Noticias del martes 6 de diciembre de 2022

Foto: Mauricio Zina/ adhocFOTOS

Uruguay alertó ayer por un Mercosur "condenado al fracaso" y al “borde de la extinción" y Argentina respondió que hay "riesgo de ruptura", en el comienzo de una cumbre regional tensionada por la voluntad uruguaya de explorar acuerdos fuera del bloque. 

Con la reunión de ministros de Economía y cancilleres dio ayer inicio en Montevideo esta cumbre, destinada a que Uruguay traspase la presidencia pro témpore del bloque y marcada por el pedido formal del gobierno de Luis Lacalle Pou de adhesión al acuerdo Transpacífico (CTPP), al que se oponen sus socios. 

Durante la sesión, el canciller Francisco Bustillo insistió sobre las carencias del bloque regional, marcó la inexistencia de una verdadera unión aduanera y llamó la atención sobre la multiplicidad de aranceles internos. 

Allí recordó que el Mercosur solo cuenta con once acuerdos vigentes, cuatro de ellos extrarregión. El último, recordó, data de 2011 y fue firmado con Egipto. En este período, la Organización Mundial de Comercio registró 172 acuerdos. Ninguno de ellos, remarcó, con el Mercosur. 

En su visión, se necesita un bloque capaz de estrechar lazos con otros países y bloques y dejar atrás el inmovilismo. 

“Precisamos un bloque que pueda y quiera proyectarse en las nuevas dinámicas y tendencias mundiales. Precisamos un bloque aggiornado, moderno, que quiera y pueda hacer frente a los desafíos del ayer, el hoy y el mañana. Es sobre este punto que quiero detenerme. Se nos plantea una primera interrogante: es si el bloque tiene la voluntad y la disposición necesaria para asumir los desafíos ofrecer a los estado parte un marco que permita el desarrollo de nuestros pueblos a partir del crecimiento de nuestra economía”. 

Para Bustillo, si el Mercosur no reconoce esto estará condenado al fracaso y a la intrascendencia. 

A Bustillo le respondió su colega argentino Santiago Cafiero, que dijo que “preocupa” la decisión de Uruguay de iniciar negociaciones bilaterales, algo “contrario a la normativa del Mercosur, incompatible con el artículo 1 del tratado de Asunción y violatorio de la regla básica del consenso”.

El ministro argentino sostuvo ante sus pares: “no estamos observando la convergencia del bloque, por el contrario vemos un camino bilateral que podría terminar en una ruptura”. 

En palabras de Bustillo, sin embargo no existen elementos para pensar que Uruguay pueda proponer una “ruptura” del Mercosur. Insistió que en las propuestas del gobierno buscan mejorar su cohesión y fortalecerlo. 

Luego, hablando en rueda de prensa, Cafiero matizó lo que había dicho en la sesión de la cumbre. 

“Claramente Argentina, Brasil y Paraguay van en una dirección y la visión que tiene Uruguay, que es respetable y soberana, va en otra. Sabíamos que de antemano íbamos a iniciar la cumbre con alguna tensión pero todo se supera hablando”. 

La Cumbre del Mercosur que cerrará hoy con el encuentro entre los presidentes, viene precedida por un comunicado de Argentina, Brasil y Paraguay en el que adviertieron que analizan posibles sanciones a Uruguay por negociar solo acuerdos comerciales con otros países y bloques regionales.

La Unidad de Depuración, Priorización y Asignación (DPA) de la Fiscalía, determinó que la fiscal de Flagrancia, Gabriela Fossati, también tenga a su cargo la causa judicial que investigará el presunto espionaje contra los senadores del Frente Amplio, Mario Bergara y Charles Carrera.

Los senadores presentaron el jueves pasado una denuncia separada ante el Fiscal de Corte, Juan Gómez, luego de que en los chats del excustodio Alejandro Astesiano, apareciera que la empresa de Miami, Vertical Skies le solicitó que armara «dos fichas» con información personal para «atar» a los legisladores, luego de que estos hubieran presentado una denuncia penal por la concesión del puerto a la empresa Katoen Natie.

El senador Mario Bergara entendía que la investigación de su caso tendría que hacerse por separado del caso Astesiano. 

Este domingo Fossati explicó –a través de un hilo de Twitter– que Bergara y Carrera cancelaron, por distintos motivos, una reunión que ella había convocado–. "Bergara canceló. Carrera la pospuso", escribió la fiscal.  

