20211117 /URUGUAY / MONTEVIDEO / Concentración contra el procesamiento de militantes sociales por la movilización en la Suprema Corte de Justicia en abril de 2013, en solidaridad con la jueza Mariana Mota. Los procesados son Irma Leites, Jorge “Tambero” Zabalza, Álvaro, Diego y Eduardo Jaume, y Aníbal Varela. En la foto: Jorge Zabalza durante la concentración frente a la Suprema Corte de Justicia contra la condena de seis militantes sociales procesados por la movilización en solidaridad con Mariana Mota en 2013. Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS

Noticias del miércoles 23 de febrero de 2022

 

Jorge Zabalza. Mota en 2013. Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS

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Falleció esta madrugada, a los 78 años de edad, el exdirigente tupamaro Jorge Zabalza, luego de haber permanecido internado durante un mes.  

Así lo confirmó hoy su esposa, Veronika Engler.  Afectado por largo tiempo por un cáncer de esófago, del que había sido operado hace varios años, Zabalza estaba ingresado en el Hospital de Clínicas en una sala de cuidados intermedios, por un cuadro de insuficiencia renal. 

A fines de enero había sido intervenido quirúrgicamente. 

Fue de los principales dirigentes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, siendo uno de los 111 fugados del penal de Punta Carretas. Permaneció en prisión durante toda la dictadura cívico-militar. Luego fue edil en Montevideo por el Frente Amplio, aunque con los años terminó por romper con la coalición de izquierdas. 

Se apartó del Frente Amplio en el año 2000, siendo luego muy crítico con su  excompañero José Mujica. 


El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT pasó a la Mesa Representativa la decisión final sobre la forma en que se realizará el paro general de 24 horas fijado para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Ayer, cuatro sindicatos formalizaron un pedido para revisar la medida, lo que se analizará el viernes.

Las características del paro provocaron críticas de mujeres sindicalistas por superponer la campaña del reféréndum sobre la LUC, con la lucha del movimiento feminista. 

Los sindicatos que solicitaron rever la forma de realización del paro fueron la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República, la Federación Ancap, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Montevideo y el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo.

Elbia Pereira, secretaria general del PIT CNT, explicó, hablando con La diaria, que lo que estará en consideración el viernes no será la fecha sino “la implementación del paro general”, es decir, “cómo llevar adelante la medida”, ante el reclamo de que la paralización sea exclusiva de mujeres.


El senador del Frente Amplio Óscar Andrade y su par de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos debatieron anoche por televisión sobre algunos de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que serán sometidos a referéndum el próximo 27 de marzo.

 El intercambio, que duró poco más de una hora, tuvo lugar en el Centro Comercial e Industrial de Florida y fue producido por la señal Cardinal TV, generada por más de cien canales de cable afiliados a la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA).

Previamente cada uno de los senadores eligió dos temas para debatir: Guido Manini Ríos propuso seguridad pública y educación; Óscar Andrade eligió régimen de alquileres sin garantía y regulación del derecho de huelga.


El primer bloque de la discusión se centró en el capítulo de la LUC relativo a la seguridad pública.

Manini Ríos sostuvo que los cambios que introduce la norma responden a la situación crítica que recibió el gobierno en materia de seguridad pública. El senador de Cabildo Abierto aseguró que la LUC  favorece a los más frágiles que son, dijo, “los que no se pueden enrejar, pagar alarmas y dependen de la Justicia y el buen funcionamiento de la Policía para poder tener seguridad”.

Andrade, por su lado, basó su argumentación en el rechazo “unánime” que la Cátedra de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de la República expresó respecto a los cambios que la LUC introduce en las normas sobre legítima defensa, que a juicio de los expertos pone “contenidos patrimoniales” por encima de la vida.

También hizo referencia a las denuncias presentadas por la Asociación de Defensores de Oficio sobre abusos policiales, para sustentar la crítica a los cambios que aumentan el plazo por el que la Policía puede tener a una persona detenida sin avisar al fiscal.

Luego habló de “inflación punitiva” por el aumento de penas que consideró exagerado para determinados delitos. “Este tipo de propuestas parecen para la tribuna”, opinó.

Andrade criticó además el argumento esgrimido por el oficialismo de que la LUC protege a la Policía.

«Para proteger a la Policía, lo que hay que hacer es no darle chalecos vencidos a la Policía. Lo que hay que hacer es proteger el salario, y no bajarle el salario a los policías. Proteger a la Policía no implica que un policía cuando te detenga no tenga que avisar al fiscal. Que un policía cuando tiene que hacer un procedimiento no tenga que avisarle al fiscal. Eso le quita garantías a la ciudadanía», dijo. 

