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NACIONALES
Pablo Carrasco, uno de los fundadores de Conexión Ganadera, dijo ayer ante los inversionistas que es "inevitable" un concurso para la empresa. Indicó que él no tiene un problema económico “sino moral” por haber perjudicado a los clientes y afirmó que dejará “el pellejo para que este proceso llegue al mejor fin posible”.
La videoconferencia estaba originalmente pautada para el jueves de la semana pasada, pero Carrasco la pospuso diez minutos antes de empezar.
Ayer, el empresario se dirigió finalmente por primera vez ante los aproximadamente cuatro mil inversores damnificados por la crisis que atraviesa Conexión Ganadera. Recordemos que la compañía tiene pérdidas estimadas en US$ 250 millones.
“Aquí estoy, para poner la cara, no me voy a ningún lado porque yo soy el 50% de Conexión Ganadera. Frente a los inversores y frente a la Justicia, ante ambos yo no me saco esa responsabilidad”, sin importar “cuál era mi tarea en la empresa”, indicó Carrasco al inicio de la videoconferencia.
De todos modos, precisó que el responsable de lo comercial y las finanzas de la empresa era su socio, Gustavo Basso, que falleció a fines de noviembre en un siniestro de tránsito en la ruta 5.
"La primera culpa que tengo clara y que asumo es la negligencia y omisión de cosas que hicimos mal. Con Gustavo Basso, (fallecido el 28 de noviembre de 2024), mi socio, tuvimos un acuerdo tácito durante 25 años de que yo era el hombre del terreno, de campos que crecieron hasta 75.000 hectáreas y me demandaron mucho de mi tiempo, como armar una marca de carne. Todo eso es lo que yo sé y sabía hacer. Él tenía una habilidad comercial indiscutible y el manejo de las finanzas al punto que a mí no me interesaba demasiado, sabía que estaba en buenas manos. Ni siquiera tenía el acceso al día de hoy a ninguna cuenta de Conexión Ganadera”.
Sobre la comunicación de ayer, Carrasco señaló que el objetivo era dar a conocer "el desfasaje de ese activo-pasivo" y "qué empresas integran o están respaldando estos desfasajes".
En cuanto a la salida de la crisis, Carrasco puso sobre la mesa tres alternativas. Una sería rematar ahora el ganado disponible, lo que consideró la peor opción, porque resultaría en "millones de dólares en pérdida".
La segunda posibilidad que mencionó fue "una liquidación inteligente", es decir vender cada animal en su mejor momento.
Por último, Carrasco manejó como alternativa "más remota" que un nuevo socio se integrara a la empresa, aprovechando que Conexión Ganadera tiene hoy "todos los eslabones de la cadena". Según explicó, eso podría atraer a un empresario que "necesite 20 mil toneladas de carne por año o 2 millones de toneladas de carbono secuestrado".
El contador Ricardo Giovio, contratado recientemente por Conexión Ganadera, dio un diagnóstico crudo de la compañía: planteó que terminó operando como un “esquema Ponzi”, dijo que “asegurar renta fija con venta variable es una timba”, que sus balances no reflejaban la realidad y consideró un problema “la discrecionalidad con la que se manejaba la plata”
Giovio, que hizo un informe de 45 minutos de duración, contó que cuando lo contrataron el 6 de enero detectó, primero, una pérdida de US$ 150 millones que luego aumentó a una cifra de entre US$ 230 y 250 millones.
“Si me preguntan yo diría que esta empresa no es auditable porque sus balances no reflejan la realidad”, agregó tras desmentir que se haya hecho una auditoría en las últimas semanas.
El contador explicó que Conexión Ganadera no empezó como un “esquema Ponzi”, pero que luego se convirtió en uno, “o sea, tapo lo que me falta con lo que me entra” de nuevos inversores.
