Ayer, por segundo día consecutivo, no hubo nuevos casos de Covid-19 en el relevamiento diario que realiza el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae). Según el reporte, fueron procesados 464 tests, todos con resultado negativo.
Desde el comienzo de la emergencia sanitaria, el 13 de marzo, ha habido 845 personas contagiadas en todo el país. De todas ellas, 738 se recuperaron y 23 fallecieron.
Actualmente están cursando la enfermedad 84 pacientes, cuatro de ellos en CTI.
El departamento de Rivera tiene 33 casos activos; Montevideo 31; Canelones 10; Colonia 3 y, luego, con un caso cada uno figuran Cerro Largo, Río Negro, Flores, Salto, Artigas, Rocha y San José.
Durante los dos primeros meses de la emergencia sanitaria, la mortalidad general en Uruguay se redujo 26 % en comparación con un año atrás, según datos del Ministerio de Salud Pública.
De acuerdo a esas cifras, a las que accedió El Observador, desde el 13 de marzo hasta el 17 de mayo últimos, Uruguay registró 1.574 muertes menos que en el mismo período del 2019.
Durante esos dos meses, hubo 4.500 fallecimientos en el país, mientras que en igual lapso del año pasado la cifra había sido de 6.074 muertes.
Incluso en 2018 hubo más muertes que en el actual 2020 en ese mismo período.
El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo el sábado a El Observador: “Se ha visto un fenómeno llamativo positivo: en algún tipo de afecciones ha bajado la mortalidad. Se ve que el hecho de estar en casa y con menos estrés pudo haber complicado menos algún tipo de patologías”.
La nota señala que el descenso de la movilidad provocó una baja en la cantidad de accidentes de tránsito, y que las enfermedades infecciosas se redujeron por el aumento de cuidados sanitarios como el uso de tapabocas.
Los shopping centers reabrirán este mediodía en todo el país menos en Rivera, por lo que unos 9.000 trabajadores directos y unos 25.000 adicionales retomarán esta actividad en unos 1.400 locales comerciales, en esta primera etapa.
Por ahora no funcionarán los cines, los casinos ni las áreas de juego para niños y adolescentes.
El protocolo señala que se instará a “mantener el distanciamiento físico de por lo menos 1,5 metros entre individuos y 2 metros en las filas” y que el personal de los shoppings se encargará de evitar las aglomeraciones.
La fiscalización del cumplimiento del protocolo estará a cargo de la Inspección General del Trabajo y el Ministerio de Salud Pública.
En esta etapa, el horario general de atención al público será de lunes a viernes de 12:00 a 20:00 horas, y los sábados y domingos de 11:00 a 20:00.
Las plazas de comida operarán de 12:00 a las 20:00 horas, pudiendo extender su horario hasta las 21:00 de manera opcional, por el momento sólo para delivery y con el formato de “para llevar”, informaron los shopping en un comunicado.
En el caso de los locales gastronómicos que tienen apertura al exterior del centro comercial, se podrá hacer uso de las mesas manteniendo la distancia de 2 metros entre las personas, con una menor dotación de mesas y cerrando el acceso a los locales desde el interior del centro comercial.
En cuanto a los baños, se definirá la cantidad máxima de personas a ingresar y, los secadores de manos eléctricos serán desactivados.
La Secretaría Nacional del Deporte (SND) anunció que la actividad oficial del fútbol uruguayo podrá comenzar el 15 de agosto a puertas cerradas.
Según El Observador, el comunicado firmado por el secretario nacional del Deporte Sebastián Bauzá, el subsecretario Pablo Ferrari y el gerente nacional Gerardo Loriente, se filtró por Twitter y no fue publicado en la cuenta oficial de la SND que se limitó después a formular la siguiente aclaración: “Se comunica que la decisión respecto a lo informado por la Secretaría Nacional del Deporte en comunicado emitido en el día de la fecha fue adoptada por el Gobierno y NO por el Grupo Asesor Científico Honorario”.
El Poder Ejecutivo emitió un decreto que flexibiliza el cierre de fronteras vigente desde el inicio de la emergencia sanitaria.
El texto señala que los brasileños que demuestren su condición de fronterizos e ingresen por la frontera entre Uruguay y Brasil deberán permanecer en las ciudades de esa zona.
