La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) exhortó al Poder Ejecutivo “a rever su negativa y conceder al PIT CNT” la utilización de la cadena oficial de radio y televisión el próximo 1º de Mayo.
La Institución emitió anoche una declaración señalando que “los servicios de comunicación audiovisual son instrumentos fundamentales para el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión y libertad de información”, y que son “derechos que preexisten a cualquier intervención estatal”.
El comunicado resalta que “la normativa no limita” el uso de la cadena “únicamente a cuando lo requieran las necesidades de carácter nacional que involucren a las instituciones de gobierno o a mensajes oficiales, sino que prevé su utilización también para que otros actores sociales puedan comunicar por su intermedio mensajes de interés público y la sociedad toda ejerza su derecho a la información”.
La Institución afirma: “Todos los años el 1º de mayo con motivo de celebrarse el “Día de los Trabajadores” el PIT-CNT como central sindical convoca a un acto público donde emite un mensaje que es recibido con atención no sólo por sus más de cuatrocientos mil afiliados sino también por la sociedad toda. Sin embargo, la especial situación por la cual atraviesa el país a partir de la declaración de emergencia sanitaria con su consecuente inhibición para la realización de reuniones públicas impide este año su realización, en circunstancias que hacen vital y de gran interés público que la voz de los trabajadores organizados alcance la más amplia difusión.
El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, advirtió que luego de la Semana de Turismo la población entró “en una situación de afloje” con respecto a las medidas de distanciamiento social que, afirmó, “no podemos permitir”
Hablando en rueda de prensa Larrañaga señaló que durante el fin de semana último hubo una “movilidad excesiva” que fue un “error” y, exhortó a mantener la “cuarentena social”.
“El hecho de reactivar algunas actividades no significa que no sigamos bajo el imperio del decreto de emergencia en materia sanitaria. La nueva normalidad de la que habló el presidente refiere a una movilidad con responsabilidad, con distancia. El hecho de que se dé amparo a determinadas actividades para no paralizar el motor del país, no significa que no estemos en el plano de la emergencia sanitaria y la exhortación tiene que valer más que nunca”, dijo Larrañaga.
Larrañaga adelantó que el Ministerio del Interior repartirá tapabocas como forma de indicar que sin este insumo no se transita de forma responsable en la vía pública.
Esto será parte de una campaña de sensibilización, responsabilidad y solidaridad en el marco de una nueva normalidad ante una epidemia que es grave en el mundo, añadió el ministro.
El gobierno prevé confeccionar protocolos para cada rama de actividad antes de habilitar el retorno al trabajo.
El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo a El Observador que la idea es que las actividades que funcionen tengan protocolos de “protección e higiene”; agregó que a su entender habrá “cambios de hábito y costumbre” que se observarán fundamentalmente en los espectáculos como el cine y el teatro.
El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, explicó el viernes en conferencia de prensa que diferentes sectores van a ir “progresivamente abriendo” o “volviendo a su nueva normalidad”. Alfie está al frente de un comité de expertos dedicado a evaluar los criterios para esa transición.
El Poder Ejecutivo todavía no definió cuáles serán todas las nuevas actividades a retomar porque primero evaluará el reinicio de la construcción y la vuelta a clases voluntaria en 542 escuelas rurales del país, a excepción de Canelones (y, obviamente Montevideo) prevista para mañana, miércoles.
El presidente de la Administración Nacional de Enseñanza Pública (ANEP) Robert Silva dijo anoche a Subrayado que el 29 de abril van a comenzar las clases presenciales en otro conjunto de escuelas, además de las que se reactivarán mañana.
Los shopping center no tienen fecha prevista de reapertura y algunos estiman que no será antes de los próximos 30 días, pero prevén tener habilitada al menos la venta de productos antes del 7 de junio, que ha quedado fijado como Día de la Madre.
Los administradores de estos centros comerciales prevén dialogar esta semana con el equipo de gobierno que trabaja en la “nueva normalidad”, para ver en qué condiciones podrían reabrir al público, informó el diario El País.