“La gente decidió en base al prestigio y antecedentes. ¿Cómo fue el proceso? Igual que siempre. Seguramente inició como un proyecto viable, en un momento se empezó a perder plata, la liquidez pasó a ser el problema principal, ahí ya el negocio no lo miraban tanto y sin haber empezado como un esquema Ponzi terminó en un esquema Ponzi”.
Respecto a la responsabilidad de la empresa en este momento, el contador explicó que es fundamental que "no se caiga el negocio", por lo que Conexión Ganadera debe enfocarse en "pagar los sueldos y sostener la operativa hasta que llegue un síndico".
"Carrasco se comprometió a que los activos se iban a sostener y es lo que tiene que hacer”, dijo en alusión al fundador responsable.
Además, agregó: "El concurso es fundamental. Este es un mensaje a los abogados. Esta empresa no puede estar media hora más sin concurso de acreedores”.
Giovio expresó que este caso representa "un antes y después" para Uruguay, ya que "se cayó la empresa más grande del país en un rubro y estos son los números más grandes después de la crisis bancaria”.
Sobre el manejo del dinero de los inversores, que teóricamente debía ir a la producción ganadera, Giovio dijo: “Yo no voy a vestir a la novia” y cuestionó que “la discrecionalidad con la que se manejaba la plata es un problema”. Mencionó que, por ejemplo, 27.7 millones se depositaron en el Frigorífico Casablanca (Fricasa), también planteó que se invirtieron US$ 15 millones en el Frigorífico Paso de los Toros (Bamidal), que era propiedad de Basso y se dio un crédito al Matadero Solis por U$S 1,9 millones.
En otro pasaje se concentró en las pérdidas de US$ 230 millones: “¿Dónde está la plata? Si esto fuera una inversión rentable no dudemos: apropiación indebida. Acá estamos en un negocio que no es rentable y que seguro tiene pérdidas por montos muy significativos. Gran parte del dinero que no está, lamentablemente se perdió”.
Respecto a las salidas posibles, para el contador "cualquier alternativa privada que retome activos es lo mejor que puede pasar". De todos modos, reconoció que el principal desafío legal es determinar a quién le pertenece el ganado: si a algunos inversores o a todos, y apuntó que eso deberá ser discutido por los inversionistas. Según Giovio, "va a haber que optar por una liquidación o una salida privada". "Hasta que no se resuelva el tema judicial eso no lo vamos a saber", explicó.
“Si los ahorristas optaran porque el ganado existente se reparta entre todos, entonces podrían fundar una empresa nueva, que comenzaría sin pasivos, con 150 millones de dólares de activos, cuatro socios, unas cien mil cabezas de ganado y un management profesional, indicó Giovio. “Al no tener deudas y no asegurar un rendimiento fijo va a ganar lo que gana el sector. Entonces los años muy buenos ganará mucho y los años muy malos perderá, va a ser una empresa sana”, argumentó y entendió que en siete u ocho años se podría recuperar la inversión.
Si decidieran que el ganado es de cada uno, el camino sería la liquidación de la empresa, pero eso llevaría, advirtió, a una recuperación significativamente menor para los que se quedaron sin ganado.
El camino que tomen eventualmente los ahorristas tendrá un correlato penal, según anotó el contador. “Acá lo único que disminuye las responsabilidades penales para los socios es que se llegue a un acuerdo. En realidad, y para los inversores también es bueno que lo sepan, si hay un acuerdo privado, las posibilidades de hacer un juicio penal desaparecen. Pero yo trabajo en eso, yo trabajo en el mayor recupero para la gente que perdió la plata y muchas veces el mayor recupero para la gente que perdió la plata es renunciar a las acciones penales”, detalló.
OTRAS NOTICIAS QUE SE DESTACAN EN EL PANORAMA NACIONAL
La futura ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, anunció ayer a los integrantes del equipo que la acompañará en su gestión a partir del 1 de marzo.
En la Dirección General del ministerio estará Yenny Merlo, que entre 2018 y 2020 fue coordinadora general de Planeamiento y Presupuesto.
El director nacional de Transporte será Felipe Martín, que ya ocupó ese cargo entre 2010 y 2020.
