Titulares

Noticias del jueves 16 de mayo de 2019

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La jueza penal Blanca Rieiro ordenó anoche al Ministerio del Interior que, en un plazo de 15 días, realoje dos sectores del módulo 8 (el C1 y el C2) del complejo carcelario de Santiago Vázquez (Comcar) donde cumplen sentencia unas 150 personas. El dictamen exige reorganizar todo el módulo, antes del 30 de setiembre.

La decisión judicial se produjo luego de que el comisionado parlamentario para el sistema de cárceles, Juan Miguel Petit, presentara una denuncia sobre las pésimas condiciones en la situación de los reclusos.

Petit dijo a Búsqueda que el fallo de la Justicia, que acogió parcialmente su reclamo, “es una señal muy fuerte para todos los actores institucionales”; aclaró que el recurso que presentó no debe tomarse como un hecho contrario a la gestión a la gestión del Ministerio del Interior.

El comisionado remarcó que tiene “una valoración muy positiva de la reforma penitenciaria iniciada en 2010”, pero que “eso no impide” denunciar que “una parte muy significativa del sistema está muy mal, y muy mal en niveles que están fuera del mapa de lo que se espera encontrar en Uruguay”.

Petit recordó que, “sobre el módulo 8”, envió durante tres años y medio “denuncias, propuestas, recomendaciones”; opinó que “la respuesta de que el organismo a cargo no tiene recursos puede ser válido si el planteo fuera la construcción de complejo ideales de otros planeta”. Sin embargo, dijo que lo que él propone “es muy concreto, realizable y al alcance de la mano: que (los internos) tengan actividades socioeducativas, salud, deporte y que lo que no se puede habitar, se cierre”, dijo el comisionado.


El director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) Alberto Gadea, dijo que no tienen dónde poner a los 150 presos del módulo 8 del Comcar que la Justicia ordenó reubicar.

Gadea recordó a Telenoche que estos mismos reclusos estaban antes en el módulo 11 hasta que lo destruyeron; dijo que constituyen “un grupo con un nivel de daño elevado” que, “en el módulo 8 volvieron a repetir la experiencia de daño”, rompiendo “mesas y bancos” cuyas partes “utilizan como armas”.

Gadea dijo que “el fallo” judicial fue contundente y “se entiende” pero precisó que el INR lleva invertidos $ 13.000.000 desde 2016 en el módulo 8 para refacciones a causa de destrozos.

El jerarca reconoció que existe responsabilidad compartida con los reclusos en la situación objetada por la Justicia, pero criticó a Petit por el recurso presentado, que condujo a la sentencia.


El Poder Ejecutivo no consiguió los votos necesarios ayer en el Senado para aprobar el pase a retiro obligatorio a los generales Claudio Romano, Carlos Sequeira, Alejandro Salaberry y Gustavo Fajardo. Esos cuatro militares en actividad integraron los tribunales de honor que analizaron la conducta de los represores José Nino Gavazzo, Jorge "Pajarito" Silveira y Luis Maurente.

Para que los generales fueran destituidos como pretendía el gobierno, el oficialismo debía obtener el apoyo de los 3/5 del Senado (18 votos) pero logró que levantaran la mano solo los 16 senadores del Frente Amplio.

El pedido de pase a retiro obligatorio de los generales se fundamentaba en que habrían violado el artículo 77 del reglamento de los tribunales de honor, que indica que “cuando se intervenga en cualquier asunto en el que exista la presunción de un delito, común o militar, el presidente del Tribunal debe comunicar de inmediato al Superior que corresponda, suspendiendo las actuaciones hasta tanto el Superior se pronuncie”.

Varios legisladores de la oposición sostuvieron en sus alegatos que es del presidente Tabaré Vázquez la responsabilidad por no haber trasladado a la Justicia las declaraciones de Gavazzo en las que confesaba haber hecho desaparecer el cuerpo del militante tupamaro Roberto Gomensoro, detenido y torturado en marzo de 1973.  El senador nacionalista Javier García, sostuvo por ejemplo que “Presidencia estuvo en conocimiento y escondió la información, y se solicitaron estas venias como forma de disimular las responsabilidades que tiene el presidente”.

