El Poder Ejecutivo suspendió por tiempo indefinido las clases, que inicialmente iban a retomarse el lunes 13 de abril, luego de Semana de Turismo.
En conferencia de prensa, el presidente Luis Lacalle Pou adelantó que, de ser posible, el próximo miércoles 8 se presentará un plan para que algunos alumnos con determinadas características, en algunas regiones, puedan retornar a las aulas.
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvió ampliar por 30 días más la feria judicial, que se había decretado el pasado 14 de marzo hasta el 3 de abril como medida de prevención ante la llegada del coronavirus a Uruguay.
De esta forma, las audiencias orales y públicas, así como los juicios, la toma de declaraciones y otra serie de procedimientos están suspendidos, salvo que sean urgentes.
La SCJ también resolvió que habrá audiencias para definir recursos de amparo; "procesos de protección, investigación y penalización de la violencia doméstica y basada en género"; la conducción de detenidos infraganti a la Justicia; la aprobación de solicitudes de detenciones y allanamientos y, las internaciones compulsivas de enfermos mentales, entre otras decisiones de urgencia que no pueden aplazarse.
Las oficinas de la Corte ahora atienden al público en horario especial de 13:00 a 16:00, mientras que el horario de los funcionarios es de 12:30 a 16:30.
El presidente Luis Lacalle Pou adelantó que habrá medidas de apoyo para unos 10.000 monotributistas que recibirán, a través del Ministerio de Desarrollo Social, un subsidio por dos meses de $ 6.700 mensuales.
Además, unas 67.000 empresas unipersonales se verán beneficiadas por préstamos “blandos” de $ 12.000 a pagar en 24 cuotas a partir de julio, otorgados por la Agencia Nacional de Desarrollo.
Paralelamente, el Banco Hipotecario del Uruguay y la Agencia Nacional de Vivienda difirieron dos cuotas para el final del período de pago de los préstamos. Además, hay una garantía de alquileres a través del Estado para personas en seguro de paro, que sustentará un 50 % del valor. La otra mitad será subsidiada.
El presidente señaló por otro lado que el Banco Central y la Auditoría Interna de la Nación flexibilizarán las medidas para las personas que "no puedan hacer frente a las obligaciones contraídas en el marco de los créditos al consumo con cooperativas de ahorro, crédito e instituciones financieras”.
Lacalle Pou también indicó que se extendió la cobertura para que ningún médico quede fuera del ámbito del Banco de Seguros del Estado y que se extendió el seguro de paro parcial para todos los uruguayos, hasta 31 de mayo de este año.
Asimismo, el presidente anunció que se realizará una publicación de precios y seguimiento del stock de los productos, tanto de la canasta sanitaria como de la básica, porque se constató importantes aumentos.
El mandatario señaló que “nadie sabe cuándo se va a terminar” la situación de emergencia sanitaria debido al nuevo Coronavirus pero sostuvo que el gobierno ya está pensando “en el día después”.
“Hay un grupo reducido de hombres y mujeres que están trabajando conmigo pensando en el día después. Tenemos la obligación de hacer escenarios, decir que al final del túnel hay una luz. No sabemos cuán largo es el túnel. Pero esa luz, que a algunos los va a agarrar parados, a otro en peor situación, la tenemos que ir planificando lo que puede ser el día después de esta epidemia. Por su puesto que muchos de los elementos que manejamos carecen de certidumbre porque la excepcionalidad no la podemos establecer como una regla”, dijo Lacalle Pou.
El Sistema Nacional de Emergencias informó ayer que van 369 casos de COVID-19 desde que se declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo.
Ayer las autoridades comunicaron los resultados de 356 análisis en esas últimas 24 horas: fueron 337 negativos y 19 positivos.
13 personas se encuentran en cuidados intensivos. Hasta el momento se ha registrado 4 muertes; la primera el domingo 29 de marzo, la segunda el 1° de abril y las últimas dos ocurrieron ayer. Todas esas personas eran mayores de 60 años y padecían patologías severas previas, informó el gobierno.
Del total de casos positivos confirmados, 41 corresponden a personal de la salud. Según los últimos datos oficiales, hay 68 pacientes recuperados. Los departamentos con casos confirmados son ahora 10: Canelones, Colonia, Flores, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Rocha, Salto y Soriano.
La mujer fallecida ayer contrajo el nuevo coronavirus, según El Observador, en una congregación religiosa de la que formaba parte, donde tuvo contacto con otro fiel, trabajador de la salud, que dio positivo al test de diagnóstico.