Respecto a las críticas de la Cátedra de Derecho Penal y Criminología de la Udelar, Manini Ríos respondió que en la opinión de los abogados siempre hay “dos bibliotecas”. Además sostuvo que los excesos policiales siempre existieron “con o sin LUC” y fueron castigados como corresponde.

El líder de Cabildo agregó que “nunca se llegó al gatillo fácil de la Policía”. La legítima defensa policial implica “presumir la legitimidad de la actuación policial” para que los policías no terminan sentados en un juzgado”, agregó Manini Ríos.

El líder de Cabildo Abierto acusó al Frente Amplio de estar del lado de los delincuentes.

“Creemos que la oposición se está alejando del ciudadano honesto y mira el tema desde la óptica del delincuente, del que está dispuesto a desafiar a la autoridad. La LUC pretende defender a los uruguayos honestos que no pueden quedar inermes ante el avance de un crimen que es cada vez más alto. Esto debe ser complementado con una policía bien paga pero también bien comandanada y bien dirigida”.

El siguiente tema del debate fue el nuevo régimen de alquileres sin garantías, un tópico elegido por Andrade.

El senador del Partido Comunista recordó que en este nuevo esquema se establecieron plazos más cortos para declarar al inquilino como moroso y para determinar su desalojo. Andrade sostuvo que la LUC va en contra de la normativa de alquileres en otros países -citó por ejemplo Bélgica, Austria y Francia- que incluyen plazos largos para evitar abusos contra los arrendatarios.

El senador añadió que está de acuerdo en buscar una solución para los que no pueden acceder a una garantía del alquiler pero no a costa de condiciones que calificó de “feroces” y “crueles con la familia”. 

«Si una familia tiene que enfrentar el desalojo y se trata de una mujer que está cursando el embarazo, una mujer que tiene hijos pequeños, es invierno y no tiene donde ir, con la propuesta de alquileres de la LUC terminás afuera. El argumento que se quiere colocar es un argumento insólito: dicen ‘esto crea el alquiler sin garantía’, cuando en Uruguay cerca de 80 mil hogares ya alquilaban sin garantía previo a la LUC. Es más: entre las familias que tienen contrato, entre un 12 y un 15% -información que viene en el Plan Quinquenal de Vivienda, o sea que el gobierno la conoce- alquilaban sin garantía. ¿Qué sabemos de ese universo, que es el principal afectado con este cambio de la LUC? Que la mitad de esas familias están en el quintil más bajo de ingresos”.

El senador del Partido Comunista dijo también que no entiende por qué si al oficialismo le preocupa la población que no puede acceder a garantías de alquiler, el Poder Ejecutivo recortó los fondos para las garantías públicas a través del presupuesto quinquenal.

En respuesta, Manini dijo que la LUC busca darle “certezas” a los propietarios de qué van a hacerse con su bien ante eventuales incumplimientos. De esa manera, dijo Manini, se busca estimular que unas 53.000 viviendas vacías se vuelquen al mercado de alquileres, disminuyendo el precio de los arrendamientos.

Manini sostuvo que los propietarios no cumplen con el estereotipo de “rico” sino que muchas veces son gente de bajos recursos que complementa sus ingresos con el alquiler de una pieza.

En este capítulo Manini Ríos criticó la política de vivienda de las administraciones frenteamplistas.

“El primero de marzo de 2020 la situación habitacional en este país era realmente crítica. El déficit era de 60.000 viviendas, más de 600 asentamientos, casi 200 mil uruguayos viviendo de forma indigna. No se encontró solución al tema de la vivienda en 15 años, a pesar de que hubo más dinero que nunca. Si se hubiera utilizado el dinero de la regasificadora, el de Ancap y el de Pluna se hubiera terminado con el problema de los asentamientos y muchos problemas más», sostuvo. 

El tercer tema en debate fue Educación, elegido por Manini Ríos. En ese bloque, el líder de Cabildo Abierto sostuvo que la LUC inicia un proceso de cambio que busca superar la “falta de avance” que hubo en la materia durante los 15 años de gobierno frenteamplista.

El senador cabildante destacó que la transformación de los consejos desconcentrados en direcciones unipersonales dispuesta por la LUC, disminuyó las “trabas burocráticas” en la ANEP. Además subrayó que la ley dio autonomía a los centros educativos de contexto crítico para generar “sentido de pertenencia” e involucramiento entre los docentes. Asimismo, valoró que la LUC abre la posibilidad para que los docentes tengan título de grado universitario.

