9 % en ambos casos. También se redujo la desocupación juvenil, que pasó de 26 % en junio a 23,4 % en julio, aunque sigue siendo la más alta entre todos los tramos de edad.
Entre las características de los ocupados, el subempleo se mantuvo prácticamente igual (9,1 % frente a 9,2 % en junio), pero aumentó el no registro a la seguridad social (22,4 % contra 21,9 %). Además, creció con fuerza la proporción de ocupados ausentes, que trepó de 5,2 a 9,2 %, y se redujo el promedio de horas efectivas trabajadas de 34,9 a 33,3 semanales.
La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) denunció que un trabajador fue atropellado en la noche del miércoles mientras participaba en una actividad sindical en Young, frente a la planta de Claldy. Según el gremio, un auto de color rojo lo embistió y luego se dio a la fuga.
La Diaria agrega que el trabajador iba en moto y sufrió heridas en un brazo que no revistieron gravedad. Fue atendido en un centro de salud pero no quedó internado. Testigos aseguraron que el mismo vehículo había rondado la carpa sindical en varias ocasiones y desde allí se lanzaron insultos y agresiones verbales.
La FTIL calificó el episodio como “un hecho peligroso para la democracia” y reclamó que el Ministerio del Interior identifique a los responsables. Una delegación sindical viajó a Río Negro para evaluar la situación de los trabajadores de Claldy, varios de ellos en causal de despido o seguro de paro.
La Mesa Coordinadora del Pan y Afines convocó a un paro nacional de 24 horas con asamblea general para este viernes, en reclamo por el estancamiento en las negociaciones del nuevo convenio colectivo. La reunión comenzará a las 9 de la mañana en el local de la Untmra e involucrará a panificadoras industriales, panaderías artesanales y confiterías.
Los trabajadores no descartan declararse en asamblea permanente, a la espera de una nueva instancia de negociación prevista para el 2 de setiembre en el Consejo de Salarios.
Las empresas uruguayas Berkes y Teyma, junto a la brasileña Aerom, presentaron un proyecto para instalar en Montevideo un sistema de transporte eléctrico, elevado y sobre rieles. En su primera etapa, uniría Tres Cruces con el Parque Roosevelt en 23 minutos, recorriendo 14 kilómetros por el cantero central de Avenida Italia y Giannattasio, con una frecuencia de poco más de 3 minutos en hora pico.
La propuesta, llamada AeroMet, incluye 11 estaciones accesibles y dos terminales, además de un parque lineal metropolitano bajo el trazado, con áreas verdes, espacios deportivos y de encuentro. Los impulsores afirman que el sistema, basado en tecnología ya utilizada en Brasil, garantiza viajes rápidos y regulares al estar separado del tránsito y de los semáforos.
La construcción demandaría tres años y una inversión estimada de 350 millones de dólares. Los trabajos se realizarían sin cortar calles ni desviar el tránsito. El plan prevé extender el servicio a otras zonas metropolitanas y complementarlo con ómnibus, taxis, bicicletas y recorridos peatonales.
Uruguay sumará una nueva conexión aérea con Paraguay. La empresa Paranair operará la ruta Asunción–Montevideo–Rivera– y Montevideo–Asunción con dos frecuencias semanales.
Según informó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la autorización se aprobó el 26 de agosto en la Junta Nacional de Aeronáutica Civil. El gobierno destacó que la medida refuerza la conectividad y fortalece el sistema de aeropuertos internacionales.
En el mercado local, el dólar tuvo una leve baja ayer, en esta ocasión 0,04%. El interbancario fondo operó en promedio a $39,988.
En lo que va del año 2025, el dólar lleva una baja acumulada de 9,25% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2024)
En los últimos 12 meses el dólar bajó 0,89% (comparando la cotización de ayer en relación a la misma fecha del 2024).
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró el jueves en $38,80 para la compra y $41,20 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense bajó y cerró ayer en R$ 5,412.
En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial disminuyó y cotizó en AR$ 1.333,00. Mientras que el dólar paralelo (o Blue) también bajó y cotizó en el entorno de los AR$ 1.350,00.
El Euro subió ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$1,1690.
OTRAS NOTICIAS
Una mujer en situación de calle murió el miércoles de tarde en Villa del Cerro, en Montevideo. El hecho ocurrió sobre las 17:15 en Grecia y República Argentina, informó el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).
La víctima no tenía ingresos en el sistema de protección del Mides ni había concurrido a los centros de evacuación dispuestos por la alerta roja de frío.
