76 tripulantes del crucero Greg Mortimer desembarcarán hoy en el puerto de Montevideo donde el buque atracó ayer. Otros 10 se quedarán cumpliendo tareas dentro del barco.
Javier Alvarado, uno de los tripulantes, hondureño de 30 años, comentó a El País que cuando se enteraron de que bajarían a tierra empezaron a llamarse “de cabina a cabina para correr la noticia” y que “había muchos que gritaban de emoción y otros que lloraban; fue algo muy bonito” afirmó.
En el crucero que llegó a aguas uruguayas el 31 de marzo y ha permanecido casi todo este tiempo fondeado a veinte kilómetros de la costa había hasta la noche del viernes 37 casos confirmados de Covid-19 y 49 negativos.
Antes del descenso, según El Observador, se conocerá los resultados de nuevos hisopados realizados durante el fin de semana para saber si existe nuevos contagios.
Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el procedimiento de descenso se hará hoy con “garantías sanitarias para ellos y para la población”.
A las 11 llegarán dos ómnibus, ambulancias y escolta policial. A las 12 un grupo (los que no tienen COVID-19) se dirigirá al Hotel Regency Golf. A las 13 bajará el segundo grupo y se alojará en el Regency Way Hotel.
Los tripulantes cumplirán una cuarentena con atención médica del Casmu y protocolos del Ministerio de Salud Pública hasta que puedan regresar a sus hogares.
Regency explicó mediante comunicado que los huéspedes permanecerán en sus habitaciones y no tendrán ningún contacto con el personal de de los dos hoteles que, desde que empezó la emergencia sanitaria, permanecen cerrados al público.
Andrea Zumar, vicepresidenta de la mutualista Casmu explicó a El Observador que ayer un equipo integrado por médicos de esa institución y funcionarios del Ministerio de Salud Pública (MSP) concurrió a varios hoteles de Montevideo para inspeccionar las condiciones y, finalmente eligió dos de la misma cadena para que en uno se hospeden los tripulantes de resultado positivo al coronavirus y, en el otro, los de resultado negativo.
Durante toda su estadía, los alojados dispondrán del servicio 1727 las 24 horas por cualquier consulta y de un seguimiento con telemedicina, además de una visita médica diaria que resta definir si será sólo a quienes cursan la enfermedad o a todos.
Respecto al retorno a los hogares de los tripulantes luego de que estén en condiciones de hacerlo, el canciller Ernesto Talvi explicó al parlamento que, dada la diversidad de nacionalidades que hay entre esas personas, organizar un operativo de repatriación es más difícil. "No pueden volver todos en un avión a un sólo lugar. Tendríamos que ir a un lugar tipo hub y luego ser redistribuidos", indicó el ministro.
El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) en su informe diario sobre la situación del brote de coronavirus COVID-19 en Uruguay informó que ayer lunes se agregaron cuatro casos positivos nuevos respecto al domingo.
Así, la cantidad de contagiados desde el comienzo del brote subió a 711, de los que se recuperaron 523; quienes se encuentran cursando actualmente la enfermedad suman 169 y, 19 personas fallecieron.
En cuidados intensivos hay ocho pacientes.
Los departamentos en los que hay casos activos de coronavirus son 8: Canelones, Colonia, Maldonado, Montevideo, Río Negro, Rivera, San José y Treinta y Tres.
Cada institución de la educación privada está delineando borradores de protocolo a ser luego adaptados al que elabore la ANEP para el retorno a las clases presenciales aunque todavía no hay fecha prevista.
Juan Carlos Noya, presidente de la Asociación de Instituciones de la Educación Privada (Aidep) que integra a 50 colegios, indicó a El Observador que trabajan con la referencia del protocolo de reintegro en las escuelas rurales.
En el caso de la Asociación Uruguaya de la Educación Católica (Audec) integrada por 157 colegios, sus socios han podido “ir avanzando en condiciones generales” dijo al mismo medio su director, Adrián Arias.
La decisión de retomar las clases corresponde al Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).
Arias señaló que las instituciones asociadas registran una “alta morosidad y un aumento en las solicitudes de bonificaciones”. Explicó que “el nivel inicial es el que se ha visto más afectado” por ser “muy difícil de sustituir la presencialidad”. Sobre los niveles más grandes indicó que “han podido tener propuestas desde el primer día y hoy ya está bastante aceitada la educación a distancia”.
La Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU) todavía espera respuesta del Poder Ejecutivo a su pedido de retomar las celebraciones con público en las iglesias sobre finales de mayo.