Andrade, por su lado, afirmó que la reforma de la gobernanza de la educación implementada con la LUC va en contra de la comunidad educativa y dijo que si había dudas de cuán en contra de la comunidad educativa está la LUC, “alcanza ver los resultados de las elecciones para representantes en el Codicen”, donde las corrientes sindicales no alineadas con el gobierno lograron victorias importantes.

“No se hacen los cambios sin la comunidad educativa”, sentenció.

Andrade criticó además que el actual oficialismo no le dio los votos al Frente Amplio para crear la Universidad de la Educación en el período pasado.

Otros puntos que resaltó: que se suprime del texto de la ley el garantizar la extensión del tiempo pedagógico y la actividad curricular, y que se establezcan becas para formación en educación, algo que se brinda solo en universidades privadas.

Andrade lamentó que las críticas del gobierno se centren en los sindicatos de la educación:

“No llego a entender la relación entre la estigmatización de la organización sindical y el recorte de presupuesto de arriba de 60 millones de dólares que generó rebaja salarial, pérdida de becas y pérdida de presupuesto para la investigación científica. Por ese camino, seguramente que no. Con menos participación seguramente que no; sacando a los maestros de los Consejos de Primaria después de 100 años seguramente que no; eliminando la posibilidad del Congreso de la Educación, seguramente que no”.

Manini Ríos respondió recordando las críticas que Esteban Valenti, jefe de la campaña publicitaria por el Sí, había hecho contra los sindicatos de la educación.

“Lo que molesta es que se pueda afectar la fuerza de una cúpula sindical que se adueñó de la enseñanza y no permitió hacer los cambios que se quisieron hacer en su momento. Todos recordamos las palabras muy duras de Mujica con eso sindicatos. Yo quiero traer a colación palabras del jefe de campaña del Sí,  Esteban Valenti que dijo que los sindicatos de la educación tienen que hacer un mea culpa de cuanto aportaron y cuanto dañaron a la educación y son el principal freno para los cambios que la educación uruguaya necesita. Se tiene que saber que el escollo principal es el espíritu conservador y reaccionario que además de todos desprestigia a los sindicatos”, indicó. 

El último tema en debate fue el referido al derecho de huelga, un capítulo sugerido por Andrade.

El senador frenteamplista criticó el artículo 392 de la LUC que establece que el “Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente”.

Andrade aseguró que por primera vez en la historia uruguaya se reglamenta el derecho de huelga y justo se lo hace en un contexto económico complicado. El senador opinó que la LUC muestra “una obsesión” del gobierno contra los sindicatos y dijo que si es cierto que el oficialismo no está en contra de los trabajadores, “no se les nota”.

“Pareciera que para el gobierno el problema es el trabajador cuando se organiza, y ahí altera uno de los pilares básicos de la defensa del derecho laboral: negociación colectiva, sindicatos y derecho de huelga. Y lo hace, para que en opinión del Instituto de Derecho del Trabajo de la Universidad de la República, en versión taquigráfica cuando va al Parlamento, sostiene lo que en buen romance es otorgar patente de corso para la utilización de rompehuelgas”, dijo. 

Manini Ríos respondió que la LUC garantiza derechos constitucionales como el derecho a la huelga, al trabajo y la propiedad privada.

“¿Quién le resarce  el salario, el jornal al que no puede ir a trabajar obligadamente contra su voluntad? ¿Por qué tiene que sufrir violencia física y psicológica el trabajador que quiere ir a trabajar? ¿Por qué un empresario tiene que sufrir la rotura de su materia prima y su maquinaria? Lo vimos en Friopan. Lo que le molesta a Andrade es la libertad de adherir a medidas que se toman por una ínfima minoría. Si quieren entrar a trabajar tienen que convencerlos a todos. Esa es la forma democrática. No a prepo”.


En su mensaje final, Andrade dijo que en el referéndum del 27 de marzo “no se elige ni partido político ni legisladores; se elige votar por un mejor país para vivir”, afirmó.

“Asumió un gobierno que dijo que no se trataba de sustituir a una mitad por la otra mitad. Y generaron un planteo de intentar construir acuerdos. La respuesta que tuvimos fue una reforma educativa sin la comunidad educativa, una reforma laboral sin los trabajadores, quebrar un acuerdo de construcción de ley de inteligencia que llevó casi diez años, y un conjunto de medidas que promueven mayor desigualdad. El Uruguay de hoy necesita en esta clave democrática abrirle paso a la esperanza”.

Por su lado, Manini Ríos dijo que el 27 de marzo está en juego la continuidad de las reformas impulsadas por el gobierno o “volver al primero de marzo de 2020”.

