El director general de Secretaría del Ministerio de Desarrollo Social, Nicolás Martinelli, encabezó ayer de tarde una conferencia de prensa donde dio detalles de la auditoría que las nuevas autoridades iniciaron en esa cartera la semana pasada.
Martinelli dijo que hasta ahora se investiga a unas 18 o 20 organizaciones civiles que gestionaban refugios y no abonaban el alquiler de los locales con el dinero que el Mides les transfería para ese fin. El jerarca aseguró que el monto de alquileres impagos alcanza los $ 9.000.000.
Sostuvo que los dueños de los inmuebles no se quejaban porque el Ministerio de Vivienda terminaba abonando la suma del alquiler, ya que era garante de las ONG. Por ende, explicó Martinelli, había un doble desembolso del Estado, a través del Mides y a través del Ministerio de Vivienda.
Además se está analizando el destino y el estado de varios inmuebles donados al Programa Nacional de Discapacidad.
Por último, Martinelli señaló que la administración pasada dejó de pagar entre diciembre y febrero las inscripciones de obras en el BPS y fue acumulando multas por ingresos de personas al programa socioeducativo Uruguay Trabaja. Esta deudas superarían los $ 4.000.000.
"En algún caso y me hago responsable de lo que voy a decir, por ejemplo en lo que tiene que ver con el arrendamiento y volcar el dinero a las ONG, podría configurar una suerte de apropiación indebida. Habría que ver después de la auditoría y después de tirar algunos hilos si surge algún otro tipo de delitos", dijo.
Martinelli enfatizó que las nuevas autoridades del Mides “no están para cogobernar ni con ONG ni con cooperativas ni con ninguna organización social ni con ningún centro de poder económico”: “No tenemos que rendirles cuentas ni pedirles permiso a ninguna de esas organizaciones de ningún tipo para hacer los cambios que creamos pertinentes; ese permiso nos lo dio la ciudadanía en noviembre de 2019″, agregó.
El jerarca del Mides agregó que las nuevas autoridades reactivaron la Unidad de Auditorías que fue creada en 2013 pero que no fue dotada de presupuestos ni recursos humanos. A esta oficina se sumará la Auditoría Interna de la Nación y, dependiendo de la magnitud de los resultados de los estudios de ambos organismos, se analizará si se contrata una auditora externa.
La diputada Ana Olivera, exsubsecretaria de Desarrollo Social, respondió a las denuncias ayer de mañana de través de Twitter, a partir del adelanto que había publicado el diario El País. Aclaró que no hubo “desvío de fondos” y que las deudas de las ONG fueron informadas a las actuales autoridades durante la transición.
Olivera señaló que antes de terminar el anterior gobierno el ministerio presentó dos denuncias penales contra ONG.
Además, agregó que en 2018 se creó un sistema de control de la gestión financiera, con apoyo del Ministerio de Economía, que comenzó su tarea fiscalizando a las ONG.
En cuanto a inmuebles donados a la cartera, Olivera informó que en la página web del Mides hay una respuesta a un pedido de informes donde está el listado completo y la situación patrimonial de los bienes del Instituto [Nacional de Ciegos José] Artigas que pasaron a propiedad del Mides en enero 2016. Agregó que “el campo de Lavalleja está alquilado desde 2002” y que las cuentas donde se depositan los alquileres “no fue tocada en el quinquenio”
Y sobre la relación con el BPS dijo que la transferencia anual del Mides “ronda los 1.500 millones de pesos”, y con un “contacto permanente” entre las áreas financieras de las dos instituciones.
“Se ‘habla’ de posibles futuras denuncias una y otra vez. Por lo político, lo institucional y lo personal seguiremos aclarando. Si hay denuncia penal y un juez nos convoca a declarar, NO voy a acogerme a ningún fuero. ¡No permitamos que la mentira repetida nos gane!”, remató la exsubsecretaria.
NOTICIAS DE LA EMERGENCIA SANITARIA
Una persona de 85 años que vivía en un residencial falleció ayer por coronavirus Covid-19, según informó el Sistema Nacional de Emergencias.
Actualmente están cursando la enfermedad 171 personas, ocho de ellas en cuidados intensivos.
Desde que empezó la emergencia sanitaria el 13 de marzo, han sido confirmados 707 casos positivos en todo el territorio nacional. De ese total, 517 personas se recuperaron y 19 fallecieron.
