Foto: Ricardo Antúnez / adhocFOTOS
NACIONALES
El intendente de Artigas, Pablo Caram, fue condenado ayer por un delito de omisión a los deberes de funcionario público, a raíz de una investigación por el pago irregular de horas extra a funcionarios de su gobierno departamental.
Caram llegó un acuerdo con el fiscal Federico Rodríguez y aceptó la condena, que se le impuso por no haber denunciado esas irregularidades. La pena es de 14 meses de prisión en régimen de libertad a prueba, y dos horas semanales de trabajo comunitario durante cuatro meses.
El fallo no incluye la inhabilitación para ocupar cargos públicos,ya que el delito en cuestión no lo prevé, por lo que Caram seguirá al frente de la intendencia hasta el viernes cuando, como tenía previsto, renunciará para hacer campaña por una banca en la Cámara de Diputados.
También fueron condenados ayer el primo del intendente y secretario general de la comuna, Rodolfo Caram, y su pareja, una funcionaria municipal, por el delito de fraude.
A ambos se les impuso una pena de 24 meses de prisión, que se sustituirán por tareas comunitarias. La mujer había sido una de las beneficiarias del pago irregular de horas extras.
Hoy, en tanto, deberá declarar la ahora exdiputada Valentina dos Santos, sobrina de Caram y que también era indagada en la causa.
Dos Santos renunció a su banca para asumir en la intendencia en lugar de su tío.
Según El Observador, fue señalada por la jefa de Recursos Humanos de la comuna como la responsable de haber ordenado el pago de horas extras sin justificación. Dos Santos prevé también llegar a un acuerdo con fiscalía.
La renuncia de Dos Santos estaba prevista para la semana pasada, pero no pudo ser considerada porque la Cámara de Diputados no logró el quórum necesario para sesionar.
Así lo recordó ayer el candidato presidencial nacionalista, Álvaro Delgado, al ser consultado sobre el asunto, antes de conocerse las condenas.
“No tiene nada que ver una cosa con la otra. La renuncia estaba prevista, por lo que me dicen. Hasta ahora lo que hacemos es que la Intendencia había presentado una denuncia y que la fiscalía estaba investigando. Esperaremos que la Justicia se expida”.
Todos ellos venían siendo investigados desde el año pasado, a raíz de una denuncia presentada por ediles del Frente Amplio y del Partido Colorado, luego de que el El País difundiera un informe con los recibos de pago a funcionarios, que en algunos casos mostraban el cobro de hasta 200 horas extra en un solo mes.
Se calcula que, entre 2020 y 2022, la Intendencia de Artigas pagó US$ 8 millones en horas extra.
Las condenas generaron ayer las primeras reacciones políticas.
El diputado Álvaro Perrone (Cabildo Abierto), comentó ayer en su redes: “ si habrá que aprobar el proyecto que nos dejó Adrián Peña, de ingreso por concurso a las Intendencias” dijo, en referencia a la iniciativa que fracasó en el Senado por falta de votos.
En diálogo con La Diaria, Perrone dijo que, luego de la condena de la Justicia, “queda demostrado que hay que aprobarlo, porque, si no, después se dan los abusos y el clientelismo”, aunque admitió que para lo que queda de esta legislatura, que termina en setiembre, no lo ve posible.
Por su parte, el diputado del Frente Amplio (FA) por Artigas, Nicolás Lorenzo, dijo a La Diaria que se hizo “justicia con algo que es injusto para un departamento tan pobre, que [es que] mucha gente gaste la plata de todos en donde quiera”.
El diputado señaló que esta sentencia le dará “un revés” político a Caram en Artigas, porque “las principales figuras del gobierno departamental, el intendente y la diputada, que en su momento fue la directora general”, Valentina dos Santos, que “era la que mandaba en la intendencia”, ahora “se prueba realmente” que cometieron un delito. Lorenzo cuestionó sin embargo que las condenas no incluyan la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
OTRAS NOTICIAS QUE SE DESTACAN EN EL PANORAMA NACIONAL
La directiva del Casmu presentó ayer el plan de reestructura que le había exigido el Ministerio de Salud Pública, como condición para darle acceso a un nuevo fideicomiso por US$ 56 millones, solicitado por la institución.
