Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
Con los votos del oficialismo el Senado completó ayer la aprobación parlamentaria de la ley que dispone que las organizaciones gremiales deben contar con personería jurídica.
El texto, que fue ratificado luego de un largo proceso de discusión, crea un Registro de Organizaciones de Trabajadores y Empleadores, que estará a cargo del Ministerio de Trabajo. A partir de su entrada en vigencia, aquellas organizaciones que no tengan personería perderán, entre otras cosas, el derecho a que se retenga a su favor la cuota mensual de sus afiliados.
En el Partido Nacional, el senador Sebastián Da Silva defendió la aprobación de la ley.
“Estamos de acuerdo en reglamentar la personería jurídica, sobre todo de los sindicatos, que hoy en muchas circunstancias carecen de representatividad. El movimiento sindical uruguayo es muy respetado y a su vez tiene beneficios de que cualquier organización sindical cuente con el respaldo de centenares de personas que están ocupando escritorios importantes en la calle Jackson. Lo importante es que la gente sepa que no hay dos Uruguay”.
El proyecto no fue votado por el Frente Amplio. El senador Daniel Caggiani explicó la negativa de la oposición.
“Interviene en la organización de los sindicatos y de las organizaciones empresariales, que básicamente siempre ha tenido un principio de autorregulación, sin grandes problemas de funcionamiento. Más del 90% de los sindicatos hoy tienen personería jurídica. Tiene una intención de intervenir un poco más en los sindicatos. Solo en la dictadura se hizo esto. Sin duda no es lo que corresponde a una democracia plena”.
El proyecto, que obtuvo media sanción en Diputados a fines de 2021, había quedado detenido ante la intención de Cabildo Abierto de incorporarle dos disposiciones, que los otros socios de la coalición no estaban dispuestos a acompañar: que la elección de autoridades de cada sindicato o gremial se realizara por voto secreto, y que las empresas no estuvieran obligadas a ser agentes de retención de la cuota sindical de sus empleados.
Sigue dilatándose la definición del proyecto de reforma previsional. El Partido Colorado ratificó ayer que “no están dadas las condiciones” para su aprobación y solicitó una semana más de prórroga para definir su postura a partir de los cambios negociados entre el Poder Ejecutivo y Cabildo Abierto. Para el presidente Luis Lacalle Pou lo acordado “es mucho mejor que nada”.
El primer mandatario realizó ayer estos breves comentarios a la prensa al participar en la inauguración de las reformas en la sede regional de la compañía Sabre, en Zonamérica.
Citado por Canal 5, Lacalle Pou consideró justos los reclamos del Partido Colorado pero enfatizó que todos los partidos de la coalición tenían conocimiento de las conversaciones del fin de semana con Cabildo Abierto. El presidente apuntó además que si los colorados presentan propuestas de modificación al proyecto serán analizadas, pero aclaró que esos ajustes no podrán afectar el “núcleo” de la reforma.
La comisión especial que analiza el tema en la Cámara de Diputados debía sesionar este jueves para comenzar a analizar el articulado. Pero los colorados, que ayer discutieron la situación en la bancada bicameral, pidieron una semana más de plazo, hasta el jueves 20, para seguir estudiando las últimas modificaciones.
El diputado Conrado Rodríguez, de Batllistas, dio a conocer ese planteo en conferencia de prensa, donde subrayó que el acuerdo con Cabildo Abierto no fue discutido con la coalición de gobierno. Sobre todo, puso énfasis en la baja de 25 años a los mejores 20 de trabajo para calcular la tasa de reemplazo de las futuras jubilaciones.
“Tenemos algunos cálculos que nos dan que son 300 millones de dólares por año lo que se necesitaría poner y que es una erogación muy importante que hay que tener en cuenta a la hora de la discusión. Vamos a pedir un nuevo cuarto intermedio en la comisión especial porque entendemos que en estos momentos no están dadas las condiciones para poder avanzar en la votación”.
Rodríguez consideró que el período de 25 años fue definido siempre por el Poder Ejecutivo como uno de los “pilares” del proyecto de reforma que no podían ser modificados. Pero, apuntó, como terminó modificándose, los colorados consideran que la negociación volvió a abrirse.
El diputado confirmó la voluntad de su partido de acompañar el proyecto pero siempre cuidando la sustentabilidad de la futura ley previsional.
