Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
El diputado Álvaro Perrone (Cabildo Abierto) le planteó a varios legisladores del oficialismo que se postergue la fecha prevista para la votación del proyecto de ley de reforma del sistema de la seguridad social, y retomar recién su tratamiento luego que la cámara baja analice y apruebe la Rendición de Cuentas que ingresará a mediados de año.
En diálogo con El País, el legislador aseguró que los consensos están "cada vez más lejos" de alcanzarse, por lo que sería bueno diferir su definición hasta tanto se vote el mensaje presupuestal, algo que, señaló, para su partido resulta fundamental.
Según precisó, la idea es estudiar en forma detenida el proyecto y que cada partido pueda seguir recabando información y hacer las consultas del caso luego de que la comisión reciba a todas las delegaciones que aspiran a ser escuchadas. “Se trata de tener más tiempo para tomar decisiones. Si apretamos esa decisión antes de la Rendición de Cuentas, tal vez la decisión no sea la correcta”, dijo.
Cabildo Abierto ha planteado una batería de modificaciones a la reforma y dejó la puerta abierta a no votar el proyecto si esos reclamos no se contemplan. Los liderados por Guido Manini Ríos plantean su resistencia en el "corazón" del proyecto y reclaman acotar la cantidad de años de trabajo que se tomarán en cuenta para calcular la tasa de reemplazo. Hoy se toman los diez últimos o los 20 mejores pero la reforma plantea elevarlo a 25 años. Los cabildantes proponen fijarla en 15 años.
También piden incluir más excepciones al incremento a 65 años como edad mínima de retiro, la exclusión de la Caja Notarial en la reforma. Se oponen además a la posibilidad de que las AFAP puedan invertir sus fondos en el exterior del país. Cabildo puso además dos reparos de índole constitucional. Uno de ellos está referido a la creación de la nueva Agencia Reguladora de la Seguridad Social. El otro es el artículo 78 del proyecto, que le otorga al Poder Ejecutivo de turno la potestad de realizar una "adecuación paramétrica".
La Rendición de Cuentas ingresará al Parlamento antes del 30 de junio, De cumplirse lo reclamado por Cabildo, la discusión de la reforma jubilatoria en la Cámara de Diputados sería suspendida en julio y retomada a fines de agosto, plazos habituales para el trámite en esa cámara del mensaje presupuestal .
La coalición de gobierno pidió ayer unos días más de plazo para responder si apoya el pedido del Frente Amplio de contratar a una consultora independiente para realizar una evaluación “imparcial” de los efectos de la reforma jubilatoria, fundamentalmente en lo que tiene que ver con las futuras pasividades.
El planteo, adelantado ayer por El País, fue fundamentado en los informes opuestos que el Poder Ejecutivo y entidades como el Pit-Cnt han presentado sobre los impactos que tendrá la reforma proyectada en las pasividades una vez puesta en práctica.
El diputado frenteamplista Gustavo Olmos fundamentó ayer el pedido en rueda de prensa ante las “distintas versiones” que se tienen sobre el tema.
“El gobierno dice básicamente que habrá un aumento generalizado y dice un día sí y otro también que nadie va a perder. En cambio, el Instituto Cuesta-Duarte y el CINVE tienen otra lectura, y dicen que hay sectores de bajos ingresos en los que puede haber una mejora y que todos los demás perderán. Especialmente las capas medidas”. Cuando le planteamos esto al doctor Saldain, dice que el PIT tiene un sesgo y que el CINVE tiene otra metodología, pero no explicita las diferencias”.
Olmos apuntó que esa asesoría independiente determinaría los supuestos en los que se basaron los distintos trabajos y en base a ello los legisladores podrían tomar una decisión.
OTROS TEMAS QUE SE DESTACAN EN EL PANORAMA NACIONAL
Adrián Peña dio por cerrada ayer la polémica sobre su título universitario, explicó por qué renunció al ministerio de Ambiente a pesar de que tenía la “convicción” de haber aprobado toda la carrera y explicó por qué, pese al ofrecimiento del presidente Luis Lacalle Pou, no retornará a su cargo.
El exministro se presentó ayer en conferencia de prensa ante la “necesidad de comunicar” el último capítulo en torno a su formación profesional, luego de que El País difundiera que, finalmente, no le faltaba ninguna materia para tramitar el título de licenciado en Administración de Empresas.
