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Noticias del martes 18 de febrero de 2020

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El presidente electo Luis Lacalle Pou le transmitió al líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, su molestia por las declaraciones sobre detenidos desaparecidos de Rivera Elgue, designado subsecretario de Defensa y miembro de ese partido.

Elgue dijo el sábado en La Diaria, que “la institución (en referencia a las Fuerzas Armadas) en su conjunto no actuó mal” en la dictadura; afirmó que “hubo hombres que se equivocaron y actuaron mal […] pero la institución, no” porque si no “no habría solamente 32 desaparecidos en Uruguay. Si la institución hubiese actuado mal, tendría que haber muchos más desaparecidos. Muchos estuvieron presos, pero hoy están vivos y están en libertad, y fueron reparados. Pero no hay miles de desaparecidos en Uruguay”, argumentó el militar retirado.

Según El País, el mismo sábado el ministro de Defensa designado, Javier García, le manifestó a Elgue su disconformidad con el contenido, la forma y la oportunidad de lo expresado.

La nota añade que el propio presidente electo Lacalle Pou se contactó telefónicamente el sábado con el general retirado Guido Manini Ríos; le transmitió su molestia por las declaraciones de Elgue y dejó en claro que no comparte en absoluto lo planteado por quien él mismo designó como subsecretario de Defensa.

Ese día, hablando en Radio Montecarlo, Manini tomó distancia de los dichos de Elgue aunque matizó a su favor señalando el contexto de la respuesta de su compañero de partido.

“Es muy, muy grave e inaceptable cualquier número de desaparecidos; así hubieran sido tres en vez de 32, o así fueran 300. Y esa es la posición de Cabildo Abierto; pero en cuanto a las declaraciones de Elgue, yo creo que no hay que sacarlas de contexto; él estaba hablando en el marco de una pregunta sobre si debían o no debían las Fuerzas Armadas pedir perdón”, dijo Manini Ríos. 


La senadora del Frente Amplio Carolina Cosse solicitó ayer al futuro presidente que revoque la designación del dirigente de Cabildo Abierto porque, dijo, “lo expresado por Elgue es una afrenta al sentir democrático”.


Finalizó sin acuerdo la primera reunión entre el futuro ministro de Educación, Pablo Da Silveira, y la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) que le solicitó que se desglosara del anteproyecto de ley de urgencia los cambios previstos en materia educativa.

El sindicato de maestros reconoce que las nuevas autoridades tienen derecho a realizar cambios en la enseñanza, pero estiman que esas modificaciones deben tener “otros tiempos de discusión y de análisis”, que la ley de urgente consideración no permite.

A la postura del gremio nacional de docentes de Primaria se sumó en el fin de semana la de Asociación de Docentes de Educación Secundaria (Ades) de Montevideo, cuya asamblea decidió realizar un paro el 12 de marzo contra los contenidos sobre Educación del anteproyecto de ley de urgente consideración.

El futuro ministro Pablo Da Silveira advirtió que los paros de la enseñanza no afectan a “la gente de recursos”, sino que “tienen efectos muy terribles […] especialmente sobre la vida de los más débiles”.

“Quienes sufren son las madres solas que tienen que irse a trabajar, las familias trabajadoras; la gente de recursos no se ve afectada por los paros de la enseñanza; los que sufren son los más vulnerables. Yo les pediría a los sindicatos de la Educación que piensen en ellos”, dijo Da Silveira. 


Álvaro Delgado, futuro secretario de la Presidencia de Luis Lacalle Pou, se manifestó sorprendido por el paro del 12 de marzo fijado por Ades Montevideo.

Delgado calificó la medida de “ideológica” y argumentó que los cambios previstos en educación fueron acordados entre todos los partidos de la coalición multicolor que ganó el gobierno.

