Foto: Javier Calvelo/ adhocFOTOS
Luego de 12 horas de debate culminó esta madrugada la interpelación en el Senado a los ministros del Interior, Luis Alberto Heber, y de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, por la expedición de un pasaporte a Sebastián Marset.
El documento se aprobó a fines del año pasado a este uruguayo que habría desarrollado una carrera internacional como narcotraficante y que estaba preso en Dubái por haber ingresado a Emiratos Árabes Unidos con un documento paraguayo falso.
Sobre las 3 de esta mañana, y con los votos del oficialismo, salió adelante una declaración que considera “absolutamente satisfactorias las explicaciones” de los ministros, dado que “en todo momento actuaron conforme a derecho, respetando la normativa vigente y siguiendo los lineamientos establecidos en estos procedimientos”.
La declaración señala también que “para evitar la reiteración de casos como el que motiva estas actuaciones, debe implementarse un cambio de normativa que imposibilite casos análogos”, “cosa anunciada por los ministros durante esta interpelación”.
Por su parte, la moción de la oposición señala que las “explicaciones son absolutamente insatisfactorias e inaceptables”; resalta que “ante la evidencia expuesta, resulta injustificable que los Ministros declaren que nadie sabía quién era el solicitante del pasaporte hasta marzo de 2022”; agrega que “no pueden pasar desapercibidos” los contactos que existieron durante el mes de noviembre entre los Subsecretarios de ambas Carteras, así como la reunión mantenida entre la Subsecretaria de Cancillería, Carolina Ache, y el Dr. Alejandro Balbi, representante del actual prófugo de la justicia”.
El Frente Amplio también plantea “que el ministro Heber reconoció la existencia de un mail oficial instando a acelerar el trámite”; y argumenta que la explicación esgrimida en relación al Decreto vigente para otorgar pasaportes en casos como el de Marset (129/2014) “es inadmisible” dado que “de ninguna forma obligaba a expedir este pasaporte”. Agrega que “ni con el Decreto de 1993 ni con las modificaciones introducidas en el 2014, debió expedirse el pasaporte a Marset, puesto que ambos Decretos daban margen a las autoridades para negarlo”.
La moción de la oposición termina señalando que “corresponde” que los ministros “den un paso al costado”.
El senador interpelante fue Mario Bergara, quien rechazó el argumento del gobierno de que se cumplió con la normativa de entrega de pasaportes. En su intervención inicial planteó dudas sobre por qué se actuó en forma “funcional” a los intereses de Marset.
El líder del sector Fuerza Renovadora del Frente Amplio (FA) afirmó que la entrega del pasaporte es “difícil de comprender” y que el hecho supone “un escándalo de proporciones”.
“Honestamente, lo que no logramos ver hasta el momento es cómo se custodió el interés nacional. Cada una de las acciones desarrolladas, así como la consecuencia de las mismas, aparecen esencialmente funcionales a las necesidades privadas de Marset”.
Si bien aclaró que no le atribuía intencionalidad a las actuaciones del gobierno, Bergara sostuvo que es “innegable” que lo ocurrido permitió a Marset salir de prisión en Dubái y estar hoy prófugo de la Justicia internacional.
El interpelante apuntó contra fallas de coordinación entre distintas áreas del gobierno, las que habrían provocado que no saliera a la luz que Marset estaba siendo investigado por el Ministerio del Interior en coordinación con Paraguay y la DEA, de Estados Unidos. También criticó el apuro por aprobarle el documento, cuando personal diplomático estaba pidiendo un análisis del caso con mayor detenimiento.
Con respecto a las declaraciones previas del ministro Heber de que se había cumplido con la normativa y que la responsabilidad era del FA por haber modificado el reglamento en 2014, Bergara afirmó que el relato del gobierno “es insostenible”.
