Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
Con los votos del oficialismo, el Senado aprobó anoche una moción de respaldo a los ministros de Ambiente, Robert Bouvier, y de Salud, Karina Rando, que fueron interpelados por el Frente Amplio a raíz de la crisis en el suministro de agua potable en la zona metropolitana.
En la moción, sancionada sobre la medianoche con 17 votos en 29, los senadores oficialistas consideraron que las explicaciones de los ministros fueron satisfactorias.
Además, destacan que el gobierno asumió como prioridad la implementación del proyecto Arazatí, que permitirá “dar solución definitiva para el abastecimiento de agua potable” en Montevideo y alrededores.
Los senadores de la coalición multicolor “exhortaron” al sistema político a “trabajar juntos” en la gestión de la sequía. Además, se le pidió a la población un uso “solidario y responsable” del agua potable.
El tema generó un intenso debate político que se extendió por más de doce horas. En un momento de la discusión el senador nacionalista Sebastián Da Silva, acusó al Frente Amplio de estar “militando la sequía”.
“Hubiera querido asistir a esta interpelación sin que se militara la sequía. Militar la sequía es de oportunismo, similar a otras oportunismos que en otra legislatura hemos visto y después se diluyeron y se tergiversaron. Como en el mundo de hoy todo queda registrado, a nosotros va a quedar clarito quien está militando la sequía y el agua salada y quién está intentando hacer algún aporte”.
El Frente Amplio, por su lado, evaluó que las respuestas de las autoridades no fueron satisfactorias y reclamó al presidente Luis Lacalle Pou que remueva al presidente de OSE, Raúl Montero, y a la vicepresidente del ente, Susana Montaner.
En la moción de la oposición, que no tuvo la cantidad de votos necesaria para ser aprobada, se pedía además la conformación de una “comité de crisis” integrado por todos los partidos políticos, actores sociales y de la academia, con el objetivo de elaborar propuestas ante todos los escenarios posibles que plantea esta crisis.
Por último, el FA solicitaba el inicio de un “necesario proceso de diálogo y acuerdo nacional” para realizar grandes obras, con perspectiva hacia el año 2045.
Durante la sesión, varios legisladores frenteamplistas le reprocharon al gobierno no haber actuado con mayor anticipación y además reducir el presupuesto de OSE. Eso, según la oposición, retrasó inversiones estratégicas y ahora está detrás de los atrasos en el arreglo de cañerías para evitar la pérdida de agua potable.
Así se expresó por ejemplo el senador Alejandro Sánchez, del MPP.
“¿Cuándo tienen que empezar a tomar decisiones?. Hace seis meses que están mirando que nos quedamos sin agua y no toman ninguna decisión. Las toman la semana pasada. Este es el problema”
En buena parte del debate el Frente Amplio le reclamó al gobierno la construcción de la represa de Casupá, una iniciativa que, enfatizó, estaba pronta para ejecutarse cuando comenzó esta administración.
Sin embargo, Bouvier aseguró que si en el inicio de este gobierno se hubiera puesto en marcha el proceso para la construcción de esta obra, la represa recién estaría llena en 2024.
“Si la autorización ambiental se hubiera otorgado en 2021, en un escenario ideal la obra se hubiera iniciado en cuatro meses, y si se terminaba en setiembre de 2023, allí habría comenzado el llenado del embalse, que estaría pronto a mediados de 2024. Queda despejada la duda sobre si Casupá sería solución en este período de déficit hídrico: no estaría terminada”.
Bouvier, y varios senadores del oficialismo dijeron que la represa en Casupá no está descartada.
En la sesión se supo que OSE le pidió ayer mismo al Ministerio de Economía y Finanzas que tramite ante la Corporación Andina de Fomento (CAF) una prórroga por 12 meses de la línea de crédito que, por US$ 80 millones, fue habilitada en 2019 para realizar esta obra.
Sin embargo, se aseguró que el Poder Ejecutivo optó por priorizar el proyecto Arazatí ya que toma agua del Río de la Plata, una fuente “infinita” y no atada a variables climáticas como la represa en Casupá.
