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NACIONALES
Poco después de la hora cero de hoy la Cámara de Diputados completó la aprobación parlamentaria de la nueva ley de Medios en una votación que se saldó con 50 votos a favor en 91 legisladores presentes en sala.
La cámara baja, que ya había aprobado previamente una versión original del texto, ahora solo podía ratificar o rechazar todo el proyecto tras los cambios introducidos en mayo en el Senado.
Uno de esos cambios es el polémico artículo 72, que centró el debate culminado esta madrugada. Introducido a instancias de Cabildo Abierto, ese artículo obliga a los medios de comunicación a brindar a los ciudadanos “información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos”.
Para el diputado frenteamplista Carlos Varela, el artículo en cuestión resulta “absolutamente limitativo de la libertad de prensa”, y advirtió que con él “se corre el riesgo de votar un proyecto que incluye un artículo que yo no sé si la dictadura se hubiera atrevido a imponerlo, pero se van a levantar las manos, confiando no sé en qué. Eso es poco razonable”.
Su comentario estaba relacionado a que el Partido Colorado, ante la imposibilidad de rechazar ese artículo, lo votó con la esperanza de que luego el presidente Luis Lacalle Pou lo vete. El diputado Ope Pasquet definió al artículo 72 como un “adefesio” y una “amenaza a la libertad de expresión”, y dijo tener la “convicción” de que, una vez promulgada la ley, será “rápidamente excluido”.
En esa misma línea Iván Posada (Partido Independiente), dijo tener la “absoluta convicción que, en función de los principios republicano-democráticos, que son, por cierto, parte de las convicciones que tiene el presidente de la República, este artículo 72 va a ser objeto del veto por parte del Poder Ejecutivo”.
Desde Cabildo Abierto, el diputado Martín Sodano defendió el artículo cuestionado y aseguró que busca simplemente “dar la garantía” de que la ciudadanía recibirá “información veraz”. Según Sodano, “los medios pueden opinar lo que quieran”, pero “lo que no pueden hacer es mentir”.
Entre otros puntos, El Frente Amplio cuestionó que, a seis meses del cambio de gobierno, se apruebe una ley que crea nuevas reglas de juego para obtener licencias de radio y televisión, y además consagra la habilitación a los cableoperadores a ofrecer servicios de internet.
Previamente este miércoles la Cámara de Diputados aprobó, también con los votos del oficialismo, el proyecto de Rendición de Cuentas, la última de este período de gobierno.
El discurso de los legisladores de la coalición multicolor tuvo como eje la defensa de la política económica llevada adelante por el Ejecutivo. Allí se llamó a mirar “toda la película”, con un gobierno que debió asumir con un déficit fiscal superior al 5% y que debió enfrentar en pocos días la pandemia por covid 19.
En el oficialismo se destacó la recuperación económica procesada en este período, la creación de 76 mil empleos nuevos en comparación con 2019 y la perspectiva de que ese proceso continúe.
En el Frente Amplio, en cambio, se apuntó a la “promesa incumplida” del gobierno de abatir el déficit fiscal, la reducción del gasto público destinado a enfrentar las consecuencias de la pandemia y la “deuda social” que dejará, fundamentalmente en cuestiones como la pobreza infantil. La oposición aseguró que la promocionada mejora en la economía se procesó en simultáneo con un deterioro en la calidad de vida de gran parte de la población.
El proyecto de Rendición de Cuentas deberá ahora ser discutido en el Senado.
El Ministerio del Interior presentó ayer los datos sobre violencia doméstica y de género correspondientes al primer semestre de este año. En ese período 21 mujeres fueron asesinadas, ocho menos que en los seis primeros meses de 2023.
De estos 21 casos, once se definieron como femicidios, al considerarse a nivel oficial que el móvil respondía a cuestiones de género. Según esta definición, hubo un caso menos que en el primer semestre del año pasado.
Los datos del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad indican que en el primer semestre de este año hubo 21.459 denuncias por violencia doméstica y 1.606 por delitos sexuales. En estos rubros no se registraron diferencias significativas con el primer semestre de 2023. El 65% de las víctimas fueron niños y adolescentes.
Hablando con la prensa el subsecretario del Interior, Pablo Abdala, afirmó que este tipo de casos "acontecen en el ámbito privado, en el ámbito del hogar" por lo que la Policía "normalmente llega cuando la consecuencia trágica ya aconteció".
