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NACIONALES
Oficialismo y oposición decidieron postergar, hasta el 30 de junio, la votación en el Senado del proyecto de ley de reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los Profesionales Universitarios (CJPPU).
La resolución se tomó ante la falta de acuerdo en torno al núcleo del proyecto, que debía haberse votado ayer: la estructura financiera que debería tener la iniciativa y si los activos y pasivos de la CJPPU deberían hacer un aporte, y en qué grado, para que la caja sea sostenible. Dado que el proyecto deberá volver a la Cámara de Diputados, los integrantes de la coalición republicana dejaron en claro que no votarán ninguna modificación que implique un incremento en la tasas de aportes de los activos ni la creación de un “impuesto” a los pasivos, tal como estaba planteado en la cámara alta, donde varios senadores estaban dispuestos a votar esos aspectos.
Las bancadas de la coalición republicana se reunirán hoy para diseñar una “hoja de ruta” que les permita llegar a fin de mes con un acuerdo.
Hablando en rueda de prensa ayer el senador nacionalista Sergio Botana valoró el aplazamiento y recordó que, “para que sea válida y con futuro, la decisión tiene que ser igual en el Senado y en Diputados", dijo. El legislador dio la "certeza" de que la solución llegará y que, si no puede ser "perfecta", será una "buena" solución.
“Este período nos obliga a cambiar la racionalidad de las decisiones del Parlamento. El problema es que hace rato nos acostumbramos a las manos de yeso y a la inexistencia del debate o la construcción de soluciones en el propio Parlamento. Las circunstancias nos van a obligar a hacer política, a conversar las soluciones, a llegar a entendimientos. No con la mano de yeso contra el otro”.
A la espera de las nuevas tratativas, el Frente Amplio (FA) mantiene el proyecto elaborado por el gobierno, que prevé incrementar a 22,5% la tasa de aporte de los afiliados activos, la creación de una "prestación pecuniaria" para los pasivos, que promedia el 8%, y un "aporte de la sociedad" basado principalmente en erogaciones de Rentas Generales y el pago de los timbres profesionales.
Algunas alternativas aque se negociarán fueron presentadas este miércoles. Por ejemplo la del senador colorado Pedro Bordaberry, que planteó la posibilidad de que los pasivos aporten el 5% de sus prestaciones y que la tasa de aportes de los activos se mantengan inicialmente en el valor actual de 18,5%, con ajustes semestrales de un punto hasta llegar al 22,5% que propuso el proyecto del oficialismo.
Ante esta alternativa, el Frente Amplio, respondió con una nueva contrapropuesta: que los pasivos aporten 6,5% y que la tasa de aportes de los activos “arranque” en 19,5%.
El senador Daniel Caggiani (MPP) insistió en que la salida debe mantener el “equilibrio” entre las contribuciones del Estado y de los “beneficiarios” de la caja.
“El proyecto tiene un corazón. Y si se corta ese corazón, el proyecto muere, ya que no tiene capacidad de que haya sangre para financiarlo. Tiene que ver con el aporte de los pasivos, de los activos y del Estado. Si cualquiera de esas tres cosas se divide, el proyecto pierde sentido”.
Ante el aplazamiento de la definición en el Senado del salvataje de la CJPPU, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, advirtió que “los tiempos se van reduciendo”.
Hablando ayer en rueda de prensa, el ministro llamó la atención sobre la posibilidad de que el Estado deba desembolsar dinero no previsto para asegurar, mientras esa solución no llega, la sostenibilidad de la institución.
“Va a suponer que el conjunto de la ciudadanía, personas que no tienen nada que ver con la caja, tenga que hacer frente al pago de la totalidad del rescate que hay que hacer", apuntó.
Oddone eludió adelantar qué cifras estarían comprometidas en este escenario. De todas formas, aseguró que "alteraría todo lo que se está planteando", por parte del gobierno, en términos presupuestales.
El directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios se reunirá hoy en forma urgente.
El objetivo, según precisaron fuentes de la institución a El País, es "hacer números" ante el escenario que quedó planteado por la última derivación política en torno al proyecto de ley de reforma destinado a asegurar su viabilidad económica.
Se espera que en el análisis que este jueves realice el directorio de la institución se actualice el panorama que esa entidad enfrenta a corto plazo y, sobre todo, el impacto económico que significarán estas más de dos semanas de aplazamiento de la solución prometida. La caja ha declarado en varias ocasiones que ya no cuenta con recursos para asumir sus obligaciones correspondientes al mes de julio.