En el mismo sentido se expresó el senador aliancista Jorge Larrañaga. “Hoy si hay encubrimiento como se dijo acá, si hay encubrimiento a la verdad el gran responsable se llama Tabaré Ramón Vázquez Rosas”.

La senadora frenteamplista Constanza Moreira acusó a los generales de encubrimiento. Nosotros vamos a votar la destitución de los generales por encubrir la verdad, primero. Segundo. Por desacreditar a la justicia. Por no considerar deshonroso, matar asesina y ocultar. Esa es la verdad señora presidenta y no otra.

El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo que su voto negativo se debía a que el Poder Ejecutivo “se basa en hechos falsos”. “Si (el pedido) hubiera sido fundado en los contenidos del fallo, nuestro partido habría acompañado”, agregó.


 

NOTICIAS DE LA CAMPAÑA ELECTORAL

El diputado Fernando Amado rechazó el ofrecimiento del Partido Independiente para sumarse a esa colectividad como parte de un nuevo acuerdo con vistas a las elecciones de octubre; el ex dirigente colorado expresó su decisión en una carta que hará pública hoy, titulada “No, gracias”.

La misiva escrita tras la decisión tomada por el sector Unir, que lidera Amado y  de la que trascendió los contenidos, señala que cuando decidió romper La Alternativa por dichos de Selva Andreoli, el Partido Independiente violó “los más elementales códigos políticos” y, dejó “de rehén a quienes asumieron un pacto de caballeros” y confiaron “en la palabra empeñada”. Dice además que la pérdida de confianza “es total e irremediable”. Añade que ahora, Unir entra en “un período de reflexión” hasta después de las elecciones internas. El sector analizará las posibilidades que “entusiasmen” y seguirá siendo “una condición excluyente mantener la identidad”. No participar en la próxima elección nacional es una opción arriba de la mesa y “no significa un drama”, expresa Fernando Amado.

El Partido Independiente se retiró de la alianza La Alternativa el 31 de marzo, entre reproches y acusaciones con el grupo Navegantes liderado por Esteban Valenti y Selva Andreoli. Unos días después el partido ofreció un acuerdo a Amado y a Avanza País, de José Franzini Batlle; este último aceptó integrarlo, pero Amado, un mes y medio después del ofrecimiento, dio su respuesta negativa.

En la carta, el legislador batllista escindido del Partido Colorado, dice que se enteró por la prensa de la disolución de La Alternativa, adoptada por el Partido Independiente “por sí y ante sí”.


El precandidato del Frente Amplio Daniel Martínez que él fue “de los pocos cientos de uruguayos” que resistieron “11 años la dictadura” y que nunca dejó “de militar ni hacer cosas”.

El ex intendente relató a Búsqueda el viernes pasado después de un acto en Guichón, Paysandú: “fui dirigente barrial, pinté muros, líder y, en algún momento casi la única persona que militaba en el CEI (Centro de Estudiantes de Ingeniería) clandestino y después en la Federación Ancap y, un oculto actor muy importante del PIT”. Martínez añadió: “La resistencia la hicimos una manga de tres comunistas por cada socialista, más o menos, y alguna gente independiente; pero después no hubo más”.

Durante el acto en Guichón, Martínez afirmó que “el golpe de Estado fue contra el Frente Amplio y el movimiento sindical” porque cuando se dio, “la guerrilla ya estaba destruída”. Luego agregó en la nota con el semanario que el golpe vino cuando “todos los dirigentes históricos del MLN (estaban) presos, la estructura desmantelada y algunos escondidos”.

Según el precandidato que lidera las preferencias en la interna del Frente Amplio, fue la coalición de izquierdas la que “motivó que los militares golpistas y antidemocráticos dieran un golpe de Estado”. “En realidad, por la guerrilla no era necesario: hacía seis meses que estaban totalmente derrotados” subrayó Daniel Martínez.

