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NACIONALES
El Frente Amplio (FA) definió ayer que no acompañará la reforma constitucional para habilitar los allanamientos nocturnos en hogares que se votará en plebiscito el 27 de octubre junto con las elecciones nacionales.
La Mesa Política de la coalición de izquierdas aprobó ayer una resolución en la que afirma que esta iniciativa, impulsada por el senador nacionalista Carlos Camy, “no es el mejor camino para solucionar los graves problemas de seguridad que el Uruguay hoy tiene”.
“Asociar la idea de que este mecanismo es el instrumento que falta para terminar con el narcotráfico es, además de una propuesta demagógica, una idea que no tiene ningún sustento empírico”, señala el texto. Según el FA, la propuesta “supone una desprotección de los hogares sin una propuesta explícita de regulación que posibilite un uso adecuado de la herramienta”.
Para la fuerza política, además, la forma en que se propuso esta iniciativa “es engañosa”, ya que se “fundamenta en la idea de que los allanamientos nocturnos ‘son la bala de plata para combatir las bocas de drogas’”. “Esa discusión, planteada con motivaciones electorales, no se desarrolla en el escenario más adecuado para que exista un debate franco, informado y honesto”, señaló la declaración.
La resolución no implica que el FA vaya a lanzar una campaña activa en contra de la habilitación de los allanamientos nocturnos, ya que es un tema que tiene buen apoyo popular, de acuerdo a las últimas encuestas de opinión pública.
La fórmula Orsi-Cosse y los dirigentes solo se van a pronunciar en contra cuando sean consultados por la prensa, según dijeron a En Perspectiva fuentes políticas.
La Mesa Política del FA recibió anoche el planteo del Partido Comunista (PCU) que manifestó su malestar con el pronunciamiento de los “Frenteamplistas por el NO”, quienes la semana pasada dieron a conocer una página web y un documento con cuestionamientos a la reforma constitucional con cambios en jubilaciones y pensiones, promovida por el Pit Cnt.
El PCU entendió que ese pronunciamiento fue “más allá” de la libertad de acción definida por la fuerza política.
En la discusión de la Mesa Política varios dirigentes pidieron no “generar revuelo interno” en torno a este tema y concentrarse en la campaña y las críticas al gobierno.
Además, se acordó no utilizar la simbología común del FA en documentos que manifiesten una de las posturas sobre el tema.
Antes de la reunión de la Mesa Política del Frente Amplio, Yamandú Orsi, el candidato presidencial, dijo que “no entiende” la actitud del Partido Comunista, que planteó que el documento de los economistas había quebrado lo estipulado en la libertad de acción.
Hablando con la prensa ayer, Orsi dijo que procurará una reunión con integrantes de ese partido.
“En principio no lo entiendo, por eso quiero hablar con ellos. Tengo un montón de compañeros que tengo cerca que voy a conversar con ellos para saber porque por algo lo dicen y yo quiero ver a qué se refieren. Yo no lo entiendo así, pero como todas las cosas uno lo tiene que discutir y analizar”.
El fiscal especializado en Delitos Económicos y Complejos, Alejandro Machado, archivó ayer la causa que investigaba la entrega de un pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset, mientras estaba preso en Dubai en 2021.
En su escrito, de 103 páginas, el fiscal analiza nueve puntos clave del caso: el arresto de Marset, su derecho a recibir una constancia de que estaba apto para obtener un pasaporte, el derecho a obtener un pasaporte, la incidencia de la futura entrega del pasaporte en la absolución de la Justicia emiratí, el tiempo en que se procesó el trámite del pasaporte, la actuación del subdirector nacional de Identificación Civil para acelerar el trámite, la entrega en mano del documento pedido por Marset al abogado Carlos Balbi, los chats entre la entonce subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, y el entonces subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, y la reunión entre Alejandro Balbi y Ache en la oficina de esta última. En esos asuntos, a partir "de las profusas evidencias colectadas
no surgen elementos que permitan sustentar que los imputados hayan incurrido en conductas merecedoras de reproche penal", sostiene el fiscal al final de su dictamen.
Una de las afirmaciones principales del fiscal Machado es que Marset cumplía con los requisitos exigidos por el decreto que regulaba el procedimiento para otorgar ese documento a uruguayos en el exterior y destacó que meses antes del episodio, en otras solicitudes, el pasaporte le fue denegado porque en esas fechas su situación no satisfacía los requerimientos.
En cuanto a la incidencia que pudo haber tenido en la actuación de la justicia de Emiratos Árabes Unidos la nota que el consulado emitió señalando que Marset podría solicitar un pasaporte uruguayo una vez liberado, el fiscal Machado señaló que en la sentencia del tribunal que lo absolvió por la portación de un pasaporte paraguayo falso el elemento determinante fue la falta de dolo y que se dio por veraz la declaración de Marset en cuanto a que desconocía que el documento era irregular. “La Justicia de Emiratos Árabes Unidos no absolvió a Sebastián Marset debido a la entrega del pasaporte que, en definitiva, acreditaba su identidad”, concluyó.
