Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS
Ante el incremento significativo en la cantidad de casos nuevos de covid-19 observado en la última semana, el Ministerio de Salud Pública (MSP) recordó ayer la normativa vigente para uso del tapabocas, que es "obligatorio" en algunas situaciones y "altamente recomendado" en otras.
Según la última resolución del MSP, fechada el 9 de junio pasado, la recomendación de usar mascarilla rige, entre otros, para usuarios de transporte colectivo; personas que permanecen en refugios; quienes estén en lugares en donde sospechen existe un brote; y quienes permanezcan a cargo de personas no vacunadas. También se lo recomienda en espacios cerrados con aglomeración de personas y para elaboradores y manipuladores de alimentos
Por otra parte, es obligatorio el uso de tapabocas en personas con sintomatología respiratoria, el personal sanitario, y todo usuario que ingrese y/o permanezca en un centro de salud.
El reporte de este lunes señaló que entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre se registraron 1.527 nuevos casos, lo que marcó un incremento de 54,55% con respecto a la semana anterior, cuando se habían confirmado 988 casos.
El MSP descartó la presencia de nuevas variantes ni linajes de coronavirus e indicó que siguen habiendo más de un millón de vacunas disponibles para terceras y cuartas dosis.
Un día después de la finalización de la cumbre de presidentes del Mercosur el gobierno de Uruguay emitió su propio comunicado desmarcándose de sus socios en aspectos como las negociaciones con países extra zona.
El escrito presenta algunas diferencias con el divulgado al término de la cumbre por Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay, principalmente en dos temas claves como las negociaciones con terceros países y el arancel externo común del bloque regional. Pero la mayor diferencia es la falta de un comunicado común.
Desde Cancillería se notificó que Uruguay, durante la cumbre, resaltó que el estado de situación actual del arancel “deja en evidencia que el Mercosur no ha avanzado hacia una unión aduanera ni ha tenido la disposición de hacerlo”.
Además propuso un "perfeccionamiento de la zona de libre comercio", y propuso "todas las restricciones y medidas equivalentes aplicadas en el comercio intrabloque en el plazo de un año”.
Uruguay “resaltó” además la necesidad de “modernizar” la agenda externa del bloque “atendiendo a los intereses y sensibilidades de cada uno de los cuatro socios”, una redacción que apunta a hacer hincapié en la flexibilidad que pide el gobierno de Lacalle Pou.
La bancada de Diputados del Frente Amplio pidió ayer la renuncia del director de Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, Álvaro Garcé, luego de que la semana pasada el fiscal Gilberto Rodríguez archivara la denuncia que el jerarca había presentado por las filtraciones del plan de Inteligencia Nacional.
Hablando en conferencia de prensa, el diputado frenteamplista, Mariano Tucci, dijo que “archivada esta causa”, lo mínimo que espera la oposición es “las disculpas del Ejecutivo y la renuncia del jerarca”.
"Archivada esta causa de carácter penal, no recordamos antecedentes desde la apertura democrática hasta estos días en donde un integrante del Poder Ejecutivo denuncie penalmente al parlamento nacional. Un Poder del Estado denunciado penalmente a otro. La gravedad de esta situación amerita la consideración por parte del presidente de pedirle la renuncia a Garcé. porque llevó a la justicia penal a integrantes de la comisión que lo controla simplemente con elementos de convicción y no con pruebas concretas, como señaló el fiscal".
Además, Tucci subrayó que Garcé, “en el marco de su acción destemplada, comprometió al presidente de la República y al ministro de Defensa Nacional”, Javier García, porque, “actuando de buena fe”, Lacalle Pou, “enterado de esta situación, habló de sabotaje a la seguridad pública”, mientras que García “habló de traición a la patria”.
Algunos aspectos del Plan de Inteligencia Nacional fueron publicados en twitter por el periodista Eduardo Preve, nueve días después de que Garcé presentara el documento ante la Comisión de Control y Supervisión del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado.
En su denuncia ante fiscalía, Garcé pidió investigar a los diputados y senadores integrantes de esa comisión. Además, en varias declaraciones de prensa, el jerarca manifestó su convicción de que el documento filtrado era el mismo que él había expuesto en la sesión de comisión.
Sin embargo, en el dictamen en el cual archivó la causa el fiscal Gilberto Rodríguez aseguró que existen diferencias entre el documento que Garcé llevó a la fiscalía cuando presentó la denuncia y el documento que él mismo llevó al Parlamento.