Los dos senadores salieron a aclarar ayer su versión. Bergara dijo haber entendido prudente posponer la reunión porque esa misma tarde tanto él como Carrera iban a tener una reunión con el fiscal de Corte, Juan Gómez, para "plantear" que la solicitud de crear fichas con información personal sobre ambos se tramitara "por separado". 

Bergara entendió que la reunión con Fossati "perdía sentido", porque además el tema había sido tratado "telefónicamente".

"Entiendo imprescindible complementar la información a efectos de que no se instale la falsa percepción de que no estábamos dispuestos a concurrir a una citación de fiscalía. Todo lo contrario", aseguró. 

Carrera ratificó esta versión. Según dijo, “vale hacer estas aclaraciones, porque parecería que se quiere instalar en la opinión pública la idea de que no queremos colaborar con la Justicia. Parece mentira que se afirme tamaña infamia, cuando nuestra fuerza política puso en el tapete este asunto y lo llevó al Senado". 

Carrera calificó a la discusión sobre por qué él y Bergara no se encontraron con la fiscal como una "estéril controversia" e hizo "un llamado a la prudencia". 

"No solo estamos dispuestos a concurrir a declarar, sino que pretendemos que la Fiscalía actúe de forma independiente para poder identificar a los responsables", concluyó.

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado calificó el caso de Astesiano como un “mero hecho delictivo” y sostuvo que está lejos de representar un episodio de corrupción que afecte al gobierno. 

El ex presidente Julio María Sanguinetti señaló la “imperiosa necesidad republicana” de que la investigación fiscal avance con todas las garantías del debido proceso, sin presiones políticas o mediáticas. 

Sanguinetti descartó cualquier tipo de crisis institucional por este caso y pidió al sistema político no crear alarma pública sobre el tema. 

“Hay una banda de coimeros, que había empezado ya en el Ministerio de Relaciones Exteriores en el pasado gobierno y que luego incorporó a este señor Asestiano, y que es un episodio delictivo”. 

Una veintena de dirigentes y convencionales colorados, que dicen identificarse con los “valores republicanos” de Rivera, Suárez, Brum y los cuatro presidentes Batlle, entienden que el caso Astesiano representa un “retroceso institucional” para el país. 

A través de una carta pública señalaron: “los actos delictivos llevados a cabo por el jefe de custodia presidencial parecen ir ampliándose a situaciones alarmantes de creciente gravedad, debido al daño institucional que ocasionan, por lo que entendemos que su investigación debe llevarse a cabo sin ninguna limitación ni injerencia política de ninguna clase”. 

La carta aparece firmada, entre otros, por Aníbal Gloodtdovsky, Martín Pérez Banchero, Mariella Demarco, Baltasar Brum, Margarita Machado y José Pablo Franzini Batlle. 

Allí subrayan que “los errores cometidos en la contratación del ex jefe de custodia conllevan responsabilidades que no pueden reducirse mediante el argumento de resguardar temas personales”. 

El grupo expresó que la actual lógica binaria de bloques “ no  puede cercenar nuestra vocación republicana, que implica el apego irrestricto a la verdad y la justicia. Iluminados por nuestra historia e identidad partidaria debemos bregar por el esclarecimiento de los hechos, la asunción real de responsabilidades de todos, sin exclusiones, y el respeto absoluto a nuestras instituciones y nuestras mejores tradiciones republicanas”

Los 454 kilos de pescado que el gobernante de los Emiratos Árabes Unidos le regaló al presidente Lacalle Pou y que se convirtieron en uno de los centros de la polémica en torno al caso Astesiano terminaron siendo donados a merenderos. 

De acuerdo a la crónica de El Observador, el regalo se concretó el 20 de febrero de este año, durante la visita del presidente a esa nación árabe. 

El obsequio fue aceptado y Astesiano – jefe de la custodia presidencial-quedó encargado de los correspondientes contactos para recibirlo. 

Una semana después se dio notificación de parte de los consulados de EAU en San Pablo primero y Buenos Aires después, del envío de 454 kilos de pescado a nombre de Presidencia.

Una carta de la embajada de EAU en Buenos Aires, dirigida al director de Aduanas Jaime Borgiani, da cuenta del envío de 20 bultos con las piezas de pescado, consignado a nombre de Astesiano, indicando que es en calidad de obsequio al presidente Lacalle Pou.