Peña dijo que a fines de enero dejó el ministerio porque, si bien “creía tener la carrera aprobada”, la Universidad Católica – donde estudió- le había informado que aún debía un curso de Simulación de Gestión que duraba seis días. Dijo que ante esa situación, “por una cuestión moral y de principios”, decidió presentar la dimisión.
Agregó que la “convicción” de haber realizado el seminario en cuestión se ahondó con el correr de los días a partir del testimonio de excompañeros de clase.
“Con la ayuda de ellos pude ubicar el semestre en que había realizado la materia: el segundo semestre de 2005. Entonces, pude identificar y encontrar al docente de la materia”.
Peña agregó que en los últimos días se había inscripto para realizar ese curso, que empezaba el 6 de marzo, y cuando fue a hablar con el actual profesor de la materia, este le dijo que “se dio cuenta” de que él “conocía la materia”, y fue “tanto el nivel de detalle” que el exministro le dio que el profesor le expresó: “Te animo a que ubiques al profesor del momento”.
Peña señaló que logró ubicarlo, pese a que ya no trabaja en la Universidad Católica, y gracias a él pudo conseguir “un mail en el que el profesor se dirige a la Universidad” y lo “referencia como alumno”.
“Con esos elementos, me presenté en la universidad, y solicité nuevamente el estudio de la ficha, y en particular la búsqueda del acta correspondiente. El rector ordenó ubicar el acta en los archivos de la universidad. Apareció y confirmó lo que yo sentía, lo que mis compañeros pensaban y lo que había atestiguado el profesor: la había salvado, y con muy bueno. Por tanto, ese curso que tenía pendiente, no era tal”, subrayó.
Agregó que la institución le entregó el lunes la currícula actualizada, con la constancia que dice que tiene “todos los cursos aprobados” y, por tanto, que su título “está en trámite, en proceso de validación e impresión”.
Peña adjudicó la situación a “cuestiones de tipo administrativo” y que para él, lo importante es haber podido demostrar que tenía la carrera culminada y que “efectivamente”, es licenciado.
Sobre la posibilidad de volver al Ministerio de Ambiente, a la que el presidente Luis Lacalle Pou le dio el visto bueno, Peña dijo que no porque “es una etapa cerrada”.
Ayer la Universidad Católica emitió un comunicado en el que explicó por qué en la escolaridad de Peña no figuraba un curso al que sí había asistido. Según señaló la institución, el exministro cursó la asignatura en el año 2005 sin inscribirse en el sistema de autogestión de estudiantes y luego nunca regularizó la situación ante la secretaría de su facultad.
Fue por eso, afirmó la universidad, que la aprobación del seminario no figuraba en actas ni en sus sistemas informáticos.
La Católica señaló que la participación de Peña en el curso, su aprobación y asistencia quedaron reflejadas en la Libreta del Curso del profesor, que se conserva en los archivos de la universidad.
También destacó que “hasta el 17 de febrero de 2023, Peña nunca manifestó a las personas correspondientes de la universidad haber realizado, en el año 2005, el curso Seminario Especial: Simulación de Gestión. Recién en esa fecha hizo saber su inquietud y aportó información al respecto. Con estos datos (semestre, año y profesor de la asignatura), la universidad pudo revisar sus archivos físicos y reconstruir la situación”.
El presidente Luis Lacalle Pou definió la historia del título de Peña como propia de un “guión de una película de humor negro” y consideró “increíble” todo lo sucedido.
Lacalle, que fue consultado en rueda de prensa en Soriano al participar en los actos oficiales por un nuevo aniversario del Grito de Asencio, insistió en que, a raíz de las nuevas revelaciones, Peña “razonablemente podría volver a ocupar el ministerio”.
El presidente optó por valorar el factor “humano” de todo este episodio.
“Después de todos estos días que hemos vivido, este malentendido termina con que tenía el título. Es increíble que en este país una persona que termina una carrera – con una investigación periodística – no se sepa si se tiene el título o no”.
INTERNACIONALES
El ejército de Ucrania admitió ayer una situación "extremadamente tensa" en Bajmut, que las tropas rusas buscan tomar desde hace semanas.
La ciudad se ha convertido en un símbolo de la lucha por el control de la región industrial del Donbás, en el este del país.
"La situación en los alrededores de Bajmut es extremadamente tensa", reconoció el ejército. "El enemigo ha enviado al ataque a las unidades mejor preparadas, que intentan romper la defensa de nuestras tropas y rodear la ciudad", añadió.
El jefe del grupo Wagner, Yevgueny Prigozhin, anunció el sábado la captura del pueblo de Yahidne, situado en la periferia norte de Bajmut. En enero ya habían caído otras dos localidades del norte.