Nuevas revelaciones sobre los chats de las conversaciones de Alejandro Astesiano, publicados en este caso por el semanario Búsqueda, aportan más ejemplos de que el exjefe de la custodia presidencial compartía datos reservados con particulares, conseguía traslados de policías y movía contactos en el Estado.
El informe del semanario está basado en el análisis de cientos de chats en poder de la investigación fiscal.
También se da cuenta allí de la multitud de intereses comerciales que mantenía Astesiano y su atención por lograr negocios millonarios a través de sus contactos desde su cargo.
Las gestiones de traslado de policías involucran al ex subjefe de la Policía Nacional, Héctor Ferreira, que renunció esta semana.
Algunos chats revelan que Astesiano tenía llegada directa con algunos jerarcas. Por ejemplo, en una conversación con el subsecretario de Transporte, Juan José Olaizola, el ex custodio le pidió una gestión para un funcionario de la Dirección de Arquitectura de esa cartera.
Además hizo favores al diputado nacionalista Gabriel Gianoli en torno al peritaje de una camioneta de un conocido del legislador retenida en una comisaría de Maldonado.
Los chats revelan que, aprovechando sus contactos, Astesiano mantenía múltiples intereses comerciales. Entre ellos una casa de salud, servicios de seguridad y vigilancia o compra-venta y alquileres de terrenos, entre otros.
También se prueban sus vínculos con exmilitares que, poco después de instalado este gobierno, conformaron la empresa Vertical Skies, que logró ganar varias licitaciones ante el Estado.
Según la última encuesta de Equipos Consultores, “en medio de una fuerte confrontación” entre el gobierno y la oposición por las derivaciones del denominado “caso Astesiano”, los juicios de los uruguayos sobre el desempeño del presidente muestran variaciones a la baja.
De acuerdo al sondeo presentado ayer en Subrayado, al comenzar diciembre, las opiniones de los uruguayos sobre la forma en que Lacalle Pou se está desempeñando como presidente muestran un escenario dividido: 44% aprueba su gestión, y 40% la desaprueba. Un núcleo minoritario de la población sostiene juicios intermedios (ni aprueba ni desaprueba, o no opina).
De esta forma, el presidente obtiene al comenzar diciembre un saldo neto positivo de + 4 (producto de la resta simple entre la aprobación y la desaprobación).
Los datos actuales constituyen la medición más baja de aprobación del presidente en lo que va del período de gobierno. Es la primera vez que los juicios positivos están por debajo del 45%, y también la primera vez que las opiniones negativas alcanzan el 40%.
Según Equipos, si bien las variaciones respecto a la medición anterior de fines de octubre podrían considerarse moderadas (de hecho, dentro o al límite del margen de error), la comparación con la medición previa de principios de octubre muestra el panorama más claramente. Entre ese momento (recién iniciado el episodio hasta la medición actual de principios de diciembre la aprobación al presidente pasa de 49% a 44% (caída de 5 puntos), y la desaprobación de 32% a 40% (crecimiento de 8 puntos). El saldo neto, entonces, pasa de +17 en aquel momento a +4 en la actualidad.
Una nueva encuesta de la consultora Opción divulgada ayer reveló que el Frente Amplio mantiene una intención de voto de 40% para las elecciones de 2024, la misma cifra que reúnen en conjunto los partidos nucleados en la coalición de gobierno.
Según la muestra difundida por Telenoche, en el oficialismo el Partido Nacional lograría el 28% de los votos, lo mismo que obtuvo en las elecciones de 2019. El Partido Colorado (6%) y Cabildo Abierto (5%), ambos perderían cada uno la mitad de los votos que lograron en 2019.
El Partido Independiente registra 1% de intención de votos. Los votos en blanco significarían 6%, en tanto, el 12% de los votantes se muestra indecisos.
Si se distribuye este porcentaje de indecisos de acuerdo a preferencias partidarias, el Frente Amplio aumenta su intención de voto a 44%, el Partido Nacional a 31% y los colorados a 7%. El oficialismo superaría así a la oposición por un punto.
Los senadores de la coalición de gobierno comenzaron a negociar las modificaciones al proyecto de reforma jubilatoria. Allí Cabildo Abierto presentó un documento de 15 puntos que incluye alteraciones de importancia e incluso la eliminación de la cuarta parte del articulado.