“Por lo tanto, no hay prevención policial posible. Debe haber una prevención que tenemos que ensayar entre todos, que es construir una sociedad mejor, bajar los niveles de violencia, construir un sistema con capacidad de respuesta que nos permita llegar a tiempo e intervenir preventivamente cuando estas situaciones se insinúan y, por lo tanto, antes de que acontezcan”.
Abdala dijo acompañar el enfoque que indica que el hecho de que aumenten las denuncias no significa que haya aumentado el delito sino que, en estos casos, puede ser que las víctimas se “animen más” que antes a denunciar.
El Poder Ejecutivo procura una “salida consensuada” a nivel político para el Casmu, y quiere darle “potestades especiales” a los tres veedores que fueron designados para la institución.
Estos veedores comenzaron a trabajar el jueves pasado y se espera que el lunes presenten un primer informe general sobre el estado de la institución.
El martes pasado la ministra de Salud Pública, Karina Rando, concurrió a una comisión del Senado para exponer sobre el proyecto de ley que envió el gobierno y que, bajo determinadas condiciones, le permitirá al Casmu acceder a un fideicomiso por US$ 56 millones. Según la versión taquigráfica de la sesión, publicada por El Observador, las autoridades ahora analizan un nuevo decreto para que los interventores puedan controlar el uso de esos fondos.
Ante los legisladores, la ministra afirmó que un eventual desplazamiento de las actuales autoridades del Casmu sigue sobre la mesa, si así amerita de acuerdo a la información que se vaya obteniendo. Rando señaló además que el ministerio recibió una denuncia por conflicto de intereses, ante la existencia de “testaferros dueños de empresas tercerizadas que tienen vínculo funcional” con la institución.
Un informe de la Dirección Nacional de Bomberos dio cuenta de un derrame de cerca de 4 mil litros de soda cáustica, ocurrido el pasado 31 de julio en la terminal de UPM en el puerto de Montevideo.
El informe, publicado por La Diaria, indica que “el derrame fue contenido en primera instancia por funcionarios de seguridad de UPM con medidas de absorción. Se hizo presente personal de la empresa encargada de recoger el producto y su disposición final mediante el llenado de las piletas de contención”. Se agregó que “no se registraron lesionados”.
En agosto de 2023 la planta UPM 2, ubicada en Pueblo Centenario, produjo otro derrame de soda cáustica, que afectó la fauna acuática del arroyo Sauce y que alcanzó al río Negro. El pasado 18 de junio hubo otro derrame de contaminantes sobre el arroyo Sauce, del que la firma no informó de inmediato sino ocho días después y por el cual el Ministerio de Ambiente analiza aplicarle dos sanciones.
Sobre el último incidente en el puerto, el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus), aseguró ayer que aún “no existe comunicación alguna en la web de UPM” y que tampoco “hubo noticia” de que el ministerio haya intervenido.
VOLVEMOS AL PANORAMA NACIONAL
El diputado colorado y exministro de Turismo, Germán Cardoso, dijo sentirse “reivindicado” por la decisión de Fiscalía de archivar la denuncia por una presunta estafa al Estado durante su gestión en esa cartera.
El fiscal de Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez, decidió esta semana archivar la denuncia que habían presentado varios diputados del Frente Amplio en torno a Kirma Services, una empresa contratada bajo la gestión de Cardoso y que apuntaba como indagados al empresario Elbio Rodríguez y al exasesor de Cardoso, Daniel Reta.
Hablando ayer con FM Gente, Cardoso aseguró que se trató de una “contratación más” de las que hay permanentemente en el Estado y remarcó que Kirma era una empresa con antecedentes comprobados.
El actual diputado dijo que el archivo es el final de un relato con “muy mala intención” que se instauró desde el Frente Amplio, con el objetivo de dañar su imagen y reputación “sin medir consecuencias”. Aseguró así que la decisión fiscal es una oportunidad de “reivindicación” que logra ponerle un punto final a una “situación totalmente injusta que me tocó vivir”.
La Jutep (Junta de Transparencia y Ética Pública) denunció ante Fiscalía presuntas irregularidades ocurridas en la Intendencia de Florida, relacionadas con la contratación de una empresa de familiares de la exsecretaria del intendente.
