La Cámara de Diputados instaló ayer una comisión preinvestigadora sobre supuestas irregularidades desde el 1º de marzo de 2010 en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), denunciadas por el diputado nacionalista Martín Lema.
La preinvestigadora tendrá 48 horas para decidir si hay mérito para investigar. Está integrada por los frenteamplistas Óscar de los Santos y Gerardo Núñez, y el nacionalista Pablo Abdala.
En su informe, Lema indica que el Mides “pasó de ser un buen instrumento para concentrar y ejecutar políticas sociales” y se convirtió “en un contumaz incumplidor de la legalidad, buscando siempre la puerta para evadir controles o mantener bajo un manto de secretismo los resultados de sus programas”.
Un 58% de la población votaría hoy a favor de la reforma constitucional sobre seguridad pública que promueve el senador blanco Jorge Larrañaga y un 23% no lo haría; el resto, 19%, no sabe qué posición tomar, según una encuesta de Cifra difundida ayer en Telemundo.
La mayoría absoluta, tanto de los montevideanos como de los residentes del interior apoya la reforma, según la consultora; pero la proporción es aún más grande en el interior, donde según indicadores oficiales la delincuencia y la violencia serían menos graves que en la capital.
Cuanto menor es el nivel socioeconómico, mayor es la predisposición a votar la propuesta: sólo lo haría el 45% de los sectores más acomodados, pero entre los grupos de nivel más bajo el 72% piensa apoyar la reforma.
La política y los liderazgos políticos pesan aún más que el lugar de residencia o el nivel socioeconómico: los más a favor de la reforma son los que hoy votarían al Partido Nacional, entre quienes el 86% apoyaría el plebiscito; también lo haría el 56% de los colorados, pero sólo el 29% de los frentistas.
Sin embargo, dice Cifra, aún si se mantiene el clima actual de la opinión, favorable a la reforma, eso no garantiza que finalmente se apruebe. Aquí influye lo que hagan los partidos con los sobres en los que reparten sus listas, que usualmente son los que la mayoría de la población usa para votar. Estas costumbres arraigadas requieren cierta motivación para cambiar el “ensobrado” de la lista que los votantes eligieron.
El general José Ariel González asumió ayer como nuevo comandante en jefe del Ejército Nacional en un acto que contó con la presencia del presidente Tabaré Vázquez, el ministro interino de Defensa Daniel Montiel, el secretario de la Presidencia Miguel Ángel Toma, el canciller Rodolfo Nin Novoa, el subsecretario de Relaciones Exteriores Ariel Bergamino y los ministros de Industria Guillermo Moncecchi y de Transporte, Víctor Rossi.
González reemplazó a Guido Manini Ríos, quien fuera cesado por cuestionar fallos judiciales referidos a militares condenados por delitos contra los derechos humanos perpetrados durante la dictadura (1973-1985).
En su primer discurso el nuevo jefe de la fuerza de tierra destacó “la disciplina” como “esencial para todos los ejércitos” y añadió: “El soldado obedece sin recelo y con obligación, sacrificándose por el interés general. Su base no es sólo la obediencia sino también el honor y la justicia, que tiene como objeto cumplir con las normas establecidas”.
González agradeció “su contribución a todos” los que le “antecedieron en el cargo” y especialmente a quien lo ocupó hasta la semana pasada.
“Constituye un honor y un compromiso suceder al general de Ejército don Guido Manini Ríos en el mando del Ejército Nacional. De él recibo no solo la tarea de ser el continuador de una misión que ha enfrentado con inteligencia y liderazgo, sino que asumo el reto de consolidar los valiosos logros alcanzados durante su gestión. Muchas gracias mi general por la dedicación de toda una vida para dejar una fuerza lista y digna” dijo González.
El ministro interino de Defensa, Daniel Montiel, dejó abierta la posibilidad de una sanción al destituido jefe del Ejército Guido Manini Ríos por el video de despedida que ordenó publicar el miércoles pasado en los canales de comunicación oficiales.