Hablando en conferencia de prensa el presidente de la mutualista, Raúl Rodríguez, aseguró que la propuesta consiste en seguir con una “línea de cambio” que “genere eficiencia”.
Según El País, en el contexto de ese plan la directiva tiene la intención de cerrar los Centros Médicos del Parque Batlle y de Sur y Palermo, alegando que registran “poco movimiento”.
El plan prevé mantener la cifra actual de funcionarios en el seguro de paro, que ronda los 300. La mutualista, además, desvinculó a “seis gerentes de relevancia” y aplicó una rebaja de 10% a los salarios de jefes y directores lo que, se indica, supone un ahorro mensual de $ 3,5 millones. Apuesta por otra parte a una mayor venta de servicios, lo que le generaría ingresos adicionales por $ 7 millones al mes.
Rodríguez dijo que la institución terminó el mes de mayo con un balance positivo por $ 100 millones y prevé que el balance anual, que se cerrará en setiembre, sea por $ 150 millones, el 50% más que lo registrado el año pasado.
“Transmitimos a los usuarios absoluta tranquilidad. Esta es de las mejores instituciones del Uruguay y está demostrado por documentos, no por relatos”.
Rodríguez dijo que el Casmu maneja un “plan B” ante una eventual negativa del ministerio a avalar su acceso a un nuevo fideicomiso. Según explicó, fideicomisos anteriores se terminarán de pagar en los próximos meses y allí la mutualista podrá “acceder a otro tipo de crédito bancario” que le permita bajar sus costos financieros. El último de los fideicomisos será cancelado en abril de 2025 y Rodríguez asegura que la mutualista cuenta con flujo de caja suficiente para llegar a ese mes “en buenas condiciones”.
La ministra de Salud Pública, Karina Rando, aclaró ayer “algunos aspectos” sobre la situación del Casmu y respondió a las críticas que recibió sobre el rol de su cartera en una salida para la mutualista.
Hablando ayer en conferencia de prensa, Rando leyó parte del comunicado que emitió el ministerio con el fin de “proteger la estabilidad e imagen de la institución".
La ministra aseguró que el ministerio “ no tiene interés en ahogar financieramente al Casmu, todo lo contrario". Como ejemplo, enumeró una serie de acciones que el Estado emprendió para ayudar a la institución. Pese a ello, añadió, la mutualistas no logró cumplir metas de gestión de recursos humanos , respetar sus obligaciones con sus proveedores ni cumplir con el plan de medidas de ahorro propuestas".
“La intimación lamentablemente se hizo pública por terceros ajenos a esta secretaría de Estado. Cabe destacar también que no se trató de una amenaza, sino de una intimación tal como establece la ley", agregó Rando. La ministra expresó que "el riesgo asistencial surge del propio planteo de la directiva de Casmu quien solicitó un nuevo fideicomiso por 56 millones de dólares, necesarios para cumplir sus obligaciones, algunas de las cuales estaban atrasadas", aseguró.
Por otro lado, Rando señaló que "es un error comparar la situación de Casmu con Casa de Galicia", mutualista que cerró a fines de 2021.
"Son muchos los puntos que diferencian la situación de uno y otro prestador. Entre ellos destacamos que Casa de Galicia pidió el concurso por su estado de insolvencia y que fue el Poder Judicial quien decretó el cierre de Casa de Galicia, no el ministerio", aseveró.
El exministro de Salud Pública, Daniel Salinas, declaró ayer en la causa que investiga responsabilidades en el cierre de Casa de Galicia.
Salinas concurrió como testigo propuesto por el expresidente de la institución, Alberto Iglesias, uno de los indagados.
Hablando brevemente con la prensa al término de su comparecencia,, el exministro negó cualquier responsabilidad del Estado en el cierre de la institución. Aseguró que el ministerio procuró asegurar la “continuidad asistencial” desde su rol como “policía sanitaria”.
Subrayó que la situación “se generó como consecuencia de la acción de la solicitud de concurso voluntario del señor presidente de Casa de Galicia, y que el señor juez de concurso determinó el cese primero y luego la liquidación”.