“Es un paro por algo que es un borrador. En segundo lugar, aún en el borrador, lo que está como cambios a nivel de Educación, que es uno de los principales temas del Uruguay, donde más falta de resultados hay, se propuso durante toda la campaña electoral y la gente lo votó y está incluso en el documento “Un compromiso por el país” que fue acordado entre los cinco partidos de la coalición de gobierno, entre los firmados por los cinco candidatos a presidente. En tercero, todo hace pensar que es un paro muy ideológico; no hay reivindicaciones, no hay temas salariales, no hay tema de derechos. Tienen todo el derecho a hacer el paro pero no sé si contribuye mucho a la mejora en la educación”, dijo Delgado. 


El PIT CNT se pronunciará sobre el anteproyecto de ley de urgente consideración el 29 de febrero pero su presidente, Fernando Pereira, ya adelantó opinión negativa.

Pereira acompañó ayer a la FUM a su reunión con el futuro ministro Pablo Da Silveira.

“Parto de la base de que el proyecto de ley, en los capítulos de Educación tiene cosas muy negativas para los trabajadores docentes y para los alumnos, que es lo que acabamos de expresarle al futuro ministro Da Silveira; incluso consideramos que no debería estar en una ley de urgente consideración el capítulo vinculado a Educación y la mayoría de los capítulos. Discutir temas de esta envergadura, como son Seguridad, Educación, Trabajadores y Empresas públicos en una sóla ley que se podría denominar ómnibus, le quita calidad democrática al debate”, dijo Pereira. 


El fiscal general de la Nación, Jorge Díaz, se sumó ayer a las advertencias de las gremiales de fiscales y jueces sobre las modificaciones al Código del Proceso Penal (CPP) contenidas en el anteproyecto de ley de urgente consideración.

Díaz dijo confiar en que el “diálogo entre los operadores del sistema de justicia y el sistema político haga surgir las mejores soluciones.

La Asociación de Magistrados Fiscales había advertido que las modificaciones previstas harían “colapsar el sistema judicial”. Desde la Asociación de Magistrados Judiciales, por su parte, la opinión es que la idea contenida en el borrador del gobierno electo implica riesgo de mayor impunidad y/o colapso del sistema carcelario.

Díaz se reunió ayer con Lacalle Pou y le entregó un documento con observaciones a los cambios; dijo que sus preocupaciones sobre el funcionamiento de la Fiscalía se centran en los cambios previstos en el proceso abreviado, la suspensión condicional del proceso, el principio de oportunidad y el proceso simplificado.

“En términos generales yo comparto la opinión que han expresado tanto la Asociación de Fiscales como la Asociación de Magistrados Judiciales e incluso los Defensores respecto de estos institutos, que fue lo que nosotros analizamos. Lo que nosotros procuramos es que no se produzca un impacto negativo es decir que se produzca un impacto contrario a lo que se busca; por eso es nuestra preocupación y por eso es el planteo”, dijo Díaz. 


El futuro ministro de Trabajo Pablo Mieres prometió trabajar para levantar las observaciones de la Organización Internacional del Trabajo OIT a Uruguay.

Mieres indicó que se apoyará en el proyecto de ley del actual gobierno, acerca del que acaban de responder los expertos de la OIT.

“Ese informe de los técnicos dice que hay avances pero que todavía no es suficiente para levantar el conjunto de observaciones que habían sido planteadas, por lo tanto la pelota ahora va a estar en nuestra cancha a partir del 1° de marzo y obviamente la idea es trabajar sobre la base del proyecto de ley que presentó el gobierno de Tabaré Vázquez que es insuficiente a juicio de la OIT; seguir trabajando para que haya un resultado que nos resuelva el problema y que la observación finalmente quede levantada”, dijo Mieres. 


El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio deploró y rechazó que el gobierno que asumirá el 1 de marzo haya decidido no invitar a la ceremonia de transmisión del mando presidencial a los jefes de Estado de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Según el FA, la medida “contradice la no ideologización de las relaciones diplomáticas entre los Estados asumida como compromiso de gobierno en política exterior” por Luis Lacalle Pou durante la pasada campaña electoral.

Una declaración emitida ayer expresa textualmente:

“En tanto fuerza política responsable del gobierno saliente, el Frente Amplio deplora y rechaza tal decisión por cuanto la misma:

Contradice la no ideologización de las relaciones diplomáticas entre los Estados asumida como compromiso de gobierno en política exterior por el Dr. Luis Lacalle Pou durante la pasada campaña electoral.