“Hasta el momento, las autoridades del gobierno han repetido públicamente como única respuesta a este bochornoso evento que se actuó aplicando el decreto 129 de 2014. Han dicho que si no se hubiera modificado el reglamento de expedición de pasaportes en ese año, nada de esto habría ocurrido. Esas declaraciones, además de parecerse más a una excusa que a una explicación, no son ciertas. Son falsas. El reglamento vigente de 2014 no obligaba a las autoridades a emitir un pasaporte a un conocido narcotraficante, investigado a nivel internacional con la participación uruguaya y preso en otro país por un pasaporte falso, de ninguna manera. No obligaba. La reglamentación le daba a las autoridades margen suficiente como para seguir el curso de acción que más conviniera a los intereses del país”.
El senador frenteamplista dijo que el Poder Ejecutivo debería haber actuado “con sentido común” y con “prudencia”, según lo establecido en otro artículo del decreto de 2014, el 48. Esto dado que se estaba ante una situación excepcional porque quien solicitaba el pasaporte se encontraba preso en otro país.
Bergara se preguntó por qué no se optó por darle a Marset un pasaporte “de un solo viaje”, que le habría permitido únicamente regresar a Uruguay y no volver a salir del país. También cuestionó que se le haya entregado el documento en mano a un representante suyo, en vez de enviarlo por valija diplomática, lo cual es más habitual. Para fundamentar ese último punto, que Bergara definió como “absolutamente inusual”, el senador se refirió a cifras del 2020: de 9.707 pasaportes tramitados en el exterior durante ese año, sólo 36 se entregaron en mano.
En su listado de 10 preguntas con el que cerró su alocución, Bergara también dijo que el episodio “afecta la reputación internacional del Uruguay y la credibilidad del sistema ante la ciudadanía”.
Las autoridades del Ministerio del Interior (MI) respondieron que en el momento del trámite del pasaporte no tenían información de ninguna investigación sobre Marset, dado que esas tareas son reservadas y lideradas por Fiscalía y no por la Policía; por lo tanto, la entrega del pasaporte estuvo ajustada a la normativa.
Así habló del tema el ministro Luis Alberto Heber:
“Las actuaciones serán reservadas para los terceros ajenos al procedimiento. Cuando se ha dicho en la prensa, lamentablemente, “pero cómo puede ser que Drogas esté investigando al señor Marset y no avisa a Identificación Civil o no avisa a Científica”; a ver si nos entendemos: no debe ni puede hacerlo. No lo puede hacer. Porque si lo hace, está comprometiendo la investigación”.
La argumentación del MI se basó en que la regulación vigente, aprobada en 2014, durante el segundo gobierno del FA, no exige antecedentes de la persona en el país donde está solicitando el pasaporte, sino solo si tiene causas abiertas en Uruguay y si existe en su contra una alerta de Interpol.
Cuando el gobierno le otorgó el documento, en octubre-noviembre de 2021, Marset no tenía causas abiertas en Uruguay y todavía no había una requisitoria internacional en su contra. La que hoy está vigente se lanzó después de aquellos hechos, en marzo de 2022.
Incluso, según las autoridades, aunque hubiera trascendido antes que el MI estaba investigando a Marset en paralelo, eso tampoco habría impedido que se le otorga el pasaporte.
Para sustentar ese punto, el subsecretario Guillermo Maciel citó al exdirector de Identificación Civil durante los gobiernos del FA, Ruben Amato, quien declaró a la prensa que el hecho de ser investigado no obstaculiza que uno “ande por el mundo”, y que la normativa sobre expedición de pasaportes no hace ninguna referencia a investigaciones sino únicamente a causas abiertas.
De todos modos, el ministro Heber sostuvo que se sorprendió e indignó cuando el caso apareció en la prensa, y por eso se decidió modificar el decreto que regula la entrega de pasaportes a uruguayos en el exterior, para que no volviera a darse una situación como esta.
El subsecretario Maciel agregó que no había nada imprevisto en el caso, como había apuntado el senador Bergara. Explicó que una vez que una persona cumple su pena, como fue el caso de Marset, que había estado preso en Uruguay años antes, no le quedan los antecedentes una vez cumplida su condena. De lo contrario, nunca podría acceder a un pasaporte y se la estaría castigando dos veces por la comisión del mismo delito, algo que viola los principios del derecho penal, dijo el jerarca.
Ayer de tarde, en medio del debate en la cámara alta, trascendió que sería removido de su cargo el subdirector nacional de Identificación Civil.
