Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
El Frente Amplio (FA) y los partidos de la coalición de gobierno debatieron ayer en el Senado en torno al caso de Alejandro Astesiano, el ex custodio personal del presidente de la República, que se encuentra en prisión preventiva por su presunta participación en una red que fraguaba documentos con los que gestionaba pasaportes uruguayos para ciudadanos extranjeros.
La oposición había citado al ministro del Interior Luis Alberto Heber en régimen de comisión general por lo que la sesión, que finalizó pasada la medianoche, no tuvo consecuencias políticas.
Heber concurrió junto a la cúpula del Ministerio del Interior. Además asistieron el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, y el titular de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, Álvaro Garcé. Ambos habían sido citados por el FA pero ninguno de los dos estaba obligado a concurrir.
El senador convocante, Alejandro Sánchez (del MPP) sostuvo que el gobierno perdió una oportunidad de pedir disculpas. Sánchez repitió varias veces que por “la desidia” de las autoridades se instaló “en el corazón del gobierno, en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva, una banda criminal” liderada por Astesiano.
“Desde la Presidencia de la República se le abrieron las puertas de par en par al crimen organizado, montándose un esquema de corrupción para dar pasaportes para actividades ilegales a nivel internacional”,
El ministro Heber reiteró que el presidente Luis Lacalle Pou fue traicionado en su confianza y enfatizó que fue “auténtico” en responsabilizarse por la designación de Astesiano.
“Qué horrible no creer en nada, qué triste es no creer en la autenticidad de la gente, que alguien pueda tener un asombro de un desengaño y lo ponen como una cuestión de un teatro que lo inventó el presidente. ¿Por qué lo iba a inventar? ¿Qué tenía él que ocultar? Ni ocultó su desilusión, habló francamente de lo que le estaba pasando. Están acusando al presidente de hacer un show. Tener esa actitud es peor para quien la tiene. No para que lo hace auténticamente”.
En un momento de su primera intervención Heber sostuvo que la red de la que formaba parte Astesiano ya funcionaba en 2013.
“Esto no empezó con Astesiano, por lo tanto no se puede decir que se instaló en la Torre Ejecutiva una organización criminal” por parte del ex custodio, planteó Heber.
El ministro reveló que la Dirección Nacional de Identificación Civil detectó en 2013 el primer caso de un ruso que pretendió obtener la cédula de identidad y el pasaporte presentándose como hijo de uruguayos.
Heber sorprendió cuando mostró una carta enviada ese año a la Dirección de Identificación Civil, desde Presidencia de la República. La misiva estaba firmada por María Minacapilli, la secretaria del entonces presidente José Mujica. En el texto, Presidencia daba cuenta de un planteo que había hecho llegar al Poder Ejecutivo Alex Silvaev, el ciudadano ruso que ahora, en setiembre, fue formalizado junto a Astesiano. En la carta, Silvaev se quejaba, junto a otros rusos, por la demora en la entrega de la documentación por una supuesta discriminación.
El ministro observó que desde “Presidencia” se quiso “apurar” la entrega de esa documentación que se basaba en partidas de nacimiento apócrifas.
“¿Qué podemos decir a esto? Si yo tuviera mala intención, ¿qué haría con esto? ¿Decir que la Presidencia apuró un pasaporte falso? No, no tengo esa mala intención”, dijo Heber.
Luego aseguró que desde 2013 a 2019 Identificación Civil emitió 140 pasaportes irregulares a rusos y 55 hizo en el actual gobierno. “¿Querían toda la verdad? ¡Esto empezó en 2013!”, exclamó.
Sánchez respondió que de la carta de Presidencia del año 2013 Heber omitió leer que el gobierno “no solicita nada” a la Dirección de Identificación Civil y simplemente se traslada una queja por supuesta discriminación. Usted “dejó entrever que se trataba de apurar el pasaporte, que además no se dio”, replicó Sánchez. Eso es mala leche”, dijo Sánchez.
Otra parte del debate giró en torno al cargo de Astesiano. En su respuesta a las preguntas de Sánchez, el prosecretario de Presidencia Rodrigo Ferrés dijo que Astesiano “nunca fue el jefe de la seguridad presidencial”.
Ferrés explicó que debido a la normativa vigente no se puede designar a un civil para ese puesto y que el gobierno nombró al comisario Ricardo Martínez. En cambio, indicó que Astesiano tenía “un contrato de adscripto” para tareas de seguridad personal del primer mandatario, amparado en una normativa aprobada en 2006 que habilita a contratar a civiles para esas funciones.