De los 707 casos positivos confirmados, 100 corresponden a personal de la salud. 89 de estos trabajadores se recuperaron, diez están cursando la enfermedad y uno falleció.
Los departamentos con casos confirmados al día de hoy son ocho: Canelones, Colonia, Maldonado, Montevideo, Río Negro, Rivera, San José y Treinta y Tres.
La Intendencia de Montevideo decidió obligar a usuarios del transporte público a usar tapaboca. El anuncio sustituye a la exhortación que regía hasta ahora.
El uso obligatorio de barbijo en el ómnibus está vigente desde el 18 de abril para el personal del transporte colectivo, además de vendedores y artistas habilitados a trabajar en las unidades.
La extensión de la medida fue planteada por la Intendencia y acordada por unanimidad en el Consejo Consultivo del Transporte, un órgano creado por la comuna e integrado por autoridades de su departamento de Movilidad, representantes de la Junta Departamental, Defensoría de vecinos, organizaciones sindicales y empresas del transporte colectivo de pasajeros.
Según la administración departamental, a fines de abril el 99% del personal del transporte y un 78 % de las usuarias y los usuarios utilizaba esta protección contra el coronavirus
Hoy lunes empieza la reapertura de la atención presencial en oficinas de UTE, aunque únicamente a clientes que se agenden previamente con día y hora a través de la página web.
Ingresará un sólo cliente por cupo y, el uso de barbijo será obligatorio.
Los Técnicos Instaladores deberán continuar realizando los trámites a través del correo electrónico [email protected] y no serán atendidos de manera presencial.
Los tripulantes que permanecen en el crucero de bandera australiana Greg Mortimer descenderán del barco mañana martes y serán trasladados a dos hoteles de Montevideo donde terminarán la cuarentena.
Luego de que fueron evacuados los pasajeros, el gobierno tenía previsto que la tripulación estuviese dos semanas en la nave haciendo la cuarentena hasta que los test de COVID-19 dieran negativo.
Sin embargo, el canciller Ernesto Talvi informó a Subrayado que los casos confirmados no descendieron, por lo que los plazos de cuarentena se estaban estirando indefinidamente. Ante esa situación se resolvió el traslado de la tripulación a dos hoteles de Montevideo.
"Esta gente no puede seguir en alta mar indefinidamente en un barco en donde aparentemente el virus circula, contagia y recontagia, porque no se están curando. No solamente que hay que sacarlos de allí sino que hay que desinfectar el barco; de hecho van a venir dos expertos en los próximos días para hacerlo", dijo Talvi.
En uno de los hoteles serán alojados los tripulantes con test de COVID-19 positivo. En el otro estarán los tripulantes con diagnóstico negativo. El chequeo médico diario de todos ellos estará a cargo del Casmu y habrá vigilancia en los hoteles para que nadie pueda entrar y salir.
Las personas recibirán el alta médica cuando los tests den resultado negativo y pasen 72 horas sin síntomas. Luego de eso, aquellos que tiene vuelos de repatriación ya coordinados deberán retornar a su país. De lo contrario deberán regresar al buque a la espera de que se confirme el viaje de retorno.
Desde el Poder Ejecutivo se descartó la idea de cambiar todos los feriados para lunes y viernes como había manejado el ministro de Turismo Germán Cardoso.
Fuentes de Presidencia de la República indicaron al diario El Observador que la política del gobierno es no cambiar las fechas.
Cardoso había expresado la semana pasada en nota periodística de Diamante FM y Televisión Nacional que estaba a estudio “correr” todos los feriados para los viernes y lunes “al menos por un año”, incluso, “por la excepcionalidad, aquellos que son inamovibles”. Era una forma de tener por lo menos un fin de semana largo por mes con el objetivo, según el ministro, de reactivar el turismo, uno de los sectores más afectados por las medidas tomadas contra el nuevo coronavirus en el marco de la emergencia nacional.
INTERNACIONAL
Un informe del servicio de inteligencia alemán indica que China le pidió a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que retrasara el alerta mundial sobre el nuevo coronavirus que se transmite entre humanos.
La revista semanal Der Spiegel reveló este documento en su edición de este fin de semana. En él, se indica que el presidente chino, Xi Jinping, llamó al director de la OMS el 21 de enero para pedirle que "demorara" la notificación a los demás países.