“Es una ley que defiende a los más frágiles, brinda seguridad, pone al alumno en el centro, garantiza a los que no tiene garantías de alquiler acceder a alquileres, garantiza los derechos de los trabajadores. En 20 meses no generó ninguna de las consecuencias negativas que dice Andrade. Los propulsores del Sí están recurriendo al miedo, como lo hicieron en el balotaje de 2019, en la pandemia y ahora en el referéndum. Pronosticaron gatillo fácil, desalojos masivos, y la fundición de Antel y nada ocurrió”, concluyó el senador y líder de Cabildo Abierto. 

El diario El Observador tituló hoy que el debate también se jugó en redes sociales, donde Manini no encontró el eco de los socios de la coalición. El matutino destaca también que frenteamplistas aplaudieron la actuación de Andrade, mientras que blancos evitaron los halagos a Manini.


Una nueva encuesta de intención de voto para el referéndum del 27 de marzo, presentada ayer por la consultora Cifra señala que hoy una mayoría relativa, el 45%, votaría por mantener los 135 artículos vigentes, mientras que un tercio, el 33%, votaría por derogarlos.

Un 1% votaría en blanco y un 20% no sabe qué votaría. La encuesta fue realizada entre el 10 y el 17 de febrero.

Dice Cifra que “la estabilidad de las opiniones es notable: desde noviembre de 2020, cuando se empezó a hablar de derogar algunos artículos de la LUC y antes de que comenzara la campaña para recoger firmas para convocar a un referéndum, las posiciones a favor y en contra eran muy similares a las actuales”.


EMERGENCIA SANITARIA

Ayer fallecieron 10 personas con coronavirus en Uruguay.

La cantidad de pacientes con covid-19 en CTI se redujo a 141 (12 menos que el día anterior). En la jornada fueron detectados 4.418 contagios nuevos en 14.745 análisis.

La tasa de positividad fue de 29,96%.


INTERNACIONAL

En Ucrania, el gobierno se está quedando sin opciones para enfrentar los avances militares rusos, que podrían reducir el tamaño de ese país por segunda vez desde 2014.

El presidente ruso, Vladimir Putin, desafió las advertencias de Occidente y aprobó el lunes el envío de tropas a regiones del este de Ucrania para apoyar a los separatistas prorrusos en dos regiones.

Las potencias occidentales intentan decidir si el envío de las llamadas «fuerzas de paz» constituye la temida invasión que los llevaría a imponer sanciones severas.

El peligro de castigar muy duramente a Rusia es que Occidente quedaría con pocas herramientas para el caso de que Putin ordenara el ingreso de los 150.000 soldados que, según Kiev y Washington, tienen rodeada a Ucrania.

Pero analistas advierten que el gobernante ucraniano enfrenta un dilema aún mayor: señalan que Zelenski no puede ser visto cediendo a la decisión de Putin de tomar una porción del territorio ucraniano, pero tampoco puede enfrentar a las poderosas fuerzas armadas rusas y exponerse a una guerra en el vasto territorio de su país.

Las fuerzas ucranianas están posicionadas a lo largo del frente con las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk. Putin sugirió el martes que su reconocimiento abarca a la totalidad de esas regiones, no solo las áreas controladas por los separatistas.

Eso podría crear las condiciones para el primer choque directo entre las fuerzas rusas y ucranianas desde la independencia de ambos países en 1991, tras el colapso de la Unión Soviética.


 En España, la fiscalía anticorrupción anunció que investigará los contratos de compra de mascarillas que provocaron una crisis sin precedentes entre los conservadores del Partido Popular.

El líder de esa formación, Pablo Casado, se encuentra contra las cuerdas tras enfrentarse a la dirigente más valorada, la presidenta de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un contrato de compra de mascarillas por el que el hermano de ésta, que trabaja en el comercio de material sanitario, ganó 55.000 euros.

Díaz Ayuso aseguró que en la operación no se cometieron irregularidades y que la dirección del Partido Popular sacó este asunto porque la quiere «destruir». Sin embargo, este martes la fiscalía anticorrupción decidió investigar esos contratos ante un pedido de los partidos de la oposición en la Asamblea madrileña.

La fiscalía tomó esta decisión «a la vista de que los hechos denunciados pudieran llegar a ser constitutivos de delitos», indica el comunicado oficial. 

Pero quien salió peor parado por esta crisis es Casado, quien se vio obligado a convocar a la Junta Directiva Nacional del partido para principios de la semana próxima.

Esta junta pondrá fecha a un congreso extraordinario que elegirá al líder del partido,  Casado no ha aclarado si llegará al mismo como candidato.