El ministro Heber informó que este sábado se enteró de que hubo una comunicación entre Identificación Civil y la Policía Científica tratando de acelerar el proceso de tres pasaportes, entre ellos el de Marset.
Se dispuso un sumario e investigación de urgencia y se desplazó al jerarca Alberto Lacoste de su cargo por no informar al ministro de esta comunicación.
Heber afirmó que se le dijo que el procedimiento era “común”. “No sé, no me importa, no se me había informado”.
El ministro precisó que lo de Lacoste no es formalmente una destitución, porque el cargo que ocupaba era de “particular confianza”; o sea que su cese no significa que no siga desempeñándose en otro rol, ya que es funcionario del Ministerio del Interior.
En su intervención, el canciller Francisco Bustillo rechazó la noción de que el trámite para darle un pasaporte a Marset se hubiera procesado en forma “exprés”; en cambio, resaltó que la gestión se extendió por 77 días.
Bustillo explicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) envía una valija diplomática por mes, y contó que el pasaporte en cuestión no entró en la del mes de noviembre por escaso margen. El canciller se apoyó en eso para afirmar que si el gobierno hubiese tenido urgencia para entregar la documentación, se habría retenido la valija o se habría enviado una especial, algo que fue solicitado por el abogado de Marset.
La subsecretaria Carolina Ache, por su lado, reiteró en el Senado que no intervino para acelerar el proceso de entrega del pasaporte.
Ache sostuvo que en su reunión con el abogado Alejandro Balbi no hizo más que responder cuándo había salido la valija diplomática.
“Al doctor Balbi lo conozco de hace bastante tiempo, no tengo una relación pero sí lo conozco por el vínculo con el Club Nacional de Football y mi familia. Ese día, el 17 de noviembre de 2021, me solicita una audiencia vía WhatsApp, no me dice el motivo, me dice que es por un asunto de Cancillería. Yo lo recibo el 24 de noviembre, en Cancillería, en mi despacho. Le doy la reunión que me solicita. Y en esa reunión él me hace una consulta, que es la valija diplomática para Emiratos Árabes cuándo salía. Yo le contesto “esa valija ya salió” y le digo “esas valijas salen una vez al mes”. Ese es el contenido de esa reunión, no hay más que eso”.
Ache agregó, en respuesta a declaraciones anteriores de Bergara, que con esas puntualizaciones no buscaba “generar tranquilidad”, sino decir “la verdad”.
Las autoridades del MRREE basaron el resto de su argumentación en que el “personaje” Marset no era el año pasado quien se conoce hoy, y que el hecho de que el MI lo estuviera investigando no podría haber trascendido a Cancillería por la reserva de información.
El canciller sostuvo que se trató de un procedimiento administrativo sobre el que no se informó a la cúpula del MRREE, algo normal en este tipo de trámites. Según dijo, en el exterior hay algo menos de 500 presos uruguayos que permanentemente están recibiendo asistencia consular.
“Hay que contextualizar debidamente esto. En noviembre, ¿quién sabía quién era Marset? ¿Quién de todos nosotros? Y mucho menos quienes actuaron a nivel consular, haciendo las actuaciones debidas en cuanto a asistencia consular que le debían al uruguayo”.
Bustillo, en conferencia de prensa, dijo sobre Marset: "Respecto a que era un narco, hoy sabemos que es un narco, cuando se gestionó el pasaporte no se sabía".
El canciller enfatizó que se le dio a Marset asistencia consular como se hace con cualquier uruguayo en el exterior. También dijo que no era cierto que hubiera viajado un diplomático expresamente para asistirlo, dado que Marset estaba preso en una zona que correspondía al consulado. Que la cónsul lo visitara en la cárcel, para comprobar la identidad del detenido y las condiciones de reclusión, es un procedimiento normal, explicó Bustillo.
El jefe de la diplomacia uruguaya también negó que el encargado de negocios de Paraguay en Catar, que fue el que informó a Uruguay de la detención de Marset, advirtiera sobre la peligrosidad de este hombre. Dijo que lo presentaron como un “futbolista uruguayo”.