Cuando Búsqueda le preguntó si da por hecho que la fórmula presidencial estará integrada por él y Carolina Cosse –independientemente de quién gane- Martínez respondió que “no es un hecho” y explicó: “En la historia del Frente Amplio siempre fue una especie de maduración donde se tiene en cuenta la opinión del o del o la que gana, buscando una complementariedad”.


La consultora Cifra publicó una encuesta de intención de voto en la interna del Partido Nacional: Luis Lacalle Pou obtiene el apoyo del 42% de los que piensan sufragar y, Jorge Larrañaga y Juan Sartori 22% cada uno. Enrique Antía es mencionado por el 1% y, el 13% piensa votar pero aún no ha decidido a cuál precandidato apoyará.

Cifra analiza la tendencia desde inicios de año. En febrero Lacalle Pou tenía una intención de voto del 59%. En abril tuvo una caída, pero desde entonces se mantiene e incluso mejora un poco. Larrañaga muestra más oscilaciones: en febrero tenía el 18% de intención de voto y mejoró mucho a principios de abril, llegando hasta el 29%, tras la confirmación de que estaban las firmas para el plebiscito. Pero ahora vuelve a bajar. Sartori tiene una trayectoria diferente: obtenía el 9% de apoyo en febrero, pasa al 17% en abril y ahora sube de nuevo, hasta lograr un empate con Larrañaga, los dos con 22%.

Según Cifra, por ahora el liderazgo de Lacalle Pou es firme y atrae a la mayoría de los blancos militantes y también de los votantes no comprometidos con el partido. Cuanto mayor sea la proporción de blancos comprometidos en la interna, más seguro es que se dispute entre Lacalle Pou y Larrañaga. Si la interna es más abierta, y votan también muchas personas que no suelen hacerlo en elecciones no obligatorias, Sartori puede fortalecer su posición.


Juan Sartori disertó ayer en un desayuno de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) donde, tras el crecimiento de su candidatura que registran las encuestas, se ubicó a él mismo definiendo la interna blanca con Luis Lacalle Pou.

“Yo lo que asumo es el compromiso de estar en la política por mucho tiempo liderando este movimiento, me vaya como me vaya en la interna. Creo que hoy hay más discusiones sobre eso porque justamente se ve que hay muchas chances de ganar; ya esto es una interna, creo, entre dos, por las tendencias que se está viendo”.

Sartori dijo al público que es tiempo de cambiar la política uruguaya, para tener un sistema político aggiornado al siglo XXI, y dejar de lado el “clientelismo” por el que se coloca a familiares y allegados.

El precandidato criticó a la Justicia por su lentitud, y al gobierno por mal funcionamiento y por su política monetaria; dijo que hay que dejar de intervenir el mercado cambiario porque no tiene sentido los montos de dinero que se inyectan para contener algo que es muy complejo de aguantar.

Según El País, de las 17 mesas instaladas en el salón de ADM, 11 fueron compradas por el comando de Sartori. Cada mesa tenía lugar para ocho personas y si se adquiría el tíquet de forma individual costaba US$ 140. El resto de las mesas fue dispuesto para la organización de ADM, Antel, una mutualista, una empresa del rubro digital y otra para que los periodistas hicieran su cobertura.


INTERNACIONAL

Estados Unidos ordenó el retiro de su personal diplomático no imprescindible de la embajada en Bagdad, la capital de Irak, debido a una amenaza "inminente" de milicias iraquíes con vínculos iraníes.

Horas después del anuncio, un funcionario del Departamento de Estado se refirió a "las milicias iraquíes bajo el mando y control de los Guardianes de la Revolución", el ejército ideológico de la República Islámica de Irán, como una amenaza "real".

En una serie de tuits, el presidente Donald Trump intentó mostrar que la situación estaba bajo control, diciendo que no había discordia en la Casa Blanca y que Irán se mostrará dispuesta a negociar. "Estoy seguro de que Irán querrá hablar pronto", escribió.


Google, Twitter, Youtube y Facebook se comprometieron a tomar una serie de medidas para erradicar los contenidos extremistas en internet, tras una reunión celebrada en París con líderes mundiales.