El decreto también habilita los ingresos transitorios con fines “laborales, económicos, empresariales o judiciales” que estén fundados en razones de “necesidad impostergable”. El canciller Ernesto Talvi había señalado la semana pasada que durante la emergencia sanitaria, el gobierno autorizó 1.224 excepciones a personas que solicitaron ingresar por distintas razones.
El Poder Ejecutivo también habilitó el ingreso de personas para “reunificación familiar” con padres, cónyuges, concubinos, hijos solteros menores o mayores con discapacidad, de acuerdo a la ley de refugiados.
El decreto mantiene excepciones para los extranjeros residentes en el país, las tripulaciones de aeronaves y prácticos de buques, los choferes de transporte internacional de bienes, mercaderías, correspondencia, insumos y ayuda humanitaria y sanitaria, y los diplomáticos acreditados ante el gobierno uruguayo.
También pueden ingresar al país los extranjeros que se beneficien de corredores humanitarios, y casos “manifiestamente fundados de protección internacional” conformes a la ley de refugiados.
Choferes de aplicaciones de transporte de pasajeros se manifestaron ayer frente a la Torre Ejecutiva pidiendo ayuda al gobierno para salir de la crisis derivada de la emergencia sanitaria que en algunos casos, según expresaron, les redujo sus ingresos en un 70%.
Los manifestantes, reunidos en la Asociación de Conductores Uruguayos de Aplicaciones (ACUA) reclaman que se les suspenda la obligación de pagar BPS y DGI hasta fin de año y, que el Banco de Seguros les suspenda el cobro hasta fin de año y los integre a su promoción de cobertura por tres años abonando dos.
NOTICIAS POLÍTICAS
El Honorable Directorio del Partido Nacional recibió ayer a miembros del Poder Ejecutivo y dirigentes blancos para conmemorar los primeros 100 días del gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou.
En la ceremonia estuvieron la vicepresidente Beatriz Argimón, el secretario de Presidencia Álvaro Delgado, el prosecretario Rodrigo Ferrés y varios ministros y subsecretarios. Además se hizo presente el ex presidente Luis Alberto Lacalle Herrera junto a su esposa, la ex senadora Julia Pou, la hermana del presidente, Pilar Lacalle Pou, y la esposa del mandatario, Lorena Ponce De León.
Al hacer uso de la palabra, Delgado sostuvo que la gestión ha tenido rumbo, liderazgo y actitud.
“100 días de esfuerzo, de actitud, de tener que lidiar con un proceso no esperado que atravesó al gobierno y a todo la sociedad. No sólo lo sufrió el gobierno, lo sufren los uruguayos. Obligó al gobierno a tomar medidas inmediatamente que se detectaron los primeros casos, aquel 13 de marzo con el liderazgo del presidente de la República”, dijo Delgado.
Luego de realizar un balance, los asistentes se dirigieron a la Sala de Presidentes de la sede del Partido Nacional. Allí el secretario personal de Lacalle Pou, Nicolás Martínez, descubrió una fotografía del presidente de la República que se ubica junto a los retratos de los otros presidentes nacionalistas y a escasos centímetros de la foto de su padre, el expresidente Lacalle Herrera.
El Plenario de la Cámara de Diputados sesionó ayer de forma extraordinaria para darle visibilidad y denunciar los casos de violencia contra mujeres y niños.
Durante la sesión, los legisladores del Frente Amplio colocaron en sus bancas carteles con los nombres de las mujeres asesinadas en 2019 y 2020.
La diputada frenteamplista Cecilia Bottino, que realizó la convocatoria, comenzó su intervención recordando los hechos de violencia de los últimos días. Bottino sostuvo que estamos asistiendo a un “soslayamiento” de la temática y “al ejercicio de otras formas de violencia machista”. De allí la necesidad de traer esta temática al plenario de la cámara baja, dijo.
“Estas situaciones nos recuerdan que la violencia de género persiste de manera estructural en nuestra sociedad: La Institución Nacional de Derechos Humanos recuerda al Estado uruguayo el deber de actuar con la debida diligencia adecuando sus políticas públicas para la prevención, atención, sanción y reparación de todas las situaciones de violencia de género”, dijo Bottino.