La OMS desmintió esa información a través de su cuenta de Twitter. Allí aseguró que Xi y Tedros Adhanom nunca hablaron por teléfono y lamentó que este tipo de reportes "distraen y empañan" los esfuerzos para terminar con la pandemia.
Desde hace semanas Estados Unidos se ha mostrado crítico con la gestión de la OMS ante el nuevo coronavirus, lo que incluso llevó a que suspendiera su financiamiento. A estas críticas se sumó Australia, mientras en algunos países europeos los informes de inteligencia coinciden en señalar una demora en la transmisión de información de China a la OMS y del organismo a los demás países.
En Corea del Sur, las autoridades ordenaron el cierre de clubes nocturnos y bares en Seúl y otras ciudades por temor a una segunda oleada de casos del nuevo coronavirus.
Este lunes el país registró el mayor número de casos en más de un mes por la aparición de un foco en la capital, Seúl, que estaba retornando a la normalidad. Los 35 nuevos casos de este lunes elevan el número total a casi 11.000.
El foco es en un barrio con una activa vida nocturna. 85 personas infectadas tuvieron contacto con un hombre de 29 años que dio positivo después de asistir a comienzos de mes a cinco clubes y bares.
Las autoridades intentan localizar a "miles de personas" que frecuentaron estos establecimientos nocturnos para solicitarles que se realicen el test de covid-19.
En Estados Unidos, el equipo del vicepresidente, Mike Pence, desmintió que él esté haciendo cuarentena y confirmó que dio negativo al test de coronavirus.
El viernes se conoció que la portavoz de Pence, Katie Miller, dio positivo, al igual que sucedió la semana pasada con un colaborador del presidente, Donald Trump.
El principal asesor del gobierno, Anthony Fauci, dijo que él y Pence se someterían a una "cuarentena modificada" a raíz de este caso, pero el portavoz del vicepresidente lo desmintió anoche. En un comunicado, indicó que Pence irá a trabajar a la Casa Blanca y que lo seguirá haciendo mientras en sus testeos diarios siga dando negativo.
Avianca, la segunda aerolínea de América Latina, solicitó este domingo acogerse a la ley de bancarrota en Estados Unidos para reorganizar su deuda por el impacto de la pandemia.
La compañía dijo que sus operaciones se vieron "dramáticamente afectadas por la pandemia" y las restricciones aéreas impuestas por los distintos países, y señaló que sigue enfrentando "altos costos fijos".
Desde marzo, Avianca suspendió temporalmente el 100% de sus vuelos comerciales, lo que implicó dejar en tierra 142 aviones. Además, en ese entonces informó que 12.000 de sus más de 20.000 empleados tomarían licencias no remuneradas.
En Perú la compañía entrará en proceso de disolución y liquidación, e indemnizará a todos los empleados. En tanto que seguirá operando en Colombia -donde domina más de 50% del mercado interno-, Ecuador, El Salvador y otros países, donde negociará con los gobiernos condiciones fiscales flexibles, créditos "y otras medidas financieras", agregó la empresa.
El Ejército iraní informó que 19 personas murieron en un "accidente" en el cual un buque de guerra fue víctima de fuego amigo durante ejercicios navales en el Golfo de Omán.
Según un comunicado, un misil impactó accidentalmente un buque de guerra, que finalmente se hundió, causando la muerte de 19 personas e hiriendo a otras 15.
La marina iraní anunció que se estaban investigando las causas del accidente.
Amnistía Internacional acusó a Siria y a Rusia, su aliado, de "crímenes de guerra", después de documentar 18 ataques cometidos contra colegios y centros médicos en Siria.
Entre el 5 de mayo de 2019 y el 25 de febrero de 2020 se realizaron estos operativos contra instalaciones protegidas por el derecho humanitario internacional. Amnistía Internacional acusa a Siria y Rusia de haber "dirigido deliberadamente los ataques" a estos lugares, lo que considera que "equivale a crímenes de guerra".
La mayoría de estas acciones ocurrieron en enero y febrero de 2020.
Hoy se presentará la plataforma Internacional Progresista, con el respaldo de líderes de izquierda latinoamericanos, estadounidenses y europeos.
El excandidato presidencial de Brasil Fernando Haddad, el estadounidense Noam Chomsky y el griego Yanis Varoufakis son algunos de los 40 asesores de la Internacional Progresista, una plataforma digital que buscará articular a las agrupaciones de izquierda de los distintos países. También acompañan la iniciativa el exvicepresidente boliviano Álvaro García Linera, el excanciller brasileño Celso Amorim y otras figuras como el actor mexicano Gael García Bernal.
