La semana pasada, la oposición presentó una denuncia penal por la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización.
El campo, de 4.400 hectáreas y ubicado en el departamento de Florida, fue adquirido por un total de 32,5 millones de dólares, en un proceso que fue observado por el Tribunal de Cuentas.
El escrito presentado el jueves, firmado por legisladores de cuatro partidos (Nacional, Colorado, Independiente e Identidad Soberana), señala posibles irregularidades y pide que Fiscalía intervenga, mientras la posibilidad de instalar una comisión investigadora en el Parlamento se mantiene en suspenso.
Desde el oficialismo, el Frente Amplio defendió la operación. Su presidente, Fernando Pereira, afirmó que la compra se ajustó a la ley y acusó a la oposición de “judicializar la política”.
La semana pasada conversamos aquí con el diputado nacionalista Rodrigo Goñi, uno de los firmantes de la denuncia.
Profundizamos en la otra mirada: la del oficialismo, conversamos En Perspectiva con Sebastián Valdomir, diputado del Frente Amplio por el MPP y presidente de la Cámara de Representantes.
Nota relacionada