Por su lado, la diputada de Cabildo Abierto Inés Monzillo afirmó que “la llamada violencia de género” no se “frena” inculcando “el odio a los varones” sino enseñando “respeto” en el hogar y en las escuelas.
Monzillo dijo que “no solucionamos nada solicitando más atención de gobierno en este tema [de la violencia hacia las mujeres]”
“Es difícil para mí hablar de feminismo y ello se debe a que no me veo identificada con el uso ideológico que en la actualidad se le da al término ni con las agrupaciones feministas de mi país. El feminismo de género no me representa. Me representa el feminismo de la libertad que defiende que hombres y mujeres tienen los mismos derechos como establece la constitución. La llamada violencia de género no se frena con una marcha por la avenida 18 de Julio gritando, insultando a los hombres, grafiteando paredes y haciendo jingles pegadizos. Hay una tendencia a generar e inculcar el odio al varón por el solo hecho de su sexo biológico, y esto es violencia”, expresó Monzilllo.
Por su lado, la diputada nacionalista Valentina Dos Santos sostuvo que para evitar hechos de violencia de género en vez de colocarle custodia policial a la víctima se debería limitar el accionar de los agresores,.
La representante colorada María Eugenia Roselló optó por denunciar el problema de la violencia de género leyendo los nombres y causas de las mujeres asesinadas en lo que va de 2020.
En lo que va del año se produjeron 10 femicidios.
Ayer de tarde una mujer de 56 años, identificada como Rosa Pereira, fue asesinada de un balazo por su marido que intentó suicidarse y se encuentra grave, en una chacra de la zona de Piedra Furada, cerca de la capital de Rivera.
Este fue el segundo femicidio en lo que va junio, luego del que se produjo la semana pasada en el complejo Euskal Erría donde un hombre arrojó a su pareja por la ventana de un séptimo piso y luego se suicidó lanzándose desde el mismo lugar.
INTERNACIONAL
En Estados Unidos, miles de personas despidieron a George Floyd en un velatorio en Houston, Texas, mientras la justicia fijaba una fianza de un millón de dólares para el policía acusado de su asesinato.
Durante seis horas, más de 6.000 personas pasaron frente al ataúd abierto de Floyd en la iglesia Fountain of Praise. El velorio en la ciudad natal de Floyd fue el cierre de una serie de ceremonias previas al entierro, que ocurrirá hoy.
Además, dos docenas de legisladores demócratas encabezados por Nancy Pelosi, presidente de la Cámara de Representantes, homenajeraron a Floyd hincando una rodilla en el Salón de la Emancipación antes de presentar una reforma del sistema policial. El proyecto, ingresado en las dos cámaras, busca enjuiciar a policías por sus abusos y rediseñar la forma de reclutarlos y entrenarlos.
El ahora expolicía Derek Chauvin, acusado por la muerte de Floyd, compareció ante la justicia por videoconferencia para enfrentar cargos de asesinato en segundo grado y tercer grado y homicidio involuntario, con una pena de hasta 40 años. La jueza estableció que deberá pagar al menos un millón de dólares si quiere esperar en libertad condicional el comienzo de su juicio. La fiscalía estableció esa alta suma, que probablemente el acusado no podrá recaudar, considerando que Chauvin presentaba un riesgo de fuga.
Los otros tres policías involucrados, todos despedidos y detenidos al igual que Chauvin, ya comparecieron ante el tribunal la semana pasada por delitos de complicidad en la muerte de Floyd, que fue detenido por supuestamente comprar cigarrillos con un billete de 20 dólares falso.
En Nueva Zelanda ya no hay ningún caso activo del nuevo coronavirus, por lo cual todas las actividades fueron totalmente restablecidas desde hoy con normalidad.
El último paciente que estaba aislado hacía 22 días fue dado de alta después de 48 horas sin síntomas, según anunció ayer la primera ministra, Jacinda Ardern, quien indicó que el país avanza ahora hacia una nueva etapa.