El documento divulgado por El Observador se centra en la modificación de la base de cálculo sobre la que se aplicará la tasa de reemplazo. El proyecto plantea considerar los últimos 25 años, pero los cabildantes reclaman limitarlo a un máximo de 15 años.
La reflexión es que, dado que el proyecto prevé una tasa de reemplazo similar a la que está hoy vigente al momento de configurar causal (45% para 60 años de edad y 30 años computados) en Cabildo aseguran que con la reforma “se producirá una rebaja importante de las pasividades, fundamentalmente en los sectores con carreras laborales piramidales con significativo crecimiento de salario”.
"Al considerar un período tan extenso, la sustitución de ingresos al momento de la jubilación hará caer en forma más importante los ingresos respecto a los percibidos antes del retiro", advierten.
Por otra parte los liderados por Guido Manini Ríos plantean el desglose de 85 de los 327 artículos que componen el proyecto para un análisis más profundo y por separado. La mayoría están referidos a los regímenes voluntarios y complementarios, y la nueva Agencia Reguladora de la Seguridad Social.
INTERNACIONALES
En Perú, el gobierno de Pedro Castillo llegó a su fin ayer tras un año y medio de continuas críticas políticas. Horas después de haber ordenado la disolución del Congreso, Castillo fue arrestado. El Parlamento designó como presidenta a quien era la número dos del Poder Ejecutivo, Dina Boularte.
Ayer estaba previsto que el Congreso votara una moción de vacancia contra Castillo. Antes de que eso ocurriera, el mandatario ordenó la disolución del legislativo. Los presidentes peruanos tienen constitucionalmente esta potestad para determinados escenarios, ninguno de los cuales se cumplía en este caso.
"Los adversarios políticos más extremos, en un acto inédito, se unen con el único propósito de hacer fracasar al gobierno para tomar al poder sin haber ganado previamente una elección. Esta situación intolerable no puede continuar, por lo que, en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional".
En su mensaje Castillo también anunció próximas elecciones legislativas y un toque de queda para las horas de la noche.
Su decisión no generó ninguna adhesión. Varios de sus ministros renunciaron rápidamente, incluida la presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez. Tampoco lo apoyaron ni la Policía ni las Fuerzas Armadas. A la vez, tanto la vicepresidenta, Dina Boluarte, como varios estamentos del Poder Judicial, anunciaron que estaban totalmente en desacuerdo con la medida, que ya algunos calificaban como intento de golpe de Estado.
El Congreso desoyó su supuesta disolución y mantuvo una sesión en la que, en primer lugar, aprobó la moción de vacancia contra Castillo por incapacidad moral, destituyéndolo, y después designó, como primera presidenta de Perú, a Boluarte, quien hasta ahora se había mantenido al costado de Castillo.
"Se ha producido un intento de golpe de Estado, una impronta promovida por el señor Pedro Castillo que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia ni en la calle. Este Congreso, atendiendo al mandato constitucional, ha tomado una decisión y es mi deber actuar en consecuencia. Asumo el cargo de presidenta constitucional de la república siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca, y mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todos los peruanos".
Boluarte llamó a un "amplio proceso de diálogo" con todas las fuerzas políticas para "retomar la agenda de crecimiento económico con inclusión social". A continuación, pidió "una tregua" para instalar lo que llamó "un gobierno de unidad nacional" para terminar con "la corrupción y el desgobierno".
Horas después de las palabras de Boluarte, la Fiscalía informó que Castillo había sido detenido a raíz de una nueva investigación en su contra, en este caso por rebelión y conspiración contra los poderes del Estado y el orden constitucional. La titular de la Fiscalía, Patricia Benavides, concurrió al Palacio de Gobierno, donde se hizo un allanamiento en búsqueda de documentos. Anoche Castillo fue trasladado a una base policial en la que cumple condena, entre otros, el expresidente Alberto Fujimori.
Perú ha tenido seis presidentes en los últimos seis años y ningún mandatario consiguió terminar el mandato para el que fue electo desde Ollanta Humala, quien gobernó entre 2011 y 2016. Quien fue elegido como su sucesor, Pedro Pablo Kuczynski, fue destituido por el Congreso en 2018, dando lugar a tres sucesiones constitucionales que terminaron el 28 de julio de 2021, cuando Castillo asumió la Presidencia, tras ganar las elecciones.