En la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario estará Waverley Tejera, que desempeñó ese mismo cargo entre 2018 y 2020.
El director nacional de Vialidad será Federico Magnone, que hasta ahora es el responsable del Programa de Caminería Rural de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
En la Dirección Nacional de Arquitectura estará el actual diputado frenteamplista Martín Tierno (MPP).
El director nacional de Hidrografía será Carlos Colacce, ex secretario nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático, ex vicepresidente de OSE y ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente entre 2008 y 2010.
En la Dirección Nacional de Topografía estará Felipe de los Santos, que hoy es arquitecto en la Dirección Nacional de Arquitectura.
Al frente de la Administración Nacional de Puertos estará Pablo Genta, subsecretario de Transporte y Obras Públicas entre 2010 y 2015 y director nacional de Planificación y Logística entre 2015 y 2020. La vicepresidenta de ese organismo será Alejandra Koch, que desde 2020 se desempeña como integrante del directorio en representación del Frente Amplio.
Hablando con la prensa luego de la presentación, Etcheverry dijo que pidió a la administración saliente una ampliación de información, en particular en la Dirección Nacional de Vialidad,para poder determinar en dónde está “el grueso” de la asignación presupuestal y los “recursos que ya están comprometidos”. Agregó que de esas cifras dependerá una “parte importante” de la planificación y la definición de prioridades.
La futura ministra fue consultada sobre si efectivamente se promoverá la reconsideración del contrato firmado con Terminal Cuenca del Plata, que extendió la concesión de la Terminal de Contenedores en el Puerto de Montevideo.
Según expresó, si bien el futuro gobierno tiene claro que “el país respeta los contratos”, desde “un lugar apegado a la ley” se entiende que “hay algunos aspectos que podrían revisarse”.
“Esto no implica la totalidad del acuerdo, implica algunos componentes”, aclaró Etcheverry. Agregó que dado que será un gobierno que buscará “mantener siempre ámbitos de diálogo”, esa será la aspiración que se tendrá con la empresa.
Sin profundizar, Etcheverry dijo que lo que se buscará revisar tiene que ver con “obras que están comprometidas” y, según se sabe, “han sido reprogramadas”. Además, también se pondrá especial énfasis en cuestiones vinculadas al “reglamento de atraque”, algo que, según Etcheverry, “algunos asesores jurídicos” entienden que todavía debería “conversarse”.
El futuro ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, remarcó que el contrato que firmó el actual gobierno para la construcción de la planta potabilizadora de agua en Arazatí representará un “legado pesado” para la próxima administración.
Hablando con la prensa ayer luego de una reunión de transición con su antecesor, Robert Bouvier, Ortuño adelantó que está preparando un informe técnico que le presentará al presidente electo, Yamandú Orsi.
Consultado, recordó que sobre el tema hay pendiente un proceso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y no descartó una eventual rescisión del contrato, aunque precisó que todo el asunto requiere un “análisis responsable”.
“No corresponde hacer declaraciones contundentes hasta no estudiar el texto y los acuerdos finalmente aprobados y firmados por el gobierno con el consorcio, hacer las evaluaciones técnicas, que ya no son sólo los aspectos que se han conversado públicamente, sino también los temas económico-financieros y jurídicos”.
Ortuño recordó que el contrato firmado la semana pasada se suscribió con las características del proyecto original, que fue rechazado por el Frente Amplio. Precisó que los posibles cambios que se plantearon tienen valor político, aunque no jurídico.
El memorándum de entendimiento que acompaña el contrato firmado por el actual gobierno incluye cuatro alternativas para la obra en Arazatí.
Se plantea achicar el pólder destinado a la reserva de agua, eliminarlo, construir otra toma de agua en una zona en la que no existan problemas de salinidad o, incluso, construir un embalse sobre el arroyo Pereira, en San José.