OTROS TEMAS POLÍTICOS
El Senado aprobó ayer por unanimidad las venias solicitadas por el Poder Ejecutivo para designar a Rodolfo Nin Novoa y a Diego Cánepa, como los embajadores de Uruguay ante Brasil y Argentina, respectivamente.
Legisladores de todos los partidos destacaron la capacidad del ex vicepresidente y canciller y del ex prosecretario de la Presidencia para desempeñar los cargos para los que fueron propuestos. Los pedidos de venia se tramitaron en forma grave y urgente dada la proximidad de dos eventos internacionales: en el caso de Nin, la Cumbre de los BRICS, que se llevará a cabo en los primeros días de julio en Rio de Janeiro y a la que Uruguay fue invitado; en el caso de Cánepa, la próxima cumbre del Mercosur, que se realizará el mes que viene en Buenos Aires.
El Ministerio de Relaciones Exteriores envió ayer una nota verbal al gobierno de Brasil, al conocerse que Eletrobras, la empresa estatal de ese país, está construyendo un parque eólico en la zona conocida como Cuchilla Negra o Rincón de Artigas, un territorio ubicado entre Artigas y Rivera y que reclamado por Uruguay.
A través de un comunicado, Cancillería aseguró que en la nota enviada se deja "expresa constancia" de que la construcción de ese parque fue un proceso desconocido por el actual gobierno y que "no supone reconocer el ejercicio de la soberanía de Brasil” sobre el territorio en disputa.
El Parque Eólico Coxilha Negra, según se anunció, tiene una capacidad de 302,4 MW, energía equivalente a atender a 1,5 millones de consumidores. El nuevo emprendimiento cuenta con 72 aerogeneradores, ocupando un área total de 8.664 hectáreas. Tendrá tres usinas. Las obras se iniciaron en agosto de 2022 y la inversión ronda los 2.4 billones de reales.
Según informó Telemundo el gobierno brasileño no mantuvo diálogo con UTE ni pidió autorización para construir el parque ya que considera que el territorio es parte de su soberanía.
La discusión sobre ese territorio se originó en el mismo tratado de límites firmado con Brasil en 1851 y la demarcación realizada entre 1852 y 1862. Uruguay lo reclama formalmente desde 1934.
En el mensaje enviado ayer, Cancillería expresó su "deseo y augurio" para que "en el marco de la hermandad entre ambos pueblos y con el espíritu de equidad y justicia que ha inspirado siempre la negociación y determinación de nuestros límites fronterizos y la construcción de nuestras fronteras como espacios de comunidad", se pueda "retomar en un futuro cercano la cuestión del territorio mencionado en los ámbitos que convenga".
La jueza de Crimen Organizado Lorena Juliano aceptó ayer el pedido de la fiscal Sandra Fleitas y formalizó el proceso contra el ex senador frenteamplista Charles Carrera por los delitos de fraude, falsificación ideológica y uso de información privilegiada.
Como medidas cautelares, la magistrada dispuso que Carrera debe fijar domicilio y no podrá salir del país por un plazo de 90 días. En cambio, no hizo lugar a otras medidas que solicitaba la fiscal, entre ellas la prisión domiciliaria y la prohibición de uso de redes sociales.
Carrera es investigado por posibles irregularidades durante su gestión como director general de Secretaría del Ministerio del Interior, entre 2010 y 2017. La indagatoria, que comenzó con una denuncia del Ministerio del Interior en julio de 2022, se centra en el trato dispensado a Víctor Hernández, en particular la entrega de tickets de alimentación por 20 mil pesos entre enero de 2013 y octubre de 2016 y la atención en el Hospital Policial entre julio de 2013 y diciembre de 2016.
En noviembre de 2012 Hernández fue víctima de una bala perdida, presuntamente disparada desde la casa de un funcionario policial en La Paloma.
A la salida de la audiencia, Charles Carrera dijo en rueda de prensa que el fallo se explica porque hay “una operación política de enchastre” en su contra.
“Lo que se abre hoy acá es un proceso y en ese proceso voy a poder probar que mi actuar fue ajustado a derecho. Que lo que hice fue, en su momento, un acto dispuesto de ayuda humanitaria”.
Por su parte, la fiscal Sandra Fleitas explicó por qué, a su entender, se cometieron delitos en el trato que Hernandez recibió en el Hospital Policial, siendo un civil.
“Los actos de humanidad se hacen cuando es dinero propio, pero no cuando es dinero de las arcas del Estado. Porque el dinero de las arcas del Estado es de toda la sociedad en su conjunto. Por eso es un delito en el que se ataca a la administración de Justicia”.
La defensa de Carrera aseguró que está "en foja cero" con respecto al estudio del caso. Según argumentó la fiscalía, entonces a cargo de Slvia Porteiro, lo investigó por casi tres años por abuso de funciones, un delito diferente a los tres por los que ahora Fleitas lo acusa.