Otro punto analizado por el fiscal Machado fue si el proceso de impresión del pasaporte fue acelerado indebidamente por las gestiones del abogado Alejandro Balbi ante el subdirector de Identificación Nacional Civil, Alberto Lacoste, a quien conocía. Machado señala que el procedimiento para acelerar la expedición de un pasaporte permite adelantar el trámite de 48 a 24 horas y que es un procedimiento instalado desde hace años en esa oficina del Ministerio del Interior. “Si hubiera existido alguna intención espuria en el trámite de la libreta de pasaporte de Sebastián Marset por parte del doctor Alberto Lacoste, bastaba con que este les ordenara a sus funcionarios que imprimieran la misma fuera de hora, lo cual en definitiva no sucedió”, agregó.
Tras perder la valija diplomática para el envío del pasaporte a EAU, Balbi tramitó una nota para que Marset habilitara al abogado Carlos Andrés Balbi a retirar personalmente su pasaporte en la sede de la Cancillería. Machado sostiene que todos los declarantes coincidieron en que se trata de un procedimiento excepcional, pero señaló que al estar Marset en prisión “lógicamente se encontraba impedido de retirar él mismo dicho documento de viaje”.
En cuanto a las conversaciones entre Ache y Maciel, en la que el subsecretario le advierte a Ache que Marset es “un narco peligroso y pesado”, Machado planteó que cuando se concretó ese diálogo en noviembre de 2021, Marset aún no había empezado gestionar su pasaporte y por eso que no hay referencias al trámite y también aclara que las primeras huellas digitales que se le tomaron a Marset, en octubre de 2021, se registraron con la finalidad de identificarlo y no de iniciar el trámite de su pasaporte.
Uno de los puntos que Machado no pudo esclarecer por completo fue el contenido de la reunión entre Alejandro Balbi y Carolina Ache el 24 de noviembre en la oficina de la entonces subsecretaria, ya que ninguno de los dos quiso dar explicaciones al respecto y del relevamiento de sus teléfonos no surgieron elementos relevantes.
“Este Ministerio Público no encuentra sustento evidencial que otorgue credibilidad a la versión brindada por ambos imputados”, sostiene el fiscal en referencia a que Balbi no le dijo a Ache que su cliente era Marset y que Ache no relacionó el caso con el detenido en Dubái. Añadió que la teoría de esta parte del caso, para la fiscalía, es que Balbi "había averiguado de antemano la fecha de salida de la valija diplomática -por eso hizo las gestiones con el Subdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil- pero por error alguien le había informado mal acerca de la mencionada fecha". A su vez, agrega, a juicio de Balbi "la expedición del pasaporte se había demorado más de lo esperable, lo cual -sumado al error en cuanto a la fecha de partida de la valija diplomática- hacía que se tornara imperioso –conforme los intereses de su cliente- intentar dilatar la salida de la misma o en su defecto peticionar el envío de una valija especial". A criterio de la fiscalía, "lógicamente éste fue el verdadero motivo" de la
reunión celebrada entre la entonces vicecanciller y Balbi". Pero, sigue diciendo, en el trabajo de investigación de fiscalía "no ha logrado obtener evidencia" que sustente esa teoría, "prevaleciendo en
consecuencia el estado jurídico de inocencia de los imputados".
Si bien el fiscal concluyó que no hay reproche penal posible sobre los imputados, en sus consideraciones finales afirmó que los ministros y subsecretarios “faltaron a la verdad” a la ciudadanía durante la interpelación celebrada el 22 de agosto de 2022, que disparó luego el inicio de la investigación penal.
“Una vez finalizada esta indagatoria, estamos en condiciones de concluir que los ministros de Estado, así como sus respectivos subsecretarios, faltaron a la verdad y ocultaron información a la Cámara de Senadores y, en definitiva, a la ciudadanía”, expresó el fiscal.
A modo de ejemplo, dice, puede señalarse claramente el acuerdo existente entre los representantes ministeriales para ocultarles a los senadores de la República el tenor de las comunicaciones cursadas entre el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, y la vicecanciller, Carolina Ache, en las cuales se daba cuenta de que Sebastián Marset era un narcotraficante uruguayo muy peligroso y pesado, y que a su vez sería terrible que fuera liberado”.
El fiscal consideró este accionar como “reprochable”, pero concluyó que “no surgen elementos que permitan sustentar que los imputados hayan incurrido en conductas merecedoras de reproche penal”, por lo que dispuso el archivo de las actuaciones.
El senador Luis Alberto Heber consideró como una “victoria” la decisión del fiscal Alejandro Machado. Dijo que está conforme con el archivo dispuesto, aunque cuestionó que en el dictamen se incurriera alen “consideraciones personales y políticas”.
Hablando con la prensa ayer, Heber dijo que el fallo fiscal demostró que durante su gestión se actuó con “honestidad” en el caso del pasaporte expedido a Sebastián Marset.