El caso está vinculado a una serie de adquisiciones que la administración de Guillermo López efectuó entre 2020 y 2023 a una empresa, relacionadas con el alquiler de una retroexcavadora, por un total de US$ 70 mil. La empresa pertenecía a familiares de Natalia Castellini, la secretaria del jefe comunal que renunció por este caso en julio de 2023.
El pasaje a Fiscalía fue aprobado con el voto de la presidenta de la Jutep, Gabriela Di Longo, y de la vocal en representación del Frente Amplio, Ana Ferraris. Votó en contra el representante del Partido Nacional, Guillermo Ortiz.
Hablando ayer en conferencia de prensa el intendente López aseguró que la denuncia es parte de una “campaña de desprestigio”.
“Entendemos que es una clara maniobra de detractores que tiene una intencionalidad, que pretenden confundir a la opinión pública y desgastar valores y principios de esta gestión que no voy a permitir bajo ningún concepto”.
López cuestionó que, en plena campaña electoral, se genera una denuncia por hechos que ocurrieron “dos años atrás”.
Con el voto en contra de la representante del Frente Amplio, la Jutep resolvió además desarchivar la denuncia contra los legisladores Charles Carrera y Susana Pereyra por el eventual uso irregular del Hospital Policial.
También desarchivó la que habían presentado varios ediles contra la Intendencia de Montevideo por enviar una donación de mochilas y remeras a la sede del Frente Amplio para una correcaminata de recaudación para la campaña del referéndum contra la LUC.
Cabildo Abierto propone declarar la “emergencia en seguridad pública y adicciones”.
En un evento realizado el martes en la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo los integrantes de la fórmula presidencial de ese partido, Guido Manini Ríos y Lorena Quintana, prometieron implementar una política para frenar el consumo de marihuana, similar a la que el ex presidente Tabaré Vázquez, impulsó con respecto al tabaco. Además instaron a los otros candidatos a “hacer una declaración” en la que se comprometen “a priorizar” el combate a las “adicciones”.
Quintana, que es doctora en medicina familiar y se desempeñaba como Directora del Programa de Adolescencia y Juventud del Ministerio de Salud Pública, fue proclamada el domingo 28 de julio por la convención nacional de suy fuerza política. Dos días más tarde, aquí, En Perspectiva, Quintana adelantaba cuál va a ser su principal mensaje de campaña.
“Cuando la gente vota le está dando poder a alguien. Ese alguien va a decir que pasa con los niños, con la ideología de género en la educación, si persiste o si se retira, va a decidir cómo son las políticas de drogas, si continúa con la legalización de otras sustancias, como plantean los partidos de la coalición y también el Frente Amplio de legalizar el mercado de la cocaína. A quien le vas a dar el voto va a decidir eso”.
ECONOMÍA Y EMPRESAS
La Intergremial del Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay (ITPC) criticó el decreto del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) para la creación de un nuevo sistema de control de la flota, que busca recabar información sobre el uso que hacen los camiones y el transporte de pasajeros de las rutas nacionales.
Bajo el nombre Sistema de Gestión de Flota (Sigeflot), el nuevo mecanismo fue creado como sustituto del Sistema Integral de Control de Transporte de Carga (Sictrac), conocido como el "Gran Hermano del transporte", una iniciativa que había sido ejecutada en el último gobierno del Frente Amplio pero que, tras múltiples polémicas y denuncias judiciales por irregularidades en el proceso de implementación, fue suspendida.
El nuevo decreto señala que, a través de un GPS, Sigeflot recabará información sobre la geolocalización en tiempo real de los vehículos, su identificación y el origen y destino de la carga o del servicio. También relevará su recorrido, tiempo del mismo, velocidad, peso y dimensiones de la unidad, y permiso especial de carga y/o custodia en caso de corresponder.
El Observador consigna hoy que si bien el sector transportista estaba en conocimiento de que las autoridades del MTOP trabajaban en los detalles de un nuevo sistema de control, los tomó por sorpresa el decreto y les molestó haber recibido la noticia a través de la prensa y no directamente por parte del gobierno.
El presidente de la ITPC, Ignacio Asumendi, señaló a El Observador que el gobierno "no atiende" la problemática de fondo del sector. "Con el Ministerio de Transporte parece que tenemos un diálogo de sordos. Está muy disociada nuestra realidad de la visión y gestión de las autoridades", expresó.