“Hoy no hay casos activos en Nueva Zelanda. Hemos examinado a casi 40.000 personas para COVID-19 en los últimos 17 días y ninguna ha dado positivo. No hemos tenido a nadie en el hospital por COVID-19 durante 12 días. Han pasado 40 días desde el último caso de transmisión comunitaria, 22 días desde que esa persona terminó su autoaislamiento. Así que hoy puedo anunciar que el gabinete ha acordado que ahora pasaremos al Nivel Uno”, dijo Ardern.
Esta nueva etapa implica la reapertura de todas las actividades sin restricciones, incluidos eventos públicos y privados sin limitación en el número de personas. También incluye el regreso del comercio minorista, el transporte público y la atención médica en todo el país. La ministra hizo hincapié en que esta libertad "depende en gran medida" de la efectividad que tengan los controles fronterizos para que el virus no vuelva a ingresar al país.
Nueva Zelanda ha sido felicitada por su tratamiento del coronavirus con un confinamiento estricto de siete semanas. El archipiélago, con una población de cinco millones de personas, registró 1.154 casos y 22 muertes.
En España, se conocieron correos electrónicos enviados en plena crisis de coronavirus en los que las autoridades madrileñas obstaculizaban el traslado de personas mayores a hospitales.
Desde hace semanas familiares de personas mayores que tuvieron Covid-19 o murieron por esa enfermedad denuncian que en el momento más álgido de la crisis, entre mediados de marzo y de abril, los ancianos no eran recibidos en sus centros de atención habituales. En los últimos días se acumularon las denuncias de que había directrices de la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para que los residenciales de ancianos no trasladaran a hospitales a quienes eran dependientes, discapacitados o ya tenían una enfermedad terminal.
Díaz Ayuso y varios integrantes de su gobierno negaron la existencia de un protocolo en ese sentido, aunque después admitieron que el borrador de un documento de este tipo había sido enviado por error.
El diario El País publicó hoy cuatro correos electrónicos enviados por uno de los responsables sanitarios de Madrid, Carlos Mur de Víu, en el que pide que se remita a las residencias el nuevo protocolo. Allí se les ordena que no deriven a las personas mayores con infecciones respiratorias que se encontraran anteriormente en estado terminal o fueran discapacitadas o dependientes.
En Costa Rica, el ministro de Salud, Daniel Salas, señaló ayer que el país atraviesa una segunda ola de contagios de la pandemia del coronavirus.
Si se mira los casos positivos confirmados en cada semana, se percibe un aumento acelerado en las últimas tres, cuando se registraron 65, 129 y 216.
En la conferencia diaria, el ministro hizo hincapié en la necesidad de que todos en el país, en particular los empresarios, apliquen las medidas de prevención para reducir la propagación del virus. Este brote, indicó, está afectando principalmente a trabajadores del sector agrícola y de empresas empacadoras.
“Insisto, esta ola pandémica tiene características muy particulares, es población más vulnerable, que mayoritariamente está trabajado o está en contacto con trabajadores y actividades. Los empresarios que en este momento están siguiendo esta transmisión tienen una responsabilidad inherente, irremplazable y única en el cumplimiento de los protocolos y todas las medidas que hemos estado dictando con respecto a la prevención”, dijo Salas.
La Audiencia Nacional de España inició el juicio contra el coronel salvadoreño Inocente Montano por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras en El Salvador en 1989.
Viceministro salvadoreño de seguridad pública entre 1989 y 1992, Montano está en prisión preventiva desde su extradición en noviembre de 2017 desde Estados Unidos, donde residía y estuvo dos años encarcelado.
La fiscalía solicita para él 150 años de cárcel por cinco "asesinatos terroristas", los correspondientes a cinco de los sacerdotes jesuitas, que eran españoles.
Según el Ministerio Público, Montano participó "en la decisión, diseño o ejecución del asesinato" y constituyó junto a otros militares "una estructura paralela, al margen de la legalidad, que alteró gravemente la paz pública, provocando un estado de terror en la población".
Montano es el primero en llegar a juicio por la matanza acontecida el 16 de noviembre de 1989 en el campus de la Universidad Centroamericana, pues la Corte Suprema de Justicia Salvadoreña rechazó la entrega de los militares que se encontraban aún en el país.
En Bolivia, la Fiscalía empezó a investigar una denuncia por corrupción presentada contra los poderosos ministros de Defensa, Luis Fernando López, e Interior, Arturo Murillo.