También declaró este martes el expresidente de la Junta Nacional de Salud , Luis González Machado, quien ya había declarado en febrero ante el fiscal Gilberto Rodríguez, cuando trascendieron presuntas presiones por parte del Ministerio de Salud Pública a los veedores responsables de analizar financieramente la viabilidad de la mutualista.
MÁS NOTICIAS DEL PANORAMA NACIONAL
Los senadores del Frente Amplio, acompañados por el colorado Pablo Lanz, presentaron ayer una moción para tratar como “grave y urgente” el próximo mes el proyecto de ley que legaliza y regula la eutanasia.
Lograron 14 votos en 31, por debajo de la mayoría absoluta requerida y, por lo tanto, el planteo no prosperó.
Ante la situación el diputado colorado Ope Pasquet, uno de los principales impulsores de la iniciativa, reaccionó y apuntó contra legisladores de su propio partido.
En sus redes, Pasquet señaló: el Senado rechazó una moción de Pablo Lanz para tratar el proyecto de ley de eutanasia en la sesión del próximo 13 de agosto. La propuesta solo tuvo el voto del FA Frente Amplio y del propio Lanz; ningún otro senador colorado la apoyó, pese a que tanto el CEN [Comité Ejecutivo Nacional] como la Convención Nacional reclamaron el tratamiento y la votación del proyecto, sin perjuicio de la libertad de cada legislador para votar a favor o en contra de él”.
Y concluyó: “Lo lamentamos, pensando en las personas que hoy padecen enfermedades incurables, que saben que van a morir pronto y que antes van a sufrir mucho. A ellas les dice el Senado que ‘no es el momento’ para discutir el proyecto de eutanasia. ¡Como si esas personas pudieran esperar hasta la próxima legislatura! El Senado queda en deuda con la sociedad”.
El proyecto deberá así seguir el trámite en la Comisión de Salud Pública del Senado, en donde está empantanado desde fines de 2022 luego de la aprobación de Diputados. La mayoría de los integrantes de esa comisión son contrarios a la aprobación de la iniciativa.
La bancada del Frente Amplio en el Senado anunció ayer que interpelará al ministro de Desarollo Social, Alejandro Sciarra y – a través de él, a las autoridades del INAU – a raíz de la muerte de una madre adolescente de 16 años que estaba bajo el amparo de esa institución en Rivera.
El llamado a sala será encabezado por la senadora Silvia Nane, y tendrá el objetivo de “analizar y asumir” responsabilidades sobre lo que, se dijo, está sucediendo en el país en el Sistema de Protección estatal de niños y adolescentes.
Álvaro Delgado, candidato presidencial del Partido Nacional, fue recibido ayer en la Torre Ejecutiva por el presidente Luis Lacalle Pou.
A la salida del encuentro y hablando con la prensa Delgado la definió como "una reunión afectiva, más que protocolar". Fue, dijo, “una reunión más humana, de darnos un abrazo y de ver cómo nos sentíamos en esta nueva etapa".
Delgado dijo que conversó con Lacalle sobre los dos plebiscitos que habrá el 27 de octubre: el que promueve el oficialismo para habilitar mediante una reforma constitucional los allanamientos nocturnos y el que impulsa el PIT-CNT y varios sectores del Frente Amplio para reformar el sistema de seguridad social.
Consultado, Delgado consideró que sería adecuado que Lacalle Pou expresara públicamente su opinión sobre estos dos temas.
“El presidente no tiene inhibición. Son iniciativas que promovió este gobierno. Veremos qué decisión toma al respecto. El presidente puede dar su opinión”.
Cuando le preguntaron cuál fue la opinión de Lacalle con respecto a la decisión de que Valeria Ripoll lo acompañe en la fórmula nacionalista, Delgado indicó: "El presidente tiene una frase que como persona, amigo, se la valoro siempre. Me dijo: ‘La decisión que tomes, contá conmigo’. Yo no esperaba de él otra respuesta, porque lo conozco como ser humano".
ECONOMÍA Y EMPRESAS
El Banco Central (BCU) decidió mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 8,5% para – dijo- “consolidar la baja sostenida de la inflación y sus expectativas en el objetivo de 4,5%”.
