Por primera vez se superó ayer en Uruguay los mil tests diarios de diagnóstico de Covid-19. De los 1.006 que fueron procesados en la víspera, 13 dieron positivo.
Actualmente hay 185 personas contagiadas según el registro del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae); de ellas, 10 se encuentran en cuidados intensivos.
De los 670 casos confirmados como positivos desde el 13 de marzo, cuando se declaró la emergencia sanitaria, 486 pacientes se recuperaron y 17 fallecieron.
Los departamentos con casos confirmados bajaron a seis: Canelones, Colonia, Maldonado, Montevideo, Río Negro y Treinta y Tres.
La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) informó que todos los tests de diagnóstico hechos a pacientes y funcionarios de sus residenciales de ancianos dieron resultado negativo para el nuevo coronavirus Covid-19.
Del total de 1.184 personas a testear, entre residentes y funcionarios de los residenciales públicos, falta testear a 429 funcionarios, y también resta conocer el resultado de 32 tests ya realizados.
Los residenciales que ASSE viene analizando son Piñeyro del Campo; Centro Tarará, de Pando, y los hogares dependientes de los hospitales de Canelones, Flores y Salto.
Además, según El Observador, fueron realizados 300 tests a geriátricos que están en condiciones críticas y no dependen de la administración pública.
En este tipo de residenciales, ASSE se dividió la tarea con el Ministerio de Salud Pública (MSP).
El Poder Ejecutivo aumentará los controles en las ciudades fronterizas ante la elevada cantidad de casos de Covid-19 en Brasil.
El presidente Luis Lacalle Pou resolvió recorrer hoy una zona limítrofe en el departamento de Cerro Largo.
El jefe de Estado visitará puestos de monitoreo en Isidoro Noblía -donde hay un destacamento militar- y Aceguá, localidad de frontera seca con Brasil, que no tiene ninguna persona contagiada ni de un lado ni del otro de la línea divisoria.
Luego de reunirse ayer con autoridades de los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Salud Pública e Interior y de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), el secretario de Presidencia Álvaro Delgado dijo que el objetivo es trabajar preventivamente y dar garantías a la población”.
"El Presidente de la República instruyó a los ministros para que profundicen la presencia en la frontera. Se va a hacer un protocolo y se va a dar directrices claras a la población de las frontera entendiendo las particularidades de las ciudades binacionales. Se va a reforzar los paso de frontera más abajo de las zonas binacionales e incluso va a haber un control especial para los caminos secundarios que se utilizan como atajos para eludir los controles formales", dijo Delgado.
Delgado informó que el canciller Ernesto Talvi se comunicará con su colega de Brasil para poner especial atención en el tema de la situación sanitaria y profundizar los controles en la línea que separa a los dos países.
Por otro lado, el presidente Lacalle Pou instruyó al ministro de Salud Pública y al presidente de ASSE a recorrer los departamentos fronterizos para analizar la capacidad de respuesta sanitaria.
Delgado dijo que el gobierno está especialmente preocupado por el comienzo de la zafra de azúcar en Bella Unión a fin de mes. Esto implica el ingreso de unos 300 trabajadores brasileños por lo que se prevé realizar muestreos y aplicar medidas de seguridad sanitarias como el uso de tapabocas y de distanciamiento.
El Poder Ejecutivo y la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) acordaron un protocolo preventivo de coronavirus a ser aplicado cuando se retome la tarea presencial en las oficinas públicas.
Una de las pautas establece que si se detecta un caso positivo de Covid-19 en un lugar de trabajo, las oficinas involucradas deben ser cerradas de inmediato y desinfectadas; sólo podrán reabrir cuando el Ministerio de Salud Pública (MSP) lo habilite.
Para evitar "aglomeración de personas" habrá horarios rotativos y escalonamiento de las horas de entrada y salida de funcionarios.
En las oficinas se mantendrá dos metros de distancia entre las posiciones de trabajo; ventilación de los ambientes "al menos una vez por hora" y uso de tapaboca “todo el tiempo cuando el lugar se encuentre cerrado".
Dentro del ascensor no podrá haber más de dos personas juntas que, además, deberán usar tapaboca.