El senador Guido Manini Ríos defendió las “mejoras” incorporadas al proyecto y apuntó contra algunos de sus socios en la coalición de gobierno al señalar que los que dicen que su partido no cumplió con el acuerdo de votar la reforma “faltan a la verdad”.
El senador Manini utilizó ayer su audición en Radio Oriental para defender la postura de Cabildo Abierto en torno al proyecto. Allí recordó que su fuerza política había dejado “bien en claro” desde octubre, cuando el texto comenzó a ser negociado, que iba a buscar modificaciones.
“Eso es exactamente lo que hicimos. Lo que dijimos en octubre, fue lo que hicimos en todo este período hasta el día de hoy. Quienes quieren sembrar la idea de que Cabildo faltó a una palabra empeñada están realmente faltando a la verdad. Está claramente registrado que desde el primer día nos propusimos establecerle mejoras al proyecto”.
Manini sostuvo que esas mejoras fueron propuestas con un “sentido de responsabilidad” y aseguró que su objetivo era que la coalición contara con “herramientas” y no tuviera “flancos expuestos” a la hora de defender una ley que, anticipó, una vez aprobada será objeto de una campaña “sumamente agresiva” por parte de sus detractores, similar a la que hubo contra la ley de Urgente Consideración.
El general retirado afirmó que el nuevo cálculo en los haberes jubilatorios “mejorará el promedio” de las futuras pasividades y dijo esperar que el proyecto se apruebe a la brevedad.
Otro proyecto que se demora en la Cámara de Diputados es el que establece la “tenencia compartida”, cuya votación fue aplazada a instancias del Partido Nacional. En este caso fue Cabildo Abierto quien acusó a sus socios de “faltar a la palabra empeñada”.
El proyecto sigue sin tener el respaldo necesario para ser aprobado y por eso los blancos optaron por diferir su definición, que desde días atrás estaba prevista para este martes.
Al tratarse la prórroga en sala, el diputado cabildante Álvaro Perrone expresó su molestia por la decisión y reclamó el cumplimiento del acuerdo interpartidario previo.
“En tiempos donde se reclama el compromiso y la palabra en la política nosotros reclamamos el compromiso y la política y decíamos que este proyecto se tenía que tratar hoy, tal como se había informado públicamente”.
Estos y otros proyectos que se debaten en la coalición suponen para el Frente Amplio una “agenda de retroceso” contra la que la oposición accionará si retorna al gobierno en 2025.
La Mesa Política Nacional del Frente Amplio analizó ayer su posicionamiento ante lo que definió como una serie de “proyectos de ley negativos y regresivos para la sociedad”. Allí el titular de la fuerza política, Fernando Pereira, apuntó en primer lugar contra el proyecto de tenencia compartida.
“Todos estamos de acuerdo con la corresponsabilidad. Lo que no estamos de acuerdo es como dice Unicef, el Instituto de Derechos Humanos y Serpaj, que este proyecto pone a nuestros niños y niñas en manos de violentos. Eso es lo que el FA considera una agenda de retroceso”.
El Frente Amplio, afirmó su presidente, tiene el compromiso de derogar esta ley si resulta aprobada y si la coalición de izquierda es gobierno en 2025.
Pereira también cuestionó el proyecto de reforma del sistema jubilatorio. Dijo que, a esta altura, nadie en la coalición de gobierno sabe en qué consiste y “van cambiando las fechas en base a acuerdos”. También criticó que la oposición no esté informada de ninguna de esas negociaciones.
Allí recordó que uno de los seis “compromisos” programáticos que semanas atrás presentó el Frente Amplio propone convocar a un “diálogo social” para generar una “nueva” reforma de la seguridad social.
El 1 de Julio el Frente Amplio celebrará un congreso nacional en el que se definirán las bases programáticas hacia la próxima campaña electoral.
INTERNACIONALES
La inteligencia estadounidense tiene serias preocupaciones sobre la viabilidad de una próxima contraofensiva de Ucrania frente a las fuerzas rusas, debido a problemas con el entrenamiento y los suministros.
La información se desprende de documentos altamente confidenciales cuya filtración y difusión en la web provocó una investigación en la justicia penal luego de que fueran recogidos en medios como el diario The New York Times.
