Foto: Frente Amplio
La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) decidió ayer interpelar al canciller Francisco Bustillo y al ministro del interior Luis Alberto Heber por la expedición de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset.
La senadora Liliam Kechichian indicó que los parlamentarios frenteamplistas quiere tener más información sobre el caso ya que visualizan “varios puntos oscuros”.
El pasaporte, entregado en noviembre del año pasado en el consulado uruguayo en Dubai, permitió que Marset saliera de Emiratos Árabes Unidos, donde se encontraba preso por haber intentado ingresar con un pasaporte paraguayo falso. Marset, que en esa época estaba prófugo de la Justicia paraguaya, fue señalado este mes como ideólogo del asesinato en Colombia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.
El miembro interpelante será el senador Mario Bergara y, aunque la cámara alta tratará la Rendición de Cuentas desde la próxima semana, el FA entiende que el debate sobre Marset debe priorizarse porque es “un tema de altísima sensibilidad”.
La senadora Kechichian dijo: “Nos preocupa todo el proceso, la entrega del pasaporte a una persona que estaba detenida justamente por portar un pasaporte falso. La cancillería es la responsable de la entrega de ese documento y el Ministerio del Interior de entregar la información. Vemos que fallaron muchas cosas y Uruguay queda mal parado”, comentó la legisladora.
Kechichian cuestionó la explicación dada por las autoridades, que atribuyeron la entrega del pasaporte a un decreto de 2014, durante el gobierno de José Mujica. “Ese decreto hizo todo lo contrario, puso más condiciones”, dijo la senadora opositora.
Según publicó el diario El Observador el pasado sábado, el Ministerio del Interior colaboraba con la DEA desde hacía dos meses en una investigación sobre Marset cuando le dio el pasaporte.
Líderes sectoriales del Partido Nacional se reunieron ayer con el presidente Luis Lacalle Pou en la residencia oficial de Suárez y Reyes para abordar el anteproyecto de reforma del sistema previsional.
El mandatario transmitió a los dirigentes, según el diario El País, la firme convicción de enviar el texto al Parlamento antes de que termine setiembre, una vez que se recojan todos los aportes de los socios del oficialismo, y de la oposición, si es que decide sumarse.
Lacalle Pou pidió también que la iniciativa ingrese por la Cámara de Senadores, algo a lo que se comprometió la vicepresidenta Beatriz Argimón y todos estuvieron de acuerdo, consigna esta crónica.
Uno de los participantes recordó que, en el caso de la LUC, también se siguió la vía inicial del Senado, que tiene 30 integrantes y donde, si hay voluntad política, los acuerdos habitualmente se alcanzan en forma más sencilla que en Diputados, donde los integrantes son 99.
Beatriz Argimón, fue la elegida como vocera de la reunión de ayer y dijo que el presidente “está a la espera” de “recibir informes (y) propuestas de los partidos de la coalición”. “Nosotros hicimos campaña electoral hablando de la necesidad de una reforma de la seguridad social”, subrayó.
"Nosotros estamos convencidos que es bueno que se inicie el tratamiento este año, se lo trasladamos así al señor presidente. Estamos convencidos que es lo que tenemos que hacer como legisladores del Partido Nacional y entendemos que tiene que presentarse este año".
El ministro Javier García publicó en Twitter: “Reformar la seguridad social para que siga vigente y proteja a las próximas generaciones es un tema de solidaridad. El presidente va a mandar un proyecto que garantiza derechos sociales. Solo con demagogia o populismo se puede negar la reforma”, escribió García.
Participaron del encuentro con el presidente, además de Argimón, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado; el presidente de la agrupación parlamentaria nacionalista, senador Gustavo Penadés; los ministros de Defensa, Javier García, por el Espacio 40, y de Interior, Luis Alberto Heber, por el Herrerismo, y los senadores Carlos Camy, por Alianza Nacional, y Jorge Gandini, de Por la Patria.
La fiscalía actuante archivó la denuncia sobre compras de espacios publicitarios y otras operaciones durante la gestión de la exministra de Turismo Liliam Kechichian y el exsubsecretario de la cartera Benjamín Liberoff.
La denuncia había sido presentada por el exministro de Turismo y actual diputado colorado Germán Cadoso, que a su vez está siendo investigado por hechos ocurridos durante su gestión en esa cartera.