En las últimas semanas, las fuerzas rusas han avanzado lentamente hacia la ciudad de Bajmut, que contaba con unos 70.000 habitantes antes de la invasión el 24 de febrero de 2022.
Los rusos lograron cortar tres de las cuatro carreteras de suministro ucraniano y la ciudad ha quedado en gran parte destruida por los combates y los bombardeos.
El Parlamento de Finlandia empezó ayer a discutir el ingreso a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), aunque todavía no dispone de la luz verde necesaria de Turquía y Hungría.
El proyecto de ley será votado hoy, sin esperar el aval de esos países, pendiente tanto para Finlandia como para la vecina Suecia.
La deliberación de los 200 diputados del Poder Legislativo coincide con la visita a Finlandia del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, para reuniones con los principales dirigentes del país nórdico.
28 de los 30 miembros de la OTAN ratificaron la entrada de los dos países nórdicos, pero falta todavía Hungría, conocida por sus posiciones más ambiguas hacia Moscú, y Turquía, que busca resolver viejos litigios con Suecia, principalmente por los militantes kurdos refugiados en ese país.
Dentro de Finlandia, el ingreso a la OTAN cuenta con el respaldo casi unánime de los partidos políticos, incluso de aquellos que eran contrarios a la alianza antes del inicio de la invasión rusa de Ucrania.
La aprobación de la ley no significa que el país entrará automáticamente a la alianza militar una vez obtenga la ratificación de Hungría y Turquía, pero sí establece que el gobierno contará con tres meses para conseguir el ingreso.
En Grecia, al menos 36 personas murieron y 85 resultaron heridas debido al choque entre un tren de pasajeros y un convoy de mercancías.
Según los medios del país, se trata del "peor accidente ferroviario que Grecia ha conocido jamás".
El portavoz de los bomberos griegos informó que tres vagones del tren de mercancías descarrilaron, obstaculizando las vías de otro tren, que transportaba a 350 pasajeros.
Unos 150 bomberos, además de 40 ambulancias, fueron movilizados al lugar del siniestro. También acudieron al lugar mecánicos y grúas para intentar retirar los escombros y levantar los vehículos volcados.
Las autoridades indicaron anoche que la mayoría de los pasajeros fueron rescatados, mientras continuaban las tareas para liberar a personas atrapadas. Añadieron que el número de heridos y muertos puede ser elevado.
En Perú, la Fiscalía informó ayer que solicitó 36 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo, por una investigación penal en su contra abierta antes del intento de autogolpe de Estado que culminó con su prisión.
El exmandatario está detenido desde el 7 de diciembre, acusado de rebelión, por lo que ya está en reclusión preventiva por 18 meses desde ese entonces.
En este segundo caso se trata de una investigación penal por presunta corrupción durante su gobierno, en la que está acusado de organización criminal, colusión y tráfico de influencias.
La fiscalía pidió prisión preventiva por 36 meses para Castillo y dos de sus exministros, mientras indaga si el expresidente dirigía una red de corrupción de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político.
Este es un caso que también investiga el Congreso, que hace dos semanas aprobó una resolución legislativa que acusaba a Castillo por ser "el presunto autor de los delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias y colusión". En la acusación estaban también los mismos exministros mencionados ahora por la fiscalía.
La agencia nuclear de la ONU confirmó que se detectó en Irán uranio enriquecido al 83,7%, apenas por debajo del 90% requerido para fabricar una bomba atómica.
Las partículas enriquecidas a ese nivel se detectaron en muestras recogidas en enero, precisó el Organismo Internacional de la Energía Atómica, que no aclaró si ese nivel se alcanzó de forma accidental o voluntaria.
El OIEA pidió "aclaraciones" al gobierno iraní e informó que "las conversaciones prosiguen" para determinar el origen de esas partículas.
Irán, que niega cualquier intención de dotarse del arma nuclear, indicó en una carta al OIEA que la eventual presencia de ese tipo de partículas pudo deberse a "fluctuaciones involuntarias" durante el proceso de enriquecimiento.
El gobierno iraní desmintió la semana pasada haber enriquecido uranio a más de 60% y aseguró que pretender lo contrario constituye "una distorsión de los hechos".
En Nigeria, los principales partidos de la oposición pidieron cancelar y repetir las elecciones presidenciales del sábado pasado, que dieron la victoria al oficialismo.
La Comisión Electoral Nacional informó ayer que el candidato del partido gubernamental, Bola Tinubu, venció con 8,8 millones de votos frente a los 6,9 millones de su principal rival. Estaban habilitadas para votar 87 millones de personas.