El Pentágono subrayó que esa fuga de reportes secretos representa un riesgo "muy grave" para la seguridad nacional.
Hace tiempo se prevé que Ucrania lance un contraataque contra tropas rusas en la zona este del país en la primavera boreal. Pero, según los documentos, las fuertes defensas rusas y "las persistentes deficiencias ucranianas en el entrenamiento y el suministro de municiones probablemente dificultarán el progreso y exacerbarán las bajas durante la ofensiva", según publicó el The Washington Post.
Un archivo revisado por la AFP, marcado como "secreto", detalla el estado terrible de las defensas aéreas ucranianas, que han sido fundamentales para protegerse contra los ataques rusos y evitar que las fuerzas de Moscú obtuvieran hasta ahora el control de los cielos.
En Italia, el gobierno decretó el estado de emergencia por seis meses ante lo que definió como un aumento "excepcional" del flujo de migrantes que llegan al país a través del mar Mediterráneo.
Según cifras oficiales, en las costas italianas desembarcaron más de 3.000 personas solo en los últimos tres días, mientras decenas de embarcaciones se dirigen al país en plena mejoría de las condiciones climáticas.
El ministro de Protección Civil y Política Marítima, Nello Musumeci, aseguró que la llegada de migrantes registra, en lo que va del año, "un aumento de 300%" en comparación con el mismo período del año pasado.
Agregó que el estado de emergencia, aprobado a solicitud suya y de otro ministro, "no soluciona el problema" porque "la solución pasa únicamente por una intervención consciente y responsable de la Unión Europea".
En la práctica, la declaración del estado de emergencia permite que el gobierno italiano apruebe un presupuesto extraordinario para resolver la situación. También implica un aumento de las estructuras habilitadas para retener a los migrantes que no tengan derecho a permanecer en Italia y vayan a ser repatriados.
China llevará a cabo una "evaluación de seguridad" de las herramientas de inteligencia artificial, en medio del intento de los gigantes de internet de ese país para diseñar instrumentos similares al ChatGPT.
Pekin está muy atenta al desarrollo del robot conversacional ChatGPT, surgido en Estados Unidos. Si bien el sistema no está disponible en China, los gigantes tecnológicos de ese país compiten por diseñar herramientas equivalentes.
El gobierno de Xi Jinping quiere regular la llamada inteligencia artificial generativa, que está en pleno auge. Antes de ponerse a la venta, los productos que utilicen esta tecnología tendrán que "someterse a una inspección de seguridad", según un proyecto de reglamento publicado el martes por la Administración del Ciberespacio de China.
La entidad reguladora, que somete su texto a los comentarios del público antes de aprobarlo, no especifica cuándo entrará en vigor la normativa.
Los contenidos generados por la inteligencia artificial deben" reflejar los valores socialistas fundamentales y no incluir contenidos relacionados con la subversión del poder del Estado", dice, entre otras cosas, el proyecto de reglamento.
Su objetivo es garantizar "el desarrollo sano y la aplicación estándar de la tecnología de inteligencia artificial generativa", según el organismo.
En México, la fiscalía informó ayer que dos directivos del Instituto Nacional de Migración están bajo investigación penal por "omisiones" en el caso de la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez.
Según las autoridades mexicanas, el incendio en Ciudad Juárez se originó cuando un migrante incendió un colchón en la celda donde permanecía junto con otros 67 hombres, en medio de una protesta por una posible deportación. Imágenes de una cámara de seguridad mostraron que una vez desatado el incendio, ni el personal de migración ni el de seguridad hicieron algo por evacuar a los migrantes.
La fiscalía indicó en un comunicado que se procedió penalmente contra dos directivos del Instituto Nacional de Migración que incurrieron en presuntas conductas delictivas al "incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo". La prensa mexicana sostuvo que se trata de Francisco Garduño, director del instituto desde 2019, y Antonio González Guerrero, comisionado del instituto en Chihuahua, estado al que pertenece Ciudad Juárez.
Se les atribuye "un patrón de irresponsabilidad y de omisiones" que "ha sido el causante" del incendio en el centro de detención de Ciudad Juárez en marzo, así como en otro incidente "semejante" registrado en 2020 en Tabasco, que dejó una persona muerta y 14 lesionados.
En Ecuador, nueve personas fueron asesinadas ayer por decenas de atacantes armados que llegaron en lanchas y automóviles a un puerto de pescadores artesanales.