Agregó que el Departamento de Documentación de Viaje fue más allá de lo que exige la normativa y pidió información a Interpol para saber si había una requisitoria antes de continuar con el proceso.
Sin embargo, adelantó que se llevará adelante una investigación interna para que exista tranquilidad absoluta sobre las actuaciones en esta materia.
El canciller declaró además que el hecho de que Uruguay le diera un pasaporte a Marset no significó que quedara en libertad.
Bustillo recordó que el documento se le entregó a fines de diciembre, pero Marset recién quedó libre en enero.
“El señor Marset podría salir perfectamente habiendo sido expulsado o deportado de Emiratos Árabes, y hubiera llegado acá y con su cédula de identidad que tenía vigente se podría haber ido a otro país de nuestra América. E incluso podría haber gestionado el pasaporte, porque no había impedimento para dárselo. Por eso es fundamental modificar este decreto, y cuanto antes mejor. Es importante tener presente esa situación: el pasaporte no lo liberó. El tener un pasaporte verdadero no lo libera de haber tenido uno falso. No extingue la pena”.
A su turno, el senador Charles Carrera del MPP cuestionó lo que habían señalado las autoridades en cuanto a que en las semanas de gestión del pasaporte, el año pasado, no se conociera quién era Marset en el mundo del narcotráfico.
"El 21 de setiembre y 3 de noviembre la subsecretaria se reunió con el doctor Balbi, ¿y no sabían quién era Marset? Pero no solamente no se reúne el consejo de ministros, ¿no leen la prensa?
7 de octubre de 2021 en Telemundo 12: "Detuvieron en Dubai a un uruguayo con antecedentes por narcotráfico con un pasaporte falso de Paraguay".
6 de octubre en Montevideo.com: "Cayó en Dubai un uruguayo con pasaporte paraguayo falsificado, no descartan estraditarlo. El hombre de 30 años había sido procesado con prisión por narcotráfico de estupefacientes en nuestro país. Según supo Montevideo Portal en base a fuentes de Interpol Uruguay, Sebastián Enrique Marset Cabrera cayó en Dubai. Las fuentes aseguran que el hombre portaba un pasaporte paraguayo falsificado".
Otras notas de prensa, una de VTV Noticias: "Un uruguayo con pasaporte paraguayo falsificado fue detenido en Dubai, ¿es Sebastián Marset un narco común?".
ABC Paraguay, setiembre 28: ‘Detienen en Dubai a un uruguayo con pasaporte falso, el detenido fue identificado como Sebastián Marset’.
¿No se leía la prensa?".
INTERNACIONAL
El gobierno de Ucrania volvió a negar cualquier vínculo con lo que Moscú calificó como el "vil" asesinato de Daria Duguina, hija de un ideólogo ruso que apoya la ofensiva en Ucrania.
“No somos un Estado criminal, como sí lo es Rusia, y definitivamente no somos un Estado terrorista”, aseguró un portavoz de la Presidencia de Ucrania.
Los servicios de seguridad rusos acusaron a los "servicios especiales" ucranianos de haber matado a la hija de Alexander Duguin, conocido por su cercanía con el Kremlin.
En particular, se atribuyó el crimen a una mujer de nacionalidad ucraniana nacida en 1979, identificada como Natalia Vovk. Según los servicios rusos, la mujer forma parte del regimiento Azov, que surgió como un grupo paramilitar ultranacionalista y ahora es una de las fuerzas de la Guardia Nacional ucraniana.
Moscú asegura que la persona que puso el explosivo en el vehículo de Duguina, y huyó después a Estonia.
El presidente ruso, Vladimir Putin, emitió un comunicado en el que calificó el homicidio como un crimen "vil, cruel" que terminó con la vida de "una persona brillante y talentosa dotada de un corazón verdaderamente ruso".
El expresidente de Estados Unidos Donald Trump presentó una denuncia en la que exige a una corte que nombre a una parte independiente para examinar los archivos que el FBI incautó de su mansión en Florida.
Argumentando ser blanco de una investigación por razones políticas, Trump exigió que un "experto" sea designado para revisar las más de dos docenas de cajas de archivos que fueron retiradas de su casa. Nombrar un experto podría, potencialmente, bloquear el acceso de los investigadores a los documentos, en especial si se acepta la tesis de Trump de que la mayoría eran documentos privilegiados.
