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NACIONALES
La jueza penal Marcela Vargas condenó ayer a cinco personas en torno a la trama presuntamente organizada por el exsenador Gustavo Penadés para desacreditar a las víctimas que lo denunciaron por abuso y explotación sexual de menores.
Hablando con la prensa al finalizar la audiencia, la fiscal del caso, Alicia Ghione, consideró un “gran logro” haber conseguido estas condenas.
"Es un gran logro que cinco imputados en el día de hoy hayan salido con la condena de que existía entre ellos el armado de una trama, no solo para averiguar la identidad de las víctimas sino para salvar al hombre, como ellos decían en la trama, es decir para salvar a Penadés y a Mauvezín para hacer una trama para hacer caer esa investigación".
Ninguno de los condenados irá a prisión. Todos, a través de acuerdos abreviados, deberán cumplir sus penas bajo el régimen de libertad vigilada. Entre ellos está Diego Cuiñas, un funcionario del Parlamento que fue el nexo entre Penadés y Carlos Taroco, el exdirector del Comcar que lideró la “investigación” parapolicial contra las víctimas. Cuiñas fue condenado por asociación para delinquir y tráfico de influencias.
Por ese mismo delito fue condenado Matías Cardozo, una persona de confianza de Cuiñas. Resultaron además condenados por cohecho calificado, asociación para delinquir y revelación de secreto dos policías, que fueron los que realizaron los seguimientos, la búsqueda de documentación y los registros fotográficos a las víctimas.
A instancias de la defensa de las víctimas los condenados deberán resarcir a las víctimas con doce ingresos mensuales o, en el caso de que no reciban ingresos, con doce salarios mínimos.
La investigación reveló que Penadés les pagó a los participantes de la trama. En el caso de Taroco, se le prometió el acceso a una vivienda propiedad del Ministerio del Interior. Al exdirector del Comcar se le levantó el secreto bancario, a raíz de la compra de una casa una semana antes de haber sido imputado.
Según la fiscal, la trama comenzó a organizarse en mayo, cuando ya seis víctimas habían declarado contra el exsenador.
En las últimas horas trascendió el contenido de la declaración que el presidente Luis Lacalle Pou prestó por el caso de Alejandro Astesiano.
El presidente había brindado testimonio por el caso el 26 de diciembre del año pasado, pocas semanas antes que su excustodio fuera condenado a prisión por asociación para delinquir, tráfico de influencias, conjunción de interés personal y público y revelación de secreto.
Fue en la residencia de Suárez y Reyes, ante la entonces fiscal Gabriela Fossati. Allí Lacalle relató que conoció a Astesiano en 2004 y que lo unió a su equipo de campaña en 2014.
El presidente, según la declaración que divulgó ayer M24, aseguró que jamás dio a Astesiano “indicaciones concretas” para que funcionarios del gobierno contemplaran pedidos irregulares que les hacía el excustodio. Agregó que nunca le pidió información reservada. Lacalle dijo que nunca supo a quién Astesiano le pedía datos, aunque relató que sí le consultaba al excustodio sobre casos puntuales.
"Indicaciones concretas no. Puedo asumir que si llamaba a Astesiano, se entendía que era como si yo hubiera pedido la información alguna vez", dijo Lacalle Pou. Fossati le preguntó, "¿Alguna vez le pidió a Astesiano que obtuviera información reservada de alguna persona?".
"Reservada no, a quién le requería la información tampoco. Sí, por ejemplo, me llegaban denuncias de una rapiña o un auto, y ver qué se sabe de eso pero información reservada por supuesto que no", agregó el mandatario.
Lacalle Pou dijo que no sabía de esas gestiones y aseguró que Astesiano -al que dijo, veía poco en el día en día- no le planteó en ningún momento reunirse con empresarios rusos para quienes gestionaba el acceso a pasaportes uruguayos.
Consultado por Fossati, el presidente señaló que no hubo una investigación interna luego de las revelaciones del caso.