Videos difundidos en redes sociales muestran a la población sacando cuerpos del agua mientras otros cadáveres ensangrentados yacen en el suelo de Esmeraldas, capital de la provincia de mismo nombre, ubicada a unos 300 kilómetros al norte de Quito y fronteriza con Colombia.
El ataque ocurrió en la tarde, cuando más de 1.500 personas se encontraban en el puerto de esta localidad.
Se desconoce la identidad de los fallecidos, aunque medios locales indican que la mayoría eran pescadores.
De acuerdo con el gobierno, el ataque se produjo porque los pescadores "prefirieron la seguridad" de una de las bandas organizadas y por eso, "en represalia", un grupo rival abrió fuego.
La Armada ecuatoriana anunció en Twitter un despliegue de efectivos para "intensificar las operaciones militares por aire, mar y tierra" y "localizar" a los responsables.
Estados Unidos prevé aumentar las sanciones para impedir el acceso de los traficantes de fentanilo a su sistema financiero y "liderar" un esfuerzo global contra este flagelo, según una hoja de ruta anunciada ayer por la Casa Blanca.
Al menos 107.735 estadounidenses murieron entre agosto de 2021 y agosto de 2022 por intoxicación por drogas, el 66% de ellos por opioides sintéticos como el fentanilo, producido sobre todo por los cárteles mexicanos.
Estos opioides "presentan una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública y la salud pública", afirma la Casa Blanca en un comunicado que detalla el plan del presidente, Joe Biden. El texto señala que Washington "está construyendo una coalición global" contra las drogas sintéticas ilícitas que estará destinada a desarrollar soluciones e impulsar acciones.
Proteger más el sistema financiero nacional es otra de sus prioridades. Como los narcotraficantes necesitan fondos para las cadenas de suministro, el gobierno prevé aumentar "las medidas de rendición de cuentas, incluidas las sanciones financieras, contra objetivos clave" para obstruirles el acceso al sistema financiero.
El plan prevé asimismo trabajar con el sector privado a nivel mundial, por ejemplo con los transportistas usados a veces por los narcotraficantes para sus fines, y reforzar el intercambio de información entre las agencias de inteligencia y las fuerzas de seguridad.
Para apoyar esta estrategia, el presidente Biden ha pedido al Congreso que solvente las lagunas legales en la lucha contra la crisis de opiáceos y una inversión histórica de 46.100 millones de dólares para las agencias del Programa Nacional de Control de Drogas.
En Chile, el Congreso aprobó ayer una ley que reduce la semana laboral de 45 a 40 horas, que será implementada gradualmente en los próximos cinco años.
Chile será junto a Ecuador y Venezuela el tercer país de América Latina con una carga laboral de 40 horas semanales, frente a las 48 que rigen, por ejemplo, en Uruguay, Argentina, Bolivia y Colombia. En cambio, Brasil, El Salvador y Guatemala, tienen una semana laboral de entre 42 y 45 horas semanales.
El presidente, Gabriel Boric, celebró la medida en su cuenta en Twitter: "Tras muchos años sumando apoyo y dialogando, hoy por fin podemos celebrar la aprobación de este proyecto que reduce la jornada laboral, un proyecto profamilia que apunta al buen vivir de todas y todos".
La nueva ley, que ahora debe ser promulgada por Boric, se implementará de forma gradual. En el plazo de un año la jornada será de 44 horas, disminuirá a 42 horas en el tercer año de aplicación y a 40 horas luego de cinco años.
Según la normativa, los empleadores no podrán recortar las remuneraciones de los trabajadores y, por otra parte, ambas partes podrán negociar una semana de cuatro días de trabajo y tres días de descanso.
En Brasil, tres alumnos resultaron heridos ayer en el tercer ataque en una semana contra un centro educativo, en este caso perpetrado en una escuela por un estudiante de 13 años.
Un alumno de una escuela pública del estado de Goiás arrojó un petardo en un aula, esperó a que sus compañeros salieran al pasillo por el estruendo y comenzó a arremeter contra ellos con un cuchillo. Hirió a tres estudiantes, que están "fuera de peligro", según la policía, que no detalló la edad de las víctimas.