Entre los principales problemas que aquejan al sector, Asumendi nombró la informalidad laboral, baja rentabilidad, sobrante de camiones, baja productividad, entre otros. En este sentido, los transportistas entienden que "por lo menos" el viejo Sictrac "tenía como objetivo y cometido inicial resolver parte de esa problemática y darle un beneficio" al sector, dijo Asumendi, mientras que el actual "solo busca conocer el uso que se hace de las rutas".
Ahora las autoridades del MTOP trabajan en la elaboración del pliego de licitación y condiciones técnicas que exigirán a las empresas proveedoras del sistema de geolocalización, por lo que desde la ITPC esperan la publicación de ese documento para definir qué evaluación realizan del nuevo mecanismo de control.
En el mercado local, el dólar ayer bajó, en esta ocasión un 0,24%. El interbancario fondo y operó en promedio a $ 40,405.
En lo que va del año 2024, el dólar lleva una suba acumulada de 3,54% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2023)
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $39,25 para la compra y $41,65 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense bajó y cerró en R$ 5,609.
En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial se mantuvo y cotizó en AR$936,50. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) aumentó y cotizó en el entorno de los AR$ 1385,00.
Por su parte, el Euro bajó frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$ 1,0921.
El precio del barril Brent cerró ayer a U$S 78,33 para su entrega en octubre. En tanto, el barril de West Texas Intermediate (WTI) cotizó ayer a U$S 75,23 para entrega en septiembre.
OTRAS NOTICIAS
Una mujer de 65 años fue asesinada ayer por su pareja, un hombre de 77 años, en la ciudad de San Jacinto, Canelones.
La mujer murió por un corte en el cuello que le ocasionó el hombre con un cuchillo de cocina. Tras cometer el crimen, el asesino se entregó a la Policía. Tenía una denuncia por violencia doméstica de 2022 sobre la que la Justicia dispuso medidas cautelares, que vencieron en marzo de 2023.
Falleció ayer el presunto asesino de Rodrigo “Loly” Fontana, exsocio de Sebastían Marset. Se había rociado con nafta y se había prendido fuego a sí mismo cuando la Policía llegó a arrestarlo, en Rivera.
El hombre permanecía internado en el Cenaque (Centro Nacional del Quemado).
INTERNACIONALES
El premio nobel de la paz Muhammad Yunus llegó a Bangladesh para encabezar un gobierno interino, luego de que un alzamiento popular liderado por estudiantes pusiera fin al gobierno de 15 años de Sheikh Hasina.
Se prevé que Yunus, de 84 años, jure como jefe de gobierno hoy, para encabezar lo que el comandante del ejército, Waker-Uz-Zaman, prometió que será un "hermoso proceso democrático".
La perspectiva de ver a Yunus junto a los líderes militares era inimaginable hace una semana, cuando las fuerzas del orden disparaban a los manifestantes que tomaron las calles para exigir la renuncia de Hasina. Pero el fin de semana las Fuerzas Armadas se volvieron contra Hasina, quien debió huir a India. Luego accedieron a la demanda estudiantil de designar como jefe interino de gobierno a Yunus, ganador del Premio Nobel de la Paz en 2006 como pionero de los microcrédito para los pobres.
"Estoy ansioso de volver a casa, ver qué está pasando y cómo podemos organizarnos para salir de los problemas en los que nos encontramos", declaró a los periodistas ayer, antes de abordar un vuelo en París.
Por otro lado, cientos de hindúes de Bangladesh se congregaron en la frontera con la esperanza de cruzar a India, informaron hoy autoridades de seguridad, días después de una revuelta estudiantil que provocó la caída de la primera ministra Sheikh Hasina.
Las autoridades dispararon salvas al aire para dispersar a la multitud.
Tras la caída de Hasina, a quien los manifestantes consideran cercana a los hindúes, algunos negocios y casas de hindúes fueron atacados en este país mayoritariamente musulmán.
Hasina, de 76 años y en el poder desde 2009, abandonó el lunes su cargo tras más de un mes de protestas contra un plan de cuotas en empleos públicos, que se transformó en un movimiento de rechazo general en contra de ella.
Al menos 455 personas murieron en los disturbios, según un recuento de la AFP basado en cifras de la policía, autoridades del gobierno y fuentes médicas.