En su momento, Cardoso cuestionó que durante la administración de Kechichian se resolviera la compra de un nuevo edificio para la sede de la cartera por US$1.500.000 y se gestara un convenio con la Unión General Armenia de Beneficencia para utilizar las instalaciones de su sede.
Según el fiscal Gilberto Rodríguez, “los denunciados”, Kechichian y Liberoff, “no han cometido delito penal alguno”.
El escrito sostiene: “es preciso decir que si bien se han detectado e identificado en el marco de la indagatoria desarrollada, irregularidades de naturaleza administrativa, vinculadas fundamentalmente a incumplimientos de normas del TOCAF, la primera conclusión a la que se ha podido arribar, luego de su pormenorizado análisis y ponderación, es que las mismas no constituyen per se conductas penalmente reprochables”.
La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) destinará el equivalente a unos US$ 94.000 “para suministro de 7.500 camisetas” de la selección uruguaya de fútbol, según la resolución respectiva, y entregárselas “en calidad de obsequio a los alumnos que participarán en las Pruebas Pisa 2022″, que comenzaron ayer.
En los resultandos del texto firmado por el presidente del Codicen, Robert Silva, se indica que en las pruebas "participarán 7.000 estudiantes uruguayos de liceos públicos y privados, escuelas técnicas y escuelas rurales de 7°, 8° y 9°".
La resolución añade que la AUF "aportará al proyecto un 5% sobre el costo total por concepto de la fijación del logotipo ‘AUF Impulsa’ en dicha indumentaria".
INTERNACIONAL
En Estados Unidos, el expresidente Donald Trump denunció ayer que el FBI le “robó” sus tres pasaportes, uno de ellos ya caducado, en el registro efectuado la semana pasada a su mansión de Florida en busca de documentos clasificados.
En un mensaje en su red Truth Social dijo al respecto: “Esto es un asalto a un oponente político de un nivel nunca antes visto en nuestro país. ¡Tercer mundo!”.
La toma de los pasaportes vigentes impediría salir del país a Trump, que el pasado jueves ya había criticado que ese registro se efectuó en su opinión sin previo aviso e inspeccionó también armarios de la ex primera dama, Melania Trump.
La redada tenía como objetivo encontrar documentos clasificados que el exmandatario republicano sacó de la Casa Blanca en enero de 2021.
Trump está siendo investigado por la posible comisión de tres delitos: violación de la Ley de Espionaje, obstrucción de la Justicia y destrucción de documentos, que, en caso de condena, podrían conllevar desde multas hasta penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos políticos.
Entre la documentación requisada figuran 26 cajas y varias carpetas de documentos y fotos con las etiquetas de “alto secreto” o “confidencial”, uno de ellos bajo el título “presidente de Francia” y otro sobre la petición de indulto de Roger Stone, amigo de Trump.
La orden de registro y el inventario ya no están bajo secreto de sumario y se han hecho públicos. Pero, desde el bando republicano crece la presión para que se difunda qué presunta “amenaza nacional” propició la redada como para que el FBI publique toda la información e intercambios que condujeron a la misma.
En Estados Unidos, el Departamento de Justicia se opuso a publicar el documento judicial que expone los motivos que llevaron al FBI a registrar la semana pasada la casa del expresidente Donald Trump en el estado de Florida.
Varios medios de comunicación y congresistas pidieron a un juez de Florida que publique esta declaración jurada que posibilitó el allanamiento de la mansión en Mar-a-Lago
Pero el Departamento de Justicia se opuso al considerar que "existen razones convincentes" para ello, "incluido proteger la integridad de una investigación policial en curso que involucra la seguridad nacional".
El viernes, a petición de la fiscalía, un juez publicó la orden que autorizó el allanamiento y una lista de los documentos incautados. Según esta información, la justicia sospecha que el expresidente republicano violó una ley estadounidense sobre espionaje que regula muy estrictamente la posesión de documentos confidenciales.
Pero ahora las solicitudes apuntaban a otro documento que contiene "hechos de investigación detallados y de importancia crítica", así como "información altamente confidencial sobre los testigos".
Los abogados estadounidenses de Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, demandaron a la CIA y su exdirector Mike Pompeo, a los que acusan de haber grabado sus conversaciones y copiado el contenido de sus teléfonos y computadoras.