MÁS NOTICIAS DEL PANORAMA NACIONAL
El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, se presentó ayer ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados para defender el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. En particular, Oddone justificó uno de los puntos clave de esa iniciativa: el incremento en el tope de deuda.
Durante la votación del proyecto, prevista para hoy en comisión, la oposición lo acompañará en términos generales, dado que se trata del balance del último año de la Administración de Luis Lacalle Pou, aunque, por otra parte, cuestiona el pedido de incremento del tope de deuda y otros artículos que implicarán aumento de gasto, como los referidos para afrontar la deuda de ASSE y el acuerdo por el Ferrocarril Central.
Hablando ante la prensa, Oddone señaló que el gobierno “precisa” aumentar ese tope y obtener financiamiento para “pagar compromisos” asumidos por el pasado gobierno en 2024 que “no tienen fondos” para ser afrontados”.
Puntualizó que la proyección que hace el Ejecutivo del resultado fiscal para este año es que tendrá un “deterioro” de unos 1.000 millones de dólares. Ante eso, el gobierno “precisa obtener un endeudamiento que permita financiar ese resultado fiscal de tal magnitud”, aseguró.
La ex ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, envió una carta al directorio del Partido Nacional donde critica la exposición de motivos del proyecto de Rendición de Cuentas del año 2024 que el Poder Ejecutivo de Yamandú Orsi remitió al Parlamento el mes pasado.
Uno de los principales puntos de discrepancia con el actual equipo económico, encabezado por el ministro Gabriel Oddone refiere a la caracterización del gasto público y el déficit fiscal durante el período 2020-2024.
Mientras el Frente Amplio señaló que hubo un “carnaval electoral” en el último año de gobierno de Luis Lacalle Pou, Arbeleche aseguró que “el gasto se mantuvo controlado, fue aprobado con anterioridad y que su aumento se debió principalmente a una inflación más baja de lo previsto”.
En su texto, la ex ministra defendió la gestión de la deuda pública y rebatió la acusación de haber dejado para este año “compromisos ocultos” o irregularidades en el manejo de pagos asociados a obras como el Ferrocarril Central.
Según detalló Arbeleche, “las decisiones tomadas fueron registradas adecuadamente y se ajustaron al criterio de caja, el estándar fiscal utilizado tradicionalmente en la contabilidad pública del país”.
A instancias de la oposición, el fiscal Ricardo Perciballe será convocado a concurrir a la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados. Perciballe deberá exponer allí su denuncia en cuanto a que Jorge Díaz, cuando era fiscal general, lo “perjudicó” y “perjudicó investigaciones” al desplazarlo como fiscal de Crimen Organizado.
El Frente Amplio había frustrado ayer la convocatoria de Perciballe al Senado, bajo el argumento de que quería evitar una “politización de la justicia”.
Ahora, a instancias del diputado nacionalista Diego Echeverría, se recurrió a convocarlo en la cámara baja, donde el oficialismo carece de mayoría.
Tres ex integrantes del Sunca (Sindicato de la Construcción) fueron detenidos ayer, a raíz de la investigación sobre el desvío de al menos US$ 900 mil del Fondo Social de la Construcción.
Según El País, se trata de Santiago Bernaola, Bruno Bertolio y Víctor Rivero, que, junto a otros cinco sindicalistas, habían sido expulsados recientemente por el Sunca.
Según El Observador,el fiscal Gilberto Rodríguez tiene previsto pedir su imputación por estafa, asociación para delinquir y apropiación indebida y, eventualmente, lavado de activos.
Los tres detenidos declararon ayer y, según Búsqueda, reconocieron su participación en maniobras irregulares. Sin embargo, indicaron que no actuaban solos y que no estaban en la escala superior de la jerarquía del sindicato. Agregaron que respondían a órdenes de mandos más altos y sostuvieron que algunos de los mecanismos de desvíos investigados no los inventaron ellos sino que eran prácticas instaladas desde hace tiempo.
Entre los nombres de mayor rango a los que aludieron está el de Laura Alberti, secretaria de Finanzas del Sunca y del Partido Comunista. También hicieron referencia al senador comunista Óscar Andrade y al diputado de esa formación, Daniel Diverio, ambos ex secretarios generales del sindicato.
En al menos cinco declaraciones tomadas en la Policía durante la investigación, se registraron menciones al Partido Comunista relacionadas con el desvío de dinero del fondo. Bernaola en particular dijo que se usó ese dinero para financiar la campaña de ese partido en favor del Sí en el reciente plebiscito por la seguridad social, y la campaña para las últimas elecciones nacionales.