Si bien las parroquias nunca cerraron sus puertas y la gente puede seguir yendo a rezar de manera individual, las celebraciones dejaron de ser públicas y masivas desde el 13 de marzo.
La jerarquía eclesiástica prevé para cuando se permita las celebraciones masivas, exhortar a la población de riesgo, sobre todo a las personas mayores de 65 años, a no asistir a las iglesias mientras dure la pandemia.
La Cámara Nacional de Comercio y Servicios decidió correr el Día de la madre para el domingo 14 de junio, con el objetivo de dar mayores garantías y tiempo a los negocios para estar en condiciones de aplicar el protocolo de prevención de contagio de Covid-19.
El Día del Padre está fijado para el 12 de julio.
Según el diario El País, la reapertura de los shopping – cerrados desde el 17 de marzo pasado con excepción de los supermercados y la Terminal Tres Cruces – no sucederá antes de la última semana de mayo.
El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Julio César Lestido, expresó al mismo medio que un 75 % de los comercios está abierto en todo el país y que “las ventas se han comportado con un funcionamiento aceptable”.
NOTICIAS EN EL ÁMBITO POLÍTICO
El Poder Ejecutivo retiró de la Ley de Urgente Consideración los artículos que establecían que Antel debía arrendar su infraestructura de redes de telecomunicaciones a prestadores privados.
El ministro de Industria Omar Paganini compareció ayer ante la comisión especial del Senado que analiza el proyecto.
Al terminar la reunión Paganini sostuvo que los artículos serán “desglosados” ya que parte de su contenido está incluido en el proyecto de ley de medios de comunicación que está a estudio de la Cámara de Diputados. Agregó que esas disposiciones serán tratadas en una “discusión más general” sobre el tema de las telecomunicaciones.
"Nosotros entendemos que las telecomunicaciones en general requieren de una discusión más amplia que incluya estas disposiciones. Pero vale la pena hacerlo por separado de la Ley de Urgente Consideración porque faltan algunos elementos que la hagan más completa", dijo Paganini.
Los artículos removidos son el 268 y el 269. El primero señalaba que “los prestadores de servicios de telecomunicaciones podrán celebrar de manera voluntaria acuerdos entre sí para determinar las condiciones para la ubicación o el uso compartido de sus infraestructuras, en el marco de la normativa de promoción y defensa de la competencia”.
En tanto, el 269 establecía que “las entidades estatales que sean titulares de infraestructura, en especial de redes de telecomunicaciones, prestarán servicios mayoristas sobre su infraestructura y redes a aquellos prestadores de servicios de telecomunicaciones interesados en el acceso o uso, para promover la inversión eficiente en el despliegue de redes”.
Paganini explicó en rueda de prensa que parte de estas normas desglosadas ya están contempladas en el artículo 48 de la Ley de Medios de Comunicación, que ingresó por la Cámara de Diputados. Este artículo habilita a los cableoperadores a ofrecer servicios de internet al hogar mediante sus propias redes o alquilando la infraestructura de Antel.
Dirigentes del Frente Amplio (FA) que habían sostenido que el gobierno buscaba “desguazar” Antel, valoraron como un “logro” el desglose de estos artículos.
Carolina Cosse, senadora y ex ministra de Industria, escribió en su cuenta de twitter que “el gobierno pretendió a través de la LUC forzar a Antel a brindar su infraestructura a los privados. Luego de varios días de denunciar públicamente este atropello, logramos que hoy en la Comisión Especial anunciaran que retiran esos artículos, el 268 y 269”, finalizó.
El senador Mario Bergara escribió en twitter: “Buena noticia y un logro de la prédica que desde el Frente Amplio y organizaciones sociales se venía enfatizando en las últimas semanas. Más tranquilos y a seguir en la lucha”.
La semana pasada el senador de Batllistas Tabaré Viera había dicho que el Partido Colorado era partidario de desglosar estos artículos porque “son temas muy grandes, muy caros para el Uruguay como son las empresas públicas”.
El ministro de Desarrollo Social (Mides) Pablo Bartol dijo que los controles de la administración anterior de esa cartera eran “pobrísimos” y “no había intención de cuidar los dineros del Estado”.