La situación de seguridad en el país ha mejorado desde entonces, pero se han reportado ataques contra seguidores y dirigentes del partido de Hasina.
El Consejo de Unidad Hindú, Budista y Cristiano de Bangladesh dijo esta semana que al menos 10 templos hindúes fueron atacados el lunes.
En Estados Unidos, el presidente Joe Biden y su vicepresidenta y aspirante a sucederlo, Kamala Harris, expresaron su miedo por la amenaza que según ellos supone para la democracia el candidato republicano Donald Trump, sea cual sea el resultado de las elecciones de noviembre.
"Si Trump pierde, no estoy nada seguro" de que haya una transición pacífica del poder, advirtió el líder demócrata en la cadena de televisión CBS. "Lo dice en serio… todo eso de ‘si perdemos habrá un baño de sangre…’”, expresó el mandatario en el adelanto de una entrevista que se publicará completa el domingo.
Trump nunca ha reconocido su derrota de 2020 frente a Biden. Además, el republicano se enfrentó a dos procesos de destitución, tiene dos acusaciones penales por intentar revertir los resultados de esas elecciones, una por su papel en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, y ha sido condenado penalmente por tratar de ocultar pagos a una exactriz porno de cara a la campaña de 2016.
Mientras Biden teme que haya violencia en caso de una derrota de Trump el 5 de noviembre, Kamala Harris advirtió sobre las posibles consecuencias en caso de una victoria del multimillonario.
"(Trump) prometió a todos que, si es reelegido, sería dictador desde el día uno, que instrumentalizaría la Justicia contra sus enemigos políticos (…) e incluso, dijo que ‘aboliría la Constitución'", señaló la candidata ayer en un acto en Wisconsin.
"Alguien que sugiere abolir la Constitución no debería nunca más tener la oportunidad de estar detrás de la rúbrica de Presidente de Estados Unidos", dijo la vicepresidenta entre los aplausos de sus seguidores.
Con los sondeos a favor, Harris, de 59 años, quiere aprovechar el impulso generado a fines de julio, cuando la campaña dio un giro luego de que la dirigente sustituyera a Joe Biden como postulante del Partido Demócrata de cara a las elecciones de noviembre.
La ONU exhortó a investigar "exhaustivamente" las acusaciones de tortura y violaciones de derechos humanos a prisioneros palestinos detenidos por Israel desde el pasado 7 de octubre, contenidas en un nuevo informe de una ONG.
"Creemos que todas las acusaciones de violaciones de normas básicas de derechos humanos deben investigarse exhaustivamente y debe haber una rendición de cuentas", dijo en una rueda de prensa el portavoz de la Secretaría General de Naciones Unidas, Farhan Haq, preguntado sobre un informe reciente de la ONG B’TSELEM.
B’TSELEM (Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados) publicó esta semana un informe sobre el "abuso y el trato inhumano" de Israel a los prisioneros palestinos, con base en los testimonios de 55 palestinos detenidos y liberados, casi todos sin cargos.
De acuerdo con la ONG, las declaraciones dan cuenta de que más de una docena de centros de detención militares y civiles se transformaron "en campos de tortura de facto".
Según los testimonios, los palestinos estuvieron expuestos a actos frecuentes de violencia grave y arbitraria, agresión sexual, humillación y degradación, hambre deliberada, condiciones antihigiénicas forzadas, privación del sueño, prohibición y medidas punitivas del culto religioso, entre otras torturas.
La guerra entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás en la Franja de Gaza cumplió 10 meses ayer, en momentos de máxima tensión en Oriente Medio.
Israel sigue a la espera de un ataque de Irán y sus aliados, que juraron vengar los recientes asesinatos del ex jefe político de Hamás y del máximo líder militar del grupo libanés Hezbolá.
El gobierno israelí prometió eliminar al nuevo líder de Hamás, a quien acusa de ser uno de los cerebros del ataque del 7 de octubre que desató la actual guerra en Gaza.
El primer ministro, Benjamín Netanyahu, aseguró ayer que Israel está preparado “tanto para la defensa como para el ataque”.
En Rusia, la localidad de Kursk, cercana al límite con Ucrania, se declaró ayer en estado de emergencia para hacer frente a una incursión de tropas ucranianas que comenzó el martes y que el presidente Vladimir Putin calificó de "provocación a gran escala”. Los enfrentamientos determinaron la evacuación de civiles a ambos lados de la frontera.
