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Noticias del jueves 30 de marzo de 2023

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Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

Cabildo Abierto (CA) frustró nuevamente las intenciones del gobierno y de la mayor parte de la coalición, cuando, en alianza con el Frente Amplio, forzó una prórroga en la discusión del proyecto de reforma del sistema previsional. 

48 horas antes del vencimiento del plazo fijado para la actuación de la comisión especial que analiza el tema en la Cámara de Diputados, los cabildantes presentaron ayer sorpresivamente una moción para extender su trabajo hasta el 30 de abril. La propuesta salió adelante gracias a los votos del Frente Amplio y del diputado César Vega, del PERI. Más temprano, en la misma jornada, CA se había comprometido con sus socios a no pedir ni apoyar ninguna prórroga. 

El hecho se produjo durante una sesión especial de la cámara, en la que el diputado Martín Sodano explicó las razones del cambio. 

“El objetivo del partido, que fue planteado ante la coalición y al Frente Amplio, es obtener los consensos para aprobar este proyecto antes del 31 de este mes. Sin embargo, de no llegar a los plazos y no teniendo los acuerdos, la idea es tener un resguardo de que no venza la comisión y tener un poco más de tiempo para poder trabajar en conjunto”. 

El argumento estuvo lejos de convencer al resto de la coalición. 

Daniel Peña (Partido de la Gente), dijo que la actitud de Cabildo supone un “cambio radical” y marca un “hito importante” para el oficialismo, luego del cual “habrá que replantearse muchas cosas”, afirmó. 

En el Partido Independiente, Iván Posada remarcó que los cabildantes incumplieron un acuerdo previo: “el partido que propone la prórroga fue el que nos dijo que no iba a presentar la prórroga”, advirtió. 

“Debemos cumplir los compromisos asumidos en los ámbitos de trabajo, pero además cumplir los compromisos que como partidos integrantes de la coalición asumimos, ante el propio presidente antes de enviar este proyecto de ley a consideración del Parlamento de la República. Nosotros seguimos en esa misma línea”. 

En igual tono se pronunció el nacionalista Juan Martín Rodríguez. "Si algo tienen que entender aquellos a los que les toca gobernar es el sentido de la responsabilidad", indicó. Esa obligación, remarcó, abarca a todos los socios de la coalición. "Acá no hay quienes puedan sacar la pata del lazo", continuó.

La moción fue presentada durante la sesión cuyo cometido era dar entrada al mensaje complementario que el Poder Ejecutivo envió con modificaciones al proyecto y que no contempló los dos principales reclamos de Cabildo: el período de cálculo para la tasa de reemplazo de las futuras jubilaciones y las inversiones de las AFAP en el exterior. 

En el Frente Amplio, el diputado Gonzalo Civila defendió el apoyo a la prórroga al señalar que las modificaciones constituyen un documento de 62 páginas cuyo análisis resulta imposible si la comisión finaliza su actuación este viernes. 

En el oficialismo se tiene asumido que la definición del proyecto pasa por contactos entre el presidente Luis Lacalle Pou y Guido Manini Rios. 

A nivel parlamentario, blancos y colorados entienden que el líder de Cabildo Abierto está “presionando” al presidente para que, a cambio de su apoyo a la reforma jubilatoria, se comprometa a que estarán los votos para apoyar el proyecto de ley de prisión domiciliaria preceptiva para mayores de 65 años, que indirectamente beneficiaría a varias de las personas presas en la Cárcel de Domingo Arena. 

En Diputados, los blancos mantienen la voluntad de cumplir la “orden” de Lacalle e intentar votar el proyecto en comisión este mismo viernes. Si fracasaran, el texto no sería presentado ante el plenario de la Cámara de Representantes. 


OTRAS NOTICIAS QUE SE DESTACAN EN EL PANORAMA NACIONAL

La Fiscalía General de la Nación anunció ayer que asignará un equipo fiscal que actuará de oficio ante la acusación por explotación sexual que la militante nacionalista Romina Celeste Papasso realizó contra el senador Gustavo Penadés. 

A través de un comunicado consignado por El Observador esa oficina señaló que el fiscal general Juan Gómez “envió un memo acompañado por un pendrive con la captura de imágenes, audios y videos al respecto a la Dirección de Depuración, Priorización y Asignación (DPA) para que el tema se investigue”. 