Para declarar su victoria definitiva, debe confirmarse que el primero haya obtenido más de 25% de los votos en al menos 24 de los 36 estados nigerianos y en la capital federal, lo que se da por descontado.
Adelantándose a ello, los principales partidos de la oposición pidieron ayer que las elecciones sean canceladas y repetidas, acusando de fraude a la Comisión Electoral.
En particular, señalaron que el domingo, cuando se estaba haciendo el escrutinio, la comisión argumentó que hubo "problemas técnicos" que impidieron completarlo hasta ayer, martes. Los opositores acusan a los integrantes de la comisión de haber manipulado los resultados durante el supuesto problema técnico.
Chile deberá modificar la legislación referente al delito de injurias por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ayer concluyó que se violó la libertad de pensamiento y expresión de un abogado ambientalista al sentenciarlo por este delito en 2004.
La resolución del tribunal de la Organización de Estados Americanos estableció "la responsabilidad internacional del Estado de Chile por la violación a la libertad de pensamiento y expresión como resultado del proceso penal y la condena impuesta por el delito de injuria grave". La corte también encontró responsable al Estado por la violación del principio de legalidad y la protección judicial.
El caso se remonta a 2004, cuando el abogado ambientalista Carlos Baraona Bray fue condenado por "injurias graves" a 300 días de prisión suspendida y el pago de una multa. Baraona había dicho que el senador Sergio Páez había ejercido presiones e influido para que las autoridades llevaran a cabo la tala ilícita de un árbol milenario que se conservaba en Chile.
De acuerdo a la resolución de la corte, la legislación chilena con respecto al delito de injurias no cumple con el requisito de estricta legalidad penal ni respeta el derecho a la libertad de expresión. Por lo tanto, se ordena a Chile modificar esa legislación, así como a indemnizar a Baraona con el pago de los costos del proceso, daños materiales e inmateriales, por un total de 20.000 dólares.
En Brasil, el Supremo Tribunal Federal concedió ayer la libertad condicional a 102 acusados de estar involucrados en la asonada del 8 de enero contra las sedes de gobierno.
Durante los hechos del 8 de enero y en los días posteriores fueron detenidas 1.418 personas, de las cuales 516 ya habían recibido la libertad condicional antes de la decisión de ayer. Con la nueva resolución, permanecen en prisión unas 800 personas, acusadas de diversos delitos que van desde amenazas y atentados contra la democracia hasta destrucción del patrimonio público.
El juez Alexandre de Moraes, que lleva adelante la causa, concedió ayer la libertad condicional a 102 acusados de delitos menores, que deberán cumplir con medidas cautelares, como el uso de tobillera electrónica y prisión domiciliaria. Entre las medidas figura también la prohibición de comunicarse mediante redes sociales, medio que habrían utilizado para cometer o instigar delitos.
Las investigaciones en torno a los hechos del 8 de enero están todavía en manos de la Policía Federal, que sigue buscando quiénes financiaron los actos antidemocráticos y quiénes fueron sus responsables políticos, policiales o militares.
En Argentina, el presidente Alberto Fernández dará hoy su mensaje al Congreso, en el inicio del año legislativo. Y será el último mensaje de su mandato, por lo que se espera que haga una evaluación general de su gestión y que tal vez dé señales sobre si mantiene sus aspiraciones reeleccionistas.
Por lo pronto, llamó la atención que en los últimos días aparecieron pegatinas con carteles con la consigna “Alberto 2023”.
Y todo esto no hace más que exacerbar la atención sobre las señales que haya en la sesión del Congreso, porque la ceremonia implica que Cristina Kirchner, como presidente del Senado, debe recibirlo en la puerta, acompañarlo en una revista militar, llevarlo a la firma del libro de actas y finalmente sentarse a su lado durante todo el discurso.
Esto implica que la atención política está puesta sobre los gestos de Cristina, que es experta en enviar señales políticas sin necesidad de hablar. Así que las miradas van a estar centradas en si recibe al presidente con frialdad o con cordialidad, y las expresiones que vaya teniendo a lo largo del discurso.
Ya el año pasado el 1° de marzo había sido tenso, porque Alberto Fernández defendió la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un tema con el que Cristina discrepaba. En esa oportunidad, el hijo de Cristina, el diputado Máximo Kirchner, estuvo ausente en señal de protesta.