El presidente de OSE, Raúl Montero, por su lado, explicó que no había alternativas al aumento dispuesto de la salinidad del agua.
Según Montero, el otro camino posible hubiera sido realizar cortes programados. Sin embargo, para implementar esa medida se requiere quitar presión a la red, lo que facilita el ingreso de cuerpos extraños como bacterias.
La ministra de Salud, Karina Rando, entanto, reiteró que el agua es apta para consumo humano.
Rando dijo que “los valores máximos permitidos de sodio en el agua “se basan en umbrales sensoriales, no de salud”. La jerarca puntualizó que las recomendaciones no se modificarán por el momento.
La ministra optó por hacer comparaciones entre el nivel de sodio que tiene hoy el agua de OSE y el que presentan determinados tipos de alimentos.
“Señaló que 100 gramos de papas chips tienen la misma cantidad de sodio que siete vasos de agua de OSE; 100 gramos de nuggets, tienen el sodio equivalente a 7,5 vasos de agua; un chorizo tiene los valores de 12,5 vasos de agua y un cuarto de pizza congelada tiene los mismos niveles de sodio que el rango de ocho a 11 vasos de agua. Las directrices de la OMS establecen que el consumo máximo recomendado para los adultos es de 2 mil miligramos por día. Podríamos decir que, evitando una pequeña cantidad de consumo de estos alimentos, perfectamente se podría suplir la ingesta por parte del agua que se nos está administrando”.
Esa línea de razonamiento fue seguida por el senador nacionalista Sergio Botana, que lideró la defensa política de las autoridades. Botana consideró mucho más riesgoso para la salud los niveles excesivos de arsénico que presenta el agua en 163 localidades del país. El legislador apuntó que el Frente Amplio convivió con esta situación “sin haber hecho absolutamente nada”.
Sus comentarios generaron la reacción de algunos integrantes del sindicato de OSE presente en las barras, lo que llevó a la vicepresidenta Beatriz Argimón a disponer, después de una advertencia, el retiro del público de la sala.
Cerca del final de la sesión, y a modo de balance, el senador frenteamplista Enrique Rubio, que comandó la interpelación, puso sobre la mesa tres puntos claves que, a su juicio, no fueron respondidos por las autoridades.
El primero: por qué no se bajaron en su momento los niveles de presión del agua mientras se evaluaba la evolución de la situación para garantizar su calidad. Rubio precisó que esto no hubiera significado cortes programados.
Segundo, se preguntó si las autoridades tienen un plan de contingencia ante esta crisis y, si lo hay, en qué consiste.
Finalmente, el senador frenteamplista se preguntó cómo hará OSE para mantener la calidad actual del agua potable si sigue sin llover y si la represa de Paso Severino – que hoy tiene el 10% de las reservas habituales – deja de volcar al sistema.
Durante la interpelación hubo un gesto institucional que no pasó inadvertido: en lugar de las clásicas botellas plásticas de agua mineral que se reparten en el Parlamento, los senadores tenían ayer en sus bancas agua en jarras y vasos de vidrio. La medida fue dispuesta por la Presidencia de la Cámara.
INTERNACIONALES
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, eludió ayer la posibilidad de su destitución al disolver al Congreso, dominado por la oposición, que acababa de iniciarle un juicio político.
El mandatario, acusado por los congresistas de presunta corrupción, firmó un decreto para "disolver la Asamblea Nacional” debido, dice el texto, a “la grave crisis política y conmoción interna".
“Ciudadanas, ciudadanos, ante ustedes comparesco para decirles que no es posible avanzar, resolver los problemas de las familias ecuatorianas, enfrentar los profundos desafios a los que nos somete la inseguridad y el terrorismo con una asamblea que tiene como proyecto político la desestabilización del gobierno, de la democracia y del Estado. Desde el inicio de mi gestión en cuatro ocasiones un sector de la política nacional ha intentado deponer al gobierno democráticamente elegido”.
Esta resolución, prevista en la Constitución ecuatoriana, implica que en un plazo máximo de 90 días deben celebrarse nuevas elecciones legislativas y presidenciales para completar el periodo de cuatro años que comenzó en mayo de 2021.