El aún líder del Partido Popular renunció hoy a su escaño en el Congreso. “Entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, el respeto a los adversarios y la defensa de los compañeros. Todo para servir a España y la causa de la libertad, porque ese es el futuro de nuestros hijos” dijo, en su despedida. 


Las Naciones Unidas advirtieron que la probabilidad de incendios forestales que devastan enormes superficies, como los de Australia en 2019 y 2020 o el del Pantanal sudamericano en 2020, aumentará a lo largo de este siglo.

Los incendios, naturales, accidentales o provocados, no son causados directamente por el calentamiento del planeta, pero suelen deberse a sequías cada vez más intensas y prolongadas, advirtió un informe de Naciones Unidas y el centro de estudios medioambientales GRID-Arendal.

«Incluso si se cumplen los esfuerzos más ambiciosos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el planeta sufrirá un aumento dramático de la frecuencia de las condiciones que favorecen los incendios extremos», estima. Detalla que el número aumentará entre un 9% y un 14% hasta 2030, entre 20 y 33% hasta 2050 y entre 31 y 52% hasta 2100.

Esas cifras solo se refieren a los incendios de mayor magnitud, que se producen una vez cada 100 años.


 En Colombia, el presidente, Iván Duque, consideró «atroz» el fallo de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de embarazo y reprochó a los magistrados que tomaron la decisión sin tener en cuenta al Congreso.

Duque afirmó que es una decisión «que atañe a toda la sociedad colombiana» y advirtió que «cinco personas no pueden plantearle a la nación algo tan atroz».

En una conferencia de prensa, el presidente también señaló que le simpatiza la idea de someter el tema a referéndum, pero comentó que esto no es viable: 

«Me parece que con este fallo también se está limitando, inclusive, la posibilidad de que el pueblo colombiano pueda, en un proceso democrático, de participación ciudadana, pronunciarse sobre estas materias. Al haber alterado ese principio de la cosa juzgada constitucional se está generado un problema adicional», señaló el presidente colombiano. 

En opinión de Duque, el tribunal se excedió al volver a fallar sobre un asunto, que ya había juzgado cuando estableció las tres licencias para el aborto en Colombia.

El mandatario también afirmó que la decisión de la corte podría convertir el aborto «en un mecanismo anticonceptivo», ante la tradición machista en algunas regiones donde las mujeres son rechazadas por pedirle a sus parejas que «utilicen métodos como el condón».

Duque planteó que el Congreso asuma la discusión sobre el aborto, pese a que por años los legisladores han evitado debatir un marco de regulación para la suspensión voluntaria del embarazo.


El experto de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, presentó sus observaciones preliminares sobre el sistema judicial de Bolivia después de una visita de una semana, invitado por el gobierno de Luis Arce.

García-Sayán consideró que «en Bolivia, la justicia está lejos de la gente», que pide que atienda sus «dramas cotidianos», como la inseguridad. 

La visita del relator ocurrió en medio de críticas a la justicia boliviana luego del descubrimiento de una red de jueces que liberaba a asesinos y violadores por dinero. Además, el experto llegó días después del inicio del juicio a la expresidenta Jeanine Áñez (2019-2020), a quien no visitó porque, justificó, los relatores no mantienen diálogos con detenidos. 

García-Sayán criticó las «dificultades» para la hospitalización de la exmandataria, que el viernes no pudo ser trasladada ,pese a una orden judicial, debido a una manifestación en las puertas de la cárcel. El relator subrayó que «el Estado, frente a cualquier persona privada de libertad, es el responsable de la integridad física y de la salud».

Por otra parte, el relator se reunió con familiares de víctimas de represión durante las primeras semanas del gobierno interino de Áñez, en noviembre de 2019, y aseveró que «pasados más de dos años son escasos los resultados» de la investigación.

El informe detallado de la misión se presentará en junio al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza.


En Venezuela, dos militares murieron y otros dos resultaron heridos al estrellarse un helicóptero de la Fuerza Armada, de fabricación rusa, informó el presidente Nicolás Maduro.

El aparato, que se accidentó en Barquisimeto, capital de Lara, quedó consumido por el fuego. Los dos militares heridos fueron rescatados por vecinos y trabajadores del sector.

La Fuerza Armada informó en un comunicado que el hecho, ocurrido a las 14.15, se produjo cuando los militares cumplían «una misión de abastecimiento a bases de protección fronteriza».

El presidente Maduro ordenó iniciar las averiguaciones para «determinar las posibles causas del siniestro».

El mandatario venezolano expresó condolencias y agradeció a los campesinos por participar en el rescate de los heridos.  