Mientras tanto el hombre fallecido ayer, se llamaba Carlos Calvo; tenía 65 años y estaba internado en el Hospital Británico. Era empresario y manager del equipo de rugby del Old Boy & Old Girls Club.
Lacalle Pou aseguró que en el sistema de salud la infraestructura y el personal están preparados para un aumento de casos.
“Esto no es para jactarse, simplemente para tener cierta tranquilidad de que no estamos en el grupo de los peores países. Cada vez que recibimos los datos nos preocupamos y nos alarmamos. Pero no es la situación de otros países. A la uruguaya, con solidaridad, con generosidad, vamos a salir de esto. Y casi todos los recursos humanos y técnicos del gobierno están puestos en la batalla diaria, a la que estamos peleando cuando surgen cosas, y a aquella que sabemos se nos viene en estos días”, dijo el presidente.
Lacalle Pou instó nuevamente a la población “a no salir de sus casas si no lo tiene que hacer”. Desde su punto de vista, “la mayoría ha sido generosa y solidaria con el resto de los uruguayos, pero aún hay gente que no respeta las exhortaciones del Gobierno”, dijo. El presidente recordó que aún hay muchas zonas del país donde la epidemia no llegó, por lo cual solicitó a quienes pensaban salir en Semana de Turismo que no lo hagan.
La Federación Uruguaya de la Salud (FUS) denunció que instituciones de asistencia médica enviaron al seguro de paro a 500 trabajadores en plena pandemia por Covid-19, y solicitó la renuncia del director de la Junta Nacional de Salud, Luis González Machado, por “incompatibilidad en el cargo”.
Un comunicado de la FUS acusa a González Machado de ser “cómplice” de las empresas al realizar “esta maniobra que”, dice, “atenta contra la salud de nuestra gente”, y recuerda que el actual jerarca representó hasta hace poco tiempo a las mutualistas de Montevideo en los ámbitos de negociación colectiva.
El texto del gremio de los trabajadores no médicos respecto al envío de medio millar de empleados a seguro de paro, dice: “Denunciamos ante la opinión pública esta irresponsable e inescrupulosa decisión que en tiempos de pandemia deja sin atención al pueblo; cerrando las policlínicas barriales se obliga a los usuarios a ir a los sanatorios centrales donde todos sabemos que se produce el ‘cuello de botella’ en la atención a los enfermos del Covid-19”.
El presidente Luis Lacalle Pou anoche, en la conferencia de prensa, hizo referencia a la denuncia de la FUS; dijo sobre los centenares de envíos a seguro de paro que “no parece lógico” y que el Poder Ejecutivo “va a analizar qué personal es”. Luego añadió: “Todos sabemos que hoy ha dejado de existir una parte de la salud, por ejemplo las policlínicas, algunas cirugías fueron postergadas”, indicó.
El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, confirmó que habló con dirigentes sindicales de la FUS y que ordenó la fiscalización del sistema asistencial. Aseguró que “no se va a ver resentida la salud en esta epidemia”.
La Cámara de Diputados, como ya lo había hecho la de de Senadores, aprobó por unanimidad el proyecto de ley que crea el Fondo Coronavirus, con el que se atenderá los gastos de “toda actividad estatal destinada a la protección de la población frente a la emergencia sanitaria nacional”.
El Fondo recibirá la recaudación del nuevo “impuesto de Emergencia Sanitaria Covid-19” que abarcará las retribuciones de los funcionarios públicos que superen los $ 120.000 nominales, así como las jubilaciones y pensiones, públicas y privadas, que se ubiquen por encima de ese mismo monto; en esa lista quedan comprendidos Administración Central, entes autónomos, servicios descentralizados, gobiernos departamentales y empresas pertenecientes al Estado que operan en el derecho privado. Además se nutrirá con utilidades de la Corporación Nacional para el Desarrollo, el Banco República y préstamos de organismos multilaterales. Por último, está abierto a la recepción de donaciones.
Durante el debate, los representantes valoraron el acuerdo de todo el espectro político para aprobar este mecanismo. Legisladores del Frente Amplio sin embargo dejaron constancia que tienen diferencias con el texto, especialmente con el hecho de que no se incluya un impuesto a la renta y a los sueldos altos en el sector privado que no se vieron afectados por la crisis .