Lasso puede presentarse a los comicios, aunque según las encuestas, cuenta con una aprobación tan baja que hace difícil pensar en una reelección. Por el contrario, en medio de la violencia ligada al narcotráfico y el descontento por el costo de vida, la decisión del presidente es vista por analistas como una oportunidad para que la izquierda opositora recupere fuerzas.
Esta es la primera vez que un mandatario aplica la denominada "muerte cruzada" establecida en la Constitución de 2008. El gobernante defendió su determinación argumentando que "le devuelve al pueblo ecuatoriano la posibilidad de decidir". Los mandos militares y policiales respaldaron el proceder de Lasso al considerar que su decisión "está sujeta a una norma constitucional y debe ser respetada completamente", según dijo el general Nelson Proaño, jefe de las Fuerzas Armadas.
La oposición, encabezada por el expresidente Rafael Correa, tildó de "ilegal" y de "golpe de Estado" la disolución del Parlamento. A través de Twitter, desde su residencia en Bélgica, Correa aseguró que "es obvio que no existe ningún estado de conmoción interna, sino un juicio político en aplicación de la Constitución. En todo caso, es la gran oportunidad para mandar a la casa a Lasso".
Por su parte, el líder de la mayor organización civil ecuatoriana, el indígena Leonidas Iza, sostuvo que Lasso dio "un cobarde autogolpe de Estado" convirtiendo a su gobierno "en una inminente dictadura".
En Ucrania, el emisario chino Li Hui, enviado por el gobierno de Xi Jinping, estimó ayer que no existe un remedio milagroso para resolver la guerra en ese país y pidió que se entablen negociaciones con Rusia.
"No hay panacea para resolver la crisis y todas las partes deben (…) construir una relación de confianza mutua y crear condiciones para detener la guerra y dialogar", dijo Li, citado en un comunicado de la cancillería china.
Li se reunió en Kiev con el canciller ucraniano, Dmitro Kuleba, durante una visita que inició el martes con el objetivo de buscar una solución política al conflicto entre Rusia y Ucrania.
En sus conversaciones con jerarcas locales, Li también dijo que China "seguirá prestando asistencia a Ucrania, en la medida de sus capacidades".
En los próximos días, el enviado visitará Rusia, Polonia, Alemania y Francia.
China propuso a comienzos de año un plan de 12 puntos para poner fin a la guerra, que fue acogido con escepticismo por las potencias occidentales, aliadas de Ucrania.
En Francia, un tribunal de apelaciones confirmó la condena a tres años de prisión del expresidente Nicolas Sarkozy por corrupción y tráfico de influencias.
Los magistrados ratificaron la pena ordenada en el tribunal de primera instancia, en marzo de 2021.
Sarkozy, que gobernó Francia entre 2007 y 2012, escuchó la decisión con semblante tenso sentado en el banquillo de los acusados de un tribunal de París.
"Nicolas Sarkozy es inocente", declaró su abogada, Jacqueline Laffont, anunciando que presentarán un recurso en casación contra esta pena, que también incluye la prohibición durante tres años del derecho al sufragio.
Sarkozy también es acusado de haber recibido financiamiento ilegal durante su victoriosa campaña electoral de 2007 y se lo está investigando por algunos de los fondos que recibió en 2012.
En Chile, el Congreso aprobó ayer un incremento del impuesto a la gran minería del cobre, con el que busca generar recursos adicionales para proyectos sociales en el país.
La iniciativa recaudará unos 1.500 millones de dólares adicionales para el Estado, un tercio de los cuales se distribuirán entre todas las regiones de Chile.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró que el tributo permite que "el Estado aumente su participación en las rentas económicas de la minería del cobre", a la vez que impulsa la "descentralización" de los ingresos del cobre.
La medida era reclamada por los gobernadores, una autoridad establecida muy recientemente en Chile, un país marcado por una fuerte centralización del poder en Santiago.
El presidente, Gabriel Boric, que impulsaba este proyecto, también anunció a fines de abril la participación mayoritaria del Estado en la explotación del litio.