Según especialistas consultados por medios estadounidenses, en condiciones normales sería poco probable que la solicitud tuviera éxito, pero la demanda fue presentada en una corte en la que el único juez fue designado por el expresidente.
Trump aseguró en una declaración que "la irrupción, búsqueda e incautación en Mar-a-Lago fue ilegal e inconstitucional," y que fueron incautados "documentos protegidos por el privilegio abogado cliente y por el privilegio ejecutivo" que no deberían ser sujeto de ninguna investigación.
La orden del FBI indicaba que Trump era sospechoso de haber tomado ilegalmente documentos altamente clasificados, así como grabaciones oficiales de la Casa Blanca que él no tenía derecho de tener y que se negó a devolver.
Estados Unidos aseguró que aún hay "cuestiones pendientes" por resolver en las negociaciones sobre el acuerdo nuclear con Irán y negó que esté retrasando las gestiones.
Teherán acusó ayer a Washington de estar "demorando" su respuesta sobre las proposiciones de Irán al texto.
El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, descartó que eso esté sucediendo e indicó que se está más cerca de un acuerdo que hace dos semanas, pero todavía quedan cuestiones pendientes:
"Estamos motivados por el hecho de que Irán parece haber cedido en algunas de sus exigencias inaceptables -como el retiro de la designación de los Guardianes de la Revolución como organización terrorista-, pero todavía hay cuestiones pendientes que deben ser resueltas y vacíos que deben llenarse. Responderemos a la respuesta de Irán tan pronto como se completen las consultas internas y las que estamos haciendo con nuestros socios cercanos".
A pesar de las intensas negociaciones, Estados Unidos aún no ha respondido formalmente al "texto final" presentado por el jefe de la diplomacia europeo, Josep Borrell, mientras que Irán ya lo hizo con múltiples comentarios.
En Kenia, el candidato derrotado en las elecciones presidenciales del 9 de agosto presentó un recurso ante la Corte Suprema contra los resultados de los comicios.
Raila Odinga, candidato de la oposición respaldado por el presidente saliente, aseguró tener "pruebas suficientes" de su victoria.
En los resultados oficiales, rechazados por cuatro de los siete integrantes del ente electoral, Odinga fue superado por el vicepresidente saliente William Ruto por unos 230.000 votos (50,49% contra 48,85%).
La más alta instancia judicial de Kenia dispone ahora de 14 días para comunicar su decisión y, en caso de que anule la elección, se celebrarían unos nuevos comicios en un plazo de 60 días.
Desde 2002, todas las elecciones presidenciales en Kenia fueron rechazadas y dieron lugar, en algunos casos, a violentos enfrentamientos.
En Chile, generó polémica un spot de la campaña que llama a rechazar el borrador de la nueva Constitución en el plebiscito que se realizará en dos semanas.
En el video, un trabajador sexual cuenta que fue a la casa de un cliente a reclamarle dinero y que éste salió, acompañado por su hijo, y le disparó. Continúa diciendo que optó por no denunciarlo porque pensó en el hijo de su agresor y pide un nuevo texto constitucional que empiece instando a los chilenos a "quererse más" al tiempo que califica el texto propuesto como “hecho con rabia”.
"Si en Chile nos quisiéramos más no habría tantos crímenes, si en Chile nos quisiéramos más no aprobaríamos el texto que escribió la Convención Constituyente. Yo conozco los daños que provoca no tener amor en la vida, y el texto que escribieron los convencionales no está hecho con amor, y eso siempre termina mal".
Tras la emisión del spot, el domingo en horario estelar, el gobierno anunció la presentación de una queja ante el Consejo Nacional de Televisión. La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, consideró "preocupante" el "relativizar" y "llamar a no denunciar" ante "agresiones tan graves, como una que podría haber terminado en un homicidio".
Por su parte, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) afirmó que el testimonio promueve "la violencia y el silencio de las víctimas frente a los delitos".