En junio, la medición de inflación interanual fue 4,96%, lo que implicó que este indicador se ubicara por 13 meses consecutivos dentro del rango meta, “el período más largo desde la implementación del régimen de metas de inflación”, destaca el comunicado del BCU.
El organismo subraya, a su vez, que “en consistencia” con lo esperado, las expectativas de inflación por parte de los distintos actores relevantes – especialistas, empresas- han ido descendiendo. De hecho, plantea que “la proyección de inflación promedio se mantiene dentro del rango meta durante los próximos 24 meses”.
En la teoría, una baja de las tasas de interés estimula el consumo, y eso puede implicar más inflación. En cambio, una suba de la tasa de referencia, restringe el consumo y alivia las presiones inflacionarias.
Para tomar la decisión de mantener la TPM, las autoridades del BCU evaluaron en escenario internacional. Concluyeron que “en las principales economías se mantiene la desaceleración de la actividad económica”. “La inflación en Estados Unidos muestra una mejora lenta en su trayectoria de convergencia a la meta”. “En la región, en Brasil se observan buenas perspectivas para el nivel de actividad y un incremento en las expectativas de inflación. En Argentina, se observa una desaceleración de la inflación en un marco de caída del nivel de actividad”, dice el comunicado.
El comunicado recuerda que “en Uruguay, la actividad registró un aumento desestacionalizado de 0,9% en el primer trimestre de 2024, ubicándose 0,6% por encima del nivel de un año atrás”. Y añade que “las proyecciones de corto plazo, que recoge el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE), sugieren que la economía continuaría su crecimiento en los dos trimestres siguientes”.
La misiva añade que “a partir de este panorama, del análisis de los datos y de las proyecciones, el Comité de Política Monetaria (Copom) valoró positivamente la permanencia de la inflación en torno al centro del rango meta y la convergencia gradual de sus expectativas”. Por eso, el Directorio del BCU “decidió mantener la TPM en 8,5% con el objetivo de garantizar los esfuerzos para que la inflación y sus expectativas converjan al centro del rango meta al final del Horizonte de Política Monetaria”.
Asumió ayer como presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información (Cuti) Amílcar Perea, Gerente General de la empresa InSwitch.
Perea marcó como uno de sus objetivos “apuntalar a las empresas del interior del país para que exporten más tecnología (hoy en día lo hacen solo 20 de ellas desde distintos departamentos), atraer más startups al sistema de innovación, y trabajar más que nunca en la generación del talento, en la medida en que faltan ingenieros y técnicos en el país”, dijo, según consignó El País.
Otra meta de la CUTI -destacó- es que se desarrollen más productos tecnológicos localmente para que se generen licencias y venderlas al exterior. Es decir, no exportar servicios como fundamentalmente se hace ahora, sino productos y licencias. “El 70% de las exportaciones de este sector son de software y ese negocio depende de la cantidad de mano de obra que tengamos. En cambio, con las licencias, no tenemos barreras”, señaló Perea en línea con lo que señaló en la última Mesa TIC de En Perspectiva.
En el mercado local, el dólar ayer bajó mínimamente, en esta ocasión un 0,01%. El interbancario fondo se operó en promedio a $ 40,141.
En lo que va del año 2024, el dólar lleva una suba acumulada de 2,87% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2023).
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $39,00 para la compra y $41,40 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense bajó y cerró ayer en R$ 5,427.
En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial aumentó y cotizó en AR$ 923,50. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) bajó y cotizó en el entorno de los AR$ 1405,00.
Por su parte, el Euro bajó frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$ 1,0896.
OTRAS NOTICIAS
Al resistirse a una rapiña, un policía de 36 años abatió a un delincuente e hirió a otro en la zona de Villa Española, en Montevideo.
Según el relato del policía, dos personas en moto lo interceptaron y lo amenazaron con armas de fuego.
El funcionario iba vestido de civil, sacó su arma de reglamento y respondió a la amenaza. Efectuó tres disparos. Los delincuentes, que intentaron escapar, cayeron a pocos metros.
La Policía investiga la muerte de un hombre, cuyo cuerpo apareció ayer en un tajamar de la zona de Punta Espinillo, en Montevideo.