"Astesiano, a partir de esto que pasó, ¿Le dieron información de que podía estar vinculado con algún otro hecho? ¿Se hizo alguna investigación administrativa interna?", cuestionó la fiscal. "No, si tenemos a la prensa que nos suministra toda la información", respondió Lacalle Pou y agregó "Hice algunos cambios en la seguridad, pocos pero hice".
Con casi cuatro años de discusión el Senado aprobó ayer, con votos de la coalición de gobierno, el proyecto de ley de nueva regulación del instituto de la prisión domiciliaria. Cabildo Abierto intentó sin éxito que la iniciativa incluyera su intención original: que la prisión domiciliaria fuera preceptiva en los casos de condenados o imputados mayores de 70 años.
A Cabildo Abierto siempre se lo acusó de querer beneficiar por esta vía a los exmilitares y policías encarcelados por delitos vinculados al terrorismo de Estado. Al hablar ayer en la sesión, Guido Manini rechazó una vez más esta acusación, pero hizo una encendida defensa de los que denominó “rehenes” que están en la Cárcel de Domingo Arena.
Allí, aseguró, hay hoy algunos presos que son “inocentes”, víctimas de un “proceso de venganza”, no de justicia”. y que “no saldrán”, dijo, mientras no revelen el destino de los desaparecidos. Datos que, señaló, ellos desconocen.
Manini afirmó que su propuesta procura establecer “límites” a lo que definió como “venganza” y no como “justicia” de la que, sostuvo, participan como “agentes” algunos jueces.
El proyecto que se votó y que pasó a Diputados impone condiciones para que el juez pueda definir la prisión domiciliaria, y excluye a los condenados por delitos de lesa humanidad.
Por ejemplo, la existencia de circunstancias familiares del formalizado que impidieran su internación en prisión, que se trate de una mujer embarazada a partir del quinto mes de gestación o una madre que esté en el período de lactancia. También que el formalizado esté afectado por una enfermedad grave que ponga en riesgo su vida o salud. En estos casos, el juez deberá solicitar siempre la historia clínica al prestador de salud del involucrado.
En los casos en que el juez enfrente presos o imputados que sean mayores de 65 años, la prisión domiciliaria podrá ser otorgada cuando la cárcel sea perjudicial para su salud o su dignidad, siempre que el beneficio no implique riesgos para terceros de acuerdo al delito cometido.
INTERNACIONALES
El jefe del grupo islamista palestino Hamás viajó hoy a Egipto para sostener conversaciones sobre un alto el fuego en Gaza, después de que Israel indicara que estaba dispuesto a aceptar una nueva pausa a cambio de la liberación de rehenes.
Con más de dos meses de guerra y ante la presión internacional, las dos partes parecen estar dispuestas a pactar una segunda tregua. La primera, que duró una semana, condujo a la liberación de 105 rehenes en manos de Hamás y de 240 palestinos detenidos en cárceles israelíes.
El líder de Hamás, Ismail Haniyeh, exiliado en Qatar, llegó a El Cairo para reunirse con Abbas Kamel, el jefe de los servicios de inteligencia egipcios.
Las conversaciones se centrarán en "detener la agresión y la guerra, preparar un acuerdo sobre la liberación de prisioneros (palestinos) y poner fin al asedio impuesto a la Franja de Gaza", señaló a la AFP una fuente de Hamás.
Por su parte, el presidente israelí, Isaac Herzog, declaró el martes que su país está "listo para otra pausa humanitaria y ayuda humanitaria adicional para facilitar la liberación de rehenes".
129 de las 250 personas secuestradas por Hamás en el ataque del 7 de octubre siguen en Gaza, según las autoridades israelíes.
En Gaza, el ejército israelí continuó con sus bombardeos, mientras el Consejo de Seguridad de la ONU discutía sobre un llamado a la tregua.