Asimismo, un documento del departamento de Industria Pesquera de la DINARA indica que la mercadería se revisó en la terminal, dando cuenta de la cantidad y tipo de piezas. También se agrega que el aspecto exterior está conforme. Allí, se indica que la carga llegó con el distintivo de valija diplomática.

Al confirmarse que se trataba de las piezas de pescado, el paso siguiente fue asegurar el mantenimiento de la cadena de frío. La solución fue facilitada por el propietario del Frigorífico Santa Clara, a quien Alvaro Delgado, secretario de la Presidencia, le pidió el favor, según dice hoy El Observador.

Desde Presidencia se informó que la decisión posterior fue donar los pescados. Se confirmó que una parte fue enviada a la Coordinadora de Ollas y Merenderos de Paso Carrasco el 21 de octubre, casi un mes después de la detención del ex jefe de la seguridad presidencial.

El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, aseguró que una donación como la del emir de Emiratos Árabes “es un episodio normal” entre mandatarios, pero que sorprendió la cantidad de pescado que llegó a Uruguay, y dijo que “la izquierda se encargó de decir estupideces”.

En las cámaras del Frigorífico Santa Clara todavía quedan unos 80 kilos. 

INTERNACIONALES

​​​Ucrania atacó ayer con drones dos bases aéreas ubicadas en el centro del Rusia, causando la muerte de tres militares. 

El Ministerio de Defensa de Rusia acusó a Kiev de querer dejar "fuera de servicio los aviones rusos de largo alcance", utilizados para los bombardeos perpetrados en las últimas semanas contra la infraestructura energética de Ucrania. 

En un comunicado, Moscú añadió que los drones ucranianos fueron interceptados, pero sus restos cayeron sobre las bases aéreas atacadas, provocando explosiones. Además de las víctimas fatales y de cuatro heridos, hubo daños "leves" sobre dos aviones rusos. 

A su vez, Rusia se congratuló porque, pese a este ataque, sus soldados pudieron efectuar "un bombardeo masivo" con "armas de alta precisión" contra 17 objetivos en territorio ucraniano. 

El gobierno ucraniano informó que Moscú lanzó unos 70 misiles, la mayoría de los cuales fueron derribados, pero los restantes golpearon la ya maltrecha infraestructura energética del país.

Un nuevo ataque con dron ocurrió esta madrugada en el aeropuerto de la región rusa de Kursk, en la frontera con Ucrania, informó el gobernador local, Román Starovoit.

"Como resultado del ataque con dron se incendió el tanque de almacenamiento de petróleo del aeródromo", escribió Starovoit en Telegram.

El gobernador agregó que no hay heridos a raíz del suceso.

"El incendio está localizado", apuntó.

El aeropuerto de Kursk fue cerrado para la aviación civil el 24 de febrero, día del inicio de la campaña militar rusa en Ucrania.

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, solicitó al Tribunal Constitucional que declare ilegítimo un informe parlamentario que lo acusa de haber violado leyes anticorrupción.

La denuncia fue presentada la semana pasada en el Parlamento. En ella se indica que durante un robo en una de las propiedades del mandatario se encontraron fajos de billetes escondidos en un sillón por un total de 580.000 dólares.

Este escándalo ya había empezado en junio, cuando un opositor de Ramaphosa en su propio partido presentó una demanda contra el presidente por haber ocultado ese robo.

Ramaphosa siempre ha negado el robo y esa denuncia no ha desembocado, al menos de momento, en una imputación.

En su recurso presentado ayer, el presidente pide que el informe parlamentario sea desestimado y considerado ilegítimo. 

El Parlamento sudafricano tenía previsto reunirse hoy para definir si inicia un proceso de destitución contra el mandatario. Sin embargo, ayer decidió posponer la sesión hasta la semana que viene. 

Este escándalo amenaza el futuro político de Ramaphosa, no solo porque la oposición ha pedido su renuncia sino también porque el partido de gobierno está en pleno proceso de elegir a su líder, que automáticamente se convierte en favorito para las próximas elecciones. Hasta ahora Ramaphosa era favorito para esa designación.

En Sudán, los dirigentes militares y civiles firmaron un acuerdo para poner fin a la profunda crisis política que sacude al país desde que las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado en octubre de 2021. 

El golpe interrumpió una transición hacia un régimen civil, iniciada a raíz del derrocamiento del expresidente Omar al Bashir en 2019. 