“Claro que sí, ¿cómo no lo voy a tomar como una victoria si fui acusado de que en el ministerio habíamos hecho las cosas mal?”, dijo Heber este lunes en conferencia de prensa, y agregó: “No sabíamos que se estaba tramitando un pasaporte, hicimos las averiguaciones en aquel momento porque Drogas así lo solicitaba, no estaba requerido por la Justicia, la Policía no puede investigar por sí misma si no hay un fiscal atrás que hace la investigación, no había causas abiertas por el señor Marset, entonces fue correctamente entregado el pasaporte”.
Heber sostuvo que “han explotado muchas bombas en un campo minado como es el Ministerio del Interior” y que “ ninguna lo ha tocado ni rozado”. Dijo por lo tanto que “salió como entró, limpio y muy claro en su procedimiento”, lo que le da “una tranquilidad espiritual muy grande”.
La ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, afirmó que el fallo de Machado “confirma” lo que “siempre sostuvo”, de que no tuvo “ninguna participación ni injerencia” en el trámite por el pasaporte de Marset.
Ache se expresó en sus redes sociales, donde señaló: “Me tocó enfrentar la peor cara de la política, injurias y operetas. Pero hoy es un día de alegría y no de rencores, elijo agradecer a todos quienes me respaldaron, sobre todo a mi familia y muy especialmente a mis hijos que sufrieron la peor parte".
Desde la oposición, quien fuera miembro interpelante, el senador Mario Bergara, y su colega del Frente Amplio Charles Carrera destacaron que la resolución fiscal constató que todos los involucrados "mintieron", ante el Parlamento y ante la ciudadanía.
Hablando con Subrayado, Carrera declaró:
“Quedamos con esa gran incógnita de por qué a sabiendas se le expidió un pasaporte a un narcotraficante peligroso y pesado. Es la gran interrogante que tiene la sociedad en su conjunto y que tenemos nosotros, como representantes de la oposición”.
El legislador del MPP también recordó que todavía resta investigar la causa por la “destrucción de documentos públicos”.
Machado tiene abierta otra investigación vinculada al caso, relacionada con maniobras que habrían existido en el gobierno para ocultar a la Justicia el contenido de los chats entre Carolina Ache y Guillermo Maciel.
Lo que busca determinar en esta etapa el fiscal es si se produjo la destrucción, propiciada por el entonces asesor presidencial Roberto Lafluf, de un documento que Ache había presentado en Cancillería para cumplir con una resolución judicial. La difusión de este aspecto, que Ache denunció durante su testimonio en fiscalía y luego tomó estado público, motivó las renuncias de Bustillo, Heber, Maciel y Lafluf.
MÁS NOTICIAS DEL PANORAMA NACIONAL
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado aprobó ayer una resolución en la que exhorta a sus senadores a promover, en este período, el tratamiento del proyecto de ley que regula la eutanasia.
Ayer la senadora nacionalista Graciela Bianchi le había confirmado a La Diaria que el proyecto no se trataría en esta legislatura.
Tomando en cuenta que el actual período ordinario de sesiones finalizará el 15 de setiembre, el CEN colorado recordó los pronunciamientos que tanto ese comité como la Convención Nacional habían emitido exhortando al tratamiento de ese proyecto, respetando la libertad de conciencia de cada legislador para votarlo o rechazarlo.
Se agrega que, según la Carta Orgánica, es “deber” de los legisladores colorados “cumplir y defender” las resoluciones aprobadas por los órganos del partido.
“Este Comité Ejecutivo espera que, antes del cierre de la Legislatura en curso, los representantes del Partido Colorado en el Senado cumplan con la Carta Orgánica y actúen conforme a las exhortaciones de este Cuerpo y de la Convención Nacional”, remarcó el CEN en la declaración de ayer.
Por otra parte, la bancada de senadores del Frente Amplio resolvió impulsar en las sesiones de esta semana – más allá de no contar con los votos – que el proyecto, que sigue sin salir de comisión, sea tratado en forma “grave y urgente” por el plenario de la cámara alta.
El gobierno confirmó ayer su adhesión a una denuncia presentada ante la Corte Penal Internacional contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al que se acusa de crímenes de lesa humanidad.
La denuncia está vigente desde 2018 y había sido presentada por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, a los que ahora se sumará Uruguay.
El planteo de adhesión le había sido sugerido al canciller Omar Paganini el mes pasado por parte del senador nacionalista Javier García. El ministro había considerado en ese entonces que el planteo era “válido” y “justo” y que iba a ser estudiado por la Dirección de Asuntos Jurídicos de Cancillería.
La última encuesta de la consultora Opción mostró que hay una “fuerte paridad” entre el Frente Amplio y los partidos que conforman la coalición de gobierno para las elecciones de octubre.