Se presume que se trata de un hombre de 31 años que había sido denunciado como desaparecido el pasado 20 de junio. Su estado no permitió identificarlo aún, pero portaba los documentos de la persona buscada.
INTERNACIONALES
En Estados Unidos, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional están preocupados por la posibilidad de que se produzcan ataques violentos, en “represalia” por el intento de asesinato que sufrió el expresidente y ahora candidato republicano, Donald Trump.
“Individuos en algunas comunidades en línea” han amenazado o alentado la violencia en respuesta al ataque del sábado, indicaron ambos organismos en un boletín distribuido a funcionarios federales, estatales y locales. El texto agrega que la tentativa de magnicidio “refuerza la evaluación de que los objetivos relacionados con las elecciones están bajo una mayor amenaza” de ataque o perturbación.
El personal de seguridad nacional y los agentes de las fuerzas del orden han estado en alerta desde el sábado, cuando ocurrieron los hechos.
Ese día un hombre armado identificado como Thomas Matthew Crooks disparó contra Trump en un mitin en Butler, Pensilvania, lesionando al exmandatario en la oreja, matando a un espectador e hiriendo gravemente a otros dos. Luego, el agresor fue abatido por la Policía. Las autoridades todavía buscan el motivo del ataque y no han identificado a ningún cómplice.
La nueva evaluación de amenazas se conoció mientras continúa la Convención Nacional Republicana que se realiza en Milwaukee hasta mañana jueves. La convención podría ser un objetivo "atractivo" para los extremistas violentos que buscan sembrar el caos interrumpiendo un evento político de alto perfil, dijeron agencias federales en un reporte anterior consignado por la CNN.
El Servicio Secreto de Estados Unidos reforzó hace varias semanas la seguridad de Donald Trump, después de que las autoridades se enteraran de un complot iraní para asesinarlo, sin vínculo con el reciente atentado contra el candidato republicano.
Según la CNN, las autoridades recibieron información de una "fuente humana" sobre un plan de Teherán contra el expresidente, lo que provocó que se incrementara la protección de Trump.
El Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos afirma que lleva "rastreando las amenazas iraníes contra exfuncionarios de la administración Trump durante años", ya que Irán buscaba venganza por el asesinato en 2020 del comandante de la Guardia Revolucionaria Qasem Soleimani.
En la Franja de Gaza, 57 personas murieron ayer en cinco bombardeos israelíes, uno de ellos contra una escuela que alojaba desplazados.
El ejército israelí confirmó haber atacado a "terroristas activos en una escuela de la UNRWA [la agencia de la ONU para los refugiados palestinos] en la región de Nuseirat”. Según Israel, el grupo islamista palestino Hamás "aprovecha las estructuras civiles y se sirve de la población como escudo humano".
Horas antes, el portavoz del Departamento de Estado de la Casa Blanca, Matthew Miller, afirmó que el número de víctimas civiles en el conflicto en Gaza "es todavía inaceptablemente alto".
Por otra parte, la milicia chií libanesa Hizbulá lanzó ayer 40 cohetes hacia Israel, en una operación donde no se registraron muertos ni heridos.
Las fuerzas de seguridad israelíes respondieron con varios ataques aéreos que dejaron cinco civiles fallecidos en territorio libanés, según la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN).
La frontera entre Israel y Líbano vive su mayor pico de tensión desde 2006, con un intenso intercambio de fuego que desde octubre se ha cobrado la vida de casi 530 personas, la mayoría en el lado libanés y en filas de Hizbulá.
En Rusia el gobierno anunció que recompensará a los militares que derriben los primeros aviones caza F-16 que recibirá Ucrania.
El Ministerio de Defensa informó que pagará un total de 15 millones de rublos (unos 170.000 dólares) por cada uno de estos aparatos que sea abatido.
En tanto, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, instó esta semana a sus socios occidentales a aumentar el número de cazas F-16 que se comprometieron a suministrar hasta fin de año.
El envío de estas aeronaves es uno de los pasos más esperados por el gobierno de Zelenski para intentar cambiar el curso del conflicto en favor de Ucrania.