En Brasil, grandes compañías mineras buscan expandirse por tierras indígenas protegidas en la selva amazónica, con el respaldo de bancos internacionales y firmas de inversión.

Un informe publicado este martes indica que nueve mineras gigantes, entre ellas la brasileña Vale, la británica Anglo American y la canadiense Belo Sun, presentaron solicitudes de autorización para explotar reservas indígenas, a pesar de que actualmente es ilegal. 

La ONG ambientalista Amazon Watch y la Asociación de los Pueblos Indígenas de Brasil denuncian las compañías parecen estar apostando a que el presidente Jair Bolsonaro logrará que se aprueben esos proyectos antes del fin de su gobierno, el 1 de enero de 2023.

Hasta noviembre, las empresas tenían un total de 225 solicitudes mineras activas ante la Agencia Nacional de Minería, que coinciden en 34 tierras indígenas, para un área total de más de tres veces el tamaño de Londres.

Los expertos dicen que preservar las tierras indígenas es una de las mejores formas de proteger la mayor selva tropical del planeta, un recurso vital en la carrera para frenar el cambio climático.

El informe revela que las mineras recibieron un total de 54.100 millones de dólares en financiación de inversores internacionales durante los últimos cinco años para sus operaciones en Brasil.

El texto insta a los bancos y firmas financieras que respaldan esas empresas a retirarse de ellas, con el argumento de que muchas también tienen un historial de violaciones de derechos humanos y de destrucción ambiental.


En Argentina, el tema que se impuso en la agenda pública es la tragedia que vive la provincia de Corrientes, donde un incendio forestal ya ha devastado el 10 por ciento de la tierra cultivable y sigue avanzando sin que los bomberos puedan ponerle un freno.

Los productores agropecuarios estiman que las pérdidas ascienden a unos 45 mil millones de pesos, que al tipo de cambio oficial son unos 400 millones de dólares. El efecto de las llamas hará que la producción provincial retroceda al nivel de cinco años atrás.

Y, además, se teme un desastre ecológico, dado que el incendio está afectando los esteros del Iberá, una zona de humedales reconocida mundialmente por ser reserva de especies en peligro de extinción.

Pero, como suele ocurrir en Argentina, todo se termina politizando y hasta los desastres ambientales pasan a ser vistos bajo el prisma de la grieta, y este caso no fue la excepción.

Ocurre que, mientras el gobierno provincial, a cargo del radical Gustavo Valdés, pedía la asistencia urgente del gobierno nacional para la provisión de recursos materiales para combatir el incendio, se formó un movimiento civil desde las redes sociales que canalizó la ayuda financiera de la población.

Y se creó de inmediato un debate respecto de si los influencers de las redes están haciéndose cargo de una función pública que no está siendo adecuadamente ejercida por el gobierno.

En ese marco, se transformó en una figura a nivel nacional un youtuber, Santi Maratea, que en una noche, desde una convocatoria a título personal, logró recaudar una gran suma que fue donada a la gobernación de Corrientes para la compra de coches bomba y otros materiales. Hasta hoy, lleva recaudados unos 160 millones de pesos, algo así como un millón y medio de dólares.

Maratea no es una persona que haya tomado partido en la discusión política, pero automáticamente pasó a ser reivindicado por la oposición y atacado por los simpatizantes del gobierno.

En ese debate se involucró el ex presidente Mauricio Macri, quien criticó al actual gobierno por la escasez de aviones hidrantes, vigías y equipamiento adecuado en Corrientes.

La polémica llegó al punto de que el propio presidente Alberto Fernández se quejó de que los medios estaban tergiversando la situación, al no reflejar el monto real de la ayuda que el gobierno está brindando para combatir el incendio.

«Muchos están preocupados por ver lo que hicimos en Corrientes. Hicimos todo lo que pudimos. Corrientes acaba de vivir una tragedia, pero no escribimos en Twitter ni hacemos publicidad con eso», dijo el presidente.

Lo cierto es que, más allá de la polémica política, la situación de Corrientes sigue empeorando y hay sospechas en el sentido de que el fuego no obedece a una causa natural sino que es obra de un ataque intencional.

Mientras tanto, el gobernador Valdés pidió la ayuda internacional y se puso en contacto con el gobierno de Estados Unidos y de la Unión Europea, con la esperanza de que se pueda revertir la catástrofe natural que vive Corrientes. (corresponsal Fernando Gutiérrez).


MÁS NOTICIAS DEL PANORAMA NACIONAL

La bancada de ediles del Frente Amplio en Montevideo decidió ayer que no prestará los votos a la comisión investigadora planteada por la oposición.