En la página web de la iniciativa las organizaciones podrán conectarse entre sí y coordinar acciones. La plataforma contará con las donaciones como única fuente de financiación de sus actividades.
Los líderes tienen prevista para setiembre la realización de un encuentro en Islandia, cuya primera ministra, Katrín Jakobsdóttir, integra la Internacional Progresista.
En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro, contrario a las cuarentenas, publicó un vídeo en sus redes sociales de una fiscalización de agentes de la policía en un ómnibus en el estado de Maranhao, en el noreste, el primer estado del país que decretó el confinamiento total de la población.
En la grabación, un policía ingresa al autobús, lleno de gente pese al "lockdown", y afirma que quienes no tengan un permiso oficial para salir durante el confinamiento absoluto deberán bajarse del vehículo y regresar a casa.
"Así el pueblo está siendo tratado y gobernado por el PCdoB/MA (Partido Comunista de Brasil) y situaciones similares en otros estados", escribió el mandatario.
"El jefe de familia debe quedarse en casa teniendo hambre con su familia. Millones ya sienten cómo es vivir en Venezuela", completó.
El Gobierno de Bolsonaro es uno de los más críticos del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y reconoce como presidente legítimo e interino de Venezuela al líder de oposición Juan Guaidó desde inicios del año pasado.
Bolsonaro igualmente es uno de los más escépticos sobre la gravedad de la pandemia de COVID-19 en Brasil, que superó la barrera de los 10.000 muertos.
Hasta el momento, Bolsonaro no se ha pronunciado oficialmente sobre la cifra de fallecimientos.
Brasil ya es el sexto país del mundo con más muertes, por detrás de Estados Unidos, Reino Unido, Italia, España y Francia, y ha superado la barrera de los 10.000 fallecidos menos de dos meses tras la confirmación del primer deceso por COVID-19, el 17 de marzo.
La acelerada expansión de la pandemia hizo que los gobernadores y alcaldes del país adoptaran estrictas medidas de restricción, que son duramente criticadas por Bolsonaro, quien defiende la vuelta a "la normalidad" y de la actividad económica.
Para este sábado, el mismo día en que el país sobrepasó los 10.000 muertos y los 155.000 casos de COVID-19, Bolsonaro tenía previsto la celebración de una barbacoa con invitados, cancelada tras las críticas recibidas y que el mandatario sustituyó por un paseo en moto acuática.
En Venezuela, once personas acusadas de "terroristas" fueron arrestadas este domingo en operativos policiales y militares por una frustrada "invasión" marítima al norte de Venezuela, según informaron las autoridades, sumando más de 40 capturados, entre ellos dos estadounidenses imputados por terrorismo.
"Capturados hoy (…) otros 3 mercenarios terroristas en la Colonia Tovar", pequeña comunidad de descendientes de alemanes ubicada a una hora de Caracas, escribió en Twitter el almirante Remigio Ceballos, jefe del comando estratégico operacional militar de la Fuerza Armada.
Los presuntos implicados fueron detenidos por agentes policiales de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
Horas más tarde, la televisora estatal reportó que efectivos militares capturaron a otros ocho "terroristas" en el costero estado Vargas (norte).
Las detenciones ocurren después de que tres "mercenarios" quedaran bajo arresto el sábado, como anunció el presidente socialista Nicolás Maduro. "Los vamos a capturar a todos", aseveró entonces en una alocución televisada.
Van 45 apresados por una "invasión" frustrada el 3 y el 4 de mayo en las poblaciones costeras de Macuto y Chuao, en el norte de Venezuela, según el gobierno chavista.
En Argentina, son horas de mucha inquietud en el plano económico. La propuesta para el canje de la deuda venció el viernes con un porcentaje bajísimo de adhesión por parte de los acreedores. Lo cual pone al gobierno en la disyuntiva de pagar una suma sustancialmente más alta de la que había previsto o ir, una vez más, al default de la deuda y volver a transformarse en el paria de los mercados financieros.
En realidad no se sabe exactamente cuánto fue el grado de aceptación de la oferta argentina, porque el gobierno prefirió no informarlo oficialmente y esperar a ver si hoy ingresa algún nuevo inversor. Pero en el mercado se habla de papelón, y los números que se manejan entre los expertos son inferiores al 20 por ciento.