Los letrados y dos periodistas que se sumaron a la acción judicial, todos estadounidenses, denuncian que la CIA violó el derecho constitucional a la protección de las conversaciones confidenciales, en este caso con Julian Assange, que es australiano, mientras estaba asilado en la embajada de Ecuador en Londres.
El presunto espionaje se habría concretado a través del trabajo de la CIA con una empresa de seguridad contratada por la embajada.
Assange permanece encarcelado en una prisión británica mientras espera que la justicia decida sobre un último recurso presentado contra su extradición, solicitada por Estados Unidos.
La Iglesia católica de Nicaragua denunció que, por causas que desconocen, la policía detuvo el domingo a un sacerdote, un paso más en la escalada de tensión entre la institución religiosa y el Gobierno de Daniel Ortega,
La diócesis de Siuna, que atiende las parroquias del Caribe norte de Nicaragua, informó en redes sociales del arresto del "presbítero Óscar Benavidez, párroco de la parroquia Espíritu Santo de Mulukukú", uno de los municipios de la Región Autónoma del Caribe norte.
El independiente Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) indicó en Twitter que conoció "a través de distintas fuentes" que el párroco Benavidez "fue sacado de su vehículo y llevado en una patrulla con rumbo desconocido".
Ni la policía, ni el gobierno han confirmado ni desmentido hasta el momento la información.
La diócesis de Siuna fue una de las primeras en solidarizarse con la situación del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, a quien la policía le impide salir de su residencia y lo tiene retenido allí junto a otras 10 personas desde el 4 de agosto.
Álvarez, de 55 años, había denunciado días antes el cierre por parte de las autoridades de cinco emisoras católicas, demandado al gobierno que respetara la "libertad" religiosa.
Tras su confinamiento, la policía informó que la diócesis de Álvarez es investigada por intentar "organizar grupos violentos" e incitar al "odio" para "desestabilizar" al país.
Álvarez es un crítico del gobierno de Ortega y miembro de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), organismo que se solidarizó con Álvarez el 7 de agosto.
Ortega, en el poder desde el 2007, acusa a los obispos de apoyar las protestas opositoras de 2018. Para su gobierno, estas fueron un fallido golpe de Estado urdido por la oposición con el apoyo de Washington.
En Kenia, William Ruto fue declarado ganador de las elecciones presidenciales celebradas hace una semana, en medio de violentas protestas en los bastiones de su derrotado rival, denuncias de fraude y desacuerdo en la comisión supervisora de votos.
Según la Comisión Electoral Independiente, Ruto consiguió 50,5% de los votos, superando a Raila Odinga, figura histórica de la oposición, que habría obtenido 48,85%.
Ruto, quien es vicepresidente saliente, dijo en un discurso televisado que "no hay lugar para la venganza" y prometió "trabajar con todos" los líderes políticos, porque se necesitan "todas las manos disponibles".
Minutos antes del anuncio de la victoria de Ruto, cuatro de los siete comisionados de la comisión electoral rechazaron los resultados debido a lo que definieron como "el carácter opaco del proceso".
En Venezuela, activistas vinculados al gobierno plantearon "canjear" por prisioneros estadounidenses al empresario Alex Saab, próximo al presidente, Nicolás Maduro, y enjuiciado en Estados Unidos por lavado de dinero.
Saab fue extraditado en octubre de 2021 a Estados Unidos, tras ser detenido en Cabo Verde en junio de 2020. El gobierno de Maduro califica de "ilegal" el proceso, alegando que el empresario tenía estatus de "diplomático".
Roi López, vocero del movimiento ‘Free Alex Saab’, aseguró en conferencia que en Venezuela "hay una cantidad de detenidos estadounidenses cumpliendo sentencia" que podrían ser canjeados por Saab.
Los miembros de ‘Free Alex Saab’ llamaron a los familiares de estadounidenses presos en Venezuela a "presionar".
Dos estadounidenses presos en Venezuela fueron liberados en marzo tras la visita a Caracas de enviados de la administración de Joe Biden. Washington reclama la liberación de una tercera persona, arrestada desde 2020.
Nicaragua se sumó a los países que presionan a Argentina por la retención a pedido de Estados Unidos de un avión venezolano y de su tripulación, integrada por venezolanos e iraníes.