Montiel dijo que “hay reglamentos en materia sancionatoria” y que “el Poder Ejecutivo tomará la decisión que entienda oportuna y conveniente”.
“Obviamente, se está considerando y reitero una vez más: hay reglamentos que admiten y permiten tener un espacio de tiempo, reflexión, de análisis y de distintas consideraciones que en su momento y oportunamente se pondrán en conocimiento de quien corresponda” señaló Montiel.
Desde la Fiscalía General de la Nación se desactivó la posibilidad de denunciar penalmente a Manini Ríos por sus cuestionamientos a la Justicia.
Según fuentes que conocen el caso, citadas por El País, el Fiscal de Corte, Jorge Díaz, descartó iniciar acciones penales contra el exjefe del Ejército porque, no obstante considerar agraviantes sus dichos públicos, se entendió que “se encuadran dentro de la libertad de opinión” del militar; además, por no existir una instancia de parte, es decir, ninguna denuncia en su contra.
Un grupo de simpatizantes del Partido Nacional (PN) que se conformó como sector el sábado pasado con el nombre Espacio Brigadier General Manuel Oribe, le propuso a Manini Ríos que sea su precandidato a la Presidencia.
En un comunicado del que informa La Diaria, el grupo sostiene que “varios dirigentes” del PN han planteado que Manini Ríos “es muy valioso para el país”, y que “no es oportuno” que se vincule con el partido Cabildo Abierto (que le propuso que sea su candidato), porque ese grupo “está asociado por la opinión pública con un partido militarista”.
Entrevistado por En Perspectiva, ayer, lunes, el excomandante en jefe sostuvo que se tomará unos días para analizar la propuesta de Cabildo Abierto y aclaró que no tenía “pensado liderar ningún partido político militar”.
Daniel Martínez inició ayer su campaña como uno de los precandidatos presidenciales del Frente Amplio manteniendo una reunión con José Mujica en la casa del ex presidente.
A la salida del encuentro de casi una hora, los dos políticos coincidieron en que esta campaña electoral deberá ser “limpia” y sin “heridas” para que el país no quede confrontado ya que luego deberá asumir obligaciones que requerirán acuerdos políticos, como la reforma de la seguridad social.
La jornada inaugural de Martínez en esta campaña incluyó además un encuentro con el Consejo Directivo de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) que preside Ángel Urraburu.
La BVM, según El País, le presentó al precandidato un documento que contiene tres puntos: la creación de una Comisión Nacional de Valores, la cotización en bolsa de empresas públicas como Ducsa o ALUR, y luego una batería de medidas para “fomentar y financiar” las pequeñas y grandes empresas.
La coalición socialdemócrata La Alternativa presentará hoy su fórmula presidencial integrada por el senador del Partido Independiente Pablo Mieres, y la maestra y licenciada en bioquímica Selva Andreoli, que forma parte del sector Navegantes liderado por el periodista y publicista Esteban Valenti.
La presentación será a las 19:00 horas en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo.
El líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick se reunió ayer con el Directorio del Partido Nacional (PN) al que le propuso una concertación de partidos de oposición para competir en las próximas elecciones de intendente en varios departamentos.
"Nosotros decimos para todos los departamentos, pero puede ser solo para Montevideo, puede ser para Montevideo y Canelones, puede ser para Montevideo, Canelones, Salto, o para lo que cada partido vaya a discutir; lo discutiría el Partido Nacional, lo discutiría el Partido Colorado, y después habrá un diálogo con nosotros para ver qué formato se le da” manifestó Novick.
La presidenta del Directorio del PN, Beatriz Argimon, sostuvo a la a salida del encuentro, que la posibilidad de concertar en los 19 departamentos no está siendo considerada por ahora en la interna. Argimón dijo que en los próximos días se va a evaluar la experiencia del Partido de la Concertación en Montevideo en las elecciones departamentales de 2015, para decidir si los blancos comparecen de nuevo bajo ese lema o bajo uno distinto.