La denuncia que presentada por parlamentarios del Movimiento Al Socialismo, el partido del destituido Evo Morales, cuyos referentes han sido señalados en varias ocasiones como corruptos e incluso como terroristas por Murillo.
Los parlamentarios presentaron como prueba una investigación del canal Gigavisión en la que se informó del presunto pago de un sobreprecio de unos dos millones de dólares en la compra de material para reprimir las protestas contra la destitución de Morales.
Tanto Murillo como López rechazaron la acusación que se desprende de la investigación periodística, asegurando que se basa en falsedades y datos erróneos.
En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro anunció la llegada de ayuda humanitaria desde Irán, después de que ese mismo país le enviara gasolina.
Varios ministros se refirieron a la ayuda que arribó ayer, en un aeropuerto cercano a Caracas. Algunos indicaron que llevaba kits de pruebas del coronavirus y dotación médica para su tratamiento. Otros agregaron que había una delegación que cooperaría con el tratamiento de la pandemia, sin que se tengan detalles.
En Argentina, el gobierno intervino al gigante agroexportador Vicentín, que está en bancarrota, y enviará al Congreso una ley para su expropiación, según informó el presidente Alberto Fernández:
“Estamos firmando un decreto de necesidad y urgencia que dispone la intervención del grupo Vicentín, con lo cual les estoy anunciando que estamos mandando al Congreso Nacional una ley de expropiación para que el Estado se haga cargo”, dijo Fernández.
Fernández indicó que la empresa se convertirá en mixta, con capitales públicos y privados, y que el Estado buscará mantener a sus 2.600 trabajadores.
Vicentín se declaró en cese de pagos y convocó a concurso de acreedores en diciembre. Era el cuarto mayor vendedor al exterior de cereales y aceites del país, con un volumen anual de negocios de unos 3.000 millones de dólares. El grupo nació como una empresa familiar en la provincia de Santa Fe y se expandió a la exportación.
En Brasil, ante la amenaza del gobierno de Jair Bolsonaro de avanzar con un apagón informativo en las cifras del coronavirus cuando el país supera los 37 mil muertos, los principales diarios brasileños oficializaron ayer una alianza para reportar los datos consolidados de la enfermedad.
O Globo, Folha de Sao Paulo, y otros portales de noticias recopilarán diariamente los datos de las 27 secretarías de salud llega como respuesta al desafío del gobierno de iniciar un recuento de las cifras oficiales de muertos, como un intento de “maquillar” los números, y a una falta de transparencia cada vez mayor en la presentación de los datos.
Brasil reportó ayer 849 nuevas muertes, y llegaron a 37.312 los fallecidos.
Sin presentar ninguna prueba, el gobierno alegó que los números de muertes están “inflados” y son “fantasiosos”, pese a que, desde el comienzo de la pandemia, especialistas en Salud han manifestado que las cifras están sensiblemente subnotificadas debido a la falta de testeos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio ayer un llamado de atención a las autoridades de Brasil al pedir que sostengan una comunicación “transparente” y “consistente” sobre la realidad de la pandemia.
(Corresponsal Marcelo Silva de Souza)
VOLVEMOS AL PANORAMA NACIONAL
La jueza María Elena Maynard no hizo lugar al pedido de extradición de Maya Cikurel, pareja del ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, hecho por el Ministerio Público de Panamá.
La jueza entendió que el pedido panameño carece de legitimación porque el pedido de extradición lo hicieron autoridades del Ministerio Público y no de la Justicia de ese país como establece el tratado correspondiente entre Uruguay y Panamá.
El abogado defensor de Cikurel es Gonzalo Fernández, quien era canciller uruguayo cuando se firmó el Tratado Bilateral de Extradición entre Uruguay y Panamá.
Cikurel, que está en libertad desde el 26 de mayo pero con retención de pasaporte y obligación de presentarse en seccional de Policía una vez por semana, fue detenida en febrero a la espera de que se defina el pedido de extradición por presunta implicancia en lavado de activos para coimas en el caso Odebrecht.
La jueza Maynard en su sentencia judicial de ayer aclara que no le corresponde hacer consideraciones sobre los delitos por los que se cursa la solicitud desde Panamá.