Todas estas alternativas fueron planteadas por el Consorcio Aguas de Montevideo, que está cargo de la obra, a partir de planteos del gobierno electo que, se precisó, ya dejó en claro que no contemplan todos sus reparos.
MÁS NOTICIAS DEL PANORAMA NACIONAL
El senador electo Pedro Bordaberry descartó ayer la posibilidad de ser candidato a la Intendencia de Montevideo por la Coalición Republicana.
Su candidatura había sido promovida por Unir Para Crecer, el sector del Partido Colorado (PC) liderado por el ex candidato presidencial Andrés Ojeda. En ese grupo valoraban el peso político de Bordaberry y que, además, no estaba impedido de postularse por el lema Coalición Republicana, ya que no compitió en las elecciones internas de junio pasado.
A instancias de esta agrupación, el Comité Ejecutivo Departamental del PC tenía previsto hacer una propuesta formal a Bordaberry. Sin embargo, el líder de Vamos Uruguay se adelantó y envió un mensaje a sus correligionarios en el que informa que no acepta la candidatura.
En Vamos Uruguay la propuesta realizada por Unir Para Crecer no cayó bien. Los dirigentes de ese sector recuerdan que Bordaberry ya había declinado ser candidato a la intendencia en agosto del año pasado. Señalan que el sector de Ojeda, ahora buscó “embretarlo” y “pasarle la responsabilidad” por la dificultad que enfrenta el partido para encontrar candidatos.
Antes de Bordaberry, ya habían rechazado ser candidatos el abogado Jorge Barrera, el empresario Alejandro Ruibal, el embajador de Uruguay ante la OEA, Washington Abdala, y el subsecretario de Relaciones Exteriores, Nicolás Albertoni.
La Coalición Republicana tiene previsto proclamar a sus candidatos en una convención departamental a celebrarse el 9 de febrero. Hasta ahora el único candidato confirmado es Martín Lema, promovido por el Partido Nacional. La Corte Electoral establece el 15 de febrero como el plazo límite para que las convenciones departamentales definan los candidatos.
La Agrupación Artigas Adelante presentó ayer al Directorio del Partido Nacional unas 7.200 firmas, con el objetivo de que se habilite a la ex diputada Valentina Dos Santos a presentarse como candidata a la Intendencia de ese departamento por esa fuerza política.
Las firmas fueron acompañadas por una carta, en la que se indicó que “el único propósito” del pedido “es permitir a una ciudadana sin restricciones legales ni constitucionales postularse en una elección democrática, donde será el pueblo soberano quien tendrá la decisión final”.
A instancias del Partido Nacional, la Corte Electoral comunicó a mediados de enero que Dos Santos tenía impedido el uso del lema. Los blancos recurrieron a esa medida a raíz de la condena de la que fue objeto la ex diputada por “usurpación de funciones”, en el caso que detectó el pago irregular de horas extras en la Intendencia de Artigas.
A principios de año Dos Santos cumplió la condena que le fue impuesta en libertad a prueba y quedó legalmente habilitada a presentarse como candidata.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, llegará el próximo lunes a Montevideo para reunirse con su colega uruguayo, Luis Lacalle Pou, con el presidente electo, YamandúOrsi, y con José Mujica.
Según una publicación del gobierno de Chile, la visita de Boric a Uruguay, que es la primera que realiza en carácter oficial desde que está en el cargo, busca fortalecer “la cooperación política, económica y social entre Chile y Uruguay”,.
La agenda incluye una reunión con Lacalle Pou, en la que se abordarán los temas “prioritarios” entre ambos países.
Luego Boric mantendrá un encuentro con el expresidente Mujica, con el objetivo de “consolidar los vínculos históricos con Uruguay en torno a valores compartidos como la justicia social y la solidaridad regional”, dice el portal de la presidencia chilena. Boric manifestó en varias ocasiones su admiración hacia Mujica, a quien considera “un referente personal y latinoamericano”.
Por último el mandatario chileno será recibido por el presidente electo, Yamandú Orsi, “con el objetivo de reforzar los lazos diplomáticos y establecer prioridades conjuntas para el futuro, especialmente en áreas como descentralización, urbanismo sostenible y bienestar social”.