Desde entonces, se han celebrado manifestaciones contra el golpe casi cada semana, en medio de una profunda crisis económica y social, agravada por la violencia interétnica.

El acuerdo prevé el nombramiento de un primer ministro que estará al frente del país durante un periodo de transición de dos años. Los militares se comprometieron a abandonar la escena política durante ese período de tiempo. 

Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por centenares de sudaneses que se manifestaron contra lo que perciben como una "traición" por parte de las agrupaciones políticas.

Canadá anunció nuevas sanciones contra tres miembros de la élite de Haití, señalados de brindar "apoyo financiero y operativo ilícito a bandas armadas". Las medidas apuntan contra el único multimillonario del país, Gilbert Bigio, así como a dos empresarios.

La ministra de Relaciones Exteriores, Melanie Joly, indicó que "Canadá tiene motivos para creer que estos individuos están utilizando su estatus para proteger y permitir las actividades ilegales de bandas criminales armadas".

"Canadá ha decidido implementar un nuevo enfoque, que nunca se ha probado en el pasado, pero que es importante: todos aquellos que se benefician de las pandillas serán sancionados. Así que anunciamos sanciones la semana pasada y me complace decir que vamos a sancionar a tres nuevas personas que contribuyen a la inestabilidad de Haití".

La ministra añadió que "estas personas deben dejar de proporcionar fondos y armas a las bandas criminales en Haití".

Las sanciones congelan cualquier activo que estos hombres puedan tener bajo jurisdicción de Canadá y prohíbe todo trato con ellos. 

Haití, el país más pobre de América, ha estado sumido desde hace años en una crisis económica, política y de seguridad, agravada por el asesinato del presidente Jovenel Moise el año pasado y el creciente peso de las pandillas.

En Colombia, 34 personas murieron, entre ellas ocho menores de edad, y otras nueve resultaron heridas por un alud de tierra en el noroeste del país. 

Parte de una montaña se desprendió, cayó sobre una carretera y sepultó a un ómnibus, un automóvil y una moto.

El desprendimiento fue el domingo, pero los balances sobre las víctimas se fueron ampliando durante la jornada del lunes. 

El presidente, Gustavo Petro, manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas e informó que tendrán "un acompañamiento integral por parte del gobierno".

También en Colombia, el gobierno anunció que los jóvenes encarcelados en las protestas antigubernamentales de 2021 seguirán sus procesos judiciales en libertad a cambio de prestar servicios humanitarios.

Cerca de 250 casos serán evaluados de manera individual por un comité especializado y luego el presidente, Gustavo Petro, hará una solicitud al Poder Judicial para que sean liberados y cumplan funciones de "gestores de paz", informó el ministro del Interior y portavoz del gobierno, Alfonso Prada. 

"Declaramos que no es una amnistía, no es un indulto, no es un perdón judicial. Quienes vayan a ser beneficiarios de esta medida quedan vinculados judicialmente a los expedientes y correrán la suerte que finalmente definan los jueces en sentencia judicial. Los procesos, por ende, no se suspenden". 

Se espera que el dictamen final, que sería a través de un decreto, sea difundido antes de Navidad. 

Si bien todavía no está claro qué funciones cumplirán los jóvenes, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que deberán trabajar por la "reconciliación y convivencia" de los colombianos.

En Chile, el gobierno de Gabriel Boric pidió que se cuide el proceso a través del cual será designado un nuevo fiscal general, después de que su candidato, rechazado por el Senado, denunciara una "guerra sucia y descarada" en su contra. 

La ministra de Justicia, Marcela Ríos, señaló que es "responsabilidad" de todos los sectores políticos que el proceso de nombramiento llegue a buen puerto:

"A todos los involucrados, a las instituciones del Estado: a cuidar la Fiscalía de Chile, a cuidar el Ministerio Público. El Ministerio Público es una institución clave del sistema de justicia, es una institución clave de la democracia y es responsabilidad de todas las autoridades poder colaborar para llevar a puerto este proceso de nominación y poder contar con una Fiscalía que esté totalmente empoderada y trabajando para perseguir el delito en nuestro país". 

Las palabras de Ríos llegan después de que el designado por el gobierno para ocupar el cargo, el abogado José Morales, dijera que se desató en su contra una "guerra sucia y descarada" antes de que el Senado rechazara su nombramiento. 