El Consejo de Seguridad tenía previsto pronunciarse ayer sobre un nuevo texto que llame a un "cese urgente y duradero de las hostilidades" en el territorio asediado, luego de varios vetos de Estados Unidos.
Aunque se mantuvo una discusión tensa sobre el tema, al final se aplazó la votación.
La Unión Europea alcanzó hoy un acuerdo sobre una amplia reforma de la política de asilo y migración del bloque que endurece los requisitos de acogida.
El vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, hizo el anuncio luego de varios años de negociaciones intensas.
La reforma prevé controles más estrictos en la llegada de migrantes a la UE, centros cerrados cerca de las fronteras exteriores para expulsar más rápido a quienes no tengan derecho a asilo, y un mecanismo de solidaridad obligatoria entre los Estados miembros, en beneficio de países como Italia, España y Grecia, a donde llegan miles de migrantes.
La solidaridad obligatoria significa que los demás Estados miembros de la UE deben contribuir a aliviar esa presión migratoria, o bien recibiendo a algunos solicitantes de asilo -una figura conocida como relocalización-, o bien aportando apoyo financiero.
El acuerdo político alcanzado este miércoles deberá aún ser aprobado formalmente por el Consejo, es decir el foro de los 27 Estados miembros, y el Parlamento Europeo. El objetivo es que los textos del acuerdo se aprueben definitivamente antes de las elecciones europeas de junio de 2024.
La UE está experimentando actualmente un aumento de las llegadas de migrantes irregulares y de solicitudes de asilo. En los once primeros meses de 2023, la agencia Frontex reportó más de 355.000 pasos por las fronteras exteriores de la UE, la cifra más alta para ese período desde 2016.
La reforma europea ha suscitado críticas de las organizaciones de defensa de derechos humanos.
Unas cincuenta ONGs, entre ellas Amnistía Internacional, Oxfam, Caritas y Save the Children escribieron el lunes una carta abierta a los negociadores para alertarlos sobre el riesgo de acabar teniendo "un sistema mal diseñado, costoso y cruel".
En EEUU, la Corte Suprema de Colorado falló ayer que el expresidente Donald Trump no podrá participar en las elecciones primarias estatales en 2024, por estar "descalificado" para asumir la presidencia del país.
La campaña de Trump, favorito entre los precandidatos republicanos que aspiran a la Casa Blanca, prometió de inmediato apelar la sentencia.
En su fallo, la Corte Suprema de Colorado subrayó que no llegó a su decisión "de forma ligera": "Somos conscientes de la magnitud y el peso de las cuestiones que tenemos ante nosotros. También somos conscientes de nuestro solemne deber de aplicar la ley, sin temor ni favor, y sin ser influenciados por la reacción pública a las decisiones que la ley nos obliga a tomar", dice la sentencia.
La 14a enmienda de la Constitución de EEUU, en la que se basa la Corte, prohíbe a estadounidenses competir por puestos electorales si participaron en una insurrección después de comprometerse a defender la Carta Magna.
La decisión del tribunal deriva de una demanda hecha por un grupo de electores, con el apoyo del grupo no gubernamental Citizens for Responsibility and Ethics, que argumenta que Trump no es elegible para competir por la presidencia debido al ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021 perpetrado por sus partidarios.
Una apelación podría garantizar que el nombre de Trump figure en la contienda mientras el caso es resuelto, pero el fallo de ayer podría repercutir en otros estados.
En EEUU, los líderes demócrata y republicano del Senado dijeron ayer que Washington no podrá aprobar una nueva ayuda a Ucrania antes de fin de año, mientras los dos bandos continúan en la búsqueda de un compromiso.
"Mientras los negociadores trabajan en los temas que quedan, esperamos que sus esfuerzos permitan al Senado tomar medidas rápidas a inicios del nuevo año", indicaron el demócrata Chuck Schumer y el republicano Mitch McConnell en un comunicado conjunto.