Novick llevará su propuesta al Comité Ejecutivo del Partido Colorado. Hasta ahora no tuvo contactos con el Partido Independiente, cuyo líder, el senador Pablo Mieres, se muestra más reticente a alcanzar ahora un acuerdo de ese tipo.
INTERNACIONAL
En Nueva Zelanda la primera ministra Jacinda Ardern, prometió una reforma de la legislación sobre armas que permitió al autor de la matanza contra dos mezquitas de Christchurch comprar de forma legal el armamento que usó durante el ataque.
La primera ministra también anunció una investigación sobre los servicios de seguridad e inteligencia para determinar cómo el australiano Brenton Tarrant pudo planificar y ejecutar el ataque sin ser detectado. Tarrant enfrenta acusaciones por asesinatos pero Ardern aseguró ante el Parlamento que habrá más cargos contra él.
"Con este acto terrorista el atacante buscaba varias cosas, entre ellas notoriedad, por eso nunca me escucharán decir su nombre", aseguró Ardern. "Es un terrorista. Es un criminal. Es un extremista. Pero, cuando yo hable, no tendrá nombre". "Se los ruego: digan los nombres de quienes murieron en lugar del nombre del hombre que causó su muerte", dijo durante Ardern el encuentro en Wellington.
En Nicaragua la oposición suspendió ayer su participación en el diálogo con el gobierno en respuesta a "la violencia y represión" del fin de semana, cuando fueron detenidos y posteriormente liberados más de 100 manifestantes, entre ellos dos delegados en la mesa de conversaciones.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) dijo en un comunicado que "condena enérgicamente la violencia y represión ejercida" el sábado, cuando opositores se preparaban para marchar en demanda de la liberación de detenidos por participar en las protestas del año pasado contra el gobierno de Daniel Ortega.
La oposición plantea que la liberación de los "presos políticos" debe ser un acto unilateral del gobierno, pero el oficialismo insiste en que debe ser discutido junto a otros temas. Las autoridades han excarcelado a 150 personas y las han puesto en arresto domiciliario.
En Francia el gobierno anunció la destitución del jefe de policía de París dos días después de los violentos desmanes que ocurrieron en los Campos Elíseos durante la manifestación de los "chalecos amarillos".
El primer ministro Edouard Philippe también anunció la prohibición de "las manifestaciones en las que se detecte la presencia de ultras y de su voluntad a hacer destrozos", en lugares como los Campos Elíseos, la plaza Pey-Berland en Burdeos y la plaza del capitolio en Toulouse. Además, se aplicará un aumento considerable de la multa por participar en una manifestación prohibida, de 38 euros en la actualidad, a 135 euros.
El Medio Oeste de Estados Unidos enfrenta inundaciones históricas que se ya se cobraron la vida de al menos tres personas, obligaron a desplazar a parte de la población y dañaron cientos de casas y negocios.
El crecimiento de los cursos de agua impactó en Nebraska, igual que en algunas partes de Iowa, Wisconsin y Dakota del Sur, producto de las fuertes lluvias de la semana pasada y el derretimiento de la nieve. Cientos de personas fueron rescatadas en Nebraska, donde 54 ciudades emitieron declaraciones de emergencia, al igual que cuatro áreas de nativos americanos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describió las inundaciones como "devastadoras" y dijo que la Casa Blanca permanecerá en un estrecho contacto con los funcionarios estatales.
En Colombia miles de manifestantes exigieron al gobierno implementar plenamente el pacto de paz con la exguerrilla FARC, frente a su controvertida intención de modificar una parte del texto.
Líderes de distintos partidos políticos, profesores, estudiantes, organizaciones sociales, tomaron ayer el centro de Bogotá para rechazar las objeciones y reformas anunciadas por el presidente, Iván Duque, que apuntan principalmente a modificar el compromiso que impide la extradición a Estados Unidos de miembros del partido FARC.