Los ediles opositores pretenden investigar en la Junta Departamental, la renuncia de un jerarca de la Intendencia por entregar camisetas al Frente Amplio para una actividad de la campaña por la papeleta del Sí. La intendencia evaluó más tarde que fue “una donación sin autorización”, y el Frente Amplio devolvió los materiales.

El edil frenteamplista Miguel Velázquez explicó que se resolvió esperar el resultado de la investigación administrativa ordenada por la Intendencia, antes de analizar en la Junta si es necesario una investigadora. 

El edil blanco Javier Barrios Bove, impulsor de la investigadora, citado por El Observador, acusó al FA por negarse a votarla; dijo que “es una vergüenza” y que “no investigar significa ocultar”.


Secundaria resolvió instruir un sumario con separación del cargo contra el profesor de Historia Marcel Slamovitz y contra el exconsejero Javier Landoni por la justificación irregular de horas sindicales a la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes). 

Además, Fenapes informó que seis docentes del Liceo N° 1 de San José fueron sancionados con seis meses de separación del cargo y “retención de haberes” por divulgar fotos de ellos en la institución haciendo campaña en 2019 contra la campaña Vivir Sin Miedo que promovía el político blanco jorge Larrañaga.

De los 14 docentes involucrados en la investigación realizada por Secundaria por el caso de las fotos, ocho no han sido encontrados responsables de haber cometido irregularidades tras el cierre del proceso sumarial.

La separación del cargo y retención de sueldo que acaba de imponer Secundaria a seis docentes fue informada por el presidente de Fenapes, José Olivera, en conferencia de prensa.

Olivera denunció “un proceso de persecución sindical”, donde según dijo, los profesores fueron “sometidos al escarnio público” tanto en este caso como el de las licencias irregulares.


La Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) anunció que presentará  14 denuncias penales contra la gestión del Frente Amplio.

A juicio del vicepresidente del organismo, Marcelo Sosa, la gestión anterior “evidencia mal uso de dineros públicos”. ASSE presentó ayer sus resultados de 11 de las 21 auditorías que inició para evaluar la gestión del gobierno anterior en el organismo, .

El vicepresidente de ASSE, Marcelo Sosa, hablando con El País, dijo que “entre muchas cosas halladas, lo que más rompió los ojos es la eventual conjunción del interés público y privado, el riesgo de sobrefacturación y la evidencia de un mal manejo general que es muy clara”, afirmó el jerarca.


La bancada de Diputados del Frente Amplio pedirá la semana que viene a la Fiscalía, ampliar la denuncia que presentó en setiembre contra Germán Cardoso, diputado colorado y exministro de Turismo, sobre irregularidades durante su gestión al frente de esa cartera.

Una serie de compras de publicidad derivaron el año pasado en la salida de Cardoso del ministerio.

El diputado frenteamplista Gustavo Olmos dijo, hablando con El Observador, que uno de los puntos de ampliación de denuncia está vinculado a Kirma Services AU, la misteriosa empresa de origen estonio que estuvo en el origen de la polémica que terminó con la caída del ministro.

La oposición pedirá que la Fiscalía de Delitos Económicos investigue el origen de los correos electrónicos y la identidad de quien los envió, en los que Kirma “desiste” del cobro de 280.000 dólares que le habían sido adjudicados mediante contrato de compra directa de publicidad digital.

El Frente Amplio también  procurará añadir elementos a la denuncia, vinculados a información reservada de la cartera a la que podía acceder el empresario Elbio Rodríguez, pese a que no mantenía ningún vínculo formal con el ministerio.


La presidenta de la República en funciones, Beatriz Argimón, respondió ayer a las críticas que recibió desde el Frente Amplio por no haber asistido al velatorio del exministro Eduardo Bonomi, fallecido el domingo por un paro cardíaco. 

Argimón dijo en rueda de prensa que se encontraba en el interior cuando se enteró de la noticia, y que lo que tuvo que hacer lo hizo “con la premura que se necesita”. “Estuve en contacto con representantes de la fuerza política, con la familia, dispuse los honores que corresponde, El compromiso con despedir a un actor público se cumplió”, recalcó la vicepresidenta de la República y actual presidenta en funciones.

El ministro del Interior Luis Alberto Heber también había sido criticado por su ausencia en el velatorio de Bonomi.

Ayer, Heber dijo en rueda de prensa que no entiende las críticas y explicó: “Estuvimos representados por dos senadores. Hice declaraciones públicas, y reitero el pésame a la fuerza política. No sé qué más pretende».