La escalada en la crisis política peruana llevó a que la Organización de Estados Americanos convocara a una sesión de urgencia de su Consejo Permanente.
En ella todos los países de América pidieron respeto al orden constitucional y únicamente Bolivia y Colombia tuvieron algunas palabras en defensa de Castillo, sin justificar sus últimas decisiones.
El embajador boliviano ante la OEA, Héctor Arce, hizo notar que Castillo enfrentó desde un comienzo reiterados intentos de derrocamiento:
"Un primer tema que no podemos negar ha sido la constante conspiración y rechazo a un gobierno de extracción popular. No es la primera vez, y esperemos que sea la última, en la que un gobierno popular, indígena, extraído de los sectores más sanos de la nacionalidad de un país, es profundamente rechazado por el orden político, el orden establecido, y se busca su constante derrocamiento".
Aun así, Arce subrayó que "absolutamente nada justifica un quiebre constitucional".
Por su parte, la cancillería colombiana destacó en un comunicado que "la democracia requiere el reconocimiento de la voluntad popular expresada tanto en las elecciones para presidente como para el Congreso".
En otro tono, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acusó a lo que llamó las "élites económicas y políticas" de Perú de la destitución de Castillo, en medio de un "ambiente de confrontación".
En líneas generales, los presidentes y las cancillerías de América Latina llamaron al diálogo y al respeto al orden constitucional, sin pronunciarse a favor de unos u otros.
En Brasil, el gobierno saliente consideró que la disolución del Congreso por Castillo fue una decisión "incompatible con la estructura normativa constitucional de este país" que "representaba una violación a la vigencia de la democracia y del Estado de Derecho", manifestó en un comunicado.
Por su parte, el presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que lamenta "que un presidente elegido democráticamente lleve ese destino", en referencia a la destitución. Aun así, añadió: "entiendo que todo fue conducido dentro del marco constitucional".
El presidente ruso, Vladimir Putin, admitió un aumento en las tensiones nucleares en el conflicto con Ucrania, aunque insistió en que no será el primero en usar armas atómicas.
"El riesgo está aumentando, ¿por qué negarlo? Nuestra estrategia es usar medios de protección, y vemos las armas de destrucción masiva, las armas nucleares, precisamente como de defensa. Se centra en el llamado "ataque de represalia"".
En una reunión televisada con el Consejo de Derechos Humanos ruso, Putin también admitió que el conflicto en Ucrania podría extenderse aún más.
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, se negó a responder directamente a Putin, pero estimó que "cualquier conversación a la ligera sobre armas nucleares es absolutamente irresponsable".
Por su parte, el canciller alemán, Olaf Scholz, opinó que el riesgo de que el conflicto se convierta en nuclear ha disminuido gracias a la presión internacional sobre Rusia.
En Alemania, la justicia anunció que frustró los planes de un pequeño grupo de extrema derecha que proyectaba atacar las instituciones democráticas.
La policía detuvo a 25 personas, dos de ellas en Austria e Italia, entre las que había un aristócrata alemán, un exdiputado de ultraderecha y una rusa, además de varios exmilitares.
El desmantelamiento se produjo gracias a una vasta operación que movilizó a unos 3.000 agentes y condujo a más de 130 allanamientos.
Los detenidos son sospechosos de "haber hecho preparativos concretos para entrar violentamente", con armas, en el parlamento.
Además de los arrestos, 27 otras personas se encuentran investigadas por sospechas de pertenencia a esta célula criminal, indicó la fiscalía.
El grupo contaba con personas ya designadas para algunos ministerios y un brazo militar para dirigir al Ejército, indicó la Fiscalía.
Las autoridades alemanas han clasificado en los últimos años la violencia de extrema derecha como la principal amenaza al orden público, por encima del yihadismo.
En Guatemala, un tribunal condenó a 16 años de prisión al expresidente Otto Pérez por encabezar una millonaria red de fraude en las aduanas, un caso que lo obligó a renunciar en 2015.
La corte dictaminó que Pérez "es penalmente responsable" por el delito de asociación ilícita en calidad de autor y de defraudación aduanera como cómplice.
A cada delito se le impuso una pena de ocho años de cárcel, para un total de 16 años, y más de un millón de dólares de multa. Una sentencia idéntica recibió su exvicepresidenta Roxana Baldetti, también acusada de encabezar el fraude.
Ambos fueron absueltos del delito de enriquecimiento ilícito ya que, según el tribunal, no hay dudas de que existió, pero no se pudo probar.