Minutos después Sánchez aseguró que Ferrés “mintió” al decir que Astesiano no era Jefe de la Seguridad Presidencial. El senador frenteamplista citó documentos oficiales en los que Astesiano figura como “Jefe de la Seguridad Presidencial”. Además exhibió una notificación en la que Astesiano firma con un membrete que dice “jefe de la Seguridad Presidencial”.
"Le mienten al Parlamento en la cara (…) tengo una nota de Astesiano con sello de seguridad de Presidencia".
Ferrés replicó que esas menciones que esgrimió Sánchez “son errores administrativos” y lo que vale es la resolución en la que se designa al comisario Ricardo Martínez como Jefe de la Seguridad Presidencial.
Respecto a este punto, varios senadores del Frente Amplio acusaron al gobierno de intentar “minimizar” el rol y el cargo de Astesiano. El senador del Partido Comunista Óscar Andrade sostuvo que “es escandaloso” que Astesiano firmara documentos con un membrete de “jefe de la Seguridad Presidencial” y nadie en Presidencia se diera cuenta.
En otra de sus intervenciones, el ministro Heber detalló los antecedentes penales de varios custodios de los ex presidentes Tabaré Vázquez y José Mujica, entre ellos asistencia al narcotráfico, homicidio y lesiones personales.
Además, advirtió Heber, dos de los ex custodios de presidentes frenteamplistas que cuentan con antecedentes penales ejercen hoy funciones como funcionarios de seguridad en la Intendencia de Montevideo (IMM).
“Por no revisar las anotaciones de Astesiano juzgan al presidente, pero por no chequear los antecedentes penales, el Frente Amplio no juzga a los propios”, dijo Heber.
Heber enumeró que en el primer gobierno de Tabaré Vázquez el jefe de la custodia, José Fabra, poseía antecedentes judiciales por haber sido procesado (sin prisión) en el año 2000 por uso y retención ilícita de armas.
En mayo de 2021, Fabra fue contratado por la IMM “para desempeñar tareas de asesoramiento en materia de seguridad, logística y convivencia respecto a la intervención en la zona del ex Mercado Modelo”, de acuerdo a la resolución de aquel momento.
En ese mismo período estaban el custodio Luis Ferreira, que en 1991 había sido procesado por abuso de funciones en reiteración real y lesiones personales, y en 2007 (durante el gobierno de Vázquez) por lesiones personales (con prisión).
También mencionó el caso de Diego Romero, que tenía antecedentes de 2004 por lesiones personales y de 2006 por asistencia al narcotráfico (con prisión).
En cuanto al período de 2010 a 2014, en el gobierno de José Mujica, se presentó el caso de José Rodríguez, que poseía antecedentes judiciales de 2002 por el delito de Estupefacientes (art. 31 de la Ley 14.294).
También está el caso de Gonzalo Frattini, que en 2011 fue procesado por lesiones graves; y de Juan Ignacio Rodríguez, que en 2002 fue procesado también por un delito de Estupefacientes.
También se presentó el caso de Juan Lanza, que fue procesado en realidad en 2017 por el homicidio de su expareja.
Además se dio cuenta del caso de Carlos Haller, jefe de Servicio de Seguridad Presidencial, designado —según advirtió el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés— de forma irregular Jefe de Servicio de Seguridad Presidencial por ser civil. Según el Artículo 4º del Decreto 16/2006 dicho cargo debe ser ejercido por un Oficial Jefe Superior del Escalafón Ejecutivo de la Policía Nacional.
En cuanto a sus antecedentes judiciales, Heber señaló que estos fueron borrados y su prontuario retirado en 2013 por Secretaria de Derechos Humanos de Presidencia. Varios senadores frenteamplistas defendieron a Haller, y sostuvieron que sus antecedentes fueron borrados por la ley de amnistía de 1986, que borró antecedentes de quienes estuvieron presos en dictadura.
En cuanto al segundo gobierno de Vázquez, se dio cuenta del caso de Rodrigo Verdier, que en 2014 tuvo un antecedente por conducir en estado de embriaguez.
Por resolución de la comuna del 10 de febrero de 2020, Verdier fue designado en la IMM “en pase en comisión” como funcionario del Ministerio del Interior “para desempeñar tareas de conductor de vehículos”.
Heber también mencionó a Robert Dos Reis, que tenía antecedentes judiciales de 1998 por abuso de autoridad; el de Pablo Sbreso, que en 2009 había cometido un delito de acontecimiento con arma apropiada en concurso formal con un delito de lesiones personales (con prisión); y por último el de Miguel Píriz, que en 2019 fue procesado por conducir sin autorización.