Los shopping center cerraron sus puertas el 17 de marzo a pedido del gobierno como medida preventiva para minimizar la propagación del nuevo coronavirus.
Un argentino de 83 años que vivía en Punta del Este y estaba internado desde principios de abril en CTI del sanatorio Mautone, se convirtió anoche en la undécima muerte por el nuevo coronavirus en Uruguay, según confirmaron varios medios.
Se trata de la segunda muerte por COVID-19 en el interior del país luego de otra que también se produjo en el departamento de Maldonado.
El informe diario del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) indicó, respecto al número de test, que ayer fueron procesados 570 análisis, con 560 resultados negativos y 10 positivos.
Actualmente hay 212 personas que están cursando la enfermedad; 13 de ellas se encuentran en cuidados intensivos y ninguna en cuidados intermedios.
Son 535 los casos positivos confirmados hasta ahora de Coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional. De ese total, 313 ya se recuperaron.
Del total de casos positivos confirmados, 90 corresponden a personal de la salud. 49 de estos trabajadores ya se recuperaron y 41 están cursando la enfermedad.
Los departamentos con casos confirmados al día de hoy son: Canelones, Colonia, Durazno, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Río Negro, Salto y San José.
Desde el 13 de marzo, día en que se declaró la emergencia sanitaria, se han procesado 13.396 test, con 12.794 resultados negativos y 602 positivos, indica la información oficial.
La Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Representación Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) enviaron ayer un reconocimiento a Uruguay “por su liderazgo en materia de protección de los derechos de las personas migrantes, solicitantes de la condición de refugiados y refugiadas” durante la pandemia del coronavirus.
La carta, que fue publicada anoche por el canciller Ernesto Talvi en su cuenta de Twitter, menciona “el rol destacado” de Uruguay y “la forma en que se ha puesto a la vanguardia en la protección de estándares internacionales para garantizar el retorno a sus propios ciudadanos que se encuentran varados en el extranjero y respetar el derecho de toda persona a regresar a su país”.
Para esta madrugada estaba prevista la llegada al aeropuerto de Carrasco del avión Hércules de la Fuerza Aérea proveniente de Venezuela con más de 40 uruguayos y también venezolanos residentes en Uruguay, que estaban varados en aquel país.
El mismo avión en su vuelo de ida transportó a 15 brasileños, dos paraguayos y un argentino que se quedaron en Brasilia y a 52 venezolanos que regresaron a Caracas.
Cancillería comunicó que el viernes pasado se formalizó la donación de la empresa china Huawei a Uruguay, de 150.000 mascarillas quirúrgicas, 1.000 mascarillas n95, 1.000 trajes herméticos y 1.000 antiparras de protección.
Asimismo, se estará recibiendo en los próximos días, también donada por la empresa Huawei, instalada en Uruguay desde 2015, una cámara térmica para uso sanitario.
El canciller Ernesto Talvi agradeció y destacó en su cuenta de Twitter que la donación se recibió tras las gestiones de nuestro consulado en Guangzhou y la dirección general de cooperación internacional de cancillería.
El gobierno firmó en las últimas horas el decreto reglamentario de la ley con la que el parlamento creó el pasado 1 de abril el "Fondo Coronavirus".
El documento, al que tuvo acceso El País, señala que el "Impuesto Emergencia Sanitaria COVID-19″ será aplicado a todos los funcionarios públicos que obtengan salarios líquidos superiores a los $ 80.000.
Tanto para los salarios públicos como para las jubilaciones, el cobro del impuesto será por el plazo de dos meses, abril y mayo, "y en su caso, en los meses de junio y julio de 2020 si así lo dispusiera el Poder Ejecutivo".
Asimismo, el decreto presidencial presenta las condiciones del impuesto para las "jubilaciones, pensiones, retiros militares y policiales, y prestaciones de pasividad similares, servidos por instituciones públicas, paraestatales y privadas".
A diferencia del impuesto para los funcionarios públicos, en esta oportunidad, se comenzará a gravar a aquellos que cuenten con ingresos superiores a los $ 100.000 líquidos.