Este caso se suma al de otra mujer que había fallecido en la mañana del miércoles en un centro de evacuación del Sinae tras descompensarse y sufrir un paro cardiorrespiratorio.
Un hombre de 31 años fue asesinado de una puñalada este jueves en el barrio 40 Semanas de Montevideo.
La víctima, herida en una pierna, fue trasladada a la policlínica de Capitán Tula con abundante sangrado y murió pocos minutos después de ingresar. No tenía antecedentes penales, aunque estaba requerido por violencia doméstica.
Un recluso de 20 años fue asesinado en la cárcel de Punta de Rieles durante un enfrentamiento con otros internos.
Según el Instituto Nacional de Rehabilitación, el hecho ocurrió sobre la hora 15 del miércoles y se utilizaron armas blancas de fabricación carcelaria. La fiscal Mirta Morales ordenó pericias, incautación de las armas e identificación de los involucrados.
En total, hubo 32 muertes en centros penitenciarios en lo que va del año.
INTERNACIONALES
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pidió aumentar la presión sobre su homólogo ruso, Vladimir Putin, tras el ataque masivo contra Kiev que la madrugada del jueves causó al menos 23 muertos.
A pesar de la reunión del 15 de agosto en Alaska con el presidente estadounidense, Donald Trump, "Putin no ha hecho lo que dijo", alertó Zelenski durante una videoconferencia con líderes europeos. "Es hora de actuar y enviar una señal contundente", señaló.
"Debemos mantener la presión" para que se celebre una cumbre entre Kiev y Moscú, que Putin aceptó en principio tras su visita a Anchorage, insistió el mandatario ucraniano ante dirigentes de Polonia, Letonia, Estonia, Lituania y Dinamarca.
Moscú continúa bombardeando ciudades ucranianas pese al impulso de Trump por poner fin a esa guerra iniciada por la invasión rusa en febrero de 2022. Pero por el momento no ha arrojado resultados concretos.
Zelenski subrayó que el ataque aéreo masivo de la madrugada de ayer contra Kiev, uno de los mayores lanzados por Rusia contra Ucrania, puso de manifiesto la urgencia de actuar.
Ese ataque provocó una ola de indignación en Europa y fuera de ella.
Trump "no está contento" con los hechos, pero "tampoco está sorprendido", dijo su portavoz Karoline Leavitt. Su enviado especial para Ucrania, Keith Kellogg, había denunciado poco antes "ataques atroces" que "amenazan la paz".
En paralelo, además, Washington autorizó la venta a Kiev de 3.350 misiles de largo alcance y equipos por valor de 825 millones de dólares, lo que, aseguró, debería ayudar a Ucrania a defenderse mejor.
Tanto la Unión Europea como el gobierno británico convocaron a los embajadores de Rusia en señal de protesta por el ataque a Ucrania.
A su vez, los líderes de Francia y Reino Unido condenaron este nuevo ataque ruso.
"Putin está matando a niños y a civiles, y saboteando las esperanzas de paz. Este baño de sangre debe terminar", escribió el primer ministro británico, Keir Starmer.
El presidente francés, Emmanuel Macron, condenó el "terror y barbarie" rusos, mientras que el jefe de gobierno alemán, Friedrich Merz, afirmó que "Rusia ha mostrado su verdadera cara" con los ataques.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que "los ataques contra civiles e infraestructuras civiles violan el derecho internacional humanitario, son inaceptables y deben cesar de inmediato".
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denunció "un catálogo de horrores sin fin" en Gaza, donde la Defensa Civil local reportó al menos 40 muertos en ataques israelíes durante la jornada de ayer.
“Gaza está llena de escombros, llena de cuerpos y llena de ejemplos de lo que podría constituir graves violaciones del derecho internacional ", declaró a la prensa Guterres, pidiendo que se rindan cuentas.
“Un ataque sigue al otro, matando a civiles, incluyendo personal médico y periodistas que estaban desarrollando trabajo esencial. Todo, con el mundo observando. Muchos de los reporteros que están con nosotros han perdido a sus colegas. Estos ataques son parte de un interminable catálogo de horrores. Debe haber responsabilidad”.
Mientras el ejército israelí se prepara para tomar Ciudad de Gaza, las asociaciones de ayuda humanitaria presentes en el terreno advierten sobre las consecuencias de esta nueva campaña militar.
El ejército israelí sostuvo ayer que se está preparando para "ampliar las operaciones contra Hamás en Ciudad de Gaza".