En este punto, varios senadores, frenteamplistas criticaron Heber por investigar las gestiones frenteamplistas, en vez de centrarse en la designación de Astesiano.
Otro punto del debate fue la información que recibió el presidente Luis Lacalle Pou en 2020 y 2021 cuando consultó al Ministerio del Interior sobre los antecedentes de Astesiano.
El subsecretario de Interior, Guillermo Maciel, sostuvo que Astesiano es un “primario legal” debido a que sí tenía antecedentes penales por una causa de estafa en 2013, pero los mismos se extinguieron por la suspensión condicional de la pena.
De todas formas, Maciel dijo que esa información debió haber aparecido en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SSGP) del Ministerio del Interior, ya que esa base de datos toma información del Departamento de Legajos de la Dirección de Policía Científica, donde constan los antecedentes judiciales penales de las personas. Sin embargo, esos datos no figuraban cuando el Presidente de la República consultó al Ministerio del Interior sobre el prontuario de Astesiano
Maciel explicó que eso se debió a que la cédula de Astesiano fue disociada del SSGP en 2015, como concluyó una investigación del Ministerio del Interior hace dos semanas. Por ese hecho fue sumariado el director de Identificación Criminal, Comisario Mayor Gonzalo Vázquez.
Por otro lado, Maciel dijo que un procesamiento sin prisión por estafa en 2002, no figura ni en el SSGP ni en los registros de Policía Científica. Maciel dijo que de la búsqueda realizada surge que otra persona fue imputada por ese mismo delito en la misma fecha.
El senador Sánchez, por su lado, señaló que cuando el presidente preguntó al Ministerio del Interior por los antecedentes de Astesiano, la cartera consultó equivocadamente el SSGP, cuando debió consultar directamente el Departamento de Legajos de la Dirección de Policía Científica.
Sánchez dijo que tampoco se sabe de qué forma Lacalle Pou solicitó los antecedentes de Astesiano; si fue de forma verbal o a través de un expediente.
Por su lado, el titular de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, Álvaro Garcé, aclaró que no está entre sus competencias realizar investigaciones sobre el personal de seguridad de Presidencia.
Garcé admitió que antes de asumir su cargo tomó conocimiento de las anotaciones de Astesiano y se las hizo saber a Lacalle Pou. Dijo que él informó al presidente solo por “lealtad” pero no realizó otra acción porque no era funcionario.
Por otra parte, Heber, sostuvo durante la sesión que se detuvo a Astesiano el 25 de setiembre, y que el 26 se inspeccionó su casa, no antes.
Así, contestó a la pregunta de Sánchez, quien puso en dudas si Astesiano fue advertido con anticipación de su detención, algo que le habría permitido eliminar algunos mensajes que tenía en su celular.
Heber señaló que la pregunta realizada por el senador estaba cargada de "suspicacia", algo que le generaba "indignación".
El jerarca también aseguró que se enteró días antes de la orden de detención contra Astesiano, pero prefirió no hacérselo saber al presidente porque este estaba de viaje , en vacaciones con sus hijos. "Opté por hablar con el presidente luego de que Astesiano fuera detenido", añadió.
A su vez, Heber resaltó que el escribano implicado en el caso fue detenido tres días antes que Alejandro Astesiano.
La Policía Nacional todavía no emitió ninguna alerta roja a Interpol sobre ninguno de los ciudadanos rusos que obtuvieron pasaportes uruguayos.
El pedido fue realizado hace 10 días por la fiscal del caso Astesiano, pero la Dirección de Crimen Organizado, de la Policía Nacional, no recibió ninguna orden judicial, consigna hoy Búsqueda.
La Policía tampoco ha detectado hasta el momento que los rusos con pasaporte uruguayo tengan una alerta roja emitida por otro país, afirmaron fuentes policiales citadas en la crónica.
Ayer, en su comparecencia en el Parlamento, el ministro Luis Alberto Heber señaló que desde 2013 fueron entregados 195 pasaportes irregulares a ciudadanos rusos que falsificaban partidas de nacimiento uruguayas.
“No sabemos para qué son; tenemos que averiguar”, admitió Heber y añadió: “Puede ser para la mafia; puede ser para espionaje. Son todos sospechosos”.
INTERNACIONAL
La Asamblea General de la ONU condenó por una amplísima mayoría lo que consideró "la anexión ilegal" por Rusia de cuatro territorios de Ucrania.