Sienta un pernicioso precedente en lo que refiere al respeto a la soberanía de las naciones, principio legítimamente de la relación entre los Estados y rasgo fundamental de la política exterior de nuestra República.

Expone a Uruguay a eventuales consecuencias en las distintas dimensiones del relacionamiento que mantiene con dichos países por cuanto éste -lejos de obedecer a motivos de índole personal. ideológicos, político partidarios o corporativos- , se rige por intereses comunes y beneficios mutuos entre los Estados que coadyuven también al progreso de la comunidad internacional.

El Frente Amplio reitera sus sentimientos de amistad y solidaridad con los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela así como de respeto a la soberanía de dichos Estados.


Integrantes del gobierno electo participaron anoche de una misa de bendición a los flamantes legisladores en la Basílica de Nuestra señora del Carmen (Parroquia de la Aguada) a pocos metros del Palacio Legislativo, presidida por el arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla. 

Algunos de dirigentes presente fueron Álvaro Delgado, Beatriz Argimón, Pablo Bartol y Armando Castaingdebat, la senadora Carmen Asiaín, el diputado Rodrigo Goñi y el exdiputado blanco Carlos Iafigliola.

Sturla explicó que la iniciativa surgió del párroco Pablo Coimbra, a quién llamó "el capellán del Palacio", por la cercanía geográfica que tiene la basílica con la casa de las leyes. 

Según El Observador, toda la cúpula de Cabildo Abierto también marcó asistió a la parroquia de la Aguada: los senadores Guido Manini Ríos y Guillermo Domench, la futura ministra de Vivienda, Irene Moreira y el subsecretario de Defensa designado, Rivera Elgue. A su vez, se encontraba buena parte de la bancada cabildante en Diputados: Eduardo Lust, Sebastián Cal, Elsa Capillera, Héctor Sodano, Raúl Lozano y Rodrigo Albernaz.


INTERNACIONAL

En Reino Unido, un consejero del primer ministro anunció su renuncia, después de que salieran a la luz unos comentarios suyos que fueron calificados de racistas y eugenésicos.

Andrew Sabisky, recientemente nombrado por Boris Johnson, anunció su alejamiento en Twitter, donde dijo que fue víctima de un caso "gigante de difamación" por parte de los medios, que deberían "dejar de seleccionar sus citas". 

La salida ocurrió después de que trascendieran unas declaraciones en las que daba a entender que los negros estadounidenses tendrían una inteligencia inferior a la de sus congéneres blancos y otras en las que afirmaba que "imponer legalmente una anticoncepción desde el principio de la pubertad sería una forma de resolver problemas de embarazos no deseados que crean una subclase permanente".


También en Reino Unido, el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, recibió el apoyo de Reporteros Sin Fronteras y de un grupo de 117 médicos que denuncian la "tortura psicológica" que se le estaría infligiendo.

En una carta publicada en la revista médica The Lancet, un grupo de médicos de 18 países acusa al gobierno británico de estar atentando contra el derecho fundamental de Assange a recibir atención médica, una semana antes de que la justicia británica examine la solicitud de extradición del australiano. "Si Assange acabara muriendo en una cárcel británica", como lo advirtió el relator especial de la ONU sobre la tortura Nils Melzner en noviembre, "habrá sido, efectivamente, torturado hasta la muerte", consideran los firmantes. 

Estos denuncian una "politización de los principios fundamentales de la medicina, cuyas implicaciones van más allá del caso de Julian Assange". "Pedimos a los gobiernos que pongan fin a la tortura de Assange y le garanticen el acceso a los mejores cuidados, antes de que sea demasiado tarde", concluyen. 

Por su parte, la asociación Reporteros Sin Fronteras, que se opone a la extradición de Assange lanzó una petición que hasta ayer había recabado más de 20.000 firmas.


En China, un disidente fue detenido tras haber pedido la renuncia del presidente Xi Jinping, entre otras razones por su mala gestión de la epidemia de coronavirus.