ECONOMÍA Y EMPRESAS
SUA Líneas Áreas presentó ayer en el Aeropuerto de Carrasco su proyecto, que busca conectar a Montevideo con varias ciudades de la región.
Según se detalló, el plan previsto incluye conexiones con Argentina, Brasil , Chile y Paraguay, que en parte serían operadas con aeronaves AirBus A220-300. El inicio de las operaciones está pautado para fines de este año.
SUA mantiene una alianza estratégica con Air Baltic, la aerolínea de bandera de Estonia, especializada en vuelos cortos en Europa y el Medio Oriente.
SUA está en fase de capitalización y espera que la Dinacia, la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, le otorgue los permisos para operar.
En el mercado local, el dólar bajó, en esta ocasión un 0,20%. El interbancario fondo operó en promedio a $43,368.
En lo que va del año 2025, el dólar lleva una baja acumulada de 1,58% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2024).
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $42,10 para la compra y $44,50 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense bajó y cerró ayer en R$ 5,893.
En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió y cotizó en
AR$ 1051,50. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) se mantuvo y cotizó en el entorno de los AR$ 1230,00.
Por su parte, el Euro bajó frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$ 1,0425.
OTRAS NOTICIAS
Pese al cese al fuego acordado el lunes, otros dos soldados uruguayos resultaron heridos ayer a raíz de un ataque rebelde en la República Democrática del Congo.
Un sargento y un soldado fueron heridos de bala. El Ejército aseguró en un comunicado que “están bien” y que ya fueron dados de alta. Además, se precisó que desde el mediodía de ayer no se registraron combates en la zona cercana al Aeropuerto de Goma o la base del Batallón Uruguay IV.
Desde el sábado, ocho militares uruguayos que integran la misión de paz de Naciones Unidas en la República Democrática del Congo fueron heridos, y otro murió.
El sargento Adrián Fernández sigue estable, internado en un CTI de Kampala, la capital de Uganda.
Un hombre de 39 años fue asesinado ayer en la zona de la Cruz de Carrasco, en Montevideo.
Fue apuñalado en la vía pública por otra persona. Un testigo del hecho lo trasladó en moto hasta el Hospital Pasteur, donde murió.
Según la Policía, tenía 18 antecedentes penales.
INTERNACIONALES
En Estados Unidos, el presidente Donald Trump ofreció el pago de una indemnización a todos los funcionarios federales que quieran dejar sus puestos.
En un mensaje a los funcionarios públicos, en el que les recuerda la nueva obligación de trabajo presencial, la administración Trump les ofrece dejar sus empleos a cambio de ocho meses de indemnización, según un documento interno enviado al personal en cuestión al que tuvo acceso AFP.
La propuesta, elogiada por Elon Musk como un "cruce de caminos", fue enviada a los dos millones de empleados federales, según los medios estadounidenses.
Este programa entró en vigor el 28 de enero y está disponible para todos los empleados federales hasta el 6 de febrero.
También en Estados Unidos, una jueza federal suspendió la decisión del gobierno de congelar en miles de millones de dólares las ayudas públicas por entender que la medida coloca en riesgo el acceso a cobertura médica.
Desde la asunción de Donald Trump, la Casa Blanca solicitó a los departamentos y agencias federales que congelen algunos gastos de "asistencia" para revisarlos y asegurarse de que estén conformes con las "prioridades del presidente".
La orden implicaba detener los pagos de subvenciones federales, préstamos y otras ayudas a una serie de programas en todo el país.
Sin embargo, la jueza federal en Washington que atendió el caso dispuso en la tarde de ayer la suspensión inmediata del decreto hasta el lunes 3 de febrero.
A su vez, fiscales generales de 23 estados también anunciaron que impugnarán la orden del Ejecutivo.
En Estados Unidos, el presidente Donald Trump firmó un decreto para poner fin a la financiación de los procedimientos de transición de género en menores de edad.
