Foto: Presidencia
El presidente Luis Lacalle Pou planteó ayer la necesidad de una política de Estado en materia de riego y propuso la creación de un seguro básico obligatorio para que los productores agropecuarios puedan enfrentar, mejor preparados, las próximas situaciones climáticas extremas que “van a venir”.
Lacalle Pou hizo estos planteos al inaugurar una nueva edición de la ExpoActiva que se desarrolla en Soriano. Allí explicó que la creación de ese seguro obligatorio permitiría aumentar el número de cotizantes y abaratar las pólizas.
En su discurso el presidente advirtió que las hectáreas hoy aseguradas son muy pocas, y manejó la posibilidad de incorporar en la actividad agropecuaria un mecanismo similar al Seguro Obligatorio de Conductores (SOA).
“Si es una política de Estado, a corto porque hay que arrancar, estoy seguro que estas sequías, que van a ser cada vez más presentes, lamentablemente, si tenemos una póliza de seguro aceptable, o un SOA y al mismo tiempo estamos regando, es otra la cara con la cual miramos los procesos a corto, mediano y largo plazo”.
En Uruguay existen hoy unas 250 mil hectáreas aseguradas, en tanto otras 750 mil no cuentan con ningún seguro.
En el Banco de Seguros del Estado se estima que el total de las indemnizaciones a pagar en relación a la sequía será de unos US$ 70 millones.
El intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, por su parte, propuso la creación de un fondo similar al que en su momento funcionó para atender las consecuencias de la emergencia sanitaria que, en este caso, permita apoyar a los sectores productivos afectados por la sequía.
La zona de Minas es la más comprometida en cuanto al abastecimiento de agua potable por el déficit hídrico. OSE calcula que allí existen reservas para dos semanas, lo cual “asusta bastante”.
En diálogo con La Diaria el presidente de la empresa, Raúl Montero, explicó que se está comenzando un operativo para trasladar agua con camiones desde Maldonado para volcar al arroyo San Francisco, que es el que aporta el 60% del recurso a la capital de Lavalleja. El resto, se confía, se seguirá manteniendo con el río Santa Lucía.
Al mismo tiempo se viene recurriendo al bombeo de agua a partir de lagunas que quedaron aisladas por la sequía.
El Senado aprobó ayer, por unanimidad, el proyecto de ley de rebaja tributaria, que se prevé que hoy mismo sea sancionado en la Cámara de Diputados.
La iniciativa, anunciada por el presidente Lacalle Pou en su discurso del 2 de marzo ante la Asamblea General, se basa en el incremento a las deducciones permitidas en el pago del IRPF y en el aumento del mínimo no imponible en el IASS.
Si se le agrega el alivio tributario dispuesto por decreto para micro y pequeñas empresas, la renuncia fiscal es de US$ 150 millones.
El Frente Amplio, tal como había anunciado, votó el proyecto, pero sus legisladores insistieron en que se trata de una “devolución” y no de una rebaja impositiva. Señalaron que la cifra que se plantea ahora de renuncia fiscal es similar a lo que se aumentó la recaudación a partir del cambio dispuesto en este gobierno en la base de cálculo del IRPF y la reducción del beneficio en el IVA por compras con tarjeta.
El senador Mario Bergara explicó que su partido apoyó la iniciativa “en la lógica de que para algunos compatriotas va a haber una mejora y algo es algo”, pero remarcó que “ni por asomo” será significativa en términos de magnitud y equidad.
Bergara cuestionó que la reducción se haga por la vía del aumento de las deducciones, que dejará por fuera al 70% de los trabajadores que no pagan IRPF. La alternativa más justa, precisó, habría sido que se reintegrara nuevamente la devolución de los dos puntos de IVA en las compras con tarjetas de débito que se dejaron de devolver hace tres años.
En Cabildo Abierto, el senador Guillermo Domenech llamó por su parte a avanzar en “una verdadera reforma tributaria”. Para el legislador, en Uruguay no se plantea el “verdadero problema” y es que “hay una población que paga, una población cautiva y una población que está exonerada”.