Según el análisis de los resultados, si las elecciones fueran el próximo domingo, El Frente Amplio obtendría el 43% de los votos, el Partido Nacional el 23%, el Partido Colorado 14%, Cabildo Abierto 4% y el Partido Independiente 1%. Aparte, el PERI tendría 1% e Identidad Soberana otro 1%. Los que votarían en blanco o anulado suman 13%. Y los indecisos suman 13%.
Si se suma el conjunto del oficialismo, la coalición multicolor queda un punto por debajo de la oposición. Pero , ante una repregunta a los indecisos, el panorama se da vuelta: los partidos de la coalición de gobierno superarían por un punto al Frente Amplio: 45% a 44%.
La encuesta fue realizada entre el 15 y el 27 de agosto y difundida ayer en Telenoche.
Respecto a la evolución desde la última medición (en julio de 2024), el Frente Amplio pasó de 42% a 43%, el Partido Nacional de 20% a 23%, el Partido Colorado de 13% a 14% y Cabildo Abierto se mantuvo en 4%.
Si se tiene en cuenta el primer trimestre de 2024, el Frente Amplio creció de 41% a 43%, pero el Partido Nacional cayó de 31% a 23%. El Partido Colorado, en tanto, tuvo un crecimiento desde 7% en el segundo trimestre de 2024 a 14% en esta última medición de agosto.
Otra encuesta de Opción mostró ayer un favoritismo de Yamandú Orsi para derrotar a Álvaro Delgado en un eventual balotaje en noviembre.
Según los datos presentados por la consultora, en una segunda vuelta el candidato frenteamplista obtendría 48% de los votos y el nacionalista 41%, en blanco o anulado votaría el 7% y los indecisos son el 4%.
Con respecto a la medición de julio, Orsi baja dos puntos, Delgado sube tres y el porcentaje de indecisos desciende un punto.
ECONOMÍA Y EMPRESAS
Las solicitudes de exportación de bienes uruguayos alcanzaron en agosto US$ 1.261 millones, lo que representó un incremento de 27% respecto a igual mes del año pasado. Este es el quinto registro mensual consecutivo que muestra un aumento en las exportaciones de bienes.
Según el informe de Uruguay XXI, “las exportaciones de celulosa fueron el principal motor detrás del crecimiento interanual, complementado por una fuerte recuperación de las exportaciones de soja, principalmente a China. Por otro lado, las exportaciones de concentrados de bebidas y arroz afectaron negativamente en las exportaciones de este mes”, señala el informe.
China ocupó en agosto el primer lugar en el ranking de destinos, con ventas que representaron el 21%. Segundo fue la Unión Europea y en tercer lugar Brasil.
En el acumulado del año, las exportaciones de bienes, incluidas las zonas francas, totalizaron US$ 8.540 millones y registraron un incremento de 14% en relación a igual período de 2023.
En el mercado local, el dólar ayer bajó, en esta ocasión un 0,10%. El interbancario fondo se operó en promedio a $40,296.
En lo que va del año 2024, el dólar lleva una suba acumulada de 3,26% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2023)
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $39,10 para la compra y $41,50 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense bajó y cerró ayer en R$5,623.
En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial disminuyó y cotizó en
AR$ 953,00. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) se mantuvo y cotizó en el entorno de los AR$ 1305,00.
Por su parte, el Euro subió y al término de la jornada cotizaba a US$ 1,1071.
El precio en tiempo real de Bitcoin es de U$S 58.992,13. En los últimos 30 días el Bitcoin tuvo una baja de 2,68% (comparando la cotización de hoy en relación a la misma fecha del mes pasado).
El valor récord del Bitcoin fue U$S 75.830,00 el 14 de marzo de 2024.
OTRAS NOTICIAS
El Ministerio del Interior desplegará 98 policías recién egresados para reforzar el patrullaje en el Centro de Montevideo.
El jefe de Policía de la capital, Mario D’Elía, explicó que estos efectivos patrullarán a pie y en vehículos las “principales zonas” de interés en ese barrio.
Según D’Elía, la seguridad en el Centro “es buena” y los delitos, como hurtos y rapiñas, “vienen bajando”.
La Justicia imputó ayer a un joven de 21 años por el asesinato de un relator y comerciante, ocurrido este fin de semana en Tacuarembó.
El joven intentaba huir a Montevideo en un ómnibus, cuando fue detenido por la Policía. Irá a prisión preventiva por 150 días.
La víctima era relator de fútbol juvenil y también atendía un bar, donde fue asesinado.
INTERNACIONALES
En el Reino Unido, el gobierno anunció ayer que suspenderá 30 de las 350 licencias de exportación de armas a Israel, ya que percibe un "claro riesgo" de que pudieran usarse violando el derecho humanitario internacional.
El ministro británico de Relaciones Exteriores, David Lammy, explicó que la prohibición parcial afectará a artículos "que podrían usarse en el actual conflicto en Gaza", incluidos aviones de combate, helicópteros y drones.
“Es deber legal de este gobierno revisar los criterios para las licencias de exportación. El criterio estratégico para la concesión de licencias de exportación establece que el gobierno no emitirá licencias de exportación si existe un riesgo claro de que los artículos puedan usarse para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional humanitario”.