Y, en medio del discurso, se retiró la bancada macrista, a modo de protesta porque el presidente había dicho que impulsaría una denuncia judicial contra quienes habían firmado el acuerdo original con el FMI durante el gobierno de Macri.
Este año, existen altas probabilidades de que la historia se repita. Los legisladores opositores ya avisaron que ante cualquier frase que consideren ofensiva o que falta a la realidad, se levantarán y se retirarán.
Como ya es parte del folclore político argentino, es probable también que los opositores exhiban carteles en sus bancas, con alguna consigna crítica hacia el gobierno. El año pasado, por ejemplo, habían colocado banderas de Ucrania, a modo de protesta por el acercamiento que el presidente había tenido con Vladimir Putin.
Pero, en realidad, lo que más llama la atención este año no es tanto el intercambio de críticas entre el presidente y la oposición, sino la situación interna de la coalición gubernamental. Lo cierto es que el presidente hablará para un auditorio peronista que no parece muy motivado a aplaudirlo. De hecho, en los últimos días se han sumado declaraciones de voceros de Cristina Kirchner con reclamos de que Alberto desista expresamente de su pretensión reeleccionista.
Y un tema clave en el discurso de mañana será la alusión que todos los años el presidente hace a la situación del poder judicial. Este año, Cristina está condenada en una causa por corrupción, y el kirchnerismo quiere instalar la idea de que esa sentencia equivale a una proscripción política.
Alberto Fernández no está de acuerdo con esa postura. De manera que el kirchnerismo lo está presionando para que diga explícitamente que Cristina está proscripta. Si en su discurso de hoy no menciona esa palabra, entonces la relación entre el presidente y la vice entrará en una etapa de mucho mayor hostilidad que la vista hasta ahora.
(Corresponsal: Fernando Gutiérrez)
VOLVEMOS AL PANORAMA NACIONAL
El Estado uruguayo perdió un juicio internacional sobre un aspecto lateral del litigio en torno al fallido proyecto minero Aratirí. La Corte de Apelaciones de París le dio ayer la razón a la familia india Agarwal en todos sus planteos.
El resultado, consignado hoy por El Observador, abre la posibilidad de que los demandantes inicien otro proceso de arbitraje internacional sobre el fondo del asunto, en el que reclaman una indemnización de US$ 3.536 millones.
Uruguay, en tanto, alega que “brindó todo su apoyo” al proyecto y sostiene que el fracaso obedeció al “colapso” de los precios del hierro después de 2011, lo que generó que “perdiera rentabilidad y financiación”.
La Corte de Apelaciones de París dio la razón a la familia Agarwal—Ritika Mehta (née Agarwal), Prenay Agarwal y Vinita Agarwal—al fallar que el tribunal que intervino en el arbitraje en Estados Unidos se equivocó cuando declinó jurisdicción sobre sus reclamos. La sentencia de ayer anuló aquel laudo.
El empresario indio Pramod Agarwal declaró a El Observador este martes: "Lamentablemente, si no tenemos más remedio, iremos por otro arbitraje". "Tenemos un caso fuerte. Afortunadamente la Corte de París anuló la decisión del tribunal arbitral así que, corregido esto, esperamos que se haga justicia".
Además de darle la razón a la familia Agarwal en todos sus planteos, la corte condenó a Uruguay a pagar los costos del proceso por unos 150.000 euros.
El gobierno podrá apelar la sentencia ante la Corte de Casación francesa (equivalente a la Suprema Corte en la justicia uruguaya). Francia fue la jurisdicción para plantear el reclamo porque en 2018 –cuando se inició la demanda ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya– ambas partes establecieron que París fuera la sede en caso de apelaciones.
Según el fallo, el arbitraje – rechazado en primera instancia por un tribunal de Washington – no procedía solamente para proyectos que fueran anteriores al origen de la disputa, sino también para los posteriores, como el que adquirieron los demandantes a partir del 2016 cuando cambió la forma del fidecomiso creado a esos efectos. Tanto en el arbitraje como en el proceso de nulidad en París, Uruguay sostuvo que los demandantes no eran inversores en el momento relevante y que habían cometido un abuso cuando modificaron el fideicomiso en 2016. Los jueces parisinos decidieron que esa alegación no tenía sentido.
Además, el Estado argumentó que los Agarwal no tenían una inversión protegida porque solamente obtuvieron activos de sus padres a través del fideicomiso, y el Tratado requiere que se “realice” activamente una inversión. Los jueces reconocieron que algunos tratados exigen este requisito pero que no es el caso del Tratado entre el Reino Unido y Uruguay.