Desde Moscú, el Ministerio de Defensa indicó en un comunicado que, durante la noche de ayer, “los destacamentos de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa junto a las unidades de la guardia fronteriza del Servicio Federal de Seguridad continuaron aplastando a las tropas del ejército ucraniano”. Según el Kremlin, "hasta 1.000 soldados" enemigos participan en la incursión, además de una decena de tanques y alrededor de veinte vehículos blindados.
El alcance de los avances ucranianos no está claro. Según la cadena de Telegram Rybar, cercana al ejército ruso, las tropas de Kiev tomaron varias aldeas y habrían llegado al sur de Sudzha, una ciudad de 5.500 habitantes situada a unos 10 kilómetros de la frontera.
Hoy el consejero presidencial de Kiev, Mijaílo Podoliak, declaró que la incursión ucraniana de esta semana en la región rusa de Kursk es una consecuencia de "la agresión" de Rusia contra Ucrania.
"La causa primordial de toda escalada, todo bombardeo, toda acción militar (…), incluso dentro del territorio de la Federación Rusa como las regiones de Kursk y Belgorod, es únicamente la agresión rusa", publicó Podoliak en sus redes sociales.
China anunció un plan para estimular el consumo de los hogares en un intento por acelerar la economía, que no ha logrado retomar su dinamismo tras el fin de la pandemia.
El programa, que fue divulgado esta semana, consta de 20 medidas que conforman una hoja de ruta para ministerios y autoridades locales.
Por un lado, el gobierno exhorta a "aumentar la oferta de servicios de atención a las personas mayores", un grupo etario que se presenta como un nicho de desarrollo para la economía china en un contexto de envejecimiento poblacional.
Además, el plan apunta a desarrollar la oferta en materia de cuidado infantil, teniendo en cuenta que los jóvenes chinos están demorando la decisión de tener hijos debido al alto costo de la educación y la falta de ayudas sociales.
También se prevén reducciones del impuesto a la renta, principalmente para compensar el costo de la atención brindada a los niños menores de tres años y a las personas mayores.
Asimismo, el gobierno se compromete a asegurar más apoyo financiero para las micro y pequeñas empresas del sector servicios y a fomentar que las grandes compañías extranjeras de ese rubro abran sus primeros puntos de venta en China, entre otras medidas.
El PIB chino creció 4,7% interanual en el segundo trimestre, una cifra menor que el 5,1% estimado y que el 5,3% del primer trimestre. Esto hace dudar de que el país pueda alcanzar su objetivo de crecimiento "de aproximadamente 5%” fijado para 2024.
En el Reino Unido, miles de personas se manifestaron anoche en varias ciudades británicas en contra de las violentas protestas de ultraderecha que sacuden el país desde hace una semana en reacción al asesinato de tres niñas.
Durante el día, las fuerzas de seguridad temían decenas de nuevas movilizaciones racistas e islamófobas y posibles actos violentos, en especial contra mezquitas y hoteles que albergan a migrantes.
Pero finalmente fueron los manifestantes antirracistas quienes salieron en numerosas ciudades del Reino Unido, incluso protegiendo centros de ayuda a migrantes ante posibles altercados.
Liderados por activistas de la asociación Stand Up To Racism, los manifestantes corearon eslóganes como “¡Las calles son nuestras!” y sostuvieron pancartas que decían "Stop a la extrema derecha" y "Refugiados, bienvenidos".
El país vive desde hace una semana manifestaciones violentas convocadas, según las autoridades, por grupos de extrema derecha en respuesta al apuñalamiento mortal contra tres niñas en una fiesta en Southport, en el noroeste de Inglaterra.
Desde el inicio de la crisis, las autoridades llevaron a cabo más de 400 arrestos y más de 120 imputaciones. Algunas personas ya han sido condenados judicialmente.
Los disturbios fueron incitados por rumores y especulaciones en internet sobre la identidad del sospechoso, falsamente presentado como un solicitante de asilo musulmán.
Sin embargo, el responsable del ataque es un joven de 17 años nacido en Gales de padres ruandeses.