El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, llamó a que su país y Estados Unidos liberen Venezuela. Lo dijo en la víspera de una reunión con su par Donald Trump que tendrá lugar hoy en la Casa Blanca en la cual esta crisis tendrá un lugar preponderante.
"Debemos resolver el problema de nuestra Venezuela. Venezuela no puede seguir así. Deben ser liberados. Y obviamente creemos y contamos con el apoyo de los Estados Unidos para lograr este objetivo", dijo Bolsonaro en un discurso ante la Cámara de Comercio estadounidense.
Bolsonaro firmó ayer un acuerdo de salvaguardias tecnológicas que permitirá el uso de la base de Alcántara (norte de Brasil) para el lanzamiento de cohetes estadounidenses. Durante la jornada, el mandatario visitó la sede de la CIA para discutir sobre crimen organizado y narcotráfico, así como otros temas importantes para los cuerpos de seguridad brasileños.
Hoy Bolsonaro se encontrará, a las 09.30 hora local, con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, otra cita en la que Venezuela estará en el centro de la agenda. Luego se desplazará hasta la Casa Blanca para reunirse con Trump a las 14.15 hora local y posteriormente visitará el cementerio de Arlington.
Para el mandatario la visita a Estados Unidos es una vidriera para promover negocios e inversiones.
El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, dijo ayer en un foro con inversores en Washington, que hasta la llegada del presidente Jair Bolsonaro, nadie tenía "los huevos" para recortar el gasto público. La declaración se produjo en un momento en que su país enfrenta una dura batalla para sacar adelante una reforma de las pensiones.
Guedes también le pidió a los empresarios que ayuden a Brasil a entrar en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El Grupo de Contacto Internacional (GCI) sobre Venezuela, impulsado por la Unión Europea (UE) con países del bloque y latinoamericanos, se reunirá el 28 de marzo en Quito.
El nuevo encuentro a nivel ministerial tendrá lugar a unos 40 días de que expire el plazo que se dieron el 7 de febrero en Montevideo para lograr elecciones presidenciales en Venezuela.
La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, confirmó que también abordaron la situación de Venezuela con el canciller chino, Wang Yi, en Bruselas, con quien mantienen diferencias sobre el reclamo de elecciones presidenciales.
Por otro lado, "el GCI estudia la posibilidad de establecer un mecanismo internacional de coordinación y prestación de ayuda humanitaria en Venezuela en estrecha cooperación con la ONU", según dijo el martes el comisario europeo Neven Mimica.
Para el responsable europeo de Cooperación Internacional y Desarrollo, "actores independientes bajo el liderazgo de Naciones Unidas" deben ser quienes distribuyan la ayuda, que tiene que ser "imparcial" y "despolitizada".
En Venezuela, mientras tanto, el oficialismo denunció que la oposición engañó a los casi 1.000 desertores de la Fuerza Armada refugiados en Colombia.
El pasado sábado, expolicías y exmilitares hospedados en las ciudades fronterizas de Cúcuta y Villa del Rosario, en el departamento de Norte de Santander, bajo resguardo de ACNUR, declararon a medios locales que temen ser desalojados.
El presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello dijo que a los militares "les estaban dando condición de refugiados”. Y agregó que, “al darles esa condición en 90 días los expulsan si no demuestran que están sometidos a persecución”, pero resulta que “nadie los estaba persiguiendo", dijo Cabello.
En Argentina, el comentario obligado es la admisión del presidente Mauricio Macri en el sentido de que su padre Franco, recientemente fallecido, había incurrido en un delito al pagar coimas para obtener licitaciones de obras públicas.
No es que el presidente haya dicho algo que no se supiera, porque las acusaciones contra el grupo Socma aparecen en la causa judicial conocida como “los cuadernos de las coimas”, donde se investiga un entramado de corrupción con la obra pública durante la gestión kirchnerista.
Pero es la primera vez que Macri, en una entrevista televisiva, admite una culpa que salpica de forma tan directa a su propia familia. Y de inmediato se planteó la pregunta sobre si la responsabilidad queda en Franco o si se debe extender también a sus herederos.