La declaración, presentada por Ucrania y Albania, y copatrocinada por más de setenta países, fue aprobada con 143 apoyos y cinco votos en contra, que fueron de Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Nicaragua y Siria. En la votación hubo 35 abstenciones, entre ellas las de China, Bolivia y Honduras.
El texto sostiene que fueron "actos ilícitos" los referendos que se hicieron en Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporiyia, que supuestamente dieron la victoria a la opción de la anexión. La resolución asegura que "no tienen validez alguna (…) ni sirven para modificar de ninguna manera el estatuto de esas regiones en Ucrania".
Tras la aprobación, el presidente estadounidense, Joe Biden, emitió un comunicado en el que destacó que "el mundo ha enviado un claro mensaje" a Rusia: "no puede borrar del mapa a un Estado soberano".
La Unión Europea acordó adoptar sanciones contra los funcionarios responsables de la represión de las protestas en Irán.
El acuerdo alcanzado por los embajadores de la UE deberá ser confirmado el próximo lunes en una reunión de cancilleres.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, impulsó la resolución en un discurso brindado ante los embajadores.
"Este es un reclamo por igualdad, por los derechos de las mujeres, y nuestro mensaje debe ser muy claro: debemos pedir que cese la violencia. Las mujeres deben poder elegir. Y debemos responsabilizar a los responsables de la represión a las mujeres. Este es el momento de sancionar a estas personas que son responsables, la impactante violencia infringida contra los iraníes no puede quedar sin respuesta, tenemos que trabajar en sanciones".
Las fuerzas de seguridad iraníes dispersaron el miércoles con balas y gases lacrimógenos las últimas manifestaciones. Las organizaciones civiles estiman que la represión dejó hasta ahora al menos 108 muertos.
Las protestas estallaron hace casi un mes debido a la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por la policía de la moral por el supuesto mal uso del velo.
El Congreso de Perú anunció que decidirá en las próximas dos semanas si abre un antejuicio al presidente, Pedro Castillo, después de que la fiscalía lo acusara de dirigir una organización criminal.
La primera instancia de la denuncia en el Congreso será en la subcomisión de Asuntos Constitucionales, que deberá decidir en los próximos 10 días hábiles si inicia un antejuicio contra el presidente.
Si el antejuicio se aprueba, podría durar entre dos y tres meses y ofrecería al mandatario la posibilidad de defenderse ante la subcomisión.
Si el proceso llega al pleno, para la suspensión de Castillo serán necesarios 66 de los 130 votos en un Congreso dominado por la oposición.
A su vez, la subcomisión de Acusaciones Constitucionales ya venía trabajando en una acusación contra la vicepresidenta, Dina Boluarte. El informe final estaba anunciado para la semana que viene, y su votación en el pleno podría derivar también en una suspensión.
Si tanto Boluarte como Castillo son suspendidos, el Ejecutivo quedaría en manos del presidente del Congreso, el opositor José Williams Zapata.
Estados Unidos acordó con México aceptar la entrada de hasta 24.000 migrantes venezolanos por avión y devolver hacia territorio mexicano a aquellos que entren ilegalmente por su frontera sur.
En un comunicado, Washington señaló que "existe una forma legal y ordenada para que los venezolanos entren a Estados Unidos y la entrada legal es la única forma".
Para ingresar legalmente, el solicitante debe presentar una petición respaldada por una persona u organización basada en Estados Unidos.
No podrán anotarse quienes fueron expulsados de Estados Unidos en los últimos cinco años ni quienes entren irregularmente, a partir de ahora, a México o a Panamá.
Los venezolanos aceptados serán autorizados individualmente para viajar a Estados Unidos por vía aérea directamente.
Durante los últimos años, el número de personas que huyen de Venezuela, gobernada por Nicolás Maduro, se ha disparado en toda América. Actualmente se calcula que hay más de 5,9 millones residiendo en Latinoamérica, de los cuales 2,4 millones están en Colombia, según datos de la ONU.
El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un préstamo de 700 millones de dólares para Argentina con el fin de fortalecer las finanzas públicas y proteger el gasto social.
De acuerdo a un comunicado del BID, el crédito contribuirá a que Argentina "cubra sus necesidades de financiamiento de corto plazo y proteja el gasto social a grupos vulnerables y en infraestructura, mientras se implementan reformas para reducir el déficit público, promover la estabilidad de los precios y asegurar la sostenibilidad de la deuda".