El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, reaccionó rápidamente y afirmó en redes sociales que está "profundamente decepcionado" por esta decisión, que, agregó, se produce cuando su país lleva a cabo “una guerra en siete frentes diferentes, una guerra lanzada por una organización terrorista salvaje, sin haber sido provocada".
La prohibición dispuesta por Londres no incluye piezas para los aviones de combate F-35, según añadió el miembro del ejecutivo británico.
Lammy destacó que la suspensión "no es una determinación de inocencia o culpabilidad" y que la situación se mantendrá bajo revisión. "No hemos arbitrado ni podemos arbitrar sobre si Israel ha violado o no el derecho humanitario", dijo Lammy, añadiendo que Reino Unido "no es un tribunal internacional".
El ministro reiteró el apoyo británico a Israel para defenderse.
En Israel, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, afirmó ayer que los seis rehenes hallados muertos en un túnel de la Franja de Gaza el fin de semana pasado fueron "ejecutados" por el movimiento Hamás con un balazo "en la nuca".
Hablando en una rueda de prensa, el dirigente israelí pidió "perdón" a los familiares de los seis rehenes "por no haberlos traído vivos".
Netanyahu también instó a la comunidad internacional a incrementar la presión hacia Hamás para poner fin a la guerra desencadenada por el ataque del movimiento islamista palestino en el sur de Israel el 7 de octubre.
"Decimos sí y ellos dicen todo el tiempo no, pero también asesinaron a esa gente y ahora necesitamos la presión máxima sobre Hamás", dijo Netanyahu. "Hamás debe hacer concesiones", insistió.
El mantenimiento de las tropas israelíes en el corredor Philadelphia, que se despliega paralelo a la frontera entre Egipto y la franja de Gaza se ha convertido en el principal punto de fricción en las negociaciones, impulsadas por Estados Unidos, Egipto y Catar.
Por su parte, Hamás advirtió ayer que los rehenes israelíes retenidos en la Franja de Gaza regresarán "en ataúdes" si Israel mantiene su presión militar y exige la retirada total de la zona.
La muerte de los rehenes se anunció el domingo por las autoridades israelíes, que indicaron que la causa de muerte había sido por impactos de bala a corta distancia.
Miles de personas se congregaron ayer en Tel Aviv por segundo día consecutivo para incrementar la presión hacia el ejecutivo de Netanyahu, acusado de no haber hecho lo suficiente para llegar a un acuerdo que los hubiera liberado.
Además, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó ayer que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no está haciendo lo suficiente para lograr un acuerdo con Hamás sobre la liberación de rehenes.
Biden sostuvo una reunión con negociadores estadounidenses en la Casa Blanca sobre el acuerdo para liberar a los secuestrados, luego del hallazgo el sábado en Gaza de seis rehenes muertos, entre ellos un ciudadano con nacionalidad estadounidense.
"El presidente Biden está devastado y ofendido por este crimen, y reafirmó la importancia de que los dirigentes de Hamás sean responsabilizados por ello", señaló un comunicado de la Casa Blanca al terminar el encuentro.
Biden y la vicepresidenta Kamala Harris fueron informados por los negociadores sobre cómo avanza la propuesta presentada por Estados Unidos, Catar y Egipto, añadió el comunicado.
En Irán, más de 400 personas fueron ejecutadas en lo que va de año, afirmaron ayer expertos de la ONU.
Estos expertos –enviados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pero que no se expresan en nombre de la organización– dicen estar "profundamente preocupados por este fuerte aumento del número de ejecuciones".
En agosto, al menos 81 personas fueron ejecutadas, es decir casi el doble que las 45 de julio, precisaron estos expertos independientes en un comunicado.
La mitad de las ejecuciones, 41 personas, estaban relacionadas con delitos de drogas, detallaron, y recuerdan que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Irán forma parte, "limita la aplicación de la pena de muerte a ‘los crímenes más graves’ o sea, homicidios voluntarios".
"Las ejecuciones por infracción de la legislación sobre los estupefacientes violan las normas internacionales", declararon los expertos.
Por otra parte, afirman que del total de las personas ejecutadas este año, 15 de ellas eran mujeres.
El gobierno de Nicaragua entregó a la minera china Xinjiang Xinxin Mining Industry Company Limited una nueva concesión para la explotación de minerales por 25 años en un predio ubicado en el norte del país.
El gigante minero trabajará a través de su subsidiaria Nicaragua Xinxin Linze Minería, cuyo representante es el ejecutivo chino Edward Xiang Liu.
"Otórguese a la empresa Nicaragua Xinxin Linze Minería Group un concesión minera para el aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos en el lote denominado Río Dorado Sur", dice la resolución del Ministerio de Energías y Minas.
El terreno consta de cuatrocientos ochenta y tres [483] hectáreas en el municipio de San Juan del Limay a unos 180 kilómetros al norte de Managua.