Otro argumento que la Corte de Apelaciones de París desestimó es que fuera necesario, según el tratado, que los inversores fueran de nacionalidad británica al momento de la inversión. Uruguay alegó que uno de los demandantes no lo era y que lo fue después. Los jueces entendieron que esto era irrelevante y que no constituía abuso.
La Corte de París entendió que el tratado sí aplica a inversiones “indirectas”, aunque Uruguay sostuvo que las inversiones no estaban localizadas en el país sino en las Islas Caimán y tampoco calificaban para protección de la norma.
Por último, rechazaron el argumento de Uruguay de que los demandantes debían haber recurrido a los tribunales uruguayos antes que al arbitraje de inversión, porque alegó que no es una cuestión de jurisdicción del tribunal arbitral.
La fiscal Grabiela Fossati le transmitió ayer al sociólogo Gustavo Leal que está en calidad de indagado ante un supuesto delito de “encubrimiento”.
Según publica hoy El País, Leal tendría información sobre un supuesto ilícito y por eso viajó hasta Barra do Chui para reunirse con el padre del excustodio presidencial Alejandro Astesiano.
El Observador apunta que Leal está indagado por encubrimiento en la causa vinculada a las gestiones para el otorgamiento en forma ilegal de pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos. En ese sentido, fuentes al tanto de la indagatoria señalaron a ese matutino que la reunión entre Leal y los padres del excustodio presidencial es una evidencia más dentro de la carpeta investigativa.
El abogado del exjerarca frenteamplista, Diego Camaño, dijo que la fiscal no respondió el escrito que presentaron el 22 de febrero pidiendo que se les aclarara cuáles eran los hechos por los que Leal estaba siendo investigado, tal como establece el literal C del artículo 64 del Código de Proceso Penal.
Camaño informó que tras rechazar el pedido de archivo, la fiscal Fossati intentó indagar a Leal, pero la defensa se opuso por considerar que no estaban dadas las condiciones. “Cualquier imputado tiene derecho a conocer cuáles son los cargos que se le formulan […] invocar un delito no es suficiente, el requisito es decir concretamente cuáles son los hechos que está investigando el fiscal”, agregó.
Fossatti defendió ayer su decisión de llegar a un acuerdo abreviado con Alejandro Astesiano y aseguró que llevar a juicio al excustodio presidencial podría haber sido una manera de “cosificarlo” y “usado como herramienta o instrumento para dar un mensaje”.
En una entrevista con VTV la fiscal fundamentó su decisión y realizó una valoración sobre el imputado.
“En lo personal, creo que Astesiano no es el monstruo ni la persona que hay que seleccionar para ser el ejemplo para transmitir lo que es peor en el Uruguay. Es una persona que se equivocó muchas veces: por eso es que se le atribuyeron muchos delitos, cuatro y tres continuados. Es una persona que aprovechó un lugar en el que estaba, es una persona que estaba siempre ávido para recibir una propuesta que le implicara un beneficio. Prometía mucho que no pensaba cumplir, prometía otras cosas que sí pensaba cumplir”.
Según Fossati, “hay tintas de literaturas jurídicas sobre que tenemos que ser muy cuidadosos en el respeto y en el manejo de las personas que están sometidas a procesos penales”
El secretariado ejecutivo del Frente Amplio respaldó al presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, ante la denuncia por difamación e injurias presentada contra él por la fiscal Gabriela Fossati.
En una declaración aprobada ayer, el secretariado afirmó que la denuncia es “injusta e infundada”.
“El Frente Amplio, no solo comparte, sino que hace propias cada una de las palabras, expresiones y valoraciones realizadas públicamente por el Presidente de nuestra fuerza política y que llevaron a la fiscal Fossati a presentar una denuncia infundada”, expresa el documento.
En el comunicado también se menciona que “resulta preocupante” que Fossati “haya hecho foco” en este hecho en vez del caso Astesiano y que es “imprescindible” que “las investigaciones lleguen a fondo a fin de esclarecer los hechos de apariencia delictiva de público conocimiento que aún no han sido investigados y requieren un trabajo profesional y garantista por parte de la Fiscalía a cargo”.
Ayer aquí En Perspectiva, Pereira dijo que todavía no conocía en cuál de sus declaraciones sobre la actuación de la Dra. Fossati él podría haber cometido el delito de difamación e injurias.