El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, reclamó la inmediata liberación del avión, al que consideró "secuestrado" junto a "11, 12 hermanos venezolanos porque así lo ordenan los yanquis".
Aseguró que Argentina "está traicionando los principios" de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que actualmente preside, al convertirse "en un instrumento del imperio yanqui".
El Boeing 747 de mercancías Emtrasur, filial de la aerolínea estatal venezolana Conviasa, sancionada por Washington, fue retenido en junio después de aterrizar en el aeropuerto de Ezeiza, procedente de México, con una tripulación de venezolanos e iraníes y una carga de autopartes.
El 2 de agosto Estados Unidos pidió a Argentina incautar el avión tras una orden judicial que consideró que hubo irregularidades en la venta de la aeronave por parte de una empresa iraní a otra venezolana.
La semana pasada, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, también cuestionó a Argentina por la retención del avión.
En Brasil se larga este martes oficialmente el período de campaña proselitista, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, y su principal adversario, Luiz Inácio Lula da Silva, inician este martes sus campañas en búsqueda de la presidencia, de cara a la elección del 2 de octubre.
En el arranque formal del calendario de campaña, Bolsonaro estará esta mañana en Juiz de Fora, la ciudad minera donde fue acuchillado en 2018, y donde según el mandatario "volvió a nacer".
Por su parte, Lula da Silva, favorito en los sondeos, tendrá su primera actividad de campaña en Sao Paulo, donde participará de una clase pública en la Universidad de dicho estado.
Por la noche, se prevé que los dos principales candidatos a la presidencia se vean las caras en la capital, Brasilia, para participar de la ceremonia de asunción del juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes como presidente del Tribunal Superior Electoral, principal corte que decidirá en cuestiones electorales.
De Moraes es uno de los mayores adversarios de Bolsonaro en Brasilia, ya que la Corte ha sido implacable en procesos contra el presidente y aliados, inclusive determinando allanamientos y la prisión de varios, incluido el diputado federal Daniel Silveira, condenado por actos antidemocráticos e indultado más tarde por el presidente.
Como presidente del TSE, será el encargado de hacer frente a cualquier ofensiva durante las elecciones, en un contexto de ataques del presidente al sistema de urna electrónica.
La petrolera estatal Petrobras, anunció ayer una nueva reducción para el precio de la gasolina en las refinerías que valdrá a partir de hoy. El litro de gasolina estará casi un 5% más barato, dato que va a empujar una nueva desaceleración en los precios al consumidor, objetivo prioritario del gobierno de Bolsonaro antes de la elección del 2 de octubre.
(Corresponsal: Marcelo Silva de Sousa)
VOLVEMOS AL PANORAMA NACIONAL
El reporte semanal sobre covid-19 dado a conocer ayer por el Ministerio de Salud Pública (MSP) indica que entre el 7 y el 13 de agosto se registraron 1.844 casos nuevos de la enfermedad, o sea, 172 más que en la semana anterior.
Este último reporte registra cinco fallecimientos; en el anterior habían sido seis.
La tasa de positividad fue de 10,9%, algo superior a la previa, que había sido de 9,1%.
El índice de camas de CTI ocupadas al 13 de agosto era de 67,1%. De ellas, con covid había un 3,2% (la semana anterior era 3,3%).
Varios centros del Consejo de Formación en Educación (CFE) están ocupados por tiempo indeterminado desde ayer por gremios estudiantiles con varias demandas.
El Instituto de Profesores Artigas (IPA) fue ocupado por su Centro de Estudiantes que, entre sus reivindicaciones incluyó los problemas edilicios, “la desregulación en las condiciones de estudio” y, en un comunicado, denunció “una transformación educativa” que profundiza “los procesos de privatización y mercantilización de la educación con el objetivo de formar empleados sumisos al sistema” .
Estos estudiantes también rechazan que las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) hayan tapado sus pintadas en la fachada del IPA, que ellos consideran “un lugar de expresión”.
El comunicado del gremio expresa: “Esta opción que hace el consejo la entendemos como censura y la enmarcamos en el propio programa de persecución que otros compañeros y compañeras de clase están sufriendo por llevar adelante su actividad sindical”.