Pérez, de ahora 72 años, renunció al cargo y fue encarcelado el 3 de septiembre de 2015 tras masivas protestas.
Tras el dictamen, dijo que se siente "frustrado" y "decepcionado". Además, se preguntó cómo el tribunal puede asegurar que defraudó al Estado si no pudo comprobar el enriquecimiento ilícito.
Chile registró en noviembre una inflación de 1%, llegando a un acumulado de 13,3% en los últimos 12 meses, informó el Instituto Nacional de Estadísticas.
La inflación de noviembre estuvo por encima de la de octubre y fue más del doble de lo esperado por el mercado, que apuntaba a un aumento de precios de 0,4% o 0,5%.
Este nuevo repunte se produce luego que la inflación interanual presentara en setiembre su primera baja tras 18 meses en medio de un proceso inflacionario que no da tregua y que es una de las principales preocupaciones de los chilenos.
En Argentina, el gobierno denunció ante la justicia a un grupo de empresarios, jueces, fiscales y exagentes de seguridad para que se investigue si hubo corrupción detrás de un viaje en un avión privado que hicieron a una mansión en la Patagonia.
La denuncia fue presentada por el Ministerio de Justicia a instancias del presidente, Alberto Fernández, por hechos que fueron revelados por medios de comunicación y replicados en cadena nacional por Fernández.
En el escrito se plantea que si se corroborara que los gastos no fueron asumidos para cada uno de los viajeros, se estaría "ante la existencia de una entrega y aceptación de dádivas".
El viaje fue revelado a mediados de octubre por el diario Página/12, pero en los últimos días trascendieron mensajes que intercambiaron en la red Telegram las personas que participaron. En esos intercambios hablan de cómo evitar que la noticia se difunda en algunos medios masivos. Además, hay indicios de que buscaban ocultar quién pagó los gastos vinculados al viaje, sugiriendo incluso la conveniencia de usar facturas falsas.
El gobierno ha asegurado que los mensajes y el propio viaje confirman la existencia de lo que denomina un "Estado paralelo" o una "mafia judicial" donde estarían asociadas la oposición, parte del Poder Judicial y los medios de comunicación más importantes del país.
La vicepresidenta, Cristina Fernández, atribuyó a este supuesto "Estado paralelo" la condena por delitos de corrupción que la justicia dictó contra ella este martes, que incluye una pena de seis años de prisión y la inhabilitación política de por vida.
En Brasil, el Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central decidió ayer mantener la tasa de interés de referencia en 13,75%, en línea con el pronóstico del mercado.
Al ratificar por tercera vez consecutiva la tasa, llamada Selic, en la última reunión del año, la autoridad monetaria destacó que aún existen riesgos de subidas de precios, por lo que decidió mantener la tasa Selic sin cambios.
La decisión llega en la recta final hacia la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente el primero de enero.
El Central resaltó como principales "riesgos" la "persistencia de presiones inflacionarias" en el escenario internacional y la "incertidumbre por el futuro de la estructura fiscal del país y estímulos fiscales adicionales" a partir de la nueva administración de gobierno.
En 13,75%, la Selic permanece el nivel más alto desde enero de 2017.
"La coyuntura, incierta particularmente en el ámbito fiscal, requiere serenidad en la evaluación de los riesgos. El Copom va a acompañar con especial atención los desarrollos futuros de la política fiscal", destacó el Central en una nota.
Aliados de Lula da Silva negocian con el Congreso la aprobación de una reforma constitucional para ampliar gastos fuera del presupuesto a partir de 2023, que permita financiar programas sociales prometidos durante su campaña.
La iniciativa ha generado nerviosismo en el mercado, que busca señales de compromiso con el control de las cuentas públicas por parte de la administración entrante.
El último incremento en la Selic fue en agosto, cerrando el ciclo de subas que se inició a partir de un piso histórico de la tasa, de 2% durante la pandemia, y se extendió más de lo previsto por el alza de los precios de los alimentos y del petróleo empujados por la guerra entre Rusia y Ucrania.
La mayor economía latinoamericana sufrió un largo periodo de inflación alta, acumulando hasta 12,13% en doce meses a abril pasado.
Luego, gracias a recortes de impuestos a la energía y los combustibles adoptados por el gobierno de Jair Bolsonaro antes de las elecciones presidenciales de octubre, las alzas de precios se moderaron.