Papasso, una mujer trans, denunció esta semana en varias entrevistas que Penadés abusó sexualmente de ella cuando tenía 13 años y aún no había hecho su transición. Relató que en dos ocasiones Penadés le habría ofrecido dinero a cambio de sexo. En sus redes sociales, la militante subió fragmentos de videos y capturas de fotos como supuesta prueba relacionada con otros presuntos abusos de menores que involucrarían al senador.

Según El País, el caso estará a cargo de la fiscal Mariana Alfaro, conocida por encabezar la investigación de la Operación Océano. 


Ayer de mañana, en una declaración leída ante los medios de comunicación, Penadés rechazó “rotundamente” las acusaciones, confirmó que presentará una denuncia penal por difamación y cuestionó que se lo acuse de “pedófilo” por su opción sexual.

Penadés, que no aceptó preguntas de los periodistas, reivindicó su honestidad y desligó a su partido y al gobierno de las acusaciones en su contra, al afirmar que se trata de un tema “estrictamente personal”. 

“Todos ustedes conocen mi orientación sexual. Y nunca me he escondido ni he renegado de la misma. No reniego de lo que soy. Lo que no admito bajo ninguna circunstancia es que, por tener esta orientación sexual, alguien me quiera acusar de pedófilo o que pueda sospechar las cosas que hoy, lamentablemente, se están diciendo”. 

Penadés anunció que está a disposición de la Justicia y que, por esa vía, se propone llegar hasta las últimas consecuencias para aclarar los señalamientos que, agregó, buscan someterlo “al escarnio público”. 


Penadés recibió ayer varias muestras de apoyo, especialmente desde su sector político, el Herrerismo. El Partido Nacional, en tanto, definirá hoy su posición orgánica sobre el tema. 

El canciller Francisco Bustillo y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, concurrieron ayer al Palacio Legislativo a solidarizarse con Penadés. 

Heber sostuvo que las acusaciones contra su compañero de la Lista 71 del Herrerismo constituyen una difamación. 

Laura Raffo dijo por su parte que confía en que la Justicia esclarezca los hechos. 

Desde el Movimiento Por la Patria, el senador Jorge Gandini dijo que cree en la palabra de Penadés. 

Búsqueda consigna hoy que Penadés le transmitió a su entorno más cercano que se tomaría unos días para no sumar con su presencia al “ruido mediático” que se desató en torno a su situación. También les dijo a otros colegas  que se preparen para asumir un rol más protagónico en algunos de los temas legislativos que venía liderado. 

“Estamos hablando del mayor responsable y articulador de la actuación parlamentaria del gobierno”, comentó un legislador. 


INTERNACIONALES 

Un grupo de empresarios del sector tecnológico, expertos y políticos pidieron pausar durante seis meses los experimentos con inteligencia artificial, incluido el chat GPT, porque "pueden plantear profundos riesgos para la sociedad y la humanidad".

"No nos apresuremos a caer sin estar preparados", indican en la carta abierta, firmada, entre otros, por el director ejecutivo de Tesla y dueño de Twitter, Elon Musk, y el cofundador de Apple, Steve Wozniak.

"La inteligencia artificial avanzada podría representar un cambio profundo en la historia de la vida en la Tierra, y debería planificarse y gestionarse con el cuidado y los recursos correspondientes", señalan.

"Nadie -ni siquiera sus creadores- puede entender, predecir o controlar de forma fiable" las "mentes digitales cada vez más poderosas" que se están desarrollando, argumentan. 

"¿Debemos desarrollar mentes no humanas que podrían acabar superándonos en número, ser más inteligentes que nosotros, que nos dejen obsoletos y que nos reemplacen? ¿Deberíamos arriesgarnos a perder el control de nuestra civilización?, se preguntan, antes de concluir: "Tales decisiones no deben delegarse en líderes tecnológicos no electos".


El papa Francisco, de 86 años, que fue internado ayer en el hospital Gemelli de Roma por una infección respiratoria, pasó "una buena noche" en ese establecimiento. 

El pontífice "tuvo que someterse a controles médicos en la jornada debido a que en los últimos días se quejaba de dificultades respiratorias", explicó en una nota el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni.

Los controles médicos "pusieron de manifiesto una infección respiratoria (excluido el covid-19), la cual va a requerir varios días de un adecuado tratamiento médico hospitalario", precisó.

La hospitalización inesperada del pontífice argentino desató interrogantes sobre su estado de salud.