En los casos de oficinas que atienden al público, los funcionarios y el público deberán usar tapabocas de forma obligatoria.
El protocolo señala que "las dependencias procurarán organizar y profundizar en la mayor medida posible los trámites a distancia, sea vía telefónica, sitios web o correo electrónico, dando la mayor difusión pública de esta posibilidad".
Todos los funcionarios diagnosticados con covid-19 o que tengan certificado haber estado en contacto con algún caso deberán hacer cuarentena en el hogar hasta no contar con un diagnóstico. Lo mismo deberán hacer quienes hayan viajado a países de riesgo incluidos en la lista elaborada por el MSP y el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).
Las personas que tengan "síntomas relacionados con enfermedades respiratorias" también deberán quedarse en sus casas y no podrán reintegrarse hasta no tener un diagnóstico.
El instructivo acordado entre el gobierno y los sindicatos del Estado aclara que “se considerará licencia por enfermedad el período” en el funcionario “se encuentre en domicilio, hasta tanto no se confirme la ausencia de enfermedad".
La atención presencial en las oficinas de la Intendencia de Montevideo aún no se retomó por diferencias entre el sindicato y la administración sobre el protocolo para el reintegro de los funcionarios.
Las autoridades establecieron que el trabajador que tenga 37.5 grados de temperatura deberá volver a su casa con licencia médica, y sólo si se confirma que tiene Covid-19 no se le descontará nada del sueldo.
Adeom en cambio pretende que en ningún caso haya descuentos para los trabajadores que ingresen en licencia médica. El sindicato entiende que un trabajador puede ser enviado a su casa por presentar síntomas pero al realizarse el test de Covid-19, que puede demorar algunos días, existe la posibilidad de que el resultado sea negativo. El gremio rechaza que a ese funcionario se le descuenten esos días ya que dejó de ir a trabajar por decisión de la comuna.
La secretaria general de Adeom, Valeria Ripoll, explicó al informativo Subrayado que este punto trancó la firma del protocolo ayer.
"Lamentablemente la intendencia se cerró en el día de hoy a este punto. Nosotros íbamos a firmar a las dos de la tarde. Para nosotros la salud y la seguridad tanto de nuestros compañeros, como de la población es fundamental. Por eso llegamos a un acuerdo en este protocolo. Pero bueno, este punto es importante que esté contenido", dijo Ripoll.
Hasta ahora el sindicato y la administración acordaron la realización de controles aleatorios de temperatura a funcionarios y al público en general, el uso de tapaboca, un sistema rotativo de trabajo presencial y el mantenimiento del teletrabajo en las áreas que admitan la modalidad.
La “baja prevalencia” de Covid-19 en la población fue clave para que el gobierno comenzara a reactivar sectores de la actividad económica en el país.
Un documento de Presidencia de la República basado en un informe de un grupo de asesores científicos honorarios, del que informa hoy el diario La República, indica que ante “una aparente baja prevalencia del virus entre la población uruguaya es posible dar un paso más hacia el establecimiento de condiciones sociales y económicas más normales (“la nueva normalidad”) siempre en forma muy medida.
El documento refiere al estudio efectuado en el sector de la construcción y el muestreo de 434 casos, todos los cuales dieron negativo, sobre una población estimada de 8.300 personas.
El estudio, agrega el informe, se realizó en 27 obras de cierto porte, con personal ocupado superior a las 20 personas, en Montevideo, Canelones, Maldonado y Durazno (UPM).
La elección obedeció a que es en los tres primeros departamentos seleccionados (Montevideo, Canelones y Maldonado) en donde se concentra más del 95% de los casos de Covid-19 en Uruguay, entre otras razones.
INTERNACIONAL
En Estados Unidos el vicepresidente Mike Pence anunció que a fines de este mes se desmantelará el grupo de trabajo especial que creó la Casa Blanca para coordinar acciones contra la pandemia de Covid-19.
Pence dijo que en junio este equipo ya no será necesario.
Ayer el presidente Donald Trump viajó a Arizona y volvió a insistir con terminar las medidas de confinamiento. "No podemos mantener nuestra economía cerrada por los próximos cinco años", dijo al visitar una fábrica de mascarillas respiratorias..