"Quedan puntos desafiantes, pero estamos comprometidos para abordar las necesidades de la frontera sur y para ayudar a los aliados y socios que enfrentan serias amenazas en Israel, Ucrania y en el Indopacífico. El Senado no dejará sin respuesta estos desafíos de seguridad nacional", sigue el texto.
El anuncio del Capitolio marca otro revés para el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, cuyo gobierno ha advertido sobre la "extrema necesidad" de armas para antes del invierno. Zelenski viajó a Washington a mediados de diciembre -su tercer viaje a la capital estadounidense en un año- para gestionar ayuda. En una rueda de prensa ayer, se mostró optimista de que EEUU "no traicionará" a su nación.
El impasse en el Congreso también es un golpe para el presidente estadounidense Joe Biden, que ha convertido el apoyo a Ucrania y el fortalecimiento de la alianza Atlántica en banderas de su política exterior.
El Consejo de Seguridad de la ONU decidió el martes iniciar una retirada anticipada pero "gradual" de las fuerzas de paz instaladas en la República Democrática del Congo a partir de finales de 2023, como exigía el gobierno de Kinshasa.
La decisión fue adoptada por unanimidad, pese a las preocupaciones por la escalada de violencia en el este del país y en vísperas de unas elecciones de alto riesgo que tendrán lugar hoy.
La resolución del Consejo, que renueva por un año el mandato de la misión de mantenimiento de la paz en el Congo (MONUSCO), decide "iniciar la retirada progresiva, responsable y sostenible" de la misión, de acuerdo con un plan de retirada firmado en noviembre entre Kinshasa y la MONUSCO.
Varios miembros del Consejo, en particular EEUU, han expresado dudas en los últimos meses sobre el hecho de que las fuerzas congoleñas estén dispuestas a sustituir a la MONUSCO para garantizar la seguridad de la población.
Pero como las misiones de la ONU no pueden operar sin la autorización del país anfitrión, la RDC forzó la intervención del Consejo de Seguridad.
En Paraguay, un total de nueve presuntos narcotraficantes fueron abatidos y 10 capturados ayer en un operativo en Salto del Guairá, localidad fronteriza con Brasil, 500 km al noreste de Asunción, informó la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).
"El golpe a la estructura criminal es demasiado considerable. Su ejército de 18 personas fue desarticulado: nueve de ellos abatidos y 10 detenidos", informó a periodistas el portavoz de la Senad, Francisco Ayala.
Una fuerza conjunta de militares y policías allanó una lujosa granja donde fue detenido el brasileño Ricardo Luis Picolotto, alias "R7″, tras una sangrienta refriega, informó en conferencia de prensa el jefe antidrogas Javier Rachid.
Se trata de un supuesto jefe narco dedicado a abastecer de armas y drogas a elementos del Primer Comando Capital (PCC) que domina el crimen organizado en Brasil, según Rachid.
Las autoridades no divulgaron la identidad de los muertos pero el jefe antidrogas anticipó que entre ellos hay varios de nacionalidad brasileña.
En Brasil, la Cámara de Diputados aprobó ayer un proyecto de ley que flexibiliza los trámites de licencia ambiental relacionados con la pavimentación de la autopista que atraviesa la Amazonia.
La pavimentación de la BR-319, que une Manaos con Porto Velho, se prolonga desde hace décadas y es objeto de una intensa resistencia por parte de los ecologistas. Argumentan que el proyecto podría dar lugar a un mayor acaparamiento de tierras a lo largo de la ruta, aumentar la deforestación ilegal e impulsar la tala criminal.
Los defensores de la BR-319, incluida la clase política del norte, argumentan que la carretera es necesaria para reducir el aislamiento de los residentes de los dos estados conectados, Amazonas y Rondônia.
La disposición que flexibiliza los requisitos para la concesión de licencias figura en un proyecto de ley que reconoce la carretera como "infraestructura crítica, indispensable para la seguridad nacional, obligando a garantizar su transitabilidad".