Las próximas citas del jefe de la Iglesia Católica fueron anuladas, y el Vaticano indicó que Francisco seguirá hospitalizado "varios días" para recibir tratamiento. 

Se ignora si Francisco podrá celebrar la misa del Domingo de Ramos, el 2 de abril, y las ceremonias de Semana Santa que suele encabezar.


En México, la Fiscalía General investiga a ocho personas por presunto homicidio a raíz de la muerte de 39 migrantes durante un incendio en un centro de detención en Ciudad Juárez. 

El siniestro se desató en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en la noche del lunes luego de que migrantes prendieron fuego colchones en protesta por su posible deportación, según las autoridades. 

Hablando en rueda de prensa, la titular de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, brindó información sobre el avance de la investigación.

"Ninguno de los servidores públicos ni de los policías de seguridad privada realizaron alguna acción para abrirles la puerta a los migrantes que se encontraban adentro ya con el fuego".

Ocho personas han sido identificadas como presuntas responsables de esa omisión: dos agentes federales y un agente estatal del INM, y cinco miembros de una empresa de seguridad privada.

Además, un migrante "es señalado por las mismas personas" con quienes estaba detenido por iniciar el fuego, detalló la fiscal.


El director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, indicó ayer que trabaja en un plan para garantizar la seguridad y minimizar el riesgo de catástrofe en la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, que desde el año pasado está bajo dominio ruso.

"Creo que es importante que podamos seguir dialogando. Quiero agradecer que se haya facilitado el acceso de nuestros equipos aquí desde setiembre".

En diálogo con AFP, agregó que intenta "preparar y proponer medidas realistas que sean aprobadas por Kiev y por Moscú" para llegar a un acuerdo.

El objetivo "es ponerse de acuerdo sobre ciertos principios y ciertos compromisos, entre los cuales figura no atacar la central", añadió.

La idea de una zona desmilitarizada alrededor de la central, situada en el sudeste de Ucrania, parece avanzar tras meses de intercambios infructuosos.


Perú anunció ayer el "retiro definitivo" de su embajador ante Colombia, luego de acusar al presidente Gustavo Petro de injerencia en los asuntos internos país, un mes después de una decisión similar en la relación con México.

La cancillería peruana dijo en un comunicado que la medida "responde a las reiteradas expresiones injerencistas y ofensivas del presidente (colombiano) Gustavo Petro, quien persiste en distorsionar la realidad al desconocer que el 7 de diciembre de 2022 se produjo en el Perú un golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo".

Según la cancillería, la actitud de Petro y "sus continuas expresiones injerencistas han deteriorado seriamente la histórica relación de amistad, cooperación y respeto mutuo que ha existido entre el Perú y Colombia".

La chispa que encendió la reacción peruana fue el respaldo de Petro al expresidente Castillo en la reciente Cumbre Iberoamericana. Allí el colombiano dijo que Castillo debería estar en la cumbre y que fue sacado de la presidencia "con un golpe". A su turno, la canciller peruana, Ana Cecilia Gervasi, le respondió: "Si Pedro Castillo no está aquí es porque dio un golpe de Estado".


El presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó este miércoles a los negociadores de paz con el Ejército de Liberación Nacional para "examinar" el "grave" ataque de esa guerrilla, que dejó nueve militares muertos y otros nueve heridos.

Los soldados estaban en una zona fronteriza con Venezuela custodiando el oleoducto Caño Limón Coveñas, el más importante del país y blanco recurrente del ELN, cuando fueron atacados por los rebeldes, según la versión oficial.

El mandatario manifestó en Twitter su "repudio total" por el atentado y convocó a "consulta a delegación del gobierno en la mesa del ELN, países garantes y acompañantes". "Un proceso de paz debe ser serio y responsable con la sociedad colombiana", añadió. 

En la misma línea, el consejero presidencial de paz, Danilo Rueda, aseguró que con hechos como estos el ELN está "esquivando la construcción de la paz en Colombia". Preguntado por la prensa, Rueda no descartó suspender las negociaciones que iniciaron en noviembre. 

La mayoría de los soldados fallecidos eran jóvenes que prestaban el servicio militar obligatorio y rondaban los 20 años de edad.


En Ecuador, la Corte Constitucional allanó el camino anoche para que la Asamblea Nacional inicie un juicio político al presidente, Guillermo Lasso, por el supuesto delito de peculado.