Las empresas firmaron una iniciativa en la que aseguran que "la difusión de este tipo de contenidos en línea tiene un impacto negativo en los derechos humanos" y "en nuestra seguridad colectiva".

Esta movilización internacional, bautizada "llamamiento de Christchurch", fue iniciada por la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, y el presidente francés, Emmanuel Macron, dos meses después del ataque contra dos mezquitas en Nueva Zelanda, que fue transmitido en vivo en Facebook por el propio terrorista durante 17 minutos.

"Nuestro objetivo es que no se reproduzca nunca la transformación de internet en una loca máquina de propaganda, un objetivo que buscan los terroristas de extrema derecha y los terroristas islamistas", insistió Emmanuel Macron durante una rueda de prensa.


En España los planes del jefe de gobierno Pedro Sánchez de colocar a un catalán como presidente del Senado por primera vez en la historia reciente están a punto de naufragar por el veto de los partidos independentistas de esta región.

Los separatistas rechazaron el nombramiento de Miguel Iceta, defensor del federalismo, una salida dialogada al conflicto e, incluso, un posible indulto a los secesionistas enjuiciados por el intento de separación de octubre de 2017. En respuesta, Sánchez los acusó ayer de vetar “la convivencia, el diálogo y el entendimiento”.


En Colombia el fiscal general renunció a su cargo tras un fallo de la justicia de paz que ordena la libertad e impide la extradición de un líder de las FARC, preso hace un año y requerido por Estados Unidos por narcotráfico.

El fiscal Néstor Humberto Martínez dijo que "este desafío al orden jurídico no puede ser refrendado por él”. “Mi conciencia y mi devoción por el Estado de derecho me lo impiden. Por ello, he presentado renuncia irrevocable", agregó.

Estados Unidos ha presionado por la extradición del excomandante. Y el presidente Iván Duque, quien asumió el poder en agosto con la promesa de modificar el acuerdo por considerarlo indulgente con los rebeldes, es partidario de concetar la extradición.


En Guatemala cientos de militares retirados exigieron al Congreso aprobar una indemnización de unos 11.100 dólares para cada uno, bajo la amenaza de boicotear las elecciones generales de junio próximo.

Los exmilitares, unos 200 según los organizadores, se apostaron en las afueras del Congreso y, además de la indemnización, exigieron vivienda y derecho a un seguro de vida. Si no reciben esos beneficios amenazan con bloquear todos los ingresos al país el 16 de junio. Día de las elecciones.


En Argentina la posible postergación de un juicio oral contra la expresidenta Cristina Kirchner en una causa por presunta corrupción fue rechazada ayer por el ministro de Justicia y por ciudadanos que hicieron una caceroleada en horas de la noche.

El primer juicio oral contra Kirchner debía comenzar el próximo 21 de mayo, pero la Corte Suprema pidió con urgencia el lunes el envío del expediente para evaluar si es cierto que faltan pericias y pruebas suficientes, como sostiene la defensa. Esto demoraría el inicio del juicio por un tiempo indeterminado.

"Es un fallo muy inusual. Tiene un condimento político muy grande. Lo que preocupa es que esto impide la realización de un juicio oral. Que la Corte tome una decisión así, a una semana (del comienzo del juicio) es una decisión extraña por lo menos", dijo este miércoles el ministro de Justicia, Germán Garavano.

El fiscal que lleva el caso, Diego Luciani, sostuvo que la "mera interposición de un recurso de queja ante la Corte Suprema no suspende el trámite del proceso" y pidió que se garantice el inicio del juicio la semana próxima.

En la noche, hubo caceroleadas en rechazo a la decisión de la Corte en algunos barrios acomodados y de clase media de Buenos Aires.

La acusación tiene que ver con la concesión de obras públicas de la provincia de Santa Cruz (Patagonia, sur) al empresario Lázaro Báez, cercano a la familia Kirchner.

Cristina Kirchner, quien gobernó entre 2007 y 2015, después del periodo de su esposo, el ya fallecido Néstor Kirchner (2003-2007), es indagada en una docena de causas por supuesta corrupción.