Hubo 311 votos a favor y 103 en contra. El texto pasará ahora al Senado.
En Argentina, Javier Milei utilizará hoy por primera vez la cadena presidencial para anunciar un decreto de necesidad y urgencia, en el que se buscará una desregulación de la economía, y que abarcará muchas áreas, desde el plano laboral hasta el comercio exterior y los alquileres.
El decreto viene siendo trabajado desde hace más de un año por un equipo especial, liderado por Federico Sturzenegger, ex presidente del banco central en la gestión macrista, y uno de los economistas de mayor confianza del presidente.
Sturzenegger adelantó que la desregulación implicará la derogación de unas 300 leyes y una larga lista de modificaciones de otras leyes que establecían privilegios sectoriales. El decreto constará de unos 600 artículos.
De la información que trascendió, lo más relevante es una modificación en el régimen laboral, con el objetivo de incentivar a los empresarios a tomar más empleados. Se promoverá, entre otros puntos, un fondo para financiar las indemnizaciones por despido y una baja en los aportes a la seguridad social.
Además de este decreto, habrá otra serie de iniciativas que necesitan aprobación parlamentaria, y que formarán parte de la llamada “ley ómnibus”. Fue por este motivo que Milei recibió en la Casa Rosada a los 24 gobernadores provinciales, de cuyo apoyo depende para que la ley obtenga mayoría en el congreso.
En la reunión, el presidente prometió ayudar financieramente a los gobernadores, que están con dificultades para pagar sueldos, mediante la reinstauración de un impuesto que había sido derogado por Sergio Massa.
Para los gobernadores peronistas implica una situación incómoda, porque se trata de un impuesto que grava los salarios de niveles medios y altos, y se exponen al malhumor de su base de votantes. En su lugar, proponen que se coparticipe la recaudación del impuesto a las transacciones bancarias, pero Milei se niega de plano.
Y mientras se avanza con esas negociaciones entre gobierno y oposición, hoy va a haber otro test importante a nivel de la calle, con la nueva política de seguridad.
Ocurre que las organizaciones sociales convocaron a una marcha de protesta contra las medidas económicas, en una fecha que además homenajea a los fallecidos en la trágica jornada del 20 de diciembre de 2001, cuando cayó el gobierno de Fernando de la Rua.
Se espera que haya unas 50 mil personas manifestando en el centro de buenos aires. Y será el momento de aplicar por primera vez el nuevo protocolo anunciado por la ministra de seguridad, Patricia Bullrich.
El protocolo establece que la policía no permitirá que los manifestantes corten el tránsito. Quienes así lo hagan pueden ser detenidos, y quienes concurran con niños a la manifestación pueden ser objeto de denuncias ante el juez de menores.
Por otra parte, se avisó quienes corten el tránsito y sean beneficiarios de planes de asistencia social, quedarán excluidos del cobro.
Dada la masividad de la protesta, se considera altamente probable que en algún momento haya alteraciones en el tránsito, por lo que el riesgo de represión y enfrentamientos violentos va a estar latente durante toda la jornada.
(Fernando Gutiérrez, corresponsal de Argentina)
VOLVEMOS AL PANORAMA NACIONAL
El Senado aprobó ayer por unanimidad la ley que regula el cobro de las propinas que se abonan a través de medios electrónicos.
El texto establece que todo trabajador que habitualmente perciba propina o que desempeñe tareas en las que es de estilo o costumbre recibir propina tiene derecho a que esta se abone a través de tarjetas de débito, crédito, instrumentos de dinero electrónico y transferencias, entre otros.
El empleador está obligado a poseer la tecnología disponible para que a la hora de abonar, el cliente tenga la posibilidad de incluir las propinas en las transacciones. El texto indica que “en ninguna circunstancia el empleador podrá disponer de los montos ni de la distribución de estos, siendo esta una facultad exclusiva de los trabajadores”.