Estados Unidos registró 2.333 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, más del doble que el día anterior, según informó la Universidad Johns Hopkins . El país también tiene el mayor número de casos diagnosticados de esa enfermedad, con más de 1,.200.000 registrados.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo ayer que era "demasiado pronto" para decir si será posible irse de vacaciones en este próximo verano y señaló que los viajes fuera de la Unión Europea serán "limitados".
Macron dijo que en la próxima temporada estival “nos quedaremos entre europeos”, aunque no descartó reducir aún más los vuelos dentro del continente en función de la evolución de la epidemia.
Desde hace varias semanas el gobierno desaconseja a los ciudadanos hacer planes para las vacaciones de verano de forma prematura.
Francia comenzará a levantar progresivamente el lunes las medidas de confinamiento, que están vigentes desde el 17 de marzo, pero los franceses no podrán desplazarse más allá de 100 kilómetros de sus domicilios.
Ecuador extenderá hasta el 15 de junio el estado de excepción declarado ante la pandemia, lo que le permite mantener medidas para el confinamiento de la población y un toque de queda de 15 horas, según anunció el presidente Lenín Moreno.
Durante el estado de excepción, el presidente tiene la facultad de suspender la libertad de reunión, disponer la censura previa en la información de medios de comunicación, trasladar la sede del gobierno, recaudar anticipadamente tributos y movilizar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, según la Constitución ecuatoriana.
Moreno decretó el estado de excepción el 16 de marzo, cuando también suspendió las clases y la jornada laboral, e impuso un toque de queda para contener el avance del coronavirus en el país, que deja cerca de 32.000 casos, incluidos más de 1.500 muertos.
OTRAS NOTICIAS INTERNACIONALES
En Estados Unidos el elegido del presidente Donald Trump para dirigir el servicio de inteligencia, John Ratcliffe, dijo que se centraría en China como la mayor amenaza que tiene su país, y aseguró que Pekín está decidido a tomar el lugar de superpotencia que ostenta Estados Unidos.
En una audiencia de confirmación en el Senado Ratcliffe dijo que "ve a China como el mayor actor de amenazas en este momento."Miren con respecto al COVID-19 y el papel que juega China, la carrera hacia el 5G, cuestiones de ciberseguridad: todos los caminos conducen a China", dijo al panel.
En su presentación, citó el impulso geopolítico que ha tomado China a través de su plan de infraestructura global (la "Iniciativa del cinturón y nueva Ruta de la Seda"), sus programas para adquirir rápidamente tecnologías estratégicas y su "iniciativa de fusión militar-civil", que mantiene al sector privado en línea con las prioridades del gobierno.
China puso en órbita ayer una nueva nave espacial, diseñada para llevar tripulantes a la futura estación espacial de ese país y también a la Luna.
La construcción de la estación china (CSS), denominada Tiangong ("Palacio celestial" en mandarín), debería comenzar este año gracias al nuevo cohete Larga Marcha 5B que fue lanzado ayer en una misión de prueba. El ensamblaje de la terminal debería finalizar en 2022.
En Alemania, el Tribunal Federal de Justicia opinó en una audiencia preliminar que la automotriz Volkswagen deberá reembolsar parcialmente a los particulares que compraron vehículos diesel con motores manipulados para sortear controles medioambientales, en un escándalo que involucró a la multinacional en 2015.
La corte suprema de Alemania, que examinaba este martes la demanda de indemnización presentada por decenas de miles de clientes del grupo de la industria automotriz, consideró durante una audiencia que la compra de un vehículo con un motor trucado podría conducir a un perjuicio, cuestionando así la defensa del fabricante.
En Brasil el Supremo Tribunal Federal (STF) autorizó ayer que se interrogue a tres ministros para investigar las acusaciones sobre interferencia en pesquisas policiales que el ex ministro de Justicia Sergio Moro realizó contra el presidente Jair Bolsonaro.
Bolsonaro y Moro protagonizan una confrontación pública desde el 24 de abril, cuando el exministro de la justicia, antes figura clave de la operación anticorrupción Lava Jato, presentó su renuncia argumentando que estaba defendiendo la autonomía de la Policía Federal.
