La Corte Interamericana de Derechos Humanos inauguró este lunes en Uruguay su 195.º período ordinario de sesiones. La apertura formal tuvo lugar en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, con la participación de representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como del presidente del tribunal, Rodrigo Mudrovitsch.
Durante las sesiones, los jueces analizarán distintos asuntos vinculados con la protección de los derechos humanos en el continente. También supervisarán el cumplimiento de sentencias dictadas contra Uruguay y realizarán audiencias públicas sobre casos referidos a Venezuela, Chile y Perú.
Para explicar el funcionamiento y la importancia de la Corte Interamericana, Emiliano Cotelo conversó en En Perspectiva con la doctora Mariana Blengio, abogada y profesora de Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Bioética.
Un tribunal internacional
Blengio explicó que la Corte Interamericana es un órgano jurisdiccional del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, integrado por siete jueces de distintas nacionalidades. Su función principal es analizar casos que llegan luego de que se hayan agotado las vías internas en cada país.
“Son jurisdicciones complementarias a la jurisdicción nacional”, señaló. Según explicó, si los mecanismos nacionales funcionan, el caso no llega al sistema interamericano. Pero cuando se alega el incumplimiento de tratados internacionales y se agotan los recursos internos, puede comenzar el proceso ante la Comisión Interamericana y, eventualmente, ante la Corte.
Cuando el tribunal determina que un Estado violó derechos humanos, puede disponer distintas medidas de reparación. Estas pueden incluir compensaciones económicas, actos simbólicos, investigaciones, medidas de no repetición o capacitaciones.
La especialista destacó que la reparación no se limita a una indemnización. “La reparación integral supone no solo una indemnización eventualmente económica, sino también cuestiones, algunas de ellas simbólicas, en las cuales se repara un daño”, explicó.
La Corte también tiene una función consultiva, mediante la cual emite opiniones sobre asuntos relevantes, y puede adoptar medidas provisionales en situaciones de urgencia.
La Corte “de toga y mochila”
Aunque la sede del tribunal está en San José de Costa Rica, desde comienzos de la década del 2000 la Corte comenzó a trasladarse periódicamente a otros países miembros para realizar allí sus sesiones.
Blengio definió esa práctica como la “Corte de toga y mochila”. La expresión refiere a la decisión del tribunal de salir de su sede y trabajar directamente en los países que integran el sistema interamericano. “Es algo sumamente importante porque permite a los Estados interactuar con la Corte y a la ciudadanía en general tomar noticia de primera mano”, dijo.
Las audiencias públicas permiten observar los interrogatorios, los testimonios, los alegatos y los peritajes. Para Blengio, esa presencia contribuye a acercar el sistema de protección de derechos humanos a la sociedad.
“No quedarse en una caja de cristal ahí en San José” es parte del sentido de esta modalidad, sostuvo. En su opinión, el objetivo es que la Corte interactúe con quienes participan en los procesos y coloque a las personas en el centro de los asuntos que analiza.
La sesión de Montevideo es la cuarta visita del tribunal a Uruguay, luego de las realizadas en 2008, 2019 y 2022.
Decisiones obligatorias
Blengio subrayó que las sentencias de la Corte Interamericana son definitivas e inapelables. “No hay un tribunal de alzada al cual podamos apelar”, explicó.
La especialista sostuvo que los Estados que ratifican la Convención Americana sobre Derechos Humanos y reconocen la competencia de la Corte asumen la obligación de cumplir sus decisiones de buena fe.
“Nadie obligó a Uruguay a reconocer la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, señaló. En ese sentido, explicó que la aceptación de la jurisdicción del tribunal surge de una decisión soberana del Estado y se vincula con el reconocimiento de los tratados internacionales.
Uruguay ratificó la Convención Americana en 1985 y reconoció la competencia de la Corte ese mismo año. Según Blengio, el país tiene actualmente tres sentencias en su contra ante el tribunal, aunque aclaró que ese dato no significa que no existan otras situaciones de vulneración de derechos humanos que puedan llegar al sistema interamericano.
Supervisión de casos uruguayos
Durante este período de sesiones también habrá audiencias privadas de supervisión de sentencias vinculadas con hechos ocurridos durante la dictadura cívico-militar uruguaya.
En esas instancias, la Corte consulta al Estado sobre el cumplimiento de las medidas dispuestas en fallos anteriores. Pero no se limita a recibir la versión oficial. También analiza información aportada por las víctimas, sus familiares, organizaciones no gubernamentales y la Comisión Interamericana.
“Hay un cúmulo de información que la Corte pone sobre la mesa”, explicó Blengio.
Entre las medidas que pueden ser supervisadas se encuentran la realización de investigaciones, la búsqueda de restos de personas detenidas desaparecidas, la realización de actos públicos de reconocimiento y la capacitación en derechos humanos de funcionarios públicos.
La especialista destacó especialmente la importancia de avanzar en el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante la dictadura. “Un país requiere que haya una verdad histórica”, sostuvo.
Los casos que se analizan
Entre los asuntos incluidos en las audiencias públicas se encuentra un caso contra Venezuela referido a un defensor de derechos humanos que trabajaba con personas en situación de calle y que fue encarcelado bajo la acusación de alterar el orden público. El proceso aborda garantías judiciales y libertad personal.
También se analizará un caso contra Chile presentado por una comunidad afrodescendiente del norte de ese país. Entre otros reclamos, la comunidad cuestiona que el censo no haya incluido una variable que permitiera identificarla, algo que, según Blengio, dificulta el diseño de políticas públicas específicas.
El tercer caso involucra a pueblos indígenas no contactados o con contacto mínimo en la Amazonia peruana. El planteo refiere a la protección de su identidad, su forma de vida y sus territorios frente a actividades extractivas, inversiones y obras de infraestructura.
Para Blengio, estos casos muestran que la agenda de derechos humanos excede ampliamente las violaciones ocurridas durante las dictaduras.
“La perspectiva de derechos humanos la aplicamos en todas las áreas”, dijo. Mencionó, entre otros asuntos, el derecho a la vida, la alimentación, la educación, la salud, los derechos sexuales y reproductivos, la violencia obstétrica y la discriminación por edad.
Como ejemplo, citó un caso contra Chile referido a un hombre de más de 80 años que murió en un hospital sin recibir la atención adecuada. El proceso analizó la relación entre el derecho a la salud y la discriminación por vejez.
“Hoy las temáticas han sido variadísimas”, concluyó Blengio. Para la especialista, la presencia de la Corte Interamericana en Uruguay permite conocer de cerca ese trabajo y comprender que la protección internacional de los derechos humanos abarca problemas diversos que atraviesan a las sociedades actuales.