Con seis votos a favor y tres en contra, el máximo tribunal resolvió "admitir la acusación de juicio político relacionada con el presunto delito de peculado" contra el mandatario, señaló la Corte en un comunicado.

Los magistrados desecharon otra causal que había planteado la Asamblea Nacional por el presunto delito de concusión.

La Corte Constitucional consideró que en la solicitud "se han respetado los principios de legitimidad política y del debido proceso", por lo que dio luz verde.

Durante el juicio el presidente deberá presentar pruebas en su defensa.

La Asamblea Nacional volvió a la carga contra Lasso luego de la divulgación de un reporte del medio digital La Posta en el que se revela una supuesta estructura de corrupción para la asignación de cargos públicos en empresas estatales montada por Danilo Carrera, un cuñado de Lasso, quien no ha ocupado cargos en el gobierno.

Lasso niega las acusaciones y acusa a la Asamblea Nacional de intentar "desestabilizar" a su gobierno.


Chile reportó ayer su primer contagio de gripe aviar en un hombre de 53 años, luego de haber detectado varios casos positivos en animales en 13 de sus 16 regiones.

El paciente presenta "un cuadro de influenza grave", pero se encuentra estable, indicó el Ministerio de Salud, sin revelar la identidad del hombre ni la región donde se produjo el contagio. 

El organismo también subrayó que "actualmente no existe transmisión de persona a persona" y que los humanos contraen la gripe aviar solo "por contacto con animales enfermos".

En las personas el virus puede provocar tos, diarrea y fiebre superior a 38°C, entre otros síntomas. 

Chile ya ha detectado el virus en aves silvestres, lobos marinos y nutrias en 13 de sus 16 regiones. El primer caso se reportó en diciembre de 2022 en la ciudad de Arica, en la frontera con Perú.


El presidente argentino, Alberto Fernández, dijo ayer que vuelve a su país "satisfecho" después de haberse reunido en Washington con su par estadounidense, Joe Biden.

"Realmente estoy satisfecho con la reunión, contento porque estoy convencido de que se han abierto las puertas para un trabajo estratégico y conjunto con Estados Unidos".

Fernández también dijo que en la reunión en la Casa Blanca Biden le dijo que puede "contar con él" ante los aprietos económicos provocados por la sequía.

Al comienzo de la reunión, Fernández explicó a su homólogo que el país atraviesa su peor sequía desde 1929 y "eso ha complicado mucho" la economía. En la misma línea, el argentino manifestó que espera el apoyo de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional (FMI), del cual es el principal accionista. De hecho, Buenos Aires está pendiente de que el directorio ejecutivo del organismo apruebe el desembolso de 5.300 millones de dólares.


Tres meses después de haber partido a Estados Unidos tras perder por poco la reelección, Jair Bolsonaro regresa este jueves a Brasil con la intención de liderar la oposición al gobierno de Lula da Silva.

Bolsonaro viaja desde Orlando, Florida, donde permaneció desde que dejó el país el 30 de diciembre, sin participar en la ceremonia de asunción de Lula.

Está previsto que aterrice en el aeropuerto internacional de Brasilia a las 7H10 de la mañana en un vuelo comercial.

Bolsonaro, de 68 años, anticipó que pretende "recorrer Brasil, hacer política" y "mantener en pie la bandera del conservadurismo". "Estoy sin mandato, pero no jubilado", dijo el lunes el excapitán del ejército, en una entrevista con el canal Jovem Pam.

El Partido Liberal (PL) dio gran publicidad en redes sociales, aunque oficialmente no ha organizado un evento de bienvenida. Pero aliados del expresidente llamaron a sus simpatizantes a mostrar un "apoyo macizo" en el aeropuerto.

Las autoridades anunciaron el refuerzo del dispositivo de seguridad en el aeropuerto y llamaron a los seguidores a abstenerse de manifestaciones durante la llegada. Informaron además que se prevé la llegada de autobuses de bolsonaristas a la capital, sin detallar el número.

Una vez deje el aeropuerto, Bolsonaro se desplazará hasta la sede del PL, donde será recibido por su esposa Michelle y el presidente del partido, Valdemar Costa Neto, para un encuentro privado, según la formación.

Luego se dirigirá a su nuevo domicilio, una casa en Jardim Botanico, un acomodado barrio de la capital a quince minutos del Palacio presidencial del Planalto.