Argentina necesita que haya un mínimo de dos tercios de los bonistas que acepten el canje, para que de esa manera se active la cláusula de acción colectiva, que implica que los fondos más duros y reticentes al diálogo tuvieran la obligación legal de aceptar.
El gobierno esperaba un resultado mucho mayor, tal vez entusiasmado por el respaldo político de su propuesta, que en los últimos días se reflejó en una carta de apoyo firmada por economistas reconocidos a nivel mundial, como los premios Nobel Joseph Stiglitz y Edmund Phelps, además de Thomas Piketty y Jefrey Sachs, entre otros.
Pero evidentemente los acreedores no se conmovieron con ese tipo de mensaje, y consideraron que el recorte de más de 60 por ciento que pretendía Argentina era demasiado. La propuesta implica que recién empezarán a cobrar en el año 2023 y que tendrán un recorte de 62 por ciento en los intereses.
El fin de semana, Alberto Fernández ratificó que quiere seguir dialogando, lo cual llevó a la especulación sobre una mejora en la propuesta. En realidad, Argentina tiene plazo hasta el 22 de mayo, cuando se vence un cupón por 500 millones de dólares, para eludir el default.
Ahora el tema es si prevalecerá la línea del gobierno que quiere llegar a un acuerdo aunque salga más caro, o si se impondrá la que quiere la ruptura con los acreedores. Esta segunda posición dura es apoyada por el kirchnerismo.
Mientras tanto, todas las miradas están puestas hoy en la apertura del mercado, para ver si el mal resultado del canje se refleja en una caída de los bonos de la deuda y una disparada del dólar en el mercado paralelo.
(Corresponsal Fernando Gutiérrez)
VOLVEMOS AL PANORAMA NACIONAL
El senador Danilo Astori está internado con neumonía y se encuentra aislado a la espera del resultado del test de Covid-19.
El ex ministro de Economía quedó ingresado ayer domingo en un sanatorio del Casmu a donde concurrió por una infección respiratoria. Allí se le realizó un hisopado para hacerle el test de coronavirus, cuyo resultado se conocerá en las próximas horas.
La información fue dada a conocer anoche a través de Twitter por la pareja de Astori, la diputada Claudia Hugo, quien agradeció a “todos los que se preocuparon” por la salud del legislador que el pasado 23 de abril cumplió 80 años. Dijo que “se encuentra bien”.
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos recibió una carta el sábado del presidente Luis Lacalle Pou comunicándole su negativa al pedido de cadena de radio y televisión para el 20 de mayo, dia de la marcha del silencio que, esta vez será virtual.
La organización analizará hoy si acepta el uso de los medios públicos que le ofreció el presidente.
Desde el Poder Ejecutivo explicaron a La Diaria que la respuesta negativa se basó en el “mismo criterio” utilizado para negarle la cadena al PIT CNT cuando la solicitó para el Día de los Trabajadores.
Ignacio Errandonea, integrante de Madres y Familiares, comentó al mismo medio que este año se decidió hacer una convocatoria virtual para que “todos podamos decir presente”.
En las redes sociales se promoverá el uso de #marchadelsilencio2020 y #marchadelsilenciopresente.
A las 19.00 horas del 20 de mayo se hará una transmisión en la que se emitirá la foto de cada desaparecido. Se invitará a poner el volumen alto de la transmisión en cada casa y se pedirá los videos a quienes graben para después hacer un repaso de la jornada.
Legisladores del Frente Amplio criticaron la negativa del gobierno a conceder la cadena a Familiares.
El diputado Daniel Caggiani escribió en Twitter: “Hay que tener el corazón entumecido para semejante decisión. Esperemos que sea rectificada y los familiares cuenten con el espacio solicitado en un momento especial del país”.
El senador Óscar Andrade escribió en la misma red social que el 20 de mayo es “una jornada conmovedora” y negar la cadena a Madres y Familiares “es un acto de soberbia” que “sólo va a lograr que este sea un día aún más masivo”.
El ministro de Defensa Nacional, Javier García, dijo que mañana martes se reiniciará las excavaciones en busca de restos de desaparecidos en el Batallón 14, mientras que “en el [Batallón] 13 queda muy poca área de lo que técnicamente se llama área cautelada”, es decir, la “reservada por la Justicia”, que es entre “un 5% o un 10% de todo lo que se había cautelado”.