El fiscal del caso, Ricardo Lackner, dijo que la jueza hizo una interpretación “estricta” de la expresión “autoridades judiciales”, ya que en Uruguay a veces se habla de autoridades judiciales y eso incluye tanto a la Fiscalía como a los jueces.
Lackner manifestó en rueda de prensa que “el tema es cómo se interpretan los tratados internacionales”. Dijo que “la jueza se pronunció sobre este aspecto formal y no sobre los demás aspectos que estaban pendientes y que incluso eran más interesantes”.
El fiscal, que dispone de 15 días para apelar la sentencia, indicó que la analizará para ver la estrategia a seguir, en contacto con los fiscales de Panamá. Señaló también que, además de la apelación, podría haber otras formas de producir la extradición de la contadora uruguaya.
Lackner también remarcó, en referencia a la sentencia judicial de ayer, que la negativa de cooperación, cuando no está fundada en razones de una grave violación a los derechos humanos o de falta de garantías, “es una mala señal”.
El Senado votará hoy una nueva lista de venias remitidas por el Poder Ejecutivo para nombramientos de jerarcas en directorios de diferentes organismos del Estado.
Entre ellas están la del colorado Julio Luis Sanguinetti para vicepresidente de UTE y la del nacionalista Julio Silveira como vicepresidente de la Administración Nacional de Correos.
La Bancada de Diputados del Frente Amplio (FA) emitió ayer un comunicado sobre los hechos del pasado 2 de junio cuando el presidente de la Cámara, Martín Lema, intervino en la exposición de las diputadas frenteamplistas Verónica Mato y Susana Pereyra.
Según la bancada opositora, “la actitud del presidente de la Cámara fue inadecuada, y concretamente con lo sucedido hacia la diputada Mato, no fue sensible al planteo que se estaba haciendo. En su intervención, la diputada Mato estaba justamente señalando las dificultades existentes para que se prestase atención a las intervenciones de las mujeres en los ámbitos públicos y políticos", expresa el documento.
Según el FA, la diputada fue "cortada en el uso de la palabra" sin que hubiese utilizado, en ningún momento, "expresiones hirientes", sino que por el contrario, se encontraba denunciando una "situación grave" del país.
La bancada de izquierda sostiene que "no aceptará" que este tipo de hechos se reiteren y "bregará" por el fortalecimiento de la democracia y por el "trato igualitario" a quienes integran la cámara, sin importar del partido que representen, el sexo o cualquier otra condición.
Gerardo Sotelo, director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) confirmó ayer su renuncia a candidatearse a la Intendencia de Montevideo como suplente de la postulante de la coalición multicolor, Laura Raffo.
El experiodista escribió en Twitter: “Como ya ha trascendido, he tomado la decisión, en consulta con el Partido Independiente y Laura Raffo, de renunciar a la suplencia a la Intendencia de Montevideo. La ley no lo impide pero nos pareció que era inadecuado hacer campaña estando al frente de los medios públicos”.
Cuando Sotelo asumió como director del Secan, dos senadores de la Vertiente Artiguista lo denunciaron ante la Junta de Transparencia y Ética Pública por ser candidato y al mismo tiempo estar al frente de los medios públicos.
ECONOMÍA Y EMPRESA
La economía uruguaya caerá este año 3,7% y en 2021 tendrá un crecimiento de 4,6%, según el último informe del Banco Mundial, publicado ayer lunes.
Por otra parte, la institución crediticia sostiene que el continente registrará una caída de 7,2% en su producto y que la contracción mundial rondará el 5,2%.
Los registros se explican por el impacto de la pandemia del nuevo Coronavirus, sostiene el reporte.
“Sería la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial y, la primera vez desde 1870 en que tantas economías experimentarían una disminución del producto per cápita”, manifiesta el informe.
El Banco de Previsión Social (BPS) recibió en los primeros cuatro días de junio 31.048 solicitudes del subsidio por desempleo. De estas, 7.494 son solicitudes al régimen común y 23.554 al régimen especial parcial que se creó por el contexto actual de la emergencia sanitaria.
El organismo informó en la víspera que de las 7.494 solicitudes al régimen común, 4.802 son por suspensión de la actividad de la empresa contratante y que el resto consisten en despidos y en reducción de plantillas.