El proyecto había sido presentado por el diputado Sebastián Sanguinetti del Partido Colorado y había sido aprobado en la cámara baja en junio de este año.
El Senado aprobó ayer por unanimidad el proyecto de ley que regula la pirotecnia de estruendo.
El texto prohíbe la importación, fabricación y venta de este tipo de elementos cuando su sonido exceda los 110 decibeles. El material que ya haya sido importado para comercializar quedará permitido por los próximos dos años. A partir de allí el máximo de sonido autorizado quedará reducido a 105 decibeles.
Julián Mazzoni, integrante del Codicen (Consejo Directivo Central) de la ANEP en representación de los docentes, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra los artículos de la ley de Urgente Consideración (LUC) que le otorgan al Ministerio de Educación y Cultura la facultad de reconocer títulos universitarios.
Hablando con la prensa, Mazzoni consideró que esa potestad le corresponde a los entes autónomos de la educación y plantea que es un problema de carácter político más que un problema técnico.
"En ese proceso de construcción democrática y de defensa de la laicidad, hay que preservar a la educación pública de la tentación del Poder Ejecutivo y de otros poderes, de incidir sobre la formación de los futuros ciudadanos".
Mazzoni consideró que no debe haber injerencia del gobierno de turno en este tipo de políticas.
ECONOMÍA Y EMPRESAS
Hoy reabre sus puertas Punta Shopping, luego del incendio que sufrió en 2022 y que destruyó totalmente el local de Tienda Inglesa y el 80% del centro comercial.
La propuesta edilicia totalmente renovada contará con 150 operadores comerciales, de los cuales se mantienen el 95% de los comercios que estaban establecidos antes del incendio, dijo a El País el gerente de Punta Shopping, Uri Ivaniere.
A su vez, el sábado abrió sus puertas Altlántico Shopping, ubicado en Avenida Roosevelt y Parada 22, que cuenta con más de 80 propuestas comerciales distribuidas en tres plantas.
Esta inversión está asociada a un proyecto que incluye cuatro torres de apartamentos.
OTRAS NOTICIAS
La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos convoca a marchar hoy por la Avenida 18 de Julio, en reclamo de que se sepa la identidad de los restos que fueron hallados en junio en el Batallón 14 del Ejército.
La marcha partirá a las 18:30 desde la Universidad de la República y llegará a la Plaza de Cagancha, bajo la consigna “Que nos digan quién es”.
Lo único que se sabe de esos restos es que pertenecen a una mujer, pero los investigadores no lograron identificarla con los datos que existen disponibles hasta ahora.
En su reclamo, Familiares alude una vez más a los que “tienen información” pero aún “permanecen en silencio” y, de esta forma, “mantienen su identidad secuestrada”.
Una mujer de 31 años fue asesinada ayer de varios disparos en la zona de Piedras Blancas, en Montevideo.
Fue atacada cuando caminaba con su pareja. El hombre declaró que dos personas se les acercaron en una moto y les comenzaron a disparar sin mediar palabra.
En la zona fueron localizados once casquillos de pistola nueve milímetros.
DEPORTES
Cerrito apeló ayer el fallo de la Cámara de Disputas de AUF de su partido con Rentistas por el partido que ambos disputaron por el Uruguayo de Segunda División. El recurso postergó hasta el año que viene la definición del tercer ascenso a Primera División.
Cerrito había reclamado los puntos de ese partido, al entender que el técnico de Rentistas había violado el reglamento al dar indicaciones vía celular, al estar suspendido.
Los tiempos procesales indican que la apelación será resuelta recién el año que viene. De esta definición dependen las chances de Rentistas de poder aspirar al tercer ascenso a primera.
Es que si se le da la razón a Cerrito, Rentistas perdería los puntos de ese y quedaría relegado en la tabla de posiciones sin poder disputar los playoffs de ascenso.