Se refirió en particular a la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones y sostuvo que es una oficina que exonera de impuestos a las grandes empresas, mientras que “la mayor parte de la población paga IRPF, IRAE y el IVA mansamente, no siendo consciente de que vivimos en un país donde hay un sector económico privilegiado y otro [en el] que recae sobre sus espaldas todo el peso de la tributación”.
Sostuvo que esa “realidad ha aparecido inconmovible durante diversos gobiernos” y se “privilegia al gran capital” sobre el “pequeño y mediano empresario nacional”, que ya no está en estado “vegetal”, sino a punto de “desaparecer”. A pesar de sus críticas, Domenech sostuvo que su fuerza política votaría el proyecto, porque va “en la dirección correcta”.
INTERNACIONALES
Estados Unidos acusó ayer a Rusia de haber "interceptado y chocado" a uno de sus drones sobre el mar Negro, en un acto que calificó de "temerario", aunque Moscú negó estar implicado.
"Nuestro dron MQ-9 estaba realizando operaciones de rutina en el espacio aéreo internacional cuando fue interceptado y golpeado por un avión ruso, lo que resultó en un accidente y la pérdida total del MQ-9″, indicó en un comunicado el comandante de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Europa, el general James Hecker.
Es la primera vez desde que empezó la invasión rusa del territorio ucraniano, el 24 de febrero de 2022, que un país de la OTAN admite haber perdido un artefacto operado por él mismo en esta región.
En el comunicado, el general Hecker subrayó que "se trata de un acto peligroso y no profesional por parte de los rusos", a quienes llamó a "comportarse de forma segura y profesional".
"Las acciones agresivas de las tripulaciones rusas podrían desembocar en errores de cálculo y en una escalada involuntaria", insistió.
En señal de protesta, el Departamento de Estado estadounidense afirmó que convocó al embajador ruso en Washington, y el embajador estadounidense en Moscú envió un mensaje al Ministerio ruso de Relaciones Exteriores.
Las Fuerzas Armadas rusas negó haber provocado la caída del aparato, aunque admitió que dos de sus cazas habían interceptado al dron estadounidense. El Ministerio de Defensa indicó en su propio comunicado que "tras una maniobra brutal (…) el dron MQ-9 inició un vuelo incontrolado, con pérdida de altitud y chocó contra la superficie del agua".
En Estados Unidos, grupos ambientalistas presentaron una demanda para detener un nuevo proyecto de extracción de petróleo en Alaska, aprobado por el presidente, Joe Biden.
La Casa Blanca dio luz verde el lunes para que la compañía energética estadounidense ConocoPhillips extrajera petróleo en tres lugares de propiedad federal dentro de la Reserva Nacional de Petróleo, en el remoto ártico occidental de Alaska.
Grupos ambientalistas instaron a Biden a rechazar el proyecto, recordando que durante la campaña electoral había prometido que no aprobaría nuevos acuerdos petrolíferos ni gasíferos en terrenos federales.
Los seis grupos que presentaron la demanda en la justicia acusan a agencias gubernamentales por la autorización del proyecto.
En Rusia, la Cámara de Diputados aprobó ayer un proyecto de ley que impone penas de hasta 15 años de cárcel para quienes critican a los grupos armados, como Wagner.
La iniciativa se basa en reglas adoptadas el año pasado tras el envío de tropas rusas a Ucrania, que según opositores al Kremlin fueron diseñadas para criminalizar las críticas al conflicto.
Grupos armados como Wagner, que dice encabezar el asedio ruso sobre la ciudad ucraniana de Bajmut, han elevado su imagen pública los últimos meses.
El proyecto aún debe ser aprobado por la cámara alta legislativa y ratificada por el presidente, Vladimir Putin.
Los diputados también endurecieron las penas contempladas en leyes adoptadas después del 24 de febrero, inicio de la operación de Rusia en Ucrania.
"Desacreditar" a soldados o "voluntarios" rusos que combaten con los militares será castigado con hasta siete años de prisión, comparado con cinco años previamente.