Esta concesión es la cuarta que recibe la minera china en Nicaragua, donde ya acumula más de cuarenta y dos mil [42.000] hectáreas de terreno para explotación minera. A mediados de agosto Managua le entregó más de tres mil [3.000] hectáreas en otra concesión cercana a la licitada este lunes.
Nicaragua y China pusieron en marcha en enero un Tratado de Libre Comercio.
En 2021, el presidente Daniel Ortega estableció relaciones con China después de romper con Taiwán, considerada por Pekín como un territorio propio cuyo control busca retomar, incluso por la fuerza de ser necesario.
El presidente ruso, Vladimir Putin, se reunió hoy con su homólogo mongol en la capital Ulán Bator, en su primera visita oficial a un país miembro de la Corte Penal Internacional (CPI) desde que ésta emitió una orden de arresto en su contra.
Putin llegó la noche de ayer a la capital de Mongolia y hoy fue recibido por su homólogo Ukhnaagiin Khurelsukh en la imponente plaza Gengis Kan, en una fastuosa ceremonia con participación de ambas delegaciones.
La CPI en marzo de 2023 emitió una orden de detención en su contra por la presunta deportación ilegal de niños desde que las fuerzas de su país invadieron Ucrania en 2022.
Kiev urgió a Mongolia, miembro de la CPI, a ejecutar la orden de arresto, y acusó al país asiático de "permitir al criminal inculpado escapar a la justicia", al no detenerlo.
El propio tribunal con sede en La Haya recordó la semana pasada que todos sus Estados integrantes tienen la "obligación" de detener a las personas buscadas.
Pero en la práctica, la CPI no dispone de una fuerza coercitiva propia, y poco puede hacer si Ulán Bator no cumple con su obligación.
El gobierno de Mongolia no ha condenado la ofensiva rusa en Ucrania y se ha abstenido en la ONU en las votaciones relativas al conflicto.
En la reunión participaron el secretario de Estado, Antony Blinken, el director de la CIA, William Burns, y el asesor Seguridad Nacional, Jake Sullivan, junto a otros funcionarios estadounidenses.
Estados Unidos, junto con Egipto y Catar, lleva meses presionando para que se produzca un intercambio de rehenes y prisioneros y un alto el fuego en la guerra en Gaza.
Los militantes de Hamás tomaron 251 rehenes durante el ataque del 7 de octubre en el sur de Israel que desencadenó la guerra, 97 de los cuales permanecen en Gaza, 33 de ellos muertos, según el ejército israelí.
Decenas de rehenes fueron liberados durante una tregua de una semana en noviembre.
En Francia, el presidente, Emmanuel Macron, tuvo ayer una serie de reuniones para intentar nombrar a un nuevo primer ministro.
Macron inició los contactos desde la sede de la presidencia con el exprimer ministro socialista Bernard Cazeneuve, entre 2016 y 2017, cuyo nombre sonó con fuerza el fin de semana para retomar las riendas del gobierno.
El mandatario también se reunió con Xavier Bertrand presidente del partido de la derecha Los Republicanos (LR) y de una región del norte de Francia.
Ambos figuran como los principales nombres para ejercer el rol.
De todas formas, Macrón también recibió a sus predecesores: el socialista y actual diputado François Hollande y con el conservador Nicolas Sarkozy.
Macron también recibió al centrista François Bayrou y al primer ministro saliente Gabriel Attal.
El presidente francés inició las consultas el 23 de agosto para nombrar a un primer ministro y fijó como criterio que no caiga rápidamente en una moción de censura en una dividida Asamblea Nacional (cámara baja).
Pero un eventual gobierno de Cazeneuve o de Bertrand tampoco tiene asegurada la estabilidad.
Las elecciones legislativas anticipadas, que Macron convocó en junio tres años antes de lo previsto, no alcanzaron una mayoría absoluta y dejaron una Asamblea con tres bloques: de izquierda, centroderecha y extrema derecha.
El futuro gobierno debe presentarse ante el Parlamento antes del 1 de octubre.
En Estados Unidos, el presidente, Joe Biden, y la vicepresidenta, Kamala Harris, participaron juntos ayer en un acto de campaña con sindicalistas en el estado de Pensilvania.
Con motivo del Día del Trabajo, el dúo se reunió con miembros de gremios de trabajadores en Pensilvania, un estado clave en la contienda, de la que Biden se retiró a finales del mes de julio.
Fue una muestra pública de unidad después de que ella le sustituyera como candidata demócrata y reavivara las esperanzas electorales del partido.
Biden no escatimó en declaraciones de apoyo para la candidata de su partido: "Hemos avanzado mucho, Kamala y yo vamos a construir sobre ese avance, y ella va a construir sobre eso", dijo Biden ante trabajadores del sector eléctrico en la ciudad de Pittsburg donde no escatimó en declaraciones de apoyo para la candidata de su partido. "Estaré tras bambalinas, pero haré todo lo posible por ayudar", agregó el mandatario.