Moro alegó que Bolsonaro destituyó sin "causas reales" al director general de la Policía Federal, Mauricio Valeixo, y que antes le había manifestado su interés de tener una persona de confianza en el cargo para establecer un enlace directo.
La fiscalía general ordenó una investigación y Moro fue convocado a testificar el sábado pasado en la sede de la Policía Federal en Curitiba (sur), donde ahora reside.
Su declaración, de más de ocho horas, fue filtrada por varios medios locales ayer. En el documento, Moro menciona a tres ministros como testigos y mediadores de la discusión con el presidente.
Moro afirma, según el texto, que Bolsonaro le relató "verbalmente en el palacio de Planalto que necesitaba personas de su confianza, para que pudiese interactuar, telefonear y obtener informes de inteligencia".
En el documento de diez páginas que trascendió este martes Moro también afirma que Bolsonaro quería decidir la jefatura de la Policía Federal en Río de Janeiro, estado donde él y su familia han hecho vida política y uno de sus hijos es objeto de una investigación.
En Paraguay unos 700.000 trabajadores salieron ayer por segundo día consecutivo de la cuarentena obligatoria.
El gobierno estableció una "cuarentena inteligente" con una primera fase que autoriza la reincorporación a sus labores de empleados del sector industria, obras civiles y algunos servicios.
Una segunda etapa se iniciará el 25 de mayo, cuando, entre otras actividades, se retome el deporte profesional "sin público". Los centros de compras recién serán habilitados el 15 de junio.
Las autoridades sanitarias dijeron que el 70% de los casos positivos provienen de las residencias habilitadas para los viajeros que retornan de otros países.
Pobladores de Encarnación (370 km al sureste de Asunción) salieron a protestar por la instalación de una de esas residencias en pleno centro de la ciudad.
En Ciudad del Este (350 km al este) se reportó la fuga de uno de los 100 viajeros en cuarentena provenientes de Brasil.
El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, reportó el martes 431 casos positivos. En Paraguay se registraron 10 muertos por la epidemia desde el primer caso positivo conocido el 7 de marzo.
Las ollas populares se volvieron costumbre en todos los centros urbanos del país para enfrentar el desempleo. La pandemia ya produjo 70.000 desocupados en 40 días, reveló el gremio de industriales.
El Gobierno destinó 1,6 millones de dólares para enfrentar la pandemia.
Por otra parte, altos funcionarios de gobierno renunciaron y son objeto de proceso por acusaciones de corrupción en la adquisición de tapabocas y de equipos médicos.
En Argentina, cuando parecía que ya nada podía empeorar la tensa relación entre el gobierno y los fondos acreedores, se produjo una filtración de un documento secreto que, para muchos en el mercado financiero, podría terminar por empujar al país hacia el default de su deuda de 66 mil millones de dólares.
Esta semana vence el plazo para que los acreedores respondan si aceptan un canje propuesto por el gobierno, que implica una fuerte pérdida de capital, porque supone que Argentina no pagará nada hasta el año 2023 y, a partir de allí, comenzará a pagar con una quita promedio de 62 por ciento.
Y, como los fondos de inversión que tienen la mayoría de los bonos argentinos habían emitido comunicados diciendo que la oferta era inaceptable, el gobierno los instó a realizar contrapropuestas.
La condición que puso es que esa contrapropuesta debía contemplar la situación de crisis financiera que atraviesa el país, de manera que el plan de pagos resultara políticamente sostenible.
Uno de los mayores acreedores, el fondo BlackRock, hizo su propuesta, supuestamente confidencial. Pero el ministro de economía, Martín Guzmán, la publicó en la página web del ministerio.
Quedó en evidencia la dureza de este acreedor, ya que prácticamente mantiene incambiados los términos del actual cronograma, salvo por el hecho de un alivio parcial de intereses en tres años, que luego debe ser compensado.
La filtración intencional causó revuelo en el mercado, donde se consideró el gesto como una virtual ruptura de las negociaciones.
Algunos también lo interpretaron como un intento de aislar a este inversor y acercarse a los bonistas que se han mostrado más flexibles. Pero lo cierto es que BlackRock tiene en su poder hasta 25 por ciento de algunas series de bonos, y eso lo pone en la posición de bloquear un acuerdo si el gobierno lo quisiera dejar afuera.