La nueva ley deja fuera a las empresas que produzcan menos de 50.000 toneladas métricas de cobre al año. Para aquellas que produzcan una cantidad igual o mayor, introduce el pago de un impuesto del 1% sobre las ventas, así como el pago de tasas de entre 8% y 26% sobre la renta de la operación minera.
En Argentina, miles de personas se movilizaron ayer frente a la Casa Rosada por "salarios, trabajo, contra el hambre y la pobreza", cuando el país atraviesa una crisis con inflación de más de 100% anual.
Los manifestantes fueron convocados por organizaciones sociales y portaban carteles con consignas como "Basta de hambre y ajuste" y "Repudiamos el ajuste del FMI".
La denominada "Marcha federal piquetera" fue convocada por agrupaciones de distinto signo político, que nuclean a sectores desfavorecidos de la sociedad, desocupados y beneficiarios de ayudas alimentarias, entre otros.
Bajo banderas argentinas, cartelones con la imagen del Che Guevera, Juan Perón y Eva Perón, llegaron hasta la histórica Plaza de Mayo cientos de habitantes de las villas del conurbano bonaerense, cartoneros y trabajadores informales.
Según datos oficiales, 40% de argentinos viven bajo la línea de pobreza y un tercio de los niños viven algún grado de inseguridad alimentaria.
La semana viene bien movida en Brasil, pero sin dudas la noticia de mayor impacto en la política y en la economía ha sido el cambio en la política de precios de los combustibles adoptada por Petrobras, anunciado el martes.
Cumpliendo una de sus promesas de campaña, el gobierno Lula determinó el fin del llamado Precio de Paridad de Importación, PPI, que ajustaba los precios de acuerdo a las oscilaciones del dólar y del mercado internacional de petróleo, e incluía los costos logísticos de transporte en el precio.
Esta política estaba en el ojo de la tormenta tras sucesivas polémicas generadas por el drástico aumento del precio de los derivados. Según anunció el gobierno, el objetivo de la política es “Abrasilerar el precio de los combustibles”, acabando con la subordinación obligatoria a la paridad de importación y evitando traspasar a los precios internos la volatilidad coyuntural de las cotizaciones internacionales, ya que Petrobras importa una parte ínfima de lo que comercializa.
El anuncio del Ejecutivo tuvo una relativa buena recepción en el mercado, ya que según analistas, se temían cambios más drásticos. El mismo día, el gobierno anunció una reducción de más de 12% en los precios de la gasolina y el diesel, y de más de 20% en el gas de cocina.
Otra noticia impactante de la semana ha sido la revocación del cargo del diputado federal Deltan Dallagnol, coordinador del grupo de fiscales de la Operación Lava Jato en Curitiba. Según la decisión unánime del Tribunal Superior Electoral, Dallagnol cometió fraude electoral al renunciar al Ministerio Público Federal mientras tenía procesos administrativos pendientes en el Consejo Nacional de la fiscalía, que investigaban supuestas irregularidades en su tarea. Procesos estos, que en caso de ser juzgados, podrían dejarlo inelegible. Dallagnol es recordado por haber sido, en setiembre de 2016, el procurador responsable de presentar al público la denuncia contra el presidente Lula da Silva, al que definió en su momento como el jefe máximo de una organización criminal, durante el proceso que llevó a Lula a prisión. En marzo de 2021, las condenas contra el actual presidente en el marco de la Lava Jato fueron anuladas.
Como adelantamos en En perspectiva el martes, en el día de ayer, con 367 votos a favor y 102 en contra, se votó el carácter de urgencia del nuevo marco fiscal propuesto por el gobierno, y la votación, según afirmó el presidente de la cámara de diputados, ocurrirá la próxima semana.
En relación a las Comisiones Parlamentarias de Investigación, se instaló en el día de ayer una de las que promete mayores enfrentamientos entre el gobierno y la oposición. La del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), que será presidida por el ex ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, enemigo declarado del movimiento. La instalación de la CPI de los actos golpistas del 8 de enero quedó para la semana que viene.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajó a Japón, para participar de la cumbre del G-7. Brasil es uno de los ocho invitados para esta edición. El jerarca tendrá reuniones bilaterales con Indonesia, India y el país anfitrión.