"Joe Biden ha sido uno de los presidentes de Estados Unidos más transformadores que jamás hayamos visto, y eso viene de su corazón", dijo lHarris uego de la intervención del presidente en Pittsburg. "Joe y yo hablamos mucho del hecho de que estamos muy orgullosos de ser la administración más pro-sindical en la historia de Estados Unidos", agregó la candidata.
En Honduras, el principal partido de oposición acusó ayer al gobierno izquierdista de eliminar el tratado de extradición con Estados Unidos para protegerse de señalamientos de narcotráfico.
"La denuncia del tratado de extradición por parte del gobierno […] es para proteger a las personas ligadas al poder" señaladas de tráfico de drogas, dijo el derechista Partido Nacional (PN) en un comunicado.
La presidenta hondureña Xiomara Castro canceló la semana pasada el tratado de extradición, que permitió encarcelar a poderosos narcotraficantes, y afirmó que lo hizo para evitar que Washington lo usara contra militares que le son leales y facilitara un intento de golpe de Estado.
El sábado renunciaron un cuñado y un sobrino de la mandataria: el secretario del Congreso, el diputado Carlos Zelaya, tras admitir ante la fiscalía que se reunió con narcos en 2013, y su hijo, el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya.
El gobierno hondureño busca "blindar a la familia Zelaya Castro Sarmiento de la persecución penal por parte de la fiscalía de los Estados Unidos", afirmó el PN desde la oposición.
Un tribunal de Venezuela dictó ayer la orden de arresto contra el dirigente opositor Edmundo González Urrutia, que reivindica su victoria en las elecciones presidenciales del 28 de julio en las que fue proclamado vencedor el mandatario Nicolás Maduro entre denuncias de fraude.
La fiscalía pidió que lo detengan por presuntos delitos vinculados a los comicios, incluyendo "desobediencia de leyes" y "conspiración".
La oposición liderada por María Corina Machado asegura que el triunfo de González se demuestra con las copias de más del 80% de las actas de votación que publicaron en un sitio web, que el chavismo desestima y asegura que se trata de documentos forjados.
Esa página es el foco de la investigación que llevó a la orden de arresto de González, de 75 años y en la clandestinidad desde el pasado 30 de julio.
"Nadie en este país está por encima de las leyes, de las instituciones, como ha pretendido, este señor el enconchado (escondido), el cobarde de Edmundo González Urrutia", dijo Maduro en su programa semanal de televisión.
La medida sigue al desacato de tres llamados a González a declarar en la fiscalía como parte de la investigación penal en su contra.
El diplomático argumentó hace días que el Ministerio Público actuaba como un "acusador político" que lo sometería a un proceso "sin garantías de independencia y del debido proceso".
La líder opositora María Corina Machado expresó en sus redes sociales:"Han perdido toda noción de la realidad". Y agregó: "Amenazando al presidente electo sólo logran cohesionarnos más y aumentar el apoyo de los venezolanos y el mundo a Edmundo González".
Estados Unidos incautó ayer un avión del presidente venezolano Nicolás Maduro en República Dominicana y lo trasladó a Florida, alegando que violó sanciones dispuestas en su momento por la Casa Blanca.
"El Departamento de Justicia incautó una aeronave que fue adquirida ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma y fue sacada de contrabando de Estados Unidos para uso de Nicolás Maduro y sus compinches", declaró en un comunicado el fiscal general Merrick Garland.
Las autoridades sostienen que la transacción violó las sanciones impuestas al país por Washington, que se endurecieron en 2019 tras la primera reelección de Maduro el año anterior.
Estados Unidos afirma que a finales de 2022 y principios de 2023 individuos vinculados a Maduro habrían usado una empresa fantasma con sede en el Caribe para ocultar su participación en la compra ilegal del avión.
Anthony Salisbury, agente especial de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Miami, dijo que "el avión era utilizado de manera predominante por Nicolás Maduro en numerosas visitas de Estado".
"Es un paso importante para garantizar que Maduro siga sintiendo las consecuencias de su desgobierno de Venezuela", dijo un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que desconoce el resultado electoral.
Maduro no se refirió directamente a la incautación, pero sí habló de un proceso de diálogo con Washington. "Nos pusimos a conversar con los gringos", dijo, "por convicción diplomática, convicción geopolítica, porque creemos que por la vía política se pueden resolver las diferencias".
De todas formas, el ministerio venezolano de Relaciones Exteriores tachó la medida de "acción criminal" y un acto de "piratería” contra Venezuela.
En Argentina, el presidente, Javier Milei, vetó un aumento del 8,1% a las jubilaciones y pensiones que había sido aprobado por amplia mayoría en el Congreso.
El veto, que se da en un contexto de más de 250% de inflación anual en Argentina, alcanza a toda la ley aprobada por el Parlamento, que establecía una nueva fórmula para el cálculo de las actualizaciones de jubilaciones en función de la evolución de precios y el índice de salarios.
Según el decreto, Milei vetó la norma por ser "manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento".