En entrevista con radio El Espectador, Bartol expresó, sobre las auditorías que lleva adelante su ministerio y la deuda de casi $ 10.000.000 generada por ONG contratadas por el Mides que no pagaban el alquiler de los locales que utilizaban, que “esto que sale ahora es el resultado de empezar a abrir cajones”, pero aún “no empezó la auditoría de verdad”. De todo modos afirmó: “Da la impresión de que era un esquema armado; los propietarios no reclamaban y después iban al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente [que era garantía] y cobraban. El ministerio, al no controlar, no sabía que ese dinero no se estaba volcando al pago de alquiler” afirmó el actual ministro.
La diputada y ex subsecretaria de Desarrollo Social, Ana Olivera, había afirmado públicamente que no existía “desvío de fondos” y que las deudas del ministerio con las ONG fueron informadas a las autoridades actuales en la transición, pero Bartol replicó: “Hago memoria y no recuerdo un comentario de ella al respecto; en los papeles no lo tengo”.
Olivera reafirmó ayer que las autoridades actuales fueron “advertidas” durante la transición por medio de un “correo electrónico” en que están “expresadas las deudas” de las ONG y el detalle de 196 convenios que tiene el ministerio con organizaciones.
La diputada manifestó a Del Sol FM que durante la administración pasada se hizo dos denuncias penales, en un caso por un faltante de $ 9.000.000.
Ayer Olivera explicó la situación al Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio (FA) cuyos dirigentes, según el diario La República, estuvieron de acuerdo en que se trata de un episodio más de lo que llamaron una «operación enchastre»
El intercambio mediático continuó y se extendió a otros actores. El senador del FA Daniel Olesker comentó: “Es todo titular de “prensa”. “Cuando tengan denuncias concretas, háganlas”.
La representante de ONU Mujeres en Uruguay, Magdalena Furtado, rechazó unas declaraciones del ministro de Ganadería Carlos María Uriarte pronunciadas el mismo día en que la organización lanzaba una campaña para visibilizar la violencia de género durante la pandemia.
La cuenta de Twitter del programa Todas las Voces, de Canal 4, informó que durante una entrevista, el ministro Uriarte, dijo que “las cifras del abigeato son casi similares a los femicidios”.
La comparación generó más rechazos expresados en redes sociales. Por ejemplo, la vicepresidenta del Frente Amplio, Blanca Elgart, pidió al “gobierno del Partido Nacional” que Uriarte deje el cargo . “Permitir que un gobernante compare femicidios con ganado es una afrenta a los derechos humanos”, afirmó.
La senadora del Frente Amplio Ivonne Passada escribió sobre lo que dijo Uriarte: “La verdad que la falta de sensibilidad que ha demostrado con un tema tan doloroso no tiene perdón”.
El hisopado que se le realizó ayer al senador del Frente Amplio Danilo Astori dio negativo de Covid-19, informó su pareja, la diputada Claudia Hugo.
Astori, de 80 años, continúa internado desde el domingo en el Casmu, a donde concurrió por una infección respiratoria y se le confirmó un cuadro de neumonía.
INTERNACIONAL
La Organización Mundial de la Salud señaló que es fundamental que el retorno a la actividad sea gradual, en un momento en el que varios países avanzan hacia una reapertura en el medio de temores de que se produzca una segunda oleada de contagios.
"Para proteger vidas y medios de subsistencia es clave que el levantamiento de las restricciones sea lento y estable, para estimular las economías y al mismo tiempo vigilar el virus, de forma tal que se puedan reimplementar medidas de control rápidamente si se identifica un repunte en los casos", dijo Tedros Adhanom.
El secretario general de la OMS mencionó en la conferencia de ayer la reaparición de casos en Wuhan, la ciudad china en la que se descubrió el coronavirus en diciembre, y la marcha atrás de algunas aperturas en Corea del Sur después de que se generara un nuevo foco de contagios en bares de la ciudad de Seúl.
También en Alemania, donde se está volviendo a la normalidad, ha aumentado el tono de quienes advierten por un aumento del ritmo de los contagios, incluida la canciller Angela Merkel. Mientras tanto, en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump y los gobernadores debaten públicamente sobre cuándo y cómo se habilitará la reapertura de actividades, también se han generado nuevos focos en estados en los que la situación ya estaba controlada.
El Fondo Monetario Internacional aprobó líneas de ayuda financiera para 11 países de América Latina y el Caribe que la han solicitado.
Entre los países que pidieron esta asistencia están Haití, Bolivia, Ecuador y Paraguay. En algunos casos no se trata de nuevos préstamos, sino de créditos rápidos que se suman a los contraídos en años anteriores. En otros, como el de Colombia y México, se presentaron pedidos para ampliar líneas de crédito ya disponibles, sin que se solicitaran todavía nuevos préstamos. En todos los casos se trata de asistencia cuya entrega no está sometida a una supervisión económica posterior.