En El Salvador, el presidente Nayib Bukele anunció que enviará al Congreso una propuesta para suspender durante 10 años los aranceles a los alimentos importados de la canasta básica, en busca de mitigar las alzas de precios.
Las medidas para bajar el costo de vida son el nuevo foco de Bukele tras la "guerra" contra las pandillas iniciada en 2022 que logró reducir la cantidad de delitos.
La semana pasada, las autoridades iniciaron inspecciones en cadenas de supermercados luego de que Bukele ordenara combatir a las "mafias" empresariales debido al aumento de precios de los alimentos, que sobrepasa el 40% anual.
La mayoría de los productos de la canasta básica llegan a El Salvador de países vecinos como Guatemala, Honduras y Nicaragua para cubrir la demanda local.
La organización Human Rights Watch denunció que más de tres mil menores de edad se encuentran presos en El Salvador bajo el régimen de excepción vigente desde 2022, en el marco de la guerra contra las pandillas.
En un informe titulado "Su hijo no existe aquí", la ONG documentó "malos tratos", "detenciones indiscriminadas" y casos de tortura en el país salvadoreño.
El subdirector para las Américas de Human Rights Watch, Juan Pappier, reconoció que la violencia generada por las bandas en El Salvador ha disminuido, pero señaló que eso se ha logrado “a un costo humano muy alto”.
En Francia, los trabajadores de los aeropuertos de París suspendieron el paro que tenían previsto realizar hoy, después de alcanzar un acuerdo por el que recibirán una prima vinculada a los Juegos Olímpicos, que comenzarán el 26 de julio en la capital francesa.
Aeropuertos de París -una entidad controlada mayoritariamente por el Estado francés que gestiona las terminales de Orly y Roissy-Charles de Gaulle- aceptó conceder primas individuales por el exceso de trabajo previsto por la cita olímpica.
Otros gremios, desde los basureros de París a las fuerzas policiales, también van a recibir primas económicas por su trabajo extra durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.
El Gobierno colombiano dio por terminado el cese del fuego bilateral que mantenía con el Estado Mayor Central, el principal grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Las autoridades explicaron la decisión por los constantes ataques a la población civil y a la policía, atribuidos a esa organización, particularmente en el suroeste del país.
De todos modos aclararon que sí se mantendrá un alto al fuego de tres meses con otras tres agrupaciones: el Bloque “Gentil Duarte”, el grupo “Jorge Suárez Briceño” y el frente “Raúl Reyes”.
El Estado Mayor Central es una facción de las FARC que se apartó del acuerdo de paz firmado con el gobierno colombiano en 2016 tras cuatro años de negociaciones.
En Paraguay, la policía antidrogas incautó más de cuatro mil kilos de cocaína escondida en bolsas de azúcar que estaban por ser embarcadas hacia la ciudad belga de Amberes desde un puerto privado en Asunción.
"Esto es un récord histórico", aseguró el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas, Jalil Rachid, tras la confiscación de 4.016 kilos de cocaína.
La pérdida para el crimen organizado supone unos 240 millones de dólares, según estimó el jerarca, luego de calcular el precio de venta de la droga en Europa.
Las autoridades dijeron que el operativo aún no ha finalizado y que "podría haber más sorpresas".
Anteriores incautaciones de cocaína procedentes de Paraguay se produjeron en los puertos de Amberes (uno en 2019 y dos en 2020) y en la ciudad alemana de Hamburgo (en 2021).
En Brasil, el Ministerio Público presentó un recurso ante la Justicia para que la red social Whatsapp sea sancionada con una multa de 318 millones de dólares por violar los derechos de privacidad de sus usuarios en ese país.
Según la acción presentada por la Fiscalía y el Instituto de Defensa de los Consumidores, en 2021 Whatsapp realizó cambios en su política de privacidad. Y por la forma en que se llevaron a cabo esas modificaciones, sus clientes se vieron “forzados” a aceptar que sus datos fueran compartidos con las otras plataformas del grupo Meta (Facebook e Instagram).
Para el Ministerio Público Federal, “esas reglas, implantadas sin transparencia, violan la Ley General de Protección de los Datos Personales de Brasil y abren una brecha para abusos al permitir que los datos de los usuarios sean compartidos”.