(Corresponsal: Marcelo Aguilar)
VOLVEMOS AL PANORAMA NACIONAL
Unos 500 mil hogares uruguayos, el 40% del total nacional, completaron hasta ahora el Censo 2023 en el formato digital. El plazo para hacerlo por esta vía vencía ayer pero el Instituto Nacional de Estadística (INE) anunció una prórroga hasta el lunes 22.
El director de ese organismo, Diego Aboal, informó que más de 1.250.000 personas quedaron relevadas a través del censo digital en los 18 días que lleva en funcionamiento la aplicación. Los mejores registros siguen observándose en el sur del país. Del otro lado, en departamentos como Rivera, Artigas, Treinta y Tres o Salto el nivel de adhesión está entre 20% y 30%.
Aboal valoró en rueda de prensa estos resultados.
“Hemos sumado además cerca del 10% de los hogares en los últimos dos días. Esto ha sido una demanda muy importante sobre los sistemas y por eso anunciamos una extensión del plazo hasta el lunes 22. Tendremos cinco días más, así que no dejen para el final porque eso enlentece los sistemas, los SMS demoran en llegar, así que tendremos cinco días para ser censados”.
Aboal agregó que el relevamiento del censo a través del sistema presencial tradicional comenzará a fines de la próxima semana.
Esta semana la Intendencia de Montevideo comenzó a desarrollar los trabajos que, según anunció, permitirán mayores espacios peatonales en la Ciudad Vieja.
Las obras están enmarcadas en el proyecto Late Ciudad Vieja, destinado a aumentar los “espacios públicos de convivencia”, recalificando sus usos e introduciendo un parque lineal que, según la comuna, dará oportunidad al desarrollo inmobiliario de la zona.
Los trabajos comenzaron el lunes en la calle Rincón. El 1 de junio se comenzará a trabajar en la calle Colón y en julio en la calle Reconquista. En cada caso, las tareas durarán diez meses.
En cada una de las calles se duplica el área actual destinada al tránsito peatonal y se reduce a una sola senda la circulación vehicular. Además se procura la accesibilidad universal, promoviendo la convivencia entre modos activos de circulación, como peatones o ciclistas, y las dinámicas asociadas al vehículo motorizado.
El Ministerio del Interior se presentó ante fiscalía para ampliar la denuncia penal que se había elevado en marzo sobre el uso indebido del Hospital Policial e incluir en ella al exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González.
El exjerarca renunció la semana pasada tras revelarse que había usado las instalaciones de ese centro, pese a que las actuales autoridades interpretan que su uso está reservado a policías en actividad o en retiro y familiares directos.
Pese que González había señalado previamente que se había atendido en el Hospital Policial a partir de una sola emergencia puntual, una investigación interna del ministerio indicó que en trece ocasiones recurrió a diversos servicios de emergencia, policlínicas y retiro medicación.
Ayer González expresó su arrepentimiento a través de su cuenta de Twitter.
"Utilicé el Hospital Policial; no debió suceder. Renuncié. Pido perdón a mis amigos, a mis compañeros, a todos, por haber actuado de esa manera", dijo. "Quiero que todos sepan que me arrepiento de lo que pasó y espero ganarme la confianza nuevamente con trabajo y entrega", agregó el exdirector del Ministerio del Interior.
La denuncia del ministerio incluía hasta ahora a los casos de un civil que fue atendido en el Policial por orden directa del entonces director general de la cartera, Charles Carrera, y el de la exposa del actual senador frenteamplista.
La fiscal Silvia Porteiro accedió al pedido de tres senadores del Frente Amplio y resolvió el desarchivo de la denuncia que había sido presentada en torno a presuntas irregularidades en el acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie por la extensión de la concesión de la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo.
La causa comenzó cuando los senadores frenteamplistas Charles Carrera, Mario Bergara y Enrique Rubio denunciaron presuntas irregularidades cometidas por autoridades del gobierno en el trámite por el cual se extendió hasta el 2081 la concesión de la terminal especializada de contenedores en el Puerto de Montevideo a la empresa Katoen Natie.