El Poder Ejecutivo llegó a un acuerdo con COFE, el sindicato de funcionarios estatales, y resolvió suspender por 60 días la aplicación del decreto que estableció un nuevo régimen de certificaciones médicas en la administración pública.
La suspensión de su aplicación comenzará el 1 de julio, con el objetivo de habilitar una instancia de negociación.
El decreto, que entró en vigor el 1 de abril de 2024 durante el pasado gobierno y fue rechazado desde el primer momento por el sindicato, establece, en líneas generales, descuentos a partir del décimo día de licencia por enfermedad.
El PIT-CNT planteó el tema en la Conferencia de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que está sesionando en Ginebra. La central sindical afirmó allí que el gobierno de Luis Lacalle Pou “desvirtuó totalmente la negociación colectiva en el sector público" con "la imposición de un nuevo sistema de licencias por enfermedad que perjudica y quita derechos adquiridos a los trabajadores estatales"
El gobierno y el sindicato negociaron, tanto en Ginebra como en Montevideo, y llegaron a un acuerdo por el que se suspendió la aplicación del decreto cuestionado.
ECONOMÍA Y EMPRESAS
El Banco Mundial (BM) señaló en su último “Informe de Perspectivas”, publicado esta semana, que “el aumento de las tensiones comerciales y la incertidumbre normativa llevarán a que el crecimiento mundial registre este año su ritmo más lento desde 2008”.
El organismo internacional planteó que “las turbulencias han provocado que se reduzcan los pronósticos de crecimiento para casi el 70 % de todas las economías, en todas las regiones y todos los grupos de ingresos”.
El BM proyecta que el crecimiento mundial se desacelerará al 2,3 % en 2025, casi medio punto porcentual por debajo de la tasa prevista a principios de año. Aclara, no obstante, que no se prevé una recesión mundial”. Sin embargo, – dice- “si se materializan las previsiones para los próximos dos años, el crecimiento mundial promedio en los primeros siete años de la década de 2020 será el más lento de todos los decenios desde los años sesenta”.
“El crecimiento de las economías en desarrollo ha ido bajando durante tres décadas, del 6 % anual en los años 2000 al 5 % en la década de 2010, y a menos del 4 % en la de 2020. Esto sigue la trayectoria de crecimiento del comercio mundial, que ha caído de un promedio del 5 % en la década de 2000 a alrededor del 4,5 % en la de 2010, y a menos del 3 % en la de 2020. El crecimiento de la inversión también se ha desacelerado, pero la deuda ha subido a niveles sin precedentes”, plantea.
En lo que respecta a Uruguay, el BM mantuvo sus previsiones de un crecimiento de 2,3% para este año y 2% tanto para 2026 como para 2027.
En el mercado local, el dólar bajó ayer, en esta ocasión 0,51%. El interbancario fondo operó en promedio a $41,093, es su valor más bajo desde octubre de 2024.
En lo que va del año 2025, el dólar lleva una baja acumulada de 6,75% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2024)
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $39,85 para la compra y $42,25 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense bajó y cerró ayer en R$ 5,539.
En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial disminuyó y cotizó en AR$ 1.182,00. El dólar oficial volvió a cotizar por encima del paralelo (o Blue).
El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en agosto ganó 4,34% y alcanzó 69,77 dólares, su nivel más alto de los últimos dos meses.
Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en julio subió 4,88% y llegó a 68,15 dólares, su nivel más alto desde abril.
INTERNACIONALES
El Parlamento israelí rechazó hoy de mañana, por estrecha mayoría, un proyecto de ley presentado por la oposición para disolver el cuerpo legislativo, lo que habría llevado a elecciones anticipadas.
Votaron contra el texto 61 de los 120 diputados de la Knéset, y 53 lo hicieron a favor, en una lectura preliminar.
La oposición presentó el proyecto cuando la mayoría aparecía desunida sobre la polémica conscripción de judíos ultraortodoxos, y esperaban derrotar al gobierno atrayendo a los partidos ultraortodoxos aliados al primer ministro, Benjamin Netanyahu.
Los partidos Shas y Judaísmo Unido de la Torá (JUT) amenazaron con sumarse a la iniciativa debido a su oposición a la ley de reclutamiento, que busca terminar con la exención del servicio militar para los judíos ultraortodoxos.
Medios locales informaron hoy que la mayoría de los legisladores ultraortodoxos terminaron por votar contra la propuesta para disolver el Parlamento.
Con el fracaso, la oposición tendrá que esperar seis meses para presentar otra iniciativa similar.
La Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Estados Unidos e Israel, acusó al movimiento islamista Hamás de un ataque ayer en el que murieron al menos cinco de sus miembros y varios resultaron heridos.
En un comunicado, la entidad, que asumió recientemente la distribución de ayuda en esa región, declaró: "Esta noche, alrededor de las 22H00 hora de Gaza (19H00 GMT), un autobús que transportaba a más de dos docenas de miembros del equipo de la Fundación Humanitaria de Gaza (…) fue brutalmente atacado por Hamás".
Y agregó: "Aún estamos recopilando información, pero lo que sabemos es devastador: hay al menos cinco muertos, múltiples heridos y tememos de que algunos miembros de nuestro equipo hayan sido tomados como rehenes".
En un correo electrónico enviado a la AFP, GHF indicó que todos los pasajeros del autobús eran palestinos y cooperantes humanitarios.
La organización responsabiliza plenamente a Hamás del ataque y añadió que este grupo "ha amenazado abiertamente" al equipo en los últimos días.
Se dirigían al centro de distribución de la fundación en la zona oeste de Jan Yunis.
Hamas aún no ha respondido a las acusaciones.
En Estados Unidos, las protestas contra las redadas migratorias del presidente Donald Trump se extienden a otras ciudades a pesar del despliegue en Los Angeles de la Guardia Nacional y los Marines y las amenazas de represión.
Al menos 24 ciudades se unieron a las movilizaciones contra la política migratoria, algunas dentro del propio Estado de California y aparte Las Vegas, Seattle, Chicago, Nueva York, Boston, Austin, Denver y Atlanta, entre otros.
La mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas, pero hubo episodios violentos como la quema de taxis y el lanzamiento de piedras a la policía.
Las autoridades respondieron con gases lacrimógenos y armas no letales.
En la ciudad de Nueva York, miles de personas se congregaron en el Bajo Manhattan y se registraron enfrentamientos entre las autoridades policiales y un grupo de personas.
En Atlanta cientos de personas se habían congregado para protestar y seis fueron arrestadas después de que se extendiera más de lo previsto.
También hubo disturbios en una movilización en Chicago, cuando algunos manifestantes arrojaron botellas de agua a la policía.
En los Ángeles, vigilan la ciudad alrededor de mil reservistas de los 4.700 que Trump ordenó enviar. Tras el toque de queda decretado, hubo 17 personas detenidas por violar la orden que impide el paso entre las 20.00 y las 06.00 de la mañana.
La decisión dejó en las primeras menos choques entre manifestantes y policías y una reducción de los actos vandálicos.
"Desde el 6 de junio, ha habido 330 migrantes ilegales arrestados como parte de estos disturbios en Los Ángeles", de los cuales 113 con "condenas penales previas", afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa.
"El presidente Trump nunca permitirá que el gobierno de la turba prevalezca en Estados Unidos", dijo la portavoz, según la cual "el deber más básico del gobierno es preservar la ley y el orden".
Estados Unidos anunció que retiró a parte de su personal del potencialmente "peligroso" Oriente Medio, luego de que Irán advirtiera que atacará las bases estadounidenses en esa región en caso de conflicto con Washington.
La decisión se dio antes de una nueva ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos sobre el programa nuclear de Teherán.
Si "se nos impone un conflicto, la otra parte sufrirá sin duda más pérdidas que nosotros", declaró el ministro iraní de Defensa, Aziz Nasirzadeh.
"Sus bases están a nuestro alcance" y "Estados Unidos deberá abandonar la región", agregó.
Trump confirmó anoche el desplazamiento del personal estadounidense en la región porque "podría ser un lugar peligroso" en los próximos días.
"Les dimos aviso de que salieran y veremos qué sucede", indicó el gobernante republicano. Agregó que Irán "no puede tener un arma nuclear, es muy simple. No lo vamos a permitir".
Las fuerzas israelíes recuperaron los cuerpos de dos rehenes en la Franja de Gaza, según anunciaron el ejército y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, cuando Israel continúa su ofensiva en el territorio palestino.
Un comunicado del ejército indica que el cuerpo de Yair Yaakov, secuestrado durante el ataque del movimiento islamista Hamás el 7 de octubre de 2023 en Israel y muerto el mismo día, y el de otro rehén, fueron encontrados en el marco de una operación en el sur de la Franja de Gaza.
Por su lado, Netanyahu confirmó que los restos de dos rehenes, entre ellos el de Yaakov, fueron llevados a Israel.
Israel pidió a Egipto que bloquee las "provocaciones" propalestinas cerca de la Franja de Gaza, y El Cairo respondió que exigirá que los activistas extranjeros presentes en su territorio tengan una "autorización previa" para realizar cualquier manifestación.