La diputada del MPP Bettiana Díaz dijo que "hay gente con mucha capacidad contributiva" en el sector privado.
“Necesitamos mucho más compromiso. Nosotros celebramos la solidaridad. Celebramos que se le pida a quien más tiene que ponga más. Lo que estamos diciendo es que para ampliar estas medidas, los que tienen muchísimo más pongan también en esa bolsa”, dijo Díaz.
El diputado nacionalista Álvaro Viviano, miembro informante de la comisión de Hacienda, consideró que las medidas adoptadas por el gobierno "son cautelosas y a paso seguro". Su par Alejo Umpiérrez dijo que el Parlamento está respondiendo a las expectativas de la gente y advirtió que se vienen tiempos más duros.
"Recién van cinco minutos del primer tiempo. Viene lo peor. Por lo tanto más unidad nacional sobre estas bases de trabajo y de respeto. El Uruguay necesita de muchos Atchugarris y Ramos para adelante”, dijo Umpiérrez.
INTERNACIONAL
La pandemia del nuevo coronavirus alcanzó ayer un nuevo hito cuando el total de contagiados en el mundo superó el millón de personas y se llegó a 52.000 fallecimientos.
En este contexto surgió la polémica por el uso de los tapabocas. La Organización Mundial de la Salud recomienda su empleo únicamente a quienes tienen síntomas o están en contacto con casos positivos. Sin embargo, varios países han hecho obligatorio su uso para salir a la calle o entrar a lugares cerrados.
Esta medida ha sido adoptada, por ejemplo, por Austria o Perú. Entre otras cosas, argumentan que en los países asiáticos hay un vínculo entre que una mayoría utilizara tapabocas y que el virus haya sido bastante controlado.
Ahora el tema llegó a Estados Unidos. El alcalde de la ciudad de Nueva Yoerk, Bill de Blasio, pidió a sus ciudadanos que si salen a la calle, lo hagan con la cara cubierta, aunque pidió que los tapabocas profesionales se reserven para los trabajadores de la salud.
En China se dispuso el aislamiento de una localidad ante el temor de una nueva ola de contagios.
Alrededor de 600.000 habitantes del departamento de Jia, en el centro de China, fueron confinados luego de que se confirmara un caso de COVID-19.
China parece haber frenado en gran medida la epidemia. Sin embargo, a las autoridades les preocupa que la enfermedad vuelva a su territorio, especialmente desde el extranjero.
Los habitantes de Jia, situado a unos 800 km de Pekín, en la provincia de Henan, ya no podrán salir de sus hogares sin autorización. Solo las personas con un permiso especial pueden seguir yendo al trabajo y los vehículos solo pueden circular día por medio, en función de su matrícula.
La alarma de una nueva ola de contagio se dio porque una mujer, que había visitado el departamento dio positivo en COVID-19 después de un contacto con una persona asintomática, según las autoridades provinciales.
En Estados Unidos, el subsidio por desempleo marcó un nuevo récord la semana pasada y llegó a casi a 10 millones de solicitudes, en momentos en que la epidemia del coronavirus ha obligado a cerrar empresas en todo el país.
Los datos de la semana pasada representan el doble de las peticiones registradas la anterior, cuando 3,3 millones de trabajadores gestionaron beneficios por desempleo, lo que entonces ya implicaba un récord semanal.
En Estados Unidos, donde la epidemia se ha cobrado más de 5.000 vidas y hay más de 200.000 casos confirmados, ciudades vibrantes se han convertido en zonas fantasmas con los negocios cerrados y las calles vacías.
En este contexto en que las autoridades intentan frenar el avance de la epidemia, los únicos lugares abiertos son las tiendas de comida y los hospitales.
Estas cifras de desempleo son peores que las estimaciones más sombrías de los economistas y reflejan un creciente daño a la economía estadounidense a medida que avanza la pandemia y las medidas de confinamiento son más severas.
Los datos revelan la magnitud que tendrá esta crisis, ya que son las primeras desde que los encierros domicilarios y otras restricciones se hicieron más generales en el país, que esta semana pasó a ser la nación con más casos registrados en todo el planeta.
En Ecuador, el gobierno extendió por otros diez días el teletrabajo obligatorio y prolongó la suspensión de clases durante todo el mes de abril por la pandemia del coronavirus.
En el país ayer se informó de 3.163 personas contagiadas y 120 fallecidas.