China advirtió ayer que Estados Unidos, Reino Unido y Australia transitan por una "vía errónea y peligrosa", a raíz del anuncio de una alianza entre los tres países para fabricar una nueva generación de submarinos nucleares.
"Los tres países transitan más y más por una vía errónea y peligrosa, pensando en sus propios intereses y menospreciando la preocupación de la comunidad internacional", declaró el portavoz diplomático chino, Wang Wenbin.
Antes del anuncio de este lunes, Pekín ya había instado a los tres países "a abandonar la mentalidad de la Guerra Fría y los juegos de suma cero".
Rusia, que quiere fortalecer sus vínculos con China, también acusó a las potencias occidentales de fomentar "años de confrontación" en la región Asia-Pacífico.
El acuerdo de Estados Unidos, Reino Unido y Australia busca desplegar, a partir de 2027 y de forma rotativa, cuatro submarinos estadounidenses y uno británico en una base australiana. En una segunda etapa, Australia comprará tres submarinos estadounidenses, con opción a otros dos, que serán entregados a partir de 2030. En la tercera etapa, la más ambiciosa, Estados Unidos, Australia y Reino Unido se asociarán para una nueva generación de submarinos de ataque.
Ecuador y Argentina ingresaron en una crisis diplomática ayer, después de que una exministra ecuatoriana condenada por corrupción, refugiada por más de dos años en la sede diplomática argentina de Quito, escapara hacia Venezuela.
La cancillería ecuatoriana decidió llamar a consultas a su embajador en Argentina, Xavier Monge, luego de la salida de la exministra María de los Ángeles Duarte. De acuerdo con el canciller ecuatoriano, Juan Carlos Holguín, Duarte "se encontraba en jurisdicción" de Argentina cuando abandonó el país.
El gobierno de Ecuador también declaró persona no grata al embajador argentino en Quito, Gabriel Fuks.
Argentina respondió en reciprocidad y declaró persona no grata al embajador ecuatoriano en Buenos Aires.
Duarte fue ministra de Obras Públicas del expresidente Rafael Correa, quien gobernó Ecuador entre 2007-2017, y fue condenada a ocho años de cárcel por cohecho. Duarte permaneció refugiada en la embajada argentina de Quito desde agosto de 2020 en compañía de su hijo, que es menor de edad, cuyo padre es argentino.
Argentina había ofrecido asilo a Duarte, pero el gobierno ecuatoriano le negó en diciembre un salvoconducto para salir de la embajada y dejar el país.
Entonces Duarte escapó de Quito, huyó hacia Venezuela y se presentó en la embajada de Argentina de Caracas sin dar explicaciones sobre cómo llegó al país ni si la acompañaba su hijo, según el comunicado que emitió ayer la cancillería ecuatoriana.
En Chile, generaron revuelo las declaraciones del jefe de Carabineros, Ricardo Yañez, quien el lunes pidió al Congreso que legisle para proteger la vida de los agentes de seguridad.
En una comparecencia ante el Congreso, Yañez criticó la situación que atraviesan los carabineros en su país, después de que uno de ellos fuera atropellado durante una inspección rutinaria en Concepción.
A raíz de sus dichos, ayer fue convocado por la ministra del Interior, Carolina Toha, quien le manifestó que comprendía sus reclamos pero, a la vez, le señaló que hay otras maneras de abordar los problemas.
Tras el encuentro, Yañez reconoció que "la forma se puede mejorar" y agradeció "el apoyo político" del gobierno, aunque insistió en que "hay que preocuparse del fondo".
En Brasil, la policía informó ayer que en el último mes destruyó 200 campamentos de mineros ilegales como parte de la lucha contra esta actividad en la reserva indígena Yanomami, en la Amazonía.
En el informe de su primer mes de operaciones en este territorio, la policía informó que también confiscó 24 embarcaciones y dos aeronaves que eran parte de estos campamentos de mineros.
Además, se abrieron 40 investigaciones relacionadas a la minería ilegal por las cuales están bloqueados unos 5,5 millones de dólares en las cuentas bancarias de los sospechosos.