El llamado de los israelíes apunta contra la caravana Sumud ("resistencia" en árabe), un convoy compuesto por activistas tunecinos, argelinos, marroquíes y mauritanos que se dirige hacia la Franja de Gaza, y contra una marcha internacional prevista el 19 de junio por activistas de 44 países en la frontera entre Israel y Egipto.
"Espero de las autoridades egipcias que impidan la llegada de manifestantes yihadistas a la frontera israelo-egipcia y que no los autoricen a cometer provocaciones o a intentar entrar en la Franja de Gaza", señaló el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, en un comunicado.
Por su parte, el Ministerio egipcio de Exteriores reafirmó en un comunicado la "importancia" de ejercer "presión sobre Israel", pero recordó que cualquier acción militante, prevista por las delegaciones extranjeras propalestinas, debería contar con una "autorización previa".
El magnate Elon Musk, exasesor de Donald Trump, dijo ayer que lamenta algunas de sus críticas recientes al presidente estadounidense, con quien protagonizó la semana pasada una serie de sonados ataques.
"Lamento algunas de mis publicaciones sobre el Presidente @realDonaldTrump la pasada semana. Fueron demasiado lejos", escribió Musk en su red social X.
La expresión de arrepentimiento de Musk, también jefe de Tesla y SpaceX, se produjo días después de que Trump afirmara que el multimillonario había "perdido la cabeza" y amagara con rescindir subsidios y contratos gubernamentales con sus empresas.
Trump está "agradecido" por el arrepentimiento de Musk, afirmó la Casa Blanca, dijo la portavoz Karoline Leavitt a periodistas.
El aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe, baleado en la cabeza en un atentado el sábado, muestra "indicios de mejoría neurológica", aunque continúa en estado crítico.
Es el primer parte médico que reporta una mejora desde que el senador opositor de 39 años fue hospitalizado.
"Existen indicios de mejoría neurológica. Asimismo, se evidencia tendencia hacia la estabilización hemodinámica", aunque continúa en cuidados intensivos, detalló la clínica en un comunicado.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante una alocución presidencial pidió un minuto de silencio por el senador Miguel Uribe y deseó que sobreviva.
“Hagamos un minuto de silencio esta vez por el senador Miguel Uribe Turbay y que sobreviva a sus asesinos, que son los asesinos también del pueblo de Colombia. Un minuto de silencio por favor”.
En Brasil, la Corte Suprema alcanzó ayer una mayoría entre sus jueces para endurecer las regulaciones de las plataformas digitales, en un proceso inédito en América Latina sobre su papel en la propagación de noticias falsas y discursos de odio.
La corte evalúa la constitucionalidad de un artículo del llamado Marco Civil de Internet, vigente desde 2014, que establece que las plataformas solo son responsables por daños causados por publicaciones de usuarios si se niegan a acatar un mandato judicial para eliminar esos contenidos.
Aunque se analizan casos puntuales, lo que defina el tribunal sentará jurisprudencia que deberá aplicarse de manera general en Brasil.
Seis de los once magistrados ya se pronunciaron por una mayor responsabilización de las empresas tecnológicas sobre los contenidos publicados por los usuarios.
Estos jueces consideraron que las empresas tecnológicas deben fiscalizar y eventualmente retirar contenidos ilícitos por su propia iniciativa, sin necesidad de intervención judicial como dicta el marco regulatorio actual.
Un juez votó por mantener el artículo como está y cuatro aún deben pronunciarse.
Google apuntó en un comunicado que eliminar las reglas que separan la responsabilidad de las plataformas y de los usuarios "no contribuirá a poner fin a la circulación de contenidos indeseados en internet".
"Las buenas prácticas de moderación de contenido por parte de empresas privadas son incapaces de lidiar con todos los contenidos controvertidos", dijo el gigante tecnológico, y abogó porque sea la justicia la que establezca "la frontera entre discursos ilícitos y críticas legítimas".
Los precios del petróleo subieron fuertemente impulsados por tensiones geopolíticas en Irak, mientras los inversores permanecen escépticos sobre la firma de un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.
El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en agosto ganó 4,34% y alcanzó 69,77 dólares.
Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en julio subió 4,88% y llegó a 68,15 dólares, su nivel más alto desde abril.
El alza de los precios se aceleró después de que Estados Unidos anunciara que reduciría el personal de su embajada en Irak por razones de seguridad
Rusia y Ucrania canjearán hoy prisioneros de guerra "gravemente heridos", indicó Moscú, en una nueva fase del acuerdo concluido en las recientes negociaciones en Turquía entre ambos bandos.