La exmandataria ha vuelto en las últimas semanas al centro de la atención política, y el martes participó de una reunión de la oposición peronista que busca lanzar un frente unificado de cara a las presidenciales del próximo 27 de octubre, en las que el gobernante Mauricio Macri buscará la reelección.

Aunque aún no ha dicho si postulará, encuestas recientes señalan una mejora en la aprobación de Kirchner e incluso algunas prevén que ganaría en una segunda ronda electoral frente a Macri, afectado por la crisis económica que sacude a Argentina desde 2018.


Estados Unidos suspendió ayer los vuelos de pasajeros y de carga desde y hacia Venezuela, invocando razones de seguridad, una medida que se suma a la batería de sanciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El Departamento de Transporte dijo en un comunicado que la orden fue emitida en acuerdo con los Departamentos de Estado y de Seguridad Interior.

Maduro sostuvo que Washington actúa de tal modo al ver que "su política golpista viene fracasando".

“Toman esta decisión por odio, por venganza, por despecho y le hacen daño al ciudadano común, sobre todo de clase media", reaccionó Maduro en una alocución televisada.

"Están tratando de matar al pueblo de Venezuela por privación económica del comercio internacional, alimentos, medicinas, incluso viajes", denunció previamente el embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, en rueda de prensa.

La ley federal estadounidense autoriza al gobierno a suspender los derechos de las compañías aéreas nacionales y extranjeras de prestar servicios cuando considere que en el país de destino hay condiciones que amenazan la seguridad de viajeros, tripulación y aeronaves.

La suspensión se suma a la notificación emitida el 1 de mayo por la Administración Federal de Aviación, que regula los vuelos civiles en Estados Unidos, por la cual se prohíbe a la mayoría de los operadores y pilotos de aviones certificados en ese país volar a menos de 26.000 pies (7.900 metros) sobre el territorio de Venezuela, también por razones de seguridad.

Además, el 9 de abril el Departamento de Estado ubicó al país en el nivel máximo de alerta ("No viajar") "debido a delitos, disturbios, servicios de salud deficientes, secuestros y arrestos y detenciones arbitrarias de ciudadanos estadounidenses".


En Venezuela el presidente Nicolás Maduro denunció la "violación" de la embajada de su país en Washington luego de que la policía estadounidense hiciera una notificación de desalojo a los activistas que ocupan la sede en apoyo a su gobierno, y dijo que la medida es una "locura".

Maduro alegó que ningún juez estadounidense puede ordenar el desalojo de la sede diplomática, después de que la policía entrara el lunes al edificio y les notificara a los militantes que estaban ocupando ilegalmente la propiedad.

El mandatario venezolano dijo que denunciará el caso ante instancias internacionales.


PANORAMA NACIONAL

Diputados opositores presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por presunción de “irregularidades e ilicitudes” en el proceso de adjudicación a las empresas GNLS y OAS de la construcción de la planta regasificadora en Puntas de Sayago, y en la concesión de la obra de interconexión del gasoducto Cruz del Sur con aquel proyecto.

Los diputados Pablo Abdala, Amin Niffouri y Mario García, del Partido Nacional; Walter Verri, del Partido Colorado; Daniel Radío, del Partido Independiente y, Eduardo Rubio, de Unidad Popular, integrantes de la comisión investigadora que trató el tema, presentaron al fiscal adjunto de Corte, Ariel Cancela, un documento en el que, según señaló Abdala a La Diaria, denuncian “abuso de autoridad, abuso de funciones y conjunción de intereses” en la adjudicación de las obras mencionadas.

“Todo el negocio está atravesado por decisiones que afectaron el interés general y claramente beneficiaron a los particulares que intervinieron”, apuntó el diputado blanco, aunque aclaró que la comisión no advirtió “enriquecimiento personal”. “Tal vez no se haya beneficiado un funcionario en particular, pero alguien se benefició. Aunque sea un tercero, como podrían ser las empresas que intervinieron”, sentenció.

Abdala comentó que Cancela manifestó a los legisladores que la investigación se destinará hoy a la Fiscalía correspondiente y se analizará si la causa se unifica a una denuncia que presentó el abogado Gustavo Salle en 2013.