El financiamiento del BID "está alineado" con los objetivos del programa de ayuda firmado en marzo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional, añade el documento.
En setiembre el BID anunció que otorgará créditos por casi 5.000 millones de dólares a Argentina este año y el próximo.
El anuncio del crédito coincide con la llegada del ministro de Economía argentino, Sergio Massa, a Washington para participar en las reuniones anuales del FMI.
El viernes pasado el FMI anunció la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con Argentina, lo cual le permitirá desembolsar inmediatamente unos 3.800 millones de dólares. Sin embargo, la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, consideró que la situación del país es "frágil".
En Brasil, en el feriado de Nuestra Senhora de Aparecida, patrona de los brasileños, el presidente Jair Bolsonaro viajó al santuario en la ciudad de Aparecida, interior de San Pablo, donde participó de una misa rodeado de ministros.
La presencia de Bolsonaro generó polémica, y algunos asociaron la carta publicada la víspera por la Conferencia Nacional de Obispos como una crítica velada al uso de la religión en la campaña al balotaje del 30 de octubre, tanto por parte de Bolsonaro como de Lula.
VOLVEMOS AL PANORAMA NACIONAL
La embajadora del Estado de Palestina en Montevideo, Nadya Rasheed, rechazó la idea del presidente Luis Lacalle Pou de abrir una oficina comercial de Uruguay en la ciudad de Jerusalén.
“Esperamos que Uruguay no siga adelante con su plan”, dijo Rasheed hablando con el semanario Búsqueda, y subrayó que esa era la posición de los 22 países del Grupo Árabe, entre los que se encuentran Catar, Arabia Saudita, Argelia, Túnez y Egipto entre otros.
La embajadora Palestina añadió sobre la intención de Lacalle Pou que Uruguay “estaría ubicándose en un lugar que quizá no es en el que quisiera estar”.
Dijo también que este tema, “muy sensible no sólo para Palestina sino también para todo el mundo árabe”, puede afectar la relación y el comercio del país con esa parte del mundo.
Estas declaraciones se conocieron luego de que Rasheed y los embajadores de Catar y Arabia Saudita mantuvieran una reunión que ella calificó de “muy positiva”, y una conversación que consideró “amigable y constructiva” con el presidente Luis Lacalle Pou y el canciller Francisco Bustillo, para “intercambiar visiones”, dijo.
Más allá del tono amable, la diplomática palestina dejó en claro el rechazo de los 22 países del Grupo Árabe al plan del gobierno uruguayo de instalar, antes de que termine la actual administración, una oficina de innovación y comercio en Jerusalén, una ciudad en disputa que tanto israelíes como palestinos reclaman como su capital.
En septiembre pasado, cuando recibió el Premio Jerusalén de manos de la Organización Sionista del Uruguay, Lacalle Pou reiteró el compromiso de instalación de esta oficina comercial, que había sido una suerte de promesa en campaña electoral.
El economista Rodrigo Arim, actual rector de la Universidad de la República (UdelaR) fue reelecto esta semana para ese cargo por la Asamblea General del Claustro (AGC) con un amplio apoyo de 93 votos en 112 acreditados.
En la primera asamblea, dos semanas atrás, Arim, único candidato, estuvo a sólo cuatro votos de los 75 necesarios -dos tercios del total- para ser nombrado en aquel momento, pero el martes pasado superó por lejos ese umbral pese a que sólo necesitaba 57 voluntades para ser reelecto.
Arim, de 50 años, contó con el apoyo de los delegados integrantes de la Corriente Gremial Universitaria presentes en sala -en estudiantes y egresados- y de todos los centros de estudiantes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay acreditados.
No estuvieron presentes estudiantes de las facultades de Medicina, Psicología, Química, Veterinaria y Humanidades y Ciencias de la Educación, consignó La diaria.
La presidenta de la Asamblea General del Claustro -la psicóloga Alejandra López- leyó una carta de parte de todos los decanos y directores de Cenur y del Hospital de Clínicas, que no tienen voto en la elección, en la que se reconoció que Arim “dio respuesta al mayor crecimiento en décadas de los ingresos estudiantiles y concretó transformaciones largamente esperadas como la creación de un nuevo Centro Universitario Regional y una nueva Facultad”.
El subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, anunció ayer que denunciará penalmente al exdirector de Turismo Martín Pérez Banchero, luego de que este último lo acusara de ser “un máquina de cobrar viáticos”.