El exmandatario (2019-2022) asumirá la semana próxima la presidencia honoraria del partido, y ganará un salario mensual de 41.600 reales -unos 8.000 USD-, según la asesoría de comunicación del PL.

Paralelamente, el expresidente enfrentará dificultades con la justicia.

Es objeto de cinco investigaciones susceptibles de penas de prisión en el Supremo Tribunal Federal, la más reciente abierta por su posible rol como instigador del asalto a los tres poderes el 8 de enero.
Además, corre riesgo de ser declarado "inelegible" si es condenado en alguno de los 16 casos que se tramitan en el Tribunal Superior Electoral, que investiga posibles abusos políticos y económicos en las presidenciales de 2022.

Bolsonaro también deberá rendir cuentas por un conjunto de joyas regaladas durante su mandato por Arabia Saudita, que habrían ingresado a Brasil de forma irregular.

La Policía Federal lo convocó este miércoles a prestar declaración el 5 de abril.

(Corresponsal: Marcelo Silva de Sousa)

VOLVEMOS AL PANORAMA NACIONAL

Bajo el argumento de que se está violando el “principio de igualdad ante la ley” el Frente Amplio no acompañó el proyecto de ley de reparación a las víctimas del accionar guerrillero en el pasado reciente, que fue aprobado ayer en una comisión parlamentaria con el de la coalición de gobierno. 

El proyecto, que será sancionado en la Cámara de Representantes luego de Semana de Turismo, incluye mecanismos de reparación a las víctimas de grupos armados ante hechos sucedidos entre 1962 y 1976. 

El punto de discusión aparece en los montos establecidos para las indemnizaciones. Serán US$ 150 mil en los casos de víctimas fatales, US$ 100 mil para los que hayan quedado incapacitados en forma permanente por esas acciones y US$ 50 mil si hubieran sido secuestradas por estos grupos al menos por 72 horas. 

El diputado frenteamplista Mariano Tucci señaló que así se está yendo contra el principio de igualdad, ya que estos montos son “sustantivamente superiores” a los US$ 72 mil que, señaló, plantea la ley que reparó a las víctimas del terrorismo de Estado en 2009. 

Las reparaciones serán definidas por una comisión especial que tendrá delegados de varios ministerios y de dos organizaciones que representen a las víctimas de estos hechos. 

Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos también cuestionó el proyecto. En un comunicado difundido ayer la organización señaló que la iniciativa pretende “homologar delitos cometidos por particulares a las acciones cometidas por el aparato estatal o sus agentes durante el terrorismo de Estado”. 


La intendenta de Montevideo Carolina Cosse se presentará hoy ante el Parlamento para entregar un documento con los descargos que efectuó ante el proceso de juicio político que se le inició en el Senado y que fue promovido por ediles blancos y colorados. 

La jefa comunal irá acompañada de todo su gabinete y le entregará la documentación a la vicepresidenta Beatriz Argimón. 

El tema viene siendo analizado por la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, que a partir del análisis del documento de Cosse deberá definir si avanza en el proceso de juicio político, para cuya aprobación de todas formas los votos no son suficientes. 

El pedido de juicio político fue planteado por los ediles opositores de Montevideo luego de denunciar una “sistemática falta de respuesta a los pedidos de informes” por parte de la administración departamental. 


En Artigas la intendencia departamental reconoció el pago de horas extras en forma irregular y denunciará ante la fiscalía a la exfuncionaria involucrada. 

A su vez la comuna artiguense decidió abrir un sumario y separará de su cargo a la directora de Recursos Humanos y al encargado de Liquidaciones, al señalar que hubo una falla en los controles que posibilitaron esos pagos. 

Así lo señala hoy El País. La exfuncionaria que será denunciada era al momento del cobro de las partidas irregulares pareja de Rodolfo Caram, en ese entonces secretario general de la intendencia y primo a su vez del intendente pablo Caram. 

La mujer llegó a cobrar partidas suplementarias por haber realizado, supuestamente, hasta 196 horas extras en un solo mes.


Una sesión especial de la Junta Departamental de Rocha realizada en la ciudad de Lascano en torno a la construcción de una terminal en esa localidad terminó con denuncias de agresiones entre los propios ediles. 

Todo sucedió luego que la comuna apuntara contra la oposición por “impedir” la construcción de la obra al negarse a dar su votos en la junta, para lo que se requerían mayorías especiales. 