El mercado espera que la inflación en Brasil continúe bajo control y termine el año en 5,9%, según la encuesta Focus del BCB difundida el viernes pasado.
Por último, el Copom aseguró que "los futuros pasos de la política monetaria podrán ser ajustados y no dudará en retomar el ciclo de ajustes en caso de que el proceso de desinflación no transcurra como esperado".
(Corresponsal: Marcelo Silva de Sousa)
VOLVEMOS AL PANORAMA NACIONAL
El gobierno uruguayo hizo ayer un llamado a “respetar las instituciones democráticas” ante la “crisis política” que atraviesa Perú, a la vez que “condena enérgicamente cualquier intento de quebrantar el orden constitucional vigente” en ese país.
Cancillería emitió en la tarde un comunicado luego que el presidente peruano, Pedro Castillo, fuera destituido tras intentar disolver el Congreso e instalar un gobierno de emergencia.
El pronunciamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores dice confiar en un “pronto y normal funcionamiento de las instituciones republicanas” en el Perú y auguró que la juramentación de la vicepresidenta Dina Boularte como nueva jefa de Estado por parte del Congreso “conduzca a garantizar la estabilidad política y la preservación del Estado de derecho” en ese país.
Para el embajador uruguayo en Perú, Luis Hierro López, la destitución de Castillo “se venía venir”.
En diálogo con El Observador Hierro recordó que el del expresidente fue siempre un gobierno en minoría” y aseguró que lo ocurrido en las últimas horas en Perú se dio en el marco de la institucionalidad prevista en ese país.
Uruguay, dijo Hierro, jamás “iba a apoyar una dictadura o un golpe de Estado” en referencia al intento de Castillo y dijo esperar que con la nueva presidenta, Dina Boularte, “comience un tiempo de estabilidad política”.
Para el embajador de Perú en Uruguay, Marco Vinicio Balarezo, lo que hubo ayer en su país fue un “golpe de Estado” por parte de Castillo.
En rueda de prensa el diplomático valoró que el ahora destituido presidente tomó una decisión “apresuradísima” y “violatoria de la Constitución” al intentar disolver el Congreso y formar un gobierno de emergencia.
Una decisión que, aseguró, contó con el rechazo de “todas las fuerzas políticas e instituciones democráticas” del Perú.
"No sé qué le ha pasado por la mente a este señor de que tendría algún apoyo en una ruptura del orden constitucional cuando en el Perú se respeta la Constitución", insistió.
En tanto, explicó que un presidente puede disolver el Congreso de su país solo cuando ese organismo "no le da la confianza a dos gabinetes".
Fue presentado ayer el nuevo sistema que elimina el efectivo en el pago de peajes por los turistas extranjeros que lleguen a Uruguay.
Según lo informado por el Ministerio de Transporte los visitantes podrán moverse por territorio nacional sin pagar en las 24 horas siguientes a su ingreso. Luego deberán ir a un Abitab o a un Redpagos y abonar el o los peajes que hayan utilizado.
El paso siguiente será ingresar sus datos en la aplicación telepeaje.com.uy. Si no cuenta con tag, se le proporcionará uno. Los turistas argentinos podrán utilizar el que usen en su país.
Hasta el momento, los peajes de la Barra de Santa Lucía, Pando y Solís siguen aceptando efectivo.
ECONÓMICAS
Acodike, Megal y Riogás se presentaron a la licitación pública en la que ANCAP llamó a interesados para el arrendamiento de las dos plantas de envasado de supergas que son de su propiedad.
El plazo para la presentación de ofertas cerró ayer al mediodía, momento en el que las tres empresas presentaron sus ofertas para alquilar las instalaciones por cinco u ocho años.
El ente comunicó que las ofertas económicas y los requisitos formales serán analizados por los equipos técnicos de ANCAP y, la próxima semana, el directorio de la empresa resolverá y anunciará las adjudicaciones.
Hoy en día, las plantas de envasado esn arrendadas por Gasur (40% propiedad de ANCAP, 30% de Acodike y 30% de Riogas) hasta el 28 de febrero de 2023. A su vez, Gasur mantiene contratos de operación con Acodike y Riogás.
Ancap había manifestado hace tiempo su intención de salir de este negocio, que asegura le da pérdidas. En diálogo con El Observador, el presidente del ente, Alejandro Stipanicic dijo Ancap “sale ganador con este proceso porque pudo desarmar el anterior sistema de contratos y también gana el sector porque va a haber una competencia más transparente el año que viene”.
El cambio de los contratos de arrendamiento para las plantas de envasado es parte de una definición del Poder Ejecutivo para introducir cambios en el mercado de supergás. Por ese motivo, le encomendó aprobar a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) una nueva regulación para el sector que rija a partir del 1º de marzo próximo.
La facturación del sector de Tecnologías de la Información en 2021 fue de US$ 1.944 millones, lo que significó un crecimiento de 8% con respecto a la estimación de 2020, según los datos relevados por la encuesta anual que realiza la CUTI (Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información).
Las ventas en el mercado interno se situaron en US$ 937 millones en 2021, lo que representó un aumento de 5% respecto a 2020, mientras que las ventas al resto del mundo (incluyendo exportaciones y ventas de filiales de empresas uruguayas en el exterior) se incrementaron 12% en relación a la estimación de 2020, situándose en US$ 1.006 millones.
En 2021, 74% de las empresas TI socias de Cuti realizaron ventas al exterior (ya sea a través de exportaciones desde Uruguay o ventas en el exterior a través de filiales). Estados Unidos continúa siendo el principal destino de las exportaciones del sector con un 59% del total. Luego le siguen: Reino Unido, Chile, Colombia y Canadá, entre los principales destinos y luego una lista de casi 40 países adonde las empresas socias de la CUTI exportan.
El nivel de empleo de las empresas se incrementó en 2021 con una estimación en torno a los 17.000 puestos de trabajo, tras haberse mantenido relativamente estable en 2020.
En el mercado local, el dólar bajó ayer por segunda jornada consecutiva, en esta ocasión un 0,34%. El interbancario fondo se operó en promedio a $39,070.
En lo que va del año 2022, el dólar lleva una baja acumulada de 12,59% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2021).
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $37,85 para la compra y $40,25 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense bajó ayer y cerró en R$ 5,220.
En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió y se situó en AR$ 169,90. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) también subió y cotizó en el entorno de los AR$ 316,00.
Por su parte, el Euro subió ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$ 1,0512.
OTRAS NOTICIAS
La Intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, que se reunió ayer con vecinos de Punta Carretas, se mostró dispuesta a evaluar cambios al proyecto de flechamiento de calles en la zona.
El de ayer fue el segundo encuentro que la comuna mantiene sobre los cambios en el tránsito del barrio. El más polémico resultó el flechamiento de la avenida 21 de setiembre.
En declaraciones a Subrayado Cosse valoró estos encuentros.
“Nos dieron insumos muy valiosos. Vamos a hacer lo que hacemos en todas las instancias: tomar los insumos y trabajar, tomando algunas sugerencias, y volveremos a reunirnos la semana que viene con los vecinos con las sugerencias que hemos tomado”.
La jefa comunal defendió la propuesta que, dijo, ha sido estudiada técnicamente. También les dejó en claro que los barrios “no son solo de los que viven allí” y remarcó la necesidad de llegar a una “complementación” para que las medidas beneficien a toda la sociedad.
En Uruguay se registraron en lo que va de este año 529 casos de explotación sexual de menores, lo que representa un leve aumento con respecto a lo verificado el año pasado según cifras oficiales.
En 2021 se habían registrado 494 casos. Las cifras fueron presentadas por el INAU durante el Día Contra la Explotación Sexual de Menores.
El problema afecta principalmente a los departamentos de frontera. Sin embargo, el presidente del INAU, Pablo Abdala, reparó en la situación de Florida, que este año registró 39 casos, que podrían estar relacionados a la influencia de la obra de la nueva planta de UPM.
En Montevideo se verificaron 60 casos. Para Abdala esto evidencia que existe un “subregistro” en la capital.
DEPORTES
Los dos países sudamericanos que quedan en carrera en el Mundial de Qatar 2022 se jugarán mañana sus chances de pasar a las semifinales del torneo.
Brasil abrirá la disputa de los cuartos de final del campeonato y se enfrentará al vigente vicecampeón, Croacia. En la misma jornada, Argentina se medirá ante los Países Bajos.
El sábado será el turno de Marruecos. El país africano ya logró su mejor resultado en la historia de los mundiales e intentará un nueva sorpresa en el partido que disputará ante Portugal.
Ese mismo día el actual campeón, Francia se medirá con otro favorito: Inglaterra.