El decreto aprobado ayer, que se aplica únicamente a los ministerios y agencias federales, establece que Estados Unidos "no financiará, apoyará, alentará ni ayudará a la supuesta ‘transición’ de un niño de un sexo al otro".
La nueva normativa pone fin a la financiación gubernamental para cirugías de transición de género de menores en Estados Unidos, tanto químicas como quirúrgicas, y promete oponerse a ellas a través de los canales legales posibles.
Los programas de seguro de salud para las personas de bajos ingresos y adultos mayores, así como de salud militar, ya no podrán cubrir estos procedimientos.
Además, la Casa Blanca anunció que trabajará para desarrollar un proyecto de ley que permita a los padres y niños afectados demandar a los profesionales de la salud que hayan realizado operaciones o prescrito tratamientos químicos.
En Colombia, dos aviones militares llegaron a Bogotá con 201 migrantes deportados por Estados Unidos, algunos de los cuales denunciaron maltrato dentro del programa de expulsiones de Donald Trump.
El domingo pasado, tras varias horas de tensión, los dos países llegaron a un acuerdo y Gustavo Petro envió dos aeronaves con destino a los estados estadounidenses de California y Texas.
"Son colombianos, son libres y dignos y están en su patria donde se les quiere. El migrante no es un delincuente, es un ser humano que quiere trabajar y progresar", escribió Petro en sus redes sociales.
El canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, aseguró que los retornados "no tienen ningún pendiente con la justicia, ni en Colombia ni en los Estados Unidos". "No son criminales", remarcó.
En Rusia, el presidente Vladimir Putin, dijo que está dispuesto a negociar para poner fin al conflicto en Ucrania, pero rechazó la posibilidad de llevar a cabo conversaciones directas con Volodimir Zelenski, a quien considera "ilegítimo".
Putin sostuvo ayer que no dialogaría con el gobernante ucraniano debido a que “no tiene derecho a firmar” ningún acuerdo, por haber expirado su período de mandato.
Sin embargo, la legislación ucraniana prohíbe convocar a elecciones mientras esté vigente la ley marcial, aprobada desde el inicio de la ofensiva rusa.
Putin opinó que el conflicto de casi tres años en Ucrania se terminaría en "dos meses" o menos si Occidente dejara de apoyar a Kiev. "No aguantarían un mes si se acabara el dinero”, advirtió.
En Ucrania, Zelenski advirtió que "muchos proyectos" quedaron suspendidos por la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de congelar la ayuda exterior.
"Instruí a los funcionarios del gobierno para que informen sobre los programas de apoyo de Estados Unidos que actualmente están suspendidos. Estos son programas humanitarios", dijo Zelenski en su alocución diaria.
En el norte de la Franja de Gaza, más de 376.000 palestinos desplazados por la guerra entre Israel y Hamás regresaron ya a la zona de sus hogares, según informó la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.
La oficina informó que "se calcula que más de 376.000 personas han regresado a sus lugares de origen en el norte de Gaza”, tras la retirada de las fuerzas israelíes de las dos carreteras principales que conducen al norte.
Israel confirmó que romperá todos los lazos con la agencia de la ONU para los refugiados palestinos y con cualquiera que actúe en su nombre a partir del 30 de enero.
La notificación fue realizada por el embajador israelí ante el Consejo de Seguridad, en una decisión que cuenta con el apoyo de Estados Unidos.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió al gobierno israelí que revierta la medida:
"Lamento esta decisión y pido al gobierno de Israel que la retire", escribió en una carta en la que señala que Israel no puede "ejercer un poder soberano" sobre Jerusalén Este.
En el Líbano, el Ministerio de Salud informó que 24 personas resultaron heridas en dos bombardeos israelíes en el sur del país, a pesar del cese el fuego que rige desde finales de noviembre.