Sin embargo, la escala se mantiene. Aquellas jubilaciones que su ubiquen entre $120.000 y $130.000 nominales aportarán un 5%, a los de 130.000 a 150.000 nominales una tasa de 10%. Para las jubilaciones entre 150.000 y 180.000 nominales, el aporte será del 15% y prestaciones superiores deberán aportar 20%.
Como también anunciaron las autoridades, "no estarán gravados los ingresos correspondientes al personal de la salud que participa directa o indirectamente en el proceso asistencial (trabajadores médicos y no médicos), y que a raíz de las tareas que desempeña está expuesto al contagio del SARS-CoV2, que provoca la enfermedad COVID-19, siempre que los mismos provengan de dicha actividad", agrega el decreto.
INTERNACIONAL
En Estados Unidos, el presidente, Donald Trump, anunció que suspenderá "temporalmente" la inmigración debido al nuevo coronavirus y para mitigar su impacto económico, sobre todo, en el empleo.
A través de Twitter, el mandatario dijo que firmará una orden ejecutiva y argumentó que es necesario cerrar las fronteras para "proteger el empleo de los GRANDIOSOS ciudadanos estadounidenses". Al menos 22 millones de personas han pedido subsidios por desempleo tras perder su trabajo desde mediados de marzo.
Los 193 miembros de la Asamblea General de la ONU adoptaron por consenso una resolución que reclama un "acceso equitativo" a las "futuras vacunas" contra la Covid-19.
El texto fue aprobado después de que circulara la información de que Trump intentó comprar los derechos exclusivos sobre una vacuna en la que se trabaja en Alemania. En la resolución se destaca que las eventuales vacunas deben ser puestas "a disposición de todos aquellos que las necesitan, especialmente en los países en desarrollo".
Los países además subrayaron el "crucial rol dirigente" de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tan criticada por Trump, que decidió suspender su aporte a la financiación de esa entidad.
Desde Ginebra, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesu, aseguró que no escondió nada a Washington: "Lanzamos una alerta desde el primer día", aseguró.
En Alemania, muchos comercios reabrieron sus puertas ayer, en la primera fase del levantamiento gradual del confinamiento que, por la forma en que está transcurriendo, genera "preocupación" en la canciller Angela Merkel.
La canciller se mostró "muy preocupada" ante la posibilidad de que los alemanes se relajen sobre las restricciones adoptadas para frenar la pandemia de Covid-19.
Durante una reunión a distancia con dirigentes del partido conservador que ella lidera, Merkel pidió que se termine con las "orgías de discusiones" sobre un posible desconfinamiento total, que todavía no está sobre la mesa. La canciller también dijo estar "muy preocupada" por el creciente incumplimiento, a su entender, de las reglas de distanciamiento social.
En una conferencia de prensa, Merkel exhortó a los alemanes a mantener la disciplina y aseguró: "Estamos al principio de la pandemia y todavía lejos de que lo peor haya pasado"
El gobierno asegura que tiene bajo control la pandemia que en Alemania ha generado más de 140.000 casos confirmados y unos 4.500 decesos.
En Paraguay, la Cámara de Diputados aprobó el desafuero de dos de sus integrantes que incumplieron la cuarentena dispuesta por el gobierno para frenar la propagación del coronavirus.
Un legislador del opositor Partido Liberal y una del oficialista Partido Colorado fueron denunciados ante la Justicia por supuestos incumplimientos de la cuarentena.
La diputada Pilar Medina viajó a Perú y al regreso al país no cumplió con los 14 días de encierro, y el diputado, Edgar Medina, se resistió en un retén policial en el que se le intentó tomar la fiebre y se le preguntó por qué no estaba en su domicilio.
En Argentina, mientras la situación por el coronavirus parece no agravarse dramáticamente, lo que se atribuye a la cuarentena, crece la preocupación por el impacto que podría tener esta medida en la economía, área en la que ayer hubo dos noticias.
Por un lado, al menos dos grupos de acreedores privados rechazaron la propuesta realizada por el gobierno para reestructurar la deuda. La oferta, presentada el viernes pasado a los tenedores de bonos por 66.238 millones de dólares de deuda emitida bajo ley extranjera, contempla una quita de 62% sobre los intereses y de 5,4% sobre el capital, para comenzar a pagar en 2023.