El atacante persiguió luego a una profesora, que se encerró en un aula. Finalmente, fue reducido por un empleado de limpieza y entregado a las autoridades.
"El alumno que promovió el ataque no tiene historial de violencia", informó la policía.
En la casa del menor la policía encontró "materiales y anotaciones que demostraban que estaba planificando" el ataque hacía tiempo, dijo la policía.
Es el segundo ataque en 24 horas en Brasil: el lunes un adolescente agredió a cuchillazos a una profesora y dos alumnos de una escuela privada, en Manaus, capital de Amazonas. Según la prensa local, sufrieron "heridas superficiales".
Estos hechos se produjeron después de que el miércoles pasado cuatro niños de entre 4 y 7 años fueran asesinados en una escuela de Santa Catarina, cuando un hombre irrumpió en una guardería y los atacó con un hacha.
Muchas pulseadas en la Argentina de estos días. En la economía, los productores agropecuarios están en una puja con la industria exportadora, respecto del precio interno de la soja.
Y esto pone en riesgo la última carta del gobierno para acelerar la entrada de dólares y evitar una turbulencia financiera en plena campaña electoral. Los primeros días del llamado “dólar agro” no han tenido el volumen de ventas que el gobierno esperaba, de manera que ahora ya hay quienes ponen en duda que se puedan juntar en un mes y medio los 9 mil millones de dólares que proyectó el ministro Sergio Massa.
El problema de fondo es que los productores siguen considerando que el precio que se les ofrece en el mercado interno, de unos 355 dólares, es demasiado bajo para un año en el que la campaña se vio resentida por la sequía.
Y, del otro lado las industrias aceiteras y las grandes compañías exportadoras se muestran poco dispuestas a mejorar el precio porque afirman que no lo podrán compensar en el mercado internacional y terminarán operando a pérdida.
Mientras tanto, un documento del Fondo Monetario Internacional afirmó que el peso argentino se está sobrevaluando, lo que implica una presión política adicional sobre el gobierno para acelerar el ritmo de la tasa devaluatoria.
Y mientras el ministro Massa intenta contrarrestar esas presiones en la reunión de ministros del FMI, que se reúne en Washington, la campaña electoral está levantando temperatura.
Pero la pelea más fuerte en este momento no se está dando en la interna peronista, sino en la de la oposición. El sector que simpatiza con el ex presidente Mauricio Macri consideró una declaración de guerra una medida que tomó el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sobre el calendario electoral.
La medida, a primera vista, puede parecer una cuestión técnica menor: supone la división de la votación nacional y la de la ciudad, en dos comicios por separado, con la excusa de que en la Ciudad debutará el nuevo sistema de la boleta electrónica.
Pero en el macrismo no lo consideran así, creen que el motivo de fondo para esa medida es limitar las chances electorales de Jorge Macri, el primo hermano de Mauricio, que se postula como nuevo intendente porteño.
Y Rodríguez Larreta, que está aliado con la Unión Cívica Radical, hizo esta separación de votaciones como forma de mejorar la posibilidad electoral de Martín Lousteau, de la UCR, que aparece como el principal contendiente interno de los Macri.
Es decir, en el fondo, se está discutiendo si Buenos Aires va a seguir siendo un bastión del PRO o si volverá a estar en manos de la UCR después de 24 años.
Pero no sólo eso: los analistas políticos interpretaron que Rodríguez Larreta quiso enviar un mensaje contundente al electorado en el sentido de que quiere mantener la independencia respecto de Macri y que, en caso de ser electo presidente, no sufrirá los condicionamientos que hoy vive Alberto Fernández por parte de Cristina Kirchner.
(Corresponsal: Fernando Gutiérrez)
VOLVEMOS AL PANORAMA NACIONAL
La militante nacionalista Romina Celeste Papasso ratificó ayer en fiscalía sus acusaciones contra el senador Gustavo Penadés, al que señala por haberla explotado sexualmente cuando era menor de edad y aún se reconocía como varón.
Papasso es representada por el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, y relató ante la fiscal Alicia Ghione sus acusaciones.
“Tiene que renunciar Penadés, lo tiene que hacer renunciar. Eso, pero seguro”, afirmó a la salida de la Fiscalía.