Los desembolsos aprobados en la región totalizan casi 3.500 millones de dólares, mientras a nivel global el FMI aprobó la entrega de más de 17.600 millones de dólares.
En Bolivia, el gobierno de Jeanine Áñez enfrenta críticas por su gestión de la pandemia del nuevo coronavirus en dos planos diferentes.
Por un lado, ayer se confirmó que un preso murió por Covid-19 en un penal en el que tuvieron que ser aislados entre 200 y 250 internos. La muerte se produjo el viernes, pero el Ejecutivo negó que fuera por la covid-19 hasta ayer, cuando lo informó El Deber, uno de los principales diarios locales. Otro preso de la misma dependencia falleció el domingo por problemas respiratorios, sin que se haya confirmado todavía si fue por coronavirus.
A raíz de esta situación, anoche se produjo un motín en esta cárcel, la más grande del país, ubicada en Santa Cruz.
Las autoridades nacionales anunciaron que se presentará un informe a la brevedad, pero ya habían recibido advertencias de que en las cárceles no se estaban implementando los protocolos necesarios. Estos reclamos se habían presentado el mes pasado, cuando tres presos de otra cárcel murieron aparentemente por coronavirus.
Por otra parte, el gobierno aprobó el decreto que sanciona con hasta 10 años de prisión a quienes difundan información sobre el coronavirus "que ponga en riesgo o afecte la salud pública, generando incertidumbre en la población". Si bien desde el Poder Ejecutivo se asegura que esta norma no alcanzará a los periodistas y los medios de comunicación, éstos advierten que eso no está dicho expresamente en el texto dado a conocer ayer, por lo cual piden su derogación.
En Paraguay, fue destituido un alto jefe militar responsable del control de la frontera con Brasil por permitir que un intendente cruzara el límite con ese país, cerrado por la pandemia.
El presidente, Mario Abdo Benítez, dijo días atrás que la situación de contagios en Brasil "es una gran amenaza" para Paraguay, donde el coronavirus causó 713 contagios y 10 muertes.
Sin embargo, este domingo un grupo de militares permitieron que fuera y volviera de Brasil el intendente de Juan Pedro Caballero, Carlos Acevedo. En un video viralizado por redes sociales, Acevedo presiona a los oficiales mencionando su cargo y el de sus hermanos, uno de los cuales es senador y el otro gobernador del departamento de Amambay. Como consecuencia de esto fue destituido el coronel Leonardo Ibarrola, quien ejercía el Comando de Operaciones de Defensa Interna.
Según las autoridades sanitarias, el 80 % de los casos confirmados en Paraguay son procedentes de Brasil.
En Venezuela, dos asesores del líder opositor Juan Guaidó renunciaron a sus cargos después de reconocer que hablaron con mercenarios estadounidenses sobre la posibilidad de atacar al gobierno venezolano.
Hace dos semanas el gobierno de Nicolás Maduro denunció un intento de incursión marítima en su territorio por mercenarios que, aseguró, formaba parte de un plan orquestado por la oposición, Colombia y Estados Unidos. Las tres partes rechazaron formar parte de esa operación pero la investigación avanzó y dos asesores de Guaidó reconocieron que firmaron con estos mercenarios un "contrato exploratorio" para evaluar la posibilidad de un ataque de ese tipo.
Los asesores son Juan José Rendon, que era estratega general de Guaidó, y el diputado Sergio Vergara, su comisionado presidencial.
La fiscalía venezolana ya los había señalado públicamente el viernes, y ayer lo confirmó el equipo de prensa de Guaidó en un comunicado. En el texto también se señala que Rendón y Vergara dicen que finalmente no solicitaron el ataque y que Guaidó no estuvo al tanto ni siquiera de las averiguaciones previas.
En Argentina, el gobierno extendió oficialmente hasta el 22 de mayo el plazo para que los acreedores adhieran al canje de deuda con el que busca evitar un default.
La decisión fue publicada en el Boletín Oficial, donde se argumenta que esta extensión "se considera necesaria" para "restablecer la sostenibilidad de la deuda pública bajo legislación extranjera".
En un comunicado emitido posteriormente por el Ministerio de Economía se señala que el gobierno de Alberto Fernández está abierto a tratar cualquier contraoferta y continuar con las negociaciones con los tenedores de bonos.
El 22 de mayo es el último día del período de gracia para cancelar intereses por 500 millones de dólares que vencieron en abril; que se pague o no se convertirá en dato clave para saber si el país cae en una moratoria.