Monzeglio, hablando con Teledoce, acusó a Pérez Banchero de mentir ante la comisión investigadora del Parlamento y ante la Justicia durante las investigaciones por la contratación de la empresa fantasma Kirma Services, que decantó en la renuncia del exministro Germán Cardoso.
“Voy a ir judicialmente contra una persona que dijo entre otras cosas que yo mentí en fiscalía y mentir en fiscalía es un delito. Entonces, el doctor Pérez Bancher, si tiene algo que hacer que denuncie. Además va a tener que responder por qué dijo que yo mentí en fiscalía. Porque yo no mentí en ningún momento”.
El subsecretario dijo que su abogado, Andrés Ojeda, “va a llevar todo a la Justicia”.
Ojeda, hablando con La diaria, explicó que aún se están “juntando las declaraciones públicas de Pérez Banchero” y que buscan hacerse “de las declaraciones ante la Fiscalía”. La carátula de la denuncia dependerá de lo que encuentren en los dichos del exdirector de Turismo.
La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) decidió contratar al abogado constitucionalista Martín Risso para que elabore un informe sobre la ley que regula la presentación de declaraciones juradas por parte de los funcionarios públicos y, en particular, la información de los cónyuges.
La posición de Risso, contraria a esa norma sobre la que deberá dar opinión, es conocida.
De hecho, Risso es uno de los constitucionalistas que contrató el senador blanco Juan Sartori para lograr que se declare inconstitucional el artículo 12 de la “ley cristal”, donde se establece que los funcionarios públicos deben entregar información sobre sus cónyuges o concubinos, consigna hoy Búsqueda.
La Jutep, con votación a favor de su presidenta Susana Signorino -de Cabildo Abierto- y de su vicepresidente Guillermo Ortíz -del Partido Nacional- y el voto en contra de la vocal Ana Ferraris -del Frente Amplio, decidió contratar el asesoramiento de Risso pese a que ya tiene un informe externo que considera legal los datos de los cónyuges. Esas conclusiones, incluso, fueron aprobadas por unanimidad por el actual directorio.
La referente de la olla popular “Marconi tiene esperanza”, del barrio Marconi, de Montevideo, desmintió al Ministerio de Desarrollo Social, y luego hubo réplica y contrarréplica.
El ministro Martín Lema había denunciado públicamente que un equipo de su cartera inspeccionó la olla y merendero el martes pasado y que había “cero comensales”.
La referente del lugar, Lourdes Gómez, hablando con Telemundo, explicó que los almuerzos se brindan tres días a la semana: lunes, miércoles y viernes.
Sin embargo, desde el ministerio difundieron un escrito que indica que esa olla popular pidió insumos para dar almuerzos de lunes a viernes.
Gómez dijo entonces que cuando un equipo del Mides hizo la recorrida, el lugar estaba cerrado porque era mediodía de martes cuando desde hace algunas semanas ya no dan alimentos
“El acta decía que lunes, miércoles y viernes nosotros brindábamos el almuerzo. Ese fue el acta que yo firmé. Yo lo leí y lo decía. El acta que ellos tienen o que presentaron no sé de dónde la sacaron, yo firmé la que decía que sí damos almuerzo. Tenemos pruebas, tenemos fotos, videos, tenemos a los vecinos que nos apoyan en todo eso”.
Luego, la directora territorial de Montevideo del (Mides) Carolina Murphy, afirmó que “lo que se dice es falso”. Publicó la foto de una hoja con información sobre las características del merendero, acompañada del siguiente mensaje: “Dejamos constancia que el pedido de insumos para almuerzo fue de lunes a viernes a las 13:30 horas para 280 platos. La propia referente declaró ayer en acta que solo brindaba cena. Desde Telemundo trascendió que hoy al almuerzo solo habían 2 personas”, escribió la jerarca del ministerio que conduce el nacionalista Martín Lema.
El presidente Luis Lacalle Pou viajó ayer a la localidad de Sarandí Grande -departamento de Florida- con motivo del aniversario número 197 de la Batalla de Sarandí.
El mandatario cortó la cinta de inauguración del Complejo Deportivo del club Barrio Viña, de esa localidad, donde jugó un “picado” con niños un rato después de haber izado la nueva bandera de Sarandí Grande.
ECONOMÍA Y EMPRESA
Antel firmó un acuerdo con Disney, que le permitirá ser distribuidor en Uruguay de los servicios de streaming de la compañía de entretenimiento.
De este modo, quienes sean clientes de Antel podrán acceder a los contenidos de Disney+ y Star+, y a Combo+, la oferta comercial que pone a disposición la suscripción a ambas plataformas independientes entre sí, a través de distintos planes que se lanzarán en el futuro.