El Frente Amplio afirma que apoya la instalación de la terminal, pero cuestiona que la intendencia pretenda para ello comprar un terreno por US$ 252 mil, que según sus cálculos supera ampliamente el valor tasado por catastro. Además, se señaló que en la operación no se cumplió con el debido proceso al no haberse efectuado un llamado público al respecto, dando cuenta de que existían otras tres ofertas por casi US$ 100 mil menos. 

Citado por El Observador, el edil frenteamplista Gustavo Hereo aseguró que en determinado momento de la sesión fue agredido a golpes de puño por su colega colorado Miguel Sanguinetti. 

Según el exintendente Aníbal Pereira, presente en la sesión, su correligionario recibió “terrible cachetazo en la nuca”. Según declaró, el edil colorado estaba “muy alcoholizado”. 


ECONOMÍA Y EMPRESAS 

La compañía American Airlines suspendió sus vuelos entre Montevideo y Miami, por lo que Uruguay se quedó sin conexión directa a Estados Unidos.

 El último vuelo partió el sábado pasado a las 22:40 horas.

 La medida no es una novedad, dado que la aerolínea – que había retomado la ruta el 30 de octubre pasado- ya había adelantado por ese entonces que a partir de marzo suspendía la frecuencia, tal como lo ha hecho en 2021 y 2022.


La aerolínea Jetsmart inauguró el martes la ruta Montevideo – Río de Janeiro.

Esta empresa, de origen chileno y de bajo costo, operará tres frecuencias semanales.  


En el mercado local, el dólar subió ayer 0,39%. El interbancario fondo se operó en promedio a $38,867.

En lo que va del año 2023, el dólar lleva una baja acumulada de 3,00% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2022).

En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $37,70  para la compra y $40,10 para la venta. 

En Brasil, la divisa estadounidense bajó y cerró en R$ 5,149.

En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió y se situó en AR$ 208,30. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) bajó y cotizó en el entorno de los AR$ 393,00. 

Por su parte, el Euro subió ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$ 1,0843.


CERRAMOS CON OTRAS NOTICIAS

Un tribunal de Apelaciones confirmó ayer  la sentencia para los condenados por el caso de Hernán Fiorito, el hincha de Peñarol asesinado por barras de Nacional en la plaza de Santa Lucía en 2016. 

Con esta resolución los 16 condenados que estaban en libertad  desde hacía cuatro años, deberán cumplir el resto de su pena en prisión.

El 28 de setiembre de 2016, durante los festejos por el aniversario de Peñarol en una plaza de Santa Lucía (Canelones), Hernán Fiorito fue baleado por hinchas de Nacional, que llegaron en varios autos y armados. Finalmente falleció el 4 de noviembre de ese año mientras permanecía internado como consecuencia de las heridas.

Cinco años después salió la sentencia -de primera instancia- que condenó a varios hinchas de Nacional por dos delitos de homicidio, uno de ellos en grado de tentativa, varios delitos de lesiones personales y tráfico de armas.

Los involucrados en el homicidio recibieron una condena máxima de 25 años y seis meses de prisión y un mínimo de 23 años, a lo que se debe descontar el tiempo que pasaron detenidos y en prisión preventiva.


Dos jóvenes fueron imputados por asesinar a una mujer de 31 años de varias puñaladas en el barrio Perez Castellano.

La víctima caminaba por la calle cuando tres hombres  la abordaron y la atacaron con un cuchillo y una botella de vidrio.

El hecho ocurrió la noche del lunes 27 de marzo. De los tres hombres, dos la maniataron y uno de ellos la atacó a la altura del cuello y el tórax. Luego del crimen se fueron del lugar, pero permanecieron en calles de la zona. 


DEPORTES 

En una decisión sin precedentes, Peñarol definió que no le venderá entradas a parciales de Nacional para el clásico que el próximo sábado se disputará en el Estadio Campeón del Siglo. Será la primera vez en la historia que un partido de este tipo se juegue sin presencia de hinchas visitantes. 

El pasado lunes los carboneros habían propuesto venderle a Nacional hasta 500 entradas y que la tribunal Gastón Güelfi fuera compartida por ambas hinchadas, separadas por un “pulmón” de seguridad. El Ministerio del Interior lo rechazó por el “riesgo” que esto representaba. 

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