La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley que autoriza la salida del país de un contingente militar para participar en una misión de paz en Siria.

El texto, que contaba con media sanción del Senado, había sido enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento a fines de marzo.

Pese a que la bancada frenteamplista resolvió el martes no dejar en libertad de acción a los legisladores y aprobar por mayoría el proyecto, el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) tal como había adelantado, no votó la autorización.

El diputado del PVP Carlos Coitiño anunció que se presentará ante el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio (FA) para que juzgue su postura.

El único representante de Unidad Popular, Eduardo Rubio, también se abstuvo de apoyar el proyecto.

El diputado Alfredo Asti, de Asamblea Uruguay, dijo a La Diaria que la bancada resolvió votar afirmativamente la iniciativa porque desde hace décadas que “Uruguay está participando en el lugar, actualmente sólo con dos efectivos y ahora se pidió ampliar a 170 y decidimos autorizarlo” afirmó. Añadió que la misión de paz tiene como motivo la “protección de civiles” y que la “hipótesis de conflicto bélico” no está presente.


ECONOMÍA Y EMPRESA

La Cámara de Emergencias Móviles decidió expulsar a la empresa Russomando SA, “debido a que sus prácticas de inserción en el mercado como “Española Móvil” atentan contra los principios morales y el concepto de competencia leal que tiene esta institución”.

La gremial señala en un comunicado emitido ayer que “en el sector de la salud, por encima de todo, es esencial que primen pautas éticas, de sana competencia y de respeto por los usuarios, todo lo cual fue vulnerado con estas prácticas. Por mencionar algunas de ellas – dice la misiva-, en un muy breve lapso la empresa incurrió en un operativo de desafiliación de competidores para el cual utilizó información que indujo a confusión a los usuarios, así como acciones de descrédito. Estas acciones evidencian que la empresa mencionada no se limitó a un intento por aumentar su cartera de clientes sino que fue más allá y realizó acciones para perjudicar de forma directa a la competencia”.

La cámara añade que “rechaza que la lógica del sector sea el atropello y la eliminación de competidores por métodos desleales y no mediante la libre competencia apuntando a la calidad del servicio al usuario”. Y justifica que “esto no es una disputa entre empresas: Lo que está en juego – dice- es la manera en que funciona un mercado inscripto en un Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) y sus lógicas de relacionamiento y funcionamiento”.

Como informamos ayer aquí En Perspectiva, el ingreso al mercado de la Española Móvil, cuyo vicepresidente es Juan Salgado -quien además de ser el presidente de Cutcsa es asesor de Tabaré Vázquez- desató una “guerra sorda” en el sistema mutual y el mercado de emergencias médicas.  

Ante esta noticia de la expulsión de la Cámara, fuentes de la Asociación Española indicaron a En Perspectiva que a la firma “llegó un telegrama comunicando la expulsión, pero el mismo no expresa ni detalla los fundamentos”. De todos modos, – añadieron las fuentes- “esta resolución no es definitiva ya que quien deberá resolver sobre este punto es la Asamblea de la Cámara de Emergencias Móviles”, una vez que se presente el recurso por parte de la Española. Esa asamblea – indicaron las fuentes- “está integrada por empresas de todo el país, y no por empresas controladas por nuestros competidores que solo defienden el oligopolio”.

 La Asociación Española consideró que la expulsión es “infundada, abusiva, injusta y arbitraria por parte de grupos de empresarios médicos que solo pretenden mantener su oligopolio y se oponen a la verdadera libre competencia. A la Asociación Española que fundó el mutualismo en el Uruguay, estas empresas del empresariado médico montevideano no le van a dictar cátedra de lo que es la moral y la ética en las instituciones de salud”, agregó el informante.


MERCADO

El dólar subió ayer 0,09 %; el interbancario fondo se operó en promedio a $ 35,240.

Ayer el Banco Central realizó la menor venta de las intervención de los últimos diez días: se desprendió de US$ 1 millón para estabilizar el valor del billete verde.

En lo que va del año, el dólar lleva un incremento de 8,80 %.