El ministro del Interior comentó también: «En muchas oportunidades cuando tuvimos que despedir a compañeros me hubiera gustado que hubiera mucha gente más presente». Según Heber, estas son «pequeñas discusiones».


ECONOMÍA Y EMPRESA

El empresario italiano Giuseppe Cipriani, que planea el nuevo hotel San Rafael, se reunió ayer con el intendente de Maldonado, Enrique Antía, y le presentó un nuevo inversor asociado, que se sumará a la modificación del proyecto. 

De nacionalidad egipcia, este empresario está fuertemente vinculado al rubro de la construcción y el turismo, según informó la comuna fernandina. Por su parte, el diario El Observador agrega que se trata de Naguib Sawiris, un multimillonario de 67 años, que es la segunda persona más rica de Egipto, con una fortuna de US$ 3.400 millones según la revista Forbes. Además, es uno de los principales comercializadores de oro del mundo y también propietario de Weather Investment  que controla Orascom Telecom Holding.

La modificación del emprendimiento, que será presentada en las próximas semanas, mantendrá como primera etapa la reconstrucción del viejo hotel San Rafael, el casino y salas anexas, más una de las tres torres que acompañarán a su alrededor.

La intendencia aclaró que la reconstrucción del viejo edificio -idéntica a los planos originales-,es una condición innegociable para la administración. Una vez presentado el nuevo plano, la Intendencia de Maldonado deberá estudiarlo, aprobarlo y enviarlo a la Junta Departamental para su votación.

En la reunión también estuvo el arquitecto Rafael Vignoli, quien llevará adelante la obra.


En el mercado local, el dólar bajó ayer 0,52%. El interbancario fondo se operó en promedio a $42.634.

En lo que va del año 2022, el dólar lleva una baja acumulada de 4,61% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2021)

En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $41,30 para la compra y $43,70 para la venta. 

La divisa estadounidense bajó ayer en Brasil y cerró en R$ 5,061.

En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió ayer y se ubicó en AR$107,19. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) bajó y cotizó en el entorno de los AR$210.00. 

Por su parte, el Euro bajó ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$1,1327.


OTRAS NOTICIAS

El Poder Judicial inauguró ayer en la ciudad de San Carlos los dos primeros juzgados del país, especializados en violencia basada en género, doméstica y sexual.

La Ley Integral contra la Violencia basada en Género de 2017 estableció la creación de estos juzgados, y la ley de Presupuesto de 2020 asignó una partida para instalarlos.

El local de estos nuevos juzgados en San Carlos se encuentra en un espacio arrendado al Club Oriental y refaccionado con el apoyo de la Intendencia de Maldonado.

El acto de inauguración contó con la presencia de la presidenta de la República en funciones, Beatriz Argimón; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez Brignani y el intendente de Maldonado, Enrique Antía.

El Poder Judicial prevé inaugurar más juzgados especializados en violencia basada en género en los próximos meses: uno en Rivera y otro en Salto.


La Corte Electoral publicó los circuitos de todos los departamentos para el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que se realizará el domingo 27 de marzo de 2022. 

Los planes circuitales se pueden descargar, aunque hasta ayer todavía no estaba habilitado el buscador de padrón para confirmar la habilitación para votar. 


Pericias fiscales determinaron que fue homicidio la muerte del dueño de una ferretería de Ciudad del Plata ocurrida el pasado viernes.

El hombre de 54 años fue encontrado sin vida en una cama que tenía en el comercio, por su hijo, menor de edad, cuando este llegó para atender el comercio.

El cuerpo tenía una herida profunda en la cabeza. 

La Policía no maneja en principio la hipótesis de robo.


DEPORTE

Plaza Colonia derrotó 2-0 a The Strongest (boliviano) anoche en el Estadio Centenario de Montevideo, por la segunda ronda de la Copa Libertadores.

Los dos goles fueron anotados por Juan Cruz Mascia, el primero de cabeza y el segundo de penal.

El partido que definirá la serie se jugará el próximo 1º de marzo en La Paz, Bolivia.


Horacio Ferreiro, árbitro asistente que anuló un gol de Nacional contra Liverpool por offside, recibió mensajes que ahora analiza el abogado de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

El doctor Gerardo Cozza dijo que el línea del partido recibió “mensajes de todo tipo”, alguno de muerte, según Radio 1010. 

En Perspectiva

Periodismo con vocación de servicio público. Conducen Emiliano Cotelo y Romina Andrioli. Con Gabriela Pintos, Rosario Castellanos y Gastón González Napoli. Producción: Rodrigo Abelenda y Agustina Rovetta. De lunes a viernes de 7 a 12 en Radiomundo 1170.

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