El Congreso puede revertir el veto presidencial y dejar en firme la ley si alcanza los dos tercios de los votos en ambas Cámaras, donde el oficialismo es minoría y se encuentra dividido.
La jubilación mínima en Argentina es de 225.454 pesos, hoy unos 230 dólares al cambio oficial.
Pero la canasta básica de los jubilados, medida por la Defensoría de la Tercera Edad, se ubica en seicientos ochenta y cinco mil [685.041] pesos en marzo, unos 700 dólares en la última medición publicada.
Estimaciones privadas apuntan que ese monto básico superó los novecientos mil [900.000] pesos, 918 dólares, a julio pasado, por el incremento de los precios de medicamentos, alquileres y servicios públicos.
En contraste a esta medida, a finales de julio, Milei decretó un aumento de unos 102 millones de dólares para los gastos reservados -sin rendición de cuentas- de la Secretaría de Inteligencia, lo que representó un incremento de su presupuesto de más de 700%.
En Bolivia, comerciantes y estudiantes universitarios marcharon ayer en la ciudad de Santa Cruz en una protesta por la escasez de dólares y combustibles.
Los manifestantes llevaban banderas bolivianas rojo, amarillo y verde, y de la región, verde y blanca. Algunos portaban pancartas que decían "no hay dólares" y "no hay diésel".
La marcha recorrió de manera pacífica las principales calles y avenidas de Santa Cruz para terminar en la plaza de Armas.
Santa Cruz, la más poblada de Bolivia, es además bastión de la oposición de derecha.
El gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) de Santa Cruz aseguró, en respuesta, que las movilizaciones buscan desestabilizar la democracia. "Esto es un boicot para después hacer un golpe de Estado en Bolivia y vamos a salir en contramarchas (a las calles) para defender al gobierno", dijo el dirigente del MAS, Miguel Delgadillo.
La escasez de gasolina y diésel es recurrente casi cada dos meses en Bolivia. El gobierno subvenciona la importación de combustibles. En 2023 destinó 1.100 millones de dólares y para 2024 presupuestó 1.408 millones.
Bolivia compra a países vecinos el litro de gasolina a 0,86 dólares y lo vende localmente a 0,53 dólares.
Ese gasto significó una profunda caída de sus reservas internacionales. Junto a la gasolina y el diésel, los bolivianos también sufren por la falta de dólares en el sistema financiero privado.
En el mercado negro la divisa se cotiza un 50% por encima del precio oficial.
En Brasil, la primera sala de la Corte Suprema decidió por unanimidad ratificar el fallo del juez Alexandre de Moraes que decidió suspender la red social X.
La decisión de suspender la plataforma vale hasta que la plataforma cumpla decisiones de bloquear perfiles con contenido considerado antidemocrático o criminal, pague multas por desobedecer órdenes que suman más de 3 millones de dólares e indique un representante legal en el país.
Además del juez de Moraes, que integra la primera sala, votaron los jueces Flávio Dino, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia y Luiz Fux. Los jueces siguieron el entendimiento de Moraes de que debe aplicarse una multa de cerca de 9 mil dólares para las personas y empresas que utilicen "subterfugios tecnológicos" para seguir utilizando X, como el uso de VPN.
En su voto, el ministro Dino dijo que "el poder económico y el tamaño de la cuenta bancaria" no hacen a Musk inmune a la jurisdicción brasileña.
Por su parte, Fux hizo una advertencia en relación al voto de Moraes. El ministro evaluó que la decisión no puede alcanzar "personas naturales y jurídicas indiscriminadas y que no hayan participado en el proceso". Esto en relación a la decisión que fijó la multa de 9 mil dólares para personas que utilicen VPNs para sortear el bloqueo de X.
El presidente de la agencia nacional de Telecomunicaciones, Carlos Baigorri, dijo al canal Globo News que Starlink, la proveedora de internet por satélite de Elon Musk, puede perder autorización para prestar servicio en el país si incumple la orden de bloquear el acceso a X, como manifestó que hará.
Según Baigorri, la agencia fiscalizaba ayer si la decisión judicial estaba siendo cumplida o no, y la eventual desobediencia sería reportada a Moraes. Starlink brinda servicio a 225 mil usuarios en Brasil, con un peso relevante en áreas aisladas del norte de Brasil y en el agronegocio, sector que comenzaba a mostrar preocupación por un eventual apagón.
(Marcelo Silva de Sousa, corresponsal de Brasil)
DEPORTES
Luis Suárez anunció ayer que se retira de la Selección Uruguaya y disparó la venta de entradas para verlo en acción por última vez.
Suárez disputará su último juego con la Celeste este viernes, en el Estadio Centenario, ante Paraguay.
Hasta el domingo al mediodía se habían vendido 15 mil entradas para ese partido. Luego de los trascendidos y, finalmente, la confirmación de su retiro, se comercializaron 10 mil boletos más. Por otra parte, la plataforma virtual que vende las entradas registraba a casi 18 mil personas en lista de espera.