La agencia oficial libanesa señaló que un "dron enemigo israelí" realizó un "bombardeo con un misil guiado" contra un pequeño camión que "transportaba verduras" cerca de la ciudad de Nabatieh, a unos 10 km de la frontera con Israel.
Por su parte, Israel afirmó que apuntó contra dos vehículos que transportaban armas del movimiento libanés proiraní Hezbolá, que estuvo en guerra contra el Estado hebreo en los últimos meses.
Al menos 20 personas resultaron heridas en el ataque, indicó el Ministerio de Salud libanés. Otros cuatro quedaron heridos en un segundo bombardeo que alcanzó una "carretera" a dos kilómetros de ahí.
En República Democrática del Congo, los combates que se desarrollan en el este del país forzaron el desplazamiento de más de 500.000 personas desde principios de enero, según declaró el martes la ministra congoleña de Asuntos Exteriores.
En una reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, la ministra del Congo dio cuenta que "la situación humanitaria sigue deteriorándose, con más de 500.000 nuevos desplazados en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur sólo en enero".
El movimiento M23, un grupo armado respaldado por tropas de Ruanda, tomó el martes el aeropuerto de Goma, la principal ciudad del Congo, donde enfrentamientos entre milicianos y soldados dejaron más de 100 muertos.
En los últimos tres días, cerca de 1.000 personas resultaron heridas, según un recuento de la AFP elaborado a partir de informes hospitalarios de esta ciudad de un millón de habitantes.
En India, al menos 15 personas murieron en una estampida en Prayagraj, una ciudad en el norte que acoge el peregrinaje hinduista masivo con una afluencia prevista de 400 millones de fieles.
Otros participantes resultaron heridos en el accidente, algunos de gravedad, y fueron ingresados, afirmó bajo anonimato a la AFP un médico del hospital donde fueron enviadas las víctimas.
Organizado cada doce años, el festival del Kumbh Mela reúne a millones de peregrinos para bañarse en la confluencia de los ríos sagrados del Ganges y la Yamuna.
Según la tradición hinduista, este baño permite limpiar los pecados y liberarse del ciclo de renacimientos y reencarnaciones.
En Francia, el presidente Emmanuel Macron, informó que el famoso cuadro de La Gioconda contará con una nueva sala en el Louvre, en el marco de una serie de anuncios para un "nuevo renacimiento" del museo más visitado.
Macron anunció "la creación de una nueva entrada" para 2031 "a más tardar", máxime cuando la pirámide inaugurada en 1988, que sirve de ingreso al museo, fuera considerada "estructuralmente obsoleta".
La preocupación sobre el estado del Louvre aumentó desde el 13 de enero, cuando la presidenta de la institución alertó sobre las dificultades que enfrenta.
Entre los problemas que planteó figura la "multiplicación de desperfectos" y la existencia de "equipamientos técnicos obsoletos".
En Brasil, el gobierno anunció que trabajará con Estados Unidos para que las deportaciones de ciudadanos brasileños atiendan los "requisitos mínimos de dignidad".
La administración de Luiz Inácio “Lula” Da Silva había expresado su queja formal por el trato dado por las autoridades estadounidenses a un contingente de 88 expulsados, que llegaron en un avión estadounidense la noche del 25 de enero a Manaos, capital de Amazonas.
Los repatriados dijeron que no recibieron agua, fueron amarrados de pies y manos e impedidos de utilizar el baño durante el trayecto.
El ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, dijo a periodistas que la situación vivida "fue trágica" y por eso definieron trabajar junto a Estados Unidos para evitar que suceda algo similar.
Vieira aseguró que Brasil instará a Estados Unidos a que los vuelos de deportación atiendan "los requisitos mínimos de dignidad, respeto a los derechos humanos y atención necesaria a los pasajeros".
Además, descartó enviar aviones de su fuerza aérea a Estados Unidos para traer brasileños expulsados.
En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, anunció que el 15 de febrero arrancará un "debate público" para iniciar la reforma constitucional que prometió realizar tras asumir el tercer mandato.