A esta altura, la posibilidad de que Argentina caiga otra vez en default, que antes era considerada como de baja probabilidad, ya es barajada como algo factible. Y de hecho, el propio Alberto Fernández ha insinuado que preferiría incurrir en el impago antes que firmar un mal acuerdo.
(Corresponsal Fernando Gutiérrez)
VOLVEMOS AL PANORAMA NACIONAL
A nivel sindical se afirma que el director de los medios de comunicación del Estado, Gerardo Sotelo, reconoció que su comunicado de la semana pasada produjo “confusión”.
La mesa directiva del Sindicato Único de Trabajadores de las Radios del Estado (Sutre) expresó el lunes, mediante comunicado del que informa La Diaria, que tras una reunión con autoridades del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), su director, Gerardo Sotelo, admitió que la carta que había dirigido a los coordinadores periodísticos de Televisión Nacional de Uruguay y Radio Uruguay generaba “confusión”.
Según el gremio, Sotelo confesó que la generalización que hizo respecto de la parcialidad de trabajadores de medios públicos “no es justa”, por lo que se comprometió a aclarar ambos puntos en sus próximas apariciones públicas.
El sindicato rechaza que se “vincule” el trabajo de los periodistas de las radios del Estado con “cualquier aparato de propaganda política” e invita a quien así lo asegure a “verificar esta afirmación a través de los archivos formales de las emisoras”.
El gremio solicita que se aclare el rol que tendrá el coordinador periodístico del Secan, Jorge Gatti, en la “producción de los contenidos periodísticos de RNU”.
El Fiscal de Corte Jorge Díaz y el comisionado parlamentario para las cárceles Juan Miguel Petit objetaron ayer la duplicación de cinco a 10 años en las penas a menores infractores y la limitación de la semilibertad para estudio y trabajo, dos cambios contenidos en el proyecto de ley de urgente consideración.
Díaz, Petit y la Institución Nacional de Derechos Humanos fueron recibidos ayer por la comisión especial del Senado que estudia el texto.
Las tres partes invitadas observaron, según El País, que esos cambios terminan haciendo que la norma sea más severa para los menores, más severa que para los adultos.
La Institución de Derechos Humanos cuestionó, además, el artículo de la legítima defensa y las penas establecidas para el delito de agravio a la autoridad policial.
El Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) dio posesión de sus cargo a las nuevas autoridades del Consejo de Formación en Educación.
Asumió como Directora General la doctora Patricia Viera.
Algunos de los objetivos planteados por la jerarquía entrante fueron consolidar el carácter universitario en la formación de maestros y profesores, introducir modificaciones en la currícula y mejorar la calidad docente.
Todos los senadores del Frente Amplio afirmaron que los dichos del presidente Lacalle Pou el lunes de que el gobierno cuenta con una agenda pro vida de desestímulo a los abortos, “ponen en duda la promoción del cumplimiento de la normativa vigente en materia de interrupción voluntaria del embarazo”.
Un comunicado de los legisladores de izquierda expresa que lo manifestado por el mandatario “atenta contra los cometidos que impulsaron la promulgación de la normativa vigente y la implementación de una política de salud pública que ha demostrado ser exitosa y garantista de los derechos humanos de las mujeres”.
La Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria (Sumefac) afirmó mediante comunicado que el mensaje pro vida del presidente es un “discurso vacío” en un momento de crisis en el que las mujeres y, niños y niñas, son los principales afectados.
El texto expresó que “antes de 2011” estábamos “acostumbrados a ver” en los hospitales del Uruguay, “mujeres pobres” que morían “por las complicaciones en abortos clandestinos”.
Estos médicos señalaron que en “el mundo, entre un ocho y un 11% de las muertes maternas son causadas por abortos realizados en condiciones de riesgo según datos de 2018 y, estas muertes se dan principalmente en los países con políticas más restrictivas con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo”.
Las palabras de Lacalle Pou sobre su agenda pro vida fueron respaldadas por el arzobispo católico de Montevideo.
El cardenal Daniel Sturla consideró, mediante mensaje en Twitter, que la afirmación del presidente es “un avance significativo en el camino de la defensa de la vida humana más débil”.