De acuerdo a información previa, unos 19.000 mineros ilegales dejaron la reserva Yanomami desde el comienzo del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, el 1 de enero, quien anunció que los retiraría de esos territorios.
La presencia de la minería ilegal en la reserva es considerada responsable por la mayor parte de la crisis humanitaria y sanitaria que vive esta comunidad, denunciada desde hace años por organizaciones civiles.
En Argentina, se conoció el dato de la inflación de febrero, y fue peor de lo que se esperaba. Un 6,6 por ciento en el mes, lo que implica que en los últimos 12 meses se acumula un 102,5 por ciento.
Es decir, se bate la marca psicológica de los tres dígitos, con una inflación anual que no se veía desde 1991 tras la hiperinflación de inicios del gobierno de Carlos Menem. Ningún argentino menor a 32 años había visto nunca una marca semejante.
Pero lo peor no es la estadística y la comparación histórica, sino la proyección. El rubro de mayor aumento fue el de alimentos, que registró subas por 9,8 por ciento en el mes. Y todo esto ocurrió en un mes que tradicionalmente es de inflación moderada, en contraste con marzo y abril, que suele tener subas importantes por cuestiones estacionales como el inicio de clases y el cambio de temporada textil.
Es decir, la expectativa de los economistas es que en marzo la inflación pueda ser todavía más alta que la de febrero. Sobre todo, si se tiene en cuenta que, además, hay una presión del Fondo Monetario Internacional para que se acelere la suba de las tarifas de los servicios públicos.
Esto lleva a proyecciones de un 20 por ciento acumulado sólo para el primer trimestre, algo que complica la política salarial del gobierno, que quiere convencer a los sindicatos de que se manejen con la referencia oficial de 60 por ciento de inflación anual.
Es uno de los momentos más difíciles para el ministro de economía, Sergio Massa, a quien la oposición le está recordando su erróneo pronóstico de que la inflación empezaría un sendero descendente, con un punto de caída cada dos meses, y que en abril el IPC sería inferior a 4 por ciento.
Hace tiempo que Massa ya no repite aquel pronóstico. Pero sus problemas políticos continúan, porque quedó en descrédito el plan de control de precios, llamado Precios Justos, que suponía que unos 2 mil artículos de primera necesidad quedarían congelados, mientras otros 50 mil productos subirían a un ritmo de 3 por ciento mensual.
Quedó en evidencia que esos controles no tuvieron un buen resultado, como habían previsto los economistas más críticos. Y hoy está nuevamente en debate si se vuelve a herramientas tradicionales, como la llamada “ancla cambiaria”.
En febrero, otra vez los precios corrieron más rápido que el dólar, con lo cual se confirma un quiebre de la tendencia del año pasado. Massa argumentaba que el tipo de cambio tenía que ir por encima de la inflación, como forma de recuperar competitividad, y que por encima de ambas tenía que ubicarse la tasa de interés, para que los ahorristas no se llevaran sus depósitos de los bancos.
Sin embargo, esa política fue muy criticada por el kirchnerismo, que cree que lleva a una espiral ascendente de todos los precios. Y, por lo que se ha visto en las últimas semanas, todo indica que el ministro Massa revisará esa política que acordó con el FMI y volverá a las recetas tradicionales de atrasar al dólar y a las tasas de los plazos fijos.
(Corresponsal: Fernando Gutiérrez)
VOLVEMOS AL PANORAMA NACIONAL
A través de un comunicado público divulgado ayer la Fiscalía General de la Nación precisó que la fiscal de Flagrancia, Gabriela Fossati, nunca solicitó “en forma concreta” su salida del caso vinculado a Alejandro Astesiano.
El comunicado lleva la firma del fiscal general Juan Gómez y precisa que, en cuanto al apartamiento de Fossati de la causa conocida como “Astesiano” o “de los pasaportes”, la magistrada nunca lo pidió de manera formal y concreta. Según se aclara: “el alejamiento de un fiscal de una causa, cuando es por su propia iniciativa, se encuentra expresamente reglado como una garantía de funcionamiento del sistema de administración de Justicia, y solo puede producirse mediante una solicitud de abstención fundada, lo que no se realizó en este caso”.