Su abogada,Soledad Suárez, manifestó conformidad con el trabajo que viene realizando la fiscal en el caso. En la audiencia, dijo, Romina aportó y contó todo lo vivido. "Lo hizo con total claridad, respetándose sus derechos y sus tiempos. El trabajo de Fiscalía está siendo muy diligente. Ahora, hay que concentrarse en la investigación", indicó la letrada.
Suárez catalogó la audiencia como "el derecho de acceso a la justicia de la víctima" y destacó el profesionalismo de la Fiscalía. "Es importante que llegue el mensaje a otras posibles víctimas que existan" y puso a su disposición al equipo del Consultorio Jurídico de Udelar.
Romina Celeste expresó tranquilidad a la salida de la Fiscalía y afirmó: "Miedo, no existe esa palabra para mí". Remarcó su militancia blanca. "Yo voy a ser siempre parte del Partido Nacional y a mí no me importa lo que digan", aseguró. "Yo soy blanca y soy blanca a muerte, eso lo tengo bien claro", agregó.
La abogada del Consultorio Jurídico indicó que han tenido "consultas" de presuntas víctimas, pero que no han podido avanzar en el tema. Romina acotó sobre esto y afirmó que "hay mucho más de lo que creen. Hay mucho más que no lo quieren decir". La militante dijo que "se acercaron y se van a acercar más" víctimas. "Nadie tiene miedo a decir nada y yo estoy con ellos", remarcó.
La Intendencia de Montevideo anunció ayer una inversión de US$ 2,5 millones que permitirá el recambio de la red lumínica en 44 avenidas de la ciudad a través de la colocación de 14 mil luminarias led.
El proyecto, para el que se abrirá una licitación, incluye la ampliación de la red en calles barriales, espacios públicos y asentamientos, donde según la intendenta Carolina Cosse se iluminarán 4.300 puntos que hasta ahora carecían de iluminación.
Su ubicación será definida a través de los consejos vecinales. La financiación de la compra se solventará con el ahorro generado por la eficiencia de la tecnología led.
Cosse anunció que este año los parques Baroffio, Rivera, el sector infantil del Parque Rodó, el Prado y el Jardín Botánico también contarán con nueva iluminación.
ECONOMÍA Y EMPRESAS
Luego de que el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, celebrara la proporción de mercado que tiene la compañía y los resultados de la empresa, que el año pasado dio ganancias por U$S 246 millones, el director de la telefónica en representación del Frente Amplio, Daniel Larrosa, relativizó esos números y apuntó contra la gestión estratégica que se viene llevando a cabo.
En un informe, que hoy publica La Diaria, Larrosa señala que los ingresos operativos de Antel en 2022 sufrieron “una caída en términos reales de 3,9% en comparación con 2021”. Indicó además que, si se analizan “las principales líneas de negocios (que constituyen en su conjunto el 98% de sus ingresos), todas se han contraído, sin excepción”.
Esto porque la telefonía móvil, que representa 46% del porcentaje de los ingresos totales de la compañía, tuvo una disminución de ingresos en términos reales del 8,4%, similar a lo que ocurrió con los servicios fijos de acceso a internet, que representan el 39% y cuyos ingresos cayeron 5,6%. También cayeron 15,8% los ingresos por telefonía de voz fija y 1% los de data center.
El informe además señala que en cuanto a la “evolución de las ganancias medias por usuario entre los años 2021 y 2022, también el panorama es alarmante”. En telefonía móvil cayó 16%, en servicios fijos de acceso a internet 9% y 16% en telefonía de voz fija.
Por otro lado, el informe refiere a un “índice de reclamos” por los servicios que brinda la empresa estatal, y “también la situación del 2022 empeora”, “un claro índice – dice- de que los servicios brindados son de inferior calidad, lo que en un escenario competitivo resulta muy negativo y alarmante para un futuro cercano”.
Dice el escrito que los reclamos por telefonía móvil aumentaron 38%, 11% por servicios fijos de acceso a internet y 9% por telefonía de voz fija. Otro de los ítems en que hace hincapié el vocal del FA es el de las inversiones, y allí señala que si bien en 2022 “crecieron aproximadamente un 27% respecto a las del 2021, esto es debido a que estos últimos años las inversiones estuvieron muy deprimidas”. “De hecho”, añade el texto, “comparando el promedio de inversiones del trienio inicial de la gestión anterior (2015-2017) con el trienio inicial de esta gestión, en este gobierno las inversiones bajaron un 38%”.