"Comenzaremos los ‘intercambios sanitarios’ urgentes de prisioneros gravemente heridos", dijo el principal negociador de Rusia, Vladimir Medinsky, en las redes sociales.
Ucrania devolvió los cuerpos de 27 soldados rusos muertos, agregó.
La expresidenta argentina Cristina Kirchner pidió cumplir en su apartamento la pena de seis años por corrupción que le fue confirmada por la justicia, mientras su defensa denunció "persecución política" ante la Corte Penal Internacional y sus simpatizantes mostraban su indignación.
Sus abogados pidieron que la líder peronista de 72 años cumpliera su pena en su apartamento en el barrio de Constitución en Buenos Aires.
"Pedimos la prisión domiciliaria que se le da a las personas que tienen más de 70 años", dijo el letrado Carlos Beraldi a periodistas. "No estamos pidiendo privilegios, sino que se le dé el mismo tratamiento que a cualquier otra persona en la misma situación jurídica", prosiguió.
Al recordar que en 2022 un hombre apretó dos veces el gatillo de una pistola a centímetros de la cabeza de Kirchner sin que salieran las balas, Beraldi argumentó que la exmandataria "fue víctima de un atentado y todavía los autores intelectuales no fueron individualizados".
Paralelamente, el abogado Gregorio Dalbón viajó a La Haya para denunciar ante la CPI una "persecución política" contra la principal opositora al gobierno de Javier Milei.
El presidente argentino, Javier Milei, dijo ante el Parlamento israelí que el anunciado traslado de la embajada de su país a Jerusalén se efectuará en 2026.
Ante la Knéset, adonde fue invitado con ocasión de su segundo viaje a Israel, Milei dijo sentirse "orgulloso" de precisar que "haremos efectiva la mudanza de la embajada argentina" a Jerusalén Oeste en 2026, desde su actual sede, cerca de Tel Aviv.
“Tengo el orgullo de anunciar ante ustedes que en 2026 haremos efectiva la mudanza de nuestra embajada a la ciudad de Jerusalén occidental como lo prometimos”.
Solo Estados Unidos, Paraguay, Guatemala, Honduras, Kosovo y Papúa Nueva Guinea tienen embajada en Jerusalén, algo que rompe con el consenso internacional.
En Bolivia, dos policías muertos y varios heridos es el saldo de los enfrentamientos registrados ayer entre uniformados y campesinos seguidores del expresidente Evo Morales que bloquean carreteras, informó el Ministerio de Gobierno.
Grupos de partidarios del líder cocalero protestan desde la semana pasada contra la gestión del presidente Luis Arce, a quien culpan de la crisis económica y de manipular las instituciones para dejar al exgobernante fuera de las elecciones del 17 de agosto.
Los incidentes se registraron en Llallagua, un poblado minero en la región de Potosí y en una vía que conecta La Paz con Cochabamba, el bastión político de Morales.
Los hechos se produjeron cuando un grupo antimotines fue emboscado por algunos de los campesinos que bloquean las vías.
En Brasil, los jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) formaron ayer una mayoría de votos para responsabilizar a las redes sociales por los contenidos publicados por sus usuarios, durante el juicio de acciones que cuestionan puntos del Marco Civil de Internet.
Hasta el momento, con variaciones de forma, los ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Luís Roberto Barroso, Flávio Dino, Cristiano Zanin y Gilmar Mendes votaron favorablemente a la obligatoriedad de moderación por parte de las propias plataformas para la remoción de contenido ilegal, sin necesidad de órdenes judiciales.
Por ahora, solamente el ministro André Mendonça votó para que la retirada de contenidos dependa, de manera general, de una determinación judicial. Se mostró a favor de la llamada autorregulación, alegando que la legislación actual ya posee instrumentos para la remoción de contenidos indebidos.
El juicio fue suspendido tras el voto de Mendes y deberá ser retomado el jueves para su probable conclusión, con los votos de los cuatro ministros restantes. Hasta su finalización, los ministros pueden cambiar sus votos.
Además del juicio en el STF, el tema también está en discusión en el Congreso desde hace al menos dos años, pero no fue llevado a votación en medio de una fuerte presión de las llamadas "big techs".
En la sesión del miércoles en el STF, el ministro Dino exhibió publicaciones en redes sociales que incentivan masacres en escuelas brasileñas para justificar la exclusión de esos contenidos por parte de las propias empresas. "La responsabilidad no impide la libertad. La responsabilidad evita la barbarie, evita tiranías", dijo Dino.