García expresó en nota con Subrayado que la búsqueda de los “restos de los uruguayos, compatriotas desaparecidos, nos compromete en lo profundo del alma”.
El ministro señaló que no formará parte de la convocatoria virtual de Familiares el 20 de mayo porque no fue a las marchas cuando era legislador, pero consideró que se trata de “una expresión popular muy legítima”.
El gobierno dejó de lado su intención de pasar la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado a la Presidencia de la República.
La oficina continuará dependiendo de los ministerios de Defensa, Interior, Relaciones Exteriores y Economía.
Según El Observador, el Poder Ejecutivo decidió rever su postura después de que algunos senadores de la comisión especial que estudia el proyecto de ley de urgente consideración objetaran el artículo que contenía la modificación.
El rechazo al intento del gobierno provenía no sólo de la oposición sino de sus propios aliados colorados e independientes, quienes cuestionaron que si la Secretaría pasaba a la órbita de Presidencia, en los hechos, dejaría de ser controlada por el Poder Legislativo.
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) opina que el proyecto de ley de urgente consideración (LUC) afecta la libertad de expresión y el acceso a la información pública.
Un informe que el Cainfo presentó el viernes al parlamento expresa, según el Observador, que el texto de la iniciativa del Poder Ejecutivo tal como está, implicaría “un claro retroceso” en materia de derechos humanos para el país.
Según el informe, el artículo 11 del proyecto que prevè de tres a 12 meses de prisión por “agraviar por palabras” a un policía, implica que, por ejemplo, un periodista podría ir preso por escribir “una crítica a una acción policial”.
El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el uruguayo Edison Lanza, también opina que el proyecto implica un retroceso en los derechos y, anunció que le enviará esta semana una carta de advertencia al canciller Ernesto Talvi.
Lanza dijo en entrevista con el diario El País que “los Estados tienen la obligación de ajustar su marco legal a los acuerdos internacionales y, tal como están redactados algunos artículos de la LUC, Uruguay estaría rompiendo sus obligaciones”.
Los senadores Juan Sartori (Partido Nacional) y Óscar Andrade (Frente Amplio) participaron juntos el sábado de una actividad de la brigada solidaria del Sindicato de la Construcción (Sunca) que reparó la vivienda en riesgo de derrumbe, de una mujer y su familia en Sayago.
Los dos legisladores compartieron en redes sociales imágenes y textos de la tarea, donde se les ve revocando y techando la casa. También agradecieron la invitación a formar parte de esa actividad.
ECONOMÍA Y EMPRESA
El Poder Ejecutivo llegó a un acuerdo con comerciantes, intermediarios y productores para que durante tres meses no se aumente los precios de la canasta básica de alimentos, artículos higiene y sanitarios.
El viernes en conferencia de prensa el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que desde que se declaró la emergencia sanitaria algunos precios se dispararon y hubo “abuso”. Por lo tanto, señaló Delgado, “se controlará”, pese a que el acuerdo es voluntario.
"El acuerdo voluntario significa que no hubo imposición del gobierno sino un planteamiento. Voluntad del gobierno para decirle a todas las partes, señores: estamos en una emergencia sanitaria, mucha gente no la está pasando bien, necesitamos en determinada cantidad de productos de la canasta básica, de higiene y sanidad llegar a acuerdos que permitan precios razonables. Una vez que se llega a un acuerdo, aunque sea voluntario, el Ministerio de Economía tiene la capacidad de sancionar por incumplimiento Más allá de que vamos a estudiar algunos mecanismos para reforzar esa capacidad que hoy no es todo lo contundente que a uno le gustaría", dijo Delgado.
Por su parte, la ministra Arbeleche resaltó que “esta medida no ataca las causas inflacionarias, ya que este contexto se aborda con otros instrumentos de coordinación en lo que tiene que ver con la política monetaria, cambiaria, fiscal y políticas de ingresos, y es en esas líneas macroeconómicas en lo que se continúa trabajando, subrayó.
Según se explicó, la oficina de Defensa del Consumidor publicará la lista de productos y los precios en su portal web.
Se pretende que los ciudadanos consulten la nómina de productos y denuncien algún incumplimiento en caso de constatar alguna desviación, explicó la ministra Arbeleche.
El Banco de Previsión Social (BPS) habilitó la posibilidad de postergar el pago de tres cuotas de los préstamos otorgados por el organismo a jubilados y pensionistas de menores recursos.