Por su parte, uno de los coordinadores de la campaña a favor del texto, Vlado Mirosevic, dijo que no veía la relación entre el spot y el foco de la campaña, y que se trató de una manipulación.
"No veo realmente qué vinculo tiene con votar rechazo para mantener la Constitución actual, porque de eso se trata la elección del 4 de setiembre: si usted vota Rechazo, vota por mantener las cosas como están. No veo qué relación tiene ese spot con lo que estamos discutiendo ahora. Me parece más bien un intento de última hora de engañar y manipular emocionalmente a la sociedad chilena. Es Una manipulación emocional que no corresponde y que no tiene ningún sentido en el contexto de la campaña".
Finalmente, los encargados de los spots de la campaña del rechazo a la Constitución emitieron un comunicado en que solicitaron al Consejo Nacional de Televisión "no emitir nuevamente el testimonio".
En Argentina, el fiscal Diego Luciani pidió una condena de 12 años de cárcel y la inhabilitación política perpetua para la expresidenta y actual vicepresidenta, Cristina Fernández, por supuesta corrupción en la licitación de 51 obras en Santa Cruz durante su mandato (2007-2015).
"Esta parte solicita que se condene a Cristina Elisabet Fernández a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y el pago de las costas por considerarla autora penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita agravada, por su calidad de jefa, y administración fraudulenta agravada, por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública, que concurren de manera real".
La vicepresidenta tiene inmunidad política por el cargo que ocupa. Se espera que el veredicto se decida a fin de año. Aunque le sea adverso, Cristina Fernández puede apelarlo ante la Corte Suprema, por lo cual la condena no incidiría en las elecciones de 2023.
Minutos después de conocido el pedido de condena, la Presidencia de la República emitió un comunicado en el que "condena la (supuesta) persecución judicial y mediática" contra Fernández.
Tras el requerimiento del fiscal, el edificio donde vive la vicepresidenta en Buenos Aires fue epicentro de manifestaciones de personas a favor y en contra de su figura separadas por un fuerte cordón policial.
El cordón de policías mantuvo separados los dos grupos y usó gas lacrimógeno en un momento de empujones con los seguidores de Fernández, que fueron sumando gente y eran mucho más numerosos que los opositores.
Fernández es acusada junto a otras 12 personas por supuestamente haber orientado la atribución de licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz para favorecer al empresario Lázaro Báez, contra quien también pidieron los fiscales 12 años de cárcel y el embargo de sus bienes.
La vicepresidenta ha sido sobreseída en varias causas por presuntos delitos ocurridos en sus dos períodos presidenciales, pero aún enfrenta cinco procesos.
El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, aseguró ayer que aceptará el resultado de la elección presidencial de octubre si los comicios son "limpios y transparentes", en una entrevista con el noticiero de mayor audiencia del canal Globo.
En medio de temores por los cuestionamientos del mandatario al sistema electoral y su desafío al Tribunal Superior Electoral (TSE) a 40 días de las elecciones, Bolsonaro volvió a mostrar una versión más moderada en la entrevista con Globo en la que dijo que su relación con el presidente de la corte electoral está "pacificada".
El mandatario prometió con ambigüedades que aceptará la resolución del pleito.
Bolsonaro fue entrevistado en el Jornal Nacional, el noticiero de mayor audiencia de Globo, una de las emisoras más críticas de su gestión y, a su vez, blanco del mandatario cuando suele atacar al periodismo. En sus casi cuatro años de gobierno, Bolsonaro ha priorizado medios afines y pequeños y, esencialmente, sus redes sociales como forma de comunicarse a la población.
Bolsonaro ha cuestionado sin pruebas la fiabilidad de las urnas electrónicas en Brasil, alimentando temores de que pueda desconocer una eventual derrota el 2 de octubre.
Durante los 40 minutos de entrevista, Bolsonaro defendió sus ataques pasados al sistema electoral asegurando que apenas buscaba "transparencia".
El presidente de Brasil negó errores en la gestión de la pandemia de coronavirus, que ha dejado más de 680.00 muertos en Brasil, y destacó que el gobierno federal adquirió más de 500 millones de vacunas.