La Fiscalía explicó que el monto millonario que exige como multa se basa en valores que Whatsapp ya fue obligado a pagar en Europa por irregularidades semejantes.
En caso de que la Justicia federal brasileña acepte la petición, el valor de la multa no será distribuido entre los usuarios afectados sino que será destinado a proyectos financiados por el Fondo de Defensa de los Derechos Difusos.
El Ministerio Público brasileño también pide que Whatsapp “ponga a disposición de sus usuarios funcionalidades simples, que les permitan ejercer su derecho a rechazar cambios en la política de privacidad en caso de que no estén de acuerdo con los nuevos términos”.
En Argentina, las nuevas medidas económicas del gobierno de Javier Milei tuvieron un debut ambiguo: en los primeros dos días se logró el cometido principal, que era una baja en el dólar paralelo. Pero, al mismo tiempo, cayó la cotización de los bonos de deuda soberana y subió el índice de riesgo país.
Así que tanto los inversores del mercado financiero como los economistas están divididos respecto de si estas nuevas medidas ayudarán a superar la crisis o si, por el contrario, acelerarán los problemas.
El anuncio que había hecho el ministro de economía, Luis Caputo, el pasado fin de semana, era una nueva regla monetaria, que consistía en que, cada vez que el Banco Central compre dólares, retirará del mercado los pesos usados para esa compra. Hará esto por la vía de vender en el mercado paralelo, parte de los mismos dólares que antes había comprado en el oficial.
El efecto será el de mantener siempre constante la base monetaria, para eliminar las presiones inflacionarias y cambiarias. Y, al mismo tiempo, aumenta la oferta de divisas en el paralelo, con lo cual se busca que se reduzca la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo.
Ese primer objetivo se cumplió con creces. El primer día el llamado dólar contado con liquidación, que es el que compran las empresas, cayó un 8,5%. Y ayer perdió casi dos puntos, para cerrar a 1.286 pesos.
Y el llamado dólar blue, que es el que compran los pequeños ahorristas, que la semana pasada cotizaba a 1.500 pesos, cayó a 1.405 pesos.
El ministro Caputo celebró esta situación y se quejó que los medios hayan dado más difusión a la noticia de que había subido el índice de riesgo país. Pero ese, justamente, era el peligro que varios economistas habían apuntado: que la misma medida que servía para calmar al mercado cambiario pudiera traer complicaciones en otros planos.
La explicación que dan los analistas es que, con las nuevas medidas, el gobierno está resignando dólares que antes iban a las reservas del Banco Central y que ahora se vuelcan al mercado. Por lo tanto, se generan dudas sobre si alcanzarán los dólares para hacer frente a todos los vencimientos de deuda que el gobierno tiene por delante.
Esas dudas llevaron a que los inversores comenzaran a desprenderse de los bonos. Ahora, el riesgo país está otra vez en la zona de 1.600 puntos. Pero ese no es el único reproche que se le hace a Caputo, sino que además el Banco Central, que hasta ahora venía comprando divisas, tuvo que volver a vender, con lo cual entra en sospecha la meta de acumular reservas.
En medio de esa polémica, el gobierno tuvo otro dato como para celebrar: se conocieron los números fiscales de junio. Y, en contra de todo pronóstico, volvió a dar superávit, tanto a nivel primario como financiero.
Caputo celebró el dato y, en un mensaje dirigido a sus adversarios del peronismo, dijo que ese superávit se había logrado sin afectar las jubilaciones ni los planes de asistencia social, mientras que hace un año crecía el déficit mientras se recortaba el poder adquisitivo de las jubilaciones y de los planes sociales.
(Fernando Gutiérrez, corresponsal de Argentina)
DEPORTES
Racing le ganó ayer 3-2 como visitante a Huachipato (Chile), en el partido de ida de los playoffs por el acceso a los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Los de Sayago lograron revertir en Concepción un resultado negativo inicial, y lograron un triunfo que le permiten llegar a la revancha con las mejores chances de clasificar. El partido de vuelta se jugará la semana que viene en Montevideo.
Si clasifican, los cerveceros se enfrentarán en octavos de final al Racing Club de Avellaneda.