Maduro dijo que busca "integrar definitivamente al Poder Popular, a los órganos del Poder Popular ya definidos como tal que en el territorio ejecutan y desarrollan proyectos".
Con esto hizo referencia a los más de 49.000 consejos comunales, conformados por partidarios del chavismo que se encargan de distribuir alimentos subsidiados en zonas populares, gestionar mejoras en los servicios públicos y buscar votantes para procesos electorales.
En Ecuador, el gobierno está dispuesto a vender petróleo a clientes de Venezuela para frenar "el financiamiento de un régimen dictatorial", anunció el martes el presidente Daniel Noboa.
La declaración de Noboa se produjo durante la visita del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, a quien Ecuador reconoce como mandatario electo de Venezuela tras las denuncias de fraude en la reelección de Nicolás Maduro.
El presidente ecuatoriano dijo que podrían llegar a vender hasta 250.000 barriles por día de petróleo a países que actualmente compran a Venezuela.
“En el caso de que existan sanciones contra el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, el Ecuador está dispuesto a vender hasta 250.000 barriles de petróleo diarios a las naciones que hoy en día compran el petróleo de Venezuela. De esa manera, se para el financiamiento de un régimen dictatorial".
En Argentina, el gobierno de Javier Milei sigue en su ola de anuncios de baja de impuestos. La semana pasada había sido el turno de las retenciones a la exportación agrícola, y ahora se anunció que dejarán de aplicarse impuestos a autos de alta gama, que pagaban hasta un 35% sobre el arancel de importación, por ser considerados artículos de lujo.
Antes de eso, el gobierno había simplificado trámites de importación, lo cual también redunda en bajas de costos para las empresas. Como siempre, el abaratamiento de importaciones genera polémica dentro del sector industrial.
Sin embargo, las bajas de impuestos tienen, además, un costado político, porque después de cada anuncio, el gobierno nacional reitera sus reclamos para que las provincias y los municipios bajen sus propios tributos.
El ministro de Economía, Luis Caputo, ya había prohibido que los municipios incluyeran sus tasas en las boletas de los servicios públicos. Argumentó que era una forma de camuflar los impuestos municipales para hacerlos pasar como nacionales.
La denuncia del gobierno es que el esfuerzo fiscal que se está haciendo a nivel central para equilibrar las cuentas se podría ver empañado por las subas de impuestos considerados distorsivos, como el que grava los ingresos brutos, y los impuestos a los sellos y tasas municipales.
Ayer las agremiaciones de bancos se sumaron al pedido del gobierno, y afirman que los impuestos provinciales están perjudicando la expansión del crédito porque encarecen los costos financieros.
Todo esto derivó en una guerra de acusaciones, porque los gobernadores se defienden con el argumento de que no tienen más remedio que aumentar impuestos propios, dado que el gobierno central les cortó la financiación para algunos rubros fundamentales, como la obra pública.
El debate está lejos de terminar, porque Milei quiere ir a una reforma total del sistema de coparticipación. En un discurso en Washington, donde viajó para la asunción de Donald Trump, dijo que quería adaptar a la Argentina el sistema federal estadounidense, lo cual implicaba un estímulo para que las provincias compitan entre sí, dando mejores condiciones impositivas para atraer inversiones.
No es el único punto en el que Milei se ha inspirado en la política estadounidense. En las últimas horas se generó otra polémica por un tema más sensible. La provincia de Salta erigió un alambrado de protección en la frontera con Bolivia, alegando que es parte de una política para prevenir el contrabando, la inmigración ilegal y delitos como el narcotráfico.
El anuncio fue hecho por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y fue a su vez retuiteado por el presidente Milei, quien consideró “excelente” la iniciativa.
En contraste, la medida generó protestas por parte de las autoridades bolivianas. El ministro de Justicia, César Siles, dijo que ese alambrado “vulnera principios de derecho internacional público y particularmente las relaciones de buena vecindad entre estados hermanos”.
(Fernando Gutiérrez, corresponsal de Argentina)