Además, el Centro de Estudiantes de Magisterio ocupó los Institutos Normales de Montevideo. Reclama, entre otras cosas, por la falta de jardines de práctica para la carrera de Maestro en Primera Infancia, que las autoridades se habían comprometido a solucionar meses atrás.
La misma medida fue tomada por la Asociación de Estudiantes de Educación Social (AEES) de Montevideo, que ocupó el Instituto de Formación en Educación Social.
En este caso, entre los reclamos incluyen que se vuelva a contar con un tutor docente por estudiante para las monografías finales, ya que actualmente tienen un tutor cada 20 estudiantes.
En el interior fueron ocupados el Centro Regional de Profesores (CERP) del Este, ubicado en Maldonado, y el CERP del Sur, con sede en Atlántida.
La Organización Sionista del Uruguay, junto a la Organización Sionista Mundial, anunció ayer en un comunicado que entregará el trigésimo tercer premio Jerusalem en el país al presidente de la República, Luis Lacalle Pou.
“Entregamos con enorme alegría y convicción este premio a un presidente con una larga tradición de amistad con la comunidad y con Israel”, expresó el presidente de la Organización Sionista del Uruguay, Javier Galperin y añadió, según consigna el comunicado: "Lacalle (Pou) participa asiduamente de eventos y actos de distinta naturaleza, invitado por las instituciones judías. En 2021 anunció públicamente su decisión de que Uruguay no participase en la Conferencia de Durban, ámbito donde históricamente se propagó el antisemitismo. Este año, además, anunció su intención de abrir una oficina comercial de la embajada uruguaya en Israel en la ciudad de Jerusalem".
El acto de entrega del Premio Jerusalem será el jueves 1 de septiembre en la sede de la Comunidad Israelita Del Uruguay.
La bancada del FA decidió ayer promover un llamado en régimen de comisión general a las autoridades de OSE y al ministro de Ambiente, Adrián Peña, para obtener información sobre el proyecto Neptuno.
Se trata de la obra de iniciativa privada para construir una nueva planta potabilizadora en la zona de Arazatí (San José), y que el ente se encuentra en la etapa de definición del método de contratación y pago por el que optará.
ECONOMÍA Y EMPRESA
El Banco Central (BCU) resolvió ayer subir nuevamente la tasa de política monetaria en 50 puntos básicos, y llevarla hasta 10.25%.
A su vez, anunció que continuará con aumentos similares en las próximas reuniones.
La decisión del Copom (Comité de Política Monetaria) se da luego de evaluar que “persiste la rigidez de las expectativas de inflación de los agentes, y que la inflación, así como la (inflación) subyacente, se mantienen fuera del rango meta”.
El comunicado agrega que esta decisión se valoraron otros aspectos de la coyuntura internacional y local, y detalla: “En el mundo se agudiza la preocupación por el menor crecimiento de la actividad económica, y la prolongación del conflicto en el Este europeo, entre otras tensiones geopolíticas, aunque se observan señales de desaceleración de la inflación mundial por la reducción de precios de los commodities, una menor tensión en la cadena de suministros, y temores asociados a una recesión global”.
En Uruguay, en tanto, “la actividad económica continuó su recuperación en el segundo trimestre, que se mantiene en el tercero, aunque a un ritmo algo más moderado”.
En julio, el número de personas en seguro de paro se redujo nuevamente, alcanzando a 43.367 trabajadores, y llegó a niveles previos a la pandemia.
Eso fue lo que destacó el Ministerio de Trabajo (MTSS) en su informe, donde señala que en este caso se dio una reducción de 2.316 personas con respecto a junio.
En cuanto a las modalidades, señala que se mantienen las proporciones de los últimos meses, ocho de cada diez trabajadores (80.8%) están en seguro de paro total (35.035) y el 19.2% restante permanece en seguro de paro parcial (8.332).
La reducción del número de trabajadores en el seguro de paro fue tanto en el seguro de paro total que pasó de 36.278 a 35.035, es decir 1.243 trabajadores menos, como en el seguro de paro parcial que bajó de 9.405 a 8.332, es decir 1.073 menos
Arribó a Uruguay ayer la primera partida de carne con hueso importada de Brasil, una operación que el gobierno habilitó para abaratar el precio de este producto para el público local en relación a los cortes de carne uruguaya.