Sin embargo, en una cadena nacional de radio y televisión el presidente, Lenín Moreno, reconoció debilidades en el registro de los datos y la atención a los pacientes.
"Estoy dispuesto a que, usando todos los mecanismos posibles, se transparente la información. Por dolorosa que esta sea, hay que transparentarla, hay que decir la verdad. Sabemos que tanto en el número de contagios como el de fallecimientos los registros oficiales se quedan cortos. La realidad siempre supera el número de pruebas y la velocidad con la que se presta la atención", dijo Moreno.
La provincia más castigada por el nuevo coronavirus en Ecuador es Guayas, donde se concentra 70 % de los casos. Su capital, Guayaquil, tiene la mayor tasa de mortalidad de Ecuador y una de las más altas en Latinoamérica: 1,35 muertos por cada 100.000 habitantes.
En esa ciudad una fuerza de tarea conjunta de militares y policías creada por el gobierno retiró entre lunes y miércoles 150 cadáveres de domicilios. Las autoridades no han confirmado cuántas víctimas de COVID-19 hay entre esos fallecidos.
Los servicios funerarios y policiales estaban desbordados y podían cumplir a tiempo con los protocolos.
En Paraguay, todo el Congreso entrará en cuarentena después de que se confirmara un caso positivo de coronavirus.
El presidente del Congreso, Blas Llano, informó de ese primer caso en Twitter, sin aclarar si se refería a un diputado, un senador u otro trabajador.
La actividad parlamentaria se suspenderá hasta después de Semana Santa, para cuando también está previsto que terminen, en principio, las medidas de distanciamiento social.
En Paraguay se registraron 92 casos de coronavirus y tres fallecimientos.
El Grupo de Lima brindó su apoyo a la propuesta estadounidense sobre la formación de un gobierno de transición en Venezuela, donde la crisis se ha agravado por el coronavirus.
Lo hizo a través de una declaración suscrita por 11 países y el líder opositor Juan Guaidó, a quien el grupo reconoce como presidente encargado de Venezuela.
Estados Unidos presentó el martes un plan para levantar las sanciones a Venezuela ante la creciente crisis, a cambio de que el presidente Nicolás Maduro y Guaidó acepten un gobierno de transición que no los incluya.
En Caracas, Guaidó respaldó de inmediato la propuesta, pero el gobierno de Maduro la rechazó.
En Brasil, el presidente, Jair Bolsonaro, dijo que a su ministro de Salud "le falta humildad" y llamó a la población a no obedecer las medidas de distanciamiento social impuestas por los gobernadores locales.
El ministro Luiz Henrique Mandetta informó ayer que en Brasil hay casi 8.000 personas con coronavirus y más de 300 murieron como consecuencia de la enfermedad. Mandetta ha sido reconocido por enfrentar públicamente a Bolsonaro, quien ha minimizado el efecto de la Covid-19.
Bolsonaro dijo ayer que Mandetta "en algunos momentos tendría que escuchar un poco más al presidente" y consideró que al ser médico "quiere hacer valer mucho su voluntad" y "le está faltando un poco más de humildad".
En Argentina, el sistema nacional de salud quedó en medio de una nueva controversia política. Corrió con insistencia una versión en el sentido de que, durante el pico de contagios del coronavirus, se dispondría una especie de estatización de hecho de las empresas de medicina prepaga.
La versión surgió a raíz de una comunicación entre el ministro de Salud, Ginés González García, y legisladores del bloque peronista.
La intención del ministro era que se emitiera un decreto por el cual se declararía de interés público todos los recursos sanitarios del país, así fueran del ámbito público nacional, del provincial o del sector privado.
Esto generó una inmediata controversia por parte de aquellos afiliados a las empresas de medicina prepaga, que temieron perder sus derechos en caso de necesidad.
La cuestión central era que, ante la instauración de un comando unificado de la salud en cabeza del Estado, podría darse la situación de que se trasladaran pacientes desde hospitales públicos para ser atendidos con prioridad en clínicas privadas.
De inmediato surgieron protestas, amenazas de una ola de amparos judiciales y reclamos a las autoridades de las empresas privadas para que defendieran los derechos de sus socios.
Finamente, el decreto no salió, en una situación que fue interpretada como una “marcha atrás”. Trascendió que hubo diferencias internas en el gobierno sobre qué tan lejos había que llegar con la unificación de los recursos del sistema privado. El ministro de salud convocó a los directivos de las empresas privadas y se emitió un comunicado ambiguo, en el que se dejó en claro que no habrá una estatización, pero que habrá una coordinación de manera de que se puedan usar de manera eficiente todos los recursos.