“¿Dónde difamo a la fiscal? ¿Ha explicado por qué pasó a Gustavo Leal de condición de testigo a indagado? No. ¿Ha explicado por qué lo citó por tener una reunión personal que en Uruguay no está prohibido? No. Cuando subvertimos el orden y creemos que la fiscalía se puede meter en la vida política de un país, el problema no es de Fernando Pereira, ni de Grille, ni de los twitteros, el problema es de la libertad de expresión, de la libertad democrática, de la acción de los partidos políticos. Si usted me hubiera dicho yo la insulté, la descalifiqué personalmente… pero escuché todas las entrevistas sobre el tema y no encontré una frase hiriente sobre la fiscal”.
La denuncia será investigada por el fiscal de Flagrancia de 12º turno, Fernando Romano. Además de Pereira, Fossati también denunció por el mismo delito al director de la revista Caras y Caretas, Alberto Grille, y a tres usuarios de redes sociales.
El precio del gasoil 50S bajará dos pesos a partir de hoy, mientras que la nafta Super 95 se mantendrá en su precio actual.
Así lo comunicó ayer el Ministerio de Industria. De esta forma, el precio máximo de venta al público del gasoil 50S será $ 56,99 por litro a partir de marzo, mientras que la nafta Súper 95 continuará a $ 71,89 como precio máximo al público.
El Ministerio de Industria destacó que con esta nueva baja, el precio del gasoil acumula una reducción de más de 12% desde junio.
El supergás, por su parte, se mantendrá sin cambios.
A tres años de su inicio la gestión del presidente Luis Lacalle Pou es aprobada por el 43% de la ciudadanía y no aprobada por el 29%. El 27%, en tanto, no la considera ni buena ni mala.
Así lo indicó una encuesta de la consultora Opción difundida ayer por Telenoche.
Con respecto al trimestre finalizado en noviembre el porcentaje de aprobación baja un punto y el de desaprobación baja dos puntos.
Analizando las respuestas según el voto en la elección de octubre de 2019, de quienes acompañaron a la coalición multicolor, el 73% califica como "muy buena/buena" la actuación del gobierno, un 21% "ni buena ni mala" y un 6% como "mala/muy mala".
El panorama es el opuesto si se tienen en cuenta solo a quienes votaron al Frente Amplio. Solo el 9% valoró positivamente al gobierno, un 30% pertenecieron a la opción de "ni buena ni mala" y un 60% opinó que la actuación ha sido "mala/muy mala".
Ante la consulta de que es lo que más le gustó de la gestión, un 31% de los encuestados dijeron que nada, un 7% "gestión/mejoras económicas" y otro 7% "liderazgo/transparencia", mientras que un 6% destacó las "políticas/ayudas sociales", un 5% el "manejo de la pandemia" y el mismo porcentaje señaló la "buena gestión en general"
La "corrupción/caso Astesiano" acaparó el 24% de lo señalado como lo que menos gustó de lo que hizo el gobierno. Lo siguió un 19% que criticó las "políticas económicas (precios/ingresos)", un 8% la "gestión en seguridad".
Un 6% "aprueba todo".
Otra encuesta difundida ayer indicó que, si las elecciones nacionales fueran hoy, el Frente Amplio obtendría el 44% de los votos, el Partido Nacional recibiría el 26%, en tanto que los colorados cosecharían 6% y Cabildo Abierto 4%.
En este caso el estudio fue de Equipos y difundido por Subrayado a partir de un análisis realizado en diciembre, siendo proporcionado por dirigentes políticos que encargaron la muestra.
Según los resultados el nivel de indecisos se sitúa en el 16%.
En términos de bloques políticos, la “coalición multicolor” suma 34% entre todos sus partidos, diez puntos menos que la oposición frenteamplista , en su nivel más alto de la serie posterior a las últimas elecciones nacionales.
En Artigas el intendente Pablo Caram resolvió apartar de su cargo de secretario general a su primo Rodolfo Caram, a raíz de la polémica por las horas extras pagadas a su pareja. De todas formas, el desplazado pasará a estar al frente de la Dirección de Desarrollo Productivo de la comuna.
En las últimas horas trascendió un nuevo recibo de sueldo de la mujer, que indica que en noviembre se le computaron 209 horas extras y 39 horas trabajadas en feriados. Por este concepto cobró un total de $ 89 mil, más otros $ 19 mil por los feriados.
Otro recibo conocido previamente señala que la mujer – que renunció a su puesto de funcionaria – había realizado supuestamente en diciembre 196 horas extras y 53 horas trabajadas en feriados, por un total de $ 120 mil.