Desde fiscalía se puntualizó que, para salir de una causa, un fiscal debe presentar el denominado “derecho de abstención”. En ese sentido, señala que Gómez no tiene posibilidad de quitarle una causa a un fiscal si ese fiscal no lo solicita en base a este procedimiento.
El comunicado también expresa que Fossati presentó ayer la certificación que le permite retornar a sus tareas luego que el 5 de marzo pidiera licencia médica por dos semanas. También que la fiscal cuenta ahora con seguridad personal, atendiendo la gestión realizada antes de su licencia.
Además, se señala que “ante versiones” sobre posibles conflictos de índole personal entre Gómez y Fossati, el fiscal general precisa que “los mismos no existen, manteniendo ambos un vínculo estrictamente profesional según las normas vigentes”.
El abogado Diego Camaño, defensor de Gustavo Leal, se reunió ayer con Juan Gómez y le transmitió sus críticas a la actuación de Fossati que, según afirmó, “va a tener que explicar” por qué retomó sus tareas cuando estaba certificada por estrés.
Camaño volvió a presentar en fiscalía el reclamo para saber por qué Fossati decidió indagar por encubrimiento a su defendido tras la reunión de Leal con el padre de Alejandro Astesiano en la Barra del Chuy. Un detalle que Fossati deberá explicar en una audiencia fijada para el próximo jueves, tal como lo había definido su subrogante, Fernando Romano.
En rueda de prensa, el abogado sostuvo que es muy rara la decisión de Fossati de reintegrarse en medio de una licencia médica.
“Se da este encuentro porque la fiscal estaba de licencia médica, certificada, y el día viernes se comunicó con el fiscal de corte, estando certificada. Luego, si la razón de la certificación era el estrés, se reintegra en el medio de un turno, cuando mayor carga de trabajo tiene una fiscalía, que está de turno en esta semana. Es una situación verdaderamente muy particular. Nunca ví un fiscal que esté certificado, que se se esté comunicando con su jerarca, y tampoco había visto que si la certificación es por estrés que se reintegre justamente en el turno”.
Según El País, fuentes de fiscalía indicaron que Fossati se reintegró porque temía que se archivara el caso contra Leal en su ausencia.
Si las elecciones fueran el próximo domingo el Frente Amplio recibiría el voto del 43% de los uruguayos, en tanto el Partido Nacional obtendría 24%, el Partido Colorado el 9% y Cabildo Abierto el 3%.
Así lo indicó una encuesta de Equipos Consultores, desarrollada a fines de febrero y presentada ayer en un encuentro del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED).
La intención de voto del Partido Independiente es 1%. Otro 1% dijo que votaría “a cualquier partido de la coalición multicolor”, con lo que el oficialismo sumado reúne 38%, cinco puntos menos que la oposición.
Según Equipos, los principales cambios se dieron dentro de la coalición: los blancos suman un punto más de intención de voto con respecto a diciembre, los colorados suben tres y Cabildo Abierto bajó un punto.
La medición mostró además que el nivel de indecisos se redujo del 16% al 13% entre diciembre y febrero.
Ante la reforma educativa planteada por el gobierno y que comenzó a implementarse en este ciclo lectivo, se muestra en desacuerdo el 43% de los uruguayos. La medida es apoyada por otro 39% de la ciudadanía, en tanto el 18% opta por no opinar del tema.
Esto lo indicó una encuesta de Cifra difundida ayer en Telemundo, que fue efectuada vía telefónica entre el 15 y el 17 de febrero a más de mil personas en todo el país.
Con respecto a una muestra similar realizada en octubre, el porcentaje de personas que se muestran de acuerdo con la reforma bajó un punto, en tanto la proporción de quienes están en desacuerdo bajó cuatro puntos.
La porción sin definición aumentó cinco puntos con respecto a la última medición.
Con respecto a la situación económica del país, la considera buena el 48% de la población y muy buena otro 6% . Del otro lado, la evalúa mala el 26% y muy mala el 14%.
Son datos presentados ayer por Factum a través de VTV Noticias.