La polémica política se superó por el momento, porque no salió el polémico decreto. Pero en el ámbito de la salud creen que la polémica podrá agravarse en las semanas venideras.
Actualmente en el sector privado se atiende el 70 por ciento del país. Pero el gran problema es el conurbano bonaerense, donde viven 10 millones de personas, y es allí donde se dan los peores niveles de pobreza y marginalidad.
El temor del gobierno es que cuando se produzca el pico de contagios el sistema hospitalario del conurbano se desborde, y allí será necesario recurrir a los recursos de la ciudad de Buenos Aires, donde está la mayor infraestructura de clínicas privadas.
(Corresponsal Fernando Gutiérrez)
VOLVEMOS AL PANORAMA NACIONAL
El proyecto de construcción de la segunda planta de UPM seguirá adelante. La confirmación fue realizada por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y por fuentes de la empresa que consultó En Perspectiva.
Lacalle Pou fue preguntado sobre el tema ayer en la conferencia de prensa, a partir de la reunión que mantuvo esta semana con el movimiento UPM2-NO, que propuso que el Estado dejara sin efecto el contrato firmado con la compañía finlandesa, apoyándose en una cláusula del texto que habilita esa posibilidad en caso de una emergencia como la epidemia que vive hoy nuestro país. El periodista también mencionó el primer encuentro que la nueva administración tuvo con autoridades de UPM en Uruguay, que ocurrió ayer mismo.
El primer mandatario recordó sus diferencias con el acuerdo suscrito en la administración de Tabaré Vázquez pero enfatizó que los compromisos asumidos por el Estado se cumplen y agregó que “la inversión va a seguir adelante”.
Por otro lado, fuentes autorizadas de la empresa dijeron a En Perspectiva que no prevén que el proyecto sufra impactos en el corto plazo por la crisis desatada en estas semanas a raíz de la epidemia de Covid-19 ni tampoco avizoran cambios significativos en el mercado futuro de la celulosa que pudieran cuestionar la inversión.
Ayer se realizó el primer contacto formal y oficial del actual gobierno con UPM. Participaron todos los ministros involucrados en el proyecto de la planta de Paso de los Toros, además del secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado y el prosecretario, Rodrigo Ferrés.
Según El País, desde el Poder Ejecutivo se hizo consultas específicas sobre el contrato, en algunos puntos donde existían dudas.
El Banco República (BROU) atenderá en varias sucursales en su horario habitual el lunes 6 y el martes 7 de abril, es decir de la semana que viene (Santa o de Turismo) con excepción de varias.
El BROU publicó la lista de sucursales que estarán cerradas el lunes y el martes próximos; en el área metropolitana serán Aguada, Bulevar Artigas, Carrasco, Convención, Pocitos, Prado, Parque Roosvelt, Punta Carretas Shopping, Montevideo Shopping, Nuevo Centro Shopping, Costa Urbana Shopping y Villa Biarritz.
En el interior del país estarán cerradas las sucursales BROU Campus de Maldonado, Carlos Gardel, Colonia Valdense, Punta Shopping, Río Branco, Río de los Pájaros, Salto Ayuí y Terminal Mercedes.
Las sucursales que abrirán solamente el próximo lunes son Baltasar Brum, Carmen Casupá, Cerro Chato, Colonia Miguelete, Conchillas, Fraile Muerto, José Batlle y Ordóñez, José Pedro Varela, La Paloma (Durazno), Migues, Minas de Corrales, Nuevo Berlín, Palmitas, Rafael Perazza, San Gregorio, San Jaavier, Solís, Tranqueras y Velázquez.
Las que abrirán solamente el próximo martes de la semana próxima son Aiguá, Oliar, Quebracho, Tambores, Tomás Gomensoro y Artigas.
ECONOMÍA Y EMPRESA
La construcción, un sector importante de la actividad nacional, retomará sus tareas el lunes 13 (posterior a Semana Santa o de Turismo) luego de una licencia especial de 15 días, pactada a raíz de la llegada del nuevo coronavirus a Uruguay.
La comisión tripartita de seguridad e higiene en la construcción elaboró un protocolo sanitario para disminuir la probabilidad de que los trabajadores se contagien de Covid-19.