Por su parte, la Asociación Nacional de Fiscales planteó ayer que se "rediseñe el mecanismo de elección" con dos propuestas: que se incorpore la participación ciudadana y que se aumenten los requisitos para los candidatos.

En Argentina el gobierno pedirá a la Fiscalía que se investigue un viaje de jueces, fiscales y empresarios del Grupo Clarín, después de que se divulgaran mensajes en los que los involucrados buscaban ocultarlo. 

El viaje habría ocurrido, a instancias del Grupo Clarín, en el fin de semana del 13 y 14 de octubre, en un avión privado, a una propiedad en la Patagonia del millonario británico Joe Lewis. Entre los invitados estuvieron jueces, fiscales y el ministro de Justicia de la ciudad de Buenos Aires, el opositor Marcelo D’Alessandro, así como exagentes de los servicios de inteligencia. 

La novedad se conoció este fin de semana, cuando medios cercanos al gobierno difundieron varios mensajes intercambiados por Telegram en los que los involucrados conversaban sobre cómo ocultar el viaje, en particular su financiamiento. Entre otras cosas, se manejaba presentar facturas apócrifas y armar montajes de fotografías.

El escándalo, que ya se tradujo en una denuncia de un particular contra todos los presuntos viajeros, estalló en las horas previas al día de hoy, cuando se conocerá el fallo judicial contra la vicepresidenta Cristina Fernández por un presunto caso de corrupción por el cual la Fiscalía pide 12 años de prisión y la inhabilitación para ocupar cargos públicos. 

Anoche el presidente, Alberto Fernández, utilizó la cadena nacional de radio y televisión para anunciar medidas. 

Fernandez aseguró que recurrió a esa forma de comunicación excepcional "porque es evidente que gran parte del sistema de medios privados ha decidido no dar cuenta de lo ocurrido".

"Espero que todos tomemos conciencia de la gravedad de los hechos. Lastima la democracia por la promiscuidad antirrepublicana con la que se mueven algunos empresarios, jueces, fiscales y funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes. Es hora que empiecen a rendir cuenta por sus conductas".

En cuanto a medidas, Fernández indicó que instruyó al ministro de Justicia para que solicite a Fiscalía que investigue "penalmente" si el viaje existió y cómo fue financiado. Argumentó que los propios intentos de ocultar el viaje dan a entender que los involucrados sabían que podían estar incurriendo en una serie de delitos como, ejemplificó, "la percepción de dádivas y el incumplimiento de deberes de funcionario público".

El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, esperará a asumir la presidencia de Brasil, el 1 de enero, para viajar a Estados Unidos y reunirse con su par americano Joe Biden, según surge de una reunión que mantuvo ayer Lula con el asesor de seguridad de Biden, Jake Sullivan, en Brasilia.

Sullivan lo invitó oficialmente a la Casa Blanca, en un primer encuentro de Lula con un alto representante de la administración estadounidense desde el triunfo  en el balotaje del 30 de octubre.

Sullivan comentó que "Biden estaría dispuesto a recibir al presidente Lula incluso antes de la toma de posesión", según dijo a periodistas Celso Amorim, quien fue canciller de Brasil durante los dos primeros gobiernos del exlíder sindical (2003-2010) y hoy es uno de los principales consejeros en política exterior.

Según el diplomático, que participó de la reunión que se extendió por casi dos horas en un hotel en la capital, Lula "valoró mucho" el interés de la Casa Blanca en recibirlo pronto pero indicó que es más probable que el encuentro se de "luego del inicio del año, ya en una visita oficial como presidente".

El viernes, Lula había dicho que la reunión con Biden podría darse después del 12 de diciembre, cuando recibirá el "diploma" de presidente electo por parte del Tribunal Superior Electoral.

"Estoy animado para conversar con el presidente Biden y profundizar la relación entre nuestros países", tuiteó tras la cita con Sullivan.

En su cuenta en Instagram publicó una foto suya estrechando la mano del estadounidense., junto con la leyenda ‘Brasil está volviendo a ser respetado por el mundo’.

Durante casi dos horas, Lula y Sullivan tuvieron una "conversación muy amplia" sobre temas regionales y mundiales, indicó Amorim, presente en el encuentro.

Entre los temas en la agenda estuvieron la cooperación en desarrollo y tecnología verde, la guerra en Ucrania, la lucha contra el cambio climático y maneras de "fortalecer la democracia" en América Latina.