Foto: Ricardo Antúnez / adhocFOTOS
Hace cuatro meses que el Parlamento no tiene quién le hable de los presos.
El 18 de setiembre la Asamblea General aceptó la renuncia de Juan Miguel Petit, el Comisionado Parlamentario para el sistema penitenciario que estuvo 10 años en el cargo, el máximo tiempo permitido por la ley.
El abogado y periodista especializado en Derechos Humanos dejó el lugar y comenzaron a correr los plazos para elegir a una persona que lo suceda. Pero no ha sido fácil.
¿Faltaron candidaturas?
¿Faltó tiempo de negociación?
¿Qué faltó?
Falta acuerdo, ningún nombre concita el sí de todos los partidos o de la mayoría para ese cargo y pasa que incluso hay quienes dicen que no debería existir más… y así es difícil acordar…
Vamos por partes:
Cuando quedó el cargo vacante una comisión especial de 17 legisladores se encargó de encaminar el proceso de selección del nuevo comisionado o comisionada.
Esa comisión presidida por Bettiana Díaz, senadora del Frente Amplio y Carlos Camy, senador del Partido Nacional, informó el 8 de octubre que abría el plazo para recibir postulaciones, porque esto funciona así: las organizaciones sociales pueden postular candidatos, los legisladores también y pueden presentarse asimismo personas que entiendan que son aptas para desempeñar ese rol.
Hasta el 7 de noviembre podrían presentarse nombres.
¿Y se presentaron?
Sí, se presentaron 16 candidaturas, de las cuales una vino con respaldo de una organización, otra de varios ciudadanos y una tercera de parte de legisladores. El resto, 13 candidatos se presentaron ellos mismos.
Esto llamó un poco la atención de quienes han seguido el tema porque sienten que faltó sociedad civil en el proceso. Hay tanta gente y organizaciones involucradas en apoyar el trabajo en cárceles, de educación, de reinserción pero acá: solo una asociación propuso un nombre, se esperaba más.
Pero bueno, los candidatos entregaron sus cartas de postulación con datos de su formación, trayectoria y planes para esta oficina.
De ahí ahí la idea era que la comisión en 30 días analizara el currículum de esos candidatos y candidatas, los recibiera para conocerlos y charlar con ellos y luego conversara, tejiera acuerdos y presentara una lista corta de nombres a la Asamblea General para que se llegara a la designación. La tarea de la Comisión era esa y tenía un plazo.
Tengamos en cuenta que votar un Comisionado/a para el sistema carcelario requiere una mayoría especial de tres quintos de los votos (78) y queda. Pero, agotados los plazos, eso no pasó.
¿Qué pasó?
No pasó porque la Comisión no llegó a un acuerdo sobre esos nombres. Ninguna de las candidaturas tuvo el respaldo suficiente entre los 17 legisladores de todos los partidos políticos, que integran la comisión como para decir: aplicado este procedimiento los posibles candidatos a juicio nuestro son tales.
No hubo lista corta y la idea de llegar antes de fin de año con el tema, no fue posible. La comisión cumplió, se reunió, analizó, y el informe que elevó a la Asamblea General dice: estos son los 16 nombres de ciudadanos y ciudadanas que se presentaron para el cargo de comisionado de cárceles. Formalmente: etapa cumplida pero no se eligió nada.
¿Se trancó por temas políticos?
Bueno sí. Hay dos nombres con más apoyo pero ese apoyo está dividido. Un nombre tiene fuerza en el oficialismo y otro en la oposición y entonces no se destraba.
Tenemos a Pablo Galain, que fue presentado por la diputada Graciela Barrera del Frente Amplio y que tiene el respaldo de los colorados Robert Silva y Felipe Schipani. Es abogado y académico de derecho, con doctorado y maestría en el exterior, docencia e investigación en Uruguay, España, Alemania y Chile. El tema es que no tiene el respaldo de todo el Partido Colorado ni del Partido Nacional.
El candidato de los blancos es Ariel Sánchez, también abogado, docente de la Facultad de Derecho, se especializó en gestión de Recursos Humanos y fue funcionario y en el período pasado subdirector de la Oficina Nacional del Servicio civil, la dependencia de gestión humana del Estado. El tema es que este candidato es visto como muy blanco y no tiene por tanto el apoyo del Frente Amplio.
¿Cómo se destraba esto?
Ya la idea es priorizar lo técnico, dejar las preferencias políticas para evitar trancar y ahí es donde otros nombres pueden tener prioridad. Lo que se busca es alguien técnico con trayectoria.
¿Y entonces, para cuándo quedó la elección?
Ahora terminó el período de sesiones y la idea es resolver esto antes de comenzar el nuevo período de sesiones en marzo. Lo que me dicen es: no podemos dejar esto así mucho tiempo, es una mala señal, deberíamos tejer acuerdos en estas semanas convocar a una sesión extraordinaria de la Asamblea General en febrero y votar al nuevo comisionado.
Tomando esto de las señales, que en política son importantes, me decían: esto no es como la falta de acuerdo para un Fiscal de Corte, porque en ese caso la subrogación está prevista. Pero en este caso no. Se va uno hay que elegir otro, no sube alguien de otro lugar, no hay un mecanismo, hay que designarlo. Entonces la urgencia es otra. Los legisladores no quieren quedar como que no pueden acordar en ninguno de los temas.
Ya hay dos sesiones extraordinarias previstas de la Asamblea General para inicio de febrero pero ninguna tiene en el temario aun este asunto.
Qué destacan en el Parlamento: que hay buen clima para resolver y conformidad porque hay buenos candidatos, personas con solidez, trayectoria, conocimiento.
En contra desde el vamos están Cabildo Abierto e Identidad Soberana que consideran que no debería existir el cargo de Comisionado Parlamentario. Dicen que no sirve para nada y que esa función es del Poder Judicial. Es curioso porque tanto Salle como Perrone están en la comisión para designar al Comisionado pero no van a designar al comisionado porque ya adelantaron que no votarán a ninguno.
¿Cuál es el problema de la demora?
Bueno, la oficina del Comisionado Parlamentario de Cárceles funciona, tiene funcionarios, hay una encargada de despacho y las tareas rutinarias siguen. Se visitan cárceles, se reciben casos, se habla con las familias, con abogados, con los reclusos, pero hay que tener en cuenta que no es una oficina parlamentaria, administrativa o de asesoría, tiene un componente especial por la materia de la que trata. Te invito a escuchar brevemente la descripción que hacía Juan Miguel Petit aquí En Perspectiva, enseguida que dejó el cargo, en donde contó cómo era el trabajo:
"El lugar donde yo estuve, la oficina del Comisionado Parlamentario es un lugar de servicio, es un lugar donde todos los días llegan una veintena o más de casos, no es una oficina de estudio, de papeles, de investigación de documentos; que también los hacemos, los hacíamos con gran esfuerzo porque había que hacerlos y había también que interactuar con las autoridades, con la opinión pública, con el Parlamento, pero es básicamente una oficina que está todos los días recibiendo gente y visitando cárceles".
Si reciben 20 casos por día y van 3 meses sin un jerarca en la oficina… hay bastante trabajo que atender.
Pero además el tema es si hay una emergencia o si llega un pedido para firmar, por ejemplo, un recurso dirigido a autoridades o la justicia que debe hacerlo alguien legitimado para actuar, bueno allí hay dudas de hasta dónde se puede llegar, porque no hay una firma de un comisionado sino de alguien encargado provisionalmente de la oficina. Y esto es un problema en un asunto sensible como las cárceles uruguayas con 16 mil presos en condiciones lejos de lo ideal.
Producción de Leonardo Silvera