El 73% de los votantes del Frente Amplio consideran que la situación del país es mala o muy mala, frente a un 22% que considera que la situación es buena o muy buena. Del otro lado, entre los votantes de los partidos que conforman la coalición de gobierno, el 16% considera que la situación es mala o muy mala, mientras que el 78% considera que es buena o muy buena.
Este domingo se celebrará en la Rambla de Punta Carretas el festival musical “Acá Estamos”, organizado por la Intendencia de Montevideo, que contará con la presencia de la artista argentina Lali Espósito, que cobrará por su presentación US$ 256 mil. En la grilla también figura la brasileña Daniela Mercury, que recibirá US$ 62 mil.
Así lo informó ayer VTV Noticias a partir de resoluciones de la intendencia que habilitaron las contrataciones.
El gasto ya generó rechazo de la oposición departamental, que acusa a la intendenta Carolina Cosse de utilizar los recursos de la comuna con fines electorales.
Javier Barrios Bove, edil del Partido Nacional, señaló a El País el “despilfarro” de esta administración, por gastar más de un cuarto de millón de dólares en este evento que incluye a otras artistas.
El legislador departamental calificó el espectáculo de “pan y circo”, dado que no resolverá otros desafíos que enfrenta la comuna, como la limpieza de las calles y la recolección de los residuos.
La grilla del evento, desarrollado en el contexto del mes de la Mujer, se completa con Agus Padilla, Vanesa Britos, Catherine Vergnes, Laura Canoura, Agus Morales, Sofía Alvez y Sole Ramírez.
La intendencia afirma que recuperará parte de la inversión ya que las entradas tendrán un costo de $ 400 y que, además, algunos sponsors contribuyen a financiar el festival.
ECONOMÍA Y EMPRESAS
El Banco Central del Uruguay (BCU) puso en consulta pública un proyecto que amplía el conjunto de empresas que acceden actualmente al mercado de futuros de tipo de cambio.
La iniciativa introduce modificaciones a la normativa vigente. La autoridad monetaria aguarda recibir comentarios al respecto hasta el 10 de abril.
El BCU señala que “la implementación de este proyecto permitirá avanzar en la finalidad de dotar de mayor transparencia y profundidad al mercado de futuros del tipo de cambio”.
En el mercado local, el dólar bajó ayer 0,22%. El interbancario fondo se operó en promedio a $39,248. En marzo el dólar aumentó 0,91 %, en lo que va del año cae 2,05%.
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $ 38,05 para la compra y $ 40,45 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense bajó ayer y cerró en R$ 5,236.
En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió ayer y se ubicó en AR$ 202,07. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) cotizó AR$ 377.
CERRAMOS CON OTRAS NOTICIAS
Un comerciante de 65 años resultó herido de un balazo cuando su negocio fue asaltado en la zona de Marindia, en Canelones.
Esto sucedió poco antes de la medianoche de ayer, cuando dos hombres encapuchados ingresaron al comercio, un pequeño almacén, y le exigieron al hombre la recaudación.
El comerciante se resistió y resultó baleado en el hecho. Fue ingresado en una mutualista de la zona y operado. Una empleada de 21 años resultó ilesa.
Los delincuentes no pudieron ser ubicados y se llevaron la caja registradora y un teléfono celular.
DEPORTES
El Consejo de FIFA reunido ayer en Ruanda confirmó que la fase final del Mundial de fútbol de 2026 reunirá a 48 equipos, que disputarán el torno en doce grupos de cuatro equipos cada uno.
El esquema anunciado implica que luego de eso habrá una etapa de eliminación a partir de dieciseisavos de final, al la que clasificarán los dos menores de cada grupo y los ocho mejores terceros.
Una nota de El País consigna hoy que, de esta manera, los cuatro equipos que lleguen a semifinales jugarán un total de ocho partidos a lo largo del campeonato, uno más que hasta ahora. En total, serán 104 juegos en todo el torneo, 24 más que el actual calendario.
La Copa 2026 se jugará en Canadá, Estados Unidos y México y será la primera organizada por tres países.