El COGAT -el organismo del Ministerio de Defensa israelí que supervisa los asuntos civiles en los territorios palestinos- informó que está realizando los preparativos "para desplazar a la población hacia el sur con el fin de protegerla".
Francia, Reino Unido y Alemania activaron el mecanismo que permite reimponer las sanciones de la ONU contra Irán debido a su incumplimiento de los compromisos sobre su programa nuclear en un plazo de 30 días.
Este grupo de países conocido como el E3 notificó al Consejo de Seguridad de la ONU que creen que "Irán está en una posición de incumplimiento significativo de sus compromisos" en virtud del acuerdo nuclear de 2015, según una carta a la que accedió AFP.
Por ello, "invocan el mecanismo conocido bajo el nombre de ‘snapback'", que inicia un proceso de 30 días que permite reimponer una serie de sanciones suspendidas hace diez años.
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, prometió que su país responderá a esta decisión, que calificó de "ilegal e injustificada".
Además, la cancillería iraní advirtió en un comunicado que "esta decisión de los tres países europeos socavará gravemente el proceso de interacción y cooperación en curso entre Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)".
El Consejo de Seguridad de la ONU decidió prorrogar por última vez el mandato de la fuerza de mantenimiento de la paz en el sur del Líbano (Finul) y, bajo presión de Estados Unidos e Israel, programar su retirada en 2027.
Unos 10.800 cascos azules han actuado como intermediarios entre Israel y Líbano desde marzo de 1978.
Pero la renovación habitual de su mandato, que expira el domingo, enfrentó este año la hostilidad de Israel y su aliado estadounidense, quienes reclamaban su retirada.
"Por una vez tenemos alguna buena noticia de la ONU", declaró el embajador israelí, Danny Danon, al acusar a la Finul de no haber logrado impedir que Hezbolá "tomara el control de la región".
Finalmente, la resolución adoptada por unanimidad, establece claramente el fin de la misión en 16 meses.
Un grupo de 33 soldados que estaban retenidos desde hace tres días en una comunidad amazónica de Colombia, plagada de narcocultivos y donde opera la mayor disidencia de la extinta guerrilla FARC, fueron liberados ayer, según anunció la Defensoría del Pueblo.
Tras fuertes combates con los rebeldes, el lunes unos 600 pobladores impidieron la salida de las tropas de esa zona en el departamento del Guaviare (sureste) en una acción que el gobierno del izquierdista Gustavo Petro consideró un "secuestro".
Delegaciones del gobierno, la Defensoría del Pueblo y la ONU mediaron para la liberación de los soldados.
Las retenciones de militares y policías son frecuentes en Colombia y suelen realizarlas campesinos, según el gobierno obligados o manipulados por los grupos armados en zonas con poca presencia del Estado.
El presidente Nicolás Maduro dijo el jueves que "no hay forma" de que Estados Unidos invada a Venezuela y llamó a sus ciudadanos a alistarse en las fuerzas militares, en medio de los anuncios de Washington de movilizar tropas al Caribe.
Estados Unidos anunció el envío de cinco buques de guerra y unos 4.000 efectivos hacia el Caribe sur, cerca de las aguas territoriales de Venezuela, para maniobras contra el narcotráfico.
La operación coincide además con el aumento a 50 millones de dólares de la recompensa que ofrece Washington por la captura de Maduro y la declaratoria como terrorista de un supuesto cartel que lidera el mandatario venezolano.
"Luego de 20 días continuos de anuncios, amenazas, guerra psicológica, luego de 20 días de asedio contra la nación venezolana, hoy estamos más fuertes que ayer, hoy estamos más preparados para defender la paz, la soberanía y la integridad territorial", dijo Maduro en un acto con militares.
“Ni sanciones, ni bloqueos, ni guerra psicológica, ni asedio, siguió. No han podido, ni podrán, no hay forma de que le entren a Venezuela”.
Maduro llamó a una segunda jornada de alistamiento este viernes y sábado en la Milicia Bolivariana, un componente castrense integrado por civiles que exhiben una alta carga ideológica, para hacer frente a la posible amenaza.
Brasil considera imponer aranceles recíprocos a Estados Unidos luego de que el presidente Donald Trump castigara a las importaciones brasileñas con una tasa de 50%.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizó un análisis interno para determinar si Brasil puede llegar a tomar represalias contra la guerra comercial desatada por Trump por el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro.
El ministerio brasileño de Comercio e Industria tendrá 30 días para determinar si los aranceles estadounidenses deben ser sancionados de acuerdo a una reciente ley de reciprocidad.