Xu Zhiyong hizo el planteo el 4 de febrero, cuando criticó a Xi por la mala gestión de la guerra comercial con Estados Unidos, las manifestaciones en Hong Kong y la epidemia del nuevo virus. "Los suministros médicos escasean, los hospitales están desbordados y muchas personas contaminadas no han sido examinadas", denunció.

Xu, que se encontraba prófugo desde diciembre tras haber participado en un acto opositor, fue detenido por las autoridades, según informó la organización Amnistía Internacional.


En Bolivia, el candidato del Movimiento Al Socialismo, Luis Arce, delfín político del expresidente Evo Morales, encabeza la intención de voto con 31,6 % para las elecciones del 3 de mayo.

Según la última encuesta, Arce supera ampliamente al expresidente Carlos Mesa y la mandataria transitoria Jeanine Áñez, que tienen un respaldo de alrededor de 17 %. 

Por otra parte, la candidatura de Morales a senador por Cochabamba será sometida a nuevas evaluaciones a raíz de los recursos presentados en su contra, informaron las autoridades bolivianas.


En Venezuela, el gobierno suspendió por 90 días las operaciones en el país de la aerolínea portuguesa TAP, a la que acusa de haber permitido que viajara con explosivos un familiar del líder opositor Juan Guaidó.

El ministro de Transporte, Hipólito Abreu, informó que las autoridades aeronáuticas abrieron un "proceso administrativo" contra TAP, que podría derivar en "multas", "suspensiones" o incluso "la suspensión permanente" de sus operaciones en Venezuela.

Un tío de Guaidó, Juan Márquez, fue detenido el pasado 11 de febrero tras acompañar al jefe parlamentario -reconocido como presidente encargado del país petrolero por medio centenar de gobiernos- en un vuelo comercial de TAP en el que regresó tras una gira internacional.


En Argentina, el gobierno confirmó una nueva medida para los jubilados y pensionistas de menores ingresos y los beneficiarios de programas sociales. 

La Administración Federal de Ingresos Públicos devolverá 15 puntos de IVA en la compra de alimentos con tarjeta de débito. La medida entrará en vigor el 1º de marzo y beneficiaría a unos 7 millones de personas, entre quienes reciben la Asignación Universal por Hijo y quienes cobran la jubilación mínima. 

Este anuncio se hace días después de que el gobierno de Alberto Fernández diera a conocer el viernes el esperado aumento para las jubilaciones y pensiones. El incremento, para todas las jubilaciones, será a partir del 1º de marzo de 2,3 % y 1.500 pesos argentinos. Para quienes cobran menos, el incremento llega al 13 %, pero para el resto el porcentaje se reduce drásticamente. 

Con la fórmula aprobada durante el gobierno de Mauricio Macri, que Fernández suspendió al asumir, debía haber un ajuste para todas las jubilaciones de 11,56 %.


En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro busca una nueva fecha para encontrarse con su par argentino Alberto Fernández, luego de que el peronista confirmara que no podrá estar en Uruguay para la asunción de Lacalle Pou.

Bolsonaro reiteró ayer que quiere reunirse con Fernández y anticipó que quiere una relación basada en la "libertad y la democracia".

El presidente habló por la mañana con periodistas en Brasilia y dijo que los cancilleres de ambos países deben establecer cuándo y dónde será el encuentro.

La semana pasada, Bolsonaro había propuesto la semana pasada la fecha del 1 de marzo en Montevideo, durante la visita del canciller argentino Felipe Solá a Brasilia. El derechista dijo que "siempre está dispuesto" a dialogar con Fernández, con quien se temía que la relación podía ser conflictiva, luego de semanas de acusaciones cruzadas.

Además, el gobierno manifestó cautela ayer sobre el eventual impacto que pueda generar en la economía el brote del coronavirus en China, principal destino de las exportaciones.

El secretario de política económica del Ministerio de Economía dijo que el gobierno no tiene motivos para alterar la previsión de crecimiento de 2,4% para 2020. Hasta ahora, según el funcionario no hay evidencias de impacto en la actividad

Para el economista, el impacto llegará solamente si el impacto en el precio de los comodities es muy grande y prolongado.