Y más concretamente, si el decreto sobre extinción de dominio, que impulsó el gobierno para recuperar para el Estado los bienes de funcionarios corruptos, puede aplicarse en este caso al propio presidente.
Hay dirigentes de la oposición peronista que interpretan la frase de Macri casi como una autoincriminación y que creen que el grupo Socma o el propio patrimonio del presidente deben ser objeto de detracciones para resarcir al Estado.
Para empeorar las cosas, el abogado Luis Conde, que representaba al fallecido Franco Macri, realizó declaraciones que no ayudan en nada al presidente. Señala que ya desde hacía años, cuando el patriarca de los Macri repartió y delegó en sus hijos el manejo del conglomerado empresarial, el que manejaba los hilos era Mauricio.
En otras palabras, insinuó que no había forma de que el actual presidente no estuviera al tanto sobre el pago de sobornos hechos por ejecutivos de sus empresas durante el gobierno kirchnerista.
(Corresponsal Fernando Gutiérrez desde Buenos Aires)
PANORAMA NACIONAL
La Fiscalía de Roma pidió modificar las sentencias judiciales de primera instancia que los habían absuelto y condenar a cadena perpetua a seis miembros de la dictadura uruguaya, cinco de ellos militares y un civil.
Igual solicitud fue efectuada para otros 18 miembros de los gobiernos militares que existieron en Bolivia, Chile y Perú, acusados de la desaparición de italianos a través del Plan Cóndor, una operación represiva internacional coordinada por regímenes autoritarios de la región, especialmente entre 1970 y 1980.
Los uruguayos implicados son el capitán de navío José Néstor Troccoli, el excanciller Juan Carlos Blanco, el teniente Ricardo Eliseo Chávez, el coronel Pedro Mato Narbondo, el capitán José Ricardo Arab, el teniente coronel José Nino Gavazzo y el capitán de navío Juan Carlos Larcebeau.
En la petición de cadena perpetua, los fiscales de Roma señalan que 23 italianos fueron asesinados en el marco de un “programa de exterminio abominable” y que todos los acusados son “responsables de todo lo que se les acusa porque han sido ejecutores de muerte”.
Acerca de Troccoli, la fiscalía afirmó que dijo que “fue en realidad el jefe de la S2 (el servicio de la inteligencia de la Marina militar uruguaya) en el Fusna, la sede del Cuerpo de Fusileros Navales donde se llevaba a los prisioneros, y que de él dependía si vivían o eran asesinados”.
Para fundamentar la modificación del fallo de primera instancia, los fiscales italianos citaron la jurisprudencia establecida en varias sentencias de tribunales italianos, en especial vinculadas con crímenes mafiosos. En esas resoluciones se estableció que no hay diferencias, desde el punto de vista penal, entre la responsabilidad de quien cometió directamente un asesinato y la de quien le ordenó hacerlo.
El abogado Andrea Speranzoni, representante del Estado uruguayo, dijo a La Diaria que está preparando un documento que incluirá la dimensión histórica general y un análisis de la historia personal de cada víctima, “intentando resumir las pruebas más detalladas de la responsabilidad de cada acusado”.
La próxima audiencia está convocada para el 15 de abril.
Un informe presentado ayer por las autoridades del Hospital de la Mujer, que forma parte del centro hospitalario Pereira Rossell, destaca que 2018 finalizó sin muertes maternas; es un avance “muy importante que nos llena de orgullo”, dijo la subdirectora María Elvira Fernández.
El informe señala la persistencia en la caída de la cifra de partos en adolescentes, del 24% al 22,% del total de ese año, y el descenso del número de nacimientos prematuros.
Fernández explicó que fue constatado un aumento de mujeres que durante los nueve meses de gestación se efectuaron seis o más controles, lo cual les permitió un embarazo a término.
El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) firmará hoy la autorización de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) al inicio de las obras del Ferrocarril Central.