Dos grupos dieron a conocer su rechazo en sendos comunicados en los que también lamentaron que se tratara de una propuesta unilateral para la cual consideran que no se tuvieron en cuenta las sugerencias de los acreedores.
El Ministerio de Economía no se vio sorprendido. Ya la semana pasada el titular de la cartera, Martín Guzmán, había anticipado que se esperaba una negociación dura.
Por otra parte, el gobierno de Alberto Fernández anunció medidas que buscan evitar el colapso de la economía nacional. La Casa Rosada anunció un plan de asistencia a empresas del sector privado que, entre otras cosas, prevé que el Estado pague parte del salario de los trabajadores y una reducción de hasta 95% del pago de las contribuciones patronales. El objetivo es evitar el cierre masivo de empresas y despidos.
De las 600.000 empresas que están registradas en Argentina, 420.000 se inscribieron al programa, en el que podrán participar aquellas que hayan sido afectadas por la cuarentena obligatoria, no pudieron abrir o tuvieron una reducción muy importante de sus ventas. El gobierno estima que la mitad de los trabajadores registrados del país se verán beneficiados por este programa.
En Brasil, se vivió otro día agitado, con la agenda marcada por la arenga de Jair Bolsonaro a manifestantes que el domingo participaron en Brasilia de un acto en el que pedían la intervención militar y el cierre del Congreso.
Tras el repudio de vastos sectores de la política y de la justicia, el Procurador General de la República, Augusto Aras, pidió a la Corte Suprema que abra una investigación contra los organizadores del acto para investigar si se violó la ley de Seguridad Nacional, al atentar contra la democracia. En principio, el presidente Bolsonaro quedará fuera de la investigación, en tanto no hay indicios claros de que haya participado de la organización del acto.
El presidente debió responder ayer a su participación en el acto. En menos de 24 horas, ensayó un retroceso, y dijo que él defiende un congreso y una corte Suprema abiertas y "transparentes". "Respeto pero mantengo mi opinión", dijo Bolsonaro, quien buscó disculparse.
El presidente del Supremo Tribunal llamó "nefasto" el acto de ataque a las instituciones democráticas del país. Incluso las fuerzas armadas, a través del ministerio de Defensa, debieron manifestarse ayer y aseguraron que se mantienen obedientes a la Constitucion y enfocadas en mitigar el impacto social del coronavirus.
Por detrás de todo el ruido político, Brasil registró otro día de avance en el número de infectados, que ya pasó los 40 mil. Las muertes reportadas, en tanto, fueron 113 y totalizan 2575.
(Corresponsal Marcelo Silva de Sousa)
VOLVEMOS AL PANORAMA NACIONAL
El ministerio de Desarrollo Social (Mides) anunció ayer que se revocará una resolución del anterior directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) por la que se distribuyó partidas salariales para un grupo de funcionarios por un total de $ 7.000.000 mensuales.
Según informó El País, la decisión fue discutida el pasado 3 de abril por el directorio del Inisa presidido por Gabriela Fulco. La ex jerarca, que dejó el cargo 10 días después, dijo al matutino que el pago de la compensación tuvo el objetivo de “incentivar a los trabajadores que se estaban certificando sin estar enfermos, para que concurrieran a trabajar”.
Ayer sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene bajo su órbita al Inisa, anunció que se va a dar marcha con esa decisión. El subsecretario Armando Castaingdebat dijo que todavía resta definir el instrumento legal mediante el cual se revoca la resolución.
“En las próximas horas va a resolver el mecanismo. El primer paso podría ser hasta una misma resolución del directorio. Pero son cosas a resolver. Nos causó sorpresa y rápidamente tomar la definición de revocar esa decisión por la cual se retribuía en dinero a aquellos funcionarios del Inisa que estaban yendo a trabajar”, dijo Castaingdebat.