En noviembre del año pasado el anterior fiscal, Gilberto Rodríguez, había archivado el expediente por entender que no se encontraban elementos que comprueben que se cometieron delitos por parte de los investigados. Pese a eso, había señalado algunas “incorrecciones” en el accionar del presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo.
Los denunciantes pidieron el reexamen del caso después del dictamen de Rodríguez. Un juez aceptó la solicitud y el expediente llegó a Porteiro.
Tras el análisis inicial, y vencido el plazo de 20 días, la fiscal Porteiro decidió desarchivar el caso en parte dada su “complejidad”, según las fuentes.
ECONOMÍA Y EMPRESAS
La agencia calificadora Moody’s elevó la perspectiva de la deuda pública de Uruguay de “estable” a "positiva" y mantuvo la nota del país en "Baa2″, un escalón por encima del grado inversor.
La decisión estuvo basada en un “sólido crecimiento económico”; “la implementación exitosa de la política fiscal” y el “compromiso del Gobierno con la implementación de la regla fiscal” que apuntalará a una reducción de la carga de la deuda pública.
Moody´s también destacó la solidez de las instituciones y la gobernanza.
En la página web de Presidencia se destacó que la decisión adoptada por Moody´s se suma a otras mejoras adoptadas por calificadoras desde marzo de 2020 hasta ahora. En abril de este año, la calificadora Standard & Poor´s subió la nota a “BBB+”, con perspectiva estable. En diciembre de 2021 Fitch Ratings mejoró la perspectiva de la deuda uruguaya a estable (“BBB-“); en octubre de 2022 la agencia japonesa R&I subió la nota a “BBB+”, con perspectiva estable y en noviembre del año pasado DBRS Morningstar subió la nota a “BBB”, con perspectiva estable.
En el mercado local, el dólar bajó ayer por tercera jornada consecutiva, en esta ocasión 0,11%. El interbancario fondo se operó en promedio a $38,904.
En lo que va del año 2023, el dólar lleva una baja acumulada de 2,91% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2022).
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $37,70 para la compra y $40,10 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense subió y cerró en R$ 4,951.
En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió y se situó en AR$ 231,65. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue)bajó y cotizó en el entorno de los AR$ 487,00.
Por su parte, el Euro bajó ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$ 1,0838.
CERRAMOS CON OTRAS NOTICIAS
Un hombre de 37 años murió tras ser atropellado por un taxista al que previamente había asaltado.
Esto sucedió el martes por la noche cerca del Hipódromo de Maroñas, en Montevideo.
Según informó Telemundo el taxista, de 60 años, levantó al pasajero en la avenida 8 de Octubre y Silvestre Pérez. Cuando llegaron a destino, el hombre quiso robarle al conductor y lo amenazó con que tenía un arma de fuego.
El presunto ladrón logró llevarse un celular y se fugó corriendo de la zona.El taxista comenzó a perseguirlo, y lo atropelló en el cruce de las calles Mariano Estape y Besares.
La víctima del accidente murió en el lugar de los hechos producto de las heridas, detallaron fuentes policiales.
El conductor fue detenido y el caso ya está en manos de Fiscalía.
En su declaración a las autoridades, confesó que chocó al hombre, pero indicó que fue "un accidente", debido a que el ladrón "se tropezó" mientras lo perseguía y lo atropelló.
DEPORTES
Tras ser presentado ayer con el nuevo técnico de la Selección Uruguaya el argentino Marcelo Bielsa nominó a 18 jugadores para el comienzo de su trabajo al frente del equipo.
En casi todos los casos se trata de juveniles y algunos de ellos se desempeñan en primera división y habían sido convocados previamente para equipos sub 17 o sub 20. Estos primeros nominados servirán de “sparring” de los futbolistas que Bielsa luego designe para los partidos que la Selección tiene previsto disputar el próximo mes ante Nicaragua y Cuba.
Bielsa comenzará los trabajos con este primer grupo de nominados el próximo lunes.