En Brasil, mientras el tamaño de los estragos que causa el coronavirus continúa agrandándose, poco a poco van conociéndose nuevas informaciones sobre la enfermedad.
Una investigación inédita liderada por el Instituto médico Fiocruz, uno de los más prestigiosos de Brasil y la región, revelada ayer apunta que el nuevo coronavirus comenzó a circular en Brasil antes de lo pensado. Mientras que el primer caso confirmado oficialmente fue el 26 de febrero, el trabajo de los científicos del Fiocruz muestra que al menos en la primera semana de febrero el virus ya estaba en circulación.
Esto implicaría que el coronavirus ya estaba presente 20 días antes del primer caso diagnosticado, de un brasileño que había llegado a Sao Paulo proveniente de Italia y además, 40 días antes del primer caso reconocido como transmisión comunitaria, el 13 de marzo.
El estudio revela además, a partir de una inferencia sobre los registros de muertes, que tanto en países de Europa como de América, mientras los gobiernos monitoreaban a los viajeros, la transmisión comunitaria del virus ya era una realidad.
Brasil tiene hasta el momento más de 11 mil muertos por virus y cerca de 170 mil casos de contagio confirmados.
Además, Bolsonaro manifestó ayer una nueva polémica medida que se oficializaría por decreto. El presidente buscaba anoche incluir los gimnasios, salones de belleza y peluquerías en los servicios denominados “esenciales” para garantizar el funcionamiento durante la pandemia.
Según dijo el presidente “salud es vida” y con la medida ayudará a más de un millón de personas a seguir trabajando.
(Corresponsal Marcelo Silva de Souza)
VOLVEMOS AL PANORAMA NACIONAL
El ministro del Interior, Jorge Larrañaga dijo que el atentado contra la sede de la brigada antinarcóticos el sábado fue un “hecho inédito y grave”.
"Es evidente que es un aviso narco que se lleva adelante y las interpretaciones de este tipo de mensajes pueden ser distintas variables", expresó Larrañaga.
Larrañaga agregó que las jerarquías de la brigada antinarcóticos le transmitieron que la lucha contra las bandas que se dedican al tráfico de drogas “recién empieza”.
El gobierno espera que la coalición multicolor complete los directorios de los entes y servicios descentralizados esta semana, porque no ha podido hacerlo en los casi dos meses y medio transcurridos desde que asumió.
En los últimos días, según El Observador, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, pidió a los delegados de los socios de la coalición “acelerar” las designaciones, en el entendido de que se habían dilatado más de lo previsto,
en parte por la emergencia nacional sanitaria, pero también por las dificultades de los partidos, principalmente los colorados, para acordar.
Delgado envió a inicios de abril el borrador con los lugares que correspondían a cada uno de los partidos que integran la coalición y ahora espera que en las próximas horas los socios le envíen sus listados.
El Directorio del Partido Nacional eligió ayer por unanimidad como su nuevo presidente a Pablo Iturralde, hasta la próxima convención nacional.
Iturralde lleva 25 años integrando el directorio blanco.
El diputado y candidato a intendente de Paysandú Nicolás Olivera, del sector Alianza Nacional, fue elegido como nuevo secretario.
La presidencia del directorio estaba vacante tras la renuncia de Pablo Abdala cuando fue nombrado presidente del INAU.
Iturralde es actualmente director de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales del Ministerio de Educación y Cultura.
El año pasado apoyó la precandidatura de Enrique Antía, bajo el sector Mejor País, del llamado “grupo de los intendentes”, que luego se alió con el Herrerismo para las elecciones nacionales.
ECONOMÍA Y EMPRESA
El equipo económico de gobierno encabezado por la ministra Azucena Arbeleche defendió ayer en el Parlamento la creación de una regla fiscal prevista en el proyecto de ley de urgente consideración (LUC).
El objetivo de la regla es establecer cuál es el gasto público máximo que puede efectuarse en función de los ingresos y del desempeño general de la economía.
La ministra explicó en conferencia de prensa a la salida de la comisión especial del Senado que analiza la LUC, que una regla permitirá “el mayor cuidado del dinero de todos los uruguayos”.
De acuerdo al proyecto de ley, el Ministerio de Economía y Finanzas podrá crear un Comité de Expertos cuya función principal será proveer los insumos para establecer la regla fiscal. Además, sostiene que podrá crear un Consejo Fiscal Asesor a los efectos de realizar recomendaciones.