En pizarra del Banco República, la divisa estadounidense cerró ayer a $ 34,48 para la compra y $ 35.98 para la venta.

El dólar subió en la región. En Argentina cerró en $ AR 45 y en Brasil finalizó a R$ 4,003.

Por su parte, el Euro subió frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$ 1.1219.


OTRAS NOTICIAS

El conflicto sindical en MontevideoGas se agravó esta semana cuando la empresa comunicó cuatro nuevos despidos de trabajadores y la suspensión de otros 53 que participaron de la medida de “control obrero” de la planta de la compañía hace dos semanas.

El anuncio se sumó al despido de siete de los 20 empleados que estaban en seguro de paro la semana pasada y, a la decisión de no reincorporar a los que están cobrando ese subsidio y tienen causal jubilatoria durante 2019.

Paralelamente, Petrobras (principal accionista de Montevideo Gas) informó hace dos semanas su intención de devolver la concesión de distribución de gas por cañería en Montevideo como parte de un programa de venta de activos considerados “no estratégicos”.

Dos trabajadores se encuentran realizando una huelga de hambre frente al Ministerio de Industria, Energía y Minería.

La Mesa Representativa del PIT-CNT, convocó a un paro general parcial para el miércoles 22 de mayo, entre las 9:00 a 13:00 horas, en apoyo a la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas (Uaoegas)

Desde el gremio se reclama al gobierno una posición más firme con Petrobras. El dirigente sindical Alejandro Acosta incluso pidió que se le retire la concesión y que se vuelva a “estatizar el servicio”. Sin embargo, desde el gobierno descartaron esa posibilidad.


CONTACTO CON LA REGIÓN

Masivas protestas contra los recortes de Bolsonaro a la educación

Decenas de miles de personas tomaron ayer las calles de Brasil en protesta contra los recortes del gobierno de Jair Bolsonaro a la educación, en la primera gran movilización contra el nuevo presidente de ultraderecha.

Profesores y estudiantes de la red pública habían convocado a una huelga y marchas en todo el país por el anuncio, dos semanas atrás, de una reducción del 30% en los gastos discrecionales de las universidades federales, que afectan becas de investigación así como cuentas de luz, agua, servicios de limpieza y seguridad.

A ellos se le unieron luego sindicatos, movimientos sociales y partidos de izquierda, así como la mayoría de los establecimientos educativos privados, lo que generó un principio de movimiento de resistencia grande a Bolsonaro.

Los manifestantes portaban carteles a favor de la educación y cantaban consignas en contra de Bolsonaro, quien ayer se encontraba de visita en Dallas, Estados Unidos, para recibir un homenaje de la Cámara de Comercio Brasil-Estados Unidos y reunirse con el ex presidente George W. Bush.

Bolsonaro enardeció aún más a los manifestantes en Brasil al minimizar las protestas y llamar a los participantes de “idiotas inútiles que son usados como masa de maniobra por una minoría”.

Mientras tanto, en el Congreso, el ministro de Educación, Abraham Weintraub, tuvo que acudir a la Cámara de Diputados para dar explicaciones sobre los recortes, que según él no son tales sino fondos congelados que pueden ser desbloqueados una vez que mejore la situación económica, si es que se aprueba la reforma previsional impulsada por el gobierno.

Las perspectivas de esa pronta mejora, sin embargo, parecen cada vez más lejos, luego de que el Banco Central estimó que la economía se contrajo un 0,68% en el primer trimestre de este año, y que el ministro de Economía, Paulo Guedes, reconoció que la expectativa de crecimiento para todo 2019 se redujo de 2% para 1,5%.

(Corresponsal Alberto Armendariz desde Brasil)


DEPORTES
El partido Fénix-Peñarol del próximo sábado en el Parque Capurro se disputará sin hinchas

del equipo local.

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) ordenó a Fénix disputar
sin público sus dos últimos encuentros del Torneo Apertura.
El club de Capurro fue sancionado por incidentes causados por sus hinchas en Melo hace dos
fines de semana, en los que resultó agredido el presidente de Cerro Largo, Ernesto Dehl.

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