(Corresponsal Marcelo Silva de Sousa)


VOLVEMOS AL PANORAMA NACIONAL

El presidente Tabaré Vázquez encabezó ayer el último Consejo de Ministros de su mandato. Participaron también Eduardo Bonomi y Liliam Kechichián, los ex secretarios de Estado que renunciaron para asumir el sábado pasado como  senadores.

El ministro de Turismo Benjamín Liberoff dijo que Vázquez agradeció a cada uno de los integrantes del gabinete y asumió la responsabilidad por los “errores” cometidos durante estos cinco años, aunque aseguró que el Frente Amplio “cambió al Uruguay” en sus tres períodos de gobierno.


Beatriz Argimón, presidente del directorio del Partido Nacional, y los secretarios de ese cuerpo, propusieron ayer al ejecutivo blanco que la comisión de ética vuelva a analizar el caso del ex intendente de Colonia y candidato actual a ese cargo, Carlos Moreira.

La denominada “mesa chica” del directorio blanco, también decidió proponer al órgano ejecutivo partidario que estudie el reciente informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) y el archivo de la investigación penal que dispuso la fiscal de Colonia Eliana Travers sobre la denuncia contra Moreira.

En octubre pasado, cuando se conocieron los audios en los que Moreira parecía aceptar extender pasantías a cambio de sexo, la comisión de ética había recomendado al directorio aplicarle la máxima sanción, es decir expulsarlo, pero no hubo decisión porque el intendente renunció antes al partido.

Según El País, la mesa chicha conformada por Argimón y los secretarios concluyó que existe la “presunción” de que la carta orgánica del Partido Nacional no permite revocar la decisión de la convención departamental de Colonia, que habilitó la candidatura de Moreira el pasado 4 de febrero, junto a la de Ricardo Planchón y el cabildante Eduardo López.

La Jutep concluyó el 7 de febrero  que Moreira y la edila María José García, que lo denunció, violaron “principios de interés público, probidad e imparcialidad”; también “considera verificado” que García le solicitó una prórroga de las pasantías a Moreira “por fuera de los mecanismos formalmente establecidos” y que el intendente “condicionó la concesión de lo solicitado a conductas personales” ajenas a los mecanismos vigentes.

Mientras tanto, según La Diaria, los ediles del Frente Amplio de Colonia acaban de presentar una nueva denuncia judicial contra Moreira por desviación de poder, clientelismo político, tráfico de influencias y abuso de funciones.

Una delegación de la bancada frenteamplista en la Junta Departamental de Colonia se reunió con el Secretariado del Frente Amplio. Al término de ese encuentro, el  coordinador del grupo, Rodolfo Montaña, dijo a la prensa que les preocupa “la naturalización de la corrupción” que hay en el departamento.


ECONOMÍA Y EMPRESA

Pequeños comercios y proveedores industriales que trabajan con supermercados están preocupados por la concentración de poder que se dará en el mercado de confirmarse las operaciones que hay en marcha.

A la ya anunciada intención del dueño de Tienda Inglesa -el banco estadounidense Goldman Sachs- de quedarse con el Grupo Disco, se suma ahora la adquisición por Ta-Ta del proveedor mayorista Frontoy, según publica El Observador.

Frontoy es una empresa uruguaya de 75 años de trayectoria, que atiende a unos 1500 comercios en todo el país.

El matutino informa que la Comisión de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) también está preocupada por esta operación. La presidenta de ese órgano desconcentrado, Luciana Macedo, dijo al matutino: “Preocupa que las propias cadenas de supermercados estén comprando a los proveedores”.

Macedo explicó que con estos movimientos quedan “menos operadores” en el mercado con mayor “capacidad para abusar de ese poder de mercado y realizar prácticas anticompetitivas”.