Cuando reinicien sus tareas el lunes 13, los obreros recibirán una charla con instrucciones sobre el protocolo, que abarca múltiples aspectos vinculados a la tarea específica, desde el transporte de personal y el trabajo en campo hasta especificaciones para vestuarios y comedores.
Según el diario El País, el Poder Ejecutivo analiza, para más adelante, mecanismos que permitan la apertura de grandes superficies comerciales, con protocolos específicos.
Estos puntos serán analizados en los próximos días.
En el mercado local, el dólar subió ayer: 0,48%. El interbancario fondo se operó en promedio a $44,213.
El Banco Central de Uruguay (BCU) no intervino ayer en el mercado.
En lo que va del año, el dólar lleva una suba acumulada de 18,42 % en relación a la última cotización de 2019.
En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en $ 43,20 para la compra y $ 45,40 para la venta.
La divisa estadounidense subió ayer en Brasil y se ubicó en R$ 5,265, otro nuevo máximo histórico.
En Argentina, el dólar oficial subió y se ubicó en AR$ 64,72. Por su parte, el paralelo (o Blue) se mantuvo estable y cotizó en AR$ 83,50.
El Euro bajó ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$ 1,0849.
OTRAS NOTICIAS
El crucero de Greg Mortimer, de bandera australiana, permanece en el puerto de Montevideo con 132 pasajeros australianos e ingleses y 85 tripulantes que, por decisión de los ministerios de Relaciones Exteriores y Salud Pública, no pueden bajar a tierra.
Prefectura evacuó el martes de ese buque a un pasajero de 69 años que dio positivo de coronavirus. Entre el resto de los turistas, según El País, hay personas con síntomas típicos del Covid-19, como fiebre alta, tos seca y dolor de garganta. El Estado uruguayo les está garantizando la asistencia médica que sea necesaria.
Un formulario de preguntas que policías de Rocha harán a personas que circulen por rutas y otros puntos del departamento en estos días, con motivo de la Semana Santa o de Turismo que comenzará el próximo domingo, incluyen fecha de ingreso al departamento; en qué localidad permanecerá la persona; datos personales de contacto; dirección y contacto de un familiar en Rocha; qué cobertura médica tiene y si presenta algún síntoma.
El jefe de Policía de Rocha, Jorge García Montejo, dijo a El Observador que el formulario “es voluntario” y si los visitantes se niegan a completarlo, no habrá consecuencias.
El mismo medio indicó que el cuestionario no se aplicará de forma generalizada en el resto de los departamentos que realizarán controles.
García Montejo dijo que en las últimas semanas residentes de Montevideo y Canelones “invadieron” el departamento de Rocha, por lo que además de la Policía, la Intendencia y algunos municipios aplicaron sus propias medidas, por ejemplo, la prohibición de bajar a la playa y, el cierre de algunos espacios públicos como plazas y parques.
La Junta Departamental de Montevideo resolvió donar a la Intendencia $ 10.000.000 que se empleaban a sus gastos de funcionamiento, para destinarlos a la compra de alimentos y productos de limpieza ante la situación de emergencia sanitaria.
Un comunicado de la Junta, al que accedió el diario La República, puntualizó que la medida contó con el apoyo de “todos los partidos políticos”.
Un delincuente resultó baleado por un policía al que intentó rapiñar ayer de madrugada en la calle Carlos María de Pena, zona de Nuevo París.
Tres asaltantes armados abordaron al funcionario y le exigieron la entrega de la moto en la que se desplazaba. El policía accedió y esperó que los rapiñeros se retiraran, hasta que se identificó y les dio la voz de alto, recibiendo disparos como respuesta, a los que respondió de igual forma. Uno de los delincuentes cayó herido y los otros escaparon.
Cifras oficiales del Ministerio del Interior dadas a conocer ayer indican que en marzo hubo 32 homicidios, es decir, seis más que en el mismo mes del año pasado (casi 20 % más) y tres menos que en marzo 2018.
Las denuncias de rapiña fueron 2.817, es decir 196 menos que en marzo 2019 pero 455 más que en ese mismo mes de 2018.
Las denuncias de hurto fueron en marzo último 10.508, contra más de 12.000 que habían sido presentadas en el mismo mes del año pasado y del inmediato anterior.
Los delitos de violencia doméstica variaron poco: 3.203 en marzo último, contra 3.309 del mismo mes del año pasado y, 3.263 de 2018.
Foto: Javier Calvelo / adhocFotos