El presidente de Brasil dejó ver que llevaba escritas en la palma de su mano izquierda cuatro palabras: "Nicaragua", "Argentina", "Colombia" y "Dario Messer", un financista condenado en la operación anticorrupción Lava Jato. Ninguno de los temas fueron abordados. En 2018, el entonces candidato había hecho lo mismo y la imagen de su mano con las palabras "Dios", "familia" y "Brasil" viralizó en redes sociales.
Mientras transcurría la entrevista, hubo cacerolazos en algunos barrios de capitales de Brasil.
Luiz Inácio Lula da Silva, de 76 años y principal adversario de Bolsonaro, lidera la carrera electoral con 47% de la intención de voto contra 32% de Bolsonaro, de 67, según un sondeo del Instituto Datafolha publicado el jueves pasado.
(Corresponsal: Marcelo Silva de Sousa)
VOLVEMOS AL PANORAMA NACIONAL
La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) convocó un paro de 24 horas para hoy, martes, en rechazo a la reforma educativa que lleva adelante la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).
Adhieren a la medida, también con paro, los siguientes sindicatos: Asociación de Trabajadores de Enseñanza Secundaria (ATES); Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay (Afutu); Sindicato de Docentes de Formación en Educación (SIDFE); Unión de Funcionarios del Codicen (UFC) y Sindicato de Trabajadores de la Universidad Tecnológica (SITUTEC).
También se pliegan al paro de hoy los movimientos estudiantiles del Consejo de Formación en Educación y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU).
En el caso de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR) lo que habrá será un paro parcial a partir de la hora 17:00.
La Federación Uruguaya de Magisterio y de Trabajadores de Educación Primaria FUM TEP adhiere al reclamo pero no detiene sus actividades.
“No cabe lugar a dudas” de que el Ejército mató a su propio oficial Julio C. Gutiérrez y al agente de policía Dorbal Márquez, manifestó el fiscal de delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe.
La afirmación del fiscal está contenida en un escrito que éste presentó el 5 de agosto pasado ante la Justicia, en respuesta a la defensa del teniente general retirado Juan Rebollo, procesado por la muerte de este caso que se conoce como el de las “tres muchachas de abril”.
Aquella madrugada de hace 48 años -fue el 21 de abril de 1974- una partida militar pretendió capturar sin éxito al tupamaro Washington Barrios. El procedimiento dejó, en cambio, cinco personas muertas: las jóvenes integrantes del MLN Diana Maidanik, Sylvia Reyes y Laura Raggio, el policía Márquez y el capitán Gutiérrez, quien falleció luego de varios días de agonía a raíz de las heridas sufridas.
El fiscal expresa en su informe del que hoy da cuenta el diario El Observador, los siguiente: “Lo que no cabe lugar a dudas, es que tanto las jóvenes, como el Oficial del Ejército Gutiérrez y aún el Policía Dorbal Marquez fueron ultimados por el Ejército Nacional. Circunstancia no menor por cuanto nos da la pauta de lo temerario e irracional del procedimiento”.
El Fiscal Perciballe añade lo siguiente: “La Defensa pregunta ¿por qué no se imputó a Rebollo de la muerte de Gutiérrez? Y en eso tiene razón, por cuanto Rebollo es tan responsable de las muertes de las jóvenes como de la de Gutiérrez. Y aún, si se quiere ser coherente, de la del agente de Policía Márquez. Habida cuenta que él en su condición de jefe (junto al teniente coronel Scala) fue quien orquestó el operativo y a la sazón dio las órdenes en el desarrollo del mismo”.
El informe semanal del Ministerio de Salud Pública (MSP) sobre covid-19 reportó ayer lunes que del 14 al 20 de agosto hubo 2.041 casos nuevos de coronavirus, es decir, 197 más que en la semana previa.
El informe señala que hubo ocho muertes de pacientes con covid, cuando en el reporte anterior habían sido registrados cinco fallecimientos de personas con esta enfermedad.
Fueron realizados 18.723 tests (1.773 más que la semana previa) y la tasa de positividad dio igual: 10,9%.
El índice de camas de CTI ocupadas al 20 de agosto era de 65,2%; de ellas, por covid había un 3,7%; una semana antes el porcentaje era 3,2.