Entre las conclusiones finales del informe de Larrosa se indica que las autoridades “siguen miopes hacia el mediano y el largo plazo y continúan comprometiendo el futuro del ente en aras de maximizar las ganancias inmediatas, basadas en la infraestructura construida en los gobiernos anteriores como la fibra óptica y la red celular”. Cuestionó que “existe un éxodo importante de personal capacitado en las áreas más especializadas” que “se van a diferentes ofertas del sector privado”. “Quienes gestionan actualmente la empresa se niegan a apostar a un plan estratégico que compense la retracción del negocio”, dijo. En cambio, apuntó, “la empresa opta por “retraerse y entregar a los privados todas las líneas de negocios que significarían la supervivencia”.
En el mercado local, el dólar bajó ayer, en esta ocasión un 0,33%. El interbancario fondo se operó en promedio a $38,615.
En lo que va del año 2023, el dólar lleva una baja acumulada de 3,63% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2022).
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $37,50 para la compra y $39,90 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense bajó y cerró ayer en R$ 5,013.
En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió ayer y se ubicó en AR$ 213,76. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) también subió y cotizó en el entorno de los AR$ 394,00.
Por su parte, el Euro subió frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$ 1,0908.
CERRAMOS CON OTRAS NOTICIAS
El fiscal de Flagrancia Fernando Romano envió ayer a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) los nombres de seis personas a incorporar en la “lista negra” que implica la prohibición de asistir a espectáculos futbolísticos por haber participado en hechos de violencia.
Subrayado señala que en esa nómina se encuentran el presidente de Cutcsa y de la Cámara Uruguaya de Transporte, Juan Salgado, y también el empresario que aparece en el video que se viralizó, donde ambos arengan una canción de muerte contra Nacional, en un palco del estadio Campeón del Siglo el pasado 1° de abril.
Ese día el cantante Enzo Sosa se presentó en el estadio, y luego fue citado por Romano y está siendo investigado por entonar estrofas de esa canción que refiere a la muerte de un hincha de Nacional.
El fiscal también pidió la inclusión en esa lista de tres jugadores de fútbol: Yonathan Rodríguez y Leandro Lozano –de Nacional–, y Rodrigo Saravia –de Peñarol–. En este caso por los desmanes ocurridos en la cancha del Campeón del Siglo tras el partido clásico.
En relación a los episodios de violencia sucedidos en el último clásico ayer fueron detenidos seis integrantes de la denominada “banda del skey”, como responsables de varias golpizas organizadas a hinchas de Peñarol luego del partido.
Según fiscalía las detenciones se sucedieron luego de diez allanamientos definidos por la investigación que lleva adelante Romano.
En uno de los videos que se viralizaron había una persona que incluso golpeó a hinchas aurinegros con un bate de béisbol. En otro caso un hincha fue baleado en la zona de Manga.
Hay otras cuatro personas requeridas. Esta banda se hizo conocida por reivindicar el crimen de Hernán Fiorito, el hincha aurinegro asesinado en la localidad de Santa Lucía en el año 2016.
DEPORTES
La Selección Uruguaya de Rugby, Los Teros, logró meterse por segunda vez en este temporada entre los ocho mejores equipos del mundo en la modalidad seven, luego de terminada la novena etapa que se disputó este fin de semana en Singapur.
El País da cuenta hoy que el equipo logró dos victorias trascendentes ante Estados Unidos por 24-21 y ante Kenia por 33-17 y, pese caer ante Francia 12-26, se clasificó a los cuartos de final del torneo.
Allí Los Teros cayeron ante Samoa 7-22 y pasaron a jugar por el quinto puesto, que perdieron ante Australia, otra potencia de este deporte, por 12-31.
Los Teros sumaron 10 puntos en Singapur y se ubican ahora en el puesto 11 del circuito seven con 49 unidades, uno más que España, que tiene 48 y entre estas dos selecciones se disputarán la permanencia en la categoría.
La última etapa puntuable del Circuito Mundial será del 12 al 14 de mayo en Toulouse, Francia, donde Uruguay ocupará un lugar en el Grupo A junto a Nueva Zelanda, Kenia y Canadá, mientras que España —rival directo de la Celeste— estará en el Grupo B con Argentina, Gran Bretaña y Alemania.