La semana pasada, Presidencia de la República había declarado de “urgente ejecución” las obras que permitirán, entre otras cosas, que la eventual segunda planta de UPM pueda transportar su producción de celulosa desde Paso de los Toros al puerto de Montevideo.
ECONOMÍA Y EMPRESA
El Banco Central (BCU) resolvió revocar la autorización para funcionar como casa de cambio a “Cambio Europa S.A” luego de constatar “apartamientos graves a la normativa vigente”; vinculó a la firma a la trama de sobornos del caso Odebrecht.
En la comunicación emitida por el BCU se señala incumplimientos “especialmente en lo que refiere a prevención y control de lavado de activos, y financiamiento al terrorismo, y realización de operativa no permitida en este tipo de negocios”.
Los dos accionistas de la casa cambiaria son Gustavo Raymundo Pintos Giordano y Carlos Roberto Tarigo Bonozzoni.
Investigaciones llevadas a cabo por la Policía de Andorra como parte del caso de sobornos de la empresa Odebretch, señalan que la banca privada de Andorra (donde se simularon los contratos para desviar fondos) había usado la empresa Carday Capital S.A hasta 2014 para recibir fondos de varios clientes sudamericanos.
En Uruguay operaban mediante el Cambio Europa y los beneficiarios finales de la cuenta de Carday S.A "serían Gustavo Raymundo Pintos Giordano y Carlos Roberto Tarigo Bonozzoni", los dos accionistas de la casa cambiaria.
El dólar comenzó la semana con una baja de 0,11% respecto a la cotización del viernes, sin intervención del Banco Central del Uruguay. El interbancario fondo se operó en promedio a $33.412.
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró sin cambios en $ 32,68 para la compra y $ 34,08 para la venta.
La divisa estadounidense bajó en Brasil y finalizó en R$ 3,811. Mientras que en Argentina se mantuvo estable en AR$ 40.
Por su parte, el Euro subió frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$ 1,1353.
OTRAS NOTICIAS
Un hombre de 41 años, oriundo de Caraguatá, murió acuchillado en una reyerta el lunes a las 02:00 de la madrugada frente al predio donde estaba culminando la fiesta de la Patria Gaucha, en Tacuarembó.
Según El País, la víctima se llamaba Édison Rodolfo Gómez Almeida.
Otras tres personas que participaron del enfrentamiento fueron internadas con heridas de arma blanca y, debido a su estado de salud, la Policía no ha podido interrogarlas.
17 personas permanecen detenidas como indagadas. El primer objetivo es detectar al responsable del homicidio, que podría ser uno de los demorados, y probar su participación.
El comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Hugo Marenco, anunció ayer que el país decidió prohibir la entrada de aviones Boeing 737 MAX 8 al territorio uruguayo tras los últimos accidentes protagonizados por esas aeronaves.
“Para la tranquilidad de la población y los usuarios, no hay compañías que estén operando actualmente con ese tipo de aeronaves en nuestro país”, añadió Marenco en conferencia de prensa, con motivo del aniversario 106 de la aviación militar y el Día de la Fuerza Aérea uruguaya, durante un acto del que participó el presidente Tabaré Vázquez.
Marenco advirtió de escasez de recursos al señalar que “el 40 %” del material de la fuerza “tiene una antigüedad mayor a cuarenta años y, otro 20%, más de treinta años” y añadió: “A pesar del esfuerzo diario de todos los escalones para obtener una mayor operatividad, no logramos superar el 35% o 40% de material de vuelo en condiciones óptimas para cumplir las misiones que el Estado nos ha asignado por ley”.
DEPORTES
El octavo y último cupo de los playoffs hacia el título de la Liga Uruguaya de Básquetbol lo disputarán Biguá y Goes en un partido de desempate.
El reclasificatorio finalizó anoche con la eliminación de Hebraica Macabi de la posibilidad de seguir aspirando a la corona.
BIGUÁ 77 – HEBRAICA MACABI 67
GOES 79 – OLIMPIA 71
El ganador de Biguá-Goes tendrá como rival a Malvín en los playoff.