El acuerdo permitirá a los clientes de Antel acceder al fútbol uruguayo, las más importantes ligas de fútbol a nivel internacional, los principales eventos deportivos del mundo, además de películas, series y especiales, a través de Star+ y Disney+, las plataformas de streaming de The Walt Disney Company.
El presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, señaló que este acuerdo “será de un gran beneficio para los clientes de Antel, tanto de telefonía móvil como de banda ancha fija.
Añadió que “el acuerdo con Disney forma parte de una estrategia definida para que Antel siga siendo la empresa líder de telecomunicaciones en el país, en este nuevo escenario de mayor competencia que se está dando”.
Indicó además que se trata del acuerdo de contenidos más grande e importante que Antel ha logrado en su historia, y se incorpora a las ofertas de entretenimiento, deportes e información nacional, ya disponible para los clientes.
Antel perdió 1.010 usuarios respecto a las compañías privadas de telefonía celular desde la puesta en vigencia de la portabilidad numérica seis meses atrás, según datos oficiales de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) divulgados ayer. No obstante, incrementó su participación en el mercado.
El total de usuarios que ha cambiado de compañía manteniendo el número de celular, es de 43.324.
Claro ganó 705 usuarios; Movistar ganó 305, y Antel perdió 1.010.
Las solicitudes de portación han venido decayendo, al menos hasta junio -último mes medido- cuando fueron 19% menos que en mayo.
El informe del mercado de telefonía que realiza la URSEC muestra que al cierre de junio había 6.026.217 servicios móviles, un aumento de 2,6% respecto a la cantidad verificada en el segundo semestre de 2021 (5.871.466).
En el reparto por operador, la URSEC indicó que 3,3 millones correspondieron a Antel, que tiene el 56% del mercado, cuando en la anterior medición tenía
51,24%. Movistar tiene 1,6 millones 27% del total; a fines de 2021 tenía 30,7%. Y Claro tiene un millón de servicios que representan el 17% del total; en la anterior medición tenía 18.03%.
Reanudó su actividad el Frigorífico Rosario, luego de haber estado un año cerrado, por una sanción que aplicó China, mercado al que le exportaba casi la totalidad de su producción.
La noticia significó el reintegro a sus tareas de unos 250 de los algo más de 300 funcionarios que trabajaban previo al cierre, y que se habían mantenido en seguro de paro.
En el mercado local, el dólar subió ayer por tercera jornada consecutiva, en esta ocasión un 0,11%. El interbancario fondo se operó en promedio a $41,131.
En lo que va del año 2022, el dólar lleva una baja acumulada de 7,98% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2021).
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $39,95 para la compra y $42,35 para la venta.
En Brasil, no hubo operativa cambiaria debido al feriado del 12 de octubre, el martes la divisa estadounidense había cerrado en R$ 5,206.
En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió y se situó en AR$ 151,04. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) también subió y cotizó en el entorno de los AR$ 289,00.
Por su parte, el Euro bajó ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$ 0,9695.
OTRAS NOTICIAS
La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) lleva a cabo hoy jueves un paro de 24 horas, tras haber iniciado el martes la medida de trabajo a reglamento en todo el sector.
La federación responde con estas acciones a lo que considera intentos fallidos de negociación con la empresa Fritran, distribuidora de helados y congelados Conaprole.
El sindicato acusa a Fritran de haber despedido de manera “abusiva” al presidente del sindicato, y de haber suspendido a todos los trabajadores afiliados al Sindicato Único de Empleados de Cemesa (Sudec) luego de una asamblea.
Cemesa, empresa 100% propiedad de Conaprole, distribuyó helados hasta 2018, cuando fue transferida al grupo Transamerican (de suministro de personal, logística, transporte y otros servicios) bajo la razón social Fritran.
La FTIL denuncia que luego de haber firmado un convenio con la empresa, el propietario de Fritran “inauguró una forma de relacionamiento con la organización sindical, con sus representantes y con todo el personal, basada en la confrontación, el incumplimiento y la toma de decisiones unilaterales”, según un comunicado.
Según el sindicato, el propietario de Fritran “argumenta que sus acciones se tratan de una ‘actualización’ de convenios y una ‘reestructura’ por razones económicas.
Los trabajadores consideran que el relato patronal es falso en forma y contenido porque, dice, “no hay diccionario en el mundo que sostenga que ‘reestructura’ significa insultar, amenazar, perseguir y despedir trabajadores sindicalizados”.
Por su parte, Fritran emitió un comunicado en el que lamenta “la profundización del conflicto” “que se originó, dice, por la negativa del sindicato” a “aceptar el despido de un trabajador” y que tras una segunda reunión de negociación “quedó claro que no habría acuerdo”.
La empresa asegura que no viola convenios y rechaza “las denuncias de persecución sindical” porque afirma que “las sanciones que recibieron algunos trabajadores responden a errores sistemáticos en sus tareas que afectan a los clientes y a la empresa, y a no marcar el ingreso y la salida para concurrir a una asamblea”.
Integrantes del Centro de Estudiantes del Instituto de Profesores Artigas (Ceipa) y del Centro de Estudiantes de los Centros Regionales de Profesores ocuparon la sede del Ministerio de Educación y Cultura ayer a las 07:30 de la mañana y fueron desalojados por la Policía a las 09:30.
Los estudiantes reclamaban mayor espacio de diálogo en la elaboración de la reforma educativa.
El ministro de Educación, Pablo da Silveira, señaló que mientras llegaban los funcionarios a la sede, un grupo de militantes irrumpió en el lugar para ocuparlo.
“A eso de las 7:30 cuando empiezan a entrar los funcionarios, llegó este grupo, irrumpió en la sala, ocupó la planta baja e intentó sacar a la calle a funcionarios que ya habían ingresado y que estaban trabajando. Intentó evitar que entraran funcionarios que estaban llegando. ahí hubo algunas situaciones desagradables que afectaron bastante a algunos funcionarios. Insultos, tratos de traidor, de carnero, algún forcejeo. Parte de los funcionarios pudieron entrar, luego ya no pudieron entrar. Esa situación se mantuvo hasta que llegó el Ministerio del Interior y se concretó a las 9:30h el desalojo”.
Desde el Ceipa se desmintió que haya habido forcejeos por parte de los gremialistas e indicaron que algunos funcionarios los “amenazaron con violencia” e intentaron ingresar a la sede aunque estuviera ocupada.
El director de Convivencia Ciudadana, Santiago González, indicó que el desalojo llevado a cabo por la Policía se produjo en un clima de “total tranquilidad” y que no hubo resistencia de los ocupantes.
La Federación Nacional de Trabajadores del Juego realizará hoy jueves un paro desde las 14 horas que imposibilitará la realización de los sorteos de 5 de Oro, Quiniela y Tómbola.
Los trabajadores reclaman discusión sobre el proyecto de ley que modifica los juegos oficiales. Entienden que el cambio llevará a una migración de las salas al sector online, con pérdida de fuentes laborales, además de irregularidades.
“El juego online es muy amigo de los lavados de activos”, aseguró el dirigente sindical Leonel Revelese.
“Se dice por ahí que el Estado va a recaudar más. Es mentira, categórica mentira. Generalmente en los juegos online el Estado recauda menos porque es un juego que, aparte de producir ludopatía, paga muchos premios permanentemente y lo que queda para deducir, para pagar canon o impuestos es una cifra muy pequeña”.
A juicio del gremio, el Parlamento trata las modificaciones como una regulación de cualquier actividad sin tener en cuenta que genera juego patológico.
DEPORTE
Peñarol iba perdiendo 1-2 ante Boston River a los 87 minutos por el Torneo Clausura, cuando el árbitro suspendió el partido por incidentes.
Desde la tribuna de la parcialidad aurinegra, en el Parque Viera, fueron lanzados objetos a la cancha y fue dañado el tejido que separa al público de la cancha.
Ese partido está inconcluso pero ayer se jugaron otros dos por la antepenúltima fecha del Clausura que lidera River Plate y Deportivo Maldonado, aunque River tiene un partido menos, que jugará hoy.
Ya están determinados los descensos a la divisional B de Cerrito, Albion y Rentistas.
Ayer:
DEFENSOR SPORTING 1 – DANUBIO 1
PLAZA 0 – MC TORQUE 2
Hoy:
RIVER PLATE – LIVERPOOL
Hora 15:00
Saroldi
ALBION – NACIONAL
Hora 19:00
Centenario
WANDERERS – CERRITO
Hora 21:30
Viera
La penúltima fecha se disputará desde el sábado hasta el lunes próximos.
La Luz se clasificó semifinalista de la Copa AUF Uruguay y su próximo rival será Peñarol.
Ayer:
RAMPLA JUNIORS 2 – LA LUZ 3