Según publicó en el fin de semana el diario El País, se había dispuesto repartir por tres meses una compensación mensual de $ 12.415 para coordinadores y de $ 7.470 para educadores, personal de cocina, y referentes educativos.
Las partidas eran 590 y hubieran tenido un costo de $ 21.000.000 por los tres meses.
Según El País, en la resolución “se plantea que la decisión se enmarca en la definición de un “reconocimiento económico” a trabajadores que no cuenten con certificaciones médicas y no usufructúen licencia reglamentaria por el lapso que dure la Emergencia Sanitaria”.
De acuerdo al matutino, se argumenta que hay un grupo de trabajadores que ha visto recargada su labor por falta de recursos humanos. “A su vez esto podría ser una motivación extra para evitar mayor cantidad de certificaciones y evitar el crecimiento continuo que estas han tenido”, explica el documento oficial al que accedió El País.
Fulco sostuvo: “Hubo un aumento progresivo de certificaciones y nosotros prevemos que va a haber más. No necesariamente por estar enfermo. Por lo tanto se resolvió poner un incentivo para que la gente que está pensando en certificarse no estando enferma, no se certifique y venga a trabajar. Porque estamos al límite de la cantidad de funcionarios”, detalló.
Representantes del sindicato del Ministerio de Salud Pública (MSP) se reunieron ayer con autoridades de esa cartera para analizar los ceses de unos cincuenta funcionarios que fueron notificados el viernes, el sábado y el domingo últimos.
Según La Diaria, los jerarcas alegaron que las personas desvinculadas tenían contratos que podían ser rescindidos, que eran personas de particular confianza y que fueron seleccionadas por las direcciones bajo las que trabajaban.
El mismo medio señala que las respuestas conformaron a los integrantes del gremio.
Martín Pereira, dirigente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública y de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, dijo que “es doloroso para todo trabajador ser cambiado de lugar, pero cuando se está en un cargo de confianza se tiene conocimiento de que ante un cambio de gobierno pueden existir estos cambios”. Agregó que pasó lo mismo cuando ganó el Frente Amplio, incluso “dentro de los gobiernos del Frente Amplio hubo cambios por la fuerza de los sectores, y ahora con un cambio de gobierno multicolor esto iba a pasar”, explicó.
Según El País, la medida abarca en una primera instancia a unos 42 funcionarios de confianza de los pasados ministros de Salud Pública que debieron cesar en sus cargos el pasado 29 de febrero, a quienes se les concedió una prórroga.
Esta versión señala que la mayoría de los 42 cesados son funcionarios que se encontraban bajo el régimen de Comisión de Apoyo (mecanismo de contratación regido por normas del derecho privado).
La coordinación de todos los partidos en el Senado acordó ayer que el desafuero del senador y líder de Cabildo Abierto (CA) Guido Manini Rìos pedido por Fiscalía, sea el principal tema del orden del día mañana, miércoles, en la primera reunión de la comisión de Constitución de la actual legislatura.
Según el Observador, pese a que la vicepresidente Beatriz Argimón y algunos legisladores consideraban que el tema estaba archivado, se acordó el criterio de que no es necesario desarchivarlo.
El senador colorado Adrián Peña explicó a ese medio que los partidos entendieron que los asuntos que se archivan son aquellos que parten de los legisladores y no de otros actores, como la Justicia en este caso.
El fiscal Rodrigo Morosoli pretende imputar al exjefe del Ejército por no haber denunciado o avisado a las autoridades cuando el represor José Nino Gavazzo admitió ante el Tribunal (militar) de Honor en abril de 2018 que había tirado al río Negro el cuerpo del preso político Roberto Gomensoro en 1973, meses antes del golpe de Estado.
El Frente Amplio analizó anoche la situación. El senador Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) en diálogo con El País, opinó que el pedido de desafuero “debe considerarse en el plenario y votarse afirmativo”. Lo mismo expresó la semana pasada el Partido Comunista.
El Senado fijó el tratamiento del pedido fiscal para mañana a nivel de comisión, luego de que el propio Manini Ríos remitiera una nota a Argimón solicitando que su desafuero se tratase "a la brevedad posible".
Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos comunicó anoche que la Marcha del Silencio de cada 20 de mayo por la avenida 18 de julio, este año no será presencial.
La institución responsable del acto detalló que está “organizando una ‘marcha virtual’ donde se pueda participar desde el lugar en el que se encuentre” cada persona, “con el fin de obtener, a pesar de las circunstancias, un presente atronador”, dice el comunicado.
Familiares indicó que en breve estará informando “qué características tendrá” su marcha número 25.
Germán Coutinho, senador y candidato a intendente de Salto por el Partido Colorado (PC) consideró que la designación del candidato blanco Carlos Albisu a la presidencia de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) por el presidente Luis Lacalle Pou, “es una injerencia directa en la elección departamental” de septiembre próximo, “faltando cinco meses”.
El líder colorado salteño dijo a La Diaria: “Los socios se siguen metiendo en la elección departamental. En su momento se aliaron, ahora designan candidato”, dijo el líder colorado, haciendo referencia a la decisión de Cabildo Abierto (CA) de competir en las departamentales con un candidato propio, el ingeniero agrónomo César Mari, dentro del Partido Nacional (PN). “Es legítimo que los socios de la coalición compitan, pero cada uno por su lado. No se pueden aliar dos partidos contra uno”, consideró Coutinho.
ECONOMÍA Y EMPRESA
El derrumbe del precio del petróleo llegó ayer a niveles históricos: los inversores y especuladores pagaban para encontrar compradores en momentos en que las capacidades de almacenamiento llegaban a su límite en Estados Unidos.
En un mercado saturado, los tenedores de contratos para mayo -que expiran hoy- deben encontrar compradores para el petróleo físico lo antes posible. Pero como las reservas están casi al límite en Estados Unidos, se ven obligados a bajar más los precios para colocarlos.
El crudo WTI, que se intercambiaba a 60 dólares por barril a inicios de año, cayó ayer 55 dólares ayer y terminó la jornada en -37,63 dólares. Esto significa que muchos pagaban para deshacerse de este crudo, muy caro de almacenar.
El petróleo nunca había caído por debajo de 10 dólares desde la creación de estos contratos a futuro en 1983.
¿Qué ocurre? La demanda física de crudo se desplomó a raíz de la pandemia por el nuevo Coronavirus, creando un exceso de oferta mundial.
Los mayores países productores de petróleo acordaron un recorte de 9.700.000 barriles por día en un intento por tener bajo control la oferta mientras se hunde la demanda, pero la medida no se aplicará hasta mayo.
Además, el mercado registra una caída de los valores en los contratos de futuro con vistas a que las reservas ya almacenadas no serán utilizadas debido a que se proyecta que la parálisis económica mundial se prolongue por varios meses.
La situación podría mejorar en los próximos días, según algunos analistas.
El barril de Brent del mar del Norte, referencia europea y cotizado en Londres, se vio menos afectado, con una caída de 9% a 25,57 dólares al cierre de este lunes.
En el mercado local, el dólar comenzó la semana bajando 0,43%. El interbancario fondo se operó en promedio a $43,202.
El Banco Central de Uruguay (BCU) no intervino ayer en el mercado. Lleva ya tres semanas sin intervenir
En lo que va del año, el dólar lleva una suba acumulada de 15,71% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2019).
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $ 41,90 para la compra y $ 44,30 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense subió y se ubicó en R$ 5,283.
En tanto, en Argentina, el dólar oficial subió y se situó en AR$ 65,98 mientras que el paralelo (o Blue) se mantuvo estable y cotizó en AR$ 105,00.
El Euro bajó ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$ 1,0864.
OTRAS NOTICIAS
El presunto jefe de una banda de narcotraficantes desarticulada semanas atrás en Salto, fue asesinado ayer en su casa de esa ciudad por dos hombres en moto que, tras llamar a la puerta, le dispararon siete balazos en la cabeza.
Según Subrayado, la víctima tendría antecedentes penales y, investigadores del crimen manejan la hipótesis de que prosigue una pelea entre bandas que se disputan el territorio de comercialización de droga.