Vacunación gratuita contra covid y antigripal habrá hoy y mañana en la explanada de la Intendencia de Montevideo (IM); para recibirla es necesario presentar cédula de identidad o pasaporte.
El horario de vacunación, en un móvil de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa, es de 9.30 a 15.30.
Las vacunas contra covid -19 son suministradas a personas mayores de 12 años y niñas y niños de cinco a 11 años (Pfizer pediátrica).
La directora de la División Salud de la IM, Virginia Cardozo, informó que con esta iniciativa se busca generar puntos de referencia “en donde la gente pueda acercarse y recibir el esquema completo de vacunación”.
El Ministerio de Salud Pública confirmó ayer el tercer caso de viruela del mono en territorio nacional, localizado en la ciudad de Montevideo, al igual que los dos anteriores.
Además de este caso confirmado, en el informe elaborado por el Departamento de Vigilancia en Salud, también figuran tres sospechosos.
El primer caso de la enfermedad fue constatado a fines de julio de este año en una persona que había llegado del exterior.
ECONOMÍA Y EMPRESA
La Dirección General Impositiva (DGI) resolvió prorrogar hasta el 30 de setiembre la fecha para la presentación de la declaración jurada del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) correspondientes al ejercicio 2021.
Inicialmente el plazo estipulado era hasta el 29 de agosto.
Asimismo, el organismo prorrogó hasta el 30 de setiembre la fecha de vencimiento de la primera cuota del saldo del impuesto. La segunda cuota vence en la misma fecha.
En el mercado local, el dólar comenzó la semana bajando 0,14%. El interbancario fondo se operó en promedio a $40,431.
En lo que va del año 2022, el dólar lleva una baja acumulada de 9,54% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2021)
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $39,25 para la compra y $41,65 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense comenzó la semana con una baja y cerró en R$5,170.
En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió ayer y se ubicó en AR$ 136,64. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) bajó y cotizó en el entorno de los AR$ 292,00.
Por su parte, el Euro bajó ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$0,9935.
OTRAS NOTICIAS
Luego de un año de movilizaciones, el Consejo del Sector Financiero Oficial de Aebu aprobó el convenio colectivo.
Según se destaca en la página web del sindicato bancario, los trabajadores mantienen “todos los beneficios incluidos en el convenio vencido el 26 de marzo del año pasado”. Respecto a los ajustes salariales, estos son anuales, con inflación proyectada más correctivo, y en ellos se incluye la recuperación de la pérdida salarial por no haber ajustado por inflación en enero del 2022.
Un grupo de trabajadores del Frigorífico Frigocerro, de Durazno, inició ayer una marcha a pie desde esa ciudad hasta Montevideo para intentar reunirse con el presidente Luis Lacalle Pou.
Esta medida fue tomada por la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines (Foica) que, a través de un video difundido en redes, denunció que la empresa "no respeta condiciones de trabajo, ni de salud, ni las normativas laborales".
Los trabajadores, además, manifestaron que la marcha a pie, así como un paro de 48 horas (ayer y hoy) son acciones que decidió el sindicato "en un intento desesperado de revertir despidos arbitrarios".
El Congreso de Intendentes estableció que las libretas de conducir que estén vencidas desde el 30 de junio de 2020 tendrán validez hasta la fecha en la que se haya agendado una renovación, informó la comuna capitalina en su página web.
“Si una persona se agenda -por ejemplo- para el 10 de diciembre de 2022 su permiso de conducir tendrá validez hasta esa fecha. Es por esto que es obligatorio circular con la constancia de agenda”, explicó la Intendencia de Montevideo (IMM).
“Aquellas personas que no se agenden para renovar su permiso tendrán la prórroga solamente hasta el 31 de agosto de este año. Luego de esa fecha, su permiso de conducir se considerará totalmente vencido”, señaló.
DEPORTE
Peñarol empató y se alejó de Nacional, líder de la Tabla Anual y, de River Plate, el puntero del Torneo Clausura, cuya quinta jornada de competencia -del total de 15- finalizó ayer.
Anoche:
DEPORTIVO MALDONADO 1 – PEÑAROL 1