Si es así, un grupo de especialistas elaborará "propuestas de contramedidas", que pueden incluir aranceles recíprocos, dijo una fuente diplomática a AFP.
El gobierno brasileño informará formalmente hoy de su decisión a Estados Unidos.
"El espacio para consultas diplomáticas permanece abierto", afirmó la fuente.
Lula expresó su frustración en relación a los aranceles dispuestos por Trump. "No logramos hablar con nadie, con nadie de Estados Unidos", dijo durante un acto de gobierno.
Brasil también recurrió a inicios de agosto a la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra los aranceles punitivos impuestos por el gobierno estadounidense.
En Brasil, un gigantesco esquema de fraude y lavado de dinero operaba en toda la cadena productiva de combustibles, incluyendo distribuidores, transportistas, refinación y almacenamiento, así como en la red de gasolineras y sus tiendas, según las autoridades.
La organización criminal utilizó plataformas digitales de servicios financieros (fintechs) y unos 40 fondos de inversión para ocultar activos.
La megaoperación es "la mayor respuesta del Estado brasileño al crimen organizado en nuestra historia hasta el momento", escribió el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en sus redes.
Las autoridades apuntaron como cabeza del esquema al Primeiro Comando da Capital (PCC), una de las principales bandas criminales de Brasil, que opera enviando cocaína producida en Suramérica hacia Europa.
La organización blanqueó al menos 52.000 millones de reales (9.600 millones de dólares) entre 2020 y 2024.
El ministro de Economía, Fernando Haddad, se refirió a un mecanismo "extremadamente sofisticado" que exigió "descifrar la ruta del dinero".
La investigación se prolongó durante dos años, dijo en rueda de prensa en Brasilia.
El ambiente político sigue caldeado en Argentina, donde otra vez se vivió una jornada con incidentes. Karina Milei, hermana del presidente y Secretaria General de la Presidencia, tuvo que ser evacuada por su custodia cuando recibió agresiones durante un acto de campaña en la provincia de Corrientes.
Karina Milei acompañaba a los candidatos oficialistas para la elección legislativa de octubre, junto a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, cuando un grupo opositor empezó a empujar y forcejear con la custodia, mientras insultaban a la funcionaria, que fue acusada de corrupción.
Ante el temor de que se repitieran agresiones como la que sufrió el propio Javier Milei el día anterior en el municipio bonaerense de Lomas de Zamora, se decidió sacar a Karina del lugar.
Mientras tanto, el gobierno presentó denuncias penales contra tres personas acusadas de haber arrojado objetos contundentes hacia la camioneta donde Milei hacía la recorrida de campaña. Y pidió además que la justicia investigue si hubo una organización para planificar el ataque.
Al mismo tiempo, respondió a las denuncias sobre corrupción en el manejo de la Agencia Nacional de Discapacidad. En un acto organizado por cámaras empresariales, Milei calificó esa denuncia como “una opereta, el último artilugio de la casta”.
En el ámbito político afirman que la intención del presidente es denunciar a su ex abogado, Diego Spagnuolo, la persona que fue grabada mientras relataba cómo era la operatoria de corrupción con laboratorios farmacéuticos.
El gobierno tomó los hechos de los últimos días para profundizar su estrategia de polarización con el kirchnerismo. La versión oficial es que hasta las elecciones los opositores difundirán denuncias y noticias falsas para perjudicar al gobierno. Por ejemplo, el vocero de Presidencia, Manuel Adorni, desmintió una noticia que afirmaba que, por la política de ajuste fiscal, la televisión estatal no transmitiría los partidos del mundial de fútbol del año próximo.
En ese clima, se están difundiendo nuevas encuestas, donde se trata de determinar cuánto influyeron las denuncias de corrupción sobre la intención de voto.
Y se sigue observando una situación ambigua, que puede dar lugar a confusión. La imagen de Milei cayó en las últimas mediciones.
Pero sigue siendo relativamente pequeña, del 15%, la cantidad de votantes que podrían cambiar su decisión de voto por estas denuncias. El gobierno estima que, en el peor de los casos, podría aumentar el nivel de ausentismo electoral, pero no cree que haya un traspaso de votantes hacia el peronismo.
Al menos, no por las denuncias por corrupción. En cambio, sí hay preocupación por la economía, como quedó demostrado en la licitación de bonos del tesoro. El gobierno convalidó una tasa de interés de 75% anual para asegurarse que no haya liquidez excedente que pueda presionar al dólar o a los precios.
(Fernando Gutiérrez, corresponsal de Argentina)