Arbeleche explicó que se pretende evitar lo que calificó de “fracaso de la política fiscal” de las administraciones anteriores.
“Fuimos muy claros al inicio de que los resultados fiscales hasta momento han sido malos. Resultados que se pueden medir en el deterioro fiscal que hemos observado desde el año 2011, resultado que se puede medir en la creciente deuda neta en términos del producto que venimos observando. Resultados que presentábamos en cuadros en una pantalla en donde las estimaciones que el propio gobierno anterior realizaba siempre resultaban equivocadas a la luz de los resultados finales”, dijo la ministra.
El presidente del Banco Central, Diego Labat, explicó en esa misma comisión del Senado los cambios que se pretende introducir a la ley de inclusión financiera.
Entre otros puntos, destacó que se habilitará a que trabajadores dependientes, profesionales y proveedores del Estado puedan cobrar su salario en efectivo cuando lo deseen y no de manera obligatoria a través de una institución financiera o un instrumento de dinero electrónico como ocurre hoy en día.
Por otra parte, Labat y el nuevo secretario nacional de Lavado de Activos, Jorge Chediak, explicaron la flexibilización que se pretende introducir a los procesos que deben realizar los sujetos obligados a identificar operaciones sospechosas.
A través del artículo 221 del proyecto de ley de urgente consideración se establece que se podrá aplicar medidas simplificadas de “debida diligencia” cuando las transacciones de dinero sean efectuadas con instrumentos de pago relativos a dinero u otros valores depositados en instituciones financieras supervisadas por el Banco Central.
Chediak declaró tras la comparecencia en el Parlamento que las modificaciones “no afectan los controles vinculados al lavado de activos ni a financiamiento de terrorismo”. “Es decir, respetan los compromisos asumidos por la República y se mantiene esta compleja normativa que se basa en el análisis de riesgo”, dijo el expresidente de la Suprema Corte de Justicia.
El Frente Amplio expresó su rechazo en el Parlamento a los cambios que el proyecto contiene a la ley de inclusión financiera y la flexibilización a los mecanismos de prevención de lavado de activos.
Después del encuentro con la delegación del gobierno, el senador Mario Bergara manifestó sus reparos al texto.
“Nosotros obviamente somos contrarios a la idea de dar marcha atrás con la inclusión financiera. Entendemos que plantear que la forma de pago de remuneraciones sea acordada por empleador y trabajador es un saludo a la bandera porque todos sabemos que el poder de negociación no es el mismo. Lo reconoce el Derecho Laboral la existencia de asimetrías. Y hay otros artículos que, a su vez, relajan un poco la prevención de lavado de activos. Uruguay tiene una buena evaluación en esto y no podemos arriesgar ese sello de credibilidad”, dijo Bergara.
En el mercado local, el dólar comenzó la semana bajando 0,99 %. El interbancario fondo se operó en promedio a $ 43,625.
El Banco Central del Uruguay (BCU) no intervino en el mercado ayer.
En lo que va del año, el dólar acumula una suba de 16,84 (comparando la cotización del viernes en relación a la última de 2019)
En pizarra del Banco República, el dólar cerró a $ 42,60 para la compra y $ 45,00 para la venta.
La divisa estadounidense subió en Brasil y se ubicó en R$ 5,795.
En Argentina, el dólar en el mercado oficial subió y se ubicó a nivel mayorista en AR$ 67,37. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) subió y cotizó en el entorno de los AR$ 124,50.
Por su parte, el Euro bajó frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$ 1,0807.
OTRAS NOTICIAS
Un recluso fugado de la cárcel de Canelones fue capturado ayer en Malvín Norte, junto a otros dos delincuentes, como presuntos autores de una rapiña reciente a un RedPagos de Canelones.
La Policía detuvo a los tres hombres tras persecución, tiroteo y vuelco del auto que cumplía con la descripción del que había sido utilizado en la rapiña.
El Ministerio del Interior quemó ayer 7,5 toneladas de cocaína incautada.
En conferencia de prensa el ministro Jorge Larrañaga dijo que la quema no es en respuesta al atentado contra la brigada antinarcóticos sino para mostrar y explicar a la población qué se hace con la droga requisada.
Larrañaga explicó que la mayor parte de la cocaína destruída fue incautada en la administración anterior y está valuada en US$ 60.000.000 en el mercado local.
El operativo de quema estaba previsto para marzo pero debió ser postergado por la declaración de emergencia sanitaria.
Fotos: Daniel Rodríguez /adhocFOTOS