El voto que formó la mayoría fue el del decano del STF, Mendes, quien, en una manifestación extremadamente crítica, llegó a citar la instrumentalización de esas plataformas incluso para ataques a las instituciones, como ocurrió el 8 de enero de 2023. El magistrado afirmó que, sin una intervención regulatoria que altere la lógica de los incentivos económicos a las plataformas con el aumento de las publicaciones, las iniciativas puntuales de moderación de contenido se muestran estructuralmente insuficientes para reducir daños a las democracias.
Las plataformas de redes sociales defienden el mantenimiento del modelo actual, en el que solo pueden ser responsabilizadas por daños causados por contenidos de usuarios si incumplen una decisión judicial que determine la eliminación de las publicaciones.
En un comunicado anterior a la votación de este miércoles en el STF, Google, de Alphabet, afirmó que el Marco Civil de Internet puede y debe ser mejorado, siempre que se establezcan garantías procedimentales y criterios que eviten inseguridad jurídica y la remoción indiscriminada de contenido. La plataforma dijo que ya remueve, con eficiencia y a gran escala, contenidos que violan las reglas de cada una de sus plataformas.
Meta, propietaria de Facebook e Instagram, afirmó también en un posicionamiento anterior que está comprometida en "mejorar continuamente nuestros sistemas y políticas para ayudar a mantener a las personas seguras al usar nuestras aplicaciones".
(Marcelo Silva de Sousa, corresponsal en Brasil)
En Argentina, el día después de la condena a Cristina Kirchner dejó entrever cómo el panorama político empieza a readecuarse al nuevo escenario. Por lo pronto, en el peronismo hubo declaraciones de unánime solidaridad y apoyo a la ex presidente, por parte de gobernadores provinciales, legisladores, intendentes y dirigentes sindicales.
Todos elogiaron el llamamiento que hizo Cristina a aprovechar esta situación para renovar la mística militante y organizar un frente opositor para enfrentar a Javier Milei. Pero, detrás de las declaraciones, también empieza a verse que no será fácil concretar esa unidad.
El propio diputado Máximo Kirchner, el hijo de Cristina, dijo que la interna peronista es “un festival de vanidades y egos”. Desde hace meses su sector está en una disputa con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por la conducción del espacio.
Varios de los gobernadores provinciales que se han mostrado más dialoguistas con el gobierno de Milei emitieron comunicados de solidaridad, pero se cuidaron de no hacer mención a que Cristina siga manteniendo el liderazgo. Algunos incluso pidieron “autocrítica” en el peronismo.
También el movimiento sindical tuvo una actitud ambigua. Hubo declaraciones de apoyo a la ex presidente, pero no hay consenso sobre llamar a un paro general de repudio a la condena.
Mientras tanto, Cristina Kirchner dedicó las primeras horas tras su condena al reencuentro con las multitudes. Su departamento del barrio de Constitución se transformó en lugar de peregrinaje para miles de militantes que pasaron toda la jornada cantando consignas de apoyo. Desde el balcón, la ex presidente estuvo horas saludando.
Ese mismo departamento sería, en principio, el lugar donde pasará la prisión domiciliaria, aunque todavía hay conjeturas sobre si tendrá un previo pasaje de algunos días por un centro de detención.
En los medios se polemiza sobre detalles como si concurrirá por su cuenta a notificarse de la decisión de la Corte o si la debe conducir la fuerza pública, y si estará obligada a usar las tobilleras con las que se monitorea a quienes tienen prisión domiciliaria.
El otro tema que ocupó amplio espacio es el resarcimiento económico que se pide a los condenados por la causa Vialidad, y que supera los 500 millones de dólares. A Cristina le corresponde pagar unos 70 millones de dólares, una cifra que multiplica varias veces su patrimonio declarado.
Y en el plano de la estrategia judicial, los asesores de Cristina anunciaron que ahora empezará la etapa de difusión internacional sobre este caso. Se planteará un recurso ante el tribunal penal internacional de La Haya, cuyas decisiones no son vinculantes en Argentina.
Pero la intención es que se genere una corriente de apoyo internacional. Es una estrategia que se inspira en lo que, en su momento, hicieron los dirigentes del partido de los trabajadores de Brasil, y que derivó en la liberación de Lula Da Silva.
De hecho, el propio Lula llamó por teléfono a Cristina para solidarizarse y darle consejos.
En el debate judicial, otro tema central es el de la posibilidad de que Cristina pueda ser beneficiada por un indulto presidencial. Ya hubo dirigentes peronistas que dijeron que, si ganan la elección de 2027, esa deberá ser la primera medida.
Sin embargo, hay discusión sobre si, en el caso de condenas por corrupción, eso es factible o si sería violatorio de la constitución.
(Fernando Gutiérrez, corresponsal en Argentina)