Si se discrimina por rama de actividad, donde hubo un mayor número de solicitudes fue en la industria manufacturera, con 2.252.
Le siguen transportes y almacenamientos, con 1.547 y, comercio, con 1.085.
Por otro lado, el BPS informó que desde el 1 al 4 de junio hubo 23.554 solicitudes para el régimen especial parcial. Más de la mitad fue por reducción del horario de trabajo y el resto fue por disminución de días de trabajo.
Al cierre de mayo se estima que unas 205.000 personas se encontraban en seguro de desempleo.
La demanda laboral sufrió una caída interanual del 58% en mayo, pero la variación mensual marcó un aumento del 57%, según el Monitor de Mercado Laboral de la consultora Advice, que analiza la publicación de llamados que realizan las empresas.
El mercado “parece que se comienza a recuperar luego de atravesar el peor mes de los últimos años”, en abril de 2020.
Hubo en mayo unas 30 propuestas laborales por día en promedio, un 56% por debajo de lo que fue el promedio de 2019.
De las solicitudes divulgadas en mayo predomina el área Comercial/Ventas, con el 19,6% del total; seguido de Construcción/Ingeniería, con el 15,6% y Administración/Finanzas, con el 13,2%.
Cayó el año pasado el consumo de carne, según el anuario estadístico publicado por el Instituto Nacional de la Carne (INAC).
Se registró un consumo de 87 kilos por habitante al año, unos 4,8 kilos menos que en 2018.
El descenso en la compra de la carne bovina explica la variación, mientras que fueron registrados guarismos similares en la adquisición de carne aviar y porcina.
Según el reporte del INAC, las variaciones acumuladas a diciembre de 2019 de precios al público en términos nominales mostraron una tendencia alcista para todas las carnes. De todos modos, el precio de la porcina fue el que creció por debajo del IPC de 8,8% del año pasado, indica el informe.
En el mercado local, el dólar comenzó la semana bajando 0,17%. El interbancario fondo se operó en promedio a $42,484.
El Banco Central de Uruguay (BCU) no intervino ayer en el mercado.
En lo que va de 2020, el dólar acumula una suba de 13,79%.
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $ 41,20 para la compra y $ 43,60 para la venta.
La divisa estadounidense bajó ayer en Brasil y cerró en R$ 4,933.
En Argentina, el dólar oficial subió ayer y finalizó en AR$ 69,08. Mientras tanto, el dólar paralelo (Blue) se mantuvo estable y cerró en AR$ 125,00
Por su parte, el Euro subió ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$ 1,1303.
OTRAS NOTICIAS
La Policía realizó allanamientos a exjerarcas, asesores jurídicos y funcionarios de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) debido a una denuncia que presentó el miércoles pasado la presidente de ese organismo, Mercedes Aramendia, ante la Fiscalía General de la Nación.
La jerarca acusó presuntos hechos ilícitos ocurridos el lunes 1º de junio, cuando un exfuncionario de la Ursec ingresó al edificio, aparentemente sustrajo documentación de la Secretaría General y fue captado por cámaras de video destruyendo papeles en una trituradora del propio local.
Las pruebas en poder de la Fiscalía, según El Observador, señalan que el funcionario ingresó a la oficina de la secretaría de Nicolás Cendoya, director del organismo en representación del Frente Amplio hasta hace pocos días.
Esta versión consigna que el denunciado es un funcionario del Poder Judicial que hasta el 13 de abril estuvo en pase en comisión en la Ursec, a pedido del anterior presidente del organismo, Gabriel Lombide, desempeñando diversas tareas, principalmente en la Secretaría General.
UTE tuvo que reparar ayer una subestación dañada por un incendio ocurrido en la noche del domingo, que dejó sin electricidad a vecinos de los barrios Brazo Oriental y Atahualpa.
La empresa comunicó que el siniestro “se produjo cuando personas presumiblemente en situación de calle forzaron la entrada de la subestación e ingresaron a la misma, encendiendo fuego dentro".
En su comunicado, "UTE advierte del grave peligro que implica ingresar a una subestación y exhorta a los vecinos a dar aviso al 08001930 o *1930 desde un celular si observan que alguien lo hace".
Foto: Javier Calvelo/ adhocFOTOS