La medida se tomó debido a la emergencia sanitaria y alcanza a unos 97.000 beneficiarios que reciben prestaciones menores a 3 BPC, equivalentes a $ 13.557 nominales y que tienen préstamos solicitados antes del 31 de marzo.
El beneficio permite suspender las cuotas de mayo, junio y julio, que se pagan los primeros días de junio, julio y agosto, respectivamente. Los pagos suspendidos se trasladarán al final de las cuotas ya establecidas sin cobrarse ningún tipo de interés.
Quienes acepten este beneficio no podrán realizar renovaciones ni préstamos nuevos hasta completar el pago de los mismos.
Para ampararse a esta postergación de cuotas, quienes cumplan con las condiciones mencionadas no deberán realizar ningún trámite, informó el BPS en un comunicado.
En tanto, quienes decidan no acceder a él podrán rechazarlo llamando al 1997 7001 o enviando un mensaje por Whatsapp al 092 366 272.
En el mercado local, el dólar bajó el viernes 0,22%. El interbancario fondo se operó en promedio a $44,062.
El Banco Central de Uruguay (BCU) no intervino el viernes en el mercado.
En la semana, la divisa estadounidense subió 4,27% frente al peso uruguayo (al comparar la cotización del viernes frente al viernes previo). Esta es la mayor suba semanal en dos meses.
En la semana, el BCU intervino en el mercado una vez, el jueves, vendiendo US$ 4,5 millones para moderar el alza del billete verde.
En lo que va del año, el dólar lleva una suba acumulada de 18,01% (comparando la cotización del viernes en relación a la última de 2019).
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró el viernes en $ 42,65 para la compra y $ 45,05 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense bajó el viernes y se ubicó en R$ 5,765. En la semana, el dólar subió 6,23%
En tanto, en Argentina, el dólar oficial subió y se situó en AR$ 67,27 y en la semana aumentó 0,64% mientras que el paralelo (o Blue) se mantuvo estable y cotizó en AR$ 122,00.
El Euro subió el viernes frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$ 1,08420
OTRAS NOTICIAS
Falleció este fin de semana la actriz, directora, escritora y docente uruguaya Mariana Trujillo, a la edad de 54 años.
El Instituto Nacional de Artes Escénicas del Uruguay informó que Trujillo luchaba desde 2014 contra una enfermedad "que nunca hizo mella en su simpatía, encanto personal y entrañable generosidad".
Un adolescente de 17 años fue asesinado en el barrio Belvedere en la noche del sábado por un joven de 23 años que le disparó un balazo en el pecho y se fugó aunque, según testigos, está identificado.
Pocas horas después, según Subrayado, fueron baleados y apuñalados dos hermanos del presunto autor del crimen, que quedaron internados en estado grave.
También fue incendiada la casa de la madre de los tres hermanos que salió ilesa del siniestro pero sufrió pérdidas materiales totales.
El fiscal Diego Pérez, a cargo de la investigación del atentado con un explosivo en la madrugada del sábado frente al edificio sede de la Brigada de Narcóticos, en el Prado, dijo que "fue un ataque organizado".
Una persona que descendió de un auto tiró el artefacto por encima de un muro y salió corriendo. Nadie resultó lesionado pero fueron dañados cuatro vehículos oficiales y uno particular.
Según Subrayado, el fiscal señaló que se trataba de una granada de “procedencia militar” que podría haber pertenecido al Ejército años atrás y que actualmente ya no está en uso por parte de esa fuerza.
Trabajaron en el lugar unidades de Respuesta de la Policía de Montevideo y de la Brigada de Explosivos del Ejército.
El senador del Frente Amplio Eduardo Bonomi dijo que sorpresivamente este año los hechos delictivos “desaparecieron por completo del radar de los informativos de televisión”.
Bonomi, en nota con República Radio, se manifestó sorprendido de que algunos organismos internacionales se preguntan por qué los delitos bajaron en toda la región menos en Uruguay, pese a que estamos en plena pandemia.
Bonomi consideró contradictorio que el ministro del Interior Jorge Larrañaga haya declarado que se está logrando “mejores resultados que los que tenía el Frente Amplio en materia de seguridad”, pero la misma declarara “que las rapiñas y los homicidios aumentaron con respecto al año pasado”.
Foto: Ricardo Antúnez / AdhocFOTOS