ECONOMÍA Y EMPRESA
El Índice de Precios al Consumo (IPC) aumentó 2% en abril, lo que llevó la inflación de 12 meses a 10,86 %, un nivel de dos dígitos que se dio por primera vez desde julio de 2016.
El sector que tuvo una mayor incidencia en el crecimiento del IPC fue “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, que se fortaleció un 4,44%. Dentro del grupo, las legumbres y hortalizas fueron las que registraron una variación superior, con un ajuste al alza de 9,97%.
La segunda categoría que mayor incidencia tuvo en la variación del IPC fue “Vivienda”, que subió 4,43% y cuya principal causa tiene el ajuste de tarifas dispuesto por el gobierno para la electricidad, el agua corriente y el gas por cañería.
Finalmente, el rubro “Comunicaciones” tuvo un incremento de 5,84% y su principal variante fue el incremento de la tarifa de los servicios de Antel.
La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la IATA, indicó ayer que el riesgo de contraer covid-19 en un avión es bajo y que no habrá necesidad de dejar la mitad de los asientos vacíos una vez que la actividad de las aerolíneas se reanude.
El organismo apoya el uso de mascarillas, tanto por los pasajeros como por la tripulación pero no está de acuerdo con las medidas de distanciamiento físico que imponen, por ejemplo, dejar el asiento central vacío en una hilera de tres.
Dejar esas butacas vacías provocaría "dramáticos aumentos de los costos", destacó la IATA en un comunicado, advirtiendo que en caso de mantenerse esas medidas las compañías aéreas podrían quebrar, pues no lograrían resarcirse de los problemas financieros provocados por la pandemia.
En el mercado local, el dólar bajó ayer 0,49 %. El interbancario fondo se operó en promedio a $42,536.
El Banco Central de Uruguay (BCU) no intervino ayer en el mercado.
En lo que va del año, el dólar lleva una suba acumulada de 13,93% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2019).
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $ 41,50 para la compra y $ 43,70 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense bajó y cerró en R$ 5,535.
En tanto, en Argentina, el dólar oficial subió y se situó en AR$ 67,00 mientras que el paralelo (o Blue) se mantuvo estable y cotizó en AR$ 120,00.
El Euro bajó ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$ 1,0852.
OTRAS NOTICIAS
La cantidad de homicidios en marzo y abril, desde que asumió el nuevo gobierno, mostró un aumento de 15,38 % respecto al mismo período del año anterior, según datos del Ministerio del Interior que hoy cita La Diaria.
La nota periodística señala que marzo y abril de 2019 hubo 52 homicidios, mientras que en esos mismos meses de este año en curso, la cifra ascendió a 60.
Los barrios con más casos en Montevideo fueron Casavalle, La Paloma-Tomkinson, Nuevo París, Punta de Rieles, Bella Italia, Villa García y Manga rural, todos con cuatro homicidios.
Si la comparación se hace tomando en cuenta los primero cuatro meses del año, en lo que va de 2020 hubo 120 homicidios registrados por el MI, es decir, 10,1% más que los 109 producidos en igual período de 2019.
Charles Carrera, senador del Frente Amplio, dijo al diario La República que “mientras en América Latina los delitos bajaron a consecuencia del Covid-19 y las medidas de confinamiento social, en Uruguay la baja no siguió la tendencia regional y -en el caso de los homicidios- marca un preocupante incremento”.
El ex ministro del Interior Eduardo Bonomi dijo días atrás al informativo Telemundo que no les sorprendieron las cifras que marcan el aumento de delitos, porque ha sido cambiada “la forma de patrullar los barrios donde más se producen los homicidios”.
Un delincuente, revólver en mano, redujo anoche a una mujer y pidió que le abrieran un local de cobranzas que está dentro de una panadería en La Teja (Carlos María Ramírez y Celestino Bauzá) de donde se llevó unos $500.000.
Según Montevideo Portal, los dueños del local acataron y el rapiñero se fue del lugar con el dinero y caminando.
Foto: Kits diagnósticos de Covid-19. Crédito: Daniel Hirschfeld / Instituto Pasteur