El ministro de Ganadería, Fernando Mattos, participó de la presentación y destacó la calidad de esta carne y sus altos estándares sanitarios:
“Proporciona un producto de calidad, como hemos podido ver en esta primera mercadería que ha llegado a esta empresa, pero también la posibilidad de reducción de precio para el consumidor uruguayo. Aspecto bastante importante para contener los empujes inflacionarios en los que lógicamente la carne ha contribuido. Recordemos que Uruguay es un exportador que ha alcanzado los máximos valores a nivel de exportación. De esta manera nosotros, con mercadería local y sin dejar de lado los aspectos de calidad del producto, podemos proporcionarle a la población una carne de calidad a un precio bastante más accesible”.
El primero en concretar la importación fue Abasto Santa Clara, pero hay más interesados.
En el mercado local, el dólar comenzó la semana bajando 0,09 %. El interbancario fondo se operó en promedio a $40,090.
En lo que va del año 2022, el dólar lleva una baja acumulada de 10,31% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2021)
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $38,95 para la compra y $41,35 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense comenzó la semana con una baja y cerró en R$5,092.
En tanto, en Argentina, no hubo operativa cambiaria por un feriado de ese país. El billete verde en el mercado oficial había cerrado el viernes en AR$ 134,59. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) había cotizado el viernes en el entorno de los AR$ 295,00
Por su parte, el Euro bajó ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$1,0158.
OTRAS NOTICIAS
La Justicia condenó a un exdirector del conjunto de parodistas Clowns del Carnaval de las Promesas por varios delitos sexuales.
El caso comenzó con una denuncia en la cuenta de Instagram “Varones Carnaval”.
El condenado deberá cumplir cuatro años y medio de prisión por reiterados delitos de atentado violento al pudor, abuso sexual específicamente agravado y por promesa de remuneración a una adolescente a cambio de realizar actos sexuales.
Los delitos tipificados se produjeron en el marco del Carnaval de las Promesas y el hombre ya tenía formalización previa en 2019 por abuso sexual, consignó La diaria.
El fallo judicial también dispuso la reparación económica por un monto de 12 ingresos mensuales o, en su defecto, 12 salarios mínimos para una de las víctimas.
Vecinos del barrio Marconi, en Montevideo, se concentraron ayer al atardecer sobre avenida General Flores reclamando “justicia” y dejar de ser considerados “ciudadanos de segunda”.
La movilización se llevó a a cabo luego de que dos residentes de la zona murieron baleados el 5 de agosto pasado cuando quedaron atrapados en medio de una balacera.
Además de los nombres de las víctimas, los manifestantes repetían a coro: “No más niños con armas”.
Una mujer de 47 años fue asesinada a balazos, y dos hombres resultaron heridos en un ataque cometido anoche en Camino La Boyada, zona próxima al Cerro de Montevideo.
Los heridos, uno de ellos con antecedentes penales por rapiña según El Observador, ingresaron al Centro Coordinador del Cerro para ser atendidos.
El cuerpo de un hombre de unos 80 años fue encontrado ayer por la Policía con un golpe en la cabeza, a tres kilómetros de la localidad de Míguez, departamento de Canelones.
La Policía acudió ante el pedido del hermano de la víctima que fue a la casa porque hacía días que no sabía nada de él, y no lo encontró.
Los efectivos comenzaron a buscar al hombre en el terreno hasta que lo hallaron sin vida, en un pasillo entre dos habitaciones precarias tapado con chapas y con una herida producto de un fuerte golpe en la cabeza.
DEPORTE
El ciclista uruguayo Mauricio Moreira ganó ayer la 83ª edición de la Vuelta de Portugal.
Moreira, de 27 años, hijo del histórico ciclista Federico Moreira, defiende al equipo portugués GlassdreiveQ8.
El uruguayo se aseguró el triunfo al ganar la contrarreloj de ayer que se disputó entre Oporto y Vila Nova de Gaia, sobre 18,6 kilómetros, que completó en un tiempo de 25 minutos y siete segundos.
Moreira partió en la última etapa segundo a siete segundos de su compañero de equipo Frederico Figueiredo, que terminó séptimo en la contrarreloj.
El 15 de agosto del año pasado, Moreira tenía todo para ganar este prueba, pero se cayó en la contrarreloj, perdió 10 segundos y no la pudo ganar.