ECONOMÍA Y EMPRESAS
En enero, la tasa de desempleo se situó en 8,5% de la población económicamente activa (PEA), por lo que aumentó más de medio punto porcentual respecto al mes anterior y más de un punto respecto al mismo mes del año pasado.
Según la estimación del INE, esto implica que casi 157.000 trabajadores están desocupados.
El incremento en ese número se explica principalmente por una mayor salida a buscar empleo por parte de las personas. Esto se ve reflejado en la tasa de actividad, que se situó en 62,9% de la PEA y aumentó casi un punto y medio respecto a diciembre.
En tanto, la tasa de empleo, que refleja los puestos de trabajo que demandaron las empresas- se ubicó en enero en 57,5%, lo que significó una baja de dos décimas respecto al mes anterior.
El poder de compra de los trabajadores aumentó en enero 3,54% en relación al mes anterior, según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En el primer mes del año se dieron los incrementos salariales que se ven reflejados en esos números.
En el caso del sector privado, el crecimiento del salario real fue de 1,99%, mientras que en el sector público fue de 6,35%.
Si se compara este último dato global en relación al de enero de 2022, el crecimiento real de los salarios es de 2,4%.
Según el economista Nicolás Cichevski, “quitando factores estacionales e irregulares, el salario real de los trabajadores se ubica cerca de 1,5% por debajo de febrero de 2020 y 2,5% por debajo del máximo alcanzado en julio de 2019”.
En el mercado local, el dólar bajó 0,37%. El interbancario fondo se operó en promedio a $38,893 .
En el mes de febrero el dólar subió 0,54%.
En lo que va del año 2023, el dólar lleva una baja acumulada de 2,94% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2022)
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $37,80 para la compra y $40,20 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense subió y se ubicó en R$5,207. En el mes de febrero, subió 2,58%.
En tanto, en Argentina, el dólar oficial subió ayer y se situó en AR$ 197,15. En el mes de febrero, aumentó 6,21%. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) bajó y cotizó en AR$ 375,00. En el mes, disminuyó 2,84%.
El Euro bajó ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$ 1,0593.
CERRAMOS CON OTRAS NOTICIAS
La Asociación de Defensores Públicos del Uruguay se declaró ayer en conflicto, alegando que la Suprema Corte de Justicia no cubrió 18 nuevos cargos indispensables que habían sido aprobados en la última Rendición de Cuentas, pese al “serio problema de falta de recursos humanos, sobrecarga de trabajo y deficiencia en la atención”.
La gremial denunció que no se están cubriendo vacantes de defensores de oficio, procuradores ni administrativos, además de existir una demora en los concursos de ingreso que están pendientes desde 2021.
La asociación dice tener que atender más de 200 mil asuntos por año con una dotación de unos 300 profesionales.
De acuerdo a las pruebas recabadas hasta el momento por la Policía el caso de hombre que apareció calcinado en su auto en el departamento de Salto resultó ser un suicidio.
Hasta el momento la hipótesis que se venía siguiendo era la de un homicidio, pero el aporte de testigos e imágenes de cámaras de videovigilancia descartaron esa posibilidad.
Fuentes de Fiscalía señalaron a El País que el hombre salió de su casa y manejó hasta el otro lado de la ciudad, hacia las Cuevas de San Antonio. Allí estacionó su auto a la vera de un árbol y se prendió fuego.
Antes fue visto por cámaras de vigilancia y comerciantes comprando en una estación de servicio botellas de combustible. Estas fueron encontradas sobre el predio donde el auto apareció en llamas, que fueron mitigadas por Bomberos.
No existe en las imágenes prueba de que otra persona se acercara al auto o tuviera contacto con el fallecido. Además, en su núcleo familiar, según se supo, manejó su voluntad de quitarse la vida.
Se trataba de un hombre de 72 años, que trabajaba como pistero en una estación de servicio. Según explicaron sus familiares a El País, el hombre fue diagnosticado con una enfermedad terminal y esto habría llevado a la fatídica decisión.
DEPORTES
River Plate y Peñarol se enfrentarán el próximo martes en busca de un lugar en la zona de grupos de la Copa Sudamericana 2023, luego de haber terminado el pasado el Campeonato Uruguayo en puestos de preclasificación.
El encuentro abrirá la serie que le otorgará el boleto a uno de los dos equipos uruguayos para jugar este certamen, que también espera por el ganador de Defensor Sporting y Danubio.
Darseneros y aurinegros jugarán el partido a las 21:00 en el Campus de Maldonado, que cuenta con una capacidad para 22.000 espectadores.