Por su parte, el presidente de la Cámara Industrial de Alimentación, Fernando Pache, también cuestionó la operación en sus redes sociales. “Esta concentración de poder de compra de Tienda Inglesa y Ta-Ta, quienes también adquieren a distribuidoras mayoristas, hará que la población pague enormes sobreprecios”, posteó en su cuenta Twitter.


En el mercado local, el dólar comenzó la semana bajando apenas 0,03 %. El interbancario fondo se operó en promedio a $ 37,906.

El Banco Central del Uruguay (BCU) intervino en el mercado ayer comprando U$S 33,2 millones para sostener el billete verde.

En lo que va del año, el dólar acumula una suba de 1,53%.

En pizarra del Banco República, el dólar cerró a $ 37,15 para la compra y $ 38,65 para la venta.

La divisa estadounidense bajó mínimamente en Brasil y se ubicó en R$ 4,315.

En Argentina, el dólar en el mercado oficial subió y se ubicó a nivel mayorista en AR$ 61,67, un nuevo máximo histórico. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) también subió y cotizó en el entorno de los AR$ 78,00.

Por su parte, el Euro bajó frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$ 1,0833.


OTRAS NOTICIAS

El abogado de Martín Mutio, único imputado por traficar 4,5 toneladas de droga a Alemania, pidió anular el juicio.

Según informa El Observador, el abogado defensor de Mutio, Florencio Macedo, reclamó a la jueza Beatriz Larrieu que la fiscal Mónica Ferrero le ocultó pruebas relevantes recogidas durante la investigación que podían favorecer a su defendido.

Macedo reclama haber tenido acceso a una información proporcionada por las autoridades aduaneras alemanas a las uruguayas acerca del contenedor de Mutio que fue confiscado en Hamburgo.

Según indica El Observador, esa información era documentación que confirmaba que "los precintos del contenedor estaban intactos", lo cual, para Ferrero, ello constituye otro elemento indicativo de que la droga fue cargada en Uruguay y no mientras el barco se dirigía a su destino final, que era Amberes (Bélgica).

Martín Mutio había sido imputado con prisión el 30 de agosto del año pasado como autor de un delito de asistencia al narcotráfico. Este hombre, de 32 años, era el propietario de un contenedor que salió el 10 de junio de 2019 desde el puerto de Montevideo, y que las autoridades alemanas confiscaron con la droga poco más de un mes después.


DEPORTE

La AUF fijó la tercera fecha del Torneo Apertura para el 28 y el 29 de febrero y, el 2 de marzo.

Esto quiere decir que dejar ese fin de semana sin actividad, que era una de las propuestas para que el clásico no se disputara el 8 de marzo, Día de la Mujer, no prosperó. 

En lugar de eso, se proyecta hacer un enroque de la fecha cuatro por la siete y que el clásico por lo tanto se dispute el 29 de marzo. 

Esto no convence a Peñarol, ya que la selección uruguaya jugará sus primeros partidos de eliminatorias el 25 y el 30 de ese mismo mes y los aurinegros podrían tener futbolistas afectados. 


Comienzan hoy los octavos de final de la Champions League, con dos encuentros: 

Atlético de Madrid recibe a Liverpool, el último campeón. 

Borussia Dortmund recibe a PSG, el eterno aspirante. 

Los partidos comienzan a las 17:00, hora de Uruguay.   


Pablo Cuevas, cuartofinalista en el Open de Buenos Aires, subió dos puestos hasta el 46º lugar del ranking mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales.

Ahora Cuevas jugará en el ATP 500 de Río de Janeiro, donde debutará hoy frente al húngaro Attila Balazs (106.º) Si gana, chocará en segunda ronda con el argentino Guido Pella (26.º) o el brasileño Thiago Monteiro (88.º).

En dobles, Cuevas forma dupla con el español Fernando Verdasco y enfrentará en el debut al polaco Lukasz Kubot y al brasileño Marcelo Melo, segundos cabezas de serie. 

El uruguayo Ariel Behar y el ecuatoriano Gonzalo Escobar esperan rivales surgidos de la qualy.

 

 

Foto: Luis Lacalle Pou y Guido Manini Ríos. Crédito: Javier Calvelo / adhocFOTOS

 

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