En Venezuela, el excandidato opositor Edmundo González Urrutia no concurrió ayer a una audiencia en el Tribunal Supremo de Justicia, que lo había citado como parte de un proceso destinado a "certificar" la cuestionada elección en la que fue proclamado vencedor el presidente Nicolás Maduro.Aún no está claro si el dirigente podría enfrentar consecuencias legales por su decisión de no presentarse a la convocatoria.
González, quien afirma tener pruebas de que fue él quien ganó los comicios del 28 de julio, explicó su decisión en un comunicado publicado en sus redes sociales: “El ciudadano Nicolás Maduro Moros, quien ha interpuesto un supuesto recurso ante la Sala Electoral (de la corte suprema), ha dicho públicamente (…) que si no comparezco incurriré en responsabilidades legales, y que, si comparezco y consigno copias de las actas de escrutinio, también habrá graves responsabilidades penales. ¿Es ese un procedimiento imparcial y respetuoso del debido proceso? ¿Estoy condenado por anticipado?”, se preguntó el dirigente.
A continuación, agregó: ”Si acudo a la Sala Electoral en estas condiciones, estaré en absoluta vulnerabilidad por indefensión y violación del debido proceso, y pondré en riesgo no solo mi libertad sino, lo que es más importante, la voluntad del pueblo venezolano”.
La oposición considera que el Tribunal Supremo de Justicia, de mayoría oficialista, no ofrece garantías.Organizaciones internacionales como Human Rights Watch también han denunciado la falta de independencia judicial en Venezuela.
Asimismo, cabe recordar que González Urrutia está siendo investigado por la Fiscalía venezolana, que lo acusa de "incitación a la insurrección" por haberle pedido a las fuerzas armadas que “se pongan del lado del pueblo” en las protestas contra el resultado oficial de las elecciones.
En Chile, la siderúrgica Huachipato, una de las más importantes del país, suspendió “indefinidamente"sus operaciones, como ya había hecho en marzo, ante la fuerte competencia del acero chino y pese a las medidas antidumping aplicadas por el Gobierno.
La decisión de Huachipato llega después de que el Ministerio de Hacienda aumentara los aranceles a las importaciones de barras y bolas de acero de origen chino, tras reconocer la existencia de dumping (competencia desleal consistente en vender por debajo del costo). Estos dos productos son insumos clave en la molienda de cobre, cuya producción mundial Chile lidera. El acero chino se comercia hasta un 40% más barato que el producto local, de acuerdo a estimaciones del mercado.
El directorio de Huachipato explicó que “a casi cuatro meses de implementada la medida, el comportamiento del mercado ha hecho imposible corregir los desequilibrios y traspasar a precio dichos aranceles”. Además, mencionó “la intensificación del dumping chino y la compleja situación financiera que la firma enfrenta hace años".
La suspensión de las actividades será paulatina, hasta culminar el proceso en septiembre, informó la empresaubicada en la región del Biobío, a más de 500 kilómetros al sur de la capital.
El gobierno chileno tildó de "irresponsable" la decisión de la compañía, que afecta a 2.700 trabajadores de forma directa y hasta 20.000 si se contabilizan los empleos indirectamente vinculados a su actividad.
"Nuestro llamado como gobierno es que esto se revierta, porque todo el país ha hecho un esfuerzo gigante para que ellos tengan las condiciones para poder desarrollar de buena manera su negocio", dijo el ministro de Economía, Nicolás Grau.
En Argentina, el presidente Javier Milei sostuvo que “la única solución” al problema de la violencia machista es la dureza contra los agresores. La afirmación se conoció en medio de la polémica por una denuncia contra el exmandatario Alberto Fernández por presunta violencia de género contra su expareja, Fabiola Yáñez.
En un mensaje en sus redes sociales publicado ayer y titulado “hipocresía progresista”, Milei escribió: “La solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer, no es contratar miles de empleados públicos innecesarios, no son los cursos de género y definitivamente tampoco es adjudicarle a todos los hombres una responsabilidad solo por el hecho de ser hombres (…) La única solución para bajar el delito es ser duros contra quienes los cometen”.
Las palabras de Milei siguieron a las declaraciones del portavoz presidencial, Manuel Adorni, quien aseguró que el Gobierno va a “colaborar con la Justicia” en este caso que calificó de “lamentable, triste y bochornoso”.
La denuncia contra Alberto Fernández ocurrió luego de que la Justicia, en el marco de una investigación sobre presunto tráfico de influencias del exmandatario, encontró mensajes que darían cuenta de un supuesto maltrato físico de Fernández a Yáñez, con quien tiene un hijo de dos años.
Tras la denuncia de la ex primera dama, Fernández negó las acusaciones en su contra y dijo, en un comunicado, que “la verdad de los hechos es otra” y que sólo iba a comentar “que es falso y que jamás ocurrió” lo que se ha difundido.
Según la orden dictada por el juez federal Julián Ercolini, Fernández no puede salir de Argentina, ni acercarse a su expareja, que actualmente vive en Madrid, ni contactar con ella por cualquier medio.
En tanto, la organización kirchnerista La Cámpora manifestó su solidaridad con Fabiola Yáñez y acusó a Alberto Fernández de haber "ejercido violencia" contra su entonces vicepresidenta, Cristina Fernández.
"Expresamos nuestra solidaridad con Fabiola Yáñez a partir de las noticias que informan de su denuncia por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández. Te creemos y acompañamos", escribió La Cámpora en un comunicado difundido en la red social X.
Y luego agregó: "No podemos no remitirnos a la violencia ejercida por él mismo contra Cristina, así como contra mujeres de su entorno cercano a quienes responsabilizó por situaciones que se le cuestionaron públicamente a él". En el texto no se agregaron más detalles sobre ese señalamiento.
En Brasil, ayer el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF) Luis Roberto Barroso le pidió disculpas en nombre del Poder Judicial y del Estado a María da Penha, un emblema en la lucha contra la violencia de género en el país norteño.
María da Penha quedó parapléjica tras sobrevivir a ataques de su marido, que intentó asesinarla dos veces en 1983, la privó de libertad durante 15 días y trató de electrocutarla.
El caso de Maria da Penha es paradigmático de la violencia contra las mujeres en Brasil, ya que la víctima luchó durante más de 19 años por Justicia.
En agosto de 2006, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionó la ley 11.340, que es conocida como Ley María da Penha. Esta ley establece las formas de violencia contra la mujer, como física, psicológica, sexual, patrimonial y moral, amplía las penas para hombres agresores y prohíbe que se le apliquen penas económicas, así como encamina a mujeres en situación de violencia a programas y servicios de protección entre muchas otras cosas.
Esta ley cumplió ayer 18 años. Durante la apertura de un seminario conmemorativo de esta norma, el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF) Luis Roberto Barroso Barroso dijo: “es necesario reconocer que en en el caso de Da Penha, la justicia tardó y fue insatisfactoria, y por lo tanto, le pedimos disculpas en nombre del Estado brasileño, por lo que pasó y por la demora”.
En otro orden de cosas, también este miércoles, el asesor especial del presidente brasileño para asuntos internacionales, el ex canciller Celso Amorim, afirmó en el programa Estudio I, del canal Globo News que teme que se agrave la situación en Venezuela.
Amorim afirmó: “Yo temo que pueda haber un conflicto muy grave. No quiero usar la expresión guerra civil, pero temo mucho. Creo que tenemos que trabajar para que haya un entendimiento, y eso exige conciliación. La conciliación exige flexibilidad desde todos los lados”. El asesor agregó: "Nadie va a poder imponer una solución desde afuera"
Aún no hay claridad sobre cuáles serán los siguientes pasos de la diplomacia brasileña, sobre la cual se depositan la mayoría de las esperanzas de intermediación, junto a México y Colombia, para encontrar un camino pacífico para la solución de la crisis generada en Venezuela tras la elección presidencial.
(Marcelo Aguilar, corresponsal de Brasil)
DEPORTES
La deportista Haohao Zheng se convirtió ayer en la persona más joven en participar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Lo hizo en skateboarding, cinco días antes de cumplir sus doce años.
Haohao participó en la categoría park femenino, culminó 18 entre 22 participantes y se quedó sin acceder a la ronda final.
Se convirtió además en la deportista olímpica más joven de su país y en la tercera más joven de la historia.
En 1896 el gimnasta griego Dimitros Loundras fue bronce en barras paralelas en Atenas con diez años. En Ámsterdam 1928 la italiana Luigina Giavotti se quedó con la medalla de plata en la prueba de gimnasia por equipos; tenía 11 años y tres